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Venezuela: Trabajadores de Ferroven denunciaron ser excluidos del reajuste de tabla salarial anunciado por Onapre

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Trabajadores de Ferroven denunciaron ser excluidos del reajuste de tabla salarial anunciado por Onapre

Laura Clisánchez

Al no haber una publicación en Gaceta Oficial del aumento salarial, no hay base legal para reclamar el reajuste de salario, ni instrumento que obligue a la empresa a modificarlo.

Trabajadores, jubilados y dirigentes sindicales de Ferroatlántica de Venezuela (Ferroven), denunciaron que fueron excluidos como sector privado del reajuste de tablas salariales anunciado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) en noviembre, en el marco de la Ley Antibloqueo.

Este reajuste es aplicado a los funcionarios del sector público, empleados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y, en teoría, a sus empresas afiliadas.

“A los trabajadores del sector privado nos colocaron en un estado de indefensión laboral (…) estamos conscientes de que no es el mejor momento de nuestra empresa debido a que ya tiene cuatro años paralizada (…) Nosotros dejamos los mejores años de vida en esa fábrica”, manifestó Gustavo Barrios, secretario de trabajo y reclamos de Unisintraferroven y miembro principal de la Interseccional de Trabajadores de Guayana (ITG).

Esta empresa privada -antigua planta de CVG Fesilven-, producía ferroaleaciones como insumos para los sectores de acero y aluminio. La crisis energética y falta de materia prima provocó que la producción fuese insustentable y sumió a la compañía en la improductividad desde hace cuatro años, dejando al 60% de sus obreros fuera de planta y al 100% de los trabajadores sin beneficios, tras desconocer el contrato colectivo.

Los trabajadores también exigen a la empresa y al Gobierno nacional un reajuste salarial que considere la cada vez mayor brecha para costear, al menos, la canasta básica alimentaria.

“Le hago un llamado de solidaridad y sensibilidad humana, a los representantes de Ferroven, para que tomen en cuenta esta difícil situación que estamos sufriendo los trabajadores”, dijo Barrios.

Barrios asegura que la única respuesta que han recibido los trabajadores ante la exigencia es que -efectivamente- el aumento del salario mínimo no ha sido publicado en Gaceta Oficial por lo que no hay basamento legal para reclamarlo, aunque algunos sectores laborales ya lo han recibido.

Juan Rojas, técnico electricista de la empresa con más de 20 años de servicio, informó que ya pautó una entrevista con el director del Ministerio del Trabajo en el estado Bolívar, Alfredo Spooner, para intentar llegar a un acuerdo luego de las elecciones parlamentarias. “Es necesario llegar a un acuerdo porque, en realidad, siempre la empresa se ha manejado por un decreto, y como no hay, no lo han hecho pues…”, aclaró.

“Mis compañeros de trabajo no cancelaron el 30 de noviembre con el sueldo nuevo (…) Excluyendo a un sector laboral, no se logra la mayor suma de felicidad posible”, expresó por su parte Barrios.

Con 40 años de servicio en el área de producción, el trabajador Celso Rojas tampoco fue incluido en los reajustes de tabla salarial, por lo que el 30 de noviembre tampoco percibió el pago. “No es justo que la empresa todavía esté pagando 400 mil bolívares mensuales vale, nadie puede vivir con ese monto, el gobierno nos dejó por fuera”, reclamó.

Francisco Polo, con 35 años de servicio en el área de producción, informó que el contrato colectivo -que la empresa desconoció desde que paralizó sus operaciones-, estipula que la compañía no solo está obligada a acatar el reajuste salarial, sino que debe pagar un monto 45% mayor.

“Lo que nosotros recibimos de salario es de hambre, que no cubre ni un jabón. Con 100 dólares Ferroven pagaban la nómina de todos los trabajadores. Dejaron a los trabajadores, a la deriva, a la ley de Dios”, dijo.

En noviembre, la oenegé Acceso a la Justicia alertó vía redes sociales que el gobierno de Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo para el sector público y privado, pensionados y jubilados a 1.200.000 bolívares sin anuncios ni publicación en Gaceta Oficial.

En ese momento se basó en dos indicios: el ajuste de tabla salarial de la administración pública que fijó como monto mínimo esa cantidad y que publicó Onapre, y el hecho de que entidades parafiscales sociales no permiten pago de salario menor a 1.200.000 bolívares. Cifra que continúa siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.

Sin anuncio oficial, el sector privado queda excluido del aumento. “Si la empresa no nos va a pagar, entonces que cierren de una vez”, sentenció Celso Rojas.

Fuente de la Información: http://www.correodelcaroni.com/laboral/7747-trabajadores-de-ferroven-denunciaron-ser-excluidos-del-reajuste-de-tabla-salarial-anunciado-por-onapre

 

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Uruguay: Fallece el expresidente uruguayo Tabaré Vazquez

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Fallece el expresidente uruguayo Tabaré Vazquez

SFE 6 Diciembre 2020

Montevideo.- El ex presidente uruguayo Tabaré Vazquez ha fallecido a los 80 años tras una larga enfermedad, confirmó hoy en un tuit su formación política, el Frente Amplio.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro presidente de honor”, se lee en el tuit, en el que se subraya que Tabaré Vazquez fue “un ejemplo de integridad política».

Vázquez anunció en agosto de 2019, cuando todavía era presidente, que le fue detectado un nódulo pulmonar con “características muy firmes” y que podía tratarse de “un proceso maligno».

Cinco días después, se sometió a una intervención que confirmó que el tumor era cancerígeno, aunque tras un tratamiento médico, en principio se dio a conocer que estaba curado.

Vázquez se convirtió en el primer mandatario de izquierda en la historia de Uruguay al ganar las elecciones como candidato del Frente Amplio, y ocupó la jefatura del Estado durante dos mandatos no consecutivos- de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020.

El pasado 1 de marzo, tras finalizar su segundo período como mandatario, entregó la banda presidencial a Lacalle Pou, del Partido Nacional (de centroderecha), con quien en diciembre había viajado a Argentina para la toma de posesión de Alberto Fernández en un gesto de estabilidad institucional, pese a su diferente ideología.

EFE

Fuente de la Información: https://hoy.com.do/fallece-el-expresidente-uruguayo-tabare-vazquez/

 

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COVID-19 study will let some Medicare patients receive at-home antibody treatment

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COVID-19 study will let some Medicare patients receive at-home antibody treatment

More than 5,000 Medicare beneficiaries will have access to at-home infusions.

UnitedHealth Group is launching a study that will let thousands of Medicare patients receive in their homes a new COVID-19 treatment that could prevent hospitalizations.

In partnership with the drug company Eli Lilly, Minnetonka-based UnitedHealth said Friday it would enroll in the study up to 500,000 people across 46 states, including Minnesota, with at least 5,000 patients expected to receive the monoclonal antibody treatment. In high-risk patients with mild or moderate disease, the treatment is thought to reduce the risk of hospitalization or serious illness.

Last month, Mayo Clinic became the first health system in Minnesota to begin administering the drug therapy, which is similar to a treatment received earlier this year by President Donald Trump. Vaccines for COVID-19 have been getting a lot of attention in recent weeks, but the development of effective treatments remains crucial, said Ken Ehlert, the chief scientific officer at UnitedHealth Group.

“In most diseases, the way these things work is, even if you have a vaccine you still need treatments that actually can help avoid the consequences of some of these diseases,” Ehlert said.

The treatment is manufactured by Indiana-based Eli Lilly and called bamlanivimab. It must be infused and is thought to work best when administered to patients early in their disease.

The study will let patients track their symptoms on a daily basis and get tested quickly if it looks like they might have been infected by the virus that causes COVID-19. UnitedHealth’s division for health care services would then send a nurse to a patient’s home to administer the treatment, which includes a one-hour infusion.

The process of developing the treatment, which is being made available without charge to patients through a federal contract, has been challenging from the start, said Dr. Daniel Skovronsky, the chief scientific officer at Lilly.

In February, the National Institutes of Health obtained blood from a patient who was among the first in North America to recover from the disease, Skovronsky said. Researchers from Lilly and a biotech company looked in the patient’s blood to identify antibodies that could bind the spike protein and neutralize the virus.

In March and April, the companies found “a very potent antibody that could fully neutralize the virus” and is the basis for the therapy, Skovronsky said. The companies then launched studies in patients before receiving emergency use authorization from federal regulators last month.

“That was an incredibly busy 10 months from identifying the virus to the first authorization of the first therapy that was built to fight the virus,” he said. “That process normally takes us about 10 years across the pharmaceutical industry.”

UnitedHealth Group is the parent company of UnitedHealthcare, which is the nation’s largest health insurer. The study will be open to people with Medicare Advantage health plan coverage through the company, which will help identify those with a health history that puts them at greatest risk from COVID-19.

“Intercepting the disease before it escalates may help to keep people out of the hospital and reduce the overwhelming burden on the health care system,” Ehlert said in a statement.

While bamlanivimab has been approved for emergency use, it is not yet known if the drug is safe and effective for the treatment of COVID-19, although results so far are encouraging. One goal of the study, Ehlert said, is to help learn if there are subgroups of patients who could benefit most.

This is a developing story. Check back for updates.

Fuente de la Información: https://www.startribune.com/unitedhealth-group-launches-covid-19-at-home-treatment-study/573289011/

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Starving In A Pandemic

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Starving In A Pandemic

Athira Nortajuddin

This file photo shows impoverished Filipino children eating cups of soup during a feeding program by a child advocate group in Manila. (AFP Photo)

One of the 17 targets of the Sustainable Development Goals (SDGs) include Zero Hunger, which is Goal 2 after Goal 1: No Poverty. The SDGs, also known as Global Goals were adopted in 2015 as a call to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030.

Unfortunately, the world is not on track to achieve Zero Hunger by 2030. The problem is now even further exacerbated by the COVID-19 pandemic.

According to the “State of Food Security and Nutrition in the World” report published last July by the United Nations (UN), it is estimated that nearly 690 million people went hungry in 2019, or 8.9 percent of the world’s population. This is an increase of 10 million from 2018, and 60 million in five years. However, the report forecasts that the pandemic could tip over 130 million more people into chronic hunger by the end of 2020.

Moreover, COVID-19 has increased food security risks in some parts of the world such as in the Asia-Pacific as strict quarantine measures and export bans on basic food items have affected all stages of food supply.

For example, in Cambodia, where there’s wide-spread poverty, consumers have been hit hard by lack of food supplies, a rise in prices of staple foods and also a halt of income due to the crisis. In April, Cambodia’s premier Hun Sen even announced that the country will halt rice exports to protect food security during the COVID-19 outbreak.

An article published by non-profit organisation, OneWorld Foundation last June titled, “Cambodia’s Food Insecurity Rises Due to COVID-19” states that “despite the government working towards ensuring a continuous operation of supply chains, food security is affected by lack of safety income-net for these Mekong delta inhabitants who are at the mercy of natural events and weather.”

The United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) has also warned that in the absence of timely action, the number of wasted children under-five could increase globally by about 15 percent this year due to COVID-19.

“COVID-19 has hit vulnerable families the hardest,” said Debora Comini, a UNICEF Representative. “Unless we urgently scale up prevention and treatment services for malnourished children, we risk seeing an increase in child illness and deaths linked to malnutrition.”

ASEAN member state Indonesia is already facing high levels of malnutrition. According to UNICEF, more than two million children in the country suffer from severe wasting, a condition characterised by low weight for height, and more than seven million children under-five are stunted. Indonesia is one of the countries hardest-hit by the COVID-19 virus in Southeast Asia. Overburdened health facilities, disrupted food supply chains and income loss due to the pandemic could lead to a sharp rise in the number of malnourished children in the archipelago stated UNICEF.

Death From Hunger

The UN World Food Programme (WFP) said seven million people have died of hunger as of October this year and the pandemic could double world hunger.

In an urgent call in July from the UN, the organisation said that COVID-19-linked hunger is leading to the deaths of 10,000 more children per month over the first year of the pandemic. Based on a worst-case scenario by the UN, nearly 180,000 children could die this year alone. In addition, the pandemic could also lead to young children missing 50 percent of their nutritional care and treatment services.

Hunger Index

Worldwide hunger and undernutrition, when calculated as a global average, can be classified as moderate. However, different countries face different challenges and situations on a yearly basis. According to the recently released Global Hunger Index (GHI) 2020, three countries surveyed have “alarming” levels of hunger (Madagascar, Timor-Leste, Chad), while more than 30 countries have “serious” levels of hunger based on the GHI Severity Scale. ASEAN member states Myanmar and Cambodia fall in this category.

Global hunger index ranking

Despite the aforementioned Southeast Asian countries’ “serious” levels of hunger, they have actually made significant improvement over the years. Both ASEAN member states were classified as having “alarming” levels back in 2000.

Vietnam, the Philippines and Indonesia have also made progress over the years in terms of combatting hunger as all three countries had “serious” levels of hunger a few years ago, but are now deemed “moderate.”

While some countries have made achievements and numerous efforts in reducing chronic hunger and poverty, the pandemic may cause setbacks, hampering some countries’ ability to make progress toward meeting the SDGs.

 

Fuente de la Información: https://theaseanpost.com/article/starving-pandemic

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India: Police in India Make First Arrest Under New Interfaith Marriage Law

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Police in India Make First Arrest Under New Interfaith Marriage Law

A Muslim man was held under a state law passed to address accusations by Hindu nationalists that women are being lured into marriage in order to convert them to Islam.

The police in northern India have made their first arrest under a new anti-conversion law intended to curb “love jihad” — a highly contentious term used by Hindu nationalists who accuse Muslim men of luring Hindu women to marry them in order to convert them to Islam.

The arrest in the northern state of Uttar Pradesh came days after state legislators there approved the law aimed at curbing interfaith marriage, which makes forced religious conversion by marriage an offense punishable by up to 10 years in prison.

The law is the latest in a series of measures that have steadily marginalized the country’s Muslim minority, one of the world’s largest, since Prime Minister Narendra Modi and his Hindu nationalist party came to power in 2014.

Muslims have faced a wave of violence at the hands of Hindu nationalists and last year, the Modi government enacted a blatantly anti-Muslim citizenship law that critics said was the most alarming indication yet that it was trying to turn India into a Hindu-centric state.

The man arrested on Wednesday, Owais Ahmad, was accused of pressuring a Hindu woman who was married to another man to leave her husband and convert to Islam so she could marry him. The police said the woman’s father had previously filed and later withdrawn a kidnapping case, after his daughter had eloped with Mr. Ahmad in 2019 but then returned.

The recent complaint was filed by the father a few days before Wednesday’s arrest, which the district police said was the first under the new law.

“I have no link with the woman,” Mr. Ahmad, who is in his early 20s, told reporters. “I am innocent.”

One of the main proponents of the anti-conversion law is a firebrand Hindu monk, Yogi Adityanath, who is the head of Uttar Pradesh state and a member of Mr. Modi’s Hindu nationalist Bharatiya Janata Party.

Similar bills have been considered in other states controlled by the party, including Haryana, Karnataka, Assam and Madhya Pradesh.

In Madhya Pradesh, Netflix recently came under fire after Hindu nationalists demanded that the authorities investigate a scene in the television series “A Suitable Boy” depicting a Hindu girl and a Muslim boy kissing against the backdrop of a Hindu temple.

Mr. Adityanath has long been accused of rousing anti-Muslim sentiments. Electoral officials reprimanded him for hate speech and he once called Muslims “a crop of two-legged animals that has to be stopped.”

Since coming to power in his home state, a post often seen as a springboard for future prime ministers, Mr. Adityanath has made efforts to make the term “love jihad” mainstream and he has openly called for India to be enshrined as a Hindu nation, which has deeply worried many of the country’s 200 million Muslims.

He once created a volunteer vigilante organization, the Hindu Youth Brigade.

In 2007, following the death of a Hindu youth in clashes between Hindus and Muslims in Mr. Adityanath’s home state, he said, “If one Hindu is killed, we won’t go to the police. Instead we will make sure we will kill 10 Muslims.”

He was later arrested and held in custody for 15 days.

Intermarriage between Muslims and Hindus is relatively rare in India because of conservative norms.

While the country remains overwhelmingly Hindu, nearly 80 percent, the focus on interfaith relationships by anti-Muslim forces has been criticized as an attack on the country’s secular Constitution, which guarantees equal rights to all citizens regardless of religion. Issues involving marriage, divorce, alimony and inheritance are handled differently among religious populations.

To bolster secular ideals, India in 1954 overturned a British colonial-era law that required either the bride or groom in an interfaith marriage to renounce his or her faith.

Faizan Mustafa, an academic and a Muslim, said he was horrified at the speed with which many states with Hindu nationalist governments were racing to legislate against allegedly forced religious conversions.

He said this law was against the very idea of India and that the governing party was trying to divert the attention of people from rising unemployment, an ailing economy and its failure to stop the spread of coronavirus.

“They are taking away freedom of people to choose,” said Mr. Mustafa, “which has been given to us by the Constitution of this country.”

Fuente de la Información: https://www.nytimes.com/2020/12/03/world/asia/india-muslims-interfaith-marriage-arrest.html

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MINERD presenta Política institucional de inclusión para las personas con discapacidad. República Dominicana

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América Central/República Dominicana/06-12-2020/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

Destinan más de 200 empleos para personas con discapacidad.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El titular del Ministerio de Educación (MINERD), Roberto Fulcar, presentó la llamada “Política institucional de inclusión para las personas con discapacidad”, documento que resume las acciones y programas en favor de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad física, intelectual, psíquica o múltiple.

La “Política institucional de inclusión para las personas con discapacidad” ofrece un material informativo sobre diferentes estrategias para el abordaje a estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera frente a la nueva modalidad educativa, recursos para padres como calendarios, planificaciones y orientaciones para el trabajo en casa.

Contiene un banco de pictogramas para facilitar la rutina familiar y desarrollo del trabajo educativo en casa para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), la adaptación de los cuadernillos de inicial y primaria para estudiantes con ese trastorno.

En el caso de los estudiantes con discapacidad visual se actualizó el documento de lineamientos para los centros con recursos para la atención a la diversidad.

Fulcar anunció que ello es parte de un «cambio de enfoque, manejo y dirección de trabajo» del Centro de Recursos para la Discapacidad Visual Olga Estrella de Santo Domingo.

“Hoy queremos anunciar que mediante la Orden Departamental 90-2020 se establece el cambio de nombre al Centro nacional de recursos educativos para la discapacidad visual Olga Estrella a Centro Nacional de Recursos para Niños con Necesidades Específicas Olga Estrella».

No significa solo un cambio de nombre sino «un cambio de la política de atención y recursos de ese centro», remarcó.

También anunció la puesta en funcionamiento desde el 7 de enero de un canal de televisión exclusivo para las personas con discapacidad e insistió en que “estamos designando espacios en cada oficina de cada viceministerio, dirección Regional y Distrito para que las personas con discapacidad tengan empleos dignos”.

Dijo que el propósito de esas políticas es promover los derechos, la inserción y el desarrollo de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad desde una perspectiva inclusiva que irradie a la escuela dominicana.

“Las personas con algún tipo de discapacidad enfrentan muchas barreras que limitan sus posibilidades. Por ello, desde el Ministerio de Educación entendemos que el accedo a formarse, educarse, trabajar y ser protagonistas de su propio destino no debe estar entre esas dificultades. Hoy, hacemos un compromiso de acompañar y empujar en la dirección de derribar barreras porque la educación es inclusión, es un compromiso que nadie se quede atrás”, sostuvo.

UNICEF RECONOCE LOS AVANCES

Rosa Elcarte, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), destacó que el país ha avanzado en la aplicación de programas de inclusión.

«Reconocemos los esfuerzos que ha hecho el país para respetar y cumplir los derechos de esa población. En el caso de la población infantil, el principal de ellos es el acceso a la educación”, apuntó.

En la República Dominicana las cifras establecen que entre 700 mil y un millón de personas tienen algún tipo de discapacidad, cifra que será precisada cuando concluya un estudio en marcha.

En tanto que Lucia Vásquez, directora de Educación Especial del MINERD, detalló el programa de capacitación al personal que se ha realizado para la implementación de esta política de inclusión.

“Entre las políticas de inclusión destacan la adaptación de los cuadernillos elaborados en colaboración técnica con UNICEF en diferentes formatos: braille, macrotipo, para estudiantes con el trastorno de neuro desarrollo y en lengua de señas para los videos del programa “Aprendemos en Casa”, la elaboración de una guía con orientaciones para las escuelas específicas para estudiantes sordos y una para padres de estudiantes con discapacidad”, destacó Vásquez.

Capacitación para la inclusión

Para el año escolar 2020-2021 se realizó la capacitación a 136 docentes y psicólogos sobre estos lineamientos de aulas específicas para la inclusión educativa.

Se entregaron equipos a maestros itinerantes y coordinadores para llevar a cabo la educación a distancia y la virtualidad, encuentros formativos con los docentes que escolarizan estudiantes con discapacidad múltiple y encuentros con los directores de las 33 escuelas y aulas específicas de estudiantes sordos, sordo-ceguera e hipo acústicos para el acompañamiento a los ajustes al trabajo con los estudiantes y las familias.

Esta política inclusiva también ha conllevado la dotación de más de 200 empleos para personas con discapacidad.

A la actividad también asistieron la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ligia Pérez, Dilia Stephany Ubiera Sosa, directora general de gestión humana del MINERD, técnicos del área de Educación Especial, personas con alguna condición de discapacidad y sus familias.

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/minerd-presenta-politica-institucional-de-inclusion-para-las-personas-con-discapacidad-8890110.html

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Costa Rica: Principios para una política a favor de los pueblos y territorios indígenas costarricenses

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América Central/Costa Rica/06-12-2020/Autor(a) y Fuente: surcosdigital.com

El miércoles 02 de diciembre, en el marco de la conferencia de prensa “Costa Rica, amenazas de muerte a Pablo Sibar y demás recuperadorxs de territorios indígenas”, el Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), Trino Barrantes Araya, compartió las siguientes palabras:

Principios para una política a favor de los pueblos y territorios indígenas costarricenses

Trino Barrantes Araya
tbarrantesa@gmail.com
San Pedro de Montes de Oca

Miércoles 2 de diciembre de 2020

Un pequeño preámbulo:

Debieron pasar 427 años, después de la conquista, para que el tema indígena se pusiera en el tapete de los organismos internacionales. Efectivamente, es a partir de 1919 que el tema indígena procura la atención de los Estados-nacionales.

De igual forma es importante tener presente el papel del Tribunal Russell, pues con todas sus variables, es una primera de las instancias que posicionó el tema del respeto a los Derechos Humanos a los pueblos ancestrales. Aunque ciertamente el tema había sido considerado desde 1943, será en el año 1966, con el filósofo y literato Jean Paul Sartre, que el tema logra dimensionarse de manera universal.

Señalemos que ya, a partir del Convenio 107, la Organización Internacional del Trabajo presta una atención permanente a incorporar a los pueblos indígenas como actores de una realidad socio histórica y cultural de la cual son parte.

En el caso de Costa Rica, existe un buen cúmulo de leyes en torno a este eje. Así, de manera sucinta indicamos lo siguiente:

1973 – Ley 5251 Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas-CONAI

1977 – Ley 6172 Se sanciona la Ley Indígena.

1992 – Ley 7316 El gobierno de Costa Rica, ratificó el Convenio 169 de la OIT.

No es, sin embargo, este el tema que nos ocupa en este momento. Nos interesa sobre todo llamar la atención a favor de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Sibar, las lideresas indígenas y otros miembros de los territorios indígenas que son permanentemente amenazados de muerte.

Algunas ideas para una política indigenista:

1.- En enero de 1971, en Barbados se da una declaración que adquiere hoy en día una validez universal. “El derecho de los indígenas es previo al Estado”. No significa lo anterior que dichos derechos sean superiores al Estado, ni que la protección de la ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas deba considerarse como una independencia absoluta del conjunto de normas, leyes y valores en que se sustenta el Estado. Pero la propuesta que estuvo en discusión hace unos años en la Asamblea Legislativa en el Proyecto Ley 14.352, precisaba que los derechos indígenas sobre sus tierras y territorios anteceden en mucho al cuerpo legal que dio la estructura jurídica al Estado costarricense.

2.- Aunque los derechos de los pueblos indígenas no hayan estado escritos en papel o en un cuerpo de leyes previamente articulado, estos existían previos a la conformación de los Estado-nación, que son construcciones sociohistóricas que se dan más tarde.

3.- Existe un principio que une y acerca a la lucha indígena con otro gran sector que es el campesinado. Hacemos referencia en este apartado al trabajo como fuente de derecho sobre la tierra. Sobre los grandes territorios indígenas los blancos no tenían ningún derecho. “La tierra es para quien la trabaja” y 2000 años antes de la conquista y el mal llamado descubrimiento, los pueblos ancestrales, nuestros pueblos originarios habían desarrollado una gran cultura productiva. El indígena exige, no por capricho, la tierra para sus pueblos, porque lo recurrente es ese largo derecho a lo que les pertenece.

4.- Convenio No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Sin lugar a dudas este apartado es clave: Parte I. Política General, Artículo 1, 1. Este convenio es sin duda un instrumento legal que valida lo que anteriormente hemos venido señalando, pues el mismo refiere a las condiciones sociales, culturales y económicas propias de los territorios indígenas que los distingue de la colectividad nacional, pero además este artículo refiere con gran convicción que en dichos pueblos se reconoce un principio ancestral de sus propias costumbres y tradiciones bajo una legislación propia y especial.

5.- En el Congreso referido anteriormente celebrado hace ya medio siglo, se reconoce al territorio y al grupo social indígena como verdaderas unidades políticamente viables e independientes del Estado. No obsta lo anterior, sin embargo, para eximir al Estado de sus obligaciones de apoyar y contribuir con el desarrollo de sus pueblos ancestrales, respetando, eso sí, su independencia y autonomía.

6.- El desarrollo nacional no puede entrar en contradicción con el desarrollo de los pueblos ancestrales, pero lo anterior exige por parte del Estado respetar la armonía de los pueblos con su naturaleza y el buen vivir.

Para finalizar, cuento con algunos recortes, tal vez del diario más reaccionario y mediático de este país, hago referencia al periódico la Nación. De la lectura del contenido de estos artículos, podemos arribar a importantes conclusiones. El abogado Carlos Tiffer, en su artículo: Crimen sin castigo, del domingo 6 de setiembre del 2020, página 28, es enfático en señalar que estamos en un “estado de impunidad”. Por eso, crímenes como el de Sergio Rojas Ortiz y el de Jehry Rivera, se deslegitiman y los actores materiales de dichos crímenes quedan impunes. Por su parte los periodistas Katherine Chaves y Carlos Arguedas, en su artículo: “Fiscalía pide desestimar causa contra sospechosos en crimen de indígena”, La Nación, sábado 26 de octubre de 2020, P.11. dejan claro a la opinión pública nacional e internacional, el juego sucio y el manipuleo en estos crímenes perpetrados contra las dirigencias históricas de los pueblos ancestrales.

Más insultante aún son los argumentos que logra descubrir el comunicador Arguedas en su artículo: “Fallo de tribunal agrario frena plan de indígenas para rescatar sus tierras”, La Nación, domingo 11 de octubre de 2020, p. 10.

Termino diciéndoles, a todas y todos los que estamos hoy participando de esta conferencia de prensa, que tenemos que convertirnos en abanderados en la defensa de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Silbar y de todas y todos los recuperadores de sus tierras ancestrales.

Fuente e Imagen: https://surcosdigital.com/principios-para-una-politica-a-favor-de-los-pueblos-y-territorios-indigenas-costarricenses/

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