“Si siguen gritando, los mataremos”: los ataques contra la educación aumentan un 40% en el mundo

En la madrugada del 2 de agosto de 2024, unos 15 miembros de la banda 400 Mawozo irrumpieron en el Instituto Montfort, una escuela para niños y jóvenes sordos y sordociegos en la comuna Croix-des-Bouquets, en Haití. “Los niños tenían mucho miedo. Empezaron a gritar y los miembros de la banda les apuntaron con sus armas y dijeron: ‘Si siguen gritando, los mataremos’. Los niños se tiraron al suelo y ellos se llevaron todo”, explicaba una responsable del centro.

Este es uno de los testimonios que se recogen en el informe de la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA, por sus siglas en inglés), publicado este lunes, que alerta de un aumento del 40% de los ataques contra la educación en todo el mundo en 2024 y 2025, en comparación con el periodo anterior.

Se documentaron al menos 8.566 ataques contra escuelas, universidades, alumnos y profesores, y casos de uso militar de centros educativos, que afectaron a más de 10.600 estudiantes y personal educativo en 83 países, incluidos 55 que no tenían un conflicto armado activo.

“Lo que estamos viendo es devastador. Las escuelas están siendo bombardeadas o destruidas y los estudiantes asesinados. Las niñas sufren violencia sexual y los niños son reclutados por grupos armados cuando van de camino al colegio”, dice Lisa Chung Bender, directora ejecutiva de GCPEA, en una entrevista con este diario. “Las escuelas son la última línea de nuestra humanidad”, continúa. “Se han erosionado los valores y normas compartidos que establecen que deben ser protegidas y que los niños no pueden ser un objetivo. Antes veíamos mucha más contención. Ahora diría que estamos observando muchos más ataques deliberados y dirigidos contra la educación”, enfatiza.

Antes veíamos mucha más contención. Ahora diría que estamos observando muchos más ataques deliberados y dirigidos contra la educación. Lisa Chung Bender, directora ejecutiva de GCPEA

En 2024 y 2025, los lugares con más agresiones documentadas fueron Palestina, Ucrania, la República Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Haití y Colombia. Ucrania sufrió alrededor de 900 ataques contra escuelas. Haití, país que se analiza por primera vez en este informe, sufrió más de 400 ataques. En Palestina se registraron al menos 2.400 ataques contra estudiantes, docentes y personal educativo. “Se estima que más del 98% de la infraestructura educativa ha sido destruida [en Gaza]. Esto no es accidental. Es una forma de destruir la moral de la población, el futuro de los niños y de limitar sus oportunidades educativas”, explica Chung.

Myanmar, Nigeria, Yemen y Camerún concentraron el mayor número de víctimas de ataques contra la educación, con más de 1.700 estudiantes y trabajadores educativos asesinados o heridos entre los cuatro países.

“Hay un aumento en los casos reportados. Por eso creemos que las cifras reales son incluso más altas”, explica Chung. “Existen violaciones infradenunciadas, especialmente aquellas que ocurren en pequeñas zonas rurales. Sabemos que la intensidad de los conflictos está aumentando y eso se traduce en un mayor número de víctimas”, añade.

La directora ejecutiva de GCPEA explica que países como Colombia cuentan con gran capacidad para documentar los ataques. En otros, como RDC, Haití o Ucrania, hay misiones de Naciones Unidas sobre el terreno, lo que permite saber lo que está pasando. “En cambio, en otros como Sudán o Sudán del Sur, la presencia internacional es mucho menor. No tenemos acceso humanitario ni podemos desplazarnos para verificar los hechos. Además, se producen cierres masivos del acceso a las redes sociales y una fuerte represión de la libertad de prensa. Muchos ataques simplemente no llegan a ser documentados”, explica.

Una situación que podría empeorar como consecuencia de los recortes de fondos para la cooperación. “Estamos viendo un verdadero ataque contra el ecosistema que sustenta el monitoreo y la elaboración de informes, especialmente en el ámbito educativo. Hemos visto cómo varios financiadores han dado un paso atrás. También hemos presenciado recortes a organizaciones que proporcionan datos fundamentales sobre el origen de las municiones, que verifican los ataques y realizan el seguimiento de esta información”, relata. “Dentro de uno o dos años podríamos encontrarnos en una situación en la que el número de ataques parezca haber disminuido significativamente, pero solo porque la capacidad de documentarlos se habrá visto gravemente dañada”, añade Chung.

Ataques con drones

En 2024 y 2025, GCPEA identificó al menos 11 países donde niñas y mujeres fueron objeto de ataques contra la educación debido a su género: Afganistán, Camerún, República Centroafricana (RCA), Colombia, Haití, India, Nigeria, Pakistán, Sudán del Sur, Sudán y Yemen.

Chung destaca el caso de Afganistán. “Observamos una disminución en el número de ataques en el país”, explica. “La guerra que se libra contra la educación en Afganistán es tan grave que, aunque el número de explosiones o de asesinatos denunciados pueda haberse reducido, las niñas simplemente no pueden ir a la escuela. Intimidan a cualquiera que intente crear centros educativos”, añade. El informe documenta el cierre en enero de 2025 de un centro de formación en inglés en la provincia de Ghor que brindaba educación a niñas de grados superiores al sexto. “Llevamos ya más de cinco años de exclusión. No es un tiempo que pueda recuperarse fácilmente”, expone.

El GCPEA alerta del uso cada vez mayor de armas explosivas, incluidos los explosivos lanzados desde drones, con 300 ataques contra centros educativos documentados, muchos de ellos durante el horario lectivo. “Podemos ver que los Estados están atacando deliberadamente instituciones educativas. Además, con la tecnología asociada a los drones, la precisión que ofrecen y la cantidad de información de la que disponen quienes los utilizan, resulta mucho más difícil afirmar que estos ataques son accidentales. Debe haber mucha más rendición de cuentas”, enfatiza.

Cuando los militares ocupan escuelas, envían el falso mensaje de que ese lugar es un objetivo legítimo

Lisa Chung Bender, directora ejecutiva de GCPEA

También se ha registrado un aumento del uso militar de escuelas y universidades. Los casos documentados pasaron de 1.000 en el informe anterior a más de 1.900. Para Chung, “esto es realmente grave, porque cuando los militares ocupan escuelas, envían el falso mensaje de que ese lugar es un objetivo legítimo”, exponiendo a los estudiantes a bombardeos, reclutamiento forzoso o violencia sexual.

Este uso militar provoca un “efecto disuasorio”. “Si sientes que la escuela ya no es segura y decides no enviar a tus hijos o abandonar los estudios, es algo que no constituye un ataque en sí mismo, pero tiene implicaciones duraderas para la seguridad, la protección, el bienestar y la participación de los niños en la educación”, añade.

La GCPEA insta a que se respalde de forma universal la Declaración sobre Escuelas Seguras y hace un llamamiento a los gobiernos, los organismos de la ONU y los donantes para que refuercen las protecciones legales, pongan fin al uso militar de las escuelas, mantengan el seguimiento de los ataques y doten de recursos a los sistemas de alerta y prevención.

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