El bienestar/malestar emocional de los/as docentes y la “bitácora” del abandono

Por: Observatorio Chileno de Políticas Educativas 

Los fenómenos de malestar en el trabajo de los/as profesores/as chilenos/as, tales como el agotamiento emocional o el estrés laboral, se han instalado con fuerza durante las últimas décadas. Es difícil señalar desde cuándo el malestar y el agotamiento crecieron tanto en un trabajo que, de por sí, demanda una alta intensidad emocional y relacional.

Existen testimonios de docentes que, ya en la década de los años ’80, denunciaban este malestar. Los primeros estudios científicos en nuestro país sobre el tema se realizan a partir de los años ’90, siendo un hito la publicación del estudio “Condiciones de trabajo y salud docente”, por parte de la UNESCO el año 2005 (UNESCO, 2005[1]). En este estudio se revisó la situación de 5 países, entre ellos Chile, y se presentó una panorámica muy preocupante respecto del deterioro de la salud docente y de la deficiencia en sus condiciones de trabajo. Diversos estudios realizados en esos años mostraban datos preocupantes en nuestro país: altos niveles de agotamiento emocional en más de un tercio de los/as docentes, tasas de depresión, trastornos de angustia, trastornos musculo esqueléticos y disfonías muy por sobre la tasa de prevalencia en el resto de la población adulta chilena (Cornejo, 2009[2]; Valdivia et al, 2003). En la década recién pasada el profesorado, en sucesivas movilizaciones, denunció claramente ante el conjunto de la sociedad chilena al menos dos fenómenos relacionados: el agobio laboral docente y el excesivo trabajo fuera del horario laboral (dedicado a la preparación de clases, materiales, evaluaciones, etc.).

El contexto de Pandemia, sin duda, vino a complejizar las condiciones para el ejercicio del trabajo docente. Los/as profesores/as de Chile se vieron obligados/as a implementar un trabajo de emergencia a distancia, sin contar con condiciones de trabajo y conectividad adecuados, sin capacitaciones previas, con horarios de trabajo extendidos, y sin una anticipación, orientaciones o un diseño claro desde el ministerio de educación. Muchos/as docentes han tenido que financiar desde su bolsillo la compra de equipos de computación o de planes de conexión nuevos, lo que en los hechos es ilegal (el 24 de junio, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, señaló que “la ley es clara y categórica, los costos de operación del teletrabajo son de cargo del empleador”). En este escenario no es sorprendente, aunque sí preocupante, que el 50% de los/as docentes señale que se encuentra estresado, o que el 52% señale que tiene síntomas de ansiedad. Esto puede estar asociado a que el 60% de los/as docentes señala que ahora trabaja más o mucho más que antes de la pandemia (Encuesta Educar Chile).

¿Es inevitable el malestar en el trabajo docente? ¿Qué dice la evidencia acumulada por la investigación en Chile y en el mundo?

Hay una tradición científica que se ha desarrollado fuertemente durante los últimos 50 años: la salud ocupacional. Brevemente podemos señalar que los estudios de salud ocupacional docente señalan sistemáticamente algunos elementos: 1. Existen efectivamente enfermedades laborales, dolencias, malestares que se asocian a la ocupación, al trabajo. 2. No es el trabajo en sí lo que enferma. No es el oficio una condena. Son las condiciones de trabajo las que, cuando son deficientes, afectan la salud. 3. Las condiciones de trabajo, para efectos analíticos, pueden organizarse en: condiciones materiales (aquellas fácilmente verificables como salario, contrato, horarios, vacaciones, infraestructura, materiales de trabajo, etc.) y condiciones psicosociales (más subjetivas y relacionadas con las formas de organizar el trabajo cotidiano, el control sobre el proceso de trabajo y el manejo del poder en el trabajo diario). 4. En el caso del trabajo docente, las condiciones de trabajo que más afectan la salud son: la sobrecarga laboral, la pérdida de sentido en el trabajo, la pérdida de autonomía, la falta de apoyo para el trabajo, las condiciones de infraestructura y herramientas deficientes y la falta de apoyo para enfrentar la llamada “doble carga” del trabajo laboral y doméstico (asunto que lamentablemente sigue afectando más a las profesoras).

Frente a este escenario, ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación para apoyar a los/as profesores/as y cuidar su bienestar?

Como es sabido, las respuestas que ha dado el MINEDUC desde la suspensión presencial de clases en marzo han sido fuertemente criticadas por los/as profesores/as y otros actores de la educación[3] (https://radio.uchile.cl/2020/04/20/el-mineduc-y-su-postura-frente-a-la-pandemia-una-mirada-publica/). Se ha criticado principalmente su falta de apoyo en equipos y conectividad a los/as docentes, la insistencia en el pronto retorno a la presencialidad sin condiciones de salubridad adecuadas (recordemos que la primera fecha de regreso que dio el ministro fue el 27 de abril, en plena alza de casos de COVID-19), la insistencia en la aplicación de la evaluación docente y el SIMCE (finalmente, respecto al SIMCE, el MINEDUC debió echar pie atrás frente, al rechazo mayoritario y suspenderlo para este año)

Específicamente, respecto del bienestar emocional docente, el jueves 2 de julio el MINEDUC publicó y difundió ampliamente una propuesta de autocuidado que tituló “Bitácora para el autocuidado docente. Claves para el bienestar”. En la presentación del documento el ministro de educación escribe: “Los quiero invitar a darse una oportunidad para trabajar con ustedes mismos, para revisar sus fortalezas y reencontrarse con su vocación”. También en la presentación se señala que “esta bitácora pretende acompañarte en tu viaje a la felicidad y bienestar de manera amigable y flexible, según lo que vayas necesitando o tengas ganas de trabajar en cada momento”. La bitácora, ofrece lo que llaman cuatro claves para el bienestar y la felicidad de los/as docentes. Estas son: 1. “Vive de acuerdo a tu propósito”; 2. “La recuperación” (aprende a recuperar energías); 3. “Conduce tus pensamientos y emociones” y 4. “Cultiva tus relaciones”. Para desarrollar cada una de las “claves del bienestar” la bitácora ofrece actividades que los/as docentes deben realizar de manera individual, como un diario de vida, además presentan una serie de videos que refuerzan la idea de que el bienestar depende solo del esfuerzo de cada persona (casi todos ellos en inglés y con ejemplos que nada tienen que ver con el trabajo educativo).

En las 230 páginas de la “Bitácora” no hay ninguna alusión a las condiciones concretas de trabajo, ni materiales, ni psicosociales. Tampoco hay alusión alguna al actual contexto de trabajo de emergencia a distancia por la pandemia y las enormes complicaciones que ha traído. Las cuatro “claves” llaman la atención por su banalidad extrema. ¿Cómo vivir de acuerdo a tu propósito si se impone la estandarización educativa sin escuchar a los/as profesores/as?, ¿Cómo recuperar energía si la sobrecarga no es una opción que los/as docentes hayan elegido? Si siento rabia ante las injusticias que vivimos, ¿Debo negarla por ser una emoción negativa? ¿Se favorecen las buenas relaciones en el trabajo hoy?

¿De dónde viene una mirada tan superficial, descontextualizada y negadora de la evidencia científica sobre el bienestar/malestar docente? En la “bitácora” el MINEDUC lo dice claramente: del enfoque de la psicología positiva. Se trata de una empresa ideológica de origen norteamericano, que se ha desplegado por el mundo los últimos 20 años, a partir de enormes campañas de marketing y libros de autoayuda. Un enfoque promovido por quienes defienden el modelo de la “auto explotación” de los/as trabajadores/as, propia del neoliberalismo. Un enfoque que se desligó de los hallazgos y debates científicos de las últimas décadas, porque no es su “negocio”. Las críticas a este enfoque son múltiples en el mundo de la investigación educativa. Nombraremos algunas: 1 Individualización y psicologización de problemas sociales complejos. Se concibe lo emocional como un conjunto de competencias/habilidades emocionales individuales, que se debe desarrollar (capacitar) en cada individuo. Se niegan elementos clave para lo emocional: condiciones de trabajo adecuadas, características de las comunidades y sus historias, jerarquías y clases sociales, el contexto sociopolítico, las relaciones de poder, las culturas y los roles de género. Se desconectan las emociones de las causas y situaciones concretas que las generan. 2 Culpabilización y responsabilización de cada profesor/a por problemas en su trabajo. Supone que todos los problemas emocionales son por falta de capacitación individual o por características de su personalidad que deben ser “mejoradas”. 3 Negación y represión de “emociones negativas”. Según este enfoque deberíamos estar siempre promoviendo y experimentando emociones de alegría, calma, agradecimiento y negar las complejas emociones que viven estudiantes y docentes de ansiedad, miedo, preocupación, rabia o tristeza. Esta indicación, además de imposible, es muy poco sana para el equilibrio psicológico de las personas. Además, qué coincidencia, se suelen negar las emociones vinculadas al pensamiento crítico y ciudadano. 4. Se privilegian las emociones orientadas al mayor rendimiento individual y al logro de objetivos medibles. 5. Este tipo de enfoques termina aumentando el agobio laboral y la sobrecarga. No solo porque lleva a los/as trabajadores/as a esforzarse más allá de los límites de su salud, sino porque ahora deberían  “demostrar” que sienten emociones positivas 6. Finalmente, lo que se impone es una mercantilización de lo emocional. Se genera un mercado de “capacitaciones emocionales” estandarizadas y “efectivas” para mejorar nuestra “productividad”.

Volvamos a poner los pies en la tierra. Cualquier propuesta que pretenda abordar los aspectos socioemocionales y/o las dimensiones del bienestar/malestar docente, debe necesariamente considerar mejoras en las condiciones de trabajo en las que se desarrolla la labor docente. Es necesario afrontar críticamente los modelos de la psicología positiva que tienen una mirada reduccionista, descontextualizada, individualizante y mercantilizadora de las emociones. Debemos avanzar hacia una mirada integradora de las emociones en la educación, considerando su potencial emancipador, sustentando su desarrollo en comunidades educativas organizadas y fortalecidas democráticamente, que puedan generar relaciones afectivas de apoyo, colaboración, acompañamiento y participación real dentro de los espacios educativos. Tenemos que promover una mirada reflexiva que reconozca las dimensiones emocionales de la docencia y de las tareas que diariamente realizan cada uno de profesores/ras. Tenemos que avanzar hacia mejores condiciones para el trabajo emocional docente.

[1] UNESCO. 2005. Condiciones de trabajo y salud docente. Estudio de casos en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay. OREALC / UNESCO Santiago. https://www.researchgate.net/publication/39724162_Condiciones_de_trabajo_y_salud_docente_estudios_de_casos_en_Argentina_Chile_Ecuador_Mexico_Peru_y_Uruguay

[2] Cornejo, R. 2009. Condiciones de trabajo y bienestar/malestar docente en profesores de enseñanza media de Santiago de Chile. Educação&Sociedade30(107), 409-426. https://www.scielo.br/pdf/es/v30n107/06.pdf

[3] Declaración Pública Foro por el Derecho a la Educación Pública: http://derechoeducacionpublica.cl/declaracion-de-rechazo-a-las-medidas-del-mineduc-por-pandemia-covid-19/

Los autores de esta columna son: Rodrigo Cornejo, Rodrigo Araya, Diego Parra y Sebastián Vargas.

*Fuente: https://radio.uchile.cl/2020/08/18/el-bienestarmalestar-emocional-de-losas-docentes-y-la-bitacora-del-abandono/

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Lo esencial y lo urgente. Pongamos fin al experimento neoliberal en educación

Por: Observatorio Chileno de Políticas Educativas.

El actual contexto de movilización social, inédito en nuestro país, abre un escenario propicio para hacer los cambios estructurales que el sistema educativo requiere: los mismos cambios que la clase política señaló que eran inviables o “inadmisibles”, hoy son impostergables, tal como lo han señalado las organizaciones de actores educativos desde hace décadas. Estas organizaciones han planteado múltiples propuestas a lo largo de estos años de lucha por la educación, que son una base importante para considerar en este momento de movilizaciones.[1]

¿Cuál es el origen de los problemas de la educación chilena?

El modelo educativo chileno es considerado en el mundo como un experimento único de mercado, competencia y privatización. Es el momento de que terminemos con él. Este modelo tuvo dos momentos de implementación, y es fundamental comprenderlos para ir a la raíz de los problemas educativos que hoy sufrimos. El primer momento ocurrió a comienzos de los años ’80 cuando la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet transformó radicalmente los principales pilares del sistema educativo. Estas transformaciones fueron tres: 1) Una nueva definición de los derechos educativos y del rol de estado en la Constitución de 1980: aquí se establece que el rol del estado no será garantizar el derecho a la educación, sino limitarse a dar subsidios a entidades educativas públicas y privadas (lo que se conoce como estado subsidiario e igualdad de trato para las instituciones del estado y privadas). Asimismo, se establece que el derecho educativo más importante jurídicamente en Chile (por estar garantizado constitucionalmente) es el llamado derecho a la “libertad de enseñanza”, que se define como el “derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales” (artículo 19, numeral 11). 2) Se crea una nueva figura jurídica para administrar las escuelas: los “sostenedores”. Las escuelas chilenas ya no dependen del estado, sino que son administradas por estos sostenedores que pueden ser públicos (municipios o servicios locales de educación) o privados (particulares subvencionados) que concentran atribuciones centrales del proceso educativo: los sostenedores manejan los recursos económicos entregados por el estado, administran la contratación del personal docente y no docente, sancionan los reglamentos para los estudiantes, definen posibles ajustes en el currículum. Incluso pueden cerrar los años académicos de los colegios sin consultarle a las comunidades, como ha hecho el alcalde de Santiago con el Instituto Nacional y el INBA. 3) Un sistema de financiamiento denominado subvención a la demanda o vouchers: este sistema define que el estado no financia directamente a las escuelas públicas para que cubran sus necesidades mínimas (financiamiento basal), sino que entrega a los sostenedores (no a las comunidades educativas) una subvención en función a la cantidad de matrícula y al promedio de asistencia de estudiantes durante los últimos meses. Este modelo de financiamiento instala la competencia entre escuelas públicas y particulares por la subvención, y ha permitido el cierre de cerca de mil escuelas públicas por tener menos estudiantes.

El segundo momento de instalación del modelo educativo de mercado se realizó durante los gobiernos civiles de pos dictadura. Este segundo momento se caracteriza por el perfeccionamiento del modelo de mercado, la incorporación masiva de militantes de los partidos de la Concertación y la Derecha al negocio educativo, a través de las universidades privadas y como sostenedores de colegio particulares subvencionados, y la implementación de procesos de privatización encubierta o endo privatización. Esta última no solo busca traspasar la propiedad de las escuelas a dueños privados, sino que consiste básicamente en obligar a que las instituciones públicas funcionen como empresas privadas. Para que todo el sistema educativo funcione con la lógica de empresa privada una de las herramientas principales que se utilizó fue la estandarización educativa: básicamente a través de la intensificación de la aplicación de pruebas SIMCE, del aumento de sus consecuencias para las escuelas y de la aplicación de la evaluación docente individual para las y los profesoras/es de Chile. [2]

Medidas esenciales y urgentes para desarmar el modelo educativo de mercado

En este momento histórico de movilizaciones populares en Chile no podemos repetir los mismos errores cometidos durante los últimos 30 años, en que se han implementado reformas que terminan fortaleciendo el modelo de mercado, competencia y privatización. En las propuestas que han construido las organizaciones educativas durante estos años están las claves para construir un nuevo modelo educativo que no se base en el mercado, el lucro y la competencia, sino en el bien de las mayorías populares. Para contribuir a los múltiples debates que se están dando en el país, queremos plantear medidas esenciales y urgentes para desarmar el modelo educativo de mercado, basándonos en estas propuestas:

1. Construcción de un sistema de educación pública, articulado, democrático, no sexista, inclusivo, con infraestructura de calidad y con control comunitario desde la educación parvularia a la educación superior. Hoy la Educación Pública está completamente reducida, solo un 32% de estudiantes escolares (los/as más vulnerados/as) asisten a establecimientos públicos y menos de un 15% de los/as estudiantes de educación superior asisten a establecimientos públicos. Por otra parte, su infraestructura está muy por debajo de la dignidad que requieren las y los niñes y jóvenes que más lo necesitan, algo inaceptable, en el entendido que la educación pública es la responsable de que construyamos una sociedad más humana, igualitaria y respetuosa de los derechos de todas y todos.

El sistema educativo público debe ser el mejor y estar garantizado por el Estado. Debe ser diverso y con una gestión democrática, con consejos escolares resolutivos y vinculantes, con mecanismos que promuevan la participación de la comunidad organizada, quien velará por la pertinencia del currículum y el uso transparente de los recursos. El currículum de la educación pública debe como mínimo promover una sociedad democrática, inclusiva y no sexista.[3]

En lo inmediato es urgente detener el cierre de las escuelas públicas. Es imperioso terminar con los sostenedores educativos tanto a través de municipios, como de servicios locales de educación. Es necesario corregir las serias deficiencias y tendencias privatizadoras de los servicios locales de educación. Asimismo, es urgente establecer un fondo de reparación de la educación pública para reconstruir los daños ya hechos por el terremoto neoliberal.

2. Construir un nuevo sistema de financiamiento para la educación pública. Este debe ser preferencial, de carácter basal[1], y su monto debe ser establecido por las necesidades de las comunidades [4]. Asimismo, se debe financiar en forma preferencial las Universidades del Estado, las cuales deben garantizar el acceso masivo de sectores populares, ser gratuitas y estar al servicio de las necesidades nacionales y locales contribuyendo al desarrollo cultural, económico y social de los territorios[5]

En lo inmediato es urgente terminar con los negocios de los privados en educación. Es necesario terminar con las múltiples formas de lucro encubierto que permite la llamada “ley de inclusión”. Es necesario congelar y comenzar a disminuir la entrega de recursos a instituciones privadas de educación. Es necesario detener el sistema de concesiones en los distintos servicios públicos educativos (JUNAEB, MINEDUC, ATEs, etc.). Por último, es fundamental condonar todas las deudas educativas incluido el CAE, estudiar no puede ser una condena.

3. Terminar con el SIMCE y todo tipo de estandarización. El SIMCE no es un instrumento educativo, sino un instrumento de promoción del mercado y la competencia entre escuelas. Los resultados que obtienen las/os estudiantes en el SIMCE dependen mayoritariamente de sus condiciones de origen (condiciones básicas de vida, cuidados médicos y alimentación en la primera infancia, etc.) y muy poco de lo que hace la escuela. Por esa razón, en el mundo, este tipo de pruebas no se utilizan para medir calidad de escuelas en ningún caso. Muchos países reconocidos por tener buena educación no aplican este tipo de pruebas, y aquellos que las aplican lo hacen solo a una muestra representativa, no a todas/os las/os estudiantes.

En lo inmediato, es urgente eliminar la aplicación universal (censal) de las 6 pruebas SIMCE (lo que es un gran negocio para las instituciones privadas que la gestionan). Es necesario que cualquier prueba estandarizada que se aplique sea muestral, de tal forma que den información general, pero que eliminen la competencia entre escuelas. Asimismo, es necesario eliminar la evaluación docente individualizante. Hoy se sabe que no existe ninguna relación clara entre ser buena profesora y obtener buenos puntajes en la evaluación docente. Los trabajos como la docencia no pueden medirse a través de una prueba estandarizada. El único objetivo real de esta evaluación es destruir las comunidades educativas, fomentar la competencia y el individualismo entre profesoras/es.

4. Generar condiciones de trabajo adecuadas para las/os trabajadoras/es de la educación. Las/os docentes y asistentes de la educación saben que sus condiciones de trabajo se han deteriorado progresivamente durante los últimos años. Se trata de un deterioro en las condiciones salariales y materiales (son muchísimos los casos de educadoras/es que pagan de su bolsillo los materiales mínimos para trabajar en aula, como hojas, plumones, papeles, fotocopias, etc.). Pero también se trata de un deterioro de las condiciones psicosociales del trabajo: sobrecarga, falta de apoyo, presión y control, tareas sin sentido, falta de autonomía, etc.

En lo inmediato, es necesario terminar con los despidos arbitrarios a trabajadoras/es de la educación cada fin de año. Es fundamental eliminar la evaluación docente individualizada y construir una carrera docente que fomente el trabajo colaborativo y no la competencia entre docentes y que asegure suficientes tiempos no lectivos de trabajo. Asimismo, es fundamental mejorar las condiciones salariales de las/os asistentes de la educación.

5. Frenar la criminalización del movimiento estudiantil. Es obvio que la participación de las y los jóvenes debe promoverse en las escuelas, no debe perseguirse, debe facilitarse siendo esta el motor de transformación de nuestra sociedad (como ha quedado claro estas últimas semanas).

En lo inmediato, se debe Derogar la Ley Aula Segura, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y revisar la ley de Violencia Escolar, en tanto, instrumentos de penalización de la vida escolar y de la participación de los y las jóvenes. Se debe repensar el uso que se hace de los reglamentos internos o manuales de convivencia los cuales deben ser construidos desde un enfoque ciudadano, pedagógico, y nunca más uno punitivo.

6. Frenar los proyectos de ley privatizadores de la educación inicial que están actualmente en el parlamento y que el gobierno de Piñera pretende aprobar. Actualmente, el gobierno promueve dos iniciativas legales en el parlamento, en un claro intento de extender la mercantilización de la Educación hacia la Educación Parvularia. El primero de ellos es la subvención escolar a los niveles medios, el cual significa el ingreso de nuevos actores privados a la Educación Parvularia, mediante un pago por asistencia, esquema análogo al que masificó la privatización en educación escolar y que tanto daño ha hecho, promoviendo la mercantilización y la competencia. El segundo, al que el Ejecutivo le ha dado urgencia en su aprobación, es el proyecto de sala cuna universal, que busca hacer que las/os trabajadoras/es financien, a través del Fondo de Cesantía, la asistencia de sus hijos/as al jardín infantil. Este proyecto deja fuera a los hijas e hijas de trabajadoras/es independientes y de trabajadoras/es del sector público. Además, precariza el cuidado y estimulación de las/os bebés, pues las salas podrán tener 42 lactantes, con tres adultos a cargo. Los únicos que ganan con estos proyectos son la empresas, que ya no tendrán que financiar los jardines de las/os hijas/os de sus trabajadoras y los empresarios de la educación que nuevamente lucraran con recursos públicos.

Una nueva Constitución para una nueva educación pública

Para que estos cambios al modelo educativo de mercado sean viables y se proyecten en el tiempo es necesario cambiar la Constitución política que actualmente establece que el derecho educativo más importante en Chile es el derecho a  la mal llamada “libertad de enseñanza” (Artículo 19, numeral 11).

Es urgente construir una nueva Constitución que establezca un estado garante de los derechos educativos y sociales en general, que defina la educación a lo largo de la vida como un derecho garantizado, sin ningún tipo de discriminación. El derecho a la educación habilita para el ejercicio de otros derechos, en consecuencia no debe ser limitado por ningún tipo de libertad individual, corporativa o empresarial.

Como han señalado las organizaciones sociales y, en general, el pueblo movilizado, esta constitución debe ser construida a través de un proceso nacional de Asamblea Popular Constituyente Plurinacional, con amplia participación a nivel vecinal, local, provincial, regional y nacional. El pueblo ya está debatiendo a través de cabildos y asambleas territoriales, hay que darle peso y validez a su voz.

OBSERVATORIO CHILENO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

UNIVERSIDAD DE CHILE


[1] Ver publicación Foro por el Derecho a la Educación Pública “Una década de luchas y propuesta por el derecho a la educación”. Un resumen de las propuestas de actores educativos desde el año 2005 al 2015

[2] Ver más sobre esto en Juan González y Diego Parra (2016): Mercantilización de la Educación. Comentarios sobre la Reforma Educativa en Chile 2015. Revista Enfoques Educacionales 13(1), 71-89.

[3] ACES (2011): “Propuesta para la Educación que Queremos”.

[4] Ver Foro por Derecho a la Educación Pública (2014): ¿Cuánto cuesta la escuela que queremos?; ANDIME (2015): Propuesta de retorno de escuelas y liceos a la administración del Ministerio de Educación; Fundación Sol (2019): Endeudar para gobernar y mercantilizar. El caso del CAE (actualización 2019). Fundación Sol y Movimiento Deuda Educativa (2017): Carta por la abolición de la deuda educativa. Estas propuestas tienen en común la presencia de un sistema de financiamiento preferente para la educación pública, con un monto variable  según las necesidades de las comunidades.

[5] Ver propuesta de CONFECH (2017): Principios fundamentales para una Nueva Educación Pública.


[1] Es bueno recordar que cuando se discutió el proyecto de Nueva Educación Pública (2016), la Cámara de Diputados estuvo de acuerdo en que la educación pública no se financiara por el mecanismo de la competencia por las subvenciones, sino que contara con un financiamiento basal. Lamentablemente, como tantas veces en el senado, la derecha y los sectores mercantilistas de la nueva mayoría “cocinaron” otra cosa.

Fuente del artículo: https://www.opech.cl/lo-esencial-y-lo-urgente-pongamos-fin-al-experimento-neoliberal-en-educacion-2/
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