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Andreu Navarra, profesor: «La educación actual ha convertido al docente en un monitor de tiempo libre»

Reseña: Olga R. Sanmartín

Historiador, escritor y profesor interino de Lengua y Literatura Castellana en Barcelona, critica la «pedagogía facilista» y la deriva hacia «la sociedad de la imbecilidad» del sistema educativo en su libro ‘Devaluación continua’.

Andreu Navarra (Barcelona, 1981) estaba un día en su casa corrigiendo los exámenes de sus alumnos de 14 años cuando se le acercó su hijo. «¿Esto explicas, papi? Pero si es lo que yo hago en clase», le hizo ver el sorprendido crío, que sólo tiene nueve años. «Mi hijo no exagera. Puedo confirmar lo que dice porque conozco lo que hace en clase; si les pongo sus mismos ejercicios a estudiantes de la ESO, muchos suspenden», asegura este historiador, escritor y profesor interino de Lengua y Literatura Castellana al que este año le ha tocado dar clase en un instituto a 40 kilómetros de Barcelona.

En los próximos días saldrá a la venta el libro de Navarra, Devaluación continua (Tusquets), en el que describe con crudeza lo que ha conocido durante los seis años que lleva dando clase en Secundaria. Alumnos de Bachillerato que confundían los océanos con los continentes en el mapamundi, creyendo que la tierra era la mancha azul y que el mar era la marrón; adolescentes a las puertas de la Selectividad que no saben el nombre de los ríos que pasan por su ciudad o que sitúan Madrid en el centro de un mapa de Cataluña; chicos y chicas en la pubertad que no distinguen un triángulo de un rombo o no saben hacer una simple división de calorías.

Tuvo a una estudiante, que iba con una bandera independentista a clase, que no le supo explicar quién era Lluís Companys. En el debate existente sobre si la escuela actual es o no demasiado laxa, su sensación a partir de sus experiencias profesionales es que el nivel de los institutos españoles deja mucho que desear. Llega a decir que hay alumnos de Bachillerato «que no entienden lo que dicen los libros de texto» y que hay estudiantes de esta etapa «a los que le cuesta redactar textos de más de tres líneas».

«No estamos creando ciudadanos ilustrados, sino chicos que se vienen abajo por un mal examen o por tener que memorizar tres páginas».

«Estamos egresando analfabetos, un ciberproletariado sin los niveles mínimos para trabajar ni moverse por el mundo», expresa durante su entrevista a PAPEL este hijo de padres profesores criado en un barrio obrero que admira a Gregorio Luri y a la educadora sueca Inger Enkvist. «No estamos creando ciudadanos ilustrados, sino chicos y chicas muy vulnerables que se vienen abajo por un mal examen o por tener que memorizar tres páginas. ¿Cómo vamos a pretender que más adelante se enfrenten a un divorcio, o a la paternidad, o a un problema de salud?»

Su tesis es que «la ESO se ha convertido en lo que antes era la Primaria». ¿Por qué? «Porque la atención de los adolescentes pasa a estar secuestrada por el mundo virtual y eso hace que muchos no estén aquí, sino allí, pensando en los likesCuando se les compra un móvil, automáticamente dejan de leer. Los institutos no pueden competir con el mundo virtual porque a muchos alumnos no les importa su futuro, sólo les importa su presente en las redes», responde. Eso es culpa del sistema, de esa «sociedad de la imbecilidad» que desdeña el pensamiento ilustrado, las Humanidades y la reflexión y potencia a los youtubers y a los influencers.

Pero, avisa Navarra, la escuela postmoderna también «reproduce esos hábitos de consumo y prescinde de los hábitos académicos». El llamado modelo comprensivo fomenta, en sus palabras, «un sistema injusto» donde «los profesores tienen la función de trabajadores sociales» y donde «al peor alumno se le dedica la mayor cantidad de tiempo y atención». «Se presiona para que la escuela sea un lugar para la felicidad inmediata. La educación actual ha convertido al docente en un animador de hotel, en un monitor de tiempo libre. La tendencia es a convertir los centros académicos en centros de ocio. No estamos creando ciudadanos que participen en un proyecto responsable, los estamos obligando a pasar el rato», denuncia.

Relata que la «pedagogía facilista» presiona para que no se exija mucho a los alumnos, para que se desdeñen las notas y para que se facilite la promoción automática. «La infantilización ambiental ha iniciado el abordaje de las instituciones académicas», donde los críos se pasan el día haciendo actividades. También lo sufren los profesores, a los que durante su formación se les aplica la misma pedagogía comprensiva, con fichas, cuadros explicativos y colorines «que parecen de parvulario». Afirma que, como hay tantos alumnos que no hacen nada y tienen que permanecer en clase de forma obligatoria hasta los 16 años, se pone a los profesores a entretener a todos, igualando el nivel por abajo.

El libro trata de explicar el estado de ánimo de una parte del profesorado, ésa que siente que tiene que pedir perdón por intentar formar a los alumnos en conocimientos concretos y defender la importancia de la memoria -«Nuestro ser está hecho de memoria, sin datos no hay pensamiento posible»-, que vive desbordada por la burocracia y la Nueva Pedagogía.

Navarra habla de una jefa de departamento, una docente curtida que había enviado a la universidad a decenas de chicos del suburbio, que un día se le puso a llorar de forma desconsolada mientras corregía exámenes de 2º de Bachillerato. Se dio cuenta de que ninguno de estos alumnos llegaría a completar el curso. «Ella, que se había formado con el objetivo de transmitir unos conocimientos que pudieran proporcionar un salto social a los alumnos, se daba cuenta de que ahí no había nada. de que era una estación final. Era la constatación de que una generación no podría pasar a la Selectividad».

«La escuela ha dejado de ser un ascensor social», sostiene Navarra. Relata que en un colegio privado donde trabajó le hicieron aprobar a un estudiante de Bachillerato. La dirección le cambió la nota a pesar de que el alumno «no sabía ni interpretar cuatro líneas». Tres o cuatro años después se lo encontró trabajando en un tren y el chico le dijo que había intentado hacer la carrera de Derecho, pero no había podido terminarla ni salir adelante.

«FUERA LOS POLÍTICOS DE LA EDUCACIÓN»

El libro de Andreu Navarra pasa de puntillas por el conflicto catalán. Nada se dice en ‘Devaluación continua’ sobre el adoctrinamiento, la falta de neutralidad en escuelas de Cataluña o el modelo de inmersión lingüística, más allá de reconocer que su asignatura de Lengua y Literatura Castellana sólo tiene tres horas semanales (en otras autonomías son cinco) y hablar, en genérico, de que «en lugar de democracia estamos creando generaciones enteras de ultranacionalistas».

«Me parece que es sólo aparente que mi libro no hable de la situación en Cataluña. Lo que ocurre es que intento ofrecer una visión desde una perspectiva occidental, en la que los problemas de Cataluña se enmarcan: digo, por activa y por pasiva, que una sociedad sin análisis matizado de la realidad no sólo proporciona un sistema educativo fragmentario y defectuoso, sino que cultiva y desarrolla identidades políticas que se convierten en religiones civiles, intolerantes entre sí, precisamente para evitar la responsabilidad de que se construyan versiones racionales de lo que ocurre en el entorno inmediato», se defiende.

Fuente e imagen: https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/09/09/5d74c885fdddffbb0d8b4662.html

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Expertos en educación advierten: «La ‘ley Celaá’ renuncia a la meritocracia»

Por: Olga SanMartín.

 

La propuesta de Isabel Celaá de dar el título de Bachillerato con un suspenso ha causado perplejidad entre los profesores. No es sólo por la medida en sí, que las juntas de evaluación docente ya aplican de forma discrecional, sino por el demoledor mensaje en contra de la cultura del esfuerzo que envía toda una ministra de Educación cuando incluye este cambio entre las prioridades de su ley y lo justifica como «un favor» para la «autoestima» del estudiante.

El profesor Gregorio Luri advierte del peligro de «las medidas que se toman con buenas intenciones y que confunden la ayuda con la lástima», ese paternalismo pedagógico que al final perjudica más al alumno que menos tiene. Recupera las palabras pronunciadas en 1931 por el histórico socialista Fernando de los Ríos durante su discurso en las Cortes Constituyentes de la República: «Hay un problema ético para cada profesor, que consiste en no coadyuvar a la dramática falacia de que es víctima el escolar cuando se le da un título de capacidad sin tenerla. Este problema ético no depende de una disposición ministerial; depende del grado de madurez y sensibilidad de los centros».

«No es aceptable que la ministra desconfíe de los suspensos porque rebajan la autoestima del alumno», se enfada también el filósofo José Antonio Marina, que recuerda que Seligman Damon ya dejaron claro que «intentar mejorar la imagen de un estudiante, en lugar de mejorar su desempeño, es poner en marcha una sobreprotección dañina».

Expertos educativos avisan de que se avecinan nuevos viejos tiempos en la escuela, una vuelta a la Logse-LOE que trae otra vez la comprensividad y «renuncia a la meritocracia», en palabras de Nicolás Fernández, presidente del sindicato ANPE.

Porque hay más cambios que se suman al del título de Bachillerato con un suspenso. La ley Celaá quiere recuperar la antigua Selectividad, desvinculándola del título y ubicándola después de conseguirlo, a diferencia de lo que ocurre ahora. También eliminará los estándares de aprendizaje evaluables fijados por el Estado, suprimirá las evaluaciones externas censales al final de cada etapa, prohibirá los ránkings que permiten hacer comparaciones entre centros y entre autonomías y convertirá la repetición de curso en una medida «excepcional». Además, los alumnos de la ESO tendrán el mismo título que los de la FP Básica. En otras palabras, con la nueva ley se reducen filtros y controles para conocer qué es lo que saben los alumnos a lo largo de las distintas fases de su aprendizaje. Casi habrá que fiarlo todo a la Selectividad, que aprueba el 90% de los estudiantes.

Inmaculada Egido, catedrática de Educación Comparada de la Universidad Complutense de Madrid, cree que «este modelo no fomenta el esfuerzo ni el mérito en los alumnos», a diferencia de lo que ocurre en países de nuestro entorno donde, por ejemplo, se exige una prueba final de Bachillerato sin la cual no se puede conseguir el título. En Francia tienen el BAC, en Alemania el Abitur y en Italia la Maturità. Son exámenes muy duros. «Las reválidas en la etapa equivalente a la ESO no son frecuentes y es verdad que se puede titular con suspensos, pero hay un control externo de los niveles de conocimiento de los alumnos que es superior al que existe en el sistema educativo español».

Florencio Luengo, coordinador general del Proyecto Atlántida y promotor de la Red por el Diálogo Educativo, defiende que el modelo español no está tan mal planteado como parece, aunque sí que echa en falta más «exigencia» en las notas de corte de acceso a las carreras, para que «los alumnos no se duerman en los niveles inferiores». «No se trata tanto de que aprobar Bachillerato con un suspenso suponga bajar o subir el listón, sino qué tipo de conocimientos son hoy relevantes y qué significa aprobar competencialmente o por contenidos, incluido qué se entiende por el concepto de compensación», expresa. Eso sí, se muestra partidario de «revisar y probablemente no mantener» medidas como conceder el título de Bachillerato con un suspenso «porque están generando conflicto y lo prioritario es que haya un acuerdo educativo».

Antonio Cabrales, catedrático de Economía en la University College London, apunta que «la legislación tiene sus límites como instrumento y a veces la sociedad se autoorganiza para superarlos». Recuerda que los ránkings de colegios y universidades que elabora la iniciativa privada ya sirven «como espuela» a los estudiantes para competir y mejorar, de la misma forma que los buenos alumnos se ponen las pilas para poder entrar en las universidades más prestigiosas.

Fuente del artículo: https://www.elmundo.es/espana/2018/11/18/5bf07fc3468aeb0b6e8b45ea.html

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Un sistema educativo paralizado que clama por un cambio

España / 26 de agosto de 2018 / Autor: Olga R. Sanmartin / Fuente: El Mundo

ESPAÑA TRAS UNA DÉCADA DE CRISIS

Cuando los alumnos taiwaneses bajaron su rendimiento en lectura, las autoridades pusieron a docentes en paro a darles clases particulares fuera del horario escolar. Los críos aparcaron las consolas y los móviles para dedicarse a leer toda la tarde y mejoraron sus resultados. En Castilla y León también los colegios públicos llevan tiempo abriendo sus puertas todo el mes de julio para que los estudiantes con asignaturas pendientes puedan aprobar en septiembre. Los que han ido bien durante el año pueden relajarse y pasarse el verano en la piscina. Para el resto no hay otra alternativa que echarle codos, con la supervisión de un profesor.

La medida, impensable en otros lugares de España, es una de las claves que ha permitido a esta autonomía situarse en el informe PISA por encima de Finlandia y Corea del Sur. Pero no es la única. También influye que la sociedad castellano-leonesa siga considerando la escuela como el principal motor de ascenso social. Al profesor se le respeta y también se le exige, algo que ya no es lo habitual.

Diez años después del comienzo de la crisis, los indicadores internacionales muestran que España -salvo excepciones- se ha instalado en la parálisis educativa. Los alumnos de 10 años son mejores en Lectura, Matemáticas y Ciencias que hace una década, pero siguen por debajo de la media de la OCDE en los informes PIRLSTIMSS. En PISA los resultados de los estudiantes de 15 años son similares a los que se registraban en 2000 y nuestros chicos llevan, de media, dos cursos académicos de retraso respecto a los de Singapur. Uno de cada tres son repetidores. Un universitario español tiene el mismo nivel que un bachiller holandés. Y existen diferencias abismales entre comunidades autónomas.

«De conformidad con las evidencias internacionales, estamos estancados en la mediocridad, lo cual es una forma de retroceso en un contexto dinámico como el actual, donde las exigencias son cada vez mayores. Quien no avanza retrocede», advierte Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela.

El diagnóstico de los expertos respecto a la educación superior es parecido. Se han producido avances, pero existe un amplio margen de mejora. La crisis impuso unas restricciones que obligaron a subir el precio de las matrículas y provocaron que los alumnos se pusieran las pilas y obtuvieran mejores resultados. Los campus también tuvieron que ingeniárselas para ser más eficientes y sacar dinero de debajo de las piedras y han progresado en rendimiento docente e investigador. El boom mediático de los ránkings ha obligado a los rectores a espabilar. Pero seguimos teniendo muy pocas universidades en el top 100 (aunque nuestras escuelas de negocios sean las mejores del mundo) y toda la comunidad educativa coincide en que el sistema es tan «rígido» que «no nos permite competir» en igualdad de condiciones con otros países.

«Las normas nos han puesto un corsé que nos hace imposible atraer y retener el talento. A nuestros profesores les ofrecen mejores posibilidades en países como Reino Unido que no podemos compensar económicamente. Los recortes no han sido sólo una cuestión de dinero, sino de la posibilidad que crear una estructura, y eso ha hecho mucho daño a la universidad», lamenta Margarita Arboix, rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, que admite que «quizá no estamos sabiendo dar a los jóvenes lo que les puede interesar». El 18% de quienes tienen entre 18 y 24 años no continúa los estudios más allá de la ESO, un porcentaje que duplica la media europea. España es uno de los países con mayor abandono escolar temprano.

«Estamos en un momento histórico desde el punto de vista del conocimiento, porque la revolución digital va a cambiar los modelos de enseñanza, las competencias y las profesiones. Es imposible que la educación siga siendo como hasta ahora. Las universidades se dan cuenta de que no pueden hacer lo que tienen que hacer, con plantillas envejecidas y laboratorios con instalaciones que no se renuevan desde hace años. O gestionamos esto o nos quedamos atrás», manifiesta Francesc Solé, vicepresidente de la Fundación Conocimiento y Desarrollo.

En octubre del año pasado se cumplieron 10 años desde la implantación en España del llamado proceso de Bolonia, un acuerdo entre varios países para facilitar el intercambio de titulados en la UE y adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales, mejorando su calidad y competitividad con una mayor transparencia. Los grados sustituyeron a las antiguas licenciaturas y se impulsaron los másteres y doctorados. Una década después, la universidad española sólo atrae a un 3% de alumnos extranjeros, sigue sin haber una buena conexión entre lo que estudian los alumnos y lo que reclama el mercado de trabajo y hay más de 80 campus repartidos por España en los que prácticamente se enseña lo mismo. Y de la misma forma.

«La universidad ha vivido con gran tensión el cambio originado a partir de la mala interpretación de Bolonia», explica José Saturnino Martínez García, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. «Se modificó la didáctica universitaria desde arriba y a coste cero, con un sistema diseñado para pocos estudiantes a los que se les puede hacer un seguimiento individualizado, pero con muchas titulaciones con aulas de 100 estudiantes. Ha mejorado la permanencia del alumnado, lo que puede ser debido a que se acorta la evaluación o se simplifica en tests y en pequeños trabajos, facilitando así el aprobado. La autonomía de la universidad y del profesorado para diseñar planes de estudios y docencia se ha visto comprometida por un exceso de control externo y de burocracia absurda», añade el autor de La equidad y la educación.

De aquellos primeros años del plan Bolonia han venido males que han quedado en evidencia con los escándalos de los títulos de Cristina Cifuentes y Pablo Casado o los plagios del rector Fernando Suárez. Servidumbres, enchufes, clientelismo, endogamia, dependencia del poder autonómico y un sistema burocrático complejo que, paradójicamente, deja escapar los fallos. La Universidad Rey Juan Carlos se ha convertido en el paradigma de todos estos vicios. La corrupción no es generalizada, pero ha disparado la desafección hacia una institución que, hasta ahora, era tan sagrada como la Judicatura.

Durante la crisis se ha roto, además, ese contrato social por el que los jóvenes creían que, si estudiaban y se esforzaban, podrían llegar a vivir igual o mejor que sus mayores. La tasa de paro juvenil roza el 35%, según la última EPA, y hay todavía más de un millón de ninis. La mitad de los que tienen un máster admite que el título no le sirvió para lograr un empleo, ni para mantenerlo, ni para mejorar en su puesto. De entre los que trabajan, el 27% gana menos de 1.000 euros (los ingresos de algunos profesores no son mucho mayores) y el 30% está empleado en puestos por debajo de su cualificación.

«La generación mejor preparada de la Historia, que más idiomas habla y que mejor se mueve por el mundo es la que tiene más problemas para acceder al mercado laboral», dice Segundo Píriz, rector de la Universidad de Extremadura, que añade: «No podemos seguir haciendo las cosas como hace un siglo».

Todos los expertos coinciden en que el sistema debe acometer un cambio profundo, un proceso de «regeneración educativa» en el que no necesariamente se invierta más, sino mejor, en el que las instituciones educativas tengan una mayor «flexibilidad» y «autonomía» para diseñar sus políticas junto a una mayor rendición de cuentas, sin estar al albur de los vaivenes de la política. Justo lo que no hacemos.

Mientras en TaiwánSingapur, Finlandia o Portugal las autoridades educativas diseñan planes en sintonía con los nuevos tiempos, aquí seguimos jugando a la yenka de las leyes educativas. El fiasco de la Lomce va a dar paso a una vuelta a la LOE, con un debate nuevamente centrado en la Religión y en la concertada, dos cuestiones que nada tienen que ver con lo estrictamente educativo. La calidad del sistema depende del valor de sus profesores, pero este asunto se elude de forma sistemática porque ningún gobernante quiere meterse en líos. De igual forma se evita la reforma universitaria. Hay muy poca fe en que el nuevo ministro, el astronauta Pedro Duque, vaya a ser capaz de enfrentarse a esas fuerzas paralizadoras que piensan más en conservar su statu quo que en apostar por un modelo productivo en el que la educación sea lo prioritario. Es muy significativo que la educación no aparezca entre las cinco cuestiones de Estado que Sánchezquiere negociar con Casado.

Antonio Cabrales, catedrático en el Departamento de Economía de la University College London, propone, para empezar, poner en marcha «medidas para seleccionar y retener a los mejores en el profesorado, a todos los niveles». Se trataría de «poder contratar a personas de reconocido prestigio españolas y no españolas y también facilitar la movilidad de los docentes entre las distintas universidades», según Píriz.

López Rupérez insiste en alcanzar un pacto que «consiga estabilizar la arquitectura del sistema educativo», junto a una «modernización» en la carrera docente y en el currículo, aunque reconoce que «existe un gran despiste por la ausencia de liderazgo de las instituciones respecto de la innovación, que se hace de forma intuitiva, sin evaluar el impacto». «Hay que reforzar habilidades cognitivas como el sentido crítico, la capacidad de análisis o los hábitos de reflexión. Y desarrollar las habilidades no cognitivas y la educación del carácter a través de saberes clásicos de corte humanístico».

Solé reclama, por su parte, la ayuda de los empresarios para facilitar la empleabilidad de los jóvenes. Un ejemplo son los nuevos «pregrados» que comienzan el curso que viene en la Universidad Autónoma de Barcelona, programas muy específicos de sólo 18 meses de duración que se abren y se cierran en función de las necesidades del mercado laboral y que son diseñados de forma conjunta con los empleadores. La idea es tan revolucionaria como poner a los profesores de la escuela pública a dar clases en julio. «Hay que abrirse a lo que está ocurriendo fuera sin complejos y sin ataduras. Si no somos flexibles otros nos pasarán por delante», avisa Arboix.

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MIR educativo: seis años para ser profesor

España / 25 de febrero de 2018 / Autor: Olga R. Sanmartin / Fuente: El Mundo

Buena parte de la comunidad educativa admite que la formación inicial de los maestros es mejorable, que los másteres que habilitan para dar clase en Secundaria dejan mucho que desear y que el modelo actual no es válido para seleccionar adecuadamente a los mejores profesores. Pero nadie va a regalarle así como así a Íñigo Méndez de Vigo ese plácet que le haría pasar a la Historia como el ministro que elevó el nivel de exigencia a los docentes en una de las más profundas reformas de la escuela española.

En el tic tac de la cuenta atrás electoral, el llamado MIR educativo tiene un precio muy alto. Este nuevo sistema de acceso, que también ha propuesto Ciudadanos, supone aumentar la duración de la formación de los aspirantes a maestros de los cuatro años actuales a seis años. En el caso de los profesores de Secundaria, serían siete años, porque se añadirían dos más al grado y al máster. El Gobierno va a necesitar «bastante dinero» para ponerlo en práctica, según todas las fuentes consultadas, pero, sobre todo, mucha mano izquierda para que profesores, rectores, padres, alumnos, consejeros autonómicos y oposición política den el visto bueno. Porque ahora todo el mundo pone peros a un asunto en el que existía cierto consenso.

El Consejo Escolar del Estado, en el que está representada toda la comunidad educativa, aprobó a finales de 2017 un informe en el que planteaba estudiar la posibilidad de un MIR educativo, «considerando que el profesorado es un factor clave en la calidad de los sistemas educativos y que debe ser una profesión fortalecida». También se pronunció en esta línea la mayoría de los 83 expertos que el año pasado hablaron ante los diputados que negocian el pacto de Estado por la educación.

La UE ha recomendado asimismo «una formación inicial eficaz de los docentes», «una selección adecuada» y «apoyo al inicio de la vida profesional». Las conclusiones del Consejo de la UE del 20 de mayo de 2014 instaban a los Estados miembros a «garantizar que los programas de formación inicial establezcan oportunidades para que los futuros docentes adquieran todas las competencias pertinentes necesarias para iniciar con éxito sus vidas profesionales». «Facilitar una formación inicial de gran calidad, un apoyo al principio de la carrera profesional (iniciación) y un desarrollo profesional permanente son factores significativos para garantizar que se atraiga a los candidatos adecuados», insiste.

Y lo mismo advierte la OCDE: «El éxito de los sistemas educativos de calidad combina el aprendizaje de los profesores en las universidades con las prácticas y la experiencia real en las escuelas».

¿Cómo lo hacen en Europa? En la mayor parte de los länder de Alemania, todos los graduados tienen que realizar el vorbereitungsdienst, un servicio preparatorio remunerado en un centro escolar de entre uno y dos años. Además, tienen dos exámenes estatales, antes y después de estas prácticas, y el segundo es requisito imprescindible para lograr un empleo fijo como docente, aunque no lo garantiza.

En Finlandia, donde los profesores tienen un gran reconocimiento social, los requisitos de entrada son superiores a los de los médicos. Hay pruebas de acceso a la formación universitaria que supera sólo uno de cada 10 candidatos y, después de graduarse, deben hacer un máster de forma obligatoria. Está también la opción francesa, con unos institutos superiores de formación del profesorado que se han ganado a pulso su prestigio.

«En casi dos tercios de los países de la UE, los docentes recién titulados tienen acceso a fases de iniciación estructuradas», señala el informe La profesión docente en Europa realizado por la red Eurydice de la Comisión Europea. Este trabajo, que utiliza datos del informe TALIS 2013, advierte de que España registra el porcentaje más bajo de todos los países -el 61% frente a un 89% de media- en cuanto a profesorado que tiene acceso a programas para docentes nuevos en centros escolares que incluyan actividades de mentoría.

También considera «preocupante» que sólo el 63% de los docentes españoles en el primer ciclo de Secundaria haya finalizado un programa de formación inicial del profesorado que combine conocimientos académicos, pedagogía y práctica. La mayoría de los países está en torno al 90% y sólo Italia -con un 53%- registra una cifra más baja.

Tanto en el grado para ser maestro como en el máster de Secundaria hay créditos para el practicum en colegios o institutos, pero fuentes educativas reconocen que «no son suficientes» y que «el sistema no está bien organizado». En muchas autonomías ni siquiera se paga a los mentores. Y aunque después de aprobar la oposición el docente hace un año de prácticas, «nunca han despedido a nadie por no hacerlo bien».

«Estamos formando a demasiados maestros. No podemos tener un sistema que saca a la calle a tantos docentes», admiten fuentes universitarias, que se muestran partidarias de poner un examen selectivo a los aspirantes antes de comenzar el grado. «La formación tiene que cambiar, el acceso debe ser más riguroso», coinciden en los campus. Pero, a la hora de la verdad, los rectores no quieren una prueba común en toda España -de la misma forma que rechazan una Selectividad nacional-, porque eso alteraría su statu quo.

Mientras, los sindicatos de profesores se niegan a respaldar el MIR porque temen que los interinos sean desplazados por esta nueva generación de profesores más preparados, que cobrarían la mitad que ellos durante los dos primeros años. Por eso los partidos de izquierda rechazan ahora el MIR. Por eso y porque, en un contexto de negociación sobre la concertada, la Religión y, ahora también, el modelo lingüístico, cada respaldo al partido del Gobierno exigirá una contraprestación. Con un encuentro con los decanos de Educación, el Ministerio comenzó el jueves una ronda de contactos con universidades, partidos y autonomías para convencerles de que digan sí al MIR.

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Los alumnos que afrontan estados adversos sacan mejores notas

Olga Sanmartin

¿Qué convierte a un niño en un buen lector?

Los alumnos españoles son mejores en lectura que hace una década pero siguen por debajo de la OCDE

Los alumnos españoles de 15 años no destacan trabajando en equipo: sólo el 4% es excelente

Los estudiantes más resilientes obtienen mejores resultados académicos. Los que se vuelven fuertes ante la adversidad sacan puntuaciones más altas en el Informe PISA. En el éxito escolar no sólo influyen los conocimientos puros y duros, sino las habilidades -que llevan a la práctica lo aprendido- y el carácter, que es cómo se comportan los alumnos y se comprometen con el mundo.

A estas conclusiones llega un estudio, Valores y éxito escolar, que ha realizado Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, junto a la profesora Isabel García García. El trabajo, que se hace público el próximo lunes, concluye que «los valores que subyacen a la resiliencia como virtud contribuyen, en buena medida, a explicar los elevados resultados escolares», mucho más que el clima escolar o la frecuencia de la asistencia a clase.

Por eso, los países orientales «presentan ventajas comparativas notables» respecto a los occidentales. En las culturas china y japonesa existe «la convicción de que el esfuerzo y la perseverancia constituyen sendas claves imprescindibles del éxito». La creencia de que «el talento puede mejorarse por medio de la perseverancia y el entrenamiento forma parte de la filosofía educativa de esas sociedades y del código de valores compartidos en sus centros».

Esta «ética del esfuerzo» alude a virtudes clásicas como la fuerza de voluntad, la perseverancia, el autocontrol, la confianza, la paciencia, la autodisciplina o la resistencia ante la adversidad. Todas ellas incluidas en la llamada educación del carácter, una corriente pedagógica con bastante peso en el mundo anglosajón que tiene en España al filósofo José Antonio Marina como uno de sus principales defensores.

Los autores del estudio recomiendan incorporar la educación del carácter como elemento del currículo escolar básico -el común para todo el territorio nacional- durante la enseñanza obligatoria. Es decir, desde los seis a los 16 años. López y García sostienen que esta medida «permitiría con una alta probabilidad reducir un 25% las diferencias de resultados existentes entre comunidades autónomas y avanzar en materia de equidad territorial», como apunta en otro estudio Ildefonso Méndez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia.

¿Qué supone exactamente incorporar al currículo la educación del carácter? López Rupérez responde que «significa dotarlo de un estatuto formal y abordarlo de un modo organizado y sistemático, generando situaciones específicas de aprendizaje con objetivos transversales en diferentes materias». No tendría, por tanto, que haber una asignatura concreta, sino utilizar como apoyo «biografías de personajes ilustres y las claves de su éxito» o «el análisis racional de los fundamentos morales de las virtudes clásicas».

El ex presidente del Consejo Escolar del Estado y antiguo alto cargo educativo del PP sostiene que la Ley Wert no garantiza una suficiente formación en valores. «La asignatura de Valores a la que se refiere la Lomce se concibe como alternativa a la Religión, pero aquí estamos refiriéndonos en especial a los valores de la esfera de la voluntad», recalca.

Considera, asimismo, que el sistema educativo no está formando bien a los alumnos en la educación en el carácter: «No se le presta ninguna atención explícita, y durante mucho tiempo ha prevalecido el facilismo como antítesis de la pedagogía del esfuerzo. La propia discusión actual sobre la necesidad de los deberes escolares es víctima de esa orientación».

Fuente del articulo: http://www.elmundo.es/espana/2017/12/09/5a2ade0de5fdea226d8b45c3.html

Fuente de la imagen: http://e00-elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2017/12/08/1512758762589

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La calidad del profesor incrementa un 6% el rendimiento de sus alumnos

Por: Olga Sanmartín

Un estudio realizado a partir de las pruebas PIRLS de Lectura señala que “los mejores docentes están sobrerrepresentados en los centros privados”

El trabajo advierte de que esta distribución de recursos “tiene un efecto regresivo sobre los resultados de los alumnos” porque “beneficia más a las familias que más tienen”

La calidad del profesorado repercute en el rendimiento de sus alumnos. Así lo establece un estudio realizado por los economistas Jorge Calero y J. Oriol Escardíbul a partir de los resultados que obtuvieron en 2011 los alumnos españoles de 4º de Primaria (entre nueve y 10 años) en las pruebas PIRLS, que miden sus habilidades en Comprensión Lectora.

El trabajo, que han presentado esta mañana la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación, concluye que la ganancia que supone para un estudiante tener un maestro de elevada calidad respecto a tener uno con baja calidad es de un incremento de 30 puntos en PIRLS.

Estos 30 puntos vienen a significar la distancia existente entre España (saca 513 puntos en PIRLS, por debajo de la media de 538 de la OCDE) y Holanda, que es uno de los 10 países que mejores resultados obtiene en esta prueba de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA).

Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, explica que no es posible obtener una equivalencia de lo que supondría esta diferencia de rendimiento en cuanto a cursos académicos, pero sí establece un porcentaje: “Un buen profesor sube el rendimiento de sus alumnos en PIRLS en un 6%“, como mínimo.

“La calidad del profesorado es importante en término de sus efectos sobre la adquisición de competencias de lectura”, dice el estudio, que señala también que se han observado resultados parecidos en otros trabajos realizados en EEUU, Australia o el Reino Unido.

Los autores han encontrado que los resultados de los alumnos de los centros públicos y, también, de los centros cuyas familias disponen de recursos socieconómicos y culturales bajos o intermedios tienen “una sensibilidad ligeramente más alta” ante variaciones en la calidad del profesorado. Es decir, a los estudiantes de estos colegios les afecta más que el profesor sea bueno o malo. En concreto, el incremento del rendimiento de un alumno con un buen maestro sería de un 6,21% en un centro público y de un 5,37% en un centro privado.

Más buenos profesores en la privada

Otro de los objetivos de la investigación era averiguar en qué centros trabajan los mejores y los peores profesores. La conclusión es que “los mejores profesores están sobrerrepresentados en los centros privados y en los centros donde las familias tienen un nivel mayor de recursos socioculturales”. Y eso ocurre a pesar de que los maestros de la escuela privada están peor pagados y no han tenido que pasar por el filtro de la oposición. ¿Por qué ocurre esto?

“Hay más probabilidad de encontrar un profesor mejor en la privada que en la pública”, sostiene Calero. “Los centros privados normalmente están en mejores condiciones para seleccionar sus plantillas y sus alumnos, y hay algunos centros privados donde los maestros prefieren ir con independencia de su salario. Aceptan condiciones salariales peores a cambio de alumnos con un nivel sociocultural y socioeconómico más alto”.

Esta circunstancia provoca, según los autores, “una distribución de recursos que tiene un efecto regresivo sobre los resultados de los alumnos”, ya que “beneficia más a las familias que tienen más recursos inicialmente”. Es lo que se conoce como el denominado efecto Mateo, “que consiste en dar al que ya tiene, como en los Evangelios”.

Calero y Escardíbul opinan que los resultados obtenidos “tienen claras implicaciones de política educativa“. En su opinión, habría que “revertir esta situación” de tal forma que “los mejores profesores estén en los centros con más dificultad” y se gane en “equidad”, como ya han insistido autores como Eric A. Hanushek, profesor de la Universidad de Stanford.

Los autores plantean medidas al respecto. Por un lado, piden “intensificar las actuaciones que permitan mejorar la calidad del profesorado en los centros donde los usuarios provienen de familias con menos recursos”. Por otro, quieren que se facilite “la presencia de los mejores en esos centros”.

“Se trataría de una política con mayor eficacia potencial en el sector público, ya que también el alumnado de los centros públicos es más sensible ante cambios de la calidad del profesorado”, sostienen.

¿Qué factores afectan a la calidad del profesor?

El trabajo también ha indagado en los factores que determinan el nivel de la calidad del profesorado, aunque sus resultados, en este punto, no son muy concluyentes. Los autores sostienen que el número de alumnos por aula “no parece afectar en principio”, en sintonía con lo que han establecido otros estudios previos. Tampoco parecen incidir en los resultados la edad del maestro o el hecho de que posea una titulación de máster o doctorado. En otras palabras, “la adquisición de niveles educativos por encima del grado universitario no parece incidir en la calidad del profesorado”.

Sí afectan, de forma positiva, que en los estudios realizados por el profesor hayan sido importante la enseñanza de la lectura; su formación continua; sus años de experiencia como docente, o que haya cursado seminarios de formación para enseñar a los alumnos a leer.

La evidencia empírica, mayoritariamente centrada en EEUU, destaca el impacto positivo del nivel de conocimientos del profesorado y de su experiencia docente, así como los incentivos salariales y, en menor medida, el nivel salarial.

El método empleado ha sido poner en relación las variables que en PIRLS explican el rendimiento del alumno con el efecto que provoca cada profesor, en una muestra de 8.580 alumnos, 312 centros y 402 profesores.

Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/la-calidad-del-profesor-incrementa-un-6-el-rendimiento-de-sus-alumnos/

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España es uno de los países de la OCDE con menor autonomía en la escuela

Por Olga Sanmartin

España es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde los centros educativos tienen menor autonomía. La mayor parte de las decisiones relacionadas con la escuela la toman los gobiernos regionales, mientras que los directores, los profesores y los consejos escolares apenas cuentan con margen para gestionar, innovar y establecer proyectos educativos propios.

Así lo indica la OCDE en el análisis de los datos del Informe PISA2015, en donde ha creado un Índice de Autonomía Escolar, entendido como el porcentaje de tareas en las cuales los centros tienen una responsabilidad considerable. Si la media de la OCDE llega al 71%, en España es del 57%. Ocupa el puesto número 31 de una lista de 35 estados y sólo está por encima de Italia, México, Turquía y Grecia.

Éste es uno de los países donde los directores disponen de menos capacidad para contratar a profesores (el 34%, frente al 70% de media de la OCDE); despedirlos (33% frente al 57%); fijar sus salarios (4% frente al 20%); subirles el sueldo (5% frente al 23%); seleccionar a estudiantes (29% frente al 75%) o determinar el currículo (15% frente al 27%). Son bastante autónomos, eso sí, cuando se trata de poner normas disciplinarias y fijar el presupuesto del centro.

En la misma situación se encuentran los consejos escolares y los profesores, quienes, en la práctica, sólo pueden decidir cuando se trata de escoger los libros de texto (91% frente al 81% de la media).

La OCDE dice que «obtienen mejores resultados aquellos alumnos que estudian en centros donde los directores y, por extensión, los profesores han disfrutado de mayor autonomía para gestionar la escuela». Por contra, «logran peores notas cuando el Gobierno se encarga de todo, especialmente del currículo».

La investigación se remite también al trabajo del profesor de la Universidad de Stanford Eric A. Hanushek, que advierte que la autonomía de los centros no siempre es efectiva: repercute de forma positiva en los sistemas educativos que lo hacen bien, pero perjudica a los que lo hacen mal. Sus ventajas, en definitiva, dependen de cómo de preparados estén los centros -y, sobre todo, los directores- para usar su libertad de forma responsable y para rendir cuentas. Pero la OCDE la aconseja porque la escuela «conoce las necesidades de los estudiantes mejor que los altos cuerpos administrativos».

La Lomce, en teoría, daba más autonomía

No deja de ser paradójico que los datos de la OCDE saquen los colores a España en este asunto, cuando uno de los objetivos de la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (Lomce) era, precisamente, que colegios e institutos ganaran en autonomía.

Distintas fuentes educativas señalan que se trataba de «una aspiración» del Gobierno que «finalmente no se ha podido realizar», tal y como reflejan los datos de PISA. El estudio de la OCDE no aprecia un incremento significativo de la autonomía de los centros entre 2009 y 2015; es decir, entre antes y después de la aprobación de la Lomce.

La reforma educativa del PP permite a los centros impartir las asignaturas que consideren oportunas, pero los directores denuncian que, «en la práctica, no hay sitio en la programación para hacerlo, porque el currículo está muy marcado».

El Ejecutivo insiste, sin embargo, en que las escuelas tienen ahora más margen de actuación. Incluso atribuyen a esta circunstancia el progreso de los alumnos españoles de 10 años en las pruebas internacionales TIMSS. «La clave de la mejora ha sido la introducción de una nueva ley educativa que ha pretendido atender la diversidad. La Lomce ha insistido en la autonomía de los centros, una de las claves para adaptar el sistema educativo a esos alumnos. La clave es la profesionalidad del profesorado, con autonomía para adaptar los currículos», dijo hace unas semanas José Luis Blanco, director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación.

«La autonomía es insuficiente»

«No es verdad que la Lomce haya aumentado la autonomía de los centros. Simplemente quita competencias al consejo escolar y se las da al director, pero no son muy significativas», objeta Alberto Arriazu, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos (Fedadi).

En su opinión, la escuela debería tener «una mayor capacidad» para poner en marcha proyectos propios y «seleccionar el personal». «Pero es muy complicado hacerlo, porque no tenemos responsabilidades. Un ejemplo: si, como director, decido que todos vamos a modernizarnos y formarnos en nuevas tecnologías y un profesor se niega, no puedo hacer absolutamente nada al respecto».

Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato de profesores Anpe, coincide en que «la autonomía es aún muy insuficiente». «Existe una actuación todavía muy intervencionista por parte de la Administración», señala. Y apunta que «uno de los pilares del pacto educativo pasa por la autonomía organizativa, pero también por la selección del profesorado o la movilidad de los docentes», cuestiones que durante décadas han estado arrinconadas en la agenda educativa.

«En algunos países, los directores tienen amplios poderes para desarrollar su misión, y son elegidos directamente por la Administración. Creo que éste era el espíritu de la Lomce», expresa Antonio Cabrales, profesor de Economía de la University College London. «Pero España tiene un problema brutal de falta de confianza en la Administración y los profesionales tienen miedo de que les coloquen comisarios políticos en el centro, y quizá con buen motivo».

¿Qué fórmulas podrían aplicarse en España para lograr más autonomía de forma responsable? «Yo creo que lo primero es recuperar un clima de diálogo entre el profesorado y las consejerías, y luego ir experimentando con distintos sistemas que conjuguen autonomía y rendición de cuentas. No va a ser fácil, pero es la única vía», responde Cabrales.

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