Autora: Rose Mary Hernández

       El envejecimiento es uno de los retos de vida más difícil a los que se enfrentan las personas en  cualquier contexto, en especial para quienes que son dependientes, con limitaciones de autocuidado  o que se encuentran en condiciones de pobreza y no tienen apoyo de familiares o cercanos, así como  tampoco gozan de garantías de sistemas de seguridad social o asistencia sanitaria.  

     Reflexionar en torno al edadismo desde las políticas de cuidados y pobreza en Venezuela, caso  puntual en personas de tercera edad, implica puntualizar lo siguiente: 

    La protección a de personas adultas es dada en un primer momento por el autocuidado que cada  quien puede brindarse cuando se encuentra en condiciones de buena salud física y emocional, en  otros casos, por un vínculo de afecto que miembros de la familia le otorga a progenitores que lo  ameritan o por el agradecimiento y la solidaridad de terceros, sin embargo, también es cierto que,  muchas veces, las personas ancianas se encuentran en un absoluto estado de abandono y soledad  y, que es responsabilidad del Estado la creación y aplicación de políticas públicas que tributen al  amparo y la provisión de los requerimientos básicos universales relativos a los cuidados y las  contingencias de vejez o de la dependencia. 

      Si bien es cierto que la política a favor de la adultez mayor desde la perspectiva legislativa está  contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 80, donde el  Estado en armonía con la familia garantiza el derecho y la protección del último período de la vida  al igual que en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la cual estipula el bienestar como  factor elemental para las y los ancianos, también es cierto que, a pesar de esta procuración en ordenamientos jurídico y programas sociales de beneficio a la longevidad, su cobertura no tiene el  impacto necesario que amerita. 

       En orden político vivimos en un descontrol desmedido. Las adversidades y la lucha por llegar al  poder o por mantenerse en el mismo ha desatado una crisis de gobernanza con una polarización  nacional extrema, sin logro de entendimiento, la intervención extrajera se suma desde los intereses  por el dominio geoeconómico nacional, el bloqueo, las sanciones, el robo exacerbado del erario  público, el desinterés por la inversión en las instituciones públicas, la mala voluntad de quienes  gobiernan, entre otros aspectos dañinos, se han conjugado para el deterioro progresivo de la calidad  de vida. 

     Un ejemplo está en el hecho de que, según el Programa Mundial de Alimentos de la Organización  de las Naciones Unidas en el año 2020, tiempo de pandemia “más de 9,3 millones de venezolanos  sufren de inseguridad alimentaria de moderada a grave, cifra que representa a un tercio de la  población”. Acercando la situación al tiempo presente, para el 2023 se devela un escenario mucho más caótico desde el estudio desarrollado por el economista Arthur Okun con base  en indicadores de inflación, pobreza y empleo, donde se posiciona a Venezuela como la  segunda economía «más miserable» del mundo. 

      El tema de la no correspondencia con preceptos de un gobierno socialistas, al menos desde los  últimos 9 años en los cuales las y los venezolanos hemos experimentado desde la mala gobernanza el quebrantamiento de derechos laborales a través de la aplicación de política regresiva en lo laboral entre lo que se menciona: la desaparición del seguro HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) el  desmejoramiento de tablas salariales, la rebaja de pago por prima por profesionalización o como  trabajadores de zonas rurales, el incremento del valor de los servicios básicos, el alto costo de la  canasta básica que para el mes de mayo del año en curso estuvo en 533,29$ dólares según el Centro  de Documentación y Análisis para las y los Trabajadores (CENDA), el salario mínimo anclado en 130  bs que al cambio no es superior a 5,45 dólares al mes, los sueldo de los profesionales en un tope de  50 dólares mensuales en la Administración Pública, la bonificación sin incidencia en sueldos y  salarios y la negativa a firmas de nuevas Convenciones Colectivas que beneficien a las y los  trabajadores, entre otros asuntos, contrasta con situaciones como Cuba, país con 60 años de  bloqueo y un salario mayor que el de Venezuela, o con Haití que a pesar de un PIB inferior a nuestro,  sus ciudadanos gozan de mejor paga, tal como quedó demostrado en el informe de Coyuntura OVE:  Inversión, salarios y condiciones de trabajo de los y las docentes en América Latina (2021) 

      Muy por el contrario, a diario se aprecia en las redes sociales o en las noticias del día, el buen  vivir y los lujos que exhiben altos funcionarios y políticos del partido de gobierno, mientras que al pueblo se le ha llevado a una vida encarecida y en pobreza, sin mayores posibilidades de estabilidad, por lo que tales políticas públicas contempladas y presumidas difícilmente se pueden considerar de  estímulo al bienestar común. 

       El salario deprimido que se goza conduce a una vejez atrapada en el drama y en las necesidades  no cubiertas, incrementando la sumisión y la inestabilidad. La ancianidad se declina en términos de  pérdidas y de carencias a subsanar, que a su vez se convierte en una enfermedad social. Una vez que  se produce el cese laboral por vejez o años de servicios cumplidos en la Administración Pública, los  pagos por prestación de servicios son ínfimos, recibidos a futuro y devaluados. 

      Muy a pesar del cese de actividades (jubilación) la cual ocurre a los 55 años para las mujeres y  60 para los hombres, es posible que las personas se consideren aun actas para prestar su  conocimiento en otras instituciones y poder devengar un poco mas de dinero, no obstante, cuando  les es contratada o dada la oportunidad de incorporarse en trabajos posteriores, debido a sus edades existe una mayor explotación y desprotección en la dimensión laboral , lo que les deja expuestos no  solo a la privación económica, sino también a otros derechos como la salud, posibilidad de pagar  vivienda, recreación, el ocio y descanso, entre otros. De hecho, los seguros médicos que pueden ser  pagados de forma privada no otorgan mayores beneficios de cobertura después de los 60 años. 

    Lo expuesto nos remite a reconocer a la cultura que caracteriza a los sistemas de gobierno  autoritarios, a un Estado patriarcal y a una sociedad machista que margina y maltrata en actos  incoherentes al bienestar social a sus ciudadanos (as), donde lastimosamente las mujeres se  encuentran en mayor detrimento. No sólo debe procurar el cuido de su carga familiar y las labores  domesticas de manera inequitativa, sino que, en la mayoría de los casos son la que menos atención  y más desprecios reciben al entrar a las edades prolongadas donde se les estigmatiza como sujetos  sin derechos. 

      En consecuencia, se hace necesaria impulsar voces y voluntades por la visibilización y atención  a esta problemática que exige el cumplimiento de la estructura de la seguridad social de la base  jurídico-normativo que rige al país, puesto que, no materializan la protección social conducente a  elevar los niveles de vida independiente de la población incluida la de tercera edad.  

   Son necesarias políticas progresivas el envejecimiento en retirada y el envejecimiento activo donde se mire a las y los jubilados como seres útiles. Esto implica además, la implantación de  acciones específicas, y es a partir de herramientas de evaluación que los gestores del gobierno conjuntamente con representación de este sector social deben procurar: consultas geriátricas,  instituciones medicalizadas, el sano ocio y la recreación, asignaciones económicas justas, para que  los cuerpos desgastados por la edad puedan alcanzar niveles de vida digna y el estímulo a la  autonomía personal de las personas dependientes. 

     Para eso es importante luchar contra el desconocimiento, el desinterés y menos precio que se  le brinda a ese sector de la población, lo que se conoce como edadismo. Es imprescindible  trascender la visión convencional de que la vejez es una etapa de lo obsoleto e inservible y considerar  a los cuidados como procesos que permiten y sustentan la autonomía de las personas el mayor  tiempo posible. 

    Nos encontramos ante la necesidad de políticas de inversión que posibilite la vivencia y el  establecimiento de la vejez activa, y sociedades que se transforman para adaptarse a poblaciones  de mayor ciclo vital atendiendo las necesidades y derechos de quienes permanecen trabajando por  más tiempo así como de quienes dejan dejan de estar activos en el mercado laboral. 

Referencias 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Extraoficial N.36.860. Caracas https://finanzasdigital.com/canasta-alimentaria-familiar-de-mayo-2023-se-situo-en-us-52329/

https://news.un.org/es/story/2020/02/1470101#:~:text=Un%20total%20de%209%2C3,estudio%2 0a%20invitaci%C3%B3n%20del%20Gobierno. 

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/venezuela-las-economias-mas-miserables 2023- 

n5326643#:~:text=%2D%20El%20%C3%8Dndice%20de%20la%20Miseria,en%202023%20con%201 64%20puntos. 

Informe de Coyuntura OVE: Inversión, salarios y condiciones de trabajo de los y las docentes en  América (pdf) https://otrasvoceseneducacion.org/archivos/381852 

Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (2008). Decreto N. 6266. Caracas