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España: Sindicatos docentes, divididos por la aprobación de la ‘Ley Celaá’ en el Congreso

Los sindicatos docentes se encuentran divididos ante la aprobación en el Pleno del Congreso del proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), conocida como ‘Ley Celaá’.

En declaraciones a Europa Press, la responsable de enseñanza de UGT, Maribel Loranca, considera una «noticia positiva» la aprobación de la LOMLOE este jueves por parte de la Cámara Baja. «Esta ley es un primer paso para introducir los cambios que necesita nuestro sistema educativo», ha afirmado.

En su opinión, la nueva norma educativa «revierte algunos de los efectos más perniciosos» de la LOMCE del Partido Popular, «como los itinerarios y la doble titulación», mientras que apuesta por «una escuela inclusiva y recupera la participación de la comunidad educativa en la gobernanza de los centros».

Además, Loranca ha puesto de relieve que incorpora la perspectiva de género, la apuesta por la digitalizacion y la educación para el desarrollo sostenible. «Contempla un compromiso de financiación, que a nuestro juicio, debería llegar al 7% del PIB en 2025», ha apostillado.

Sin embargo, ha lamentado que «deja fuera aspectos fundamentales como la bajada de ratios y la reducción de la carga lectiva de los docentes». «Emplazamos al gobierno a comenzar las negociaciones con los sindicatos para establecer las condiciones de la función docentes, así como los necesarios cambios que, en materia de currículo, metodología y evaluación deberán desarrollarse a partir de la ley», ha remachado.

El secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), Francisco García, ha indicado que la comunidad educativa había rechazado «frontalmente» la LOMCE y ha puesto de relieve que «había un amplio consenso en solicitar su derogación y su sustitución» por una nueva norma.

«Es una buena noticia que haya una nueva ley educativa que vaya a revertir los aspectos más regresivos de la LOMCE», ha indicado a Europa Press Francisco García, para después poner en valor que esta norma «vaya a fortalecer el sistema educativo público» que es el que «garantiza la universalización del derecho a la educación».  No obstante, ha indicado que aún hay «asignaturas pendientes», como la financiación del sistema, el debate sobre la profesión docente o la rebaja de las ratios, entre otras.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de FEUSO, Antonio Amate, ha hecho hincapié en que la ‘Ley Celaá’, «por desgracia, será tan sólo la octava ley educativa» de la democracia. «Estamos siendo testigos, una vez más, del naufragio de la política y su incapacidad para ayudarnos a organizar nuestra vida compartida en el sistema educativo», ha añadido.

Para Amate, la LOMCE pretendió imponer «su modelo con una fuerte contestación de sus detractores» y la LOMLOE «vuelve a caer en la misma piedra y busca imponer su modelo provocando también una fuerte resistencia». «Esto no es bueno para nadie. Es un gran perjuicio social», ha manifestado, para después añadir que es «necesario rectificar en la Ley Celaá los aspectos más agresivos contra la libertad de enseñanza y la pluralidad» del sistema educativo.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado que la Ley Celaá «arranque sin consenso y sin recursos (con un déficit de 26.600 docentes y de 7.000 millones en inversión educativa) para afrontar los graves problemas de la educación en España: fracaso escolar, paro juvenil, diferencias entre comunidades autónomas».

«Se trata de un parche más en el modelo educativo que además recrudece polémicas como la de las lenguas cooficiales. La norma rebajará, asimismo, el nivel de exigencia para aprobar en lugar de apostar por planes de refuerzo educativo, incremento de plantillas o la reducción de ratios de alumnos», ha criticado CSIF.

El sindicato independiente de enseñanza ANPE ha afirmado que «la ausencia de diálogo unido a la falta de negociación» hace que esta nueva ley «nazca bajo la premisa de que será una ley derogada o modificada cuando se produzca un cambio de gobierno como ha sucedido con otras leyes educativas».

 «Un proyecto apresurado, cuyo objetivo inicial era derogar la LOMCE y volver a los postulados de la LOE-LOMCE. Pero, tras la intervención de los grupos parlamentarios, que sustentan al gobierno, y la asunción de algunas enmiendas, han convertido aquella propuesta inicial en un texto todavía más ideologizado, mediante la incorporación de medidas muy polémicas y controvertidas que polarizan y fraccionan cada vez más las posiciones políticas, sociales y territoriales en el ámbito  educativo», ha recalcado.

Desde la Confederación de STEs-i consideran que la controversia política y las demandas de la enseñanza privada «en defensa de unos privilegios que no tienen parangón en Europa, no deben ocultar las deficiencias que no soluciona» la ‘ley Celaá’.

«Celebramos sin duda la eliminación de los aspectos más lesivos de la LOMCE», han manifestado, para después añadir que el Congreso ha aprobado una LOMLOE que «mejorada» en su trámite parlamentario, pero está «lejos aún de las necesidades educativas actuales».

Fuente: https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sindicatos-docentes-divididos-aprobacion-ley-celaa-congreso-20201119180753.html


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Coronavirus hoy: Nueva York vuelve a cerrar escuelas por avance del virus

Italia sumó 753 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, el peor dato desde el 3 de abril. España autorizó el inicio de la última fase del ensayo clínico de una vacuna del grupo estadounidense Johnson & Johnson.

 Vacunar a 20% de Latinoamérica costará más de 2.000 millones de dólares, advierte la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo este miércoles que vacunar a 20% de la población en Latinoamérica y el Caribe contra el nuevo coronavirus costará más de 2.000 millones de dólares.

Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), citó en rueda de prensa estimaciones del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas, también llamado COVAX, creado para garantizar que las inmunizaciones lleguen de forma equitativa a todos los países.

«Sabemos que distribuir una vacuna será desafiante y costoso. De hecho, las últimas proyecciones de la iniciativa COVAX para América Latina y el Caribe estiman que vacunar a 20% de la población costará más de 2.000 millones de dólares», dijo.

21:09 | Más de 400 nuevas muertes en Francia

Francia registró 427 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, hasta un total de 46.698 fallecidos, aunque la cifra de enfermos en cuidados intensivos descendió por segundo día consecutivo.

Las cifras oficiales divulgadas este miércoles (18.11.2020) muestran una ligera mejora de la pandemia en varios parámetros, aunque sí bajó apreciablemente el número de nuevos casos: 28.383 este miércoles frente a los 45.552 notificados el martes. El total de contagios asciende a 2.115.492.

20:40 | Nueva York vuelve a cerrar escuelas por avance del virus

El alcalde de Nueva York anunció este miércoles que las escuelas públicas de la ciudad, a las cuales asisten 1,1 millones de niños y jóvenes, volverán a cerrar sus puertas a partir de este jueves debido al repunte del coronavirus.

«La ciudad de Nueva York alcanzó el umbral de un promedio de 3% de tests positivos durante siete días. Desafortunadamente, esto significa que los edificios de las escuelas públicas estarán cerrados desde mañana jueves 19 de noviembre por precaución», dijo el alcalde Bill de Blasio en su cuenta de Twitter.

«Debemos luchar contra la segunda ola de COVID-19», añadió.

20:23 | Brasil inspeccionará en China dos fábricas de vacunas contra COVID-19

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, cinco inspectores de Anvisa -ya realizando cuarentena en China- visitarán la planta de Sinovac en Pekín, la cual desarrolla el insumo biológico que usará en la vacuna Coronavac, a fabricarse junto al Instituto Butantan de Sao Paulo, detalló la agencia brasileña de salud, Anvisa.

El mismo equipo inspeccionará del 7 al 12 de diciembre la planta de Wuxi Biological, a 130 km de Shanghái, donde se fabricará el vector viral que será importado a Brasil para la vacuna del laboratorio AstraZeneca y la universidad de Oxford, que transferirán tecnología al instituto Fiocruz.

«El objetivo principal de la inspección es verificar si una instalación productiva cumple los reglamentos» de Anvisa de «buenas prácticas de fabricación», dijo este miércoles Ronaldo Gomes, gerente de Anvisa para inspecciones y controles sanitarios.

19:52 | Más de 42.000 muertes en España

España notificó este miércoles 15.318 nuevos casos de coronavirus,  7.090 en las últimas 24 horas, mientras que los fallecimientos aumentaron en 351 respecto a los datos de ayer, con lo que se acumulan seis días de descensos, apuntó el Ministerio de Sanidad.

Con estos datos, el total de casos confirmados con pruebas diagnósticas se elevan a 1.525.341 desde el comienzo de la pandemia y los fallecidos ascienden a un total de 42.039.

España ha mostrado mejorías en los últimos días en lo que respecta al control de la segunda ola del virus en el paísEspaña ha mostrado mejorías en los últimos días en lo que respecta al control de la segunda ola del virus en el país

19:12 | Selección uruguaya de fútbol registra siete casos nuevos

La selección uruguaya registró siete casos nuevos en su delegación, que se suman a los cuatro registrados días antes, entre ellos su goleador Luis Suárez, informó este miércoles la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Los jugadores Alexis Rolín y Diego Rossi, además de cinco funcionarios, entre los que se cuenta el médico de la selección, Alberto Pan, dieron positivo en los hisopados realizados tras el partido del martes contra Brasil por las eliminatorias mundialistas sudamericanas.

18:09 | Más de 750 muertos en Italia en un día, el peor dato desde abril

Italia sumó 753 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, el peor dato desde el 3 de abril y algo superior al del martes, informó el Ministerio de Salud este miércoles.

De esta manera, se eleva a 47.217 el número total de muertos en el país desde febrero, cuando comenzó la emergencia a escala nacional.

Italia es el sexto país con más casos de coronavirus en el mundo, según la Universidad Johns HopkinsItalia es el sexto país con más casos de coronavirus en el mundo, según la Universidad Johns Hopkins

16:26 | España autoriza última fase de ensayo de vacuna de Johnson & Johnson

España autorizó este miércoles el inicio de la última fase del ensayo clínico de una vacuna en dos dosis contra COVID-19 del grupo estadounidense Johnson & Johnson, que también se llevará a cabo en otros ocho países.

La fase 3 del ensayo, la última antes de la homologación por las autoridades de salud, se desarrollará en nueve hospitales españoles y se aplicará a voluntarios, tanto en personas con patologías previas de riesgo como en personas sanas, señaló la agencia española del medicamento.

Se reclutarán hasta 30.000 voluntarios para esta fase en España, Reino Unido, Bélgica, Colombia, Francia, Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos y Filipinas.

16:06 | Portugal registra máximo de hospitalizados

Portugal sumó en el último día 5.891 contagiados, mientras que el número de hospitalizados alcanzó las 3.051 personas (23 más que ayer), un máximo de la pandemia.

Durante el último día, fallecieron 79 personas, por lo que el número de muertos desde que comenzó la pandemia es de 3.632.

Desde marzo ya se han contagiado 236.015 personas en Portugal.

15:59 | Pandemia retrocede en zonas de Chile

Chile registró este miércoles 945 nuevos casos y 14 fallecidos por COVID-19, lo que eleva el balance total desde inicios de marzo a 534.558 contagios y 14.897 muertos y mantiene al país como uno de los 20 más afectados del mundo.

La pandemia del coronavirus sigue retrocediendo en la zona central de Chile, especialmente en la capital, donde se ha retomado cierta normalidad, aunque aún preocupan algunas zonas del norte y sur, que permanecen con restricciones de movimiento.

A partir del próximo lunes y tras ocho meses sin recibir turistas, Chile permitirá la entrada de extranjeros de cualquier nacionalidad, una medida muy esperada por el afectado sector turístico y hotelero, que ha registrado pérdidas económicas millonarias.

El virus sigue retrocediendo en la zona central de Chile, especialmente en la capital, donde se ha retomado cierta normalidad, aunque aún preocupan algunas zonas del norte y surEl virus sigue retrocediendo en la zona central de Chile, especialmente en la capital, donde se ha retomado cierta normalidad, aunque aún preocupan algunas zonas del norte y sur

15:25 | Suecia registra 96 muertos por COVID-19, la mayor cifra diaria desde junio

Suecia registró 96 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, la mayor cifra de fallecimientos diarios en más de tres meses, según los datos publicados este miércoles por la Agencia de Salud Pública sueca.

La cifra total de muertes asciende a 6.321, mientras que el número de contagiados se ubica en 196.446, tras aumentar en 4.007 el último día.

15:20 | Francia contempla una salida progresiva del confinamiento antes de navidad

Frente a una ligera mejora en el frente epidemiológico, el gobierno francés se reúne este miércoles para preparar la salida del segundo confinamiento de aquí a navidad, pero advirtió que la relajación de las medidas será progresiva.

El presidente Emmanuel Macron convocó para este miércoles un nuevo Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional (CDSN) en el que se discutirá la mejor manera de flexibilizar el confinamiento, sin reactivar la circulación del virus.

Fuente: https://www.dw.com/es/coronavirus-hoy-nueva-york-vuelve-a-cerrar-escuelas-por-avance-del-virus/a-55652181

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Medidas científicas, medidas ideológicas

Los domingos participo en el programa La galería de EITB. Como solo me dio para 10 minutos (que podéis escuchar aquí) y tenía muchas notas, he escrito este texto-guión.

Una amiga me contaba que un sábado, a las 9 de la mañana, iba por el casco viejo bilbaíno de camino al trabajo, una peluquería, esteticista, a echar 10 horas de trabajo, y le gusta fumarse “un piti” antes de entrar. Mientras maldecía en silencio el madrugón de fin de semana, un coche patrulla se le cruza, baja la ventanilla, y el agente le dice que se suba la mascarilla, ella se niega, que está fumando, que está sola en la calle. 70 € de multa. Aún está esperando que esa misma policía se pase por su centro de trabajo, por el de millones de trabajadores, para garantizar que se cumplan los horarios, las distancias, la ventilación, los EPI…

¿qué evidencia hay detrás de las medidas coercitivas que se están tomando?

Tenemos dos tipos de evidencia, la que nos da la física y la biología, que muestra que el virus, respiratorio, se transmite por las partículas que se producen al hablar, estornudar o toser. El virus, para ser infectivo, necesita de humedad, así que, la eficiencia, la capacidad de infección es, por este orden, por gotas, aerosoles y superficies (fomites). Para que la infección se produzca por gotas se tiene que estar a menos de dos metros. Los aerosoles por su tamaño, flotan y se mantienen más tiempo y distancia. Y las superficies parece que no están siendo relevantes para la transmisión del SARS-Cov2 más allá de ámbitos donde la carga viral es altísima como pueden ser habitaciones UCI.

Y después tenemos la evidencia de las ciencias sociales, donde podríamos incluir la epidemiología al uso. Estas nos hablan de quiénes tienen más probabilidades de contagiarse y morir. Éstas nos demuestran que estamos ante una pandemia de la desigualdad.

En la revista española de salud pública se ha publicado un estudio sobre los determinantes sociales en la incidencia de la COVID-19 en Barcelona. Algunas conclusiones que extrae son: “Los barrios del quintil de menor renta presentaban un 42% más de incidencia que aquellos del quintil con más renta.” Esta correlación es debida a la desigualdad en salud, más enfermedades crónicas (obesidad, diabetes, sedentarismo, tabaquismo, etc.) y menos recursos sanitarios en general.

Hay otro dato que no lo explica del todo bien la biología o la física de aerosoles: alrededor del 70% de las muertes se produjeron en las residencias geriátricas. Sí, allí se concentran (nunca mejor dicho), aquellas personas con más riesgo de fallecer, pero la distribución no es homogénea entre toda la población de esas edades, o sea, estar en una residencia, además de por la edad, es un factor de riesgo importante.

La comunicación de ambas evidencias y la cuestión del riesgo es también crucial. Como con la metáfora del árbol que hace ruido en un bosque sin gente, la evidencia científica no es tal sino se hace realidad en la sociedad y los agentes decisorios. Así, la comunicación basada en una guerra contra el virus, en que hay que doblegar la curva, y en la responsabilidad social, está escondiendo y tergiversando la evidencia, al menos parte de ella. Poniendo el énfasis en parar todos los contagios, se pierde de vista que no todos los contagiados tienen la misma probabilidad de contagiar, contagiarse, enfermar y de morir, y que por tanto, a lo mejor habría que hacer un esfuerzo mayor en reducir los contagios en aquellos sectores de la población más vulnerables, y que no solo hay que hacerlo disminuyendo el riesgo de contagio total, sino el riesgo de enfermar, y como este último tiene que ver con la inequidad, lo que habría que atacar es esta.

Así que la comunicación de la(s) evidencias está sirviendo para que una, la biologicista, sea la hegemónica, mientras que la proveniente de las ciencias sociales y que va más allá del virus, prácticamente desaparezca.

La comunicación es tan importante que a su vez es fuente de evidencia nueva, aunque sesgada. Es el caso de las encuestas de lugares de contagio. En esta entrevista, Javier Segura decía que el Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias (CAES) hace una encuesta de casos sin tener en cuenta variables sociales (ocupación laboral, clase social, etc) que daría mucha información de qué profesiones tienen más riesgo de enfermar. En otros países sí se hace. Nos hablan de % de ámbitos de contagio, pero en Madrid en el 75 % de los casos esta variable no se ha recogido. Aún así, medios y políticos han puesto el foco en el ocio, cuando el ámbito social es el 30%, el resto es el laboral y el educativo. Individual vs colectivo. “Esta pandemia es una pandemia de la desigualdad, un vector muy importante de contagio y uno de los factores es la precariedad laboral”

No quieren poner el énfasis en los riesgos. Estos se entrecruzan, son complejos, pero le quitan efectismo al marketing del solucionismo tecnológico. Los vendedores de mascarillas FPP2 ahora dicen que las quirúrgicas no valen, pero ninguno dice que cualquier prevención tecnológica lo que puede hacer es reducir el riesgo, y esta reducción es cada vez más difícil cuanto más cerca de cero está el riesgo. Hay cuatro factores que afectan al riesgo de infección que interaccionan: la situación del hospedador, los factores socioeconómicos, el patrón de contacto y lo ambiental.

El énfasis se pone en las medidas biofísicas: ventilación de lugares cerrados, mascarilla y aire libre; potenciales vacunas y fármacos, ¡hospitales! Ignorando la incertidumbre, culpabilizando a los individuos. Pero luego se ignoran esas mismas evidencias cuando tocan el corazón del sistema, el trabajo y la explotación. Ahí, mascarillas, distancia o ventilación no son relevantes, ahí no hace falta distanciamiento social.

Como todo el mundo está siendo bombardeado por el origen social de los contagios, cuando al dar positivo se le pregunta dónde cree que se ha contagiado, se tiende a responder “el bar” donde se tomó el café, en vez del metro o el trabajo, porque no forman parte del imaginario de posibles, o en menor medida. Por supuesto, esto último tiene que ver con la poca calidad de los datos epidemiológicos que tenemos. Un elemento fundamental de los recortes en Salud pública de la última década.

La hegemonía de la evidencia biologicista lleva a poner el énfasis en el individuo, en el mito de la responsabilidad personal, y no en las medidas estructurales para reducir el riesgo de enfermar y morir. Y esto, y el sesgo ideológico de técnicos y políticos, afecta a qué medidas se toman y cuáles no.

Un ejemplo es este reportaje de El País: “Un salón, un bar y una clase: así contagia el coronavirus en el aire. … estas son las probabilidades de infección en estos tres escenarios cotidianos dependiendo de la ventilación”. En este reportaje se centran en las evidencias biofísicas, sin embargo, ¿tienen en cuenta otras? A golpe de google encuentro dos que interesan: según la EPA, en el Estado español hay 19 millones de personas trabajando, y según la OIT, el 27% de las personas trabajadoras en el Estado español trabaja sin contrato, sin que se cumplan sus derechos. Por lo que es fácil deducir que buena parte de los trabajadores pasarán más de 40 horas semanales en su puesto de trabajo, e igualmente, es fácil deducir que en muchísimas ocasiones no se cumplen las normas de seguridad. Por tanto, no deja de sorprender que los escenarios cotidianos para esos autores sean todos menos donde pasamos más de un tercio de nuestra vida.

Cuesta mucho creer que el trabajo no sea “un escenario cotidiano” de transmisión cuando hasta el 7 de noviembre no era ni siquiera obligatoria la mascarilla. Si a esto sumamos el tiempo en el puesto de trabajo, los niveles de precariedad, la temporalidad, falta de prevención de riesgos laborales e inspecciones de trabajo, condiciones del transporte público, etc; nos hace pensar que el titular de esa infografía huele a propaganda.

El ejemplo probablemente más flagrante es el de las residencias. Como decía, suponen hasta el 70 % de los muertos en algunas comunidades. En País Vasco, un 40 %, y eso porque a pesar de tener una norma nueva, en las residencias vascas se sigue utilizando el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad. Una norma de hace 22 años. Así, cuando el gobierno vasco confina los municipios, pero no pone los recursos para que se cumpla la nueva ley, y así reducir el riesgo de personas vulnerables, está claramente priorizando en base a prejuicios ideológicos, porque para reducir el riesgo de esas personas tendría que ir contra su espíritu privatizador (liberal).

Medidas tecnológicas y medidas sociales.

Algunos sectores ecologistas plantean que existe una forma de negacionismo de la crisis ambiental por parte de aquellos defensores del Green New Deal al ignorar (más o menos conscientemente) la imposibilidad del planeta Tierra de suplir de recursos materiales y energéticos para sus sueños de “crecimiento sostenible”.

De la misma forma, aquellos que han ignorado ciertas evidencias con respecto a la pandemia son negacionistas. Primero se ignoró que esto iba a pasar, que el aumento de las zoonosis por la destrucción de ecosistemas nos iba a llevar a sufrir una gran pandemia. Después, pasó y aceptamos con responsabilidad un estado de alarma y un largo confinamiento, sabiendo que muchas de las medidas eran no solo injustas sino contraproducentes al causar yatrogenia (como la de no dejar salir a los niños). Y las consecuencias que iban a tener sobre la salud. Exceso de mortalidad de 60.000. Más tarde nos dijeron que en la nueva normalidad se revertirían los años de recortes en salud pública y atención primaria. Y no se ha hecho, se han cruzado los dedos todo el verano. Llega la segunda ola en las mismas condiciones: sin atender ni siquiera tibiamente los principales elementos que aumentan el riesgo de contagio que son la densidad poblacional, sin rastreadores suficientes, sin la atención primaria reforzada, sin recursos ni medidas para las cuarentenas. Y se toman medidas ideológicas, sensacionalistas, no basadas en la evidencia.

Según Javier Segura, el toque de queda es un elemento de distracción, medidas aparentemente muy contundentes pero que no lo son en realidad. Dejan fuera las que realmente hay que tomar: refuerzo de atención primaria y salud laboral; y apoyo social y laboral.

Como dice Juan Diego Areta Higuera, “Deberíamos estar aplicando eficazmente medidas que sabemos que han funcionado: rastreo desde Salud Pública, refuerzo de Atención Primaria (que incluye la domiciliaria) y del sistema educativo, fomento de actividades al aire libre… Si eso no puede hacerse porque nuestro Estado no tiene capacidad para hacerlo, tal vez sería mejor hacerlo público y se hará lo que se pueda.”

Decía también: “Sin informar a la población adecuadamente, sin reconocer los errores cometidos, las incertidumbres en el conocimiento existente sobre COVID19 ni las limitaciones que tiene nuestro Estado, no podemos responsabilizar a la población, pues sólo le estamos dejando dos alternativas probablemente erróneas: o someterse ciegamente a medidas tomadas por razones no explicadas o rebelarse contra ellas”.

Los medios con el biologicismo hegemónico están creando una bomba de tiempo.

Si científicos y medios nos hubieran dicho a diario durante meses que da “igual” (entre muchas comillas) cuántos positivos haya siempre que nuestras poblaciones vulnerables estuvieran totalmente protegidas, entonces se entendería aún menos el que se confinara a los niños y niñas y se cerraran los parques. “Nos prohíben tomarnos un café a media mañana pero no pasar 10 horas quitando cejas a varios centímetros de distancia”.

Es cierto que las movilizaciones negacionistas están controladas por la extrema derecha, pero el caldo de cultivo de este descontento, desconfianza, caos informativo, etc. no es de su cosecha, sino de medios y biologicistas.

Referencias:

Más sobre residencias:

María Luisa Torijano Casalengua, Javier Sánchez Holgado, Cecilia Calvo Pita y María Pilar Astier Peña https://sano-y-salvo.blogspot.com/2020/05/la-terrible-pandemia-sobre-nuestros.html

Javier Segura https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/javier-segura-epidemiologo-no-tenemos-evidencia-toque-queda-sea-medida-adecuada-disminuir-contagios

Joan Benach https://ctxt.es/es/20201001/Politica/33862/#.X56MTELay4M.twitter

Manuel Franco, https://www.eldiario.es/sociedad/manuel-franco-barrios-cinco-veces-contagios-deberian-cinco-veces-servicios-primaria-salud-publica-rastreadores_128_6247423.html#click=https://t.co/hiCWN0YQRT

Javier Padilla y Pedro Gullón, Epidemiocracia,  https://capitanswing.com/libros/epidemiocracia/

Fuente: https://rebelion.org/medidas-cientificas-medidas-ideologicas/

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España: Cambiar de sexo sin informe y hormonar a menores: seis puntos polémicos de la Ley ‘trans’

Aún está en periodo de información pública, pero la nueva norma que prepara el Ministerio de Igualdad ya ha dividido al movimiento feminista que denuncia que borra a las mujeres.

El Ministerio de Igualdad acaba de abrir para consulta pública su proyecto de «Ley para la igualdad plena y efectiva de personas trans» que pretende modificar algunos aspectos de la Ley de 2007, aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que, en opinión de Irene Montero, sigue considerando la transexualidad como una enfermedad.

El avance sustancial de esta norma de hace 13 años fue «permitir la rectificación registral del sexo sin necesidad de tratamientos quirúrgicos de cirugías genitales». Ella quiere ir aún más allá y habla de sentimientos.

Sin embargo, este proyecto ha abierto una crisis en el movimiento feminista que acusa a esta nueva normativa de «borrar a las mujeres» y de no garantizar los derechos de las personas transexuales.

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Hasta ahora sólo se conocen pinceladas oficiales de las pretensiones del Ministerio de Igualdad, pero los grupos feministas se basan en la propuesta que hizo Unidas Podemos en el año 2017 al presentar en el Congreso una proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, cuando ni siquiera estaban en el Gobierno, para adelantar los puntos que se van a incluir seguro en este proyecto.

1. Cambio del DNI

Hasta ahora, para hacer la rectificación del sexo en los papeles oficiales y en el registro, se exigía aportar o acreditar disforia de género mediante un informe médico o psicológico clínico, así como someterse a un tratamiento médico durante al menos dos años para acomodar las características físicas a las del sexo reclamado. Estos serían los requisitos mínimos que se venían exigiendo y que ahora quiere eliminar Montero.

Según el Ministerio de Igualdad, es hora de superar «la despatologización de las identidades trans» y dejar de tratar a estas personas «como enfermas». Por eso, propone eliminar la obligatoriedad de los tratamientos médicos o diagnósticos de salud mental como requisitos legales necesarios para el cambio de los papeles oficiales.

Sin embargo, los grupos feministas hablan de las consecuencias que puede tener esta especie de ‘barra libre’ para los cambios de sexo pues cualquier persona puede «valerse de este resquicio legal para conculcar las leyes y derechos de las mujeres». El problema es que, si no se ponen requisitos, cualquier persona podría dejar de ser un hombre o una mujer en el DNI simplemente asegurando que es así como se siente, lo que no garantiza ni la seguridad física ni jurídica de las mujeres ni de las personas transexuales.

2. Menores

Dos temas de la ley que prepara el Ministerio afectarán directamente a los y las menores transexuales: los tratamientos hormonales y operaciones quirúrgicas y el cambio en el DNI sin cumplir ni siquiera los 18 años y sin permiso de los padres.

El proyecto que presentó Unidas Podemos en 2017 ya hablaba de que «desde los 16 años de edad», los menores «podrán prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado». Es decir, siguen el mismo criterio que les ha llevado a proponer el aborto sin informar a los padres en las menores a partir de 16 años, la autonomía del paciente a nivel médico.

Si este punto se mantiene, se estaría permitiendo a jóvenes a partir de 16 años tomar hormonas para lograr un cambio de sexo sin necesidad de tener el permiso de los padres.

Los grupos feministas aseguran que «la disforia, o incongruencia de género, se presenta en mayor número en niñas y adolescentes» y que «con el paso de la adolescencia desaparece en el 80-85% de los casos», basándose en criterios médicos. «Por eso la ciencia recomienda no intervenir con ninguna técnica ni medida invasiva», aseguran.

De hecho, denuncian que «en nombre de la ‘identidad de género’ se están aplicando bloqueadores hormonales para frenar la aparición de caracteres sexuales secundarios y operaciones quirúrgicas irreversibles que derivan en diferentes secuelas permanentes, incluida la esterilidad» y se oponen a eliminar el permiso de los padres en este tipo de tratamientos.

En el caso del cambio de sexo en el DNI, Igualdad sí que ha adelantado ya que la futura ley permitirá a menores de 18 años modificar su identidad en los papeles oficiales por ellos mismos, siguiendo una doctrina de Tribunal Constitucional. Lo que no ha explicado es desde cuándo se permitirá estos cambios: si con 14 años o a partir de los 16.

Hasta ahora, la norma no permitía a los menores de edad solicitar la rectificación de la mención registral del sexo pero en una sentencia del Constitucional, de 18 de julio de 2019, se declaró este punto inconstitucional en el caso de personas menores de edad con «suficiente madurez» y que se encuentren en una «situación estable de transexualidad».

3. Espacios unisex

En la ley presentada en 2017, se hablaba de tomar «las medidas necesarias para que los espacios identificados en función del sexo en centros de menores, pisos tutelados, centros de atención a la discapacidad, residencias de la tercera edad puedan utilizarse por las personas transexuales, transgénero e intersexuales en atención al género sentido«.

Las feministas denuncian sin embargo que, con esta medida, «los espacios segregados por sexo que, hasta ahora, eran espacios seguros para las mujeres, como los vestuarios, baños escolares, refugios para mujeres, módulos de prisiones… dejarían de serlo«. Además, insisten en que, cualquier hombre inscrito en el Registro Civil como mujer podría acceder a ellos sin problemas sólo con su «declaración de voluntad».

La Alianza contra el Borrado de Mujeres advierte en una carta donde recogen firmas para que Montero atienda sus demandas, que «la ‘autodeterminación del sexo’ abre las puertas a un fraude de ley que compromete la seguridad de las mujeres» e insisten en que «la amenaza a la seguridad, integridad física y libertad sexual de las mujeres en estos espacios que pasarían a ser compartidos con varones es clara».

4. Educación

Todavía no se sabe concretamente el plan educativo que incluirá la nueva Ley ‘trans’. El Ministerio advierte de que su objetivo es «contemplar medidas específicas, en los sectores público y privado, destinadas a garantizar la plena igualdad de las personas trans en los ámbitos sanitario, educativo, laboral, penitenciario o deportivo, entre otros«.

Varios grupos feministas aclaran que, siguiendo lo que han hecho ocho comunidades autónomas ya, que también son citadas por Igualdad como modelos en su aprobación de leyes de «identidad de género» o «autodeterminación del sexo», «se acaban imponiendo por mandato legal Protocolos Educativos basados en la «identidad de género en el cerebro» o «sexo asignado».

Para la Alianza contra el Borrado de las Mujeres este concepto elimina la lucha de la mujer por esta igualdad que se basa en esa distinción. «Nacemos machos o hembras de la especie humana. Educar desde estos conceptos acientíficos impide a las criaturas superar los roles y estereotipos asociados a mujeres y hombres que limitan el libre desarrollo de su personalidad«.

«Las falsas creencias basadas en convertir al género en identidad promueven los más rancios postulados sexistas contra los que ha luchado la coeducación y suponen un maltrato a la infancia. Se condena a las criaturas a ajustarse a los roles sexistas tradicionales al explicarles, por ejemplo, que si un niño juega con cocinitas y practica ballet es que tiene una identidad de género femenina y, por tanto, debe ser una niña», denuncian.

5. Deporte

En la exposición para la consulta pública, el Ministerio de Igualdad ya asegura que el ámbito deportivo es uno en los que quiere «establecer principios de actuación» aunque no ha oficializado todavía cuáles serían esos criterios. Los colectivos feministas ya advierten de que con esta nueva normativa se puede alterar el principio de igualdad de las mujeres en estas prácticas y borrar su lucha.

«Esta ley supone el borrado de las categorías deportivas femeninas. La aceptación de hombres autoidentificados como mujeres en estas categorías deportivas impide a las mujeres competir en igualdad de condiciones y vulnera el principio de igualdad material recogido en nuestra Constitución», insisten en la carta que han enviado a Montero.

Además, van más allá y aseguran que se estaría «comprometiendo el derecho a la integridad física de las mujeres al incrementar el riesgo de padecer lesiones graves al tener que competir o entrenar con varones autoidentificados como mujeres, es decir, con personas más fuertes y corpulentas».

6. Lenguaje queer

Los colectivos del movimiento feminista clásico vienen denunciando que toda la política que está realizando el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero a la cabeza, está dirigida por los principios de la teoría queer, paradójicamente sin tener en cuenta la lucha que llevaban haciendo las mujeres por la igualdad desde hace décadas.

«La neolengua queer propone y difunde términos que normalicen la negación del sexo como categoría biológica y, con ello, la realidad, necesidades, discriminación y derechos de más de 3.700 millones de mujeres en el mundo, más de 24 millones en este país. Sustituyen la palabra mujer por el concepto subjetivo de ‘identidad de género’«, denuncian en el escrito.

De hecho, según aseguran estos grupos feministas que denuncian el borrado de las mujeres, ahora «pasamos a ser personas menstruantes, hembras humanas, personas embarazadas, personas con útero ó cérvix. El término ‘mujeres cis’ se pretende imponer para legitimar a los varones que se autodeterminan mujeres» y lo peor es que «la neolengua queer se ha infiltrado en las declaraciones políticas, las leyes, los medios de comunicación y en ámbitos como la enseñanza, la sanidad, el deporte o el sindical».

Recuerdan algunas campañas de empresas de compresas y tampones que usan ahora «la neolengua queer en la búsqueda de nuevos clientes, incluso en productos genuinamente femeninos», cuando hablan de personas que menstrúan en vez de mujeres.

El peligro de esta especie de tendencia es, según este colectivo, que «la aceptación y utilización de esta neolengua dificulta y debilita la defensa de los derechos de las mujeres, abre la puerta a la legalización de la explotación reproductiva y a la desprotección de las mujeres ante la explotación sexual y reproductiva en todas sus formas».

Objetivos radicalmente contrarios a la defensa que tendría que caracterizar a un Ministerio de Igualdad, en cualquiera de los casos.

Fuente: https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20201107/cambiar-sin-informe-hormonar-menores-polemicos-ley/533947370_0.html

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Ucrania: Epidemia de violencia contra las mujeres en la región oriental asolada por el conflicto

Las sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar no pueden buscar protección frente a la violencia que sufren debido a la ineficacia de la respuesta del gobierno, ha declarado hoy Amnistía Internacional en la publicación de un informe sobre el problema oculto pero creciente de la violencia de género intrafamiliar y la violencia sexual contra las mujeres de la región.

Basándose en seis misiones sobre el terreno realizadas por Amnistía Internacional, Not a private matter pone de relieve múltiples deficiencias de un sistema concebido para proteger a sobrevivientes, concretamente mujeres, de la violencia de género intrafamiliar y de la violencia sexual. La situación se ve agravada debido a una devastadora crisis social y económica, el acceso a las armas y el trauma creado por el conflicto armado en curso entre el gobierno de Ucrania y las organizaciones separatistas respaldadas por Rusia.

“Es muy grave que las mujeres, cuyas vidas ya están muy afectadas por el trauma y la destrucción causados por el conflicto, se encuentren sin poder recurrir a ninguna ayuda y abandonadas por las autoridades, que tienen la responsabilidad de protegerlas de la violencia de género intrafamiliar y la violencia sexual”, dijo Oksana Pokalchuk, directora de Amnistía Internacional Ucrania.

“Las mujeres que viven en la región oriental de Ucrania, asolada por el conflicto, no se sienten a salvo ni en público ni en el hogar.”

“Las mujeres que viven en la región oriental de Ucrania, asolada por el conflicto, no se sienten a salvo ni en público ni en el hogar.
Oksana Pokalchuk, directora de Amnistía Internacional Ucrania

Amnistía Internacional accedió a los territorios de las regiones de Donetsk y Luhansk, controlados por el gobierno, entre enero y noviembre de 2019. La organización no tuvo acceso, en cambio, a las zonas controladas por los separatistas, que no entran en el ámbito del informe.

Las estadísticas oficiales sobre violencia de género en el ámbito familiar, pese a que son poco fiables y están incompletas, muestran un aumento de casos registrados en los últimos tres años. En 2018, hubo un aumento del 76% de los casos denunciados en la región de Donetsk y un 158% en la región de Luhansk en comparación con la media de los tres años anteriores.

Las iniciativas del gobierno no abordan efectivamente la violencia de género intrafamiliar

En los últimos tres años, Ucrania ha adoptado nuevas leyes y marcos institucionales en relación con la violencia de género, que en general están en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos. Estos incluyen la histórica Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia de Género Intrafamiliar de 2018, la introducción de las órdenes de protección de emergencia y de albergues, y la creación de unidades especiales de la policía adiestradas para abordar situaciones de violencia de género interfamiliar.

Aun así, las nuevas leyes e iniciativas tienen a menudo una implementación deficiente, mientras el país sigue estando lejos de ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer (Convenio de Estambul).

La Policía continúa mostrándose reacia a registrar las quejas de sobrevivientes de la violencia de género intrafamiliar, y la impunidad generalizada disuade a muchas víctimas de denunciar.

La Policía continúa mostrándose reacia a registrar las quejas de sobrevivientes de la violencia de género intrafamiliar, y la impunidad generalizada disuade a muchas víctimas de denunciar.

En 10 de cada 27 casos de violencia de género intrafamiliar documentados en el informe, las mujeres no denunciaron a la policía la violencia que habían sufrido porque creían que las autoridades no iban a responder adecuadamente, en el caso de que respondieran.

En un caso, un soldado de servicio propinó una paliza a su esposa embarazada, que no presentó una queja formal porque pensó que no valía la pena, pues el mando militar ya la había presionado para que retirase una queja anterior (cuando su esposo le rompió la nariz), para “no avergonzar a su esposo”.

Sobrevivientes desprotegidas y en peligro

La nueva legislación ucraniana confiere a la policía la facultad de emitir lo que se conoce como órdenes de protección de emergencia, que prohíben a presuntos perpetradores entrar y permanecer en el lugar de residencia de una sobreviviente, así como contactar con ésta durante 10 días. En los casos que documentó Amnistía, rara vez se emplean estas facultades y, cuando lo son, no se hacen cumplir efectivamente.

Pese a los cambios positivos en la legislación nacional, sigue habiendo lagunas en la protección. En Ucrania, la violencia de género intrafamiliar está prevista tanto en la legislación administrativa como en la penal. En la actualidad, no cabe iniciar actuaciones penales salvo que el perpetrador haya acumulado dos penas administrativas por violencia de género intrafamiliar.

Además, los miembros de las fuerzas armadas y la policía están exentos de actuaciones administrativas ante los tribunales de jurisdicción ordinaria, lo que en la práctica sirve para protegerlos del enjuiciamiento penal por violencia de género intrafamiliar.

Además, los miembros de las fuerzas armadas y la policía están exentos de actuaciones administrativas ante los tribunales de jurisdicción ordinaria, lo que en la práctica sirve para protegerlos del enjuiciamiento penal por violencia de género intrafamiliar.

Oksana Mamchenko sufrió violencia física, psicológica y económica de su exmarido, padre de sus 12 hijos e hijas, durante 20 años. Tras marcharse de casa con los niños, el tribunal dictó órdenes de protección temporales en tres ocasiones, prohibiendo a su esposo estar en la misma casa que Oksana y sus hijos y estar cerca de ellos.

Entre enero de 2019 y enero de 2020, Oksana obtuvo tres órdenes de alejamiento y una orden de protección de emergencia contra su exesposo y presentó múltiples quejas ante la policía. Su exesposo ignoró todas las órdenes y las autoridades no las hicieron cumplir adecuadamente. En mayo de 2020 se le impuso un año de condena condicional por no cumplir la orden de alejamiento, pero no se le castigó por violencia de género intrafamiliar.

Violencia sexual

La investigación de Amnistía Internacional indica que las mujeres de la región oriental de Ucrania siguen sufriendo diversos actos de violencia sexual a manos de personal militar, sobre todo en zonas próximas a la línea de contacto.

Amnistía Internacional ha documentado ocho casos de violencia sexual contra mujeres y niñas civiles perpetrada por miembros de las fuerzas armadas: dos casos de violación, uno de intento de violación y cinco de acoso sexual, cometidos por personal militar en 2017-2018 en zonas residenciales.

“Las autoridades ucranianas deben llevar a cabo reformas legales rápidas y amplias que protejan a las sobrevivientes de la violencia de género y de la violencia de género intrafamiliar. Estas reformas sólo podrán tener éxito si se basan en consultas reales con sobrevivientes y organizaciones de mujeres”, concluyó Oksana Pokalchuk.

Las autoridades ucranianas deben llevar a cabo reformas legales rápidas y amplias que protejan a las sobrevivientes de la violencia de género y de la violencia de género intrafamiliar.
Oksana Pokalchuk, directora de Amnistía Internacional Ucrania

“El gobierno ucraniano ha demostrado en los últimos años que está dispuesto a abordar el problema de la violencia contra las mujeres. Este es el momento de redoblar sus esfuerzos. Ucrania debe ratificar el Convenio de Estambul, pues proporcionará a las autoridades una guía clara para la reforma, que incluye seguir mejorando la legislación, instituir programas de educación para funcionarios y el público en general, un mecanismo de denuncia oficial y otros cambios importantes”.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/11/ukraine-epidemic-of-violence-against-women-in-conflicttorn-east/

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El huracán Eta siembra la semilla de futuras crisis migratorias en América Central

Los equipos de la Organización Internacional para las Migraciones en Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice se han desplazado a las zonas más afectadas por el paso del huracán Eta en Centroamérica el pasado 3 de noviembre y están distribuyendo entre los afectados miles de kits de emergencia que incluyen utensilios de cocina, colchones, sábanas y productos de higiene.

En Honduras, donde el huracán alcanzó la categoría 4 y afectó a 1,8 millones de personas, la Organización entregó más de 39,000 artículos de protección personal, así como kits de higiene, mantas, ropa y bolsas de agua.

Por su parte, en Nicaragua, la Organización, junto a las ONG locales y organizaciones de la sociedad civil presentes en las áreas afectadas, entregará de kits de alimentos y artículos de higiene, mientras que México repartirá ayuda humanitaria en siete albergues del sur del país. En paralelo, evalúa en qué medida se han visto afectados los albergues en Chiapas.

Asimismo, empezó el despliegue de los equipos de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos que se encarga de recopilar información sobre los desplazamientos de población provocados por el huracán. Su tarea servirá para facilitar la toma de decisiones que durante las próximas semanas ayuden a salvar vidas y en la recuperación de las zonas afectadas.

Según la información que maneja Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, al menos 358.000 personas están alojadas temporalmente en escuelas y otros edificios en los tres países del norte de Centroamérica.

Hay que prevenir una futura crisis migratoria
El jefe de la Misión de la Organización para Honduras, El Salvador y Guatemala, Jorge Peraza, destacó que las necesidades más inmediatas “son la alimentación, protección y albergue de las personas afectadas, así como otros artículos básicos que ayudan a garantizar su dignidad”.

La directora regional de esa Organización para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe mostró su preocupación por la destrucción de cultivos y el impacto en las economías locales en algunas partes de Nicaragua, Honduras y Guatemala.

Michele Klein-Solomon destacó que los desperfectos pueden “agravar las condiciones de inestabilidad económica e inseguridad alimentaria que han obligado a miles de centroamericanos a migrar en busca de mejores condiciones de vida”.

Al mismo tiempo, recordó que “lo que ha dejado el huracán Eta no es solo una enorme calamidad humanitaria que requiere atención inmediata, sino también la semilla de futuras crisis migratorias que debemos tratar de prevenir”, explicó Klein-Solomon.

Fuente: https://www.finanzasdigital.com/2020/11/el-huracan-eta-siembra-la-semilla-de-futuras-crisis-migratorias-en-america-central/

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Chile: Presupuesto 2021

El sistema de educación superior chileno tuvo un explosivo crecimiento debido, entre otras razones, al incremento de la oferta y la mayor disponibilidad de ayudas estudiantiles, especialmente el CAE. Así, los estímulos estuvieron puestos en el aumento de la cobertura del sistema a través del financiamiento a la demanda, especialmente aquella asociada a las nuevas instituciones privadas.

La falta de atención del Estado en sus instituciones, a las que puso a competir en un sistema poco regulado hasta hace algunos años, sumado a los impulsos económicos dados a las instituciones privadas, tuvo consecuencias: en los últimos 20 años, las universidades del Estado son las casas de estudio de menor crecimiento en el sistema, pese a ser las que concentran las preferencias de los estudiantes. En otras palabras, se diseñaron políticas públicas que no han permitido a los jóvenes la real opción de elegir.

Al analizar la propuesta presupuestaria de 2021, calculando el flujo incremental (positivo y negativo) entre las principales asignaciones en educación superior, incluyendo la gratuidad, obtenemos que las universidades estatales perderían cerca de $10 mil millones en 2021, cifra similar a las instituciones del G9. En tanto, el flujo hacia las instituciones privadas aumentaría en más de $70 mil millones. En 2021, cerca del 70% de los nuevos recursos inyectados al ítem de gratuidad se irían a cinco nuevas casas de estudio privadas que adscribirían al beneficio.

La reducción de fondos basales a las instituciones estatales para repartirlo en todo el resto del sistema privado refleja ya una tendencia en las propuestas presupuestarias de este gobierno; considerando su evolución entre 2019 y 2021, la suma del AFD y del Aporte Institucional (recursos que explican más del 75% de los fondos basales) ha disminuido en un 11%, llegando a un nivel inferior al observado en 2016.

El financiamiento de la gratuidad a expensas de los fondos basales de las universidades estatales contradice el principio contemplado en la Ley 21.091 que fija un mecanismo objetivo para expandir el beneficio, basado en las condiciones macroeconómicas del país. Así, se suponía que todo avance se haría con nuevos recursos y no con redistribuciones presupuestarias. Esto se ve reforzado tanto por informes de Dipres, que sostienen que la Ley 21.091 “compromete un gasto incremental”, como con el Informe Financiero de la Ley, cuando se refiere al “mayor gasto fiscal” que significaría el avance de la cobertura.

Más allá de las cifras mismas, lo preocupante es el nulo aprendizaje que deja la pandemia y la crisis social. Se ignora la necesidad de una mayor inversión en educación superior en períodos de crisis, particularmente en investigación. Resulta esencial un Ministerio de CTCI fortalecido, la entrega de becas necesarias para crear capital humano avanzado formado en nuestras universidades, y un mayor gasto en el ítem de generación de conocimiento y desarrollo tecnológico. Como antecedente, durante el duro período de la crisis subprime en la UE, países como Alemania y Francia aumentaron su inversión en educación superior pública, particularmente en el área de investigación.

¿Qué medidas son necesarias para enfrentar esta situación? i) Revertir la rebaja presupuestaria de fondos basales y de proyectos correspondientes a las universidades estatales, para recuperar al menos el nivel que presentaban en 2020; ii) Posibilitar el acceso de las universidades a créditos de largo plazo con garantía del Estado, junto con un compromiso del Ejecutivo de permitir procedimientos simplificados y rápida tramitación. En este punto, hay una evidente desigualdad al comparar con las facilidades que tienen las instituciones privadas. En el máximo de los contrasentidos, los créditos con garantía estatal vía Fogape son accesibles solo a las instituciones privadas; iii) Cambiar la redacción de glosas sobre el uso de los excedentes del Fondo Solidario para incluir los excedentes acumulados, sin limitarlos al año anterior y sin la restricción de un máximo de 30% aplicada en 2020; y, finalmente, iv) Autorizar una mayor flexibilidad en el uso de recursos asignados a proyectos, especialmente aquellos correspondientes a bienes de capital.

Todas estas medidas darían algo de oxígeno a instituciones que están siendo muy poco valoradas por el propio Estado, pero que siguen y seguirán cumpliendo un rol crucial para el desarrollo del país.

Fuente: https://noticiasporelmundo.com/chile/presupesto-2021-noticias-chile

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