Los sindicatos docentes se encuentran divididos ante la aprobación en el Pleno del Congreso del proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), conocida como ‘Ley Celaá’.
En declaraciones a Europa Press, la responsable de enseñanza de UGT, Maribel Loranca, considera una «noticia positiva» la aprobación de la LOMLOE este jueves por parte de la Cámara Baja. «Esta ley es un primer paso para introducir los cambios que necesita nuestro sistema educativo», ha afirmado.
En su opinión, la nueva norma educativa «revierte algunos de los efectos más perniciosos» de la LOMCE del Partido Popular, «como los itinerarios y la doble titulación», mientras que apuesta por «una escuela inclusiva y recupera la participación de la comunidad educativa en la gobernanza de los centros».
Además, Loranca ha puesto de relieve que incorpora la perspectiva de género, la apuesta por la digitalizacion y la educación para el desarrollo sostenible. «Contempla un compromiso de financiación, que a nuestro juicio, debería llegar al 7% del PIB en 2025», ha apostillado.
Sin embargo, ha lamentado que «deja fuera aspectos fundamentales como la bajada de ratios y la reducción de la carga lectiva de los docentes». «Emplazamos al gobierno a comenzar las negociaciones con los sindicatos para establecer las condiciones de la función docentes, así como los necesarios cambios que, en materia de currículo, metodología y evaluación deberán desarrollarse a partir de la ley», ha remachado.
El secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), Francisco García, ha indicado que la comunidad educativa había rechazado «frontalmente» la LOMCE y ha puesto de relieve que «había un amplio consenso en solicitar su derogación y su sustitución» por una nueva norma.
«Es una buena noticia que haya una nueva ley educativa que vaya a revertir los aspectos más regresivos de la LOMCE», ha indicado a Europa Press Francisco García, para después poner en valor que esta norma «vaya a fortalecer el sistema educativo público» que es el que «garantiza la universalización del derecho a la educación». No obstante, ha indicado que aún hay «asignaturas pendientes», como la financiación del sistema, el debate sobre la profesión docente o la rebaja de las ratios, entre otras.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de FEUSO, Antonio Amate, ha hecho hincapié en que la ‘Ley Celaá’, «por desgracia, será tan sólo la octava ley educativa» de la democracia. «Estamos siendo testigos, una vez más, del naufragio de la política y su incapacidad para ayudarnos a organizar nuestra vida compartida en el sistema educativo», ha añadido.
Para Amate, la LOMCE pretendió imponer «su modelo con una fuerte contestación de sus detractores» y la LOMLOE «vuelve a caer en la misma piedra y busca imponer su modelo provocando también una fuerte resistencia». «Esto no es bueno para nadie. Es un gran perjuicio social», ha manifestado, para después añadir que es «necesario rectificar en la Ley Celaá los aspectos más agresivos contra la libertad de enseñanza y la pluralidad» del sistema educativo.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado que la Ley Celaá «arranque sin consenso y sin recursos (con un déficit de 26.600 docentes y de 7.000 millones en inversión educativa) para afrontar los graves problemas de la educación en España: fracaso escolar, paro juvenil, diferencias entre comunidades autónomas».
«Se trata de un parche más en el modelo educativo que además recrudece polémicas como la de las lenguas cooficiales. La norma rebajará, asimismo, el nivel de exigencia para aprobar en lugar de apostar por planes de refuerzo educativo, incremento de plantillas o la reducción de ratios de alumnos», ha criticado CSIF.
El sindicato independiente de enseñanza ANPE ha afirmado que «la ausencia de diálogo unido a la falta de negociación» hace que esta nueva ley «nazca bajo la premisa de que será una ley derogada o modificada cuando se produzca un cambio de gobierno como ha sucedido con otras leyes educativas».
«Un proyecto apresurado, cuyo objetivo inicial era derogar la LOMCE y volver a los postulados de la LOE-LOMCE. Pero, tras la intervención de los grupos parlamentarios, que sustentan al gobierno, y la asunción de algunas enmiendas, han convertido aquella propuesta inicial en un texto todavía más ideologizado, mediante la incorporación de medidas muy polémicas y controvertidas que polarizan y fraccionan cada vez más las posiciones políticas, sociales y territoriales en el ámbito educativo», ha recalcado.
Desde la Confederación de STEs-i consideran que la controversia política y las demandas de la enseñanza privada «en defensa de unos privilegios que no tienen parangón en Europa, no deben ocultar las deficiencias que no soluciona» la ‘ley Celaá’.
«Celebramos sin duda la eliminación de los aspectos más lesivos de la LOMCE», han manifestado, para después añadir que el Congreso ha aprobado una LOMLOE que «mejorada» en su trámite parlamentario, pero está «lejos aún de las necesidades educativas actuales».
Fuente: https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sindicatos-docentes-divididos-aprobacion-ley-celaa-congreso-20201119180753.html
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