Author: Sebastián Pacheco Jiménez

1. La corrupción reina, el debacle en la administración gubernamental es un hecho evidente. Cerca de 50 billones de pesos se pierden año tras año por esta problemática, entre tanto los edificios de la UN se caen a pedazos. Colombia ocupa el puesto 90 entre 176 naciones en el índice de corrupción mundial (Transparencia Internacional) mientras en la UN escatiman los dineros para poder sostener el incremento anual en el número de estudiantes. La corrupción involucra a gobernadores, alcaldes, magistrados, senadores, ministros y en general, a muchos de los altos funcionarios del estado, quienes otorgan y reciben coimas de miles de millones de pesos, de manera concomitante, en la UN falta  el dinero para la financiación de los grupos universitarios de investigación. En ese orden, si en un país escasean los recursos para la educación y sobran para la corrupción ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo?

2. La Universidad Nacional ha demostrado durante décadas su valía, ocupando en múltiples escalafones nacionales y regionales las primeras posiciones. A su vez, es la institución universitaria con el mayor número de estudiantes y grupos de investigación en el país, lo que la erige como paradigma de eficiencia, al rendir grandes resultados en medio de la precariedad de recursos. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para superar estigmas mezquinos que algunos sectores sociales le han endilgado. Aun así, durante un siglo y medio, la UN ha cimentado las bases sobre las que se construye la nación.

La educación es sinónimo de paz y la UN es epicentro de esta, propiciando la reconciliación y una verdadera cultura de paz, Empero, el contraste de clases magistrales y de estudiantes prodigiosos en instalaciones precarias, es la fiel evidencia de una cultura de la mediocridad producto del robo y la negligencia de los sectores dirigentes.

Con ello se comunica a la sociedad que todo tiene que ser “a medias”. La errónea concepción de que lo público debe ser desfinanciado o mediocre se traduce en la admisión de lo atípico como normal y la perpetuación de la inequidad.

3. En ese orden, es un imperativo administrativo y moral que en Colombia la educación sea vista como un bien público e inalienable, para ello es necesaria la universalidad, la calidad y la obligatoriedad de proporcionar a los estudiantes espacios agradables, pertinentes y dignos.

La educación pública debe ser una de las bases del proyecto nacional, al igual que otros derechos fundamentales como la salud, la vida y la paz. Por ello, que la UN tenga un presupuesto insuficiente debe ser una preocupación general. Más allá de pensamiento sectarios, a todos los colombianos nos debe importar este asunto, ya que si hoy se desfinancia las instituciones públicas en detrimento del derecho a la educación de calidad y no sucede nada, el día de mañana se desmantelarán los demás derechos fundamentales, económicos y sociales.

Hay asuntos que una sociedad no puede negociar, límites que no se deben trasgredir. Si permitimos que se aniquilen a cuenta gotas las más básicas obligaciones estatales ¿en el futuro que podremos esperar? Por dignidad nacional y dolor de patria es necesario que la comunidad académica y la sociedad en pleno defiendan el derecho a la universidad pública.

Cada nuevo estudiante es un joven menos a merced del conflicto. Cada joven que entre en la educación es una persona con menos probabilidad de permanecer en la pobreza por ende, requerirá menores subvenciones del Estado. Es más económico y estratégico financiar y fortalecer la UN y salvar una generación, que tener que combatir a miles de jóvenes que sin oportunidades siguen la senda que marca la informalidad, la clandestinidad y la violencia.

En definitiva la solución para construir un país en el postacuerdo está cifrada en clave de educación y en particular de educación pública.

Fuente: https://colombia2020.elespectador.com/opinion/educacion-publica-y-corrupcion

Imagen tomada de archivo de OVE