Por: Teresa Ortuño
La política, dijo un pensador, es la expresión más alta del amor. Bueno, así debería ser. Los mexicanos la asocian con algo deshonesto, lejano, ajeno, corrupto. No tendría por qué ser así, habiendo ciudadanía. Analicemos lo que hace en el ámbito educativo.
La voluntad política de un gobierno puede empujar la Educación para mejorar los indicadores de todo tipo o puede gestionar arreglos para que las cuotas de poder (y de dinero) permitan al gobierno en turno ejercer control sobre los actores educativos.
En un país como México, los datos duros nos revelan avances, pero no a la velocidad necesaria.
En Matemáticas, dos terceras partes de los alumnos de educación básica, y la mitad de los de Media Superior, no pasan del nivel más bajo, según datos de la prueba PLANEA. Y si sumamos los dos niveles más bajos, allí encontramos a cuatro de cada cinco estudiantes mexicanos. En comprensión lectora, las cifras son un poco mejor, pero no consuelan a nadie: siete de cada diez estudiantes están en los dos rangos de menor calificación, de los cuatro que las autoridades utilizan para medir el aprendizaje.
Los alumnos de Educación Básica que se ubican en el nivel más alto, van del rango de 2.6 a 6.8 por ciento, en Comprensión lectora y Matemáticas. Es decir, según la materia, uno de cada 39 o uno de cada 15 alumnos tiene buenos resultados académicos en esas asignaturas.
En cualquier caso, son resultados que reflejan años de atraso, rezago y crecimiento de la población. Hay ocasiones que los Secretarios de Educación se definen en función de quien enfrenta al Sindicato, y no de cómo garantizar el derecho de los estudiantes al aprendizaje.
Ya hay suficientes recetas de lo que hay que hacer para revertir el fracaso escolar, es decir, para garantizar el derecho a una educación de calidad.
Se requiere, en primer término, de ciudadanía. De organización social, padres/madres de familia que recuerden que la Declaración de los Derechos Humanos les reconoce como primeros educadores. Que asuman ese papel, formando tejido social. El primer grupo que requiere su presencia es el Consejo de Participación Escolar. Así, podrán estar al pendiente de que los recursos asignados a la escuela se gasten bien, además de apoyar y acompañar la labor de docentes y directivos de la comunidad escolar.
Sociedad civil y gobierno deben colaborar para empujar esta agenda:
- Fortalecimiento de la escuela, a través del aprendizaje;
- Autonomía y acompañamiento;
- Desarrollo profesional docente;
- Infraestructura, equipamiento y materiales;
- Revisión de planes y programas de estudio. Aquí, urge dotar de facultades a las autoridades locales, acorde al principio de subsidiaridad, para que los contenidos puedan ser determinados de manera flexible por ellos;
- Equidad e inclusión;
- Vinculación con el mercado laboral;
- Cambios administrativos para asegurar la transparencia y la contraloría social.
Por lo general las soluciones de fondo no brindan los resultados deseados a corto plazo, pero la ciudadanía debe compensar a quien se arriesga a tomar las decisiones correctas, no las populares.
Conocemos las causas del fracaso escolar. Cambiemos la receta, por favor.
Sin docentes no hay calidad educativa. Un vigoroso programa de desarrollo profesional, diseñado con y para ellos, que valore su trabajo no nada más como una profesión, sino como misión. No sólo deben cuidarse y protegerse los logros laborales, sino fomentarse el reconocimiento a su talento, aportaciones y creatividad. La relación con el Sindicato debe llevarse a cabo en los mejores términos posibles. Sin embargo, no excluye que las autoridades abran mecanismos de comunicación directa con los directores y docentes. En la era de la tecnología, esto no debiera ser complicado. Todos hablan de los maestros, pero las autoridades no cuentan con mecanismos para hablar con ellos.
La calidad de la educación requiere poner al centro al alumno. El Aprendizaje y su pertinencia es clave. La tecnología debe orientarse hacia allá. Buscar mecanismos innovadores, y mantener lo que funciona. La clave es el diálogo, no sólo para el arranque del gobierno, sino como un sello particular que los gobiernos impriman en su ejercicio del poder.
Sin embargo, cuando hablamos de docentes que, teniendo su plaza, se negaron a asistir a clases, la Ley es muy clara. El artículo 76 de la Ley del Servicio Profesional Docente establece, sin lugar a dudas, que quien acredite tres faltas consecutivas sin justificación, será separado de sus funciones. Aquí sí que las autoridades deben publicar la lista de quienes incurrieron en esta falta, así como el orden de prelación de los nombres de quienes los van a sustituir, de acuerdo al concurso de plazas. Los padres de familia, los maestros cumplidos y la sociedad civil, tienen derecho a saber si los maestros de sus hijos son o no quienes cubren el perfil establecido por la Ley.
A las personas homosexuales les hace mucha falta que cambiemos de mentalidad. Que todos puedan aceptarlos con naturalidad. No ser discriminados en el trabajo, en el acceso a algún lugar, etc. Urge trabajar en la tarea del amor y la aceptación para todos. La regla debe ser el amor. El respeto al otro, a la decisión que tome. En esto hay mucho por recorrer. Eso sí que es importante y si afecta la vida diaria.
Planteo una propuesta de agenda en Educación, que ningún aspirante acualquiera de esos cargos pueda ignorar, ni rechazar, y gane o no, se comprometa a empujar. Es muy sencilla y elemental, pero de ella puede derivarse una profunda transformación en este campo, que todos dicen prioritario:
México es un país que gasta en Educación el porcentaje recomendado. Pero no gasta del todo bien. La Reforma Constitucional de 2011, que establece la obligación del Estado de brindar Educación Media Superior a todo el que la solicite, requiere, obviamente, que el alumno haya terminado la Secundaria. Se estableció un artículo transitorio en esa Reforma, a fin de que para 2021 (diez años después de emitida), las autoridades mexicanas pudieran estar en condiciones de brindar un espacio a todos los jóvenes.
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