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Haití cherie: Recuerdos de la música de los salones, de la calle y del vudú

Por: Eduardo Llerenas Y Mary Farquharson

 

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Excepcionalismo Moral de la Políticas y prácticas en Materia de Derechos Humanos en los Estados Unidos de América

Por: Jorge Forero Coronel y Nelson Ortega Bonilla/Investigadores del CII-OVE 

El gobierno de los Estados Unidos de América, se ha caracterizado por la promoción de una visión sesgada y reduccionista en materia de Derechos Humanos, centrada en el mito del excepcionalismo moral de ese país, lo cual ha derivado en la tendencia a exceptuarse a sí mismo de los estándares que aplica a los demás[1], los dobles estándares para naciones amigas y enemigas, y el aislamiento legal o negación arbitraria de derechos humanos universales en su jurisdicción, sin que los paladines de la Defensa las libertades fundamentales; sus socios Europeos, cuestionen estas acciones.

De hecho es evidente que ese tema es usado como un instrumento de su política exterior, y que esa lógica supremacista explica su autoproclamación como garante global de dichos derechos, a partir de intereses que nada tienen que ver con una genuina preocupación por el disfrute, promoción y protección de los mismos.

En el presente documento se expone un análisis crítico de las políticas y las prácticas de los Estados Unidos de América en materia de Derechos Humanos, tanto en su actuación internacional como en su jurisdicción.  Sobre la base de un conjunto de datos, se valora la actuación de ese gobierno en  algunas dimensiones, tales como:

  1. Situación de los EE.UU., ante la legislación internacional en materia de Derechos Humanos.
  2. Uso sistemático de torturas y tratos inhumanos de manera directa, así como asistencia y cooperación con gobiernos que han generalizado estas prácticas.
  3. Criminalización de las migraciones: vulneración de derechos a personas con necesidad de protección internacional; Separación forzosa de familias y violación de derechos humanos a niños migrantes no acompañados.
  4. Ascenso del racismo en la administración de las políticas de seguridad y administración de justicia.
  5. Influencia de sus políticas en materia de armas de fuego, narcóticos y migraciones en la violencia criminal del norte de México.
  6. Balance de sus intervenciones militares extraterritoriales.
  7. Las medidas coercitivas unilaterales y la vulneración de los Derechos Humanos.

 

  1. Situación de los EE.UU., ante la legislación internacional en materia de Derechos Humanos

Estados Unidos niega la jurisdicción de la legislación internacional de derechos humanos dentro de su jurisdicción y legislación interna. De un total de 61 instrumentos de derechos humanos, Estados Unidos sólo es Estado Parte en 18 de ellos. Es el único país del mundo que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Además, es notable el hecho de su no ratificación de otros importantes instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que sobresalen:

  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
  • Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer;
  • Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad;
  • Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas;
  • Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

La exclusión del conjunto de convenciones en materia de derechos humanos en áreas especialmente sensibles, demuestra el doble discurso del gobierno de los Estados Unidos e incluso pone de manifiesto su verdadero talante de transgresor sistemático de derechos humanos fundamentales.

  1. Uso sistemático de torturas y tratos, crueles, degradantes e inhumanos

El gobierno de los Estados Unidos de América emplea de manera sistemática las torturas, los tratos crueles, degradantes e inhumanos, como política. Existe una extensa documentación al respecto, en la presente reflexión se van a referir dos informes puntuales, en los cuales queda explícita la actuación violadora de derechos humanos de organismos de ese país.

El Senado de los Estados Unidos publicó un informe de investigación (2014), sobre los programas de interrogatorios desarrollados por la CIA, en el cual se evidenció el alcance de las violaciones de los derechos humanos de los detenidos y de las faltas de garantías del debido proceso.

En las cárceles secretas operadas por Estados Unidos se han cometido graves violaciones de los derechos humanos que califican como actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Los actos cometidos por Estados Unidos incluyeron simulación de asfixia, la desnudez forzada, la exposición a bajas temperaturas, los baños de agua congelada, la privación del sueño por largos períodos de tiempo, la alimentación e hidratación rectal y las amenazas de abusos y muerte contra las personas detenidas.

Las torturas y los tratos crueles, degradantes e inhumanos, forman parte orgánica de la política de los Estados Unidos. El Informe 2017 de Amnistía Internacional, referido a la actuación de ese país, reseña que en una entrevista el 25 de enero (unos días después de su toma de posesión), el presidente Trump expresó su apoyo a la tortura y afirmó que “confiaría” en el secretario de Defensa, el director de la CIA y otras personas para decidir si Estados Unidos debía emplearla”.

De acuerdo con el informe citado, no se ha adoptado medida alguna para poner fin a la impunidad de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas las torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzosa cometidas en el marco del programa de detención secreta gestionado por la CIA.

Por el contrario, el presidente Trump propuso para altos cargos gubernamentales al menos a tres personas implicadas en el programa de detención secreta mencionado: Gina Haspel, seleccionada para el cargo de subdirectora de la CIA; Steven Bradbury, propuesto para el cargo de asesor jurídico general del Departamento de Transporte; y Steven Engel, propuesto para dirigir la Oficina de Asesoramiento Jurídico el Departamento de Justicia.

Precisamente las cárceles ilegales han sido escenario de prácticas sistemáticas de tortura. En diciembre de 2017, la ONU emitió una crítica a las autoridades de EE.UU., por crear un agujero negro legal que permitió la detención indefinida de sospechosos sin cargos, y por mantener presos a muchos de ellos durante más de una década. Nils Melzer, el relator especial sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instó a Estados Unidos a poner fin a la tortura de presos en el polémico centro de detención de Guantánamo.

Según Human Rights Watch (HRW), los 31 detenidos que permanecen en Guantánamo, están recluidos de manera arbitraria desde hace más de una década, sin cargos, ni juicio. Antes de las elecciones, el presidente Trump prometió mantener abierto el centro de detención e incrementar la cifra de detenidos allí recluidos. Recientemente, el 1 de febrero de 2019, Jhon Boltón, Asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, llegó al extremo de amenazar con una celda en la prisión ilegal de Guantánamo al presidente constitucional de Venezuela.

  1. Criminalización de las migraciones:

El gobierno de los Estados Unidos está implementando de manera sistemática, una política de criminalización de las migraciones, la cual además de incumplir con la legislación internacional en la materia, ha desencadenado en una práctica generalizada de infracción de derechos a personas con necesidades de protección internacional;  separación forzosa de familias; y tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia la población migrante, incluso hacia sectores especialmente vulnerables, como los niños migrantes no acompañados.

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, Washington está acentuando esa tendencia. En 2017, el presidente Trump promulgó varias órdenes ejecutivas que afectaban los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

En primer lugar, promueve la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. En segundo lugar, estimula la devolución y/o retención arbitraria de personas solicitantes de asilo (es decir, de población con necesidades de protección) y sus familias.

En tercer lugar, otra orden ejecutiva promulgada el 27 de enero prohibía durante 90 días la entrada de personas extranjeras provenientes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen[2]; suspendía durante 120 días el Programa Estadounidense de Admisiones de Refugiados; reducía de 110.000 a 50.000 el número de personas refugiadas aptas para ingresar en el país durante el año fiscal 2017, e imponía una prohibición indefinida del reasentamiento de personas refugiadas procedentes de Siria”, en cuya situación de guerra intestina los Estados Unidos han tenido un rol protagónico.

Posteriormente, el 24 de septiembre, se proscribieron indefinidamente las inmigraciónes a Estados Unidos de ciudadanos de siete países: Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria y Yemen, e impedía la emisión de visados para miembros de ciertas agencias estatales venezolanas y sus familiares.

Uno de los hitos más notables de la política hostil y cruel hacia los derechos de los migrantes, está vinculada con una nueva orden ejecutiva emitida el 16 de agosto, en la cual el Departamento de Seguridad Nacional federal puso fin al Programa de Refugiados Menores Centroamericanos[3].

El informe precitado, denuncia que más de 17.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados fueron retenidos tras cruzar de manera irregular la frontera con México entre enero y agosto, los cuales permanecieron bajo custodia durante meses, sin acceso adecuado a atención médica y asistencia letrada, mientras se procesaba su petición de permanecer en Estados Unidos.

Por su parte, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicado en 2015, expone datos que demuestran que no se trata de hechos aislados o de una nueva política de la administración Trump, sino que por el contrario, se trata de una práctica que se ha instaurado desde hace años como política migratoria violadora de derechos humanos a la población más vulnerable de los procesos migratorios, los NNA no acompañados.

El informe referido, señala que en 2013, 17.240 NNA mexicanos no acompañados, fueron detenidos por funcionarios estadounidenses en el paso fronterizo, sin embargo, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados («ORR»), entidad responsable del cuidado y la custodia de los NNA no acompañados durante sus procedimientos migratorios, apenas reportó 740 NNA mexicanos no acompañados bajo su custodia. Es decir, el 96% de los NNA mexicanos no acompañados fueron expulsados de regreso a México sin el debido proceso.

ACNUR también ha corroborado esta cifra, y ha estimado que alrededor del 95,5% de los NNA mexicanos no acompañados que llegan solos y en condiciones de indefensión y vulnerabilidad absoluta a los Estados Unidos, son devueltos sin la oportunidad comparecer ante un juez de inmigración, con lo cual no solo se violan los tratados internacionales, sino que también se hace caso omiso de la propia legislación norteamericana en la materia.

La CIDH reportó además repatriaciones arbitrarias de NNA no acompañados que se llevaban a cabo durante la noche (procedimiento totalmente prohibido en la legislación internacional); sobre la colocación de esposas a los niños por parte de agentes fronterizos de Estados Unidos para efectuar el retorno; y que muchos NNA mexicanos no acompañados fueron enviados a otras regiones de México, incluyendo lugares situados en el lado opuesto del país al de su comunidad de origen. Esta información es indicativa de prácticas directamente violatorias de los derechos del niño y del propio tratado de repatriación entre México y Estados Unidos.

El escenario se ha tornado más complejo por la violación del debido proceso a los migrantes, el cual es producto de la combinación de la intensificación de la crisis social y el aumento de la violencia en México y Centroamérica, y de las restricciones de presupuesto para atender este problema por parte del gobierno de los Estados Unidos.

A continuación se cita textualmente un párrafo del informe de la CIDH (2015), en el cual se evidencia la gravedad de la situación y el nivel de vulneración de derechos humanos de niños no acompañados por parte del gobierno norteamericano:

“la información pública disponible señala que para junio de 2014 se registraban 375.000 casos de inmigración atrasados, incluyendo 41.640 casos de niños en espera de fecha de audiencia. A finales del año fiscal 2014 de Estados Unidos (el 30 de septiembre de 2014), los casos atrasados ascendían a 408.037, y para finales del mes de octubre de 2014, este número llegó a 421.972. Para junio de 2014 el tiempo promedio de espera para todos los casos, incluido el de los NNA no acompañados, se estimó en 587 días, o más de un año y siete meses. Para abril de 2015, los casos pendientes ascendían a 445.607, entre ellos 70.035 de NNA no acompañados. Uno de los principales factores y causas para el retraso procesal es un número mucho mayor de casos en un contexto de restricciones presupuestarias” (p. 100).

Como se aprecia en las cifras de la CIDH, estamos en presencia de un fenómeno de violación sistemática e intencionada de derechos humanos fundamentales, con el agravante de que una proporción importante de las víctimas son niños y niñas en condiciones de altísima vulnerabilidad.

Pero el mismo informe reseña que existe registro y documentación sobre numerosos casos de tortura y trato cruel por parte de funcionarios de migración de los Estados Unidos hacia niños no acompañados. A continuación se presenta otra cifra textual con datos escalofriantes:

“existen numerosas denuncias sobre abuso físico, incluyendo abuso sexual, golpizas, y el asumir posiciones de estrés a exigencia de funcionarios (…). Más de la mitad de estos NNA no acompañados reportó diversas formas de abuso verbal, incluyendo comentarios raciales, sexualmente cargados, y amenazas de muerte. Más de la mitad informó que se les había denegado atención médica, incluyendo dos jóvenes madres cuyos bebés se enfermaron durante la detención en temperaturas muy bajas, y una niña cuya medicación para el asma fue confiscada mientras sufría ataques de asma. Los NNA no acompañados constantemente denunciaron haber sido recluidos en celdas insalubres, en condiciones de hacinamiento, y con temperaturas de congelación, y aproximadamente el 70% informó haber permanecido detenidos más allá de las 72 horas establecidas por el mandato legal. Muchos informaron haber permanecido detenidos sin mantas y tener que dormir en el suelo, con las luces prendidas. Más del 80% describió cómo se le denegó alimentación adecuada y agua bajo la custodia, incluyendo un niño cuya única fuente disponible de agua potable era el tanque de un inodoro y otros que sólo recibieron alimentos congelados o en mal estado y, posteriormente, se enfermaron” (p. 111).

Los datos aportados por el informe en cuestión, explicitan el carácter notablemente represivo y vulnerador de derechos humanos de la política y las prácticas del gobierno de los Estados Unidos en materia de atención a la población migrante.

Sin embargo, la violación de derechos no se reduce a las prácticas citadas, sino que se agudizan ante situaciones como la separación arbitraria de familias, tratos crueles y atropellos, en palabras de la CIDH: “15% de estos NNA no acompañados, reportó haber sido separado de otros miembros de la familia, y el 30% informó que su dinero y/o pertenencias fueron confiscados por funcionarios y nunca retornados. Muchos niños reportaron haber sido encadenados durante el transporte” (p. 111).

La CIDH precisó además que en el momento de redactar el informe, indican que entre el 18 de julio de 2014 al 14 de octubre de 2014, apenas 179 NNA no acompañados se les permitió permanecer en los Estados Unidos, de un total de 1.637 casos registrados. Respecto de casi todos los NNA no acompañados -1.456-, equivalentes al 89% de los casos, se dictó orden de expulsión.

Pero si lo expuesto no fuera suficientemente atroz y abyecto, la administración Trump ha asumido una política –denominada tolerancia cero-, la cual resulta aún más hostil y violadora de derechos humanos que las de sus antecesores. Dicha política ha derivado en la generalización de prácticas crueles como la separación forzosa de familias (los adultos son criminalizados y objeto de procesos judiciales, mientras que los niños son enjaulados –literalmente- en centros de reclusión temporales para la posterior expulsión de ambos).

En junio de 2018, los agentes de migración de Estados Unidos mantenían a más de 10.000 menores retenidos en centros de detención, ubicados en distintos lugares del país. Los pequeños son encerrados en jaulas de metal; duermen en algunos casos- en delgadas colchonetas sobre el frio concreto y cubiertos solo por sábanas que los protegen de las bajas temperaturas. Esta práctica de crueldad, se ha generalizado aún más ante las detenciones masivas de migrantes indocumentados en el marco de las caravanas humanitarias provenientes de Centroamérica.

La nueva administración de la Casa Blanca, pareciera no tener la más mínima intención de enmedar estos errores y recientemente se han publicado imágenes que muestran las condicones denigrantes en las que se encuentran los menores de edad, cuestionando además que no son jaulas sino centros de detención, dando de esta forma continuidad de las prácticas violatorias de los Derechos Humanos llevados a cabo durante el Gobierno de Trump.

  1. Ascenso del racismo en la administración de las políticas de seguridad y administración de justicia

Un estudio del Registro Nacional de Exculpaciones de Estados Unidos publicado en marzo de 2017, registró que los estadounidenses negros tenían siete veces más probabilidades de ser condenados injustamente por asesinato que los blancos. En lo que se refiere a los delitos relacionados con drogas, los estadounidenses negros inocentes tienen unas 12 veces más probabilidades de que se les aplique una condena equivocada que los blancos. Los infractores varones negros fueron condenados, a condenas 19,1% más largas que aquellos infractores varones blancos en casos similares.

  1. Influencia de sus políticas en materia de armas de fuego, narcóticos y migraciones en la violencia criminal del norte de México

México experimenta una grave y severa crisis de violaciones graves de derechos humanos y crímenes violentos, la mayoría de los cuales han sido cometidos con armas de fuego. El país ostenta la tasa de homicidios más alta registrada en toda su historia, donde dos de cada tres homicidios son cometidos con armas de fuego. El 70% de las armas recuperadas y rastreadas en las diversas escenas del crimen en México provienen de los Estados Unidos.

La “cooperación” de Washington en equipos militares y armas de fuego, así como el entrenamiento militar estadounidense de miles de soldados como parte de la Iniciativa Mérida, cuya punta de lanza es la denominada “guerra contra el terrorismo”, ha redundado en el crecimiento vertiginoso de las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado, con tasas aún más altas que antes de que comenzara la Iniciativa referida y con una impunidad casi total.

Un estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México (2018), reporto que en junio de 2018, una docena de congresistas estadounidenses señalaron que “el uso de las fuerzas militares mexicanas en la guerra contra las drogas ha resultado en un dramático aumento de las violaciones a los derechos humanos, incluidas la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”. Por ende, pidieron “una evaluación completa y pública de la Iniciativa Mérida, así como una revisión de la ayuda que brinda Estados Unidos a México en cuanto a seguridad y venta de armas” (p. 4).

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que, durante el período que comprende los años de 2011 a 2016, pudieron rastrearse 74 mil 515 armas de fuego recuperadas en diversas escenas del crimen en México, y que éstas fueron producidas o habían sido vendidas en la Unión Americana.

De acuerdo con el informe precitado, “al menos 37.435 personas, de diciembre de 2006 a junio de 2018, han sido víctimas de desapariciones forzadas en México[4], mientras que (…) se han cometido 121.035 homicidios con arma de fuego, de los cuales 16.898 ocurrieron durante 2017” (p. 4).

El informe revela además que la gran mayoría de estos crímenes continúan impunes, sin la apertura de investigaciones penales o sentencias, y sin una reparación integral para las víctimas, lo que permite inferir que existen estructuras que han permeado al Estado mexicano y que están asociados a factores muy poderosos, entre los que se destacan, carteles del narcotráfico, estos últimos, los principales socios del comercio legal e ilegal de armas auspiciado y usufructuado por los Estados Unidos.

  1. Los derechos humanos en el contexto de las intervenciones militares extraterritoriales estadounidenses

Estimar y describir el impacto de las intervenciones militares extraterritoriales de los Estados Unidos en materia de Derechos Humanos amerita un tratado, por la complejidad de los casos y por el carácter multidimensional de los derechos conculcados. Por tanto, en este apartado apenas se van a citar algunos estudios de instituciones de gran prestigio, de manera de obtener una referencia general de dicho impacto con énfasis en la variable: víctimas mortales.

Un estudio de la Universidad de Brown (EE.UU.) ha registrado 480.000 víctimas mortales de las guerras en las que EE.UU. ha participado desde 2001, entre ellos 244.000 civiles. Asimismo, los enfrentamientos en Afganistán, Irak, Siria y otros países, habrían causado 10 millones de refugiados. Según el informe, Washington gastó en esos conflictos 5,9 billones de dólares, cifra que ascenderá a 6,7 billones para 2023 si se mantiene el ritmo de inversión.

Las cifras de la institución universitaria norteamericana resultan conservadoras al compararlas con un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2008, en el cual se afirma solamente la invasión a Iraq dejó 400.000 muertos.

Los casos de Libia y Siria también presentan cifras cruentas. El investigador Nicolas Davies, calculó en más de 200.00 el número de víctimas mortales del conflicto desatado en 2011. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH)[5], estima que en el conflicto de ese país,  hubo al menos 250.000 víctimas mortales, entre ellos 74.426 civiles y de ellos, 12.517 niños y 8.062 mujeres.

  1. Las medidas coercitivas unilaterales y la vulneración de los Derechos Humanos.

Las mencionadas de manera equívoca sanciones[6] han sido una forma no convencional de violación de los derechos humanos, en terceros países, la mayoría de ellas aplicadas con la excusa de defenderlos, y en muchos casos con el doble rasero de ni siquiera suscribir los acuerdos internacionales, que extraterritorialmente justifican defender.

Un total de 29 países[7] forman la lista en los que según la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC por sus siglas en inglés), los Estados Unidos aplica medidas coercitivas al margen del Derecho Internacional establecido por la Organización de Naciones Unidas.

Según un informe de Amnistía Internacional (2009) denominado “El embargo estadounidense contra Cuba su impacto en los derechos económicos y sociales”, destaca que “Las repercusiones negativas del bloqueo son bien patentes en las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo humano de Cuba y afectan gravemente a los grupos socioeconómicos más vulnerables de la población”, citando al coordinador residente de la oficina de Naciones Unidas en el país caribeño durante el año 2008.

En el informe del Secretario General de Naciones Unidas  “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, nos indica que “El bloqueo tiene un impacto negativo en todas las áreas económicas, sociales y culturales, limitando seriamente el derecho al desarrollo de Cuba. En términos estrictamente económicos, se estima una afectación de al menos 130.178,6 millones de dólares”.

Por su parte la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO en inglés) a petición del Senado norteamericano, en un informe reciente sobre Venezuela señaló que estas medidas habían contribuido a la caída abrupta de su Producto Interno Bruto, buscando el colapso del país Sudamericano, que ha sufrido desde el 2015 según cifras oficiales la pérdida de sus ingresos en más de 130.000 millones de dólares, más que suficientes para garantizar el bienestar de su población que han visto afectadas sus libertades fundamentales por la extraterritorialidad de las leyes impuestas por los Estados Unidos.

Es una guerra donde la famosa herramienta del smart power, constituye una amenaza que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que exista hasta el momento un mecanismo de reparo o juisticia para quienes aplican este tipo de medidas que afectan directamente a poblaciones enteras.

[1] Estados Unidos firma tratados y leyes de derechos humanos, pero en función de sus inestables intereses puntuales, establece reservas, no ratifica o simplemente no suscribe los mismos.

[2] Todos estos países padecen conflictos inducidos directa o indirectamente por la política exterior estadounidense.

[3] Ese programa permitía que menores de 21 años que huían de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras,  cuyos padres residen en Estados Unidos en situación regular, solicitar entrevistas para su reasentamiento como personas refugiadas antes de viajar a Estados Unidos. El Programa también permitía solicitar la entrada a Estados Unidos a los niños y las niñas de esos tres países que no podían optar a la condición de personas refugiadas y no tenían ninguna otra forma de reunirse con sus progenitores.

[4] El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, así como las fosas comunes multitudinarias halladas en diversas regiones del norte de México, han marcado un hito en estas prácticas.

[5] Se trata de una ONG radicada en Londres.

[6] Las sanciones son medidas aplicadas por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

[7] Afganistán, Bielorrusia, Burundi, Bosnia y Herzegovina, Cuba, Chipre, China, Corea del Norte, Egipto, Guinea, Guinea Bissau, Haití, Irán, Irak, Liberia, Líbano, Libia, Malí, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rusia, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Túnez, Venezuela, Yemen y Zimbabue.

 

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No tienes que ser perfecta para amarte: autoestima

Por: Centro Integral Lotus

Autoestima es un tema muy discutido y ventilado sobre todo en foros de mujeres.  Nos alentamos unas a las otras a amar cada rincón de nosotras y abrazarse ciegamente a ser mujer. Sin embargo, al mismo tiempo aconsejamos sobre como perder peso, como vestir para disimular imperfectos, como corregir el cabello «feo», como evitar tener arrugas.  Es muy incierto lo que significa autoestima  y vivirlo coherentemente.

Partamos de que autoestima significa una valoración positiva y agradable de uno mismo.  Cuando hablamos de auto valorarse no hablamos de algo estético,  sino de algo existencial. No referimos a la percepción global que tiene una persona de sí mismo y que tan valioso, preciado o importante se percibe.

Una sana autoestima no es un enamoramiento personal.

Amar no tiene nada que ver con ignorar tus diferencias, tus errores, tus imperfecciones, ni tu pasado.

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Fuente externa

Aceptar mis perfecciones

La autoestima abarca la realidad completa de una persona y eso incluye su cuerpo, su historia, su relación con otros, sus aciertos, fracasos y recursos. Es imposible que alguien haya tenido puras experiencias satisfactorias y agradables durante todo el trayecto de su vida y de ser así, hablamos de una persona emocionalmente inmadura, pues no ha tenido la oportunidad de adaptarse y superar retos evolutivos.  Para hablar de autoestima, no podemos amar todas las partes que nos integran.

Es una utopía exigirte ser perfecta para amarte. No se trata de ignorar tus diferencias, tus errores, tus imperfecciones, ni tu pasado,  amar  es aceptación.  Si amamos a los otros a pesar de sus imperfecciones, ¿ por qué a nosotras mismas no?  Amarte no significa ser perfecta.

Autoestima es también aceptar tus raíces, quién eres y cómo eres. Fotos: fuente externa.

Paradoja

El  comercial y popular concepto de “amor propio” se ha convertido en una exigencia, una cuasi obligación que ha roto con el verdadero significado de aceptarnos y comprendernos como seres humanos decididamente imperfectos. Es parte de nuestra naturaleza ser limitados, imperfectos y en evolución constante.

La paradoja del cambio es que solo puedo cambiar lo que acepto, esto es, solo puedo transformar lo que existe. Para  ser mejor persona debo reconocer mis faltas,  si soy perfecto, no tengo nada para que trabajar, esto incluye lo físico. La idea de la aceptación no significa estar de acuerdo ni estar a gusto,  sino el poder convivir con la realidad.  Es real y lógico que partes de ti no te gusten o las hayas asociado a un significado negativo, tal vez producto del bullying o del rechazo, pero solo a través de la aceptación de esa parte de ti como algo tuyo, lo podrás cambiar.

Inicia un proceso de aceptación personal viéndote como un ser humano digno de ser amado a pesar de sus imperfecciones y digna de amar a pesar de su torpeza.

Inicia contigo. ¡Vivirás en la forma en la que te ames!


Sobre lic. Karem González

Psicologa clínica, egresada Magna Cum Laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Completó sus estudios superiores con una Maestría en Psicología de la Salud en la Universidad Antonio de Nebrija, España.

Actualmente culmina una especialidad en Terapia Familiar Sistémica en la UASD. Especialista en diversos abordajes de psicoterapia, con mayor concentración en Dependencias afectivas, Codependencia Clínica y Acompañamiento y manejo de Duelo.

Sobre el Centro Integral Lotus: es un espacio para el bienestar integral del individuo y la familia. Brindan asistencia, evaluación y apoyo en las distintas etapas evolutivas de la persona y el núcleo familiar. A través de un equipo multidisciplinario ofrecen servicios de psicoterapia familiar, infanto- juvenil, individual y parejas. Contactos: Info@centrointegrallotus.com 

Fuente e imagen: https://revestida.com/no-tienes-que-ser-perfecta-para-amarte-autoestima.html

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Tenemos otros datos… sobre Aprende en Casa

Luis Medina Gual, Ibero CDMX (@medinagual)

Elvia Garduño Teliz, Universidad Autónoma de Guerrero

Cimenna Chao Rebolledo, Ibero, CDMX

Luz del Carmen Montes Pacheco, Ibero Puebla

Miguel Ángel Rivera Navarro, Ibero CDMX

El 24 de febrero se publicó el boletín 40 sobre Aprende en Casa en el que se alude a un estudio con la participación de 1,917,372 niñas, niños y adolescentes. En el estudio se menciona, entre otras cosas, que 9 de cada 10 estudiantes adquirieron aprendizajes con la estrategia Aprende en Casa y que el 80% de las niñas, niños y adolescentes, recibe acompañamiento de las y los maestros en todos los niveles de enseñanza. Para más información consulte: https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-sep-no-40-nueve-de-cada-10-alumnos-adquirio-nuevos-aprendizajes-con-la-estrategia-aprende-en-casa

Con el ánimo de abonar a la comprensión y conocimiento de qué ha sucedido durante este tiempo de contingencia, la Ibero CDMX, la Ibero Puebla, la UNAM FES Acatlán, la U. Panamericana,  la U. Anáhuac México, la U. Autónoma de Guerrero,  realizaron un estudio a través de financiamiento CONACyT durante los meses de julio a diciembre de 2020. Aunque el estudio va más allá del análisis del uso y aprovechamiento de Aprende en Casa, este breve escrito tiene por objeto profundizar en los datos aportados por la Secretaría de Educación Pública. Sin duda, el tamaño de la muestra a la que se aludirá es diferente a los reportados en el estudio de la Secretaría. Sin embargo, nos parece un sano ejercicio el contribuir al debate sobre la información revelada en pasados días.

En cuanto a la muestra del estudio, en total se contó con una participación de 190,130 estudiantes y docentes desde 4to de primaria hasta el último año de educación media superior. Específicamente, el estudio cuenta con una muestra de n=139,139 estudiantes y 50,991 docentes. Es importante mencionar, que esta muestra incluye un mayor porcentaje de escuelas públicas en comparación con las privadas, 89.6% de los docentes y 92.7% de los estudiantes pertenecen a instituciones públicas. Por el sentido y alcance del escrito, se omiten otras consideraciones metodológicas que serán compartidas en otros espacios.

Un primer dato que es de especial relevancia es el uso del programa Aprende en Casa para la continuación de los aprendizajes escolares, en donde se observa un uso no universal, sino más bien moderado. Cuando se le pregunta a los estudiantes cuáles fueron los tres recursos más usados por sus profesores durante este tiempo de pandemia, en el caso de primaria, (4to-6to), sólo un 44.2% de los y las estudiantes lo mencionan, 55.3% en secundaria y sólo el 15.6% de media superior.

Ahora bien, en cuanto a la valoración sobre Aprende en Casa como recurso didáctico para dar continuidad y favorecer los aprendizajes escolares, en promedio los docentes lo evalúan con una media de 7.11 en una escala de 0-10. En particular en primaria (4to-6to) donde  la media es de 7.37, en secundaria de 7.15 y en educación media superior de 6.57. Aunque la escala de la SEP va de 1-10, y la de este estudio de 0-10, vale la pena decir que en comparación al boletín 40 donde el 86% de los encuestados daba una calificación de 8-10, en este estudio ese porcentaje caía a  57.1% en primaria, 53.6% en secundaria y a 42.6% en media superior.  En síntesis, en la medida en que se complejizan los contenidos y asignaturas a lo largo del trayecto escolar, el programa parecería perder valor instruccional en tanto a concebirse como herramienta que pueda contribuir a la construcción de aprendizajes.

Sin embargo, un dato de igual relevancia emerge cuando se divide la muestra entre los estudiantes que mencionan Aprende en Casa como uno de los recursos empleados y los que no. Al preguntarles a los estudiantes qué tanto aprendieron durante este tiempo de contingencia en una escala de 0-10, el haber o no haber empleado Aprende en Casa parece no generar diferencias en esa percepción.

Adicionalmente a estas valoraciones, se realizó una pregunta abierta sobre opiniones, fortalezas y áreas de oportunidad del programa Aprende en Casa. Debido al tamaño de la muestra, se extrajo una pequeña muestra aleatoria (n=1,624) de docentes de educación básica (en otro momento se realizará el análisis de media superior) como representativa de las percepciones antes mencionadas. Dentro de los aspectos positivos se encontraron menciones de gratitud y reconocimiento al esfuerzo realizado por la SEP  para generar una respuesta inmediata a la necesidad del contexto de la contingencia sanitaria a través del programa Aprende en Casa, así como la utilidad que el programa representa para algunos docentes, en tanto a funcionar como una guía, o material de acompañamiento y reforzamiento de los contenidos curriculares durante la contingencia. Algunos ejemplos de comentarios reportados por los docentes sobre estos aspectos son los siguientes:

  • Como docente está bien; porque en esta ocasión nos están ayudando bastante dando el tema y el aprendizaje esperado, todos los maestros debemos estar a la par en el avance programático
  • Considero que es un buen apoyo para quienes no podemos dar la explicación de la clase a los niños. Ayudan a que los niños comprendan algunos contenidos. Y ya uno solo refuerza con otras actividades.

Coherente con lo anterior, el programa Aprende en Casa se visualiza como un programa que pudiera prevalecer en la nueva normalidad, y que puede apoyar la atención instruccional y los retos de la hibridación de modalidades presenciales y virtuales, así como la regularización y nivelación de aprendizajes perdidos durante la contingencia. En este sentido, los docentes opinan que:

    • Aprende en Casa (2) debe continuar independientemente de si hay pandemia o no; siempre será una oportunidad para aprender y otra forma de enseñar, complementar, y apoyar la educación de todos los mexicanos
  • Me parece una plataforma muy buena, espero que aun, después de la pandemia siga funcionando, para reforzar en casa los contenidos revisados en el aula, o bien que se implemente como una nueva estrategia en el aula, y el docente que apoye y conteste dudas, al final de cada clase, como en telesecundaria. Sería muy favorable para la educación, por lo menos durante dos o tres ciclos, para reducir el rezago educativo que nos dejara en todos los niveles educativos , debido a esta pandemia

En contraposición, algunas de las áreas de oportunidad reportadas en esta submuestra fue que: 1 de cada 10 profesores reporta que sus estudiantes tienen problemas de acceso a internet o a los programas de TV, de señal abierta o de paga; 1 de cada 20 afirma que no tiene acceso oportuno a la programación de los programas de TV, aspecto que no ayuda a su planeación; 2 de cada 10 hacen recomendaciones de mejora sobre el tratamiento de los contenidos al considerarlos poco pertinentes con respecto del plan de estudios vigente, o en relación con los conocimientos previos de sus estudiantes. Dos sencillas razones podrían ayudar a explicar gran parte de estos hallazgos: 1) Las condiciones desiguales en el acceso e infraestructura disponibles para utilizar el programa, y 2) El supuesto de que todos los educandos, según grado y nivel escolar, aprenderán lo mismo, independientemente de las diferencias de contexto y de los niveles de consolidación de los aprendizajes previos.

En esta tónica, los docentes hicieron referencia a situaciones insatisfactorias relacionadas con los contextos de pobreza y marginación de sus estudiantes, las condiciones geográficas de infraestructura, las barreras socioculturales del idioma y los medios televisivos por los cuáles se transmite la programación de Aprende en Casa:

  • Trabajo en un medio rural. No tienen mucha señal. En casa hay televisión para 3 o 4 hermanos. En épocas de lluvias les falla la luz hasta dos días.
  • Las condiciones geográficas de la comunidad donde laboro no permiten una clara recepción de la señal de tv aunque el programa es bueno no lo pueden ver.
  • No  llega a las comunidades rurales e indígenas porque algunos niños no tienen luz, televisión, señal abierta o de pago. Además, algunos niños usan más su lengua materna por tanto no es muy funcional.

Así mismo, los docentes también hicieron algunos señalamientos al programa relativos a las actividades planteadas, los horarios, la congruencia con el currículo establecido,  y los aprendizajes.

  • Destrozaron la secuencia de los programas de telesecundaria, no respetaron los horarios, es muy desgastante para los alumnos permanecer 2 horas y media sentados frente al televisor viendo las clases.
  • Algunas actividades son en familia, pero no consideran actividades para los alumnos que no reciben apoyo familiar.
  • Hace falta explicar mejor los temas y que lleven relación uno con otro, que no se lleve un orden de acuerdo al plan y programas de estudios.

En relación con lo anterior, se recogen también comentarios sobre la motivación que ha generado el programa hacia el aprendizaje, tomando en consideración la pertinencia y actualidad de los contenidos, la didáctica que ofrece el programa, y el hecho de que se imparte en modalidad asíncrona, y en cierta medida de forma pasiva, en tanto a la falta de interactividad entre estudiantes y docentes, y entre estudiantes. Algunos comentarios que indican ciertos retos al respecto, mencionan que:

  • No va a acorde al desarrollo de cada uno de los niveles y el desarrollo personal de los adolescentes ya que la mayoría de los programas muestran contenidos que no son motivadores, así como también escasea la participación de un profesor especialista.
  • Debería tener clases más dinámicas y con videos educativos actualizados para que los alumnos se sienten atraídos y motivados.
  • Me parecen buenas las programaciones, sin embargo me gustaría que para primaria también se emplearan recursos más didácticos para que los niños se sientan motivados de aprender y ver la programación.

De forma similar, se observan aspectos que pueden llegar a desmotivar en los docentes el uso y manejo del programa Aprende en Casa:

  • Me gustaría que se nos hubiera informado con tiempo y nos capacitaran de manera más personal y cercana la forma de trabajo de los contenidos. Aunque es buena la forma de trabajo no se generó una buena motivación en las familias para utilizar esta forma de trabajo.

En contraposición a lo anterior, hay algunos profesores que indican que por el contrario, el programa ha sido un espacio motivador de aprendizajes, particularmente en educación primaria:

  • Aprende en casa 2 ha sido un espacio para el aprendizaje muy bueno, que aporta competencias a nuestros alumnos ,por ello mismo motiva y relaja a los niños en sus aprendizajes de manera muy interactiva y lúdica van aprendiendo, recomiendo a mis alumnos que sigan la transmisión de aprende en casa 2 porque es un apoyo muy significativo.

En cuanto a los contenidos o temáticas, los docentes manifestaron la ausencia y la superficialidad en la presentación de algunas asignaturas y niveles educativos. En el caso de las asignaturas específicas como Inglés, Español, Matemáticas, Ciencias, Geografía e Historia, entre otros, algunos de ellos tienen opiniones encontradas sobre los materiales que las integran y la forma en que se presentan:

    • La clase de español y matemáticas es excelente, pero ciencias, geografía y formación deberían presentar diapositivas con información porque solo hablan y hablan, es lo mismo con historia. Mis alumnos que son de primero, llevaban lengua indígena por lo que de inglés no entienden nada porque no iniciaron con lo básico. Yo les envío videos y copias de vocabulario.
  • Algunos contenidos de aprende en casa 2 los abordan tan rápidamente sin profundizar en ellos y están dejando lagunas, por ejemplo en geografía de 4o  División Política de México, regiones etc. En Lengua materna de 4o pasan de análisis de texto, resumen, ideas principales, paráfrasis a monografía una lección por tema sin dar tiempo a tocar todos los elementos para crear paráfrasis o para elaborar resumen y seleccionar ideas principales. Para atender el 16 de septiembre brincaron a el bloque V y regresaron pero ahora descuidaron el tema de historia que correspondía al Poblamiento de América. Sugiero que los contenidos no se vean tan superficialmente por querer avanzar mucho. De cada contenido hay varios temas imprescindibles.
  • Deberían actualizar los programas de inglés.

Finalmente, las recomendaciones pedagógicas que hicieron los docentes al programa Aprende en Casa se relacionaron principalmente con la necesidad de sentirse acompañados al integrarlo dentro de sus planificaciones y actividades, y esto alude a situaciones de logística y organización del programa para dotarlos con anticipación de la programación, contenidos y aprendizajes esperados. Algunos ejemplos de opiniones sobre sobre lo anterior incluyen los siguientes:

  • Que los conductores y maestros primero se especialicen más en el tema a tratar, que demuestren que son especialistas (con sus excepciones).
  • Es indispensable retomar el contexto sociocultural de los educandos para adaptar las necesidades educativas de los alumnos.
  • Que nos den al menos una semana antes los contenidos a abordar, así como un resumen general de lo que tratará el programa para lograr planear y retroalimentar.

Para lograr el aprendizaje de los estudiantes, los docentes recomiendan al programa Aprende en Casa la consideración de la diversidad de situaciones sociales y culturales, ritmos y velocidad de las lecciones acordes con la edad, desarrollo y maduración cognitiva de los estudiantes, estilos de aprendizaje y contextos en los que se aprende:

  • Sería bueno que los chicos tuvieran el contenido de la programación impresa ( les cuesta trabajar a la velocidad de la tv).
  • Pasar la información de los programas de televisión más lento ya que los alumnos no logran captar bien las ideas.
  • Los horarios que fueran de acuerdo a la edad de los estudiantes.
  • Es importante conocer el contexto, recursos, herramientas, habilidades, estilos y canales de aprendizaje del alumnado.

En síntesis,  Aprende en Casa es percibido como un programa con gran valía por el magisterio. Sin duda ha sido y es un programa que retoma la experiencia de la Secretaría de Educación Pública en el uso de medios de comunicación (piénsese en las telesecundarias). Los docentes agradecen contar con este recurso y por eso mismo es que emergen algunas recomendaciones derivadas del contexto, la pertinencia y actualización de los contenidos y el acceso a los medios de comunicación y difusión del programa. Además se vislumbran otras posibilidades de mejora como la comunicación, la posibilidad de planeación anticipada, la posibilidad de refinamiento del diseño instruccional y un acompañamiento tutorial estratégico que permita aprovechar y fortalecer los recursos que ofrece el programa, así como la elaboración de materiales cuya pertinencia, vigencia y diseño instruccional sea congruente con las temáticas y niveles de desarrollo de los estudiantes, y motive a estudiantes y docentes a utilizarlo para la construcción y continuación de los aprendizajes. Finalmente, un punto importante es que el uso del programa no ha sido universal, de hecho, menos de la mitad de los encuestados refirieron haberlo utilizado.

Para mayor información sobre el proyecto de investigación: https://educarencontingencia.net/

Fuente e imagen: http://www.educacionfutura.org/tenemos-otros-datos-sobre-aprende-en-casa/

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Disputas por el Territorio, Tensiones entre la Guerra y la Paz

Por: Yani Vallejo Duque* Y Alfonso Insuasty Rodríguez**

Juicio histórico contra el Estado colombiano: genocidio político, crímenes contra la paz y la impunidad

En Colombia, de manera particular, se ha aplicado toda una tecnología refinada del exterminio, una sumatoria de prácticas sociales genocidas que han desplegado y desarrollado la aplicación de toda una tecnología del poder y la dominación.

Por genocidio político nos referimos a esa variada aplicación de estrategias para invisibilizar, aislar, estigmatizar, moralizar, anular, criminalizar y eliminar formas de pensar diferentes a las posturas económicas, culturales y políticas de las élites dominantes, prácticas que se suman a la constante eliminación física.

La amenaza, el exilio, la criminalización, el señalamiento, el olvido, falsear la historia, la creación de un enemigo interno, el control editorial de los medios masivos de información encargados de construir relatos e imaginarios de verdad a la medida del poder instituido, el control académico e investigativo en los centros universitarios, la pauperización, la negación de un futuro laboral, la presión a redes familiares y un largo etcétera se suman a éstas tecnologías del poder y la dominación.

La historia política de Colombia ha estado marcada por un constante e innegable ataque a los trabajadores sindicalizados, organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, cooperativas territoriales autónomas, procesos académicos universitarios, docentes, investigadores, comunicadores, organizaciones urbanas, estudiantiles, partidos políticos como la UP, A Luchar, Movimientos Cívicos, defensores y defensoras del medio ambiente, entre otras organizaciones que por sus posturas, su defensa de los derechos, por la búsqueda de mejores condiciones de vida, por oponerse a la imposición de un modelo de desarrollo devorador, sufren la aplicación constante de esa Tecnología del Horror.

Un ejemplo claro lo evidencia un informe de la Escuela Nacional Sindical que da cuenta de ello:

Los patrones de la violencia antisindical y de la causa de la estigmatización. “La creación y consolidación de imaginarios, discursos, prácticas y representaciones, ha contribuido a tejer toda una urdimbre de significaciones negativas sobre el sindicalismo.” En el país existe una especie de “cultura antisindical” que señala y estigmatiza a los y las trabajadoras que hacen parte de un sindicato. En conclusión, se ve al sindicalismo cómo algo negativo y amenazante por parte de un sector de la sociedad colombiana, los que históricamente han tenido el poder. (ENS, 2020)

Esto sumado a la eliminación física consistente y estructural, las cifras así lo muestran, entre enero de 1971 y 2018:

Fuente: ENS, 2020.

Sindicatos como la Federación de educadores FECODE, y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, son los que más han padecido estas que podremos llamar: “prácticas genocidas instituidas”.

Hoy luego de la firma de un importante acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado Colombiano, estas prácticas genocidas instituidas no se detuvieron, por el contrario, se han refinado y se han incrementado. La ONG Indepaz da cuenta que, solo en el 2021 de enero a la fecha, han sido asesinados 24 líderes sociales y 9 excombatientes (Indepaz, 2021), desde la firma del acuerdo de Paz en el año 2016 hasta el 10 de diciembre de 2020 habían sido asesinados 1.088 líderes lideresas sociales. (Indepaz, 2020)

Es evidente que existe una reingeniería del paramilitarismo post acuerdo, en la búsqueda de la captura de territorios estratégicos para anclarlos a los proyectos del llamado “desarrollo” (Insuasty Rodríguez, 2017).

Además, de manera general como sociedad, hemos estado sometidos a unas estructuras injustas de orden económico, político, cultural y militar, un entramado que a modo de hidra de mil cabezas que combina sectores del empresariado, mafias, paramilitares, clanes políticos y Estado, todos unidos desplegando una dinámica criminal nefasta de control y reordenamiento social y territorial a la medida, así mismo, se nos imponen relaciones internacionales abiertamente injustas que han provocado atentados aleves contra la vida, las comunidades, los territorios en tanto generan condiciones de hambre, falta de empleo, pauperización y de una abierta impunidad.

Pero estas estructuras no se dan de la nada, son provocadas, se constituyen de suyo en un crimen estructural en tanto provocan la muerte lenta y continuo de capas sociales sometidas al hambre al desempleo y a la falta de recursos para proteger la salud y para educarse, así mismo devoran el medio ambiente poniendo en riesgo los derechos incluso, de las generaciones futuras.

Las estructuras represivas hoy, siguen vigentes y se han conservado tras ropajes jurídicos, discursivos, mediáticos, técnicas institucionales del encubrimiento, la captura política de las instituciones de justicia, el fuero militar, el secreto de estado arropados bajo el concepto de “seguridad nacional” y más recientemente la toma y captura de las instituciones destinadas a la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto (Insuasty Rodríguez, Reconfigurar el sentir-pensar de la sociedad. Propósito de las élites. Colombia, 2020).

Vale agregar a este contexto que, las investigaciones de Transparencia y Fiscalía a octubre de 2019 revelaron que la impunidad en el país llegaba a un 94 %, una situación mucho más preocupante de lo que parecía ser. (Gossain, 2019)

En este contexto, en Colombia, gracias al empuje de las organizaciones sociales, sindicales, populares, eclesiales, entre otras, se ha logrado la realización en Colombia de las Sesión número 48° del Tribunal Permanente de los Pueblos, para Juzgar al Estado Colombiano por los crímenes de: Genocidio Político, Crímenes contra la Paz e Impunidad.

Vale recordar que, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un organismo internacional no gubernamental que se establece en el año 1979, como institución que tiene como misión específica la de transformar en permanente la función que había sido la de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976): garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional. El derecho internacional es sin lugar a duda un orden imperfecto, en desarrollo. Aún después de la institución de la Corte Penal Internacional, que ha excluido de su competencia los crímenes económicos, para muchas y quizás la mayoría de las acciones que se producen o coinciden con la violación de los derechos de vida de poblaciones no existe la posibilidad de formular juicios que tengan efectividad. Es el caso específico de todo el ámbito que se refiere a los crímenes de raíces y mecanismos económicos, que a lo largo de los últimos veinte años se han transformado visiblemente en una de las causas principales y más dramáticas de las violaciones de los derechos humanos. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2008)

Si los Estados no proceden, le corresponde al pueblo organizado hacer lo propio, se trata de un tribunal de opinión que ha permitido visibilizar graves violaciones de los derechos humanos y de los pueblos, aun superando el yugo de estructuras sociales y Estatales marcadas por la negación de la democracia, la justicia, la verdad, ha permitido incluso equilibrar la dura balanza del poder y la aplicación de justicia, sus fallos han sido de especial relevancia para la comprensión de la realidad y para marcar la ruta en el camino de la protección de los derechos de los pueblos, examinando los casos de violaciones grave y sistemática de los derechos humanos cometidos por los Estados y Empresas Transnacionales. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2015)

En Colombia ya se han realizado dos sesiones anteriores:

Sesión Número 16 TPP: La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en in América Latina (Bogotá, 22-25 de abril de 1991) Descarga la Sentencia aquí.

Sesión Número 33 TPPEmpresas trasnacionales y derechos de los pueblos en Colombia (Colombia, 2006-2008) Descarga las Sentencias de las audiencias preliminares y de la sesión final 

Este primer semestre de 2021 se realizará la versión número 48, la tercera en Colombia.

Resulta ser de vital importancia por el momento de rebrote de la violencia como ejercicio de exterminio de toda capacidad organizativa de las comunidades para defender sus derechos, territorios, contra toda postura política incómoda para el orden establecido.

Paralelo se han venido desarrollando eventos de especial relevancia, como la Audiencia Pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH por el Caso del Genocidio del partido político Unión Patriótica realizado en el mes de febrero de 2021 (El Espectador, 2021), así mismo la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP ha venido, a pesar de los constantes ataques de los sectores empresariales y políticos de extrema derecha concentrados en el Partido Centro Democrático, importantes y duras declaraciones como en el caso 003 conocido como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” nombrado de manera coloquial como Falsos Positivos, reconociendo a la fecha, la cifra de 6.402 civiles asesinados de forma aleve por las fuerzas militares y hechos pasar falsamente como dados de baja en combate, crímenes aleves cometidos entre 2002 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una falta grave a la moral y la ética humana. (JEP, 2021)

Este año 2021, se espera que para el mes de noviembre se hagan públicos los informes de la Comisión de la Verdad creada en el marco del acuerdo de Paz firmado entre las Farc y el estado colombiano. Se agrega que estamos en pleno año preelectoral, la situación estará bastante movida y compleja.

Se espera así que este Tribunas de los Pueblos aporte de manera significativa en la reconstrucción de una verdad verdadera, que permita reconocer las dinámicas, actores y sistematicidad de esta violencia genocida que ha marcado la historia de Colombia.

Referencias

El Espectador. (10 de febrero de 2021). “Hubo una posibilidad de matar impunemente”: perito sobre exterminio de la UniónPatriótica. Obtenido de El Espectador: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8297-hubo-una-posibilidad-de-matar-impunemente-perito-sobre-exterminio-de-la-union-patriotica

ENS. (07 de 10 de 2020). ¿Por qué y para qué la violencia antisindical en Colombia? Obtenido de Escuela Nacional Sindical : https://ail.ens.org.co/informe-especial/por-que-y-para-que-la-violencia-antisindical-en-colombia/

Gossain, J. (2 de octubre de 2019). De cada cien delitos, en Colombia solo se castigan seis. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/colombia-de-cada-cien-delitos-solo-se-castigan-seis-419136

Indepaz. (10 de diciembre de 2020). Informe de líderes y personas defensoras de derechos humanos asesinados despues del acuerdo de Paz. Colombia. Obtenido de Indepaz: http://www.indepaz.org.co/pazparaliderar/

Indepaz. (19 de febrero de 2021). Líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz asesinados 2021. Obtenido de Indepaz: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

Insuasty Rodríguez, A. (2017). ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo? El Ágora USB, 17(2), 338-352. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n2/1657-8031-agor-17-02-00338.pdf

Insuasty Rodríguez, A. (10 de abril de 2020). Reconfigurar el sentir-pensar de la sociedad. Propósito de las élites. Colombia. Obtenido de Kavilando: https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7622-reconfigurar-el-sentir-pensar-de-la-sociedad-proposito-de-las-elites-colombia

JEP. (18 de febrero de 2021). La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos. Obtenido de JEP: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx

Rojas Merchand, M. (2021). Desigualdad e Ideología neoliberal antidemocrática. Revista Kavilando, 12(1), 175-190. Recuperado a partir de https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/371

Tribunal Permanente de los Pueblos. (julio de 2008). Empresas transnacionales y derechos de los Pueblos. Obtenido de Kavilando: http://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/2006/04/Colombia_VII_TPP-Es.pdf

Tribunal Permanente de los Pueblos. (2015). Tribunal Permanente de los Pueblos. Obtenido de Tribunal Permanente de los Pueblos: http://permanentpeoplestribunal.org/?lang=es

*SI QUIERE PROFUNDIZAR EN ESTE TEMA, ESCUCHAR PROGRAMAS RADIO KAVILANDO:

Radio Kavilando: Las Técnicas Refinadas Del Exterminio En Colombia.

Radio Kavilando: Tribunal Permanente De Los Pueblos. Colombia

*Abogado, especialista en derecho penal, defensor público e investigador Grupo Kavilando. Contacto: yaniw6@gmail.com

**Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, Integrante Red Interuniversitaria por la Paz, actual consejero de Paz Conpaz Medellín sector Universidades, e Integrante grupo Autónomo Kavilando. Contacto: Alfonso.insuasty@gmail.com

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/juicio-historico-contra-el-estado-colombiano-genocidio-politico-crimenes-contra-la-paz-y-la-impunidad/

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India: préstamos a crédito desde hace 4.000 años y bancos desde hace 2.500 años

Por Eric Toussaint, Sushovan Dhar

Los primeros préstamos en la India se remontan a hace 4.000 años. La existencia de préstamos está probada durante el período védico, entre 2000 y 1400 a.C. La existencia de bancos en la India se remonta al 500 a. C. [1].

Un tratado sobre el arte político de la antigua India, el Arthasastra (atribuido a Kautilya), que data del siglo IV o III a.C., menciona la existencia de acreedores, prestamistas y tasas de interés.

A partir del siglo XII d.C., los bancos desarrollaron sus actividades en toda la India. Los banqueros indios emitieron letras de cambio llamadas hundis que se utilizaron para el comercio internacional [2]. Todo esto más de 2 a 3 siglos antes de que banqueros de Europa Occidental emitieran letras de cambio.

Es común leer en la prensa occidental que el primer banco del mundo fue italiano y se llamó Monte dei Paschi fundado en Siena en 1472, cuando los bancos habían existido en la India desde hacía varios siglos. W.E. Preston, miembro de la Comisión Real de Moneda y Finanzas de las Indias establecida en Londres en 1926, dice: «Se puede admitir que un sistema bancario que correspondía a la necesidad de la India funcionó en ese país muchos siglos antes de que se practicara la ciencia de la banca en Inglaterra” [3].

Durante el período de dominación británica sobre la India, que se extendió desde mediados del siglo XVIII hasta 1947, se produjo el desarrollo de un sistema bancario dominado por el capital inglés. Hasta la independencia, todo el sistema bancario era privado y estaba muy poco reglamentado.

La débil regulación se vio agravada por la abolición de la responsabilidad ilimitada de los banqueros. Esta evolución se importa de Europa Occidental. En efecto, los capitalistas obtuvieron una adaptación favorable de la legislación en Europa y América del Norte. Hasta entonces, si el banco que poseían quebraba, los tribunales podían ordenar la incautación del conjunto del patrimonio hasta cubrir los daños sufridos. Inmediatamente después de la abolición de la responsabilidad ilimitada de los banqueros, se produce un aumento en la asunción de riesgos y, en consecuencia, un aumento de las quiebras bancarias.

El mundo rural, la abrumadora mayoría de las y los campesinos en particular no tenían acceso a los servicios bancarios y quedaron en manos de los usureros. Del mismo modo, en las ciudades, los artesanos y los pequeños empresarios tampoco tenían acceso a préstamos bancarios. Esto llevó desde los años 1900 en adelante a la creación de cooperativas de crédito en el mundo urbano y rural. Estas instituciones se ven poco afectadas por las quiebras.

Por el contrario, desde 1913 hasta la independencia, hubo una serie ininterrumpida de quiebras bancarias: 108 quiebras entre 1913 y 1921, 215 quiebras entre 1926 y 1935, 70 quiebras entre 1936 y 1945.

Los fraudes bancarios y las crisis bancarias han sido parte integrante de la historia financiera de la India bajo dominación británica. En 1913, John Maynard Keynes, después de estudiar el estado del sector bancario en el país, escribió en Indian Currency and Finance: «En un país tan peligroso para los bancos como la India». De hecho, las estafas en el sector bancario indio son anteriores a la constatación hecha por Keynes. El Banco Presidencial de Bombay (PBB), creado por la Compañía Británica de las Indias Orientales en 1840, fue estable y se administró con precaución hasta mediados de la década de 1860. Fue entonces cuando los británicos comenzaron a depender en gran medida de los mercados de algodón de Bombay, ya que los suministros de los Estados Unidos habían disminuido debido a la guerra civil. Así, muchas empresas del algodón y bancos comenzaron a surgir en Bombay para satisfacer una demanda de capital en auge.

Es en este contexto en el que el PBB comenzó a emitir imprudentemente préstamos contra acciones de empresas privadas e incluso con simple garantía personal. Luego, al final de la guerra civil en los Estados Unidos, la euforia en el mercado del algodón indio se convirtió en pánico. El banco, hasta entonces estable, cerró rápidamente sus puertas [4]. Un nuevo Banco de Bombay fue creado inmediatamente en 1868 – las instituciones financieras estaban, por supuesto, en el centro del proyecto colonial.

Después de la independencia en 1947, el Banco Central llamado Banco de Reserva de la India se transformó en una institución 100% pública. Tiene amplios poderes para supervisar bancos que siguen siendo totalmente privados. Estas facultades de control son claramente insuficientes porque se producen un gran número de quiebras, no menos de 361 entre 1947 y 1955.

The RBI building in Chennai. Courtesy: BBJ Calcutta

A pesar de la nacionalización del Imperial Bank (Banco Imperial) [5] que dio lugar al nacimiento del State Bank of India (Banco Estatal de la India) y a la posterior adquisición de los ocho bancos controlados por los estados principescos [6] por el State Bank of India (Banco Estatal de la India) en 1959, los bancos privados abandonaron a los sectores populares, como en el período colonial. En el mundo rural prestan solo a los traders (operadores de mercado de valores mobiliarios). Estos traders, a su vez, hicieron anticipos financieros a los pequeños productores rurales que tenían que hacer el reembolso cuando se realizaba la cosecha a un precio más bajo que el precio de mercado, lo que les mantenía en la miseria. Las cooperativas rurales estaban completamente subdesarrolladas y la abrumadora mayoría de los campesinos fueron dejados en manos de traders y de usureros.

Una perspectiva histórica del sector bancario público indio

Desde la independencia en 1947 hasta 1969, el sector bancario indio estuvo dominado en gran medida por los bancos privados. Este período estuvo marcado por numerosas quiebras bancarias. En 1969, la primera ministra Indira Gandhi dio un giro consistente en fortalecer la intervención del Estado y del sector público en la economía (este giro causó una ruptura con el ala derecha de su partido, el Partido del Congreso). Al hacer esto intentaba fortalecer el capitalismo indio y satisfacer ciertas demandas populares. Una de las medidas adoptadas fue nacionalizar catorce bancos en 1969 [7].Entre otras medidas adoptadas, puso fin a ciertos privilegios otorgados a los principados, heredados del período británico, cuando el poder colonial mantuvo a los maharajás en el poder.

A su manera, Indira Gandhi recurrió a lo que el gobierno de Gaulle había establecido en Francia después de la Segunda Guerra Mundial y que se había llamado el «Circuito del Tesoro» [8]. El Circuito del Tesoro representa el mecanismo establecido por el Gobierno de Francia después de la Liberación para financiarse. Cabe recordar que el Banco de Francia y 4 grandes bancos de depósitos, bajo presión del movimiento popular, habían sido nacionalizados en 1945-1946. [9] El Circuito del Tesoro permitía al gobierno francés obtener préstamos sin pasar por los mercados financieros. Los bancos estaban obligados a comprar una cantidad de títulos de deuda pública franceses al precio y tipo de interés fijados por adelantado por las autoridades públicas. Según Benjamin Lemoine, esto funcionó muy bien durante más de treinta años y el monto de la deuda pública fue mucho menor de lo que llegó a ser más tarde. Solo a partir de la década de 1980 este mecanismo fue totalmente abandonado como parte de la ofensiva neoliberal. Desde la década de 1980 Francia se ha endeudado en los mercados con los bancos y otras empresas financieras privadas.

Las normas aplicadas en India a partir de 1969 nos recuerdan el Circuito del Tesoro aplicado en Francia en la misma época, pero con obligaciones aún más estrictas, lo cual es positivo.

Los bancos públicos indios tuvieron que invertir el equivalente al 20% de sus activos en el banco central como garantías contra el riesgo de quiebra. Tuvieron que dedicar el 40% de sus activos a títulos de deuda pública, oro o valores de liquidez. El 40% restante se distribuiría en forma de créditos de acuerdo con criterios predefinidos, que daban un lugar significativo a los agricultores, artesanos y pequeñas y medianas empresas.

La gran burguesía industrial india se adaptó muy bien a la existencia de un importante sector bancario público, ya que esto le permitió fortalecer la financiación de sus grandes proyectos de expansión. Este es el caso de grandes grupos como Tata (metalurgia) y Birla (textil y metalurgia). Este punto de inflexión de Indira Gandhi se inscribe en un contexto internacional en el que India fortaleció sus relaciones militares, diplomáticas y económicas con la Unión Soviética, lo que la llevó, en particular, a adoptar un sistema de planificación de grandes inversiones que favorecía a la industria pesada, un poco a imagen de lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética.

La nacionalización de los bancos y la adopción de una política intervencionista estatal en la economía fueron funcionales para el fortalecimiento del gran capital de la India. Este último también estaba interesado en beneficiarse de medidas proteccionistas en relación con la competencia en el mercado global. La orientación adoptada por Indira Gandhi también favoreció la aceleración de la revolución verde en la agricultura india, que tuvo consecuencias adversas, incluso dramáticas, para una parte significativa del campesinado que se volvió dependiente de grandes compañías de semillas, especialmente extranjeras (Monsanto, Syngenta… todo ello apoyado igualmente por la Fundación Ford y el Banco Mundial) [10].

En 1980 el gobierno llevó a cabo una segunda ola de nacionalización bancaria: 6 bancos fueron nacionalizados [11].

A partir de mediados de la década de 1980, las políticas de ajuste estructural comenzaron a implementarse en la India, como en el resto de los países en desarrollo. Con ocasión de una importante crisis de balanza de pagos que estalló en 1991, el gobierno aceleró la aplicación de las reformas estructurales con el fin de desregular la economía, aumentar la inversión extranjera, privatizar y reducir las medidas proteccionistas (integrándose a la Organización Mundial del Comercio desde su lanzamiento en 1995). A través de estas reformas, los requisitos de asignación de los activos de los bancos se modifican radicalmente: la parte de los activos colocados como garantía en el banco central pasa del 20% al 4,5%, y la parte de activos que se dedicarán a valores de deuda pública, oro y liquidez pasa del 40% al 19,5%. Las tasas de interés, previamente establecidas por el Banco Central, se han liberalizado.

Luego, el sector bancario se abrió al capital privado. Siete nuevos bancos privados entraron en el mercado entre 1994 y 2000. Además, más de 20 bancos extranjeros comenzaron a operar en la India desde 1994. En marzo de 2004, los nuevos bancos privados y extranjeros tenían una participación combinada de casi el 20% del total de activos. En resumen, los tipos de interés acreedores y deudores se han desregulado (el único tipo regulado restante es el de los depósitos de ahorro); el ratio de liquidez reglamentaria se ha reducido al 25%; las normas prudenciales para los fondos propios de los bancos se han fijado de acuerdo con las normas de Basilea, es decir, se han rebajado; se han fortalecido las normas de contabilidad para provisiones y activos improductivos; los bancos extranjeros han tenido más libertad para entrar en el mercado indio y los bancos existentes han podido abrir nuevas sucursales; las líneas de demarcación entre los bancos comerciales (que se centran en fondos de operaciones, capital circulante) y los bancos de desarrollo (que se limitan a préstamos a largo plazo) fueron desdibujadas; los nuevos bancos obtuvieron la licencia bancaria y se hicieron posibles las fusiones.

El programa de privatización revelado por las reformas neoliberales sigue ganando terreno con los sucesivos gobiernos, que lo llevan aún más lejos. Las iniciativas actuales del gobierno hablan de una venta pura y simple de bancos del sector público a intereses privados. Durante la presentación del presupuesto a principios de febrero de 2021, el Ministro de Finanzas de la India anunció la venta de dos bancos al sector privado. Aunque no nombró en su discurso sobre el presupuesto de 2021 los dos bancos que el gobierno planea privatizar, los analistas destacaron que el Bank of Baroda (Banco de Baroda, BoB) y el Punjab National Bank (Banco Nacional del Punjab, PNB) son posibles candidatos. Recientemente, la agencia de noticias Reuters, en un comunicado exclusivo, reveló los nombres de los cuatro bancos preseleccionados: Los cuatro bancos preseleccionados son el Bank of Maharashtra (Banco de Maharashtra), el Bank of India (Banco de la India), el Indian Overseas Bank (Banco de Ultramar de la India) y el Central Bank of India (Banco Central de la India). Dos funcionarios dijeron a Reuters anónimamente que el caso aún no era público. Los funcionarios dijeron que dos de estos bancos serán seleccionados para la venta en el año fiscal 2021/2022, que comienza en abril. La lista corta aún no se ha comunicado.

La escandalosa historia de la crisis bancaria

El siglo y medio que acaba de pasar no ha estado exento de su parte de crisis y controversias en el sector bancario indio. El Banco Central ha tratado de responder a todas estas crisis fortaleciendo y añadiendo regulaciones. En cualquier caso, pero en mucho menor medida, las quiebras bancarias continuaron de una forma u otra. Antes de que la última ola de crisis golpeara a bancos como Punjab National Bank, Yes Bank y otros, hubo estafas bursátiles en 1992 y 2001 que se debieron a operaciones bancarias fraudulentas. Luego estaba la estafa del Indian Bank en 1996. Entre los bancos recién creados en la década de 1990, el Global Trust Bank desempeñó un papel importante en la estafa bursátil de 2001. Además se produjeron las crisis de préstamos dudosos en las décadas de 1980 y 1990.

Todos estos fracasos, y los más recientes, son algo desconcertantes a pesar del fortalecimiento de la regulación bancaria a lo largo tiempo. Los bancos indios ahora se rigen tanto por las normas internacionales de Basilea como por las regulaciones nacionales. El Banco Central tiene amplios poderes para inspeccionar bancos e intervenir en sus operaciones y no puede estar exento de ninguna responsabilidad.

Tras las crisis causadas por la quiebra de Lehman Brothers en 2008, el sector bancario indio fue aplaudido. Se dijo que los banqueros indios no siguieron las llamadas «prácticas fraudulentas occidentales» y se contentaron con lo esencial. Esta idea está siendo hoy cuestionada y se debe combatir la voluntad del gobierno racista chovinista procapitalista de acelerar las privatizaciones.

Próximo artículo: India, ¿qué propuestas plantear contra las nuevas tentativas de privatización de los bancos públicos?

Notas:

[1] Reserve Bank of India – Publications, https://www.rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=10487

[2] Los hundis son la forma más antigua de instrumentos de crédito utilizados desde el siglo XII d.C. Los depósitos eran aceptados por ciertos bancos indígenas en el marco del sistema “khata putta”. Sin embargo, la mayor parte de los bancos indígenas como los Multanis y Marwaris no aceptaban los depósitos pues contaban con sus propios fondos.

[3] Indian Central Banking Enquiry Committee (1931), Chapter II page 11 citado en Reserve Bank of India – Publications, https://www.rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=10487

[4] Éric Toussaint ha descrito sucintamente en el caso de Egipto la crisis de deudas ligada al boom del algodón en la época de la guerra civil en los Estados Unidos. Ver https://www.cadtm.org/La-deuda-como-instrumento-para-la

[5] Al comienzo, conforme a su carta real, el Imperial Bank hacía oficio de banco central para la India británica antes de la creación de la Reserve Bank of India en 1950.

[6] Los principados constituían un estigma de la dominación colonial británica que en ciertos territorios había mantenido en el poder a los maharajás..

[7] La lista de los 14 bancos nacionalizados en 1969: Central Bank of India, Bank of Maharashtra, Dena Bank, Punjab National Bank, Syndicate Bank, Canara Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Bank of Baroda, Union Bank, Allahabad Bank, United Bank of India, UCO Bank, Bank of India

[8] Ver Benjamin Lemoine, L’ordre de la dette, Éditions La Découverte

[9] Ver Éric Toussaint: Algunos ejemplos históricos de acciones decisivas en relación con los bancos: Comuna de París, Revolución Rusa, Roosevelt, De Gaulle, Mitterrand, etc. en https://www.cadtm.org/Algunos-ejemplos-historicos-de-acciones-decisivas-en-relacion-con-los-bancos. Ver Patrick Saurin, Pourquoi la socialisation du secteur bancaire est-elle préférable au système bancaire privé actuel ? En https://www.cadtm.org/Pourquoi-la-socialisation-du

[10] Ver Éric Toussaint, La Bolsa o la vida, etc.; Ver también Vandana Shiva, La revolución verde

[11] Los 6 bancos nacionalizados en 1980 : Andhra Bank, Corporation Bank, New Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Punjab and Sind Bank and Vijaya Bank

Fuente: http://cadtm.org/India-prestamos-a-credito-desde-hace-4000-anos-y-bancos-desde-hace-2-500-anos

Fuente: https://rebelion.org/india-prestamos-a-credito-desde-hace-4-000-anos-y-bancos-desde-hace-2-500-anos/
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El feminicidio de Mariana que evidenció el racismo del sector salud

Por: Brigada De Salud Comunitaria 43

La práctica médica solo es efectiva si responde al contexto en el cual se desenvuelve, con un entendimiento serio de los llamados “determinantes sociales de la salud” – la marginación económica, el racismo, el machismo y otras violencias sistémicas. La violencia de género provoca impactos graves en la calidad de vida de las mujeres, en México es una emergencia de salud pública que se debe atender de manera prioritaria en la salud institucionalizada y comunitaria. No podemos ser cuidadores sanitarios y esperar que otras y otros resuelvan las problemáticas sociales que en gran medida definen las enfermedades y la salud de quienes cuidamos.

Es fundamental señalar cómo varios profesionales de la salud han abordado el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, joven médica pasante. El 29 de enero, “Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México”, emitieron un comunicado respecto al tema, pero en ningún momento exigen justicia y esclarecimiento del asesinato y omisiones cometidas en el caso, tampoco proponen acciones para atender la violencia de género. La exigencia recalcada en el documento es; “de manera inmediata, la cancelación de la rotación de médicos pasantes por las regiones donde el Gobierno del Estado de Chiapas no pueda garantizar la integridad y seguridad de los médicos pasantes” y hacer “extensiva esta misma exigencia para hacerla valer en todo el país”.

En paralelo con las declaraciones de los grupos médicos, en redes sociales y foros públicos se han circulado un número importante de publicaciones racistas y clasistas de profesionales de la salud en contra de la población rural, señalan: “En los pueblos que mantienen sus usos y costumbres, que se curen con sus usos y costumbres”, “Creen que a uno le encanta ir a sus pinches ranchos olvidados hasta por Dios”.

Las preguntas que no plantean son: ¿Quién mató a Mariana? ¿Quién ejerció la violencia sexual en su contra? ¿Fueron las autoridades escolares y sanitarias y la fiscalía quienes ignoraron su solicitud urgente de auxilio o fue “la población rural”?

El feminicidio y la violencia sexual no son problemas exclusivos de las comunidades rurales. Al contrario, en el 2018, la mayor prevalencia de delitos sexuales contra mujeres adultas fue en municipios de 100 mil habitantes o más1. Entre el 2011 y 2016, las tasas más elevadas de homicidios contra las mujeres se concentraron en 10 municipios de distintas latitudes del país2, todos pertenecientes a zonas urbanas.

Culpar a la “población rural” de las agresiones en contra de Mariana se vuelve intrigante considerando los detalles hasta ahora sabidos del caso. De acuerdo a una queja escrita por Mariana, más los testimonios de su madre y compañeros estudiantes, la persona responsable durante meses por el acoso en su contra fue el médico del centro de salud donde ella realizaba su servicio social. Mariana acudió a reportar lo que sufría con la directora de la clínica y con las autoridades universitarias, nadie tomó acción para asegurar la integridad física, mental y emocional de la médica.

No obstante, los medios de comunicación y un sinfín de profesionales de la salud aseguraron que las agresiones sexuales se cometieron por parte de “pobladores de la comunidad”. Esas aseveraciones erróneas sirvieron para desviar la exigencia de justicia por el abuso sexual y el feminicidio a un reclamo de destitución del servicio social a “zonas rurales”.

Ahora que salió a la luz la responsabilidad del médico, quien además tenía denuncias previas de acoso sexual, hasta el momento, no ha habido una rectificación de quienes rápidamente condenaron a la población rural. ¿Por qué no cuestionan el machismo en los espacios de la comunidad médica? ¿Por qué el silencio de parte de las federaciones, asociaciones y colegios médicos sobre la complicidad de autoridades educativas y sanitarias? Y, una pregunta todavía más importante, ¿Cuál es el compromiso real del sector salud con la erradicación de la violencia de género y con el bienestar de sus alumnas y alumnos?

Es sabido y documentado que la violencia en contra de las mujeres en el ámbito médico prevalece a lo largo de su formación y la ejercen hombres que tienen poder sobre ellas por las estructuras jerárquicas que predominan en esos ámbitos académicos y laborales. Aun cuando son reportados, los agresores en pocas ocasiones son sancionados. Ejemplo es el caso del médico que acosó a Mariana, fue reportado por otra víctima en el 2014 pero no fue destituido, y tras la queja de Mariana en el 2020, la única acción que se realizó fue cambiar al doctor de turno.

Limitar las actividades de las médicas a las “zonas urbanas” no reduce su exposición a la violencia, por lo contrario las revictimiza porque invisibiliza la responsabilidad de los agresores y se atribuye el motivo de la violencia que sufren a las actividades relacionadas a su formación profesional. Una preocupación real de la comunidad médica por el bienestar de las mujeres debería incluir acciones concretas para garantizar que todos sus espacios sean libres de violencia y que ellas puedan contar con mecanismos justos y eficientes en caso de ser violentadas. Ese compromiso, además, debe ir más allá de intereses gremiales, independientemente de quienes sean las mujeres violentadas y en dónde sufren esa violencia.

Las mujeres, independientemente de su lugar de residencia o profesión, sufren violencia física, sexual, emocional, y psicológica, una de cada cinco mujeres reporta haber sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, en promedio se mata a diez mujeres al día. Es decir, hay miles de agresores en el país. ¿Quién cuestiona eso?

Demandar el fin del servicio social médico en regiones rurales a raíz de un feminicidio, solo habla de un clasismo existente en la comunidad médica, y su miopía sobre el tema de los feminicidios. Esa demanda representa otro atropello en contra del derecho a la salud de las comunidades más vulneradas del país en donde, como consecuencia del racismo del sistema sanitario desde el periodo colonial, sufren de un rezago enorme en materia de salud, evidenciado por los indicadores de morbilidad y mortalidad. Una política draconiana que limita aún más el acceso a servicios de salud en esas comunidades nos parece peligroso ya que esos indicadores afirman que el racismo del sector salud no solo lesiona, también mata.

La estructura y organización del servicio social médico y la provisión de servicios de salud en regiones rurales requiere de cambios importantes. Creemos fundamental empezar esa evaluación con preguntas serias que van a la raíz del problema. ¿Cómo llegaron a deteriorarse tanto las condiciones del servicio social médico? Más allá de una simple anulación, ¿Qué acciones mejorarían las condiciones de aprendizaje, trabajo y seguridad para las y los médicos en formación, así como la calidad y dignidad en los servicios de salud ofrecidos en comunidades rurales, sin aumentar aún más la distancia entre quienes se dedican al cuidado de la salud y quienes son violentados por la falta de acceso a ello? ¿Cómo evitar que las siguientes generaciones de médicos en México normalicen el racismo que hoy muchos expresan con tanta facilidad? ¿Cómo entender que los problemas como el feminicidio son consecuencia de la estructura machista, perpetuada por todos los sectores de la sociedad? ¿Cómo formar practicantes de la medicina que entiendan que la salud es un derecho fundamental y que lo defiendan como tal?

El llamado a la justicia para Mariana Sánchez debe ser coherente, claro y enfocado, se trata de un caso de agresión sexual y feminicidio en un contexto de impunidad.

Como grupo que se dedica a la salud comunitaria en México, nos sumamos a la denuncia enérgica del feminicidio de Mariana. Exigimos justicia, esclarecimiento total de los hechos y las sanciones correspondientes a todos los responsables, incluyendo a las autoridades educativas y sanitarias. Llamamos a poner fin al racismo y clasismo del sector salud en contra de las comunidades rurales, campesinas e Indígenas de este país.

1 Mujeres y hombres en México 2019. En: cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2019.pdf

2 La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016. En: violenciaFeminicidaMx_07dic_web.pdf (www.gob.mx)

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/el-feminicidio-de-mariana-que-evidencio-el-racismo-del-sector-salud/

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