“Descubrir la leyes internas y genuinas de la cooperación en función pedagógica constituye en sí misma la comprobación de la cooperación, puesto que otros hombres abrieron el camino en otros tiempos y en otros lugares para ese encuentro.” José Yorg
Asumimos a la Pedagogía en general como una ciencia y como tal, ésta define su objeto de estudio y reflexión en un campo del quehacer social específico cual es la educación.
Por tanto, colateralmente afirmamos que no nos interesa el debate en cuanto a la cuestión sobre la pedagogía, si ella constituye o no constituye una ciencia, por cuanto ello nos lleva a un laberinto de disquisiciones y teorías que nadie comprende.
Así, como toda ciencia la pedagogía posee métodos de investigación propios y acordes a su campo social, descubre leyes propias que la informan, posee un arsenal teórico y conceptual que la sustenta.
Repasando lo dicho hasta aquí entendemos a la pedagogía como aquella ciencia cuyo objeto el estudio es la educación de las personas en la sociedad, y que además posee disciplinas específicas como educación de adultos, de pre-escolares, etc., es decir, “ella concentra su atención en el estudio de la educación como el proceso en su conjunto, especialmente organizado, como la actividad de los pedagogos y educandos, de los que enseñan y los que aprenden, estudia los fines, el contenido, los medios y métodos de la actividad educativa y el carácter de los cambios que sufre el hombre en el curso de la educación”.Jorge Pérez Machado; Alejandro Eliécer Lie concepción; Yamile Torres Retorta-La pedagogía como ciencia de la educación-2009.-
Pero, como toda ciencia, también la Pedagogía es susceptible de influencia filosófica e ideológica del poder político, es decir, se orienta el saber en interes determinado, como de hecho sucede, los Institutos y Universidades de formación docente imparten saberes desde la concepción liberal.
Así entendido el problema que tenemos entre manos, sabemos que el cooperativismo se aparta y contesta la pedagogía a la luz liberal a pesar de que la realidad nos indica que en todas partes se enseña y aprende cooperativismo desde el método liberal. Esa contradicción debe cesar, puesto que son pedagogías con intereses diferentes.
La pedagogía cooperaria busca formar al Hombre cooperativo.Esa peculiaridad implica que la pedagogía cooperaria es la esencia y proyección del cooperativismo en clave pedagógica. Es, en suma, la imagen pedagógica que devuelve el espejo en que se mira la cooperación organizada, imagen en clave pedagógica.
La pedagogía liberal es parcializada,estamentada, pues atomizó los saberes en busca de una supuesta especialización y en consecuencia, genera una mentalidad procesual diferenciada: Matemáticas se separó de Lengua, de quimica, de filosofía,etc. Al momento de pretender unificar esos saberes dispares, recurre al método llamado multidisciplinario o interdisciplinario.
La pedagogía cooperaria es integral e integradora, teórica y práctica y con ello estimula unas de las funciones cerebral superior, cual es la capacidad de vincular o establecer relaciones diversas.
Baste un ejemplo comprobable tanta veces como se quiera. Su concepción educativa genera un pensamiento integral por tanto, se desarrolla al máximo la función cerebral superior de vinculación:Visitar un huerto escolar con tablones con figuras geométricas,allí conjugan los saberes tales como matemáticas, geometría, física, quimica y botanica, lengua oral y escrita y administrativa,gestión y valores y principios cooperativos en el respeto por la salud, preservación de la naturaleza,etc, dentro de un recurso didáctico sin igual, la cooperativa escolar.
Los ejes centrales de la acción educativa cooperaria son: 1°.-Historia y Doctrina; 2°.-Orgánico-institucional y legal, sobre los que giran y se vinculan las diferentes disciplinas existentes en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Al abordarse esta aproximación sobre la pedagogía cooperaria es posible hacer y determinar un campo específico de ella, de su identidad propia, por lo cual nos habilita suficientemente a denominarla así, pedagogía cooperaria.
Hasta aquí estas líneas para conceptualizar la pedagogía cooperaria,entendiendo que sus aspectos tecnico-pedagógico requiere un abordaje específico.
Simultaneamente la pedagogía cooperaria se nutre de una concepción Latinoamericana y funda alianzas estratégicas y tácticas superiores con pensamientos libertarios. Su filosofía pedagógica es situada en un continente demorado en su desarrollo socio-económico,toma posición geopolítica y estratégica.
¿Cuáles son los principios metodológicos que nos permitieron abrir las instancias de la pedagogía cooperaria? El método de análisis y el contenido teórico del enfoque cooperativo de León Schujman. Sólo enumeraremos unos pocos de ellos por la razonable restricción de espacio periodístico:
“El método es el camino que sigue el pensamiento para conocer la realidad. La teoría cooperativa debe ofrecernos un sistema de ideas que permita sustentar un método de análisis que oriente el accionar común. Otro elemento esencial para tener en cuenta en el enfoque cooperativo de la realidad es que el cooperativismo nace y se desarrolla históricamente como un movimiento de cambio y progreso social. Nacido como respuesta crítica a la injusticia social a que condujo el desarrollo del capitalismo y su posterior expresión de la concentración monopólica, su comportamiento ha sido solidario con las causas progresistas de la humanidad.”
“La identidad de los problemas que abordan los países de economía dependiente, subdesarrollados o periféricos, suscita la necesaria solidaridad para abordar las soluciones. La común raíz histórica y el vínculo cultural que une a las naciones de la América Latina, plantea una estrategia concertada. El cooperativismo debe ser parte de esta estrategia.”
“El medio económico social en que la cooperativa se inserta es antagónico a su existencia. Los hombres y mujeres que la integran son producto de ese medio y sufren su permanente influencia. La conducta cooperativa supone un comportamiento no sólo distinto sino también consciente de la necesidad de cambio.”
“Resumiendo: El marco teórico se compone de los principios cooperativos y de las ideas reivindicativas para lograr un comportamiento económico y social más justo y un desarrollo basado en una mayor solidaridad y participación.”
En consecuencia, nuestro enfoque pedagógico cooperario es el reflejo educativo de los valores y principios cooperativos para una nueva conciencia social que permita construir una nueva civilización basada en la relación cooperativa.
Por: Ana Esther Ceceña, Josué García Veiga. 22/05/2021
Es indudable la utilidad que pueden tener estas tecnologías para poder formular políticas lo más adecuadas posible en el tratamiento de covid-19… Pero también es indudable el carácter autoritario de todas estas tecnologías.
El presente trabajo expone los principales usos tecnológicos digitales con fines de control y vigilancia que han sido implementados en América Latina y el Caribe como resultado del combate a la covid-19. La muestra es evidencia de una amplia y variada instrumentalización de distinta intensidad y alcance por país en la región.
Desde Chile hasta México, pasando por Honduras y República Dominicana la emergencia sanitaria es utilizada como discurso para justificar el aumento de dispositivos digitales. En función de lo anterior existen diversos ensayos y aplicaciones de algoritmos de inteligencia artificial, cámaras con sensores térmicos, uso de drones, técnicas de geolocalización y desarrollo de programas para móviles (apps) entre otros, para múltiples fines: desde el rastreo de la covid, la detección de contagios y el seguimiento de contactos, hasta la supervisión de medidas de distanciamiento social, confinamiento, control de la información digital y automatización de prácticas médicas en diagnósticos y otros servicios relacionados.
Cabe señalar que las clasificaciones presentadas siguen la propuesta original de Whitelaw et al. (2020) publicada por la revista Lancet Digital Health y ha sido complementada con otros importantes esfuerzos de sistematizar el creciente avance de estos dispositivos, entre los que destacamos: el Covid Tracing Tracker del MIT (2020), el informe especial de Freedom on The Net 2020, The Pandemic´s Digital Shadow (Shahbaz y Funk, 2020), COVID-19 Digital Rights Tracker por TOP10VPN a cargo de Andrew Dwyer (Woodhams, 2020), la iniciativa Pandemic Big Brother (2020), el compendio de Naciones Unidas sobre iniciativas gubernamentales digitales (UN, 2020) y Fighting the Global Covid-19 Power-Grab de Privacy Internacional (2020).
La tabla es un avance en el estudio de las distintas tecnologías y su implementación por país. No obstante, debe subrayarse que su función es meramente analítica ya que su aplicación en cada país trata de una mezcla complementaria entre tecnologías y dispositivos.
Las estrategias de rastreo de la covid emplean análisis de big data y algoritmos de inteligencia artificial en conjunto de teléfonos celulares, aplicaciones digitales (apps), redes sociales, pagos con tarjetas u otros dispositivos para obtener datos en tiempo real de la ubicación de los casos positivos o posibles contagios y así determinar el avance del virus al interior de los territorios. En Argentina, la firma GranData proyecta mapas de calor diseñados para monitorear el cumplimiento de la cuarentena, basándose en información de ubicación georreferenciada recopilados por terceras apps digitales (PI, 2020). El rastreo en ocasiones se realiza mediante la información que gestionan las corporaciones de telecomunicaciones, en Chile el análisis de big data de dos empresas que integran Atelmo (Entel y Movistar) en conjunto con las Universidades de Chile y del Desarrollo, utilizan la información agregada de la red para crear mapas de calor que reflejen el nivel de movilidad por comunas.
El uso de cámaras térmicas y algoritmos de reconocimiento facial son instaladas en espacios generalmente públicos, altamente concurridos, con el objetivo de detectar patrones entre las personas que correspondan al perfil de un caso positivo: como la alta temperatura corporal. El metro de Panamá instaló cámaras térmicas en sus estaciones para detectar a viajeros con posible infección de SARS-CoV-2, se trata de cámaras con sensores infrarrojos a la entrada de las estaciones, en el área de los molinetes de acceso, para detectar personas con alta temperatura, que generen sospechas de contagio (Infobae, 2020). En la Ciudad de México el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) las cámaras cuentan con algoritmos de reconocimiento facial e inteligencia artificial y en tan solo 2 segundos pueden detectar la temperatura corporal de 15 a 30 personas simultáneamente mientras éstas transitan a lo largo de los pasillos (Staff High Tech Editores, 2020). Asimismo, se instalan cámaras en los sistemas de transporte público como los autobuses de Buenos Aires y Bogotá, y en los aeropuertos de las principales ciudades (como Sao Paulo y los nuevos equipos en el San Salvador).
En el caso de Ecuador, el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 ha implementado algoritmos de IA desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo, llamada Distancia2, que sirven para analizar las imágenes provenientes de las cámaras y medir la distancia entre las personas para así evitar posibles contagios. La información es utilizada para actualizar de manera automática los indicadores de movimiento y mapas de calor (Riobo, Márquez y Calatayud, 2020).
Los dispositivos digitales también son implementados para garantizar el cumplimiento de medidas de cuarentena y aislamiento social. En Ecuador, el 17 de marzo de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que por decreto oficial el gobierno comenzaría a utilizar el rastreo por satélite para garantizar que los ciudadanos no traspasen la “valla epidemiológica”[1]. Otro caso es el acuerdo firmado por el gobierno de Río de Janeiro y la empresa de telecomunicaciones TIM para utilizar datos de geolocalización de sus suscriptores con el fin de monitorear el cumplimiento de las restricciones de aislamiento.
Se debe agregar que también los drones son utilizados para vigilar el movimiento de los cuerpos, detección de infecciones y más comúnmente en labores informativas. En marzo de 2020 el Gobierno brasileño decretó el cierre temporal de la frontera con Uruguay como medida preventiva ante la pandemia y la 3era Brigada de Caballería Mecanizada del Ejército Brasileño voló un dron (DJI Mavic Mini Fly More Combo) para patrullar desde los cielos los límites fronterizos (Valadares, 2020). Similar al uso policiaco de drones en Chaltenango, El Salvador para verificar la movilidad de las personas y vehículos en las calles y carreteras del país (Policía Nacional Civil, 2020). En el caso de la Policía Metropolitana colombiana en conjunto con las autoridades sanitaras, los drones cuentan con cámaras térmicas que pueden detectar durante el día o la noche la temperatura corporal de individuos o grupos de personas que transitan calles públicas (Almenara, 2020). En otros casos vemos también su implementación en operaciones informativas con mensajes de audio transmitidos por medio de altavoces que sirven para comunicar las medidas gubernamentales (como el caso de Brasil, México, Ecuador, Colombia y Paraguay).
La situación de emergencia resalta la importancia no sólo de contar con información precisa y actualizada sino también de gestionarla y controlarla. En este caso vemos a los organismos internacionales, instituciones de salud, corporaciones y estados que se encargan de velar por la información avalada como “oficial” y verídica frente a las disonantes versiones que son descalificadas como distorsiones o fake news. En algunas ocasiones esto cuenta con el apoyo jurídico legal estatal, como el Decreto Supremo 4200 en Bolivia bajo la presidencia de Jeanine Áñez, que de manera ambigua y sin definición clara criminaliza toda actividad en-línea que sea considerara como “desinformación” o actos que “generen incertidumbre a la población” (Human Rights Watch, 2020).
El uso de programas digitales (apps) para dispositivos móviles destacan por su gran popularidad. El desarrollo y diseño de estas apps es atractivo por sus bajos costos, alta versatilidad para muchas funciones y su facilidad de reprogramar. Tomemos como ejemplo la app EDUS en Costa Rica que permite a los doctores acceder al expediente médico de los pacientes en tiempo real, garantizar un análisis completo del historial médico de los pacientes y determinar el tratamiento específico para cada problema de salud; además, permite un monitoreo de las distintas fases de la enfermedad para visualizar su evolución y detectar progresos o dificultades. Adicionalmente la app permite a los pacientes la revisión de medicamentos, solicitar y reservar citas médicas en los centros de salud cercanos o directamente en los hospitales (Solís, 2020). Estas apps pueden ser útiles como medio de difusión de información oficial (en el caso de las apps gubernamentales), más aún para recopilar información sensible y personal que en la mayoría de los casos realizan de manera automatizada diagnósticos con base en los propios síntomas reportados por los usuarios. La tabla 2 registra 16 países de la región que cuentan con apps digitales con los servicios de información médica y encuestas de síntomas para autodiagnóstico. En Cuba el gobierno promovió el uso de una app desarrollada por estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Computación que colaboraron con el Ministerio de Educación Superior de Cuba, el Ministerio de Salud Pública y la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA con el objetivo de identificar en tiempo real aquellas personas que se auto-diagnosticaron con alguna sintomatología respiratoria y que pudieran ser sospechosas de la enfermedad, esto se realiza gracias al llenado y envío de formularios por Internet, que posteriormente son procesados y trasladados a los centros de salud (Freedom on the Net, 2020). En Ecuador, la app gubernamental SaludEC permite a los usuarios informar sus síntomas y conectarse con los servicios de salud, la app solicita permiso para acceder a la ubicación GPS y requiere que los usuarios proporcionen información de identificación confidencial. México también cuenta con un cuestionario de detección de covid-19 que recopila información personal sensible que puede ser transferida a las autoridades federales y locales.
Entre otras aplicaciones digitales que apoyan el trabajo médico de automatizar diagnósticos son los bots virtuales como R.O.S.A. (Respuesta Operativa de Salud Automática) en Panamá que gestiona consultas digitales vía WhatsApp y mediante la línea 169 ayudando a filtrar los pacientes que presentan síntomas relacionados con la covid-19 para ser remitidos a una atención médica; adicionalmente puede responder dudas sobre la enfermedad y el virus SARS-CoV-2 (Fundación Carlos Slim, 2020). También “Aurora” un bot desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) de República Dominicana que provee información a la población sobre la covid y conecta con más de 200 médicos, a través de herramientas sociales como Whatsapp y Telegram, permitiendo a los ciudadanos realizar video llamadas y obtener asistencia general vía telefónica o texto. En tan solo menos de 24 horas de lanzada, se reportaron más de 26 000 interacciones y 17 días después, 183 860 (Cruz, 2020).
Adicionalmente las apps pueden ser complementadas con algoritmos que registren aquellos casos confirmados de covid para dar seguimiento y alerta a sus contactos considerados como posibles contagiados. En la región identificamos al menos 6 países donde las apps digitales presentan opciones de seguimiento de contactos (Brasil, Ecuador, Haití, México, Perú y República Dominicana). A pesar de que se ha señalado que estas apps tienen un bajo uso y en muchos casos se trata de aplicaciones voluntarias, nos es importante resaltar el ejercicio como un ensayo inédito de gran alcance regional en tan poco tiempo, que muestra posibles rutas para futuras experiencias de vigilancia digital.
Es indudable la utilidad que pueden tener estas tecnologías para poder formular políticas lo más adecuadas posible en el tratamiento de covid-19 o de cualquier otro padecimiento generalizado que requiera un monitoreo preciso. Pero también es indudable el carácter autoritario de todas estas tecnologías.
Los datos recopilados sirven para elaborar los mapas epidemiológicos que ayudarán a controlar al virus pero que pueden servir a fines diversos, sean comerciales (como ofrecer servicios privados o medicamentos de patente una vez que se conoce el estado de salud del individuo), o de vigilancia.
De hecho, se podría decir que mediante estas tecnologías se está estableciendo un panóptico global (un big brother) en el que todos los individuos quedarán expuestos a procedimientos de control y disciplinamiento diversos que, de conformidad con los estilos políticos en cada lugar, podrán ser abiertamente represivos o adoptarán estilos consensuales. Los dispositivos digitales de vigilancia implementados por requerimientos médicos se ven entremezclados con rasgos sociales, políticos y culturales situados, específicos de las relaciones de poder de cada territorio en concreto.
En realidad desde el momento en que los individuos incorporan voluntariamente la aplicación a su teléfono móvil, están aceptando someterse a una autoridad superior y a normas y políticas no decididas por ellos. El problema es que no incorporar la aplicación equivale a quedar excluido de las fuentes de información que le permitirían tener un criterio propio sobre el caso. De esta manera sirven para generar nuevos patrones de identidad y sometimiento, generar criterios de clasificación (exclusión e integración) y códigos de acceso para restringir o permitir la movilidad de los cuerpos.
En principio son los gobiernos, y a la ocasión las autoridades de salud, quienes estarían dictando las reglas y procedimientos a seguir en esta circunstancia, pero los datos se están registrando no sólo por ellos sino por las autoridades de control de población en general, incluidas las de seguridad. O sea, que la angustia sobre la pandemia, justificada y compartida, es la puerta por la que se proporcionan informaciones privadas a bancos de datos que no se sabe quién procesa, controla y utiliza y que tienen propósitos diferentes que los de salud.
Más aún, si bien las aplicaciones pueden ser desarrolladas localmente, el destino final de los datos son las grandes y poderosas plataformas digitales como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (gafam), que no pueden ser controladas ni por los gobiernos particulares ni por los usuarios. Por supuesto aquí hay toda una discusión sobre diferentes medidas para poner límites al poder que tienen estas plataformas, a las que habría que agregar su vínculo con el Pentágono, pero por el momento tienen la capacidad no sólo de ser las depositarias de la información recopilada y poderla procesar o utilizar como mejor convenga a sus intereses empresariales, corporativos y políticos, sino que tienen también el poder para simplemente desconectar a un país entero en caso de que quiera ponerles límites y restricciones (ver el reciente caso de Australia).
La información será presumiblemente usada para una variedad de derivaciones comerciales que la aprovechan para el control y manipulación de las emociones, deseos, gustos y rechazos de los individuos ante estímulos digitales (ver el film testimonial Los dilemas de las redes sociales) con el propósito de inducir el consumo. Pero también se sumará a las manipulaciones políticas que pueden buscar orientar preferencias electorales, la criminalización de ciertos comportamientos opositores estigmatizados (comunistas, terroristas, etc.), la movilización en torno a objetivos puntuales, incluso sexistas y racistas. Adicionalmente, el paquete de datos que se está recopilando, desde los que se ofrecen con las tarjetas de crédito y similares, hasta los que se entregan con motivo de la pandemia van configurando los perfiles de disidencia social ya sea individual o colectiva, real o potencial, que ayudará a los encargados del disciplinamiento social a ser más eficaces y precisos.
Las tecnologías digitales redefinen el espacio de la privacidad y lo íntimo, al estar presentes en mayores ámbitos de nuestra cotidianidad. Cámaras, sensores, antenas y algoritmos renuevan las medidas disciplinarias y de control en las sociedades actuales.
Como puede verse en las tablas presentados, todos los países están aplicando más o menos las mismas alternativas tecnológicas. Es cierto que su fragilidad frente a las grandes plataformas es anterior a la pandemia pero se incrementó notablemente el último año.
Estamos en la era de la ciberguerra. Los desarrollos tecnológicos de mayor impacto han surgido de los entornos militares atendiendo a las exigencias del uso dual: militar-estratégico y civil. El siglo XXI se abrió paso impulsando la idea de la guerra de espectro completo en la que todas las dimensiones de la vida son parte del terreno de batalla. Particularmente, el control de las mentes y los corazones, además del de los cuerpos, cobró una espacial significancia. Los cuerpos pueden ser controlados mediante la alimentación, los medicamentos y todos esos dispositivos que los condicionan, los fragilizan y los inducen a diferentes adicciones; también pueden ser masacrados o violentados de múltiples maneras. Pero ¿cómo hacer que las mentes y los corazones se tornen dúctiles? Ahí es donde entran en pleno todos los dispositivos electrónicos de condicionamiento, combinando todos los lenguajes posibles: imagen, movimiento, sonido, contenido, hábito. Esto último es quizá lo más importante, modificar los hábitos para que la vida no sea posible sin pasar por los aditamentos y funciones que ofrece la electrónica: computadora, ipad, teléfono móvil, tablet, etc.
La ciberguerra no se reduce a estos controles individualizados, por supuesto, implica el control e intervención en el ciberespacio como un todo. Implica controlar los sistemas informáticos del enemigo, del competidor o del disidente y desde ahí provocar su fragilización o destrucción. Pero la batalla con el sentido común de la gente es primordial para lograr vencer y dominar.
Estos sistemas están diseñados para eso: para dominar y vencer.
Marzo de 2021
– Ana Esther Ceceña es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Presidenta del Comité Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).
– Josué García Veiga es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG-IIEc).
Documento elaborado como aporte para el Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales Colectivos y Vigilancia, del proceso de las Jornadas «Utopías o distopías. Los Pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital», organizado en el marco de Internet Ciudadana.
Pandemic Big Brother (2020), The pandemic gives new opportunities to Big Brother, última actualización 10 de diciembre, disponible en: https://pandemicbigbrother.online/en/
[1] De acuerdo con María Paula Romo, la ministra de Gobierno del presidente Moreno, “se autoriza en consecuencia con el Decreto Ejecutivo del Presidente, el rastreo satelital, de las personas que entren en el cerco epidemiológico. La tecnología nos permite saber en dónde está un número de celular por el GPS en los teléfonos inteligentes. Se autoriza (…) el rastreo satelital de estas personas, vamos a poder saber su ubicación y vamos a poder saber si se mueven. Igual, vamos a hacer un control aleatorio, pero con una herramienta tecnológica que nos va permitir controlar a más personas para que se obedezca, para que se cumpla, este aislamiento” (Rueda de prensa virtual de la ministra de gobierno en EcuadorTV, 17 de marzo 2020, ver minuto 5:05).
Por: Marcelino Guerra Mendoza, Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro
Recordatorio
En otros Cortocircuitos hemos manifestado nuestro posicionamiento ante el ejercicio del poder, venga de donde venga; no tenemos problema alguno en hacerlo, porque no tenemos ningún compromiso o interés, más que con la libertad de pensamiento.
Desde siempre hemos expresado nuestra postura política y metodológica; se trata de realizar análisis, reflexión y crítica tanto de los poderosos como de los críticos funcionales. A ellos les hemos denominado integrantes del canon crítico; a los primeros, progresistas remisos.
Hacemos Cortocircuitos donde consideramos que deben existir para planear posibilidades de pensamiento, sentimiento y acción diferentes a las que marcan los mismos que quisieran que todo se viera con un mismo lente. Nosotros decimos NO; siempre es necesario problematizar de manera diferente al poder para encontrar puertas, ventanas, persianas, rendijas, alcantarillas, huecos, rasgaduras, en fin, salidas distintas a las que nos plantean como únicas.
Desvelar lo oculto del ejercicio del poder es nuestro propósito, para no caer en la tentación de expresar lo que la población tiene que hacer sino, por el contrario, mostrar lo oculto, lo escondido, lo que no quieren que notemos e identifiquemos, todo aquello que dejan en la penumbra, en la sombra, para que se normalice su invisibilidad y pase desapercibido, como algo que no tiene sentido o significado alguno. Para nosotros eso es precisamente el motivo político de la política pública que representa la perspectiva neoliberal para gobernar.
Terquedad gubernamental
La IV T no se cansa de insistir en el regreso a clases presenciales para cerrar el ciclo escolar actual antes del 9 de julio. La irresponsabilidad gubernamental, estatal y municipal en la gestión de la pandemia no ha sido suficiente, ahora, llevan al extremo el riesgo que correrá la población para asistir a los centros educativos.
En marzo de este año, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, establecieron tres condiciones para regresar a clases presenciales: semáforo verde; personal educativo vacunado; regreso a clases voluntario. La propia Delfina Gómez Álvarez estimó que el 21 de mayo se cumplirá con la meta de vacunar a todo el personal educativo del País. Dijo también que con base en las estimaciones de contagios, el regreso a clases sería escalonado, PERO podría concretarse antes de que concluir el presente ciclo escolar (SEP y SSA anuncian tres condiciones para el regreso a clases presenciales)
La SEP que administra Delfina Gómez y la Sub-secretaría de Salud, en manos de Mr. López Gatell, replican la terquedad presidencial del regreso a clases presenciales, poniendo en riesgo la salud de niñas, jóvenes, adolescentes, incluyendo también a los adultos con quienes se relacionan y conviven cotidianamente. Más que el interés en la educación, el verdadero leit motive de tanta terquedad es reactivar una maltrecha economía.
Suponen que regresar a clases presenciales significa que las madres y padres de familia se reincorporarán a sus actividades laborales y económicas, cuando en realidad nunca las han dejado de realizar, simple y sencillamente por sobrevivencia; desde el inicio de la pandemia, para familias enteras quedarse en casa no ha sido opción, sin embargo, al no llevar a sus hijos a la escuela, se reduce considerablemente la movilidad y traslado de personas en espacios públicos. A sabiendas de ello, el Dr. López Gatell científico, a menudo se transforma en Mr. Gatell el político, con tal de quedar bien con AMLO; así lo muestra su reacción al caso de la maestra en Campeche que dio positivo a COVID-19.
Cabe recordar que, en esa entidad, los niños y niñas que regresaron a clases presenciales están inscritos en escuelas multigrado que por lo general se ubican en comunidades pequeñas y tienen una matrícula reducida. Si en estas condiciones se presentó un contagio, ya podemos imaginar lo que podría ocurrir en escuelas de zonas urbano-marginadas con alta matrícula, grupos numerosos y espacios reducidos.
Regresando al caso de Campeche, las autoridades locales decidieron enviar a su casa a los alumnos y docentes durante quince días; reconocieron también que la segunda fase del regreso a clases presenciales se retrasaría dos semanas (Maestra da positivo a Covid-19 tras regreso a clases presenciales en Campeche). Sorprendentemente, Mr. Gatell descalificó implícitamente estas acciones del gobierno estatal tras afirmar que “hemos reanalizado a la luz de lo que está ocurriendo con COVID, las diferencias entre COVID e influenza, y hemos considerado que en este momento no sería procedente porque podría ser que muy rápidamente regresáramos a tener escuelas cerradas y que no tuviera un beneficio neto el haberlas reabierto” (¿Se cerrará la escuela donde se presente un caso de COVID-19?).
O sea, según el subsecretario no se deben cerrar las escuelas donde se presente un contagio de COVID-19; lo dice así, tan como si nada ¡¡catorce meses después de iniciada una pandemia que ha paralizado al mundo!! Remata diciendo que la pelota está en la cancha de los padres de familia, son ellos quienes deberán alertar a las autoridades si sus hijos presentan síntomas. Lo dicho: la IV T antepone la reactivación económica por encima de la salud y vida de la población. De no ser así, ¿cómo interpretar tanta insistencia en un regreso a clases presenciales cuando el ciclo escolar está a punto de concluir? (¿Clases presenciales antes de que termine el ciclo escolar 2020-2021?)
La actual administradora de la SEP transita por un camino similar al argumentar que urge volver a las aulas porque no todos los estudiantes han tenido las mismas posibilidades de tomar clases vía televisiva, digital o a distancia. Insiste también en que la situación emocional de los estudiantes ha complicado sus aprendizajes. Al mismo tiempo, es un secreto a voces -he aquí otra disonancia de las muchas a las que nos tiene acostumbrados la 4T- que no se reprobará a nadie para sí hay que mostrar evidencias tangibles de los “logros”, y así maquillar u ocultar los números rojos de reprobación.
En la retórica oficial, la falta de recursos que han impedido a buena parte de las y los estudiantes seguir la programación de Aprende en Casa I, II y III y que persistirá en la modalidad híbrida, según se ha anunciado, pareciera ser pecata minuta. Los 450 millones de pesos entregados a las televisoras desde el mes de septiembre de 2020 no han servido para subsanar las desigualdades educativas, pero sí para enriquecer a los ya de por sí ricos; para la SEP, eso tampoco está a discusión. Todo indica que persistirán la imposibilidad de pagar los servicios de conectividad y dispositivos, la falta de asesoría y acompañamiento por parte de las maestras, también las dificultades para realizar las tareas encargadas y subir las evidencias en tiempo y forma.
En cuanto al argumento de la difícil situación emocional de los estudiantes, parece ser más bien un gancho para que los padres de familia autoricen y sean los únicos responsables de lo que ocurra con sus hijos cuando retornen a la escuela. Y no es que minimicemos el problema, que es muy real. La cuestión aquí es su uso político para ganar la percepción en las madres de familia, de que con un Pin Sanitario -gel, agua, comités de salud, firma de cartas responsivas- es suficiente para atajar contagios. Y si algo sucede, ellas serán las únicas responsables de los riesgos que corran sus hijas e hijos durante el traslado y estancia en la escuela. En esto, tanto AMLO como la maestra Delfina y Mr. Gatell, han sido bastante consistentes.
Necedad
Recientemente, la SEP reiteró lo anunciado previamente por AMLO: para el 21 de mayo próximo, la totalidad del personal educativo del país habrá sido vacunado. Quince días después -no los 28 que indica el protocolo de la propia Secretaría de Salud, para alcanzar el máximo de efectividad de la vacuna Cansino- se reactivarán los Comités Participativos de Salud Escolar; posteriormente se abrirán los planteles en las entidades que ya se encuentren en semáforo verde. Las clases se reiniciarán de forma gradual, pasando primero por una etapa de reconocimiento y reforzamiento, para cerrar el ciclo escolar el 9 de julio. O sea, ¡¡escasas cinco semanas después de que los comités participativos de salud escolar hicieron su trabajo y el semáforo estatal esté en verde para realizar el reconocimiento y reforzamiento!!
El regreso será primero en escuelas multigrado, rurales y de baja matricula para apoyar a alumnos sin conectividad. Mientras que en el resto de los planteles la asistencia se atenderá de lunes a jueves, y los viernes se dedicará a reforzar el aprendizaje. López Gatell señala que en nueve de diez y siete entidades se concluyó la inmunización de personal docente y ya han recibido la vacuna contra Covid-19 1135367 trabajadores del sector educativo. Del mismo modo, el subsecretario de educación superior, Luciano Concheiro anuncia que la próxima etapa de vacunación se llevará a cabo entre 11 y el 14 de mayo en 9 estados de la república (El 21 de mayo concluirá vacunación anticovid a docentes en México)
El regreso a clases presenciales está previsto para todos los niveles educativos, no solo para educación básica, lo que significa una circulación y traslado mayor de personas, no nada más de los 30 millones de estudiantes que durante este tiempo no han acudido a los planteles, sino también sus familiares que los llevan al centro escolar más los jóvenes de educación media superior y superior; es decir, hablamos de más de 40 millones de personas movilizadas, la mayoría en el transporte público. La vacunación del personal educativo del nivel básico ha avanzado en solo 9 entidades federativas, falta considerar al personal educativo del resto de las entidades del país, también a la población que cursa el nivel medio superior y superior. Por todo esto decimos: un regreso a clases presenciales de un ciclo escolar a punto de terminar, es una necedad mayor.
Nuestra posición y propuestas
Una vez más reiteramos lo dicho en otros Cortos: mientras no esté vacunada el 80% de la población, no debemos aceptar un regreso a clases presenciales plagado de incertidumbre y carente de certezas.
La circulación y movilidad han sido desde el principio, el principal medio de contagio. No permitamos que la IV T eche al olvido este “pequeño” gran detalle.
No perdamos de vista que, ante la terquedad y necedad de regresar a clases presenciales, los sectores más vulnerables y en situación de pobreza que nunca pudieron quedarse en casa, nuevamente serán los más expuestos a contagios y todas las complicaciones que esto representa. El Dr. López Gatell pierde la batalla y prefiere jugar el papel de Mr. Gatell para seguir las indicaciones gubernamentales con racionalidad neoliberal: primero la economía y, después, la salud y la vida.
Los argumentos de la administradora Delfina son propios de una política que llegó para continuar lo que su antecesor le dejó encargado, no solo el despacho, sino la estrategia de profundidad neoliberal. Carente de argumentos y utilizando una retórica bastante desgastada, intenta poner por delante la salud emocional y aprendizaje de los estudiantes como elementos centrales para el regreso a las escuelas y aulas de manera presencial. No reconoce que lo único que ha estado cerrado son los planteles; la escuela y las aulas se llevaron a casa de las maestras y las familias para dar continuidad a unos planes, programas y contenidos que poco o nada sirven para hacer frente a la pandemia.
Curiosamente la SEP anuncia que el 5 de junio, un día antes de las elecciones (vaya coincidencia), se reactivarán los Comités Participativos de Salud Escolar para realizar las actividades de limpieza en las escuelas. Seguramente toda la desinfección, el aseo, reparación y mantenimiento de las escuelas y sus aulas correrán a cargo de quienes conforman estos comités u otras instancias similares: la asociación de padres de familia, el consejo escolar de participación social en la escuela (CEPSE), directivos y docentes, NO las autoridades educativas estatales y federales. El gasto que todo ello represente correrá a cargo de las comunidades educativas, sin considerar que se han hecho cargo por año y medio de todo lo que significa que los estudiantes estén en clases remotas.
La precariedad docente avanza, se extiende y profundiza cada vez más. No solo por el exiguo salario, sino por el tipo de relación que se ven obligadas a establecer con sus estudiantes y compañeras de trabajo y si, además, son madres y jefas de familia, mucho más. La relación con su familia, los factores de salud, alimentación, convivencia y, en general, de cuidado se perfilan hacia un deterioro cada vez mayor. Si las maestras aceptan estas condiciones del regreso a clases presenciales, les harán cargar con la loza de la responsabilidad de todas las miserias que el Sistema Educativo no ha sido capaz de afrontar y resolver, ni antes ni ahora en este gobierno de la IV T. Cuando las maestras regresen a lo presencial, si lo aceptan, su labor docente se elevará a la décima potencia por todo lo que ya hacen más lo que la administradora de la SEP ha señalado recientemente: participar en los CPSE, verificar la autorización de las madres de familia para que sus hijos vayan a la escuela, certificar que las niñas no presenten síntomas al ingresar al centro escolar, haber realizado su planeación pedagógica y didáctica para trabajar en partes su horario escolar, establecer su planeación para el trabajo en línea con los niños que no asistan presencialmente a la escuela y aula, diseñar estrategias de acompañamiento, asesoría y seguimiento para sus alumnos, más lo que se acumule.
La insistencia de un regreso a clases en los tiempos y la forma que lo está planteando el gobierno de la IV T, es una terquedad mayúscula que raya en la irresponsabilidad gubernamental, al poner en riesgo la salud y vida de la población.
El ciclo escolar ya casi termina, no habrá reprobados, las evidencias de evaluación ya las tienen, entonces, cuál es la prisa, ¿las elecciones, PISA, el control y disciplina de las maestras, el deslinde de responsabilidad para la desinfección, aseo y mantenimiento de las escuelas?, ¿todo esto junto?
Pronto lo sabremos. Mientras tanto, pensar, indagar, ensamblar, analizar, reflexionar, compartir, debatir y construir en común otras posturas, constituyen herramientas de las que es preciso apropiarnos.
En el país de la incertidumbre política, el resultado final no decepcionó y la elección en Perú dejó un final de película: “Un docente a caballo contra 30 años de neoliberalismo”. O “Keiko en el ballotage – Volumen III”.
Con un 95 % de las actas escrutadas, el dirigente sindical de izquierda Pedro Castillo se impuso en la primera vuelta de las elecciones generales de Perú con el 19,09 % de los votos. Castillo finalizó casi 800 mil votos por encima de su futura contrincante, Keiko Fujimori, que enfrenta su tercer ballotage consecutivo luego de sus derrotas en 2011 y 2016.
Por su parte, el nuevo Congreso de la República será el más fraccionado de la historia reciente. En las anteriores elecciones congresales extraordinarias, celebradas en enero de 2020, ocho agrupaciones políticas habían obtenido representación parlamentaria. Al cierre de este artículo, el futuro Poder Legislativo alcanzaba las diez bancadas, lo cual podría derivar en un nuevo capítulo de conflictividad con el Ejecutivo y en una agudización de la crisis política que vive el país.
La emergencia silenciosa de un candidato “tapado”
De origen cajamarquino, Pedro Castillo cobró notoriedad en el año 2017 cuando encabezó una huelga nacional docente que detuvo las clases durante tres meses para reclamar mejoras salariales y eliminar las evaluaciones al desempeño laboral de los maestros.
A una semana de la elección, este docente rural de 51 años aparecía en las encuestas muy lejos del podio de los favoritos. Montado a caballo y con sombrero de ala ancha, su intención de voto creció al calor de los recorridos por la Sierra Central y el sur del país, donde realizó numerosos mítines blandiendo la consigna de una nueva Constitución.
El punto de quiebre en su campaña fue la detención policial sufrida el 9 de marzo en la región de Madre de Dios tras incumplir los protocolos contra el Covid-19: bajo el argumento de que su exposición al virus no era mayor que la de quienes salen a trabajar, Pedro Castillo logró conectar con el sentir mayoritario de gran parte de la población que vive en un país marcado a fuego por la informalidad.
El dirigente gremial postuló por el partido del “lapicito” Perú Libre -del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón– y a lo largo de la campaña sumó adhesiones que le garantizarían estructura territorial: al apoyo de los integrantes del magisterio -que conforman el sindicato más numeroso del Perú-, se les sumaron agrupaciones de ronderos y dirigentes campesinos.
Sin mayor presencia en los medios masivos ni trabajo sostenido en redes sociales -el día de la elección contaba con apenas 1.800 seguidores en Twitter, 270 en Instagram y carecía de Fan Page en Facebook-, este defensor de las rondas campesinas [1] expresó la respuesta del “Perú profundo” al centralismo limeño. Castillo obtuvo un 54 % en Huancavelica, 53 % en Apurímac, 51 % en Ayacucho y 47 % en Puno [2], una mayoría aplastante en las regiones más pobres y postergadas del país. El sur, de tradición más combativa (que en el año 2011 acompañó a Ollanta Humala y en 2016 a Verónika Mendoza), encontró en esta oportunidad su representación política en este docente y dirigente gremial que propone la nacionalización de sectores clave de la economía y que amenazó con cerrar el Congreso en caso de encontrar oposición al cambio constitucional.
La derecha, víctima de su propia fragmentación
Más previsible que la súbita irrupción de Castillo fue la dispersión de las opciones conservadoras: el voto de la derecha se fragmentó en sus tres principales exponentes y ninguno logró superar la barrera de los 15 puntos. Si bien sumados alcanzaron un 36,6 %, las candidaturas de Keiko Fujimori, el empresario del Opus Dei, Rafael López Aliaga, y el economista Hernando de Soto -finalizaron en el segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente- presentan matices que podrían ampliarse al calor de las negociaciones previas a la segunda vuelta.
Así como las regiones centro y sur fueron bastiones electorales de Pedro Castillo, en Lima se hicieron fuertes las opciones conservadoras. Con el 99,82 % de las actas escrutadas, entre Rafael López Aliaga (16,4 %), Hernando de Soto (16,4 %) y Keiko Fujimori (14,2 %) alcanzaron casi el 50 % de los votos válidos.
Lescano y Mendoza: con bancada pero relegados
Yonhy Lescano y Verónika Mendoza quedaron relegados en el escenario electoral. Favoritos durante gran parte de la campaña, ambos contarán con representación parlamentaria, pero miran desde lejos la segunda vuelta. Lescano perdió apoyo a costa de declaraciones erradas en torno al manejo de la pandemia, de los ataques sistémicos que se derivaron de su liderazgo en las encuestas y de cierta moderación en el discurso.
Mendoza, de destacada performance en los debates, quedó arrinconada sobre el final en posturas defensivas frente a la agresiva campaña en su contra que la acusó de terrorista, de vínculos político-ideológicos con Venezuela y que la hostigó por su posición en relación al enfoque de género. Finalmente, logró un respaldo de carácter más urbano y progresista, pero se estancó en la captura del tradicional voto izquierdista ubicado en el centro y sur del país. Ambos candidatos habían enarbolado la necesidad de una nueva Constitución, pero en la última etapa de su campaña prescindieron de cierta radicalidad que requería el actual tiempo histórico signado por una crisis económica y sanitaria sin precedentes en los últimos 30 años.
Sobre el escenario de segunda vuelta
Los resultados de la primera vuelta permiten entender cómo operan algunas de las contradicciones que atraviesan el Perú, conviviendo al unísono y sin imponerse ninguna con claridad por sobre el resto: Lima-regiones, derecha-izquierda y, finalmente, una reedición del fujimorismo-antifujimorismo en su tercera saga.
Lejos de las posiciones que vaticinaban que se impondría quien tuviera una mejor respuesta frente a la emergencia sanitaria, terminó primero el candidato que mejor logró distanciarse de “los de siempre”, de la grisura que atraviesa a las figuras políticas peruanas. En un contexto volátil, fragmentado y marcado por un gran número de indecisos, sobre el final le tocó liderar las encuestas a Castillo: antes había sido Forsyth, luego Aliaga y más tarde Lescano. Si bien las élites limeñas se sorprendieron por su presencia, su agrupación Perú Libre ya había logrado una destacable performance electoral durante las elecciones extraordinarias de 2020 en departamentos como Junín (9,17 %), Puno (6,89 %), Callao (6,87 %), Pasco (6,14 %) y Huancavelica (5,16 %)[3].
Convertido en una especie de “outsider” pero sin los focos de la prensa, finalmente Castillo logró ocupar el primer lugar con un programa radical en lo económico y de transformación profunda en lo político. Entre sus principales planteamientos destacan el cambio de la Constitución fujimorista de 1993 mediante una Asamblea Constituyente, la estatización de sectores estratégicos de la economía, la desactivación del Tribunal Constitucional y el ingreso gratuito a la universidad.
La segunda vuelta, a realizarse el próximo 6 de junio, será en definitiva un plebiscito sobre el modelo económico y la Constitución de 1993. Esta disputa tendrá lugar en medio de una creciente desafección ciudadana con el sistema político, visible en una primera vuelta donde un tercio de la ciudadanía no había decidido su voto hasta una semana antes de la elección. Lejos de achicarse, esta distancia entre ciudadanía y representación se acrecentará de cara a la segunda vuelta, puesto que tanto Castillo como Keiko generan fuerte resistencia en una importante porción del electorado.
Por lo pronto, todo indica que podría haber un acercamiento entre las diferentes expresiones de la derecha y la hija del dictador Fujimori (¿cerrarán sus ojos frente a los delitos de corrupción?) para frenar el “talante casi comunista o muy alineado con Cuba y Venezuela”[4] del postulante de Perú Libre. La otra incógnita es si Castillo logrará aunar al resto de las fuerzas progresistas, principalmente teniendo en cuenta sus posiciones conservadoras en materia de género y en relación a las libertades individuales. En la memoria colectiva de la izquierda también aparece el fantasma de Ollanta Humala, quien prometió una nueva Constitución con un discurso encendido pero terminó arrodillado ante los planes de acción de la Confiep.
El candidato plebeyo, que levanta un programa económico redistributivo y popular, se enfrentará a la mejor representante política del statu quo peruano, una clase dominante que se aproxima a cumplir 32 años ininterrumpidos al mando del Perú con una misma receta: crecimiento económico sin redistribución.
Notas:
[1] Autodefensas de pueblos agrarios que surgieron en la década de 1990 para proteger a las comunidades de los abusos del Ejército y Sendero Luminoso.
Papúa Occidental* suele describirse como un lugar “remoto”, adjetivo práctico que expresa dos significados: un lugar inmaculado para unas vacaciones exóticas y demasiado lejano para que a alguien le importe un bledo.
El diario indonesio Jakarta Post da como primera razón para visitar este lugar maravilloso el poder “bucear con amigables tiburones ballena”. En el número 8 de su lista de motivos cita quedarse embobado observando a los indígenas amistosos, incluyendo a “algunos que no han sido nunca contactados” (para los aspirantes a gran explorador). Es exótico pero seguro, al menos si hacemos caso al motivo número 9: “nadar entre miles de medusas sin tentáculos urticantes”. Desgraciadamente el ejército indonesio no es tan inocuo como las gelatinosas criaturas marinas. Para confirmar esta afirmación basta con leer el informe de la Escuela de Derecho de Yale titulado “Las violaciones de derechos humanos de Indonesia en Papúa Occidental: Aplicación de la ley sobre genocidio a la historia del control indonesio”. Ese genocidio continúa en nuestros días, principalmente porque la “comunidad internacional” y sus medios de comunicación son tan poco firmes como las medusas. El Guardian, por ejemplo, culpa solapadamente a los papúes de su sufrimiento porque “llevan decenios promoviendo la secesión [de Indonesia]”.
El hecho de que los lugares remotos dicten sus propias normas, o al menos que las dicten los hombres fuertes que los dirigen, tiene un gran atractivo para personas como Elon Musk, a quienes gusta hacer su voluntad sin tener que dar cuentas de ello. Y para un régimen como el indonesio es muy útil contar con un famoso multimillonario con un proyecto extravagante para poner algo del brillo que concede la celebridad a su barbarie militarizada, o para desviar la atención de la misma. El pasado diciembre, el presidente indonesio Joko Widodo ofreció a Musk parte de la isla Biak (con una población de más de 140.000 habitantes) para que juegue con su proyecto SpaceX (y acabe con los terrenos de caza tradicionales que serán destrozados en el proceso de lanzamiento de 12.000 satélites, si finalmente consigue que funcionen los lanzamientos).
Pero ¿cómo consiguió Indonesia las tierras de Papúa Occidental para regalarlas tan despreocupadamente? Para explicarlo en pocas palabras, porque la fraudulenta “Acta de Libre Elección” de 1969, reconocida por la ONU, otorgó a Indonesia (a su ejército, para ser más precisos) un acceso descontrolado a los inmensos recursos naturales de Papúa Occidental. Y, como una parte considerable del presupuesto militar procede de su control de las industrias extractivas, estos hombres se dedican a profanar y a violar la tierra y, naturalmente, a sus pobladores. Se calcula que al menos medio millón de papúes occidentales ha sido asesinados, pero no a causa de las pretensiones “secesionistas” de la población (léase derecho a la autodeterminación) sino del proceso de acaparamiento de tierras y de enriquecimiento de los militares para mantener su poder. En el lado receptor, los papúes se basan en sus cada vez más escasas tierras para la supervivencia económica, social y cultural.
Un aspecto poco conocido del genocidio que tiene lugar en Papúa Occidental es que gran parte de la violencia general que está expulsando a la población de sus tierras es violencia sexualizada. Lo cual encaja en el modelo general (por tanto no remoto) de las violaciones de guerra. Un pene es un arma de guerra biológica fácilmente transportable, por lo que en las últimas décadas se han registrado violaciones sistemáticas en las guerras de los Balcanes, Bangladés, Ruanda, Uganda, Myanmar, Timor Occidental, Congo, Sierra Leona, Liberia, Kosovo, Darfur, Papúa Occidental y otros lugares. Es una estrategia que socava la dignidad y la moral de la población víctima al destruir, a largo plazo, el tejido básico de la sociedad. Es también un instrumento sádico de tortura cuando se obliga a los hombres a presenciar la violación de sus mujeres y de sus hijas, un modo de burlarse de su masculinidad por ser incapaces de proteger a sus mujeres.
Conseguir información sobre lo que sucede en Papúa Occidental es muy complicado pues hablamos de un territorio vedado a periodistas e investigadores independientes. Si consiguen entrar en el país, todos sus movimientos son vigilados por funcionarios, y la gente teme por sus vidas si hablan con extraños. No obstante, tras denodados esfuerzos, la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer consiguió hacerse una idea de lo que allí ocurría y concluir en 1999 que las fuerzas de seguridad indonesias utilizaban “la violación como instrumento de tortura e intimidación”. Más recientemente, al menos un estudio ha documentado “un sadismo sexual ferozmente creativo (contra los genitales de hombres y mujeres, y habitualmente con público forzado a contemplarlo)”. ¿Qué es el sadismo sexual creativo? Por poner un ejemplo, un informante “presenció cómo cortaban el pene a una serie de hombres en su aldea. Otro informante fue testigo de cómo cortaban la vagina a una mujer y obligaban a su marido a comérsela”. Este terror aparentemente aleatorio se convierte en terror absoluto, pues cualquier mujer puede ser una víctima, por lo que los pueblos indígenas huyen de sus tierras. Luego, los militares las reclaman, creando catástrofes sociales y medioambientales con todo ello.
Pero el terror no es realmente aleatorio. Es deliberado. La relación entre las industrias extractivas y la violencia sexual es evidente en los informes de violaciones sistemáticas de mujeres en los alrededores de Grasberg, donde se localiza la mayor mina de oro del mundo y la segunda mayor de cobre (de la tristemente célebre sociedad minera Freeport-McMoRan), que durante 30 años ha estado arrojando millones de toneladas de desechos de metales pesados al sistema fluvial del Ajkwa, que han destruido las tierras bajas y los bosques de manglar antes de contaminar el mar de Arafura. La policía y el ejército utilizan la violación para torturar a las mujeres cuando las interrogan sobre el paradero de sus maridos, sospechosos de ser miembros o simpatizantes del Movimiento Papúa Libre. Un testigo describe el horror que permanece en la memoria de las personas y aterroriza a poblaciones enteras durante generaciones:
“Una muchacha de doce años de la etnia amungme fue víctima de violencia sexual continuada. […] Una patrulla llegó hasta la casa donde vivía con un hermano mayor y sus padres. Cuando los soldados vieron a la víctima la invitaron a ir a su base. Como se negó a hacerlo, uno de ellos la violó delante de sus padres y luego otros soldados siguieron haciéndolo por turnos. A resultas de la violación, la muchacha quedó embarazada y dio a luz a un bebé. Posteriormente, cuando se produjo un reemplazo de tropas en la aldea, la misma muchacha volvió a ser violada, y todo esto continuó durante cinco reemplazos. Al final, la víctima parió cinco hijos”.
Si el pene se convierte en un arma en Papúa Occidental, lo mismo ocurre con los cuerpos de las mujeres. Según la oenegé Survival International, los índices de infección por VIH en la “remota” Papúa Occidental son 15 veces superiores a la media nacional, e incluso mayores en los alrededores de la mina Grasberg. “Algunos papúes creen que el ejército lleva deliberadamente prostitutas infectadas con el virus a las áreas tribales. Se sabe de soldados que ofrecen alcohol y trabajadoras sexuales a los jefes tribales para tener acceso a sus tierras y a sus recursos”.
Por lo general el régimen indonesio se las arregla para encubrir sus atrocidades, pero puede deducirse el modo en que esta violencia sexual sistemática actúa en Papúa Occidental a partir de otros casos. En Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, las violaciones de guerra a mujeres musulmanas y croatas fueron una política oficial, violaciones controladas. “Son violaciones hasta la muerte, violaciones como forma de masacre, violaciones para matar y para que las víctimas deseen estar muertas. Es la violación como instrumento para provocar el exilio forzado, la violación para obligarte a abandonar tu hogar y que no desees regresar jamás. Es también una violación para otros la contemplen y la escuchen: la violación como espectáculo. Es la violación de la xenofobia liberada por la misoginia y desencadenada por orden oficial”. Se trataba, además, de violar con planes de futuro: fecundar a muchachas y mujeres musulmanas y croatas para construir supuestamente el Estado serbio con bebés “serbios” que se “infiltren” en el grupo de la madre. Los bebés también se convierten en víctimas cuando son rechazados o estigmatizados por el pueblo natal. En este crimen de procreación forzada, se utiliza a los hijos para envenenar a las comunidades al recordar a todos su terrible origen.
La violación a esta escala socava el sistema de valores de todo un grupo. Las víctimas, que han sufrido agresiones a causa de su identidad, sienten repugnancia por ello y no quieren vivir con ese estigma. En el contexto colonial, la violación se convierte en genocida cuando ataca a las mujeres indígenas por ser indígenas. En su estudio de la violencia sexual, Andrea Smith escribe que “todas las indígenas supervivientes a las que he orientado me has dicho en un momento u otro que desearían no ser indígenas”. La violación ha sido utilizada de forma generalizada para instilar un sistema patriarcal en las culturas indígenas. “Con el fin de colonizar a pueblos cuya sociedad no era jerárquica, los colonizadores deben en primer lugar naturalizar la jerarquía institucionalizando el patriarcado. La violencia de género patriarcal es el proceso mediante el cual los colonizadores inscriben la jerarquía y la dominación en los cuerpos de los colonizados”. Los hombres atacan al “sexo débil”, pero en cierto modo saben que deben destruir el poder de las mujeres en la comunidad. Al escribir sobre Darfur, Sarah Clark Miller observa: “La abominable eficacia de la violación genocida corrompe el papel de las mujeres como cuidadoras de las relaciones, transmisoras de las prácticas culturales y sustentadoras de significado, al utilizar estas funciones habitualmente integradoras contra la comunidad”.
Si se unen los fragmentos de información disponibles puede observase que estos son los efectos que la violación sistemática está teniendo en Papúa Occidental. Un estudio descubrió que cuatro de cada diez mujeres habían sufrido violencia por parte del Estado indonesio. Y, dado que ningún tipo de violencia se produce en solitario, no es accidental que la violencia sexual ocurra en regiones con industrias extractivas “estratégicas”, como la minería, la agroindustria de la palma de aceite o la pesca. La violencia sexual y la violencia contra la Tierra están íntimamente relacionadas.
En el campeonato del Antropoceno, Indonesia ha conseguido, mediante métodos brutales, dos primeros puestos: tener la mayor mina de oro del mundo y la mayor producción de aceite de palma del mundo. Otro probable primer puesto sería el de la “utilización de los métodos más brutales”. Impertérrita ante los avisos de la crisis climática, Indonesia continúa con sus megaproyectos, entre los que se encuentra la construcción de una carretera de más de 4.300 kilómetros a través de Papúa, una red vial que causaría daños irreparables en regiones montañosas cubiertas de espesa selva, incluyendo el Parque Nacional Lorenz, Patrimonio de la Humanidad, en busca de mayor acceso a minerales, combustibles fósiles, madera y tierra para inmensas plantaciones de palma de aceite. Esto supone, claro está, pérdida de biodiversidad, pérdida y fragmentación forestal y emisiones de gas de efecto invernadero. Una hectárea de bosque húmedo puede producir 6.000 toneladas métricas de dióxido de carbono cuando se convierte en una plantación. Los incendios de turberas en Indonesia provocan gran parte de la neblina irrespirable que ha asfixiado gran parte del sudeste asiático en los últimos años, hasta el punto de que se estima que estos fuegos han podido causar hasta 100.000 muertes prematuras, solo en 2015.
Las mujeres son violadas en Papúa Occidental para que los militares puedan mantener el poder expoliando y profanando la tierra y todo el planeta. Hace ya mucho tiempo el antropólogo Franz Boas (despojado de su doctorado en Kiev por los nazis, que también quemaron sus libros) insistía en que, dentro de la indiscutible unidad de la humanidad, no existía jerarquía alguna de “razas” (un concepto que él aborrecía), lenguas o culturas, sino una multitud de pueblos; que ninguna cultura puede pretender su superioridad natural. El término “remoto” encubre muchas cosas y sirve para crear un “nosotros” superior y un “ellos” explotable. Mientras tanto Occidente, en su superioridad, se llena la boca hablando de derechos humanos universales a la vez que ignora alegremente la extinción de modos de vida mucho más compatibles con la coexistencia en este planeta. El Banco Mundial considera que las grandes infraestructuras son un “burdo instrumento” de progreso. En Papúa Occidental, el burdo instrumento de la violación representa el tipo más perverso de progreso. Y a nadie le importa un bledo (excepto a los violadores).
* También denominada Nueva Guinea Occidental (Irian Jaya hasta 2001) es la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea e islas adyacentes en Oceanía. Fue incorporada al Estado de Indonesia en 1969, en una decisión controvertida que sigue siendo motivo de conflictos. La mitad oriental de la isla es parte del Estado independiente de Papúa Nueva Guinea. (N. del T.)
Daniel Raventós es profesor de economía de la Universidad de Barcelona y miembro del comité de redacción de la revista Sin Permiso. Presidente de la Red Renta Básica y miembro del consejo científico de ATTAC. Su último libro es La renta básica, ¿por qué y para qué? (Catarata, 2021).
Julie Wark es miembro del consejo editorial de la revista Sin Permiso, socióloga, antropóloga y especialista en sudeste asiático: Como autora ha publicado, entre otros Indonesia: Law, Propaganda and Terror (Zed Press, 1983)
La educación es un factor necesario (pero no suficiente) para poder disfrutar de una igualdad real de oportunidades. Sabemos que el elemento que tiene más impacto en la formación es el capital económico y cultural de las familias. Por tanto, si queremos combatir las desigualdades en educación ya sabemos por dónde empezar.
La escuela para todos es hija de la Ilustración, de aquella voluntad de liberar a las personas de las supersticiones y los dogmas para que, guiadas por la razón, se convirtieran en plenamente autónomas y capaces de gobernar sus vidas. La escolarización universal es, pues, una aspiración que no tiene mucho más de doscientos años, aunque en nuestro país no se hizo realidad hasta la década de los ochenta del siglo pasado. Las escuelas y los institutos han sido y son, por tanto, dispositivos con una voluntad profundamente democrática y emancipadora, nacidos para proporcionar a todos y cada uno de los individuos la posibilidad de constituirse como personas libres e independientes, sean cuales sean sus condicionamientos étnicos, geográficos, económicos, sociales o culturales, y sus características y capacidades físicas, psíquicas o intelectuales. La educación básica tiene sentido por sí misma y aspira a proporcionar a todos los chicos y chicas aquellos conocimientos, competencias, habilidades y valores que les permitan disfrutar de una verdadera igualdad de oportunidades para hacer frente a las demandas del mercado laboral y de la vida en general. Pero estos esfuerzos igualitarios, a pesar de sus éxitos indudables, no han dado los resultados esperados, y se ha acusado a los sistemas educativos de reproducir y legitimar las desigualdades socioeconómicas previas. No podemos aceptar este determinismo, pero sí hay consenso entre los especialistas en afirmar que la escuela sola no tiene suficiente fuerza para hacer revertir las desigualdades familiares y que hay que ayudarla con políticas sociales decididas si se quiere evitar que la pobreza y la desigualdad de origen no acaben también repercutiendo en los resultados escolares.
Así pues, la vulnerabilidad educativa es, en primer término, una consecuencia y un reflejo de la vulnerabilidad de las familias. El factor más determinante de la pobreza y la exclusión social es todavía hoy la clase social, es decir, la pertenencia a familias con poco capital económico, social y cultural, y con un estilo de vida que afecta de lleno sus expectativas y sus hábitos alimenticios, culturales y de ocio. Los datos nos dicen, de manera sostenida, que la población catalana en riesgo de pobreza está en torno al 20%, y que un 5% de esta vive en una privación material severa. Aplicado a la provincia de Girona, estaríamos hablando de más de ciento cincuenta mil personas y de más de treinta y ocho mil, en uno y otro caso, repartidas por todo el territorio. Si nos fijamos en la renta familiar disponible -los ingresos de que disponen las familias para el consumo o el ahorro-, sabemos también que en Girona hay varias ciudades que no llegan al índice 75 (cuando el de Cataluña es 100). Son, por este mismo orden, Lloret de Mar, Salt, Castelló d’Empúries, Roses y Palafrugell; serían las que, en términos medios, tendrían más familias en riesgo de pobreza.
El segundo factor relevante de pobreza y exclusión social hoy en Cataluña es ser miembro de una familia de origen extranjero. Estos ciudadanos comparten la vulnerabilidad de las familias pobres, pero suman su situación administrativa y el hecho de ser percibidos y, a menudo, tratados como elementos extraños y potencialmente peligrosos. En las comarcas de Girona, la población de origen extranjero es, en algunos pueblos y ciudades, superior al 25% (en Cataluña es de un 15%). Serían, por este orden, Castelló d’Empúries, Salt, Lloret de Mar, Sant Pere Pescador, Ullà, La Jonquera, La Escala, Castell de Aro, Pau, Roses, Vilamacolum, Palau Saverdera, Torroella de Montgrí, Figueres y Arbúcies.
Pobreza económica e inmigración extranjera confluyen, además, en determinados pueblos, barrios, urbanizaciones, edificios y calles, por lo que el territorio de residencia se acaba convirtiendo en un condicionante extraordinariamente potente y, de hecho, en un nuevo factor de exclusión social. Suelen aparecer procesos de regresión urbanística, que afectan el estado de conservación de las edificaciones, la urbanización, la red de servicios, los espacios públicos, los equipamientos … Viven ciudadanos -la mayoría extranjeros, muchos de ellos en el paro- con problemas económicos y sociales graves: de accesibilidad vial, de transporte público, de actividad comercial y de seguridad ciudadana … Todo ello hace que sean sectores que se perciben y se viven como zonas de riesgo, peligrosos, a veces como verdaderos guetos. En el caso de la ciudad de Girona, hablaríamos de barrios como Pont Mayor, Font de la Pólvora, Santa Eugènia o Can Gibert del Pla; de Figueres mencionaríamos los barrios del Culubret y Bon Pastor o la Marca de l’Ham; de Olot, los barrios de Sant Miquel, Sant Roc o los Pisos Garrotxa … En todas las ciudades grandes encontraríamos zonas con estas características y este estigma.
El Departamento de Educación, consciente de las necesidades del alumnado para terminar su escolaridad obligatoria con éxito, y atendiendo justamente a las características socioculturales de las familias, ha puesto en marcha dos programas para ayudar a los chicos y chicas y los mismos centros educativos a garantizar que todo el mundo consiga los resultados escolares que se consideran imprescindibles para seguir estudiando, en su caso, o para insertarse en el mercado laboral. El más antiguo -del 2004- es el denominado «Planes educativos de entorno», verdaderos planes comunitarios que operan desde fuera de las escuelas. Los encontramos en Girona, Figueres, Blanes, Lloret de Mar, Olot, Salt, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Banyoles, Roses, Torroella de Montgrí, La Bisbal, Castelló d’Empúries, Ripoll y Maçanet de la Selva. El otro programa es el de «Centros educativos de máxima complejidad», que dota estas escuelas e institutos con más recursos personales y materiales que el resto. En estos momentos, tienen esta consideración centros de Salt, Figueres, Girona, Palafrugell, Lloret de Mar, Blanes, Olot, Roses, Maçanet de la Selva, Castelló d’Empúries, la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols, San Miguel de Fluvià, Sant Pere Pescador y Torroella de Montgrí. Si nos fijamos, todas las ciudades que cuentan con un plan educativo de entorno -salvo Banyoles y Ripoll- tienen centros considerados de máxima complejidad.
Fases del proceso educativo y desigualdades
La educación infantil no es obligatoria, pero en el segundo ciclo, que va de los tres a los cinco años, el 97% de los niños están escolarizados. No es el caso del primer ciclo, de cero a dos años, que además de no ser obligatorio tampoco es gratuito. La escolarización se ha estabilizado en torno al 37%. Con un matiz: los que más se escolarizan en estas edades son los hijos e hijas de las familias con más capital económico e instructivo. De hecho, la tasa de escolarización apenas llega al 9% entre las familias extranjeras. Aquí hay una primera fuente de desigualdad, que afecta especialmente a las familias pobres y extranjeras y las que viven en pueblos pequeños y relativamente alejados de otras poblaciones más grandes. Parecería clara la necesidad de una intervención pública lo antes posible. De hecho, los países con más equidad social se caracterizan por sus políticas familiares, que hacen que los niños puedan ser atendidos inmediatamente por instituciones educativas y puedan comenzar su escolaridad obligatoria con un desarrollo cognitivo y una socialización primaria adecuados.
Una segunda fuente de desigualdad es el acceso a las enseñanzas postobligatorias: el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial (de idiomas, artísticas -música, danza, artes plásticas, diseño, arte dramático- y deportivos). No todos los institutos ofrecen las diversas modalidades del bachillerato. Y eso obliga a los estudiantes -que, recordemos, son aún menores de edad- a desplazarse si viven en poblaciones sin instituto o si quieren cursar una modalidad que no se ofrece en su centro de referencia, con todas las dificultades que conlleva una red de transporte público insuficiente y cara. Este problema se agrava si se quiere seguir algún ciclo de formación profesional, tanto de grado medio como superior, con veinticuatro familias profesionales y ciento sesenta y dos ciclos diferentes. Es lógico que una oferta tan extensa esté muy distribuida y que la necesidad de desplazarse casi sea obligada. Es similar lo que podríamos decir de las escuelas de idiomas, conservatorios o escuelas especializadas.
Mención aparte merece la formación de personas adultas, que con doce centros públicos ordinarios y media docena de dependientes de las corporaciones locales, dibuja un mapa similar al que se cerró hace cuarenta años con el Plan de Ayuda a la educación de Adultos de la Diputación de Girona. Las dificultades de acceso para las personas adultas -de dieciséis años en adelante- a las posibilidades de hacer efectivo su derecho a la educación en los tres ámbitos que propone la ley -formación instrumental y básica (para compensar los déficits formativos), formación para el mundo laboral (actualización y perfeccionamiento) y formación para el ocio y la cultura (para participar en la vida social)- son bastante evidentes, y no parece que se puedan resolver a corto plazo.
Condiciones de escolarización
En Cataluña, opera una triple red educativa, formada por los centros públicos, los centros privados y los centros privados concertados. La enseñanza obligatoria es de pago en los centros privados: la libertad de empresa ampara la creación de este tipo de negocio. En la práctica, en las comarcas de Girona hay muy pocos, con dos tipologías muy diferenciadas: los centros de élite y las escuelas alternativas. Los centros públicos son gratuitos, y los encontraremos en todas las ciudades y pueblos de la demarcación, salvo los más pequeños. Los centros privados concertados son de titularidad privada, mayoritariamente religiosa, pero mediante el concierto con la Generalitat de Cataluña, que se hace cargo del pago del profesorado y de los gastos ordinarios, se comprometen a actuar como si fueran centros públicos, especialmente en cuanto a la admisión de alumnado.
En la práctica, esta segmentación es fuente de desigualdad. En primer lugar, porque los centros privados, concertados o no, se encuentran generalmente en las ciudades de más de diez mil habitantes, por lo que una parte significativa de la población queda excluida o se ve obligada a hacer largos desplazamientos. En segundo lugar, porque estos centros, en el tramo que va de los tres a los doce años, hacen una hora más de clase que los centros públicos; al cabo de estos nueve años, significa que sus alumnos han cursado 1.575 horas más de clase, lo que equivale casi a dos cursos enteros. En tercer lugar, porque en la práctica escolarizan alumnado procedente de familias con un nivel socioeconómico y cultural superior a la media, lo que contribuye a la segregación escolar. Y, finalmente, porque en estos centros concertados se pagan cuotas mensuales y unos servicios adicionales (transporte, comedor, etc.) que no están al alcance de todos.
La segregación escolar hace referencia a la concentración artificial de un determinado tipo de población en un mismo centro educativo, aunque sería razonable y deseable que todos los centros públicos y privados concertados escolarizan una muestra representativa de su entorno. Sabemos de centros que concentran alumnado de familias de un nivel socioeconómico y cultural elevado; de centros que concentran alumnado casi exclusivamente gitano; de centros que escolarizan en proporciones altísimas alumnado de origen extranjero …
Esta segregación no ayuda a mejorar los resultados globales del sistema educativo, pero sobre todo va en detrimento del aprendizaje de la convivencia entre personas diferentes, que es lo que encontramos en todas nuestras ciudades y pueblos. El Síndic de Greuges de Cataluña, que ha promovido el Pacto contra la segregación escolar, ha estudiado a fondo este fenómeno y ha mostrado como en la provincia de Girona hay centros educativos donde más del 50% del alumnado es de origen extranjero: Salt, Girona, Figueres, Castelló d’Empúries, Torroella de Montgrí, la Bisbal, Lloret de Mar, Roses … Y ha elaborado también un índice de disimilitud, que mide la desigualdad en la distribución del alumnado con necesidades educativas específicas, en el que la máxima igualdad equivaldría a 0 y la máxima desigualdad a 1. Con un índice de más de 0,25 tenemos Girona, Salt, Figueres, Blanes, Castillo de Aro, Palafrugell, Olot, Lloret de Mar y Sant Feliu de Guíxols.
Durante la Segunda República, fue una voluntad manifiesta hacer que los edificios escolares fueran los más bellos y funcionales de las ciudades y pueblos, como indicador de la importancia que se daba a la educación y también como elemento educativo en sí mismo. ¿Qué deberíamos decir hoy ante la multiplicación de los barracones (módulos prefabricados, en lenguaje oficial), más de trescientos en las comarcas de Girona? Es aceptable que sean una solución provisional y breve a problemas puntuales de escolarización, si realmente se llevara a cabo una planificación cuidadosa y una inversión suficiente. Pero no es así, porque hay escuelas e institutos que hace más de diez años que funcionan en barracones, como sería el caso de Sant Julià de Ramis, de Forallac, de Vilafant y otros. En unos tiempos en que la imagen cuenta tanto, en que se hacen inversiones millonarias de rentabilidad más que discutible, la presencia sostenida de tantos barracones acaba siendo un símbolo bien expresivo de la importancia que la sociedad da a la formación de las nuevas generaciones.
Resultados
Algunos datos de Cataluña (de 2015) a tener presentes: tasa de idoneidad (alumnado que hace el curso que le corresponde por edad) a los diez años, 94%; tasa de idoneidad a los quince años, 76%; tasa de graduación de ESO, 84%; tasa bruta de graduación de bachillerato, 52%; tasa bruta de graduación de ciclos formativos de grado medio, 23%; tasa bruta de graduación de ciclos formativos de grado superior, 30%; población de dieciocho a veinticuatro años que ni estudia ni trabaja, 19%;v población de veinticinco a sesenta y cuatro años que accede a la formación de adultos, 7%.
¿Qué nos dicen estos datos? Primero: que con sólo diez años, ya hay un 6% del alumnado que ha repetido algún curso, porcentaje que sube al 24% al finalizar la ESO. La repetición de curso -que, una vez más, afecta sobre todo al alumnado más vulnerable- simboliza la insuficiencia de las ayudas proporcionadas y, además, se ha demostrado que es enormemente ineficaz. Segundo: que un 16% del alumnado matriculado termina la escolaridad obligatoria sin haber alcanzado aquellos conocimientos y competencias que se consideran mínimos e imprescindibles y que la sociedad se había comprometido a garantizar para todos. Si vamos más al fondo, nos daremos cuenta de que estos porcentajes se duplican en el caso del alumnado de origen extranjero. Tercero: que, con respecto a las enseñanzas postobligatorias, la tasa de graduación es muy baja, de manera especial en los ciclos formativos, señal de que algo importante está fallando. Cuarto: es conocido que los índices de desempleo juvenil son insufribles; entonces habría que hacer todo lo posible para que los jóvenes siguieran formándose. Y quinto: la formación de personas adultas sigue siendo la pariente pobre de todo el sistema educativo, en unos tiempos tan cambiantes como los nuestros, en que se nos hace saber, por activa y por pasiva, la necesidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida.
En resumidas cuentas, y mirando el futuro con esperanza, sólo un cambio radical en materia de ayudas a las familias más vulnerables, con un aumento considerable de los recursos que se destinan, y un combate serio y sostenido contra los factores que dificultan la acceso a la educación y generan segregación y fracaso escolar podrían empezar a hacer revertir la situación actual y conseguir de verdad que la educación cumpla la función social y cultural que le asignan las leyes: la igualdad de derechos y oportunidades; el respeto a los derechos humanos, a todos los seres vivos y el medio ambiente; el reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural; el ejercicio de la ciudadanía, y la participación con actitud crítica y responsable.
Anny Ocoró Loango, Docente/Investigadora UNTREF-FLACSO
Milena Margoth Mazabel, Indígena del Pueblo Kokonuko. Asesora jurídica del Consejo Regional Indígena del
Cauca. Consultora en la organización Earth Rights International (ERI)
Resumen
Este artículo analiza cómo se manifiesta el racismo en la educación superior, desde la perspectiva de los alumnos y alumnas indígenas y afrodescendientes, para pensar el modo en que el racismo se reproduce y afecta las experiencias de vida y las trayectorias educativas de estos grupos. Poniendo el foco de análisis en la manera en que el Estado asumió la educación de estas poblaciones, desde el siglo xix hasta la Constitución de 1991, se argumentará que, si bien en los últimos años la discusión sobre la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la educación superior ha venido ganando notoriedad, su presencia en las Instituciones de Educación Superior es aún minoritaria y se ve fuertemente condicionada y afectada por el racismo presente tanto en estas instituciones como en la sociedad. Finalmente, se plantean algunos desafíos y conclusiones.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 90
Total Users : 35426025
Views Today : 105
Total views : 3362009