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Reapertura de escuelas, educación hibrida y nueva normalidad

Autores Varios

Por: Juan Carlos Castellanos Ramírez/Shamaly Alhelí Niño Carrasco

Preparando la reapertura de escuelas 

A un año del cierre de escuelas por la pandemia COVID-19 se ve una ligera luz al final del túnel que, entre otras cosas, anuncia un pronto regreso a las aulas. El escenario de reapertura de escuelas inició el pasado 20 de abril con la aplicación de vacunas a los trabajadores del sector educativo (Gobierno de México, 2021): profesores, directivos, administrativos y personal de servicios.

Aunque todavía se desconoce el detalle sobre cuándo y en qué condiciones se regresará a las aulas, es un hecho que la reapertura se hará de manera progresiva intentando salvaguardar el bienestar físico, emocional y académico de los estudiantes. Como se ha visto en China, Corea del Sur, Austria, Italia, Francia, Bélgica, España o Rusia (UNESCO, 2021), la nueva normalidad escolar implicará la reducción de grupos/clase al 30% de su capacidad y se combinarán métodos de enseñanza-aprendizaje presenciales con actividades educativas en línea, es decir, se transitará a lo que técnicamente se conoce como educación híbrida.

Sin duda, la reapertura de escuelas viene acompañada con una serie de temores e interrogantes por parte de los profesores y padres de familia sobre ¿cómo será la nueva organización escolar?, ¿qué medidas de seguridad se implementarán para evitar los contagios al interior de las aulas?, ¿qué tan difícil será la implementación de una modalidad híbrida?, ¿qué tan probable es que la combinación de clases presenciales y clases en línea termine desencadenando un exceso de trabajo para todos?

Hasta el momento, los reflectores se han centrado en los protocolos que deben adoptar las escuelas para garantizar el retorno seguro a las aulas como, por ejemplo: toma de temperatura al ingresar a las instalaciones, uso obligatorio de cubrebocas, administración de gel antibacterial antes de ingresar a las aulas, sanitización de calzado, grupos reducidos de estudiantes, distancia mínima de un metro y medio entre las butacas, clases escalonadas y horarios reducidos, limpieza constante de salones y zonas comunes, contar con jabón y agua suficiente para el lavado de manos, señalizaciones para la circulación en un mismo sentido, entre muchos otros aspectos (Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud, 2021). Como se ve, poco o nada se ha dicho sobre cómo se llevará a cabo la implementación del modelo híbrido durante los próximos meses y, aunque probablemente muchos profesores ya estén asociados, en mayor o menor medida, con el término de educación híbrida, para algunos estudiantes y padres de familia el tema es aún poco conocido, lo que podría provocar miedos y ciertas resistencias al cambio.

Qué es y en qué consiste la educación híbrida

Ante la nueva normalidad educativa debe considerarse, primero,  que la educación híbrida es solo una medida temporal que se implementará hasta que el 70% de la población mexicana esté vacunada o se logre la inmunidad colectiva.

En segundo lugar, es importante precisar que la educación híbrida no es modo alguno una novedad dentro de los servicios educativos. De hecho, el origen de la educación híbrida se remonta a finales de los años 90 en el marco de propuestas educativas semiescolarizadas en el nivel superior; esta surgió como una estrategia para el fortalecimiento de actividades escolares presenciales que exigían un mayor tiempo de estudio fuera del aula, para la comprensión y profundización del conocimiento que por restricciones de tiempo no alcanzaba a desarrollarse de manera presencial (González et al., 2011).

En este sentido, la educación híbrida consiste en la combinación de secuencias didácticas que permiten, bajo un mismo objetivo, movilizar los aprendizajes de los estudiantes en el marco de dos escenarios educativos complementarios: i) por un lado, las clases presenciales que requieren una coincidencia física y temporal entre profesor y estudiantes; y ii) por otro lado, la realización de clases en línea a través de un entorno tecnológico (ya sea por computadora, televisión o radio) que posibilita la comunicación e interacción entre profesor y estudiantes, a pesar de la distancia física.

Expectativas sobre la educación híbrida en el contexto de la pandemia

Según las experiencias vividas hasta hoy, tal parece que la etapa más difícil ya está pasando, que comprendió fundamentalmente el cierre de escuelas y la adaptación de programas educativos presenciales para su impartición en la modalidad en línea. Ahora, con los avances que se tienen en el esquema de vacunación de la población, se ha dado paso a una etapa de respuesta y reconstrucción de los servicios educativos, en donde la modalidad híbrida ayudará a que los profesores tengan un mayor margen de maniobra para la enseñanza y, sobre todo, permitirá un mayor grado de significatividad en los aprendizajes de los estudiantes.

Las expectativas sobre los potenciales beneficios de implementar una educación híbrida en el contexto de la pandemia están relacionadas con las primeras experiencias y prácticas educativas desarrolladas en dicha modalidad (Ustun y Tracey, 2020) y con los avances en el ámbito de la tecnología educativa; tanto es así que en el 2015 un grupo de  académicos recopiló cerca de 800 estudios realizados en diferentes partes del mundo para comparar las valoraciones y preferencias que estudiantes y profesores tienen sobre las modalidades educativas presencial, híbrida  y en línea (Siemens et al., 2015). Dentro de los resultados más importantes se destaca que los modelos híbridos suelen valorarse como más favorables para mejorar la calidad de los aprendizajes adquiridos y la enseñanza, prácticamente en el 80% de los estudios.

Las investigaciones recientes también reconocen que el grado de efectividad de un modelo educativo híbrido varía según las características de los diseños pedagógicos y recursos tecnológicos disponibles para su implementación (Ustun y Tracey, 2020), por lo que es posible hablar de diversos modelos de operación que, en la práctica, pueden incidir favorablemente en menor o mayor medida sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje dependiendo del contexto en el que se aplican.

Educación híbrida: formas de aplicación en la nueva normalidad escolar

De acuerdo con las declaraciones oficiales, la reapertura de escuelas estará sujeta al semáforo de riesgo epidemiológico propuesto por la Secretaría de Salud y las decisiones que tomen los Comités de Salud Escolar en cada institución educativa. En este sentido, lo más probable es que la reapertura de escuelas no suceda de manera uniforme en el país o, incluso, al interior de los estados.

Estas decisiones marcarán una dinámica de cambios intermitentes entre modalidades educativas, ya que se transitará de la enseñanza totalmente en línea a la enseñanza híbrida,  de la enseñanza híbrida a la enseñanza presencial o, incluso, de manera inversa, de lo híbrido a la totalmente en línea cuando surjan pequeños brotes al interior de las escuelas.

Como ilustra la figura anterior, según se ha desarrollado el primer año de pandemia, mientras el semáforo epidemiológico de la región se encuentre en color rojo o naranja, las clases seguirán impartiéndose en la modalidad totalmente en línea. Incluso, los cambios constantes en el semáforo podrían obligar a que los profesores tengan que pasar de manera frecuente de la enseñanza híbrida a la enseñanza en línea y, en consecuencia, este cambio debe considerarse dentro de sus planeaciones como un posible escenario de enseñanza; por lo tanto, es importante que los profesores tengan preparados los materiales, actividades y evaluaciones de manera digital para continuar con el plan de enseñanza en línea en caso de cierres escolares intermitentes.

Al activarse el color amarillo en el semáforo epidemiológico, los profesores transitarán de una enseñanza en línea a una enseñanza híbrida de predominancia tecnológica. En esta modalidad se atiende solo a estudiantes en condiciones vulnerables y se recomienda que el 70% de las actividades académicas se desarrollen a través del uso de la tecnología, mientras que las sesiones presenciales se utilicen como mecanismos de apoyo para la solución de dudas o incomprensiones identificadas en los estudiantes, sobre temas puntuales. De acuerdo con los comunicados oficiales de la Secretaría de Educación Pública, las sesiones de trabajo presencial tendrán una duración máxima de 40 minutos.

Cuando el semáforo epidemiológico pase a color verde, la recomendación es aplicar un modelo de enseñanza híbrida de sistemas nivelados, que implica una combinación equilibrada entre actividades realizadas a través de la tecnología y actividades realizadas en el aula. En este sentido se requiere una integración armónica de recursos, estrategias y actividades que permitan una secuenciación lógica de los dos escenarios (en línea y presencial) para la complementariedad de los aprendizajes de los estudiantes. En las sesiones presenciales se debe priorizar el aprendizaje sobre temas complejos difíciles de abordar en la modalidad en línea, además de la retroalimentación sobre las tareas realizadas por los estudiantes. El propósito de las sesiones presenciales es profundizar o reforzar los aprendizajes de los estudiantes, sin necesidad de llegar a repetir de manera literal los contenidos que se han abordado en línea.

Según la estabilidad del semáforo en color verde se recomienda pasar a una enseñanza híbrida de predominancia presencial. Esto implica que el 70% de las actividades académicas se desarrollen en las aulas, sin descuidar en ningún momento las medidas de salud. Básicamente se propone que los recursos tecnológicos sirvan como repositorios de contenido, para que los profesores suministren información de apoyo para la realización de tareas, reciban las tareas realizadas por sus estudiantes y refuercen la comprensión sobre determinados temas a través de material digital interactivo. Por su parte, en las clases presenciales se recomienda priorizar la explicación de los temas, facilitar los aprendizajes, resolver dudas y retroalimentar las tareas realizadas por los estudiantes.

Finalmente, es probable que las clases presenciales (en su totalidad) se retomen hasta que los brotes comunitarios desaparezcan o hasta que se logre una inmunidad colectiva. Al llegar este momento, se espera que la educación presencial en general y la enseñanza en particular se fortalezcan como resultado de esta experiencia, revalorando la importancia de la incorporación de las TIC en los procesos educativos y, sobre todo, aprovechando las potencialidades que los recursos tecnológicos nos brindan para el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes.

Referencias

Gobierno de México. (10 de mayo de 2021). En total se protegerán contra el #COVID19 a los más de 3 millones de trabajadores de la educación del país [Video]. Facebook. https://fb.watch/5pJPcnC4el/

González, K., Padilla, J. E., y Rincón, D. (2011). Teorías relacionadas con el b-learning y el papel del docente. Revista Educación y Desarrollo Social, 6(2), 98-111. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5386236

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (10 de mayo de 2021). Experiencias de reaperturas de escuelas: 13 recomendaciones y lecciones desde diversos países. https://es.unesco.org/news/experiencias-reaperturas-escuelas-13-recomendaciones?fbclid=IwAR3OC_q3GJIEqZA69Mk4GnvwWflv-16kfcUub6kR_42MWMHHhZeegUulp_49

Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud. (2021). Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19. https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202009/202009-RSC-xm9IC0eqLX-05.GUIASEP-SALUDseptiembre.pdf

Siemens, G., Gašević, D., y Dawson, S. (2015). Preparing for the Digital University: A Review of the History and Current State of Distance, Blended and Online Learning. Athabasca University Press. https://research.monash.edu/en/publications/preparing-for-the-digital-university-a-review-of-the-history-and-

Ustun, A.B., y Tracey, M. W. (2020). An effective way of designing blended learning: A three phase design-based research approach. Education and Information Technologies, 25, 1529–1552. https://doi.org/10.1007/s10639-019-09999-9

Reapertura de escuelas, educación hibrida y nueva normalidad

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El machismo mata, el negacionismo mata, el patriarcado mata

Autores Varios

Por: Ángela González, Itziar Prats y Ruth Ortiz/ Madres víctimas de la violencia vicaria

Un hombre, asesina a sus hijas Olivia y Anna, provocando el mayor sufrimiento que existe a su madre, Beatriz.

Y de nuevo nos preguntan a las víctimas. ¿Qué está fallando?

Un padre maltratador no es un buen padre, ni un buen marido, ni un buen hombre. En algunos casos llega a ser el asesino de su mujer y/o de sus hijos e hijas. Ya son demasiados asesinatos para continuar mirando hacia otro lado. Dejemos de preguntarnos qué hacer y actuemos.

No se nace machista, se aprende a serlo. Se trasmiten de generación en generación los mismos patrones, las mismas pautas, que marcan que los niños tienen que ser fuertes y valientes y las niñas sumisas y protectoras.

La única solución es no lanzar a la sociedad hombres y mujeres machistas que acepten con normalidad y den continuidad al patriarcado. Es educar en el respeto y no en la sumisión, ni el sometimiento. Es entender que somos personas diferentes, aunque complementarias, etc. Y ser ejemplo de ello para que desde la infancia lo aprendan, de manera natural, hijos e hijas.

Pero esto no se cambia de un día para otro. Solamente cuando haya generaciones y generaciones, educadas en la igualdad, terminaremos con esta lacra. Por eso es importante empezar, ya, a implantar en los centros educativos y en todos los niveles de formación, un sistema educativo basado en la igualdad y el respeto entre personas. Solo así lograremos un cambio en nuestra sociedad.

A corto plazo, tenemos que hacer hincapié en varios aspectos:

El trabajo de los profesionales que trabajan en violencia de género. Estos profesionales tienen que estar formados adecuadamente en violencia de género y tener, en todas sus intervenciones, una perspectiva de género que les permita conocer las particularidades de estos casos.

Sin esta formación no deben estar trabajando con personas, ya que de lo que aquí hablamos es de vidas, de vidas de personas.

1.098 mujeres víctimas mortales contabilizadas desde 2003.

Los y las menores que sufren maltrato, deben ser la prioridad por su especial vulnerabilidad. No nos vamos a cansar de repetir que hay que escucharles, que tienen mucho que decir y que de lo que se está hablando es de sus vidas. A ellos y ellas también hay que respetarles. Y hay que hacerlo dándoles prioridad ante los agresores.

Hay que escucharles en entornos adecuados y de forma adecuada a su edad, por profesionales con formación específica. No, no vale cualquiera.

Los niños y las niñas son el principal objetivo en la violencia vicaria. Pasan de ser hijos e hijas a instrumentos para producir dolor a la madre. Y así es como dejan de verlos como personas. Esta «despersonalización» facilita cualquier tipo de agresión, incluso la más cruel y perversa, el asesinato. ¿Cuál es el mayor daño que se puede provocar a una madre?

Este debería ser el motivo principal por el que se debe retirar de forma inmediata la custodia a un hombre que ejerce violencia de género. Repetimos, un padre maltratador no es un buen padre, en ningún caso.

Cuando se pone una orden de alejamiento a un agresor, sería más eficaz y más justo controlar al agresor, que es el que provoca el daño, en lugar de a la víctima. Actualmente se les pone doble castigo a las víctimas: el miedo a su agresor y la limitación de las salidas y entradas bajo control.

Si se tuviera control sobre el agresor la víctima podría tratar de darle normalidad a su día a día. Tarea que ya es muy complicada por el daño que ha sufrido. ¿Por qué hay que añadir más daño?

Hay que prevenir sin contemplaciones. Es urgente. Algo, o más bien mucho, está fallando en esta sociedad cuando menores están siendo asesinados por aquellos en los que confían y los deben proteger. Y algo peor aún, no se hace nada por evitarlo.

Algo sangra en esta sociedad, ¿nos vamos a quedar sin actuar?

Toda la sociedad debe implicarse y actuar frente a cualquier tipo de violencia y mucho más cuando se dirige hacía menores.

Dejemos de preguntarnos por qué y actuemos.

https://blogs.publico.es/dominiopublico/38578/el-machismo-mata-el-negacionismo-mata-el-patriarcado-mata/

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Los ricos no pagan: una opción de la política económica actual. Dossier

Autores Varios

Por: Nicholas Shaxson/ Robert Kuttner/ Roberto Zanini

Demasiado ricos como para pagar: cero impuestos para los multimillonarios norteamericanos

Roberto Zanini

En 2011, el hombre más rico del mundo no pagó un solo dólar en impuestos federales: con una fortuna de 18.000 millones de dólares, Jeff Bezos reclamó una desgravación de 4.000 dólares por sus hijos. Y la consiguió. En 2018, el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, pagó cero dólares en impuestos federales. Y entre 2014 y 2018, el decano mundial de los financieros, Warren Buffett, pagó en impuestos federales el 0,98% de los 24.000 milones que acumulaba.

Y no hubo justicia divina que hiciera llover fuego y azufre del cielo. El miércoles pasado [9 de junio], el FBI y el Internal Revenue Service (IRS), la Hacienda norteamericana, lanzaron sendas investigaciones sobre la sensacional filtración de datos fiscales publicada por la revista digital ProPublica: 15 años de declaraciones de la renta de los 25 hombres más ricos del país, que muestran todo lo que han acumulado y lo poco o nada que han pagado.

ProPublica no es una pequeña organización benéfica dirigida por idealistas. Se trata de una publicación digital dura de pelar que ha ganado cuatro premios Pulitzer en la última década, editada desde 2007 por una entidad sin ánimo de lucro creada por Herbert and Marion Sandlers, marido y mujer de Nueva York, que vendieron el banco que poseían y crearon su innovadora redacción allá por 2007.

ProPublica no reveló su fuente, declarando tan solo que “recibió una recopilación de datos sin procesar”. Pero su prestigio, así como el meticuloso trabajo realizado con los datos durante meses, ha llevado a cualquier otro medio global de noticias a tomar los datos al pie de la letra.

La Casa Blanca declaró que la publicación de los datos fiscales era “ilegal”, mientras el resto del mundo leía los documentos con asombro. En los cuatro años de 2014 a 2018, los 25 mayores multimillonarios norteamericanos vieron incrementarse sus fortunas en 401.000 millones de dólares, y durante ese periodo pagaron 13.600 millones de dólares en impuestos federales.

¿Parece una cifra grande? Es una broma: una tasa del 3,4%. Menos de una cuarta parte de la tasa impositiva media pagada por las familias norteamericanas, que ganan en torno a 65.000 dólares al año y pagan un 14 % en impuestos. Y es todo legal. La exclusiva de las declaraciones de la renta de ProPublica llega en un momento sensible, cuando el nuevo presidente electo, Biden, está hablando de subir los impuestos a los ricos. Pero Biden quiere subir la tasa impositiva a las grandes fortunas del 37% al 39%. El problema es que los poseedores de grandes fortunas no están pagando un 37%, o un 3,7% siquiera. Están pagando solo un 3,4%…es decir, si es que pagan algo. Porque lo que hace furor entre los derrochadores de Norteamérica es no pagar nada en absoluto.

Jeff Bezos (Amazon) no pagó nada en absoluto ni en 2007 ni en 2011, y en 2021, después de bloquear la sindicación de sus empleados, Amazon está solicitando fondos públicos. Elon Musk (Tesla) no pagó nada en 2018. En cuatro años, el gran maestro de los especuladores, Warren Buffett (Berkshire Hathaway), pagó un 0,98%. George Soros no pagó nada en impuestos en 2016, 2017 y 2018.

El antiguo alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg (Bloomberg LP Group) pagó 1,30% en impuestos de los 10.000 millones que ganó en 2018. Todavía hay más datos por revelar, promete ProPublica. A finales de 2018, los 25 multimillonarios bajo la lupa valen todos juntos 1.1 billones de dólares. Su riqueza es equivalente a la del conjunto de 14,3 millones de norteamericanos corrientes.

El desmantelamiento de los sistemas fiscales “keynesianos” que tuvo lugar en los años 80 y 90, y la noción de que los mercados serían más eficientes que los estados en la redistribución de recursos, ha llevado a este extraordinario resultado. El problema es que el IRS, que tiene 80.000 empleados, sigue persiguiendo la renta y deja la riqueza sin tocar.

Pero esta riqueza es la que otorga a los superricos su renta. No se ha descubierto un solo delito entre los indignantes de datos de ProPublica, sólo el resultado de décadas de leyes fiscales favorables a la opulencia. En abril, los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman calcularon e hicieron público el hecho de que la inmensa riqueza de Norteamérica libre de impuestos se estimaba en un total de 2,7 billones de dólares. Y una vez más, tampoco hubo ni fuego ni azufre que cayeran de los cielos.

Anteriormente, el pasado abril, la revista Forbes, nada menos, analizó 55 empresas norteamericanas de envergadura que no habían pagado un solo dólar en impuestos federales el año anterior, gracias a la ley de recorte de impuestos ratificada por Donald Trump. Entre ellas se contaba la élite del país: Nike, FedEx, el gigante alimentario Archer Daniels Midlands, el gigante de la television por cable Dish Network, el gigante del “software” Salesforce, etc. Allá por 2003, cuando George W. Bush aprobó los primeros recortes de impuestos a los ricos, fue el mismo Warren Buffett — por aquel entonces con unos briosos 73 años de edad — el que se manifesto contrario a esas medidas, escribió un feroz editorial en el Washington Post contra los “impuestos vudú” y pidió que se subieran las tasas impositivas a los ricos. Il manifesto fue el único diario de Europa que reprodujo ese artículo. Pero no pasó nada. Y el viejo Warren se hartó y acabó aprovechándose de los recortes de impuestos: se lo dejará todo a causas benéficas cuando se muera, afirma.

Y aquí es donde encontramos otro problema: aparte de unos pocos politicos progresistas, los únicos que de verdad luchan por gravar fiscalmente a los ricos son otras personas ricas. Especialmente activo se muestra el grupo de los Millonarios Patrióticos, un grupo de gente enormemente opulenta fundado por Morris Pearl, antiguo ejecutivo del gigantesco fondo BlackRock (el mayor inversor privado del mundo), y la abogada de empresa Erica Payne. Pearl y Payne escribieron Tax the Rich [Impuestos a los ricos], una verdadera biblia de todos los trucos que emplean los opulentos para eludir a los recaudadores de impuestos. Por ejemplo, sacar enormes préstamos asegurados por las acciones que poseen, y gastar e invertir esos fondos (libres de impuestos), mientras se mantiene el principal a salvo; organizar campañas benéficas cuyo principal beneficiario es el organizador, o invertir en obras de arte cuyo valor aumenta o decrece basándose en criterios fantasiosos.

Los Millonarios Patrióticos — hace falta disponer de 1 millón de dólares en efectivo para poder sumarse al grupo —difunden el conocimiento del libro, organizan actos, presionan a los medios y a los politicos y ponen por doquier carteles con los rostros de Bezos o de Musk y la frase: “Tax me if you can” [“Hazme pagar impuestos, si es que puedes”]. Su propuesta estrella es la “regla Buffett”, esa misma propuesta de impuestos más elevados que había pedido el viejo megamultimillonario Warren…y que nunca se aplicó a si mismo.

Porque una cosa es innegable: los impuestos sobre la renta son fáciles, pero los impuestos a la riqueza son, en términos técnicos, una pesadilla. La Hacienda norteamericana hace mucho que tiró la toalla. Pero hay que porfiar, antes de que llegue un levantamiento popular global y obligue a los superricos a huir a las remotas islas en las que han almacenado su dinero.

il manifesto, 12 de junio de 2021

Que los “peces gordos” pagaran sus impuestos daría impulso a la democracia

Nicholas Shaxson

En junio de 2016, mientras investigaba para un artículo de la revista Vanity Fair, le pregunté a Donald Trump si recurría a paraísos fiscales para eludir impuestos. “Yo sé mucho de paraísos fiscales, pero no los utilizo”, me dijo. “Hay mayor incentivo, de muchas maneras, en dejar tu dinero en los Estados Unidos”.

Puede que sus colegas multimillonarios se rían por lo bajo, porque esto lo saben también, después de décadas de ataques de los intereses especiales al sistema fiscal norteamericano. Su meta, tal como dijo una vez Bill Archer, congresista republicano de Tejas, ha consistido en “arrancar sus raíces y tirarlas para que no puedan volver a crecer”.

La semana pasada, la entidad de periodismo de investigación ProPublica hizo públicas nuevas y escandalosas pruebas de lo fácil que les resulta a los multimillonarios de los EE.UU. eludir el pago de impuestos. Recurriendo a historiales de declaraciones de la renta, informaba de que Jeff Bezos, de Amazon, el editor Michael Bloomberg, el “saqueador empresarial” Carl Icahn, el fundador de Tesla, Elon Musk, y el inversor financiero George Soros pagaron todos cero dólares en impuestos federales en algunos años. Entre 2014 y 2018, los 25 norteamericanos más ricos, muchos de ellos monopolistas, vieron cómo su riqueza aumentaba en más de 400.000 mil millones de dólares, mientras pagaban impuestos por valor del 3,4% de eso. Entretanto, los asalariados medios cuarentones de los EE.UU. veían cómo su riqueza aumentaba en 65.000 dólares…y pagaban 62.000 en impuestos.

¿Cómo hacen los multimillonarios para librarse?

Una respuestas serían las las lagunas legales. Los asesores fiscales de Trump recurrieron a los abundantes agujeros de las leyes inmobiliarias y a ardides como poner cabras en un campo de golf de Nueva Jersey para poder cumplir los requisitos de desgravación aplicables a terrenos de granjas. Otro truco consiste en tomar un activo cuidadosamente preparado cuyo valor actual es casi nulo, moverlo a una cuenta de jubilación libre de impuestos justo por debajo del límite de aportación a la cuenta – como meterlo “por el ojo de una aguja”, en palabras del propietario de la South Dakota Trust Company, Pierce McDowell – y luego pulsar un interruptor financiero y ver cómo explota su valor, libre de impuestos, una vez se encuentra a salvo en la cuenta.

Hay muchas otras. Pero la laguna de verdad grande es esta. Los simples mortales pagan impuestos sobre su salario. Los multimillonarios evitan los sórdidos salarios o incluso la renta. Por el contrario, son poseedores de activos que incrementan su valor, y esa alza, esas “ganancias no realizadas”, eluden los impuestos. Esos 25 norteamericanos más ricos poseían 1,1 billones de dólares de riqueza en 2018 – el equivalente de la riqueza de 14,3 millones de norteamericanos medios – pero pagaron solamente 1,900 millones de impuestos federales personales. Los 14,3 millones de “humildes gentes” pagaron 143.000 millones de dólares, o sea, 75 veces más.

En Gran Bretaña, la situación es semejante. Los multimillonarios poseen activos, en lugar de conseguir ingresos, y generalmente no pagan impuestos cuando esos activos incrementan su valor.

Tenemos muchas otras lagunas. Aquí, los multimillonarios británicos pueden superar a sus colegas norteamericanos de varias maneras. La más rara es a buen seguro la arcaica regla del “non-dom” [“no domiciliado”], herencia del imperio, por la que los opulentos residentes del Reino Unido que pueden sostener que su “domicilio” se encuentra en otra parte pagan sólo los impuestos propios de sus ingresos “derivados” dentro del Reino unido o que se traen al país (de modo que procuran con buen cuidado asegurarse de que cualquier ingreso permanezca fuera).

La mayor especialidad británica es, por supuesto, los paraísos fiscales. Protegemos y nutrimos algunos de los mayores del mundo, de las Islas Caimán o las Islas Vírgenes británicas a Jersey. Los norteamericanos también recurren a paraísos fiscales, pero figuran de modo bastante más ingente en las estrategias de elusión de impuestos de los multimillonarios británicos, a menudo en una zona gris legal (la principal estrategia de paraíso fiscal de Trump, según descubrí en mi investigación, consistió en estacionar múltiples empresas en Delaware, un estado norteamericano que alardea de su enorme discreción y otras características de baja fiscalidad).

¿Qué se puede hacer? No hay santo remedio, pero unos cuantos brochazos, con las exenciones adecuadas para la “gente común”, serían tremendamente populares y económicamente exitosos.

En primer lugar, abolir la norma del “non-dom”, como señal de que vamos en serio.

A continuación, reafirmar el impuesto de sociedades, la mayor parte del cual pagan en última instancia gente más opulenta. Rishi Sunak [actual ministro de Hacienda del gobierno británico] reconoció hace poco que los recortes de George Osborne a la tasa del impuesto de sociedades del 28% al 19% no habían conseguido atraer inversiones. Los recortes tampoco habían logrado producir crecimiento, tal como explica Tom Bergin en su nuevo libro, Free Lunch Thinking. Sunak está ahora impulsando al alza los tipos del impuesto de sociedades hasta un 25%; elevemos esto todavía más. Entretanto, los líderes del G7 acaban de acordar medidas entre las que se cuentan un tipo de impuesto de sociedades de al menos un 15% para afrontar los paraísos fiscales. El acuerdo del G7 se enfrenta a muchas trabas, deja poco a los países libres, pero supone un comienzo decente. Complementemos esto ampliando el impuesto a las transacciones financieras de eficacia probada. En esto hay un nuevo esfuerzo en marcha.

Los impuestos a la riqueza, exitosamente aplicados durante años en todo el mundo, son también esenciales. Si alguien posee 1.000 millones de dólares en activos (en acciones, monedas de oro, castillos o lo que sea), un simple impuesto anual a la riqueza del 1,5 % (digamos) devenga 15 millones de libras esterlinas anuales. La comisión sobre el Impuesto a la Riqueza estima que un impuesto de un 1 % podría recaudar más de 50.000 millones de libras anuales: el volumen de la financiación sanitaria extra para la Covid del año pasado. Añádase a la lista el impuesto sobre el valor de la tierra, otro tipo de impuesto a la riqueza.

Igualemos los tipos impositivos. Si graváramos las rentas de la riqueza con el mismo tipo que las rentas del trabajo, podríamos recaudar hasta 120.000, millones de libras, cerca del doble de lo que conseguimos del impuesto de sociedades. Conforme ganemos coraje, tendremos que proponernos gravar fiscalmente todas esas ganancias no realizadas, de manera que, si aumenta la riqueza de un multimillonario, pague anualmente impuestos en relación ello, sea que venda (o “realice”) o no los activos. Varios influyentes demócratas de los EE.UU. están hoy presionando precisamente en favor de esto.

En el Reino Unido, como en los EE.UU., la autoridad fiscal ha sido objeto de ataques. Los niveles de dotación de personal del HMRC [Her Majesty´s Revenue & Customs], la Hacienda pública británica, han descendido de 105.000 personas en 2005 a cerca de 60.000 hoy en día. Las estimaciones de la “brecha fiscal” de impuestos no recaudados varían entre 35.000 millones de libras y, más creíblemente, unos 90.000 millones de libras al año. Los recaudadores de impuestos compensan muchas veces su salario. Reinvirtamos en el HMRC, y centrémonos especialmente en gravar fiscalmente a los opulentos y a las multinacionales.

Por último, por supuesto, hay que ir en serio contra nuestro chanchullo de paraísos fiscales infestados de delitos. Con ello no sólo se apuntalaría nuestro sistema fiscal, nuestra economía y nuestra democracia, sino que podría ser ahora mismo nuestro mayor regalo al mundo, cuando la humanidad lucha por superar la pandemia.

The Guardian, 16 de junio de 2021

Summers y Rubin, hipócritas del año

Robert Kuttner

La semana pasada, nada menos que cinco antiguos secretarios del Tesoro norteamericano, republicanos y demócratas, publicaron un artículo de opinión conjunto en The New York Times, jaleando el esfuerzo del presidente Biden por recaudar más ingresos tomando medidas enérgicas contra los que engañan al fisco, aumentando los recursos del Internal Revenue Service (IRS), la Hacienda pública norteamericana.

El artículo, escrito por Tim Geithner, Jack Lew, Hank Paulson, Bob Rubin y Larry Summers, llevaba por título «Nosotros dirigimos [en su día] el Departamento del Tesoro. Así hay que acabar con la evasión fiscal». El artículo señalaba que se estima que el gobierno pierde unos 600.000 millones de dólares al año en impuestos evadidos ilegalmente que podrían ser recaudados gracias a una Hacienda reforzada.

Estupendo argumento. Leyendo el artículo, nunca se adivinaría que estos canallas presidieron el vaciamiento de Hacienda y de su personal ejecutivo mientras tenían poder para hacer lo contrario.

Larry Summers es célebre por escribir artículos que implican que sus opiniones mientras estaba en el poder eran lo contrario de lo que fueron en realidad, pero aquí Summers ha vuelto a caer todavía más bajo de lo que suele ser su caso. Es algo propio de incautos, porque las cifras están en los archivos públicos.

Con Obama, cuando Summers era responsable máximo de la política económica, se recortó cerca de un 20% del presupuesto de Hacienda y su personal de inspección se redujo en un tercio, a 9.500 auditores, la cifra más exigua desde 1953, cuando la economía era mucho más pequeña y el código tributario mucho más sencillo.

El New York Times informó recientemente de que el sector de capital riesgo, ferozmente defendido por Rubin y Summers, no paga en lo esencial impuestos porque es demasiado complejo para Hacienda. El capital riesgo no existía en 1953.

Antes de que Trump la recortara todavía más, Hacienda llevó a cabo 675.000 auditorias menos en 2017 que en 2010, una caída del 42 %. Durante ese mismo periodo de la presidencia de Obama, las investigaciones de la gente que no llegó a rellenar su declaración cayeron de 2,3 millones a sólo 360,000. (estas estadísticas provienen de un trabajo de investigación de ProPublica, que vale la pena leer en su totalidad).

Supuestamente, fue el Congreso en manos de los republicanos, con su especial animosidad contra Hacienda, el que obligó a los demócratas a esto. Pero esa coartada no vale de nada, porque el presidente tiene que dar su visto bueno al presupuesto y su influencia no es poca cosa en las negociaciones. La misma tendencia a la baja se registró con Clinton.

Evidentemente, proteger a Hacienda era algo con muy baja prioridad para Clinton, Obama y sus secretarios del Tesoro. Era la desregulación lo que les hacía levantarse por las mañanas.

Ya desde que Eisenhower avisó en su discurso de despedida de la influencia del complejo militar-industrial, los antiguos líderes experimentan ocasionalmente conversiones en su lecho de muerte y abrazan medidas políticas que eran lo contrario de lo que perseguían cuando estaban en su cargo.

No nos hace falta que estos tipos se suban al tren de Hacienda, que ya ha salido de la estación. La conversión de Rubin, Summers y demás a la causa de la ejecución de las medidas de Hacienda ni siquiera llega a la altura del “más vale tarde que nunca”. Es de una total hipocresía, y perfectamente característica.

The American Prospect, 15 de junio de 2021

Nicholas Shaxson
periodista de investigación británico especializado en paraísos fiscales y delincuencia financiera, es miembro de la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network). Colaborador de medios como Financial Times, The Economist, Vanity Fair, International Affairs, Foreign Affairs, The American Interest, Africa Confidential, African Energy, Reuters y la BBC, entre muchos otros, es autor de varios libros de gran difusión, alguno de los cuales se ha traducido al español, como “Las islas del tesoro” (Fondo de Cultura Económica, 2014).
Robert Kuttner
cofundador y codirector de la revista The American Prospect, es profesor de la Heller School de la Universidad Brandeis. Columnista de The Huffington Post, The Boston Globe y la edición internacional del New York Times, su último libro es «Debtor´s Prison: The Politics of Austerity Versus Possibility».
Roberto Zanini
jefe de redacción del diario italiano il manifesto, está especializado en información del conjunto de las Américas.

Fuente:Varias

Traducción:Lucas Antón

https://www.sinpermiso.info/textos/los-ricos-no-pagan-una-opcion-de-la-politica-economica-actual-dossier
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Ofensiva privatizadora contra la enseñanza pública

Autores Varios

Por: Fermín Rodríguez y Francisco Delgado

La privatización de los servicios públicos bajo pretexto de su “liberalización” frente al “monopolio estatal”, así como la supuesta mejor gestión por entidades privadas en competencia con la “pesada y burocratizada” maquinaria de las administraciones públicas, viene de lejos. Ha sido y sigue siendo un leitmotiv de lo que llaman ofensiva “neoliberal” que abrazan sectores conservadores y, cada vez más, ámbitos progresistas, si cabe con mayor énfasis. Entre sus lugares comunes figuran la reversión de anteriores conquistas laborales y sociales, reducción del gasto social y privatización de sectores públicos (“Estado mínimo”), dejando a la “mano oculta” del mercado el papel de “agente regulador” del ámbito económico y social, a la vez que la máxima desregulación y circulación de capitales.

A estas alturas, desvelado el lenguaje mistificador con que se quiere revestir, sabemos que, en definitiva, no se trata sino de la búsqueda de beneficios económicos e ideológicos en sectores que, precisamente por tratarse de servicios públicos, acaparan buena parte de los presupuestos de las administraciones públicas, todavía obligadas por ley a garantizar el acceso general y gratuito -cada vez menos- para el conjunto de la ciudadanía. Es el caso, entre otros, de la sanidad, los servicios sociales comunitarios y la educación, ámbitos que hace tiempo aparecen como derechos fundamentales recogidos en la mayoría de textos constitucionales, fruto de largas luchas sociales.

Los cuantiosos fondos a ellos dedicados -acumulados durante décadas y alimentados por los impuestos públicos- constituyen un “apetitoso pastel” para la apropiación y el negocio privado, ya sea económico, ya sea ideológico, que en el caso de la enseñanza está muy claro, pues la mayor parte del “pastel” está en manos de corporaciones religiosas, en este caso, católicas.

Pero tan prosaicos propósitos necesitan su venta ideológica para generar una opinión pública (sobre la base de la insistente y sesgada “opinión publicada”) a favor de los mágicos efectos del producto. Así, en fechas recientes y a modo de ejemplo, se nos ha querido convencer de que ha sido “la colaboración de público/privado” lo que ha permitido hacer frente a la pandemia el Covid-19, cuando la realidad es que ha servido de excusa para derivar ingentes recursos públicos a la sanidad y farmacéuticas privadas -un negocio multimillonario en tiempo récord-, a la vez que se han proseguido y profundizado las precarias condiciones de una sanidad pública que ya venía sufriendo un grave deterioro.

En el caso de la Comunidad de Madrid y de otros territorios, el avance de los proyectos privatizadores -“sin complejos”- resulta paradigmático. La gestión privada y la derivación de servicios sanitarios a centros privados vienen avalados por la famosa Ley 15/97 sobre “Nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud”, consensuada en su día por los grupos parlamentarios mayoritarios y que había comenzado con indecentes escaramuzas en los años ochenta en diversas CCAA, incluso gobernadas por partidos progresistas.

Una vez aprobada la “ley Celaá” de educación (LOMLOE) que, pese a los reparos y “ruidos” de la oposición, mantiene todas las garantías para la privada concertada y la fragmentación (y desigualdad) del sistema educativo en tres redes diferentes, parece que las patronales del sector también ven el momento de hacer nuevos progresos y beneficiarse de los prometidos “fondos europeos”, en tanto uno de sus capítulos será el destinado a las reformas educativas y a la formación profesional.

No es de extrañar, por tanto, que el furor privatizador de lo público y el encomio de las ventajas de la “gestión privada” haga nuevo acto de presencia en el terreno de la enseñanza. Algo más chocante -tampoco sorpresivo- es que se levante esa bandera desde posiciones supuestamente progresistas y con argumentos basados en defensa de “lo público” y del “interés general”, sin faltar el aderezo de los innovadores motivos pedagógicos e, incluso, “filosóficos” en los que buscar fundamento.

La FUHEM y aledaños a la cabeza

Haciendo un poco de historia, la FUHEM (Fundación Hogar del Empleado, creada en su día por la HOAC –Hermandad Obrera de Acción Católica-) y sus colegios “de ideario no confesional y progresista” fue ya el recurrente ejemplo utilizado por el PSOE, como argumento -junto con la eventual insuficiencia de la red pública- para dar carta legal a los conciertos en la LODE de 1985, tratando de ocultar que, en los hechos, se prolongaba y reforzaba -con fondos públicos- la extensa red confesional de colegios religiosos, herederos de los privilegios y control ideológico adquiridos bajo el nacionalcatolicismo de la dictadura franquista. El recurso “eventual” no sólo se ha mantenido en el tiempo, sino que la red concertada se ha ido fortaleciendo -con diferencias territoriales, por cuestión de ruralidad o de grandes urbes- y percibiendo una porción mayor de los presupuestos destinados a Educación, en detrimento de la Red pública.

El pasado 7 de junio, el boletín laicismo.org de Europa Laica recogía un largo artículo que acababa de publicar la revista “Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global” (ediciones-HOAC) de la FUHEM, que en la actualidad tiene tres colegios en Madrid compartiendo un mismo proyecto educativo, cuyo carácter -dicen- integraría los distintivos de una verdadera escuela pública (¿?). Este nº 153, publicado el 6 de junio, está dedicado a “La Escuela: Educación Pública, Titularidad y Conciertos” y ya la Introducción apunta con claridad el objetivo pretendido: “El debate hurtado sobre la educación concertada”. El artículo de cabecera se titula “Teoría, política y práctica de la enseñanza concertada en España”, firmado por Yayo Herrero (conocida eco-feminista, directora durante de 2012 a 2018 de la FUHEM, profesora de la UNED…) y Ángel Martínez González-Tablas (catedrático de Economía Aplicada de la UCM…). La posición de la FUHEM se refuerza con otro artículo de su equipo económico: “La economía de la escuela”, en el que se propone revisar y actualizar los costes de la enseñanza financiada con fondos públicos, sea de titularidad pública o privada, con las transparencias y controles debidos (¿en continuidad con la experiencia de “transparencia y control” ya conocidos de quienes aducen su carácter de empresa privada cuando conviene?).

La revista incluye el artículo “Si caza ratones, es un buen gato” (aludiendo al conocido refrán “gato blanco, gato negro…”) del profesor de sociología de la Educación en la UCM, Mariano Fernández Enguita, ex-director del INAP y hoy asesor en Moncloa en materia de educación, (junto a expertas como Carmen Pellicer de la fundación religiosa TRILEMA o Ainara Zunillaga directora de la fundación neoliberal COTEC), en el que hace una encendida defensa de la enseñanza privada y concertada (y descrédito de la pública y de sus profesores “funcionarios”, rutinarios, acomodaticios…). El mismo autor -de larga y versátil trayectoria política-, acaba de publicar otro artículo titulado “Religión: no en la enseñanza, sí en la Escuela”, que merece comentario aparte. Este nº 153 de “Papeles” recoge, además, una entrevista sobre el tema central, con opiniones interesadas a favor de la concertada, pero también de su desaparición progresiva e integración en la red pública en el caso de Carmen Rodríguez (profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga, miembro del Foro de Sevilla y coordinadora de Redes por Otra Política Educativa, surgida en oposición a la LOMCE) y de Enrique Javier Díez (profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y ex coordinador de Educación de IU).

Ante todo, y aunque no tenga la exclusiva, la FUHEM, junto a otras entidades como Save The Children, ESADE, etc. etc., se pone a la cabeza de una verdadera ofensiva ideológica contra un modelo de escuela pública, única, democrática, laica y no segregadora -en su caso con argumentos pretendidamente “progresistas”- para defender la financiación pública de la enseñanza privada, que no otra cosa es la concertada. Si en el caso de la sanidad y otros servicios públicos se invoca el talismán prodigioso de la “colaboración público/privado”, en la enseñanza, más finos, se habla de la “colaboración público/sociedad civil” (o “iniciativa social”, como suele autodenominarse la patronal religiosa, desde los años ochenta). Pero aun llegan más lejos cuando sugieren -de forma velada- la privatización de la gestión de la actual escuela de titularidad pública.

El recurso a la metafísica

Ya la anterior LOE (de la que tanto la LOMCE del PP como la LOMLOE del gobierno de Sánchez se presentan como meras reformas), con el declarado propósito del ex-ministro Gabilondo de llegar a un consenso con el PP, la Conferencia Episcopal y la patronal privada, planteaba -a las claras- que el “servicio público” de la educación, financiado por los presupuestos del Estado, puede proporcionarse tanto por las administraciones públicas como por los centros privados concertados.

Aunque el consenso formal resultara finalmente imposible (por razones de oportunidad política), la LOE dejaba la puerta abierta a la consagración de lo que ya era un hecho: la progresión de las redes privadas de la enseñanza (desde la educación infantil hasta la universidad, con el codiciado pastel de la formación profesional), a costa del deterioro y regresión de la red pública.

Un proceso generalizado, pero con distinto ritmo y extensión según territorios (las zonas más pobres y despobladas no son terreno propicio para negocios rentables, sí las grandes urbes), que la LOMLOE no rectifica, sino más bien amplía, equiparándolas en derechos y deberes- con la promesa de mayores subvenciones a las patronales relacionadas con la educación infantil y, sobre todo, la Formación Profesional, pero también la equiparación de costos del servicio, para lo cual se ha creado una mesa específica en el Ministerio, que se extenderá a las CCAA, conforme se vaya desarrollando la LOMLOE.

Desde diferentes campos, el debate ideológico que ha acompañado la mercantilización de la enseñanza, dejaba de lado la titularidad de la institución responsable de garantizar la universalidad e igualdad de un derecho fundamental -como es la educación-, para desviarlo hacia la “calidad” y “eficiencia” de los sistemas educativos de cara a los patrones y rankings competitivos diseñados desde organismos internacionales como la OCDE (informes PISA) y que consagra el Tratado de Lisboa (2009).

El mercado educativo, como cualquier otro mercado, parte de la “diversidad” de oferta y demanda. De ahí el hincapié sobre la calidad, eficiencia, diversidad de ofertas y demandas sociales -unidas a la “diversidad” de talentos, esfuerzos y objetivos de alumnos y familias- que hace el discurso de las derechas más reaccionarias y segregadoras (LOCE, LOMCE…). La invocación a la “equidad” en la LOE y la LOMLOE no deja de ser un “brindis al Sol”, cuando permanece inalterable la desigualdad efectiva de un sistema educativo fragmentado en redes sobre la base de la selección económica y social del alumnado, recursos a disposición, distintos “proyectos educativos” … que determinan diferentes oportunidades educativas y expectativas de futuro.

Curiosamente, desde posiciones que se pretenden progresistas y un discurso aparentemente alternativo y democrático, se llega a confluir en la misma estación de llegada. A ese fin, hay que obviar la realidad y hacer un poco de “filosofía”, es decir, ideología disfrazada de racionalidad. Remontemos el vuelo hasta el “mundo de las ideas” de Platón: ¿Qué propiedades deben entrar en la definición y esencia de una “auténtica educación pública”, prescindiendo de su titularidad?

El artículo central de “Papeles” recoge los conceptos manidos (siempre sujetos a diferentes interpretaciones, contenidos y prácticas), para que tal modelo educativo pueda ser considerada como “público”: accesible para todos y todas, inclusiva, laica (pero “respetuosa con la libertad religiosa y de culto de alumnado y familias” -¿?-), transparente, democrática y participativa, de calidad “cumpliendo los estándares establecidos”, posibilidad de “desarrollar un proyecto educativo con rasgos propios”, con procedimientos de evaluación y control…;para finalmente aterrizar en dos preguntas claves: “¿Es la gestión directa por parte de las administraciones públicas condición necesaria para que una escuela pueda ser considerada pública?; y ¿… condición suficiente?”.

La respuesta es negativa para ambas. En su opinión, los rasgos que definen la esencia de la escuela pública pueden ser cumplidos satisfactoriamente por cualquier titular de la “sociedad civil”, que de otro modo sería expulsado del “ámbito público”, a la vez que la gestión pública no garantiza el cumplimiento de los “rasgos sustantivos” que definen a la escuela pública.

Esta última, una verdad de Perogrullo: un sistema público de educación (o de sanidad…) puede ser bueno, regular o malo; depende de la gestión política y de los recursos dirigidos al efecto. Pero hay una diferencia crucial que se obvia: un sistema público de enseñanza que responda a la satisfacción del derecho universal e igual a la educación es competencia y deber del Estado y sus instituciones, precisamente por su obligación de poner los medios para satisfacer ese derecho fundamental de la ciudadanía en términos de igualdad. De ahí que se le puedan plantear exigencias y responsabilidades políticas. Una obligación y responsabilidad que no tiene ningún agente particular de la “sociedad civil”: por muy altos designios que se otorgue, sus intereses no pueden dejar de ser de parte, tal vez muy legítima, pero particulares y no representativos del “interés general” que, incluso en el marco de la democracia formal, se ha dotado de sus propios mecanismos e instrumentos.

Podríamos desgranar los reiterativos argumentos que insisten en la no adecuación entre titularidad estatal y carácter público de la educación, o tildan de “perezosa” la solución de quienes defienden la integración de la concertada en la pública, que eliminaría la bondad de la colaboración público/social y la “emulación/cooperación entre diferentes”. Pero basta con llegar a su conclusión: la necesidad de avanzar en un proyecto educativo en el que coexistan de forma coherente: a) escuelas públicas de calidad de gestión directa de las administraciones públicas, b) escuelas públicas de calidad de gestión indirecta de titularidad privada (eso sí, plenamente financiadas con fondos públicos, para no recurrir a la recarga de cuotas familiares); c) escuelas de titularidad y gestión privada. Esto es, mantener y desarrollar el actual sistema de tres redes educativas. ¡Para ese camino no se necesitaban alforjas!

Los intereses ideológicos y materiales de por medio

El problema de fondo es que no vivimos en el mundo ideal platónico. Aunque las reiteradas Declaraciones de Derechos Humanos, las cartas magnas y tratados internacionales reconozcan la educación como derecho universal y su implementación con la extensión de sistemas públicos de enseñanza, cada país tiene su propia historia, de avances y retrocesos, de conquistas que una y otra vez se ponen en cuestión y pueden ser revertidas, incluso del modelo “excepcional”, público, único y laico, que ha sido Francia y que ya no lo es desde la Ley Debré (1959)… que consagra la financiación del sector privado y que, si bien durante las primeras décadas fue muy escaso, en la que va de siglo XXI ha aumentado sensiblemente, aunque no llega todavía a los niveles de España, donde la educación privada concertada (financiada con fondos públicos directa o indirectamente) y la privada no concertada es la más alta de la OCDE y de la UE.

La precariedad histórica de la educación pública arrastrada durante siglos en España (que ninguna de las iniciativas privadas y progresistas como la ILE, la Escuela Moderna y otras resolvieron, por su alcance particular y limitado), el enorme peso y control de la Iglesia que -tras el paréntesis y esfuerzo educativo y laico de la Segunda República- la dictadura de Franco reforzó y dejó en herencia (hasta hoy mantenida)…, configuran una realidad educativa que no se puede soslayar con recursos conceptuales metafísicos.

Y esa realidad “a la española”, prolongada y asentada por las sucesivas reformas educativas (que tan siquiera han intentado deshacerse de las hipotecas de unos Acuerdos Vaticanos -1979- valedores del poder ideológico y material de la Iglesia), permite que la fragmentación de un sistema educativo en redes diferentes y desiguales, sirva de base y punto de apoyo para la progresión de nuevos embates en dirección a mayores niveles de privatización y mercantilización de la enseñanza. La propia pandemia ha puesto de relieve esas desigualdades educativas que abundan y repercuten en mayores brechas sociales. Sin embargo, los autores del artículo de referencia concluyen que, “en el orden actual de las cosas, … no se dan las condiciones para suprimir la red de conciertos, por sonora que sea la retórica de unos y otros. Por el momento, está para quedarse”, invitándonos a asumir (¿resignadamente?) ese “orden actual de las cosas”.

Las piruetas ideológicas para “mantenerla y no enmendarla” (la realidad educativa y el orden actual de las cosas), difícilmente pueden esconder los intereses nada públicos y generales, que están detrás de esta nueva ofensiva, que no se limita, sólo, a las confesiones religiosas, aunque todavía sean mayoritarias.

Por cierto, en el colmo del juego con las palabras y las ideas, Fernández Enguita, en el artículo mencionado (“Religión: en la enseñanza no, en la Escuela sí”) viene a alinearse con las posiciones más reaccionarias en presencia: algo así como un “pin parental” en positivo y general, que permite reintroducir por la puerta de atrás y en el marco escolar el adoctrinamiento religioso, a demanda de alumnos y familias. Defiende que, si bien la religión confesional no debe figurar en el currículo de la “enseñanza oficial” (en lo que estamos de acuerdo), nada impide que la Escuela, abierta a todas las demandas sociales “sin sectarismo”, admita el “derecho de los alumnos creyentes” a recibir dentro de ese marco educación en sus propias creencias religiosas (¿en horas complementarias y/o extraescolares?). Otra artimaña para eludir la laicidad que corresponde, de forma específica, al ámbito escolar común. Incluso, en un arrebato de libérrima interpretación, dice que los Acuerdos Vaticanos (que reclaman el trato de la Religión “similar al de las disciplinas fundamentales”), podrían verse respetados, entendiendo que ese trato igual se satisface con su presencia en las mismas aulas (¿qué diría al respecto la Conferencia Episcopal?)

Ignorar, disfrazar, idealizar una realidad educativa tozudamente divisora, discriminatoria y generadora de mayor desigualdad social, parece ser el propósito del nuevo (y viejo) debate acerca de la enseñanza privada concertada. Sin olvidar la perspectiva en que se inscribe el momento presente y que se ha hecho “viral” en todos los sectores empresariales: cómo apropiarse de la mayor porción posible de los fondos europeos y estatales que puedan librarse a cuenta de la presunta “recuperación económica” post-pandemia.

A este respecto el anteproyecto de Ley de Formación Profesional que, cuando pase diversos trámites, próximamente se debatirá en el Parlamento, hay guiños dinerarios para las patronales, tanto en la muy necesaria futura educación dual, como en el crecimiento de escuelas privadas religiosas y no religiosas, ya muy abundantes. Podríamos decir lo mismo de la enseñanza infantil 0-3, donde los centros privados (alimentados por cheques escolares a las familias) ganan terreno constante a los de titularidad pública, incluso una gran parte de éstas son gestionadas privadamente.

En suma, se detecta una ofensiva privatizadora, que actúa de forma cada vez más expresa contra la enseñanza de titularidad y gestión pública, que viene de lejos, pero que con la actual gobernanza progresista y tras la LOMLOE se está acrecentando, con el beneplácito de Moncloa.

Fermín Rodríguez y Francisco Delgado (Grupo de Educación de Europa Laica)

Fuente: https://rebelion.org/ofensiva-privatizadora-contra-la-ensenanza-publica/

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El machismo mata, el negacionismo mata, el patriarcado mata

Autores Varios

Por: Ángela González, Itziar Prats, Ruth Ortíz

Un hombre, asesina a sus hijas Olivia y Anna, provocando el mayor sufrimiento que existe a su madre, Beatriz.

Y de nuevo nos preguntan a las víctimas. ¿Qué está fallando?

Un padre maltratador no es un buen padre, ni un buen marido, ni un buen hombre. En algunos casos llega a ser el asesino de su mujer y/o de sus hijos e hijas. Ya son demasiados asesinatos para continuar mirando hacia otro lado. Dejemos de preguntarnos qué hacer y actuemos.

No se nace machista, se aprende a serlo. Se trasmiten de generación en generación los mismos patrones, las mismas pautas, que marcan que los niños tienen que ser fuertes y valientes y las niñas sumisas y protectoras.

La única solución es no lanzar a la sociedad hombres y mujeres machistas que acepten con normalidad y den continuidad al patriarcado. Es educar en el respeto y no en la sumisión, ni el sometimiento. Es entender que somos personas diferentes, aunque complementarias, etc. Y ser ejemplo de ello para que desde la infancia lo aprendan, de manera natural, hijos e hijas.

Pero esto no se cambia de un día para otro. Solamente cuando haya generaciones y generaciones, educadas en la igualdad, terminaremos con esta lacra. Por eso es importante empezar, ya, a implantar en los centros educativos y en todos los niveles de formación, un sistema educativo basado en la igualdad y el respeto entre personas. Solo así lograremos un cambio en nuestra sociedad.

A corto plazo tenemos que hacer hincapié en varios aspectos:

El trabajo de los profesionales que trabajan en violencia de género. Estos profesionales tienen que estar formados adecuadamente en violencia de género y tener, en todas sus intervenciones, una perspectiva de género que les permita conocer las particularidades de estos casos.

Sin esta formación no deben estar trabajando con personas, ya que de lo que aquí hablamos es de vidas, de vidas de personas.

1.098 mujeres víctimas mortales contabilizadas desde 2003 en España.

Los y las menores que sufren maltrato deben ser la prioridad por su especial vulnerabilidad. No nos vamos a cansar de repetir que hay que escucharles, que tienen mucho que decir y que de lo que se está hablando es de sus vidas. A ellos y ellas también hay que respetarles. Y hay que hacerlo dándoles prioridad ante los agresores.

Hay que escucharles en entornos adecuados y de forma adecuada a su edad, por profesionales con formación específica. No, no vale cualquiera.

Los niños y las niñas son el principal objetivo en la violencia vicaria. Pasan de ser hijos e hijas a instrumentos para producir dolor a la madre. Y así es como dejan de verlos como personas. Esta «despersonalización» facilita cualquier tipo de agresión, incluso la más cruel y perversa, el asesinato. ¿Cuál es el mayor daño que se puede provocar a una madre?

Este debería ser el motivo principal por el que se debe retirar de forma inmediata la custodia a un hombre que ejerce violencia de género. Repetimos, un padre maltratador no es un buen padre, en ningún caso.

Cuando se pone una orden de alejamiento a un agresor, sería más eficaz y más justo controlar al agresor, que es el que provoca el daño, en lugar de a la víctima. Actualmente se les pone doble castigo a las víctimas: el miedo a su agresor y la limitación de las salidas y entradas bajo control.

Si se tuviera control sobre el agresor la víctima podría tratar de darle normalidad a su día a día. Tarea que ya es muy complicada por el daño que ha sufrido. ¿Por qué hay que añadir más daño?

Hay que prevenir sin contemplaciones. Es urgente. Algo, o más bien mucho, está fallando en esta sociedad cuando menores están siendo asesinados por aquellos en los que confían y los deben proteger. Y algo peor aún, no se hace nada por evitarlo.

Algo sangra en esta sociedad, ¿nos vamos a quedar sin actuar?

Toda la sociedad debe implicarse y actuar frente a cualquier tipo de violencia y mucho más cuando se dirige hacía menores.

Dejemos de preguntarnos por qué y actuemos.

ÁNGELA GONZÁLEZ, ITZIAR PRATS Y RUTH ORTIZ son madres víctimas de la violencia vicaria

Fuente e imagen: https://blogs.publico.es/dominiopublico/38578/el-machismo-mata-el-negacionismo-mata-el-patriarcado-mata/

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El trabajo en la Cuarta Revolución Industrial

Autores Varios

Por: Diego Lorca  y Diego Pierdominici

Las economías se podrían clasificar en un segmento integrado globalmente, que emplea a una minoría de la fuerza laboral formada y bien remunerada, y un segmento de escasa productividad, con bajos salarios y condiciones precarias.

En el mundo que estamos viviendo a veces resulta complejo encontrar respuestas concretas e incluso plantearse preguntas sobre las causas de lo que nos rodea.  En esta nota intentaremos esbozar algunos de los cambios que se observan en el mundo del trabajo, sus causas y sus posibles consecuencias.  ¿Cambió la pandemia la forma de trabajar?  ¿O profundizó tendencias que venían desde hace años?

En el 2016 y en ocasión del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab, fundador del Foro, acuñó el término “Cuarta Revolución Industrial” para referirse a los avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, el internet de las cosas, la impresión 3D, los vehículos autónomos, etc.

Todos estos cambios traen profundas modificaciones en las condiciones y modos de trabajo.  Mientras que algunos desaparecerán, otros se crearán y algunos tendrán que adaptarse.  Pero esta revolución tecnológica no surgió de la nada, sino que tiene una relación intrínseca con el desarrollo del sistema capitalista y su tendencia ineludible a invertir en medios de producción que acorten los tiempos sociales del proceso productivo.

Es necesario recordar que en la crisis del 2008 –que tuvo características de crisis orgánica– la especulación del sector financiero e inmobiliario generó una burbuja de dinero ficticio sin asiento productivo, que terminó por hacer estallar el sistema financiero dominante hasta aquel entonces.

El sector tecnológico se convirtió en una enorme salida para el capital acumulado, no invertido frente al estancamiento.  Esto implicó la transformación de toda la estructura de procedimientos de la producción manufacturera y de comercialización.  Además, la creación de plataformas digitales y la expansión de la conectividad en el mundo ha permitido la aceleración de este proceso.

La pandemia de coronavirus, que comenzó según la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, vino a acelerar estos procesos de digitalización de la economía a una velocidad pocas veces vista.  Pero esta crisis sanitaria, que se suma a la crisis financiera y económica mundial, no afecta a todos por igual. Vemos hoy como la mayoría de las y los trabajadores pierden, mientras que los que ganan son un muy reducido grupo de empresarios.

Por todo lo dicho afirmamos que la pandemia vino a acelerar procesos y tendencias que ya venían sucediendo hace años.

Aumento mundial de la desocupación y la explotación

Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo “La COVID-19 y el mundo del trabajo. 7ª edición”, en 2020 se perdió el 8,8% de las horas de trabajo a nivel mundial con respecto al cuarto trimestre de 2019, equivalentes a 255 millones de empleos a tiempo completo.  La pérdida de horas de trabajo en 2020 fue aproximadamente cuatro veces mayor que la registrada durante la crisis financiera mundial de 2009.

La cantidad de personas desocupadas a escala mundial aumentó en 33 millones en 2020, y la tasa de desocupación aumentó hasta el 6,5%.  Además, se estima que los ingresos provenientes del trabajo a escala mundial en 2020 disminuyeron un 8,3%, a saber, 3,7 billones de dólares, o sea el 4,4% del PIB mundial.

Así, la automatización, la robotización y la inteligencia artificial abren una nueva etapa en la configuración mundial del trabajo, orientada al “conocimiento”, conformando nuevas fracciones dentro de la clase trabajadora que agudizan las diferencias salariales al interior de la clase.

Por un lado, comienza a emerger una fracción de la clase trabajadora vinculada a los trabajos del sector de la información, un grupo muy diverso unido por el uso de la más moderna tecnología de la información para el tratamiento, manipulación, identificación y procesamiento de datos.  Son creadores, manipuladores y procesadores de los flujos de información, que hacen posible esta Nueva Fase Digital del Capitalismo.  Esta fracción está formada por científicos/as, investigadores/as, ingenieros/as de diseño, analistas de “software”, investigadores/as en biotecnología, banqueros/as, inversionistas, diseñadores/as urbanísticos, consultores financieros, arquitectos/as, planificadores/as estratégicos, etc.

Y por otro lado, se observa como tendencia general un aumento en la informalidad y la subocupación.  Además de un crecimiento de la explotación laboral y la expulsión de grandes masas de trabajadores del proceso productivo.  De este modo, las economías globales se podrían clasificar en: un segmento avanzado, integrado globalmente, que emplea a una minoría de la fuerza laboral con altos grados de formación y remuneración, y un amplio segmento de baja productividad que absorbe la mayor parte de la fuerza laboral, con bajos salarios y condiciones muy precarias.

Pocos ganadores: Las grandes empresas tecnológicas ante la pandemia

La transformación de la economía en servicios de plataformas digitales cambia la forma de trabajar y de acumular riqueza. Esta transformación se presenta bajo la apariencia de “mayor libertad” para la clase trabajadora, ya que ahora puede “decidir cuándo, dónde, cuánto y cómo trabajar”, pero lo que realmente se oculta es su mayor grado de dependencia.  En esta forma de mediación virtual, no existen responsables por las condiciones de las y los trabajadores, pero sí existen personas que acumulan ganancias a una gran velocidad.

Según la revista Forbes, que actualizó su lista de los empresarios más ricos del mundo este 6 de abril, 7 de los primeros 10 multimillonarios más acaudalados provienen de la industria tecnológica.  Según la revista; “en total, los 2.755 multimillonarios que forman la lista suman 13,1 billones de dólares, frente a los 8 billones de 2020. Estados Unidos sigue siendo el país que cuenta con más ricos, con 724, seguido de China (incluyendo Hong Kong y Macao) con 698”.

Ahora bien, ¿cómo es que han podido acumular tanta riqueza estos 2.755 multimillonarios en un mundo atravesado por una profunda crisis?

En primer lugar, por la restricción en la circulación de las y los trabajadores, como plantea Giménez[1]: «así como bajo el capitalismo industrial el trabajador fue conducido hacia la fábrica, donde fue disciplinado a través del miedo a la muerte por hambre y también organizado bajo la lógica del trabajo común, hoy los cambios estructurales en su fase digital empujan a las clases subalternas hacia las ‘nuevas fábricas’ del territorio virtual, con sus plataformas y redes sociales; construyendo nuevos valores organizativos».  Según el informe digital-2020 (de wearsocial.com), la mitad de la población mundial (3.800 millones de personas) utiliza actualmente las redes sociales. 4.540 millones de personas están ahora en línea, con un aumento interanual de 298 millones, o sea el 7%, por lo que nos acercamos a una penetración de Internet del 60%.  El usuario medio de Internet pasó 6 horas y 43 minutos por día en línea en 2020, más de 100 días en total.

Esto genera una dependencia por parte de todas las empresas, instituciones y personas, del servicio que puedan brindar estas Big Tech. Grandes flujos de información que, a través de un complejo sistema de algoritmos, estas empresas convierten en la fuente de su riqueza.  Controlan de esta forma los tiempos sociales de producción de todas las demás ramas de la industria y del comercio.

Esto no es nuevo, como afirmamos anteriormente. Ya en 2018, más de la mitad de los habitantes del planeta utilizaba internet. El porcentaje de usuarios se situó en el 51,2%, lo que supone un aumento de 2,6 puntos respecto a 2017.

Otra parte de estas ganancias proviene de la baja de salarios a nivel mundial y del aumento de la jornada laboral.  Según un estudio realizado por Adecco Argentina al comenzar la cuarentena, el 42% de las y los trabajadores dedican más horas al trabajo desde su casa que en la oficina, mientras que un 40% cumple exactamente las mismas horas como si estuviera en su lugar de trabajo.  Esto es posibilitado por el gran ejército de desocupados/as que presionan sobre las condiciones salariales de los ocupados/as y aumenta la lucha entre trabajadores por salarios y puestos laborales.

Finalmente, una última parte deriva de la restricción de la circulación de las y los trabajadores.  Según datos de la OIT del informe antes citado: “Durante todo el año el 77 por ciento de los trabajadores se vieron afectados por esas medidas, lo que implica un porcentaje muy cercano del valor máximo del 85 por ciento alcanzado a finales de julio de 2020”.

Esto les permitió a las empresas ahorrar en infraestructura, eventos corporativos, energía y suministros, dietas, viajes, vehículos de empresa, suministros electrónicos, entre otros gastos fijos anuales.  Según un estudio llevado a cabo por Global Workplace Analytics, la compañía internacional de investigación y consultoría sobre las y los empleados, el ahorro promedio en inmuebles con teletrabajo a tiempo completo es de 10.000 dólares al año por empleado/a.

Las y los trabajadores frente a la crisis

Las y los trabajadores combinan nuevas y viejas formas de lucha en defensa de sus derechos y condiciones laborales, utilizan las calles y también el territorio virtual para reclamar, organizarse y luchar por sus derechos.  Hemos visto en Francia como el movimiento de “Chalecos Amarillos” se organizó a través de las redes sociales y salieron en conjunto a las calles presionando al gobierno nacional.  Lo que comenzó como un reclamo por un aumento de gasolina escaló rápidamente a un rechazo de las políticas neoliberales.

En la India estalló la “Manifestación más grande del mundo” de la que se tenga registro.  El 26 de noviembre, 250 millones de agricultores marcharon en todo el país, lo que significa el 3,3% de la población mundial y que dejó más de 64 muertos y cientos de heridos.  Detectando la importancia de la virtualidad para construir organización, el Gobierno produjo 134 cortes de internet, el 68% de todos los que suceden en el mundo.

En Chile las manifestaciones que comenzaron por un aumento de 30 pesos en el transporte público, también escalaron a un proceso donde la mayoría del pueblo salió a las calles a pedir un cambio de la constitución neoliberal y contra el gobierno de Sebastián Piñera. Y la lucha continúa.

Otro ejemplo de lucha lo vienen dando las mujeres trabajadoras que este 8M también inundaron las redes y las calles de todo el mundo. Y así podríamos seguir citando ejemplos de manifestaciones a lo largo y ancho del planeta.

En las empresas tecnológicas el panorama de lucha no es diferente.  En el Reino Unido, el Tribunal Supremo sentenció que las y los trabajadores de Uber tienen derecho a acogerse a la legislación laboral vigente, lo que abre las puertas para obtener un salario mínimo o vacaciones pagas.

En enero de este año, unos 200 trabajadores de Alphabet Inc, la empresa matriz de Google, han formado un sindicato para velar por los principios de igualdad en el trabajo y por la observancia de principios éticos en el modelo de negocio.  La formación de este sindicato, el primero que se crea entre las grandes tecnológicas, es la consecuencia directa de protestas sin precedentes en el seno de la compañía, y de un año de organización en secreto.

O las nuevas tecnologías están al servicio de las y los trabajadores, generando mejores condiciones de vida, eliminando el trabajo forzoso, repetitivo, dando más tiempo para disfrutar de una vida digna, o estarán en manos de un minúsculo grupo de especuladores financieros, generando mayor acumulación, explotación y exclusión.

El curso que puedan tomar los acontecimientos dependerá de la participación activa de los trabajadores y trabajadoras, y de que estos logren construir un programa estratégico que ponga por encima el bienestar general de la clase trabajadora.

Diego Lorca y Diego Pierdominici son miembros del Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro -OITraF-, un equipo de jóvenes profesionales dedicados a la Investigación y Análisis en el convulsionado mundo del Trabajo. OITraF: https://oitrafuturo.wixsite.com/oitrafuturo  Twitter: @OITraF1 https://instagram.com/observatorio_de_trabajo

26/04/2021

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 552: ¿Quién decide nuestro futuro digital?

Bibliografía

–https://www.adecco.com.ar/noticias/teletrabajo-y-productividad-durante-la-pandemia-a-causa-del-coronavirus/

–https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20201209/6108068/teletrabajo-cuanto-ahorra-empresa.html

–https://forbes.es/listas/93410/lista-forbes-2021-estas-son-las-personas-mas-ricas-del-mundo/

–https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_767045/lang–es/index.htm

–https://elpais.com/economia/2021-01-05/trabajadores-de-google-se-organizan-en-el-primer-sindicato-creado-en-una-gran-tecnologica.html

–https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210329-amazon-derecho-laboral-sindicatos-alabama

-Giménez, P. (2020). Un 1º de mayo (muy) diferente, un mundo en guerra mediado por la virtualidad. Disponible en: https://www.nodal.am/2020/05/un-1o-de-mayo-muy-diferente-un-mundo-en-guerra-mediado-por-la-virtualidad-por-paula-gimenez/

Notas

1/ Giménez, P. (2020). Un 1º de mayo (muy) diferente, un mundo en guerra mediado por la virtualidad. Disponible en: https://www.nodal.am/2020/05/un-1o-de-mayo-muy-diferente-un-mundo-en-guerra-mediado-por-la-virtualidad-por-paula-gimenez/

Fuente e imagen: https://vientosur.info

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Operación Regreso A Clases Presenciales ¿Escalonado, Gradual Y Voluntario?

Autores Varios

Por: Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza. 02/06/2021

Era 13 de mayo del 2020, apenas habían transcurrido 51 días de confinamiento cuando el gobierno federal ya anunciaba un conjunto de medidas y etapas para regresar a “la nueva normalidad”. El presidente aseguró que tras la fase crítica de la epidemia (sic), el plan era voluntario (Plan de AMLO para regresar a actividades es voluntario ).

Una semana después, el entonces secretario de educación, Esteban Moctezuma Barragán, declaraba que para reanudar clases presenciales en el país las escuelas deberían contar con agua potable, usar gel antibacterial y promover el lavado constante de manos para evitar los contagios de coronavirus. Dijo que se estaba trabajando junto con la Secretaría de Salud para definir un protocolo de seguridad sanitaria que se aplicaría en las escuelas a fin de que los espacios escolares fuesen seguros; reconoció también que los menores podían ser transmisores del virus (Analizan aplazar calendario escolar 2020-2021: SEP)

Quince días después, la SEP anunciaba junto con la Secretaría de Salud, las nueve medidas de bioseguridad escolar:

1. Activación de los Comités Participativos de Salud Escolar, que, entre otras tareas, definiría la estrategia para realizar acciones de limpieza y desinfección en las escuelas.

2. Acceso a jabón y agua en las escuelas para prevenir contagios.

3. Cuidar al magisterio, los docentes que estén en grupos de riesgo regresarán a las aulas cuando sea seguro completamente.

4. Uso obligatorio de cubrebocas

5. Mantenimiento de la Sana Distancia

6. Maximización del uso de espacios abiertos.

7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias y reuniones.

8. Detección temprana de contagios.

9.- Apoyo socioemocional para alumnos y docentes.

También hace un año, la SEP anunció fechas referenciales para el regreso a actividades e inicio del Ciclo Escolar 2020-2021, en los tres niveles educativos.  Incluso presentó un calendario de actividades, aclarando que su cumplimiento dependía de que el semáforo sanitario estuviese en verde. Entre otras acciones contempladas, se incluía un curso remedial a realizarse del 10 al 14 de agosto y una evaluación diagnóstica del 17 al 28 de agosto.

Pero la necia realidad se impuso, los contagios y muertes no hacían sino aumentar dramáticamente, alcanzando su pico más alto en enero de este 2021. De ahí que, en más de una ocasión, la SEP se vio obligada a dar marcha atrás en su intención de regresar a clases presenciales para el segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021.

A lo largo del ya prolongado período pandémico, hemos visto y vivido de todo, desde la pérdida de seres queridos, familiares y amigos, pasando por el desempleo, la enfermedad y sus secuelas, la modificación en nuestras formas de trabajar o de relacionarnos con los otros, por mencionar algunos ejemplos. En muchos sentidos, nosotros, los de ahora, ya no somos los que éramos antes de marzo del 2020, un tiempo en el que no prestábamos atención a nuestra salud ni aprecio por la vida.   En ¡Seamos virus! dijimos que el Covid estaría con nosotrxs un buen tiempo; también que la pandemia era un ensayo de la autodestrucción que viene si seguimos con la depredación ecológica, la gestión neoliberal de la economía y de la sociedad que antepone las ganancias a lo que nos es común: salud, cuidados, educación, bienestar, alimentación, vivienda y trabajo digno.

Así ha sido, la pandemia cortó el fluir de la vida, nos ha zarandeado, trastocando todos los ámbitos de nuestra existencia. No obstante, la SEP no ha modificado ni un ápice su concepción sobre este acontecimiento; hoy como ayer, continúa enfrentándola como si fuese una contingencia, una emergencia que tarde o temprano pasará. Basta dar un vistazo a los lineamientos, orientaciones y demás documentos oficiales publicados a lo largo de este período para corroborarlo: la pandemia es una emergencia, si acaso una contingencia inesperada, y hasta ahí. ¿De qué otra forma entender la insistencia en un regreso a clases presenciales adoptando las reiteradas nueve medidas anunciado hace un año?

Si bien la intención gubernamental de un pronto retorno a las escuelas ha estado presente desde el inicio de la pandemia y el confinamiento, ha sido en las últimas semanas que la campaña oficial ha arreciado; desde el presidente hasta el subsecretario de salud, pasando por la jefa de gobierno de la Cd. de México, la titular de la SEP y autoridades educativas estatales, las insistentes declaraciones sobre el inminente regreso no cesan, no pasa un día sin que los medios traten el tema.

Curiosamente, ésta especie de Operación Regreso a Clases, se ha intensificado a medida que se aproximan las elecciones Una rápida cronología permite mostrar cómo ha ido avanzando.

  1. Desde enero de este año, el entonces titular de la SEP anunció  que para cuando el semáforo epidemiológico estuviera en verde, las entidades que pudieran regresar a clases, lo harían mediante protocolos para salvaguardar la salud de los estudiantes, entre ellas la firma de cartas responsivas y presencia de pocos alumnos en aulas (Así planea la SEP el regreso a clases cuando haya semáforo verde y amarillo)
  2. Entre enero y febrero, algunos estados comenzaron a pasar a semáforo verde. En Campeche, las autoridades estatales presentaron un programa piloto para el regreso a las aulas, previsto para el martes 13 de abril. El secretario de salud local señaló que el regreso sería escalonado y voluntario, con protocolos de higiene y docentes con esquema de vacunación completo.
  3. En marzo, López Gatell dice que se haría una modificación a la estrategia original, que era avanzar más rápidamente en la cobertura del personal educativo. Por su alta densidad poblacional, se daría prioridad a zonas urbanas densas (Salud cambia táctica de vacunación contra COVID). Pero la SS pone y el presidente dispone.
  4. A partir de abril, el ejecutivo federal comenzó a pisar fuerte el acelerador político. AMLO anuncia la vacunación de alrededor de tres millones de maestros y trabajadores de la educación con la vacuna Cansino de una sola dosis (Entre el 15 y 20 de abril iniciará vacunación de maestros). Quince días después, se presenta el calendario de vacunación nacional al magisterio; la aplicación de la vacuna comienza el 20 de abril.
  5. Mientras tanto en Campeche -primera entidad en la que el personal del sector educativo fue vacunado-, el gobierno estatal anuncia el regreso a clases presenciales. Pero un mes después informa que ha decidido suspender actividades y cerrar las escuelas ante la ocurrencia de contagios. El presidente no pierde la oportunidad de opinar al respecto, dijo que no se debía cerrar sino aislar en caso de que hubiese un brote, pues la pandemia seguía perdiendo fuerza; podrían presentarse casos aislados, pero no era motivo de preocupación nacional. Más importante es regresar a las clases, para que “no se vuelva costumbre que los niños estén frente a la TV o internet” (“No se debe exagerar”: AMLO pide a Campeche que se mantengan abierta las escuelas)
  6. Funcionarios de salud también participan de esta Operación aportando su granito de arena. López Gatell, en conferencia el 24 de mayo, dijo que el regreso era seguro gracias a los protocolos generales de seguridad sanitaria, probados en espacios abiertos desde hace un año. Pero algo muy importante era no tener falsas expectativas, pues no puede asegurarse que no se presentarán casos de la enfermedad en las escuelas, “sería absolutamente fantasioso pensar que no va a haber ni un solo caso, se pueden presentar. Lo importante es que se tenga una reducción al mínimo de ese riesgo, que se tenga la capacidad de identificar tempranamente la ocurrencia de brotes para que conjuntamente, la autoridad sanitaria, la autoridad educativa y la comunidad de padres trabajen conjuntamente para responder ante este tipo de situaciones” (https://www.youtube.com/watch?v=1gl5EXL5l7g).
  7. De igual forma, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en sintonía con la postura presidencial, asegura que el 7 de junio las escuelas abrirán sus puertas, acompañando el regreso con las medidas correspondientes, entre ellas el uso obligatorio de cubrebocas (Sheinbaum anuncia el regreso presencial a clases en la CDMX para el 7 de junio). Cabe recordar que, al momento de escribir estas líneas, la Ciudad de México continúa en semáforo amarillo.
  8. Sobre este asunto, la maestra Delfina Gómez se ha pronunciado reiteradamente; a tan solo un mes de que culmine el ciclo escolar 2020-2021, la SEP ha dicho que el regreso será escalonado, gradual y voluntario. Pero en los últimos días, la secretaria ha convocado a maestras, maestros y padres de familia a regresar a clases presenciales, primero chantajeando con la vocación (Apela Delfina Gómez a la vocación de los maestros para regresar a las escuelas) luego con el compromiso moral  de los maestros (Pide Delfina Gómez a maestros tener sensibilidad y compromiso moral). 

¿A qué viene todo este recordatorio? En primer lugar, permite mostrar que la intención gubernamental de regresar a clases presenciales a la brevedad posible ha estado presente durante todos estos meses de confinamiento, aunque esa intención no coincide con el comportamiento de la pandemia. En segundo lugar, da cuenta de que las frecuentes e insistentes declaraciones de diferentes funcionarios sobre el retorno a clases presenciales, que por cierto arreciaron las últimas semanas, revela una estrategia gubernamental para construir la percepción de una vuelta inevitable a clases presenciales, así sea por unas cuantas semanas, aunque las escuelas se encuentren en condiciones deplorables de infraestructura y carezcan de recursos de todo tipo.

¿Cuatro semanas resolverán el desastre educativo que ya padecíamos? ¿Vale la pena la exposición al contagio cuando los padres de los alumnos que se encuentran en el segmento de 20 a 40 años aún no están vacunados? ¿Acaso la movilidad que implica trasladarse de un sitio a otro para llegar a la escuela, utilizando además diversos medios de transporte público, dejó de ser un factor de riesgo? ¿Con vocación y voluntad se resuelve un problema de salud pública? Definitivamente no.

La pandemia mostró el lamentable estado del Sistema Educativo Nacional: infraestructura deplorable, conectividad incipiente o nula, brechas digitales, desigualdades crecientes, y sobre todo, unos planes de estudio, contenidos y enfoques de enseñanza que priorizan el logro de aprendizajes en lugar de la comprensión y actuación ante la pandemia y sus efectos.

Los ataques a profesionales de salud, las dificultades de comprensión lógica y biológica elemental, las distorsiones cognitivas que impiden reconocer la necesidad de la acción colectiva para enfrentar un acontecimiento que alteró la vida, la incredulidad en la existencia del virus, el incremento de las agresiones a las mujeres, los abusos contra los menores de edad, los déficits de atención -particularmente notables en gobernadores, diputadxs y senadorxs-, son todos ellos signos de que en la educación nacional, casi todo se está haciendo muy mal. Y no ahora, desde hace décadas.

El modo gubernamental de gestionar la educación en estos tiempos pandémicos, reafirman el divorcio radical entre los objetivos del sistema educativo con la vida, con los sentimientos, los lazos afectivos, los requerimientos cognitivos y culturales de niños, niñas, jóvenes, familias y docentes. Y es que, ante la evidente devastación anímica y afectiva de la población, las pérdidas de todo tipo más las graves secuelas en la salud física y mental de buena parte del magisterio, de los alumnos y sus familias, la SEP no se cansa de repetir una y otra vez -véanse las guías de Consejo Técnico- que “hay que ser empáticos”, pero a juzgar por las presiones que están ejerciendo, la mayor parte de las autoridades educativas de todos los niveles jerárquicos, parecen no poseer, mucho menos practicar esa capacidad de ponerse en el lugar de los otros.

La empatía se cultiva, es decir, se desarrolla y potencia. Educar en empatía implica fomentar relaciones de ayuda, cooperación y altruismo, lo que a su vez implica aprender a percibir y comprender los problemas y sentimientos de los otros, de igual forma, a expresar y compartir los propios.

Pero para el sistema educativo, la empatía no es más que un parche mal pegado, necesario para seguir caminando por una ruta trazada desde antes de la pandemia. Aprende en casa en todas sus versiones, puso de manifiesto, una vez más, la continuidad neoliberal de la reforma educativa de la IV Transformación Nacional: los aprendizajes esperados se encuentran separados del mundo, orientados a la formación de un sujeto individualista, aislado, responsable de sí mismo, obediente, eficiente, auto-regulado  emocionalmente (que para eso tenemos neurociencias con sus poderosas técnicas de condicionamiento cerebral), dirigido a los requerimientos del sistema, más preocupado por la evaluación que por los problemas que aquejan a la humanidad y a los ecosistemas. De modo que, ponerse en los zapatos del otro, como se define en términos simples la empatía, se convierte en un significante vacío frente a la reiterada reivindicación de una escuela productiva en la que la educación se reduce al logro de aprendizajes instrumentales.

Lo hemos dicho siempre, la Nueva Normalidad es lo mismo que la vieja, pero en versión sanitizada; se propone gestionar las nuevas condiciones para que todo continúe igual; es la negación del acontecimiento y la ceguera a comprender y atender las causas de la pandemia y el desastre que ha dejado a su paso en México, a diferencia de otros países de mayor o igual población.

Entre las presiones, los chantajes y el voluntarismo gubernamental, ya se asoman incipientes rebeliones. Son cada vez más las madres y padres de familia que se pronuncian por el cuidado de la salud y la protección de la vida, pues sin eso, no hay derecho a la educación que valga. Utilizando su sentido común y recuperando sus dolorosas experiencias, concluyen que no vale la pena arriesgar a sus seres queridos por un retorno precipitado con propósitos confusos, así se han pronunciado en las reuniones virtuales a las que han sido convocados.

Fuente: Insurgencia Magisterial

Fotografía: etcetera

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