Al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie.
El CEN del SNTE vuelve a las andadas. Incumple las leyes mexicanas, desatiende los tratados internacionales, desacata a la autoridad e ignora al Presidente de la República. Así parece ante la insistencia de convocar a elecciones para la renovación de las dirigencias de las Secciones Sindicales en Baja California, Sinaloa, Tlaxcala y Nuevo León. Claro, a menos que el gobierno federal tenga dos caras, un doble discurso y una postura hipócrita. Habíamos escrito sobre el asunto en colaboraciones anteriores. Válgase citar y recomendar los textos de Abelardo Carro Nava, “El irresponsable e ilegal proselitismo en el SNTE”, y Sergio Martínez Dunstan, “Democracia Sindical”. En ellos, se ofrece un panorama con la intención de contextualizar la problemática. Hagamos una síntesis muy apretada de los hechos.
AMLO se comprometió a garantizar la democracia sindical en su campaña electoral en el discurso pronunciado en San Pablo Guelatao (11/mayo/2018). Siendo Presidente en funciones, expresó su deseo por ver a los maestros votando por primera vez en urnas (08/abril/2019) y logró la aprobación de la reforma laboral con las modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado con relación a la organización colectiva de los trabajadores, determinándose la elección de las directivas sindicales mediante voto personal, libre, directo y secreto de los afiliados (01/mayo/2019). Hizo un llamado a los trabajadores para que ellos hicieran lo que les correspondiera, que ya no siguieran tolerando dirigentes que no los representaran, que hicieran valer la democracia: La libertad no se implora, se conquista, sentenció (07/octubre/2019).
Por su parte, el CEN del SNTE, aprobó el Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales (01/noviembre/2019). Dado su contenido, la Cámara de Diputados emitió dos proposiciones con puntos de acuerdo:
1.- Exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) a promover la celebración de los encuentros sindicales, así como al SNTE a expedir la convocatoria correspondiente (19/noviembre/2019).
2.- Al CEN del SNTE, a modificar su estatuto y el reglamento en materia de elección de dirigentes (05/febrero/2020).
No obstante, insistieron en su postura los líderes sindicales que actualmente están al frente de la organización gremial al convocar a la renovación de las directivas seccionales en Tlaxcala y Nuevo León (marzo del 2020) y anunciaron la renovación del del CEN del SNTE hasta el 2024. Aprovecharon la emergencia sanitaria para aplazar las elecciones hasta que existieran las condiciones para evitar contagios por COVID 19.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) impugnó los requisitos generales de elegibilidad para poder ser votado como integrante de la Directiva Seccional Sindical, porque se exige a los agremiados, contar con al menos 5 años de antigüedad como miembro del sindicato y haberse desempeñado en algún cargo de representación sindical. Ordenó la modificación del referido reglamento porque restringe y condiciona la libertad de los agremiados para ser candidatos.
Abelardo Carro, daba cuenta que ciertos líderes sindicales han dado rienda suelta a un proselitismo, desmesurado, irresponsable e ilegal a través de sus redes sociales y mediante pequeñas reuniones secretas en distintos espacios públicos y no públicos. Ni la pandemia los detuvo. Incluso, ahora con la reapertura de las escuelas a las actividades presenciales, los candidatos institucionales y disidentes institucionales con sus respectivas planillas de trabajo han visitado los centros educativos para ponerse a la orden de sus compañeros. Mientras que Sergio Martínez, sostenía que la democracia sindical resultó una promesa de campaña electoral incumplida, se ha convertido en un problema sin resolver y hasta hoy es una obligación legal vulnerada.
Como se puede constatar, el SNTE no ha modificado ni una coma al reglamento y ya tiene dos elecciones en puerta, sobre todo la de Tlaxcala el 21 de octubre. Es claro que al CEN del SNTE le importa poco el cumplimiento de la ley porque al margen de la misma, pretende imponer a los suyos mediante elecciones fraudulentas. El SNTE simula, miente y viola la ley. Mientras que el gobierno, a través de la STyPS, no ha tenido la voluntad y la fuerza —o ambas— para cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho. Y, aún más, se convierte en cómplice puesto que la ley es muy clara: El Sindicato deberá notificar la convocatoria al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el cual podrá verificar el procedimiento de elección. Aunque todavía le queda un recurso jurídico: Las elecciones que no cumplan estos requisitos serán nulas.
En consecuencia, falta saber si se hace válida la frase multicitada por el Presidente de México. “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie”. En tanto el magisterio resiste y lucha.
Mientras América Latina enfrenta persistentes amenazas a la democracia, una creciente desigualdad económica global –intensificada por más de un año de pandemia–, sumada a una crisis climática de consecuencias catastróficas, las tecnologías digitales están en el centro de la agenda pública. En un contexto de intenso cambio, la misión de Derechos Digitales en defender los derechos humanos y poner las tecnologías al servicio de la justicia e igualdad, se torna más relevante que nunca.
Es en ese contexto que, reconociendo los 15 años de experiencia de Derechos Digitales, hemos decidido asumir el honor y desafío de liderar un fabuloso equipo que reúne algunas de las personas más comprometidas y capaces de toda la región con la misión de promover la equidad, la dignidad y la seguridad de todas las personas en su relación con la tecnología.
Reafirmamos Derechos Digitales al servicio de realidades complejas y cambiantes, en lo que consideramos más importante para la construcción de un futuro distinto al que se presenta: la protección de los derechos humanos. El reconocimiento y la inclusión de voces que han sido históricamente excluidas de las discusiones sobre tecnologías y la ardua lucha por la equidad y la justicia estarán al centro de nuestra preocupación.
Al interior de la organización, trabajaremos para permitir que florezca la creatividad y colaboración que siempre han caracterizado a Derechos Digitales. Desde orígenes y trayectorias tan distintas, nuestra diversidad es potencia. En este sentido, queremos mantener y generar un espacio de trabajo seguro, amigable, receptivo y alineado con nuestra misión.
Asumimos el desafío de dirigir esta organización con el propósito que Derechos Digitales sirva para proteger e impulsar el trabajo de incontables defensoras y defensores de los derechos humanos que cotidianamente se enfrentan con poderes políticos y económicos. Frente al ciego optimismo tecno-solucionista que marca los últimos tiempos, seguiremos produciendo conocimiento situado sobre los impactos de las tecnologías y su regulación en los distintos países y en la denuncia enérgica de las amenazas y los abusos a los derechos humanos. Nuestra visión es la de una región donde la tecnología y su regulación no sean nuevas maneras de profundizar desigualdades, sino que se encuentren al servicio de nuestros pueblos, para consolidar las democracias y para facilitar el ejercicio derechos fundamentales.
Somos conscientes del enorme desafío que es liderar una organización de sociedad civil en el Sur Global y asumimos esta responsabilidad con humildad y deseo de aprendizaje y crecimiento. Nos queda un largo camino, mas sabemos que contamos con el respaldo de un equipo sólido, de potentes aliadas regionales y globales, y de una convicción inclaudicable.
Por J. Fernando González Lozada, Paola A. Vargas Moreno
Los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de Latinoamérica han tenido que emprender una larga y sentida lucha para poder acceder a la educación.
Desde la creación de los Estados-nación, distintos han sido los procesos de exigencia para lograr el reconocimiento de sus comunidades como sujetos de derecho; en el campo educativo, ha implicado desde negociar la creación de escuelas y universidades en territorios rurales (geografías contrasistémicas), hasta demandar proyectos educativos culturalmente pertinentes (atentos a las realidades, epistemologías e idiomas propios) e, incluso, exigir el respeto de las autonomías locales y los proyectos político-pedagógicos que emanan de sus procesos organizativos. Diversos también han sido los obstáculos, asedios y cierres que han sufrido estos proyectos educativos gracias a la intervención del Estado y los grupos de poder en turno; barreras que oscilan entre trampas y laberintos jurídicos para obtener certificación institucional hasta el franco ataque de la fuerza armada (No olvidamos las acciones contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en México en 2014 o el ataque a la escuela Florestán Fernández del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil en 2016, por colocar algunos ejemplos).
En este marco, en un intento por identificar las principales tensiones que configuran la relación entre Estados-nación y proyectos educativos propios (educativos étnico-culturalmente situados), iniciamos un recorrido tras las huellas que nos permitan develar cómo se presenta y explica la disputa por la educación en América Latina (y con ella, los límites de la educación permitida para el indígena / el campesino / el afrodescendiente). Para ello, realizamos un breve recorrido por Bolivia, Ecuador y México rememorando algunas experiencias que dan muestra de dichas tensiones.
Cerramos este trabajo compartiendo la experiencia de la Universidad Autónoma de la Comunalidad de Oaxaca (UACO) en apoyo solidario con sus luchas históricas y a sus reclamos actuales.
Escuela-Ayllu de Warisata (Warisata, Bolivia)
Escuela ayllu de Warisata. Fotografía proporcionada por la Dra. Adriana Mariscal.
Durante poco más de 9 años (1931-1940) floreció en Bolivia la Escuela-Ayllu de Warisata, ícono de la resistencia indígena y de la pedagogía comunitaria latinoamericana. En un escenario político en el que se debatía si los pueblos indígenas eran sujetos de derecho o no, dos profesores, Avelino Siñani (indígena aymara) y Elizardo Pérez (mestizo), organizados con las comunidades del altiplano, se decidieron a fundar una escuela para la liberación de los indígenas: una apuesta educativa que reconstituyera la dinámica territorial del ayllu andino (gobierno autosustentable, cargos comunitarios y posesión colectiva de la tierra); con base en el trabajo individual y colectivo, en donde el consejo amawta (sabios – autoridades comunitarias) llevara la dirección de la escuela y animara la participación de las comunidades en el proyecto pedagógico para que, en conjunto, se hiciera una educación desde y no para los indígenas.
Durante esa década se logró estructurar un proyecto educativo que abarcaba desde la primaria hasta una normal de maestros con 16 núcleos distribuidos por el país. También se desarrollaron talleres sobre agricultura, ganadería, carpintería, mecánica, hilado, alfarería, danza, literatura, plástica, música y la recuperación de la lengua originaria para el fortalecimiento de la identidad indígena.
Los objetivos que signaban la modernización educativa de la época se colocaban en un segundo lugar mientras que las necesidades, saberes y quehaceres de las comunidades se consolidaban como protagonistas en el proyecto político-educativo.
Desde sus inicios, el proyecto de la Escuela-Ayllu de Warisata tuvo fuertes oposiciones, no solo por parte de los grupos de poder del altiplano, sino de las mismas instituciones educativas del Estado. Tal fue el encono que generó, que en 1940 se creó un Tribunal Investigador, integrado por aquellos que se oponían a la escuela, destinado a revisar y enjuiciar su obra. Como en su momento lo denunciaba el profesor Elizardo Pérez, en su informe final el Tribunal señalaba la “Falta de orientación pedagógica definida que responda a los fines que el Estado persigue para incorporar al indio a la actividad económica del país; las escuelas indígenas son de simple alfabetización, y en ellas no se da importancia a las prácticas agropecuarias que harán del indio un labrador menos rutinario” (Pérez, 1963: 283). Como es de suponerse, el informe continuaba bajo esta perspectiva colonial que recordaba el lugar subordinado asignado al indígena tanto en el Estado-nación como en el proyecto educativo nacional, situación por la que el fallo de la Corte fue el despido de maestros y directores de varios núcleos educativos, la instalación de docentes y directivos conformes a la perspectiva educativa del Estado y, finalmente, el cierre de la Escuela.
En este contexto, no es coincidencia que, como ejemplo de los procesos de disputa por la educación liderados por las comunidades organizadas frente al Estado, podamos señalar que para el mismo año en el que fue clausurada la Escuela-Ayllu (1940) también se realizó el Congreso Indigenista Interamericano en Pátzuaro, México, evento que inauguró y posibilitó la instauración de las políticas indigenistas que permearon las políticas educativas del continente. Valga subrayar que este mismo encuentro, pero pensado desde una perspectiva crítica que apuntaba hacia la liberación de los indígenas, se había propuesto para que se realizara en Warisata; sin embargo, esto fue impedido por las autoridades bolivianas.
Herederos de experiencias como la vivida en Warisata, en las últimas décadas hemos asistido a la construcción de numerosos proyectos político-pedagógicos emanados desde los movimientos sociales, desde las comunidades organizadas; la apuesta común es por una educación propia frente a la educación impartida desde el Estado y el sistema privado. Como parte de estos procesos, indígenas, campesinos y afrodescendientes han animado la creación de universidades que respondan a sus necesidades, su lengua, su historia, su epistemología, sus horizontes políticos y formas de aprendizaje ancladas a su territorio. Los resultados y experiencias han sido diversos, pero comparten retos en común, muchos de estos vinculados a las desigualdades e injusticias propias de la relación que mantienen con los Estados (modernos/coloniales) que los pretenden contener; entre otros: las dificultades para lograr legalidad y certificación; las complicaciones que enfrentan ante la necesidad de sostenimiento y permanencia para su consolidación; las tensiones emergentes ante la validación de epistemologías propias (desde donde se diseñan currículos y metodologías); y los desafíos que implica construir una educación en clave emancipadora.
Ahora, presentamos tres ejemplos desde la educación superior, más cercanos a nuestros días, para ir identificando continuidades.
Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) (Guerrero, México)
Fotografía: Paola Vargas. Sede de la UNISUR, Santa Cruz del Rincón. Montaña de Guerrero, 2016.
La UNISUR fue un proyecto que aglutinaba comunidades Mè´phàà, Náhuatl, Tu´un savi, Ñomndaa, afrodescendientes y mestizas que buscaban recuperar el pensamiento indígena y contribuir a la construcción de una sociedad intercultural, a través de un proyecto educativo que estuviera orientado “[…] hacia la formación de intelectuales que sean capaces, desde su propio universo y sustento cultural, abordar la solución de los problemas propios de su comunidad” (Santos, Méndez, Flores, Muñiz y Pimienta, 2006: 3). La UNISUR operó desde el 12 de octubre de 2007 hasta su gradual desintegración en 2019, con cinco sedes o unidades académicas previstas en su estudio de factibilidad donde se impartían: 1) Gestión Ambiental Comunitaria; 2) Gobierno de Municipios y Territorios; 3) Cultura, Lengua y Memoria; 4) Justicia y Derechos Humanos. Además, de manera intermitente, tres unidades más emergieron de necesidades coyunturales; así como se procuró la apertura de dos licenciaturas más que no lograron consolidación (Salud Comunitaria y Pedagogía Intercultural).
En su relación con el Estado, distintas fueron las problemáticas que enfrentaron desde sus comienzos. A pesar de todo el trabajo comunitario, organizativo y pedagógico que sostenía la propuesta inicial, el proyecto no logró aprobación al ser presentada ante la recién creada Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) en el año 2006. Burlando los trabajos de negociación previos, los funcionarios desconocieron la propuesta de la UNISUR y, por su parte, crearon la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) bajo una lógica indigenista, integracionista y neoliberal que ha permeado la región durante las últimas décadas y que, en esta ocasión, se encarnaba en la propuesta de la educación intercultural emanada del Estado. Al no ajustarse la propuesta al deber ser diseñado por las instituciones del Estado (desde arriba y desde afuera), la oficialización nunca llegó.
A pesar de no contar con el reconocimiento oficial, la UNISUR inició acciones en el año 2007 “[…] por mandato de las autoridades civiles y comunitarias de los pueblos indígenas y afromestizos del Estado (Acta de Congreso. 26 de mayo de 2007)”. Operó durante un poco más de 10 años y formó a cinco generaciones de estudiantes indígenas, mestizos y afrodescendientes. La universidad era sostenida por las comunidades, las y los académicos que no cobraban sueldo, y a través de donaciones y convenios con otras universidades. Su proyecto político-pedagógico se organizaba a través de un sistema modular de enseñanza cuyos ejes problemáticos buscaban la reflexión cruzada y el diálogo de saberes; un tronco común para las distintas licenciaturas; la relación horizontal entre estudiantes y profesores; la modalidad semipresencial que reunía durante 4 días a profesores y estudiantes dos veces al mes; círculos de reflexión, talleres y seminarios de investigación comunitaria; y los trabajos en vínculo con las comunidades (Durán, Gaussens y Vargas, 2016).
Al final el proyecto fue insostenible por la falta del registro oficial esperado por las comunidades, la imposibilidad para expedir certificados de las licenciaturas en marcha, las dificultades para sostener económicamente el proyecto y las diferencias al interior, muchas de ellas derivadas de estas mismas tensiones. Sin embargo, fruto de la capacidad organizativa comunitaria y el trabajo mancomunado que dio vida a la propuesta, también son varios los logros que reconocen los y las jóvenes de las comunidades ante la posibilidad de acceder a la educación universitaria: la construcción de conocimientos colectivos en donde se recuperan y valoran los saberes locales, la participación en procesos organizativos y de lucha en diversos territorios de Guerrero, la resolución de problemas comunitarios y la implementación de proyectos diversos que ahora impulsan sus egresados. Su eco sigue nutriendo experiencias educativas y organizativas en la montaña de Guerrero a través de sus egresados y docentes.
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador Amawtay Wasi (UINPI-AW / UIAW) (Pichincha – Loja – Macas, Ecuador)
Fotografía: Paola A. Vargas. UIAW en la Marcha “Defensa de la Plurinacionalidad, la Soberanía y los Recursos Naturales”, 11 de marzo de 2008.
La Amawtay Wasi (casa de la sabiduría en Kichwa) surge como proyecto de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a finales de la década de 1990, cuando se debatía al interior de la organización la necesidad de un sistema de educación superior diferente al tradicional. Su materialización se deriva de un proceso político de movilizaciones, negociaciones y conquistas adelantado durante un poco más de dos décadas. Después de largas disputas políticas con el Estado, diversas barreras jurídicas, amplias movilizaciones, consultas con las comunidades y, la elaboración de un proyecto de universidad, la UIAW logra su oficialización mediante la Ley de la República No. 2004-40 del 28 de julio del 2004, bajo la modalidad de “[…] institución particular, autofinanciada, con personería jurídica, sin fines de lucro, descentralizada y con autonomía académica, administrativa y financiera” (Sarango, 2009: 193-194).
El proyecto político-pedagógico de la Amawtay Wasi, aunque predominantemente kichwa, procuraba la participación de las comunidades, tanto de la sierra como de la amazonia, a través de la puesta en práctica de una pedagogía propia fundamentada en principios de la cosmología andina (vivencial simbólico, de relacionalidad, de dualidad complementaria, y de reciprocidad; comprensión del tiempo en espiral; organización a través de la chakana).
Entendiendo el proceso educativo como un aprender para desaprender, la propuesta buscaba recuperar los saberes y metodologías ancestrales, poner en diálogo las epistemologías propias con el conocimiento occidental en un esfuerzo por construir una sociedad intercultural, fortalecer el vínculo de respeto y comunión con la pacha mama (Madre Naturaleza), promover la investigación al servicio de la comunidad, y consolidar una educación superior para el sumak kawsay (Buen Vivir). Se pusieron en marcha los pregrados de Arquitectura con mención en Arquitectura Ancestral, Ingeniería Agroecológica, y Ciencias de la Educación con mención en Pedagogía Intercultural; también los postgrados de Investigación Intercultural, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, y Gestión del Desarrollo con Identidad para el Buen Vivir Comunitario; esto además de la formación de promotores de Agroecología y Liderazgo, Liderazgo y Turismo Comunitario, y Comunicación Intercultural y Comunitaria a través de Comunidades de Aprendizaje.
Después de institucionalizado el proyecto, no sin dificultades legislativas para la apertura de las diversas sedes en cada uno de los territorios indígenas que así lo demandaban, la universidad permaneció en funcionamiento hasta que, durante el gobierno del presidente Rafael Correa, tras un proceso de evaluación a la educación adelantado entre el año 2010 y 2017, conocido como la “Revolución Educativa”, el Consejo de Educación Superior (CES) dictaminó la suspensión de la UIAW por no cumplir con los parámetros de calidad establecidos en la nueva Ley Orgánica de Educación (LOES, 2010). El acto fue denunciado por el movimiento indígena ecuatoriano como una violación a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas, un acto discriminatorio, racista y etnocida:
Resulta ser paradójico, le cierran la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi”, pero al mismo tiempo crean cuatro universidades de corte eurocéntrico y colonial, uno de ellos plagiado con nombre indígena. El objetivo de estas universidades es revivir el neoindigenismo de los años 50, lo que significa en esencia la recolonización de las Nacionalidades y Pueblos indígenas, la asimilación cultural, económica, social y política, el desmantelamiento y desaparición como naciones diversas y originarias. (UNPFIP, 2013: s/p)
A pesar de la suspensión, y gracias al capital político acumulado, la UIAW se reinventó para seguir funcionando. En un primer frente, la universidad mantuvo encuentros con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y abrió una sentida lucha en la arena pública internacional para reclamar la reapertura. En un segundo frente, y viendo pocos resultados del reclamo insistente ante el CEAACES, la institución optó por constituirse como organización civil para adelantar investigaciones y promover una educación propia y con enfoque intercultural, la UIAW se refundó bajó el nombre de Pluriversidad Amawtay Wasi mediante Acuerdo No. 2884 el 4 de diciembre del año 2013.
Para agosto de 2018, bajo el gobierno de Lenin Moreno, tras una aparente disposición de diálogo fundamentada en un recurso legal que subrayaba que “suspensión” no era “cierre” y que entonces era posible actualizar la lucha por la reapertura, se instauró de nuevo la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, ahora como institución pública comunitaria, pero sin la participación directa de pueblos y nacionalidades, pues la negociación dejó por fuera a los fundadores, los procesos territoriales previos y los fundamentos originales de la UIAW-CONAIE. En este marco, se espera la apertura de trabajos para el segundo semestre del año 2021. El pulso por los contenidos válidos y “de calidad” que conformarían la educación superior intercultural oficial en Ecuador, fue ganado por el Estado entre violaciones a los derechos de pueblos indígenas y trampas legislativas.
Universidad Autónoma de la Comunalidad de Oaxaca UACO (Oaxaca, México)
Fotografía tomada del Facebook «Ipxyuujkpet Wejkataajjk Unicem.»
El 1 de septiembre del 2020, en la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, se realizaba la ceremonia de entrega de reconocimientos de las autoridades que conformarían a la Universidad Autónoma de la Comunalidad UACO, casi ocho meses después de que el Congreso del Estado aprobara el Decreto para su creación.
De acuerdo a la Ley Orgánica esta Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca será un organismo descentralizado del Estado con presencia en las ocho regiones del estado, en donde se impartirían estudios de licenciatura, maestría y doctorado y cursos de actualización. Así como de especialización, con enfoque en la formación de sujetos profesionales con sensibilidad y conocimientos comunitarios con el propósito de preservarlos y difundirlos (Matías, 1 de septiembre de 2020).
Este acto legislativo (con poder fáctico administrativo-presupuestal, pero también simbólico en el campo de disputa por la educación en Oaxaca) instituía y oficializaba los trabajos realizados desde hace más de dos décadas por comunidades organizadas, intelectuales indígenas y aliados de la academia local quienes apostaban a la creación de una universidad desde y para la comunalidad.
En sus 16 Centros Universitarios Comunales (CUC) distribuidos por distintas regiones del estado, la propuesta en marcha se basa en el respeto, la promoción y la preservación del patrimonio histórico y cultural de los pueblos originarios y comunidades indígenas de Oaxaca, y se plantea “[…] un proceso de formación propia y autónoma, que permita a los sujetos la construcción del camino de vida” (UACO, 2020). Parafraseando al docente e investigador ayuujk, Rigoberto Vásquez García, Coordinador Académico de la UACO, este reconocimiento de los conocimientos locales y las metodologías propias de enseñanza-aprendizaje, conocimientos y metodologías que trascienden lo aúlico, lo teórico y lo académico, implica un situar “desde donde se apuesta por la vida” pues “no se trata de volver al pasado; queremos traer al presente la memoria colectiva de los pueblos para reconfigurar y redefinir un futuro de complementariedades y comunalidades contextualizadas territorialmente”.
En un intento por romper la lógica desde donde opera la interculturalidad propuesta por el Estado mexicano (una interculturalidad indigenista, paternalista, apenas de traducción y transcripción), apostar y construir desde y para la comunalidad implica disputarle al Estado (desde lo epistémico, lo organizativo, lo pedagógico) la educación posible para pueblos y comunidades indígenas en un ejercicio de autonomía.
Esta apuesta político-educativa, la propuesta de comunalidad, implica una defensa por la vida y para la vida en donde se coloca en el centro el trabajo desde las realidades construidas entre humano y naturaleza, el trabajo colectivo, el poder comunal, el Wëjën Kajën (abrir la mente – desmenuzarla), y el educar con el ejemplo. La ruptura con la educación tradicional es necesaria pues la apuesta abre un espacio en donde el otro y lo otro es complementario, pero también, en donde la espiritualidad, el sueño, el cuerpo, y la naturaleza son componentes medulares del quehacer educativo y la comprensión del mundo (Rigoberto Vásquez García, 2021).
De acuerdo con Jaime Martínez Luna, uno de sus fundadores y actual rector “[…] en un ejercicio desde la academia y la comunidad, representará dejar de lado las políticas diseñadas para homogeneizar la sociedad, indagar en otras fuentes de razonamiento y reconocer los conocimientos de los pueblos originarios” (Martínez, 2020).
Como se hace evidente, el reconocimiento de la Ley Orgánica de la UACO por parte del Congreso del Estado (publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 20 de abril de 2020) representó uno de los mayores logros educativos de las comunidades indígenas de Oaxaca, México y de toda Latinoamérica. Sin embargo, el 31 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su comunicado de prensa No. 258/2021 declaró:
SCJN INVALIDA LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA POR FALTA DE CONSULTA PREVIA.
[…] La SCJN determinó que los preceptos invalidados incidían directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, en virtud de que se trata de una institución estatal destinada a la atención de las necesidades de educación superior de estas comunidades. Por tanto, existía la obligación de consultar a dichos grupos de manera previa a la expedición de la ley, de conformidad con los artículos 2° de la Constitución General y 6 del Convenio 169 de la OIT, lo cual no fue llevado a cabo. (SCJN, 31 agosto de 2021)
A través de este comunicado se expresa la invalidez de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca; “[…] afirmación que desconoce, de un lado, la larga trayectoria de resistencia de los pueblos de Oaxaca y la puesta en práctica de experiencias de educación comunal que respaldan el surgimiento de la UACO y, de otro, las formas propias de consulta y acuerdo de las comunidades oaxaqueñas.” (Pronunciamiento Educadorxs).
Ahora se iniciará un largo proceso legal y de tensión política entre las comunidades y aliados que impulsan la UACO y el Estado para continuar con la viabilidad de la propuesta, proceso en el que la UACO exige, por la pluriversidad del pensamiento de sus pueblos:
Un trato de respeto digno, de toda institución gubernamental del país frente a la UACO. / Atención inmediata por todos los órdenes del gobierno estatal y federal. Específicamente por parte del gobernador del Estado de Oaxaca. / Rechazamos modelos educativos impuestos a las comunidades / Por una existencia común que incluya todas las diversidades (UACO, Comunicado 01/2021).
Comentarios finales para abrir la reflexión
Las experiencias antes señaladas son ejemplos de la disputa histórica por la educación entre las comunidades organizadas y el Estado. La educación superior en Latinoamérica es el escenario de mayor exclusión ante el derecho de acceso a la educación para la población en general y más aún, cuando se habla de población indígena, afrodescendiente o de zonas rurales. Las causas son variadas, se entrelazan, se arrastran como lastres a pesar de décadas de luchas. Por un lado, están las condiciones de violencia estructural de quienes aspiran a los estudios universitarios, ya que ingresar, sostener y lograr titulación en este nivel implica mayores gastos, aún en universidades públicas.
Por otro lado, el número de universidades públicas resulta insuficiente para atender la demanda en crecimiento en la mayoría de los países latinoamericanos, incluso en un sistema amplio como el mexicano. Además, éstas presentan un patrón de concentración en las ciudades; de esta forma, la población rural, indígena, afrodescendiente o campesina se ve obligada a migrar para acceder a la universidad y asumir los gastos que esto implica en cuanto a vivienda, alimentación, transporte y los gastos propios de la escuela. Finalmente, los contenidos y metodologías hegemónicas que sostienen los procesos de ingreso, evaluación, enseñanza-aprendizaje y titulación, son incapaces y no están interesados en establecer diálogos epistémicos, político-educativos reales con otras fuentes de conocimiento, otras formas de hacer educación, de ver y construir el mundo.
Por lo tanto, podemos afirmar que la desigualdad en el acceso a la universidad está mediada por las (im)posibilidades de la clase social, visiones coloniales (racistas y paternalistas) normalizadas por un determinismo geográfico injusto e impertinente.
Como respuesta, el Estado neoliberal ha favorecido el incremento de universidades particulares en toda la región. Tan solo en el periodo del 2000 al 2013 las universidades particulares en América Latina alcanzaron a conformar la mitad de los espacios institucionales de educación superior: “Alrededor de un cuarto de las instituciones de educación superior (IES) que existen hoy abrieron sus puertas en ese mismo período —muchas del sector privado— elevando la cuota de mercado de las IES privadas de 43 a 50 por ciento entre comienzos de la década de 2000 y 2013” (Banco Mundial, 2017).
En contraste, para los movimientos sociales y organizaciones comunitarias que buscan construir proyectos educativos propios, las pautas legales del Estado son uno de los principales obstáculos, aunque no son los únicos. Cuando se ha logrado la certificación de alguna universidad impulsada desde la sociedad organizada, el Estado mantiene su control y recuerda los límites de lo permitido/funcional a través de distintos mecanismos: la regulación presupuestaria; la designación de directivos y docentes acordes al régimen; la reconfiguración de los planes y programas de estudio en nombre de términos empresariales como “calidad”, “eficiencia”, “productividad”; la aplicación de evaluaciones punitivas desde arriba y desde afuera, y la desvinculación entre los proyectos instituidos y las comunidades que los impulsaron; varias universidades interculturales de Latinoamérica son un triste ejemplo de esto.
En las respuestas del Estado se hacen evidentes determinaciones clasistas, coloniales, racistas, urbanocéntricas y centralistas que ponen los más diversos obstáculos para quienes buscan una educación propia frente al monismo pedagógico gubernamental y el intento de actualizar el proyecto de mestizaje homogenizante nacional. Predomina la visión positivista que impide, niega y cancela las diversas epistemologías y formas de organización que emanan de las comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas.
Si bien los proyectos educativos surgidos desde los movimientos sociales han sufrido varios golpes, los mismos se mantienen en resistencia constante a través de sus variadas formas de lucha. En estos momentos, resta hermanarse con la movilización que realizan las comunidades organizadas en la defensa de los proyectos educativos autónomos, como los de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, para que decenas de pueblos puedan ver florecer proyectos educativos en clave emancipadora, pues como diría Gioconda Belli “La solidaridad es la ternura de los pueblos”.
Anexamos el Comunicado 01/2021 de la Universidad Autónoma de la Comunalidad frente a la resolución de la Corte Suprema de Justicia y el Pronunciamiento en apoyo de lxs educadorxs de México y América Latina, documento promovido por los facilitadores y estudiantes del taller «Interculturalidad crítica y artilugios desde el arte».
Banco Mundial (mayo 17 del 2017). La educación superior se expande en América Latina y el Caribe, pero aún no desarrolla todo su potencial. Obtenido de
Durán, M.; Gaussens, P. y Vargas, G. (2016). La Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) en Guerrero: una lucha de los pueblos originarios por su educación frente al Estado. Ponencia en el II Encuentro Internacional de Pedagogía Crítica, Ciudad Universitaria.
Sarango, L. (2009). Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas «Amawtay Wasi». Ecuador / Chinchaysuyu. En Daniel Mato (coord.), Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos. Caracas: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC), 191-214.
Santos, H. et al (2006). UNISUR. Estudio de factibilidad. Chilpanchingo, Guerrero, México: s/e.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (31 de agosto de 2021). SCJN INVALIDA LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA POR FALTA DE CONSULTA PREVIA. Obtenido de:
Vásquez García, R. (28 de agosto de 2021) Intervención en el Taller «Interculturalidad crítica y artilugios desde el arte» del Instituto Estatal de la Cultural en Guanajuato.
Autores
* J. Fernando González Lozada. Docente en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, realiza investigación sobre los proyectos político-pedagógicos desde los movimientos sociales en Latinoamérica. Correo electrónico: geo_fer2001@yahoo.com.mx
** Paola Andrea Vargas Moreno. Docente, acompañante e investigadora en procesos educativos para pueblos indígenas a nivel superior y educación intercultural. Correo electrónico: paolakahlo@gmail.com
Imagen de portada: Foto de Carlos Salazar Mostajo que fue profesor, escritor y pintor boliviano. Es considerado como el ideólogo de la Escuela-Ayllu de Warisata, primera normal de maestros indígenas de Bolivia, fundada el 2 de agosto de 1931 en Achacachi, La Paz.
El sexto informe del IPCC atribuye el calentamiento global claramente a la acción humana. Buena parte de la población de los países industrializados cree que un cambio radical en consumo, transportes y energía contribuirá a evitar o mitigar significativamente los efectos del cambio climático. Otra parte de la población, minoritaria, niega que exista el cambio climático. Pero el calentamiento es solo una entre muchas consecuencias de una crisis global.
Población: cada vez somos más
Entre 1700 y 2003, la población humana mundial se multiplicó por diez, desde unos 600 millones a 6 300. A partir de 2050 el crecimiento se irá estabilizando para alcanzar en torno a 12 000 millones en 2100. Europa y Norteamérica han frenado su crecimiento demográfico. Pero el resto del mundo representa la mayor parte de la población y está creciendo más.
El nivel actual de población del planeta supone un enorme estrés para su sostenibilidad por la demanda de agua, alimentos y energía, junto con pérdidas considerables de biodiversidad.
Agua dulce: la próxima fuente de conflictos
El crecimiento de la población mundial y el desarrollo económico tendrán un peso aún mayor que el cambio climático sobre la relación entre disponibilidad y demanda de agua dulce. El acceso al agua dulce ya está en riesgo para el 80 % de la población mundial.
Gran parte del mundo se enfrentará a desafíos sustanciales para asegurar el suministro de agua. Esto requerirá un importante esfuerzo en infraestructuras y tecnología, pero también en políticas de distribución y fijación de precios del agua. Cuando el suministro de agua se convierta en limitante, llevará a la reducción de actividades económicas, al abandono de infraestructuras, e incluso a conflictos en torno a cuencas hidrográficas.
Energía: seguiremos quemando combustibles fósiles
Entre 2015 y 2050, las emisiones globales de CO₂, relacionadas principalmente con la energía, aumentarán un 6 %, de 33 a 35 Gt, según las políticas actuales y previstas. Estas emisiones deberían caer a 9,7 Gt en 2050 para cumplir con el objetivo de aumento máximo de 2 °C del Acuerdo de París.
Las visiones más optimistas proponen que las energías renovables pueden aportar dos tercios de la demanda energética global. Eso requiere multiplicar por seis el actual ritmo de crecimiento de estas fuentes. El objetivo UE de neutralidad climática en 2050 es compartido con los Estados Unidos, e incluso China ha propuesto esforzarse para alcanzar esa meta en 2060.
No obstante, los datos de la Agencia Internacional de la Energía sobre consumo de petróleo para el periodo 2019-2026 todavía prevén un incremento del 4,4 % de la demanda mundial de crudo. El menor uso de combustibles fósiles en algunos países de la OCDE será ampliamente compensado por el mayor consumo en países en desarrollo. En definitiva, los propietarios de combustibles fósiles no van a dejar de aprovechar sus recursos.
Lograr un equilibrio entre la intensificación agrícola, la lucha contra el hambre y la conservación de la biodiversidad, reduciendo al tiempo los impactos ambientales negativos, es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad.
En principio, las tierras de cultivo y pastizales del planeta tierra pueden producir el alimento necesario para toda la población humana. Sin embargo, en 2019 casi 690 millones de personas (8,9 % de la población) sufrieron malnutrición. Y estas cifras llevan varios años empeorando.
Además, el sistema alimentario mundial tiene importantes impactos en el medio ambiente a través de la extracción de agua, la contaminación, el cambio de usos del suelo y la pérdida de biodiversidad. La producción de alimentos contribuye al calentamiento global a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque en mucha menor medida que el uso de combustibles fósiles.
A nivel mundial, se prevé un incremento de las emisiones derivadas de la producción de alimentos, sobre todo por el crecimiento demográfico y económico del continente africano, que duplicará su contribución en 2030.
La pérdida de biodiversidad deriva de cambios en el uso del suelo mediados por la agricultura, de cambios en el clima por el uso de combustibles fósiles, así como de otros efectos asociados a la acción del ser humano. Las consecuencias de esta pérdida afectan al funcionamiento de los ecosistemas y a los servicios que proporcionan.
El clima mediterráneo y los ecosistemas de pastizales experimentarán el mayor cambio proporcional, debido a la influencia sustancial de todos los impulsores de pérdida de biodiversidad. Pese a los esfuerzos internacionales, los objetivos de conservación de la biodiversidad no se están alcanzando.
Soluciones a una crisis global
No estamos ante una crisis climática, sino ante una crisis global derivada de la sobreexplotación de recursos en un planeta de dimensiones finitas. Centramos nuestra atención en el calentamiento, la pérdida de biodiversidad y otras consecuencias colaterales de la sobreexplotación de recursos. Pero no queremos ver el elefante en la habitación: un crecimiento demográfico insostenible que necesitamos estabilizar o incluso revertir.
En el Londres de 1798, Thomas R. Malthus escribió que “la tendencia perpetua de la raza humana a crecer más allá de los medios de subsistencia es una de las leyes generales de la naturaleza animada, que no podemos esperar que cambie”.
En su llamamiento desde la ciencia, el mundo científico abogaba en 2019 por intentar mitigar y adaptarnos al cambio mediante transformaciones en la forma en que gobernamos, gestionamos, nos alimentamos y utilizamos los materiales y la energía.
En una actualización reciente, propone abordar tres frentes:
Implementar un precio global del carbono,
Eliminar y eventualmente prohibir los combustibles fósiles,
Crear reservas climáticas estratégicas para proteger y restaurar los sumideros naturales de carbono y la biodiversidad.
Algunos de esos mensajes encajan con la apuesta verde de Europa, el continente que más sufre la escasez de materias primas, donde existe mayor presión social a favor de las políticas verdes, y que mantiene cierto liderazgo en energías alternativas y tecnologías necesarias para mitigar el cambio global. Pero esa visión resulta utópica, pues ninguna sociedad está realmente dispuesta a renunciar a su crecimiento y bienestar por el bien del planeta.
La solución, si es que surge, no vendrá de un repentino acuerdo mundial que logre revertir las tendencias actuales. Solo la ciencia podría aportar soluciones tecnológicas que permitan controlar el clima, aumentar la disponibilidad de agua, maximizar la producción de alimentos y conservar lo que nos queda de biodiversidad. Y es posible que ya sea tarde.
Autores
Christian Gortazar. Catedrático de Sanidad Animal en el IREC, responsable del grupo SaBio, Universidad de Castilla-La Mancha
José de la Fuente. Profesor de Investigación del CSIC. Biología Molecular y Biotecnología, Universidad de Castilla-La Mancha
Octavio Armas Vergel. Profesor de Máquinas y Motores Térmicos, Universidad de Castilla-La Mancha
Por: Silvia Ruiz Maruri Y José Manuel Ubalde Arroyo Hernández
La vida y la salud deben estar por encima de todo, y es obligación del Estado garantizar ambas, sin embargo, este regreso a clases es una imposición irresponsable…
Entre el discurso y la realidad en México, existen las más amplias, profundas e inimaginables fosas abisales, porque después de más de 35 años de neoliberalismo y reformas “educativas” a modo. Hoy estamos viviendo una de las peores crisis en torno a la educación, la cual está recrudecida por el contexto de emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (Covid-19).
Estamos atravesando una tercera ola epidémica por la variante delta, que se caracteriza por ser altamente contagiosa, que afecta también a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, porque es un momento álgido para la curva epidemiológica, ya que no es homogénea en todo el país. Y pese a esto, la arbitraria decisión de comenzar el ciclo escolar 2021-2022 en forma presencial se impuso a sabiendas que la movilidad aumentaría inevitablemente y con ello, los contagios.
A pesar de que nos repiten hasta el cansancio que el porcentaje de letalidad es mínimo (0.004%) durante la infancia y adolescencia, -para quienes tenemos hijos e hijas, el riesgo, por mínimo que parezca es motivo de preocupación y no es posible omitir o dejar de lado-, porque no son números ni puntos porcentuales sino personas que tienen familia.
Sin embargo, las autoridades sanitarias hacen un manejo discursivo que minimiza la amenaza de mortalidad, así como los efectos o consecuencias que puede llegar a causar el virus en el organismo de cada persona, según la condición de salud y edad que se tenga.
Las madres, padres y tutores, con fundadas razones tienen temor, aunque en forma categórica y con un ad verecundiam1, es decir con un argumento falaz de autoridad, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador enunció: “¡Llueva, truene o relampaguee iniciarán las clases presenciales!”. Porque de pronto, según él, era necesario por las afectaciones a la salud mental y emocional de la infancia, adolescencia y juventud, así como por la violencia “doméstica”. Llama la atención que repentinamente se haya preocupado por esto, cuando desde que comenzó su mandato ignoró las voces de millones de mujeres que viven violencia de forma sistémica y sistemática en un país que continúa con una cultura que legitima la violencia con sus múltiples formas y matices.
Efectivamente estamos de acuerdo, en que las clases presenciales son insustituibles y muy importantes, pero no en el contexto de una tercera crisis epidemiológica, y con un porcentaje de vacunación de esquema completo, que aún no ha sido cubierto en su totalidad a la población, y cuando la cuarta ola ya está anunciada, así como próxima para el otoño-invierno.
No cabe duda que la forma imperativa tiene un trasfondo, que no se alcanza a divisar, porque esconde intereses del sector empresarial que se empeñan en activar la economía que se genera con la práctica educativa presencial, sin importarles la vida y salud de millones de estudiantes en edad escolar. Claro, porque sus hijos no asisten a escuelas públicas, pero los hijos del pueblo si, luego entonces, esas vidas para esas élites no representan nada, mientras que sus intereses mercantiles les representan todo. Y el Estado debe salvaguardarlos, por ello, la cuarta transformación está evidenciando su esencia neoliberal.
De las contradicciones del discurso político en el contexto de la pandemia
El arribo del virus del SARS-CoV-2 a México en febrero de 2020, forzosamente obligó al gobierno federal a llevar acciones de prevención y un manejo epidemiológico como en el resto de los países del mundo, de ahí que se tomó la decisión de cerrar las escuelas para disminuir la movilidad, ya que las actividades escolares implican una enorme dinámica social, económica y cultural. En ese momento era menester tomar todas las medidas de prevención para evitar un aumento desproporcionado de contagios que posiblemente provocaría un colapso al sistema sanitario del país.
El confinamiento era inaplazable como una medida que desde los tiempos más remotos, siempre se ha tomado ante eventos de naturaleza epidémica.
Hubo que seguir acciones y vigilar el curso de la pandemia, de ahí que en el mes de mayo del 2020 se implementó el sistema de semáforo epidemiológico, para sustituir al programa centinela. El semáforo se estableció en territorios y regiones del país, con la finalidad de poder analizar y determinar qué medidas se tomarían para reactivar la movilidad social y económica.
Así el ciclo escolar 2019- 2020 concluyó a distancia en el último periodo, ya que en más del 60% había sido cursado en forma presencial, mientras no hubo casos de covid-19 en México. Y el ciclo escolar 2020-2021 se impartió a distancia en medio de gigantescas dificultades.
Es importante mencionar, que las vacilaciones discursivas sobre el retorno a clases presenciales estuvo permeada por la incertidumbre, la desigualdad socioeconómica y la trágica situación de la infraestructura de las escuelas públicas, cuyo abandono sumado a la corrupción de la estructura vertical de la SEP, en que los pocos recursos destinados a las escuelas, en múltiples ocasiones se quedaron en los bolsillos de quienes se encontraron en el camino.
Así se enunció que las escuelas estarían cerradas mientras se estuviera en semáforo rojo y que sólo se volverían abrir cuando el semáforo estuviera en verde. Sin embargo, las reglas del juego se han modificado a placer de las exigencias de las élites y del sector privado-empresarial para privilegiar la economía por encima de la salud y la vida, con un discurso que no sólo es falaz y oportunista sino criminal y ofensivo.
Curiosamente el semáforo es mágico, porque cambia según los intereses de los gobiernos estatales y federal. Porque el discurso ahora deja de importar, ya que se pide y exige en la vía de los hechos, que las niñas, niños y adolescentes regresen a clases aún estando en SEMÁFORO ROJO, incluso se decreta que la educación es una actividad esencial, en medio de la crítica etapa de la tercera ola, – y a pesar del incremento de muertes y contagios, así como de los casos reportados en menores de edad- la autoridad federal se contradice con el discurso inicial, porque modifica los criterios para el regreso a clases presenciales sin una fundamentación científica ni pedagógica. Porque el sofisma de que es por la salud emocional, efectos de confinamiento y el rezago no son argumentos fuertes y sólidos, debido a que no son novedad y a la fecha se habían ignorado.
La 4ta transformación sin un proyecto educativo nacional.
La nueva escuela mexicana es sólo un discurso vacío, porque a la fecha el gobierno federal no tiene un sólido proyecto educativo nacional, tan sólo se ha dedicado a retomar los programas y modelos educativos de los gobiernos anteriores. Nada de lo que prometió en materia educativa ha sido cumplido. El carácter punitivo de la reforma del gobierno que le antecedió, se quitó del escenario, pero permaneció trás bambalinas, y ello puede leerse en las leyes secundarias, en las modificaciones a la ley general de educación, así como el estado de excepción en el que mantienen al magisterio. Y como ejemplo de dicho estado, podemos ver el famoso ACUERDO 23-08-2021, que viola derechos humanos y laborales que están establecidos en nuestra Carta Magna.
En el citado acuerdo plantearon de manera unilateral las secretarías de salud y educación, las disposiciones generales para reanudar actividades de manera presencial en el ciclo escolar 2021-2022. Nuevamente los principales actores de la educación fueron excluidos y silenciados.
El curso de la pandemia ha tenido múltiples aristas, -unas demasiado punzo cortantes- que vale la pena sacar de la fosa abisal y ponerlas a la luz del sol. Por ejemplo: El famoso programa Aprende en Casa con sus ediciones, se manejó con lucro político para que se “mantuviera el derecho a la educación a distancia”, bajo el contexto de la epidemia en México, pero en la realidad, esos recursos públicos beneficiaron a las grandes televisoras mexicanas, además de salvarlas de la quiebra.
Porque mientras nuestros recursos del erario público se destinaron para mantener a esas televisoras privadas de pie, las y los docentes tuvieron que estar en la primera línea, atendiendo a muchos estudiantes a distancia, con recursos propios y en búsqueda de las formas de superar los problemas de conectividad. Asimismo, se crearon materiales didácticos que facilitarán los aprendizajes de los estudiantes, tales como cuadernillos, guías y fichas de trabajo, así como el empleo de diversas plataformas y un seguimiento a quienes que no podían tener acceso a un dispositivo que les facilitara la educación a distancia. El acompañamiento que el magisterio dio a sus estudiantes, ahora, lo pretenden obstaculizar con el objetivo de ejercer presión a las familias para que manden a sus niños, niñas y adolescentes. De esa forma coaccionan, chantajean y condicionan para que la población ceda a ir a las clases presenciales.
Sobra decir que el programa Aprende en casa es un fraude, no benefició a ningún estudiante ni aportó nada a la educación, ya que promovió lo que Freire, denomina educación bancaria.
La escuela en México ha sufrido el desmantelamiento gradual y sistemático, pero ante la emergencia sanitaria, toda la educación a escala global debe repensarse, reinventarse y reelaborarse, porque no va a poder ser igual a como era antes de la pandemia. Y sin embargo, la 4t no ha dado ni el menor atisbo de saber cómo crear un nuevo modelo educativo que dé un giro positivo a la educación. Mas no es de sorprenderse que persista esta lamentable ausencia de proyecto y modelo.
Basta leer sus guías para los CTE y las del taller intensivo,-que más se asemejan a remiendos variopintos sobre una tela vieja- para percibir que poco o nada les interesa la educación de la población, porque no hay un diseño educativo que realmente le apueste a la construcción de un cambio favorable para la educación pública, sino al contrario, cada vez está más pobre y vacía.
Se lee de un eufemismo a otro: De aprendizajes irrenunciables a aprendizajes clave, y de éstos a aprendizajes esperados. De aprendizajes esperados a aprendizajes fundamentales… ¿Y cuales son realmente los aprendizajes fundamentales?
Los aprendizajes fundamentales deben ser la valoración de la vida y todo lo que tenga que ver con la misma. Lastimosamente la práctica es opuesta a la realidad, porque un regreso a clases precipitado, sin una planeación gradual y responsable, sólo sirvió para el paripé mediático de la mañanera del 30 de agosto de este año, lejos de poner la vida y la salud al centro, se está atentando contra ella, porque todo el poder mediático de la 4T se rompe las vestiduras para obligar a los padres y madres de familia a que manden a sus hijos a las escuelas, desde la exigencia de los directores, hasta las Secretarías de Educación Pública estatales y la nacional, así como los medios masivos de comunicación que se unen a la gran campaña del regreso a clases sin importarles la vida y salud de la población infantil y adolescente del país.
La trampa verbal de la voluntariedad para estudiantes y docentes
El ultra citado párrafo que reza: “Nada por la fuerza todo por la razón… por el convencimiento”. “El regreso a clases será voluntario para estudiantes y maestros…” Sin embargo, el discurso tiene un mensaje oculto, porque mientras se hace creer que se respeta la voluntad de las madres, padres de familia y tutores, así como del magisterio, por otro lado, se creó un ambiente de condicionamiento y ejercicio de la coacción -estilo porril- para intentar obligar a la mayoría de las familias para que manden a sus hijos e hijas a la escuela presencial.
Mientras el gobierno federal, se erige triunfante y declara a la educación como actividad esencial para asegurar “el derecho a la educación” y salir de rositas, mientras que a las comunidades escolares les deja una bomba de tiempo a punto de estallar.
De manera simultánea, al interior de la Secretaría de Educación Pública, se actúa con el fuete sobre las espaldas de los docentes, porque mientras se les hizo creer -falsamente que se respetaría su voluntad de volver a las aulas, por causa del momento y contexto de la pandemia en el punto álgido de la tercera ola en México-. Al interior de las escuelas, la vieja estructura vertical y opresora, hace su labor, con amenazas, coacciones de todo tipo, chantajes, promesas y componendas con la finalidad de obligar de forma “sutil” al magisterio a volver a las aulas, que lamentablemente no cuentan con las condiciones adecuadas para tener un ambiente seguro en medio de la presente pandemia, cuya magnitud ha sido muy complicada de controlar y superar, no sólo en México sino en el mundo.
Ahondemos un poco más en el análisis, ya que el momento tan complicado lo amerita. El pasado 20 de agosto del presente año se publicó el famosísimo Acuerdo 23-08-2021, cuyo carácter expresa:
[…] por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las y los educandos. (Diario Oficial 20, agosto 2021).
Como se lee en el encabezado, es un acuerdo entre secretarías de Estado que se tomó de forma unilateral, es decir, por los representantes de ambas secretarías, y se excluyó a la ciudadanía y a los principales actores educativos: estudiantes y docentes. Sobra decir que el citado acuerdo tiene varias contradicciones, pero lo peor de ese acuerdo, es que viola derechos humanos que están garantizados en la Carta Magna.
Asimismo dicho instrumento sirvió como un documento amedrentador que “obligó” a la docencia a presentarse en sus centros de trabajo, -algunos en peores condiciones en que se quedaron al inicio de la epidemia en México-, sin que el Estado se responsabilice de sus vidas y salud, ante la crisis sanitaria que aún está vigente.
De esa forma, aparentó que la vuelta del magisterio para llevar a cabo los Consejos técnicos escolares, había sido por voluntad propia y no porque dicho acuerdo hizo el papel del condicionante coercitivo y amenazante, con el objetivo de meter a las comunidades escolares al redil.
Les funcionó muy bien, en algunos casos, pero no fue homogéneo el triunfo, porque existe un magisterio combativo que muy bien se percató de las perversas intenciones del estado y les está dando batalla. No obstante, la lucha como siempre ni es pareja ni es limpia.
El discurso presidencial, de que el regreso a la escuela es “voluntario” y sin condiciones, esconde que en los hechos están obligando con amenazas, chantajes, condicionamientos, presiones, entre otros finos métodos, muy característicos y propios de las mafias, que la estructura con sus mandos verticales -como cancerberos defensores de los intereses de su amo- se encargan de presionar a las comunidades escolares para que se cumpla el mandato del «ser supremo». Y están incurriendo en atropellos y acciones propias de organizaciones delictivas. Porque algunos directores de escuelas de educación básica, están negando la posibilidad de las clases virtuales a los estudiantes, bajo el débil argumento de que «cumplen con órdenes superiores».
Sí la docencia soñó alguna vez con la autonomía en los CTE, ya despertó del letargo, para darse cuenta que es ficción, porque el Estado pretende que la autonomía se aplique para compromisos económicos, pero no para la toma de decisiones. Ya que la pretensión es que como soldaditos, se obedezcan los dictados del jefe del estado. El supuesto de que los CTE representan la máxima autoridad de la escuela, es tan sólo una quimera, porque no se respeta la voluntad de los docentes ni estudiantes de regresar cuando en términos reales haya las condiciones que disminuyan en gran medida el riesgo sanitario y aumente la seguridad.
En muchas escuelas los CTE habían decidido continuar con trabajo de forma virtual, pero a la vieja usanza de los antiguos gobiernos priístas, los supervisores, atp y directivos llegaron a imponer otras condiciones que provocaron la ruptura de acuerdos previos e impedir que cada comunidad escolar, ejecutara la organización que consideraba pertinente, con base en sus condiciones, circunstancias y contextos propios. Así violentaron a los CTE al grado de lesionar la dignidad, moral y aliento del magisterio, que de por sí, ya trabaja bajo alta tensión a causa de la pandemia.
De tal manera que el Estado abusa de la condición anímica de la población, que está vulnerada por los meses de confinamiento, duelos y la difícil circunstancia de vivir en medio de una pandemia inédita en la historia humana.
E insisten en condicionar de varias maneras a las madres, padres de familia y tutores para que manden a sus hijos e hijas. Un ejemplo: es la entrega de libros de texto, ya que la están condicionando para que sean los estudiantes quienes los reciban en sus manos. Otro ejemplo es que si las familias deciden permanecer en la distancia, tan sólo será con el programa Aprende en Casa, y les niegan asesorías y comunicación con sus docentes, y les dicen que se les hará una evaluación para que sean aprobados. Sin embargo, el Estado no se responsabiliza por la vida y salud ni de estudiantes ni de docentes, porque pretende bajo coerción, aparentar que quienes están asistiendo a la escuela -docentes y estudiantes- fueron por voluntad, y con ello, el Estado vuelve a salir de rositas e incólume, pues se deslinda de la obligación constitucional del cuidado de la salud y la vida de la población, bajo su trampa verbal de “todo por la razón nada por la fuerza”, pues no confiesa abiertamente el ambiente de condicionamiento -al estilo de los primeros conductistas en sus laboratorios-, que encierra su discurso y las maneras en que se las gasta para obligar a la población a que ceda a la voluntad del Estado.
Si somos más agudos en nuestra visión podemos ver que la política que está permeando en el país se resume en: ¡Sálvase quien pueda! al estilo del viejo oeste americano. Porque no hay nada que garantice legalmente la salud y la vida de las comunidades escolares, ni instrumento jurídico que los ampare, cuando han sucumbido ante las presiones de la “voluntariedad”.
Así que en caso de que algún integrante de la comunidad se contagié tendrá que asumir los gastos con recursos propios. Detrás de todo este circo mediático se esconde el interés supremo de la economía, el frío egoísmo de los potentados de la nación, de los ricos que han visto crecer sus ganancias sin decoro y a costa del sufrimiento de las mayorías y del dolor del pueblo mexicano causado por la pandemia. El sistema Estado ejerce todo el poder de la violencia al poner a la población ante el dilema de recibir educación a costa de su salud y su vida, o que se inscriban en una escuela privada que si les preste el servicio y acompañamiento de la educación híbrida, aula invertida o solamente virtual.
¿Y cuál hubiera sido el mejor momento y manera adecuada para el retorno a clases presenciales?
El pasado 30 de agosto se anunció con bombo y platillo el regreso a clases presenciales. Los gobernadores y otras autoridades hicieron acto de presencia, vía remota en la conferencia mañanera para dar “Fe” de que el inicio del ciclo escolar 2021-2022 había sido un gran éxito. Y llama la atención que algunos de estos gráciles personajes, no mantenían los protocolos sanitarios, ya que algunos ni cubrebocas portaban ni la distancia era mayor al metro. Así se inauguró el ciclo con escuelas sin agua, con muchas limitaciones y en condiciones que dan pena,- en la mayoría de los casos-. En algunos casos, el magisterio de los CTE puso de su bolsillo para que se arreglaran e hicieran limpieza en sus centros de trabajo, pero eso le toca al Estado.
El magisterio mexicano está consciente de la importancia que tienen las clases presenciales para el óptimo desarrollo de la infancia y adolescencia, sin embargo, también están conscientes de que la mayoría de las escuelas públicas del país no cumplen con las condiciones mínimas para un retorno “seguro” bajo el contexto de esta penosa y desolada pandemia.
El Estado mexicano tuvo casi año y medio para crear las condiciones adecuadas para un retorno más higiénico y seguro en cada plantel educativo. Pero tristemente, no ha sido así, ya que gradualmente delega su responsabilidad en los famosos comités participativos de salud escolar, en los CTE y en las organizaciones de madres, padres y tutores.
Un regreso a clases seguro debe ser cuando el semáforo epidemiológico realmente esté en verde, porque eso significa que los contagios y muertes en México están disminuyendo. Asimismo, cuando todas las escuelas cuenten con las condiciones óptimas de ventilación y agua potable. Las decisiones tienen que ser tomadas por los integrantes de las comunidades escolares y con base en la vigilancia epidemiológica de la zona en que se encuentren ubicadas las escuelas.
El retorno tenía que ser gradual y responsable, con una planeación y buena organización escalonada que evite el hacinamiento al interior de las aulas. Y que los adolescentes de entre 12 a 17 años cuenten con un esquema de vacunación completo.
En cuanto a los menores de 12 años, es decir, estudiantes de preescolar y primarias, debe ser con un máximo de 10 estudiantes por aula.
Las escuelas deben contar con servicio de internet para que en todas las aulas llegue la señal y atender con modalidad de aula invertida a quienes están vía remota, en forma simultánea. Los insumos y materiales deben ser proporcionados por el Estado, porque no es justo que las familias y docentes tengan que estar solventando esos gastos, so pretexto de una autonomía a modo y conveniencia del Estado.
La vida y la salud deben estar por encima de todo, y es obligación del Estado garantizar ambas, sin embargo, este regreso a clases es una imposición irresponsable que no asume compromisos ni vela por la infancia, adolescencia y juventud de México. Así las cosas en el país del revés.
1 Argumento falso de autoridad.
Fuentes de consulta:
DOF. Diario Oficial de la Federación (2021, 20 de agosto). Acuerdo número 23-08-2021 por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 […]
Redacción.(2021) Niñas y niños tienen riesgo ‘casi nulo’ de morir por COVID: López-Gatell.El Financiero, agosto 24, 2021.
Rivas-Ruiz, R; Roy-García, A; Ureña-Wong, K; Aguilar-Ituarte, F; Vázquez-De Anda, F; Gutiérrez-Castrellón, P; Mancilla-Ramírez, J; Moreno-Espinosa, S. (2020). Factores asociados a muerte en niños con COVID-19 en México. GACETA MÉDICA DE MÉXICO, : https://doi.org/10.24875/gmm.20000478
Autores: Daniel Macadar, Fernando Filgueira, Víctor Borrás
Esta nota forma parte de un ciclo de artículos que está publicando la diaria sobre dinámicas de población y su vínculo con el desarrollo, en una iniciativa conjunta con el Fondo de Población de Naciones Unidas.
Hemos hecho mención en diversas notas anteriores a la idea de bono demográfico o la etapa denominada “ventana de oportunidades demográfica”. Estas etapas se cierran en la medida en que los países envejecen y presentan tasas de fecundidad y natalidad cada vez más pequeñas. Una categoría clave de población en estos procesos es la adolescencia y la juventud. Estas poblaciones en nuestro país ya están disminuyendo en términos relativos a la población activa de mayor edad y a la población adulta mayor, aunque aún son una amplia proporción de la población. Entre los 15 y los 29 años se encuentra aproximadamente 22% de la población. En tan sólo diez años es esperable que dicha proporción descienda a 19,7% y hacia 2050, bajo algunos escenarios de caída marcada de la fecundidad como se está constatando en los últimos años, a tan sólo 16,6%. Estas son las nuevas cohortes que estarán ingresando a la vida adulta, laboral, familiar y reproductiva, y que en buena medida y dependiendo de cómo lo hagan, determinarán niveles futuros de productividad, bienestar, desigualdad y pobreza.
Si la primera infancia es clave para generar cohortes futuras integradas, productivas e innovadoras, esta etapa transicional determina si dichas inversiones se cosechan adecuadamente o, por el contrario, se dilapidan. Aún peor en algunos casos, las bajas inversiones tempranas y una matriz de desigualdad que incrementa las brechas en la adolescencia ya determinan que un porcentaje importante de las nuevas cohortes jóvenes pierdan el tren del siglo XXI, perdiendo el país con ello su recurso más y más escaso en el futuro: el humano.
Trayectorias y dilemas: historias imaginadas y sus implicancias
María, de 24 años, es soltera, estudia en la Universidad y empieza a preguntarse, dados los escasos trabajos que ha logrado conseguir, de qué manera podrá independizarse de sus padres. Con su pareja no se plantean aún la unión formal o el inicio de una vida en conjunto. Él cuenta con un empleo estable y ha finalizado estudios terciarios, pero enfrenta limitaciones de progreso laboral. Emigrar está dentro de su horizonte de posibilidades. Más lejos aún está la idea de un hijo o hija.
José, de 20, trabaja desde los 16 años, en changas y empleos inestables. Dejó sus estudios entre 4° y 5° año de liceo y ayuda económicamente en la casa de los padres, aunque cree que es crecientemente más una carga adicional que una ayuda y está viendo cómo alquilar algo básico. Con su novia terminaron la relación hace poco. Ella quería avanzar hacia una vida en conjunto, pero él no ve condiciones de autonomía aún.
Emilia tiene 18 años, está finalizando secundaria, pero quedó embarazada sin planificarlo y no cuenta con una pareja estable, ni mucha voluntad del padre biológico de ser parte de la vida de un hijo que ella ha decidido tener. Ha conseguido un trabajo con un salario bajo, pero estable, pero no ha podido sostener los estudios. No tiene claro si podrá trabajar luego de que nazca su hijo. En la casa de sus padres ella también sabe bien que una boca más es un tema complejo.
Estos ejemplos imaginados reflejan dilemas, tensiones y aspiraciones de los jóvenes en nuestro país en su tránsito a la vida adulta. Expresan también al menos cuatro hitos claves que normalmente son considerados para describir y evaluar la transición a la vida adulta: finalizar los estudios, iniciar la vida laboral, independizarse del hogar de origen e iniciar la vida reproductiva.
Ahora bien, la forma, la secuencia y el timing que asumen estos hitos también tendrán una influencia notoria en el futuro de los jóvenes y en el futuro agregado de la sociedad. Una transición en donde la tenencia de hijos es muy temprana, el ciclo educativo es abandonado mucho antes de su culminación o egreso y la salida del hogar de origen se realiza en un contexto de débil o precaria inserción laboral posee altas probabilidades de condenar a dichos jóvenes a la pobreza o al menos a una muy baja posibilidad de movilidad social ascendente durante su ciclo vital.
Además, si una proporción importante de nuestros jóvenes transitan rutas como la descripta o similares, el país pierde un porcentaje importante de nuevos integrantes del mundo adulto en sectores de baja productividad y en muchos casos con necesidad de apoyos sociales a estos y su descendencia. Otras rutas pueden verse limitadas por las opciones del mercado, empujando a nuestros jóvenes a considerar la emigración o a postergar indefinidamente la emancipación hacia la vida adulta.
Estas rutas no se producen por el libre albedrío de cada joven solamente, aunque las decisiones de los actores son relevantes. Estas están fuertemente matrizadas por los orígenes sociales y la más amplia o más restringida estructura de oportunidades que enfrentan. Con qué Estado, mercado, en qué familias de origen y en qué territorios se transitan estos dilemas no son datos irrelevantes o con efectos aleatorios. Ellos determinarán en buena medida rutas diferenciadas a la vida adulta.
Hitos de la transición a la vida adulta en Uruguay: tendencias y estratificación
Las clases sociales de origen, el nivel educativo propio y de sus progenitores, el sexo de la persona y el lugar en donde habita (grandes áreas urbanas, localidades urbanas medias y pequeñas localidades rurales) posee una fuerte incidencia en las edades a las que los y las jóvenes finalizan sus estudios, inician su vida laboral, se emancipan de sus hogares de origen y tienen su primer hijo/a. Esta pauta fuertemente estratificada ya se había identificado con la primera Encuesta de Juventud en 1990 y se constata nuevamente, aunque con algunos signos alentadores, en la última encuesta, de 2018. Evidencia parcial entre 2018 y 2021 muestra tendencias de las buenas y de las otras.
Si bien el acceso al primer trabajo y el abandono del hogar de origen presentan diferencias por estrato social o clima educativo del hogar de origen, son estos otros dos mojones en las transiciones en donde el contraste es más marcado. Más de 50% de las y los jóvenes que tienen hijos declaraban ya ser madres o padres a los 20 años cuando provienen de hogares de bajo clima educativo. En materia de finalización o abandono de ciclo educativo, el contraste es muy marcado. Más de 50% de quienes dejaron el sistema educativo declaran no estar estudiando en hogares de bajo clima educativo a los 16 años, y 11% (lo cual no deja de ser alto) lo hacen a estas mismas edades cuando el hogar de origen posee un clima educativo alto.
Algunas tendencias alentadoras pueden haber mejorado parcialmente estos valores. Entre 2018 y 2021 el embarazo entre 15 y 19 años disminuyó a la mitad prácticamente, lo que estaría indicando una mejora tanto en los valores absolutos de los sectores bajos como en la estratificación en dicho hito transicional. También entre 2018 y 2019 (es difícil evaluar el año pandémico y posiblemente haya generado un importante retroceso) mejoraban los indicadores educativos de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares (ECH).
Por otra parte, es importante resaltar que en cuanto a la salida del hogar de origen y tenencia del primer hijo, los sectores medios y altos presentan una pauta bastante dilatada. 35% del total de jóvenes de clima educativo alto recién dejaría su hogar de origen luego de los 30 años. Esta dilatación es más marcada cuando se considera la tenencia de hijos. Más de 50% de los jóvenes de clima educativo alto no ha tenido hijos hasta los 35 años de edad. En materia laboral la pauta estratificada es menos marcada, pero existe. Del total de jóvenes con alguna experiencia laboral en el estrato alto, casi 25% la inicia sólo luego de los 22 años. Estos valores se revierten en los estratos bajos. Menos de 25% de los jóvenes con baja educación no han conocido experiencias laborales a los 18 años.
Existe otra opción no considerada en el análisis precedente que refiere a la opción emigratoria. Ante la pregunta de si en los últimos dos años han considerado la opción de dejar el país, las pautas son muy claras. Cuanto mayor el clima educativo del hogar y mayor la edad, aumenta la propensión migratoria.
En suma, una parte de nuestros jóvenes (al menos 50% de los que pertenecen al clima educativo bajo) está procesando transiciones sumamente vulnerables a la pobreza y la exclusión, además de la reproducción intergeneracional de la pobreza. Son aquellos que declaran haber finalizado su asistencia educativa a los 16 años y ser madres o padres antes de los 20 años. Por otra parte, en donde se concentra el capital humano de nuestra juventud observamos una tardía pauta reproductiva y salida del hogar de origen (y tenencia del primer hijo).
Además de esta clara estratificación en los hitos transicionales a la vida adulta, el sexo y las construcciones de género asociadas importan. Las mujeres tienden a adelantar la salida del hogar de origen en forma moderada respecto de sus pares varones, en parte asociado a un más claro adelantamiento en la faz reproductiva. Por otra parte, los hombres ingresan más tempranamente al mercado laboral y abandonan más tempranamente el sistema educativo. También difieren las trayectorias según el área geográfica de residencia. En particular, los/as jóvenes del interior tienden a salir antes del sistema educativo que los de Montevideo, al tiempo que ingresan también antes al mercado de trabajo.
Inversión en juventud para mitigar la estratificación
Existen al menos siete políticas o áreas programáticas que deberían considerarse para poder enfrentar algunos de los problemas del país en esta materia.
En primer lugar, continuar con una política de Estado que garantice la opción reproductiva en calendario y cantidad es clave. Ello incluye el acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos modernos y asistencia reproductiva cuando tal es el deseo, pero la biología es una limitante.
En segundo lugar, lo ya señalado en notas anteriores: combatir la penalización en materia de estudios y muy especialmente empleo e ingresos a la maternidad (y en menor medida a la paternidad). Las licencias, los apoyos monetarios a las familias con hijos pequeños y los sistemas de cuidado son parte de esta estrategia.
Tercero, las políticas educativas, especialmente aquellas orientadas a la retención en el ciclo medio y a una mayor diversidad y flexibilidad de ofertas terciarias, son fundamentales. En la parte baja y aún media de la estratificación es clave lograr mayores niveles de egreso y continuidad educativa con saberes que permitan inserción laboral y continuidad educativa. En la parte alta y en quienes acceden a estudios terciarios es importante diversificar la oferta en modalidades más cortas que el mercado demanda y la oferta educativa hoy no proporciona, y facilitar la complementación de experiencias laborales y continuidad educativa en carreras más largas.
Un cuarto desafío: las políticas activas de empleo deben robustecerse, procurando facilitar experiencias de calidad de primer empleo en todos los niveles sociales. Exoneraciones tributarias, subsidios, pasantías, lógicas de estudios duales que combinan formación con trabajo, tanto en el nivel terciario como en la finalización de ciclos medios superiores, son parte de la batería de opciones.
Un quinto y muy complejo desafío refiere a cómo retener a nuestros y nuestras jóvenes más capacitados. Es necesario, sin cercenar las posibilidades de estudios y experiencias laborales en el extranjero, generar incentivos y oportunidades para la permanencia y el retorno de estas juventudes. Ello requiere direccionar adecuadamente parte de la inversión en ciencia y tecnología hacia políticas que eviten el llamado brain drain (fuga de cerebros). Por otra parte, también son necesarias políticas de fomento de la inversión pública y privada (nacional y extranjera) que favorezcan con subsidios o exoneraciones a aquellas que crean y garantizan puestos de trabajo de alta calidad para nuestra juventud. Una economía dinámica y en crecimiento y un mercado laboral con menos barreras de ingreso a los más jóvenes forma parte de dicha estrategia. Lo primero depende de un conjunto complejo de aspectos bajo nuestro control y otros que no lo están. Lo segundo nos obliga a pensar en reglas de mercado laboral que disminuyan la brecha de oportunidades entre los protegidos y los que están a la intemperie.
Un sexto componente sí depende de nuestras capacidades. De la misma manera que existe una mayor propensión migratoria en los y las jóvenes de clima educativo alto, existe una proporción no menor de las olas inmigratorias que están llegando al país jóvenes y con buenos niveles educativos. Su plena integración a la continuidad educativa y a las oportunidades laborales es clave.
Un séptimo componente refiere a las políticas de acceso a vivienda propia y alquileres. Hoy para los sectores medios y altos, ni que hablar para los sectores bajos, el acceso a viviendas autónomas de calidad es extremadamente oneroso. Nuevamente es importante el desarrollo de mercados y ofertas accesibles para esta población.
Puede parecer paradojal que en un país que envejece las principales políticas para transitar dichas etapas supongan una fuerte inversión en infancia, adolescencia y juventud. Cuanto más tarde entendamos esto, menor será el aprovechamiento del bono, de los frutos de este para mejorar la etapa posterior a este, y más corta será la sábana fiscal, ya que la presión sobre el gasto de los adultos mayores se incrementará inevitablemente.
Víctor Borrás es investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Fernando Filgueira es jefe de la oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Daniel Macadar es investigador de UNFPA.
(*) Esta nota se apoya en el trabajo elaborado por Víctor Borrás para UNFPA, “Transición a la adultez en Uruguay: nueva evidencia en base a la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud 2018” ; UNFPA 2021, Montevideo, Uruguay.
Bibliografía
Ciganda, D. (2008) “Jóvenes en transición hacia la vida adulta: El orden de los factores ¿no altera el resultado?”, en Varela, C. (coord.), Demografía de una sociedad en transición: la población uruguaya a inicios del siglo XXI, Montevideo: Trilce.
Filardo, V. (2015) “Cambios y permanencias en las transiciones a la vida adulta de los/as jóvenes en Uruguay (2008-2013)”. En Mirada Joven. Cuadernos Temáticos de la ENAJ N°1. Mides/INJU, Departamento de Sociología Facultad de Ciencias Sociales Udelar.
—————(2010) “Transiciones a la adultez y educación”. Cuaderno N° 5 UNFPA. Montevideo.
Filgueira, C. (1998) Emancipación juvenil: trayectorias y destinos. Cepal Montevideo.
Diez lecciones didácticas y trascendentes de un kimvn (conocimiento) que no empieza ni concluye en la mente y las elaboraciones humanas.
Kiñe | Uno
La primera lección que nos enseñó la presencia del carpincho en la ciudad es que existe un ordenamiento en el territorio (en todos los territorios) y que ese ordenamiento por más esfuerzos que se hagan no lo determinan las personas (ni una persona, ni un colectivo de personas, tengan la ideología que tengan).
Epu | Dos
La segunda lección clara y contundente que ya nos habían anunciado al comienzo de la pandemia otras formas de vida, es que no estamos solos. Y que no podemos proyectar mundos en donde sólo se contemple la individualidad de las personas o el deseo exclusivo de un colectivo de personas, sin contemplar las virtudes y el conocimiento presente en el territorio hace miles de años.
Kvla | Tres
El ordenamiento y el equilibrio que visibilizan los carpinchos son antiguos, sin fronteras, y preceden a la construcción de los Estados Nación. Del mismo modo, estos roedores especifican y visibilizan el lugar y la relevancia de un elemento indispensable para el desarrollo de cualquier forma de vida: el agua. En este caso las lagunas y los humedales de la zona centro de Buenos Aires (Puel Mapu, para el mundo mapuche).
Meli | Cuatro
En cuarto lugar, los carpinchos nos adelantan que el intento (o la insistencia en tratar) de separarnos de la naturaleza y/o definirnos por fuera (muchos intelectuales, hasta los más respetables, hablan de humanos por un lado y naturaleza por otro lado, como si fuéramos formas de vida disociadas) sólo puede entorpecer las cosas, anunciar grandes desequilibrios e incluso atentar contra nuestra propia vida individual y colectiva. Destruir sistemáticamente los acuíferos de agua dulce sin mostrar la menor oposición, es un claro ejemplo de época (véase extractivismo urbano, fracking, megaminería, agronegocio).
Los carpinchos nos enseñaron de forma efectiva y didáctica que es necesario salir de una vez por todas del antropocentrismo colonial vigente, para comenzar a “leer la literatura que habita en la naturaleza”, como sugiere sensiblemente el poeta Elicura Chihualaf.
Kechu | Cinco
El territorio (en este caso un humedal) es intransferible. No se puede sustituir, reemplazar o inventar (en forma de lagunas artificiales), porque esa transferencia o artificio no sólo va a desequilibrar la vida (en este caso del carpincho), sino también la del (los) humedal(es), el propio territorio y nuestra vida diaspórica en la ciudad. ¿Quién es el que irrumpe a quién? ¿Y cómo se produce esa irrupción? ¿Por qué las formas de vida que nos acompañan tienen que migrar de los territorios que habitan para ser recluidos en espacios reducidos (zoológicos y “reservas naturales”)? ¿De dónde sacamos o por qué nos hemos convencido de qué esta migración no constituye un desequilibrio en sí y que ese desequilibrio no nos afecta como parte de la naturaleza?
Cada elemento, cada forma de vida, habita un espacio sabiamente con un sentido irreductible, intransferible. Eso no lo debemos olvidar nunca (más).
Kayu | Seis
En función de la última lección, se desprenden los siguientes interrogantes: ¿por qué se insiste con planificar edificios y un proyecto de vida suntuoso sobre humedales? ¿Se está pensando en la virtud y el equilibrio del territorio? ¿O sólo se está pensando ciegamente en el rédito y el acaparamiento económico, sin contemplar ninguna forma de vida existente en ese territorio?
Regle | Siete
Existe un ordenamiento milenario en los territorios y ese ordenamiento coincide plenamente con los conceptos de itrofill mongen (todas las formas de vida, sin excepción) y kvme mongen (buen vivir) de los pueblos preexistentes. La pregunta es: ¿en qué momento nos alejamos de este ordenamiento sabio y contemplativo del mundo? ¿Y en nombre de qué decidimos atentar, inclusive, contra nuestra propia vida y nuestras futuras generaciones?
El motoquero que cae por el paso de un carpincho, al igual que el conductor de un Rally Dakar que atropella a su paso un ñandú ¿son hombres víctimas del pronunciamiento de las distintas formas de vidas que habitan los territorios? ¿O son estos conductores los responsables de transitar y moverse por los espacios naturales –de los que son parte– sin contemplar nada, ni a nadie?
Pura | ocho
La octava lección –y una de las más significativas y expresivas en la actualidad (digital y presencial)– es que el carpincho y las formas de vida no humanas construyen sentido y subjetividades. Y que en esas subjetividades, habitan identidades no sólo humanas. Entender estas identidades no humanas nos permite entender también por qué hacemos lo que hacemos todos los días. Y que en esos actos habitan virtudes que nos atraviesan como che (gente) y que son determinadas por esas formas de vidas no humanas: lagunas, ríos, animales, aves, cerros, volcanes. ¡El círculo de vida! Por ejemplo, los pueblos preexistentes sabemos que en el sur de Argentina habita el choike (avestruz) y que ese choike nos determina como personas a las familias que hemos nacido y nos hemos criado ahí, como sabemos que en la pampa húmeda habita el ngvrv (zorro) y en el extremo sur, dentro de la zona oceánica, habitan pu yene (las ballenas) y que ambas formas de vida determinan las subjetividades de las personas de esos diferentes territorios. Entonces, por ejemplo, ¿cuál será la relación de la vida noctámbula porteña con la presencia y la virtud de los zorros?
Aylla | Nueve
La novena lección y entiendo una de las más concluyentes es que: “¡El agua es vida” ¡El agua ordena la vida! ¡Sin agua no hay vida, ni equilibrio! Eso es algo que se puede evidenciar y que pocas personas, entiendo, van a desconocer en la ciudad de Buenos Aires.
Estamos ante un pronunciamiento histórico y trascendente que nos posiciona ante la vida o la muerte. O permitimos que sigan planificando y apilando casas hacia arriba sin contemplar nada, ni a nadie o defendemos los acuíferos de agua dulce, como los carpinchos defienden su lugar en el mundo.
Mari | Diez
Pedagogía carpincho o muerte.
Fuente de la información e imagen: https://www.pressenza.com/es/2021/08/pedagogia-carpincho-o-muerte/
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