La CEPAL tuvo, desde su creación, una posición crítica frente a las realidades latinoamericanas.
El último número de El Trimestre Económico (Vol. 89, No. 353, enero-marzo, 2022 – https://bit.ly/3JSga9K), la afamada revista que publica el Fondo de Cultura Económica de México desde 1936, dedica sus artículos al pensamiento de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Es una referencia de enorme importancia para la región y vale resaltar algunos aspectos de carácter histórico.
Hasta bien entrado el siglo XX, el ensayo de carácter politológico y positivista dominó en los estudios latinoamericanos, pero la ciencia social, como tal, prácticamente se desarrolló con el avance de este siglo y normalmente desde mediados del mismo, como puede seguirse en Teoría, acción social y desarrollo en América Latina (1976), de Solari, Franco y Jutkowitz. La economía fue la más pobre entre esas ciencias. Sin embargo, la creación de la CEPAL, en 1948, tuvo impacto decisivo para ese desarrollo y su primer Estudio Económico de América Latina (1948-1949) resultó pionero en la materia.
Abordó el progreso técnico en la región, apenas visible en buena parte de los países; también trató el comercio externo, e inauguró la visión sobre los desniveles en los términos del intercambio, una concepción que fue eje de los análisis cepalinos en años posteriores. Sin embargo, el Estudio se limitó a cuatro países: Argentina, Brasil, Chile y México. Buena parte de los países latinoamericanos carecían de información nacional con la que se podía contar para un análisis pormenorizado de todos. La mayoría tenía economías primario-exportadoras, predominaban las haciendas y las relaciones económicas precapitalistas. Los técnicos de la CEPAL que llegaron a Ecuador recibieron informaciones del Banco Central (BCE), pero además de una serie de personas que podían dar cuenta de las realidades nacionales, de modo que con todo ello prepararon el informe El Desarrollo Económico del Ecuador (1953), estudio igualmente pionero en el país. La lectura de ese detallado documento no solo proporciona el retrato de aquellos momentos, sino que reflexiona sobre el atraso y sus condiciones sociales, incluso desde perspectivas históricas. Naturalmente, resaltan los asuntos relativos a la economía agraria y sus productos, ya que Ecuador era uno de los más atrasados países latinoamericanos, todavía bajo dominio oligárquico-terrateniente.
Por cierto, desde la fundación del BCE (1927) se pudo contar con buenas estadísticas técnicamente elaboradas. Los miembros de la Misión Kemmerer (norteamericana), con quienes se fundó la institución, dejaron informes en los que queda en claro que el país carecía, hasta entonces, de estadísticas y estudios confiables. Un artículo del historiador Michael T. Hamerly (“Los informes ministeriales y registros oficiales del siglo XIX como fuentes cuantitativas”, 1977) demostró que los informes de los Ministros de Hacienda y otros, tuvieron siempre datos inseguros, desconfiables o variables. El “Boletín” del BCE de los primeros años contiene los primeros estudios realmente económicos, aunque en décadas posteriores se transformó en un documento casi exclusivamente monetario y con algunos datos macroeconómicos.
Con el impulso de la CEPAL se fundó en Ecuador la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (1954), que empezó a jugar un papel fundamental desde la década de 1960, pues se le encargó la elaboración de los planes de desarrollo. Sus estudios siguieron la rigurosidad y las ideas de la CEPAL. En 1979 se transformó en CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo). En 1998 le reemplazó la Oficina de Planificación y en 2004 la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Sus archivos y biblioteca, tan importantes como patrimonio para la historia económica del país, estaban literalmente “abandonados” (en el edificio del Consejo Provincial de Pichincha) cuando pasaron, al menos por un tiempo, a la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito; pero luego salieron de allí. ¿Dónde se encuentra este repositorio del patrimonio nacional? Ese periplo tiene que ver con el giro económico del Ecuador, que desde León Febres Cordero (1984-1988) inició el abierto rumbo empresarial-neoliberal y dejó a un lado la importancia de la planificación, recuperada en la década progresista 2007-2017 y abandonada nuevamente desde 2017, cuando se reinicia el ciclo empresarial-neoliberal. Bajo los gobiernos neoliberales incluso las estadísticas se “transforman”: interesan solo ciertos datos macroeconómicos, pero las informaciones más “sensibles” (como las tributarias relativas a las elites) se ocultan y no son públicas, como sucede en Ecuador actual.
La CEPAL tuvo, desde su creación, una posición crítica frente a las realidades latinoamericanas. Era imposible que no sea de otra manera, ante mentes brillantes como las de sus fundadores. En las décadas finales del siglo XX su presencia teórica en la región retrocedió, pues dominó la ideología neoliberal. Sin embargo, la CEPAL, hoy bajo la Secretaría Ejecutiva de Alicia Bárcena, ha retomado su posición crítica y, sobre todo, tiene un peso significativo en las propuestas para edificar economías sociales en América Latina, pues sus estudios han demostrado las nefastas consecuencias que ha provocado el neoliberalismo en la región. Los artículos del Trimestre Económico destacan esta etapa cepalina, en la que se movilizan ricas concepciones sobre la igualdad, la equidad de género, los derechos, el medio ambiente, la protección social, la redistribución de la riqueza, la cultura de privilegios. Y se incluye al final el estudio “La periferia latinoamericana en el sistema global del capitalismo” de Raúl Prebisch (1901-1986) -quien fuera Secretario Ejecutivo de la entidad-, un texto que mantiene increíble actualidad.
Autoras: CAMILLE BRUNEAU | FATIMA ZAHRA EL BEGHITI | BEATRIZ ORTIZ | ANAÏS CARTON/Viento Sur
Con motivo de la reunión internacional organizada en Rufisque (Dakar, Senegal), en noviembre de 2021 por el Comité para la Anulación de la Deuda Ilegítima (CADTM) sobre la cuestión del microcrédito, los presentes provenientes de casi 20 países exigen la necesidad de revisar las condiciones para la ejecución de los contratos de microcrédito, incluida la considerable reducción de las tasas de interés. También se ha hablado de amplias campañas de sensibilización y de la búsqueda de alternativas autogestionadas. La cuestión del microcrédito no se puede abordar sin interesarse por las cuestiones macroeconómicas. Es el sistema de deuda pública de los países del Sur el que crea estos problemas y recae principalmente sobre las mujeres. Estos son algunos de los elementos compartidos durante esta reunión.
Fatima Zahra nos recuerda que, durante la independencia oficial de los Estados anteriormente colonizados, los países del Norte legaron deudas coloniales, odiosas e ilegítimas. Habían sido contratados por las potencias imperiales de los bancos occidentales precisamente para financiar la empresa colonial, en cuyo centro estaba el saqueo de recursos. Sin embargo, su devolución se mantuvo sobre las espaldas de los pueblos, generando así un círculo vicioso. Esta deuda, que sigue aumentando, es un mecanismo permanente para saquear la riqueza de los países del Sur mediante el enriquecimiento de los principales acreedores del Norte. A través de esta deuda, las instituciones financieras internacionales han impuesto planes de ajuste estructural (PAE) desde la década de 1980. La implementación de estas políticas de austeridad neoliberales ha acentuado el deterioro masivo de las condiciones de vida de las personas en el Sur, especialmente las mujeres que han asumido la carga de la pobreza, la precariedad y el aumento de las desigualdades en una sociedad patriarcal. Fue en este contexto en el que la microfinanciación se expandió a los países pobres del Sur durante las décadas de 1980 y 1990.
En las sociedades patriarcales, la microfinanciación solo acentúa la pobreza, el sobreendeudamiento y la dependencia de las mujeres. Las mujeres son el primer objetivo de las instituciones de microcrédito (Instituciones de Micro Finanzas IMF): representan el 81 % de las y los prestatarios del mundo, es decir, casi todos. Debido a que son ellas las que asumen en gran medida el trabajo reproductivo, lo utilizan para mantener a sus familias, en contextos en los que el coste de vida está aumentando, los ingresos están cayendo y los apoyos y servicios públicos están desapareciendo en favor de empresas privadas extremadamente lucrativas. Las instituciones financieras internacionales presentan la microfinanciación como un modelo de desarrollo que apoya a las mujeres. Sin embargo, con una tasa de interés promedio del 25 al 30% en todo el mundo, el microcrédito solo sirve para mantener a la gente pobre en la pobreza.
Por lo tanto, es una fuente de enriquecimiento para los inversores, mientras que la periodicidad del reembolso socava cualquier posibilidad de tener éxito en un microproyecto y hace recaer sobre individuos los reveses de las políticas capitalistas. Es importante recordar que es un problema colectivo y estructural y no una cuestión de responsabilidad individual. Este vínculo entre el universo financiero y la macroeconomía con nuestra vida cotidiana se recuerda aquí a través de diferentes ángulos de análisis.
«Vivas, libres y desendeudadas»: una lectura feminista de la deuda en Argentina
Como demuestra Beatriz Ortiz, el caso de Argentina ilustra cómo las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) están estrechamente vinculadas a los procesos de deuda de los hogares y que las consecuencias recaen en particular en las mujeres.
Las consecuencias de estas políticas se pueden resumir en una reducción de los servicios públicos, un aumento de la carga de trabajo no remunerada de las mujeres y más deudas privadas. Por ejemplo, en Argentina, al mismo tiempo que el FMI impone más trabajo no remunerado a las mujeres, menos servicios públicos y más deudas privadas, el Estado otorga préstamos a tasas muy altas, más del 40%, a las madres que reciben subsidios para poder alimentar a sus hijos. Al mismo tiempo, estos subsidios sirven como garantía para contraer nuevas deudas: son solo un pretexto para solicitar préstamos y, por lo tanto, constituyen un mecanismo formidable para la transferencia de riqueza. Las políticas neoliberales nos desposeen, especialmente a las mujeres, debido a la falta de políticas sociales. Verónica Gago describe este despojo, entre otras cosas, como un proceso de colonización financiera de los espacios de reproducción social: las finanzas siempre encuentran nuevos medios de extraer los recursos de las mujeres.
Ante la falta de autonomía económica de las mujeres, la dificultad de acceder al empleo, la falta de políticas públicas para liberar a las mujeres de la obligación de asumir todo el trabajo invisible de la reproducción social, no tenemos más remedio que recurrir a la deuda para cubrir estas exigencias y necesidades. Y así es como las finanzas colonizan nuestros hogares a través de la deuda, colonizan la reproducción social, a través del microcrédito para poder pagar los estudios de una hija o comprar medicamentos para una enfermedad grave. El microcrédito es la punta del iceberg de una red de colonización financiera de hogares y, específicamente, de mujeres. Esta violencia financiera implica otra violencia, violencia machista y de género. La deuda y la precariedad hacen que las mujeres dependan de los ingresos de los hombres para pagar sus deudas y las empujan a aceptar o desarrollar trabajos más precarios (en el caso de que exista la oportunidad de acceder al empleo para ellas) y en muchos casos la deuda encierra a las mujeres en hogares donde sufren violencia doméstica. Por lo tanto, todo esto también es una forma de hacer que las mujeres sean más vulnerables a la violencia, porque muy a menudo los trabajos más precarios van acompañados de malos tratos, abusos, etc. Así que vemos que este vínculo entre la violencia financiera y la violencia machista y sexista es muy significativo.
Afortunadamente, las demandas sobre la deuda están actualmente en el centro de las movilizaciones por los derechos de las mujeres en Argentina. «Vivas, libres y desendeudadas» se escuchó en las movilizaciones feministas en Argentina con motivo del 8 de marzo de 2020. Las lecturas feministas de la deuda realizadas por mujeres en Argentina pueden alimentar el debate sobre alternativas y prácticas colectivas frente al microcrédito.
¿Quién le debe a quién? La deuda de los cuidados
Camille Bruneau recuerda, gracias a las contribuciones de la economía feminista, que el vínculo entre la deuda pública, la deuda privada y las desigualdades de género existe en todas partes, también en Europa. Las medidas de austeridad y los planes de ajuste estructural son casi idénticos e imponen en nombre del pago de la deuda pública medidas antisociales que afectan a las poblaciones vulnerables y muy específicamente a las mujeres como trabajadoras y usuarias de servicios específicos y personas asignadas a los cuidados. Mientras que el costo de vida está aumentando (aumento del IVA, abolición de subsidios, privatización de muchos servicios, inflación, etc.), los medios de subsistencia están disminuyendo (pérdida o precariedad del empleo, supresión de subsidios, destrucción de suelos, etc.). Las mujeres se endeudan y han aparecido nuevos tipos de créditos desde la pandemia.
Debemos establecer el vínculo entre la deuda pública y la deuda privada, pero también entre la deuda y el patriarcado. Porque en una sociedad patriarcal, es decir, dominada política y económicamente por los hombres, resulta que los cuidados, la reproducción social, lo que está a cargo las mujeres, se devalúa. El problema del pensamiento dominante de la mayoría de nuestras sociedades es que son puestos en lo más alto valores que están asociados con lo masculino, como el poder, la violencia, la competencia, y que todo también se basa en jerarquías (hombres > mujeres, humano > naturaleza, etc.) más que en interdependencias, cooperación, etc. Esto permite atacar a estos sectores cuando es necesario reducir el gasto público para reinyectarlo en el servicio de la deuda. Como históricamente las mujeres han sido asignadas a los cuidados y, por lo tanto, a estos sectores, se ven afectadas por estas medidas de ajuste y llevan sobre sus hombros la carga de compensar y encontrar soluciones (comedores y guarderías populares, etc.). ¡Sin embargo, estas actividades son esenciales para el bienestar y el buen funcionamiento de la sociedad!
¡Las mujeres no solo compensan con su trabajo gratuito y sufren degradación profesional, sino que financian con sus bolsillos estas mismas instituciones bancarias que son la causa de su pobreza! En efecto, precisamente debido a las deudas públicas ilegítimas los gobiernos ponen en marcha medidas que afectan negativamente a las personas. Los acreedores reciben el dinero que se debería invertir en salud, educación, programas para promover la condición de la mujer, etc. Y son estas mismas instituciones bancarias, BNP Paribas por ejemplo, las que recuperan el dinero y los intereses que las mujeres pagan a las IMF que a menudo pertenecen a estos grandes grupos financieros.
Por lo tanto, si pensamos en todo esto, reconocemos la existencia de una enorme deuda social, es decir, debida por una parte de la sociedad, a las mujeres: por lo tanto, también la llamamos deuda reproductiva, del care, de los cuidados. ¡Sin este trabajo gratuito o mal pagado realizado por mujeres, el sistema se derrumba! Visibilizar y reconocer este trabajo nos obliga a darnos cuenta de hasta qué punto se distribuye actualmente de forma desigual. De hecho, ¿quién es dependiente? ¿Las mujeres hacia los hombres, o los hombres hacia las mujeres que los cuidan? Al revertir estas lógicas, nos hacemos la pregunta: ¿quién le debe a quién? Por lo tanto, si hay una auditoría de la deuda, debería incluir estas dimensiones, es decir, reconocer la contribución no reconocida de las mujeres a la economía y proponer soluciones como la socialización de los cuidados, es decir, la implicación de todos los actores sociales y económicos en estas actividades de las que todos y todas dependemos.
«¡Microcrédito, vete! «, el emblema de una movilización histórica en Marruecos
En el contexto de Marruecos, Fatima Zahra muestra cómo las IMF se han beneficiado del analfabetismo de las mujeres en situaciones precarias al hacer que firmen contratos en condiciones abusivas. Las mujeres se encuentran rápidamente ante la incapacidad de poder pagar su crédito, debido a las altas tasas de interés (en Marruecos entre el 30% y el 40%). Las IMF ejercen una presión terrible sobre las mujeres que temen acabar en prisión o humilladas públicamente si no pagan en la fecha especificada. Algunas mujeres se ven obligadas a vender sus propiedades, otras a abandonar sus hogares para huir de los ataques de las IMF u obligadas a prostituirse. En medio de la pandemia, especialmente durante el período de confinamiento, las IMF continuaron hostigando a las prestatarias.
Ante esto, Fatima Zahra recuerda las luchas que han librado las mujeres víctimas de microcréditos 1/. Para hacer frente a los abusos y la violencia de las IMF, las prestatarias de Ouarzazate(sureste de Marruecos) comenzaron a hacer una lista de las víctimas, se distribuyeron cuestionarios para recopilar información. Las mujeres lograron organizarse y decidieron detener el pago. El movimiento se ha extendido por toda la región y ha salido a las calles, se han llevado a cabo manifestaciones y sentadas, las mujeres han denunciado las tasas de interés abusivas, la humillación y el acoso que han sufrido por las IMF.
Este movimiento nació en el contexto de los levantamientos populares en toda la región en 2011, exigiendo justicia social, dignidad y libertad. Después de las protestas, el Estado procesó a dos personas coordinadores de estas luchas, que fueron condenadas a un año de prisión y fuertes multas. Gracias al movimiento de víctimas y a la solidaridad nacional e internacional, las dos coordinadoras fueron absueltas en noviembre de 2016. El Comité de Mujeres Maroc Attac-CADTM ha estado fuertemente involucrado en esta lucha, organizando caravanas solidarias de formación y alternativas a los microcréditos.
Aquí y en otros lugares, las mujeres están tratando de desarrollar sus propias alternativas al sistema de microfinanciación y es aquí donde se establece el vínculo con las macrofinanzas 2/. Hay colectivos, iniciados por mujeres, que reclaman otras formas de economía, de solidaridad, como tontinas, cajas de ahorros autogestionadas por mujeres y basadas en la donación y la igualdad. Por lo tanto, estos colectivos piden investigar los contratos de microcrédito partiendo de los fundamentos legales de la ilegitimidad de los contratos: ocultación de tipos de interés, consentimiento resultante de fraude o presión.
Por la cancelación de las deudas ilegítimas
En continuidad con estos ángulos de análisis, Anaïs Carton resume que si es necesario endeudarse, es para compensar las deficiencias de los Estados en las políticas públicas, debido a los gastos incurridos para pagar las deudas públicas con las instituciones financieras internacionales. De hecho, hoy en día, el 60 % de los países africanos gastan más recursos en el pago de la deuda que en gastos en salud. Esto en un momento en que los países del Sur se ven muy afectados financiera, económica, social y sanitariamente por la pandemia. Según un informe reciente de Oxfam, más de 500 millones de personas podrían caer en la pobreza como resultado de la crisis actual. Los recortes presupuestarios relacionados con el pago de la deuda hacen que estos recaigan particularmente sobre los hombros de los grupos más vulnerables y amplían las desigualdades de género.
Las respuestas aportadas por el Banco Mundial, el FMI y el G20, como la Iniciativa para la Suspensión de la Deuda, son totalmente insuficientes. Solo posponen el problema. Además, los acreedores privados, que son en gran medida la mayoría, de ninguna manera se ven obligados a cancelar sus créditos. A día de hoy, el 60% de las deudas públicas están en manos de acreedores privados, con todos los problemas de falta de transparencia de su identidad y altas tasas de interés cobradas por ellos que esto plantea. Por lo tanto, las «ayudas» otorgada a los países del Sur, con el propósito oficial de combatir los efectos de la pandemia, de hecho se utilizarán para rescatar a estas organizaciones en detrimento de las necesidades urgentes sobre el terreno.
Además, el Banco Mundial y el FMI tienen créditos ilegítimos y atroces. En efecto, parte de los préstamos otorgados por estas dos instituciones no beneficiaron a las poblaciones de los países afectados. Este es el caso de las deudas contraídas por los gobiernos que desvían la totalidad o parte de los fondos prestados, a sabiendas de los prestamistas, como en la República Democrática del Congo durante la era Mobutu. Todas las deudas de los países del Sur que se han concedido a regímenes que violan los derechos humanos fundamentales, que no han beneficiado a la población o que se han contraído en violación del derecho internacional público y el derecho interno de los Estados deudores, son ilegítimas.
Por lo tanto, hay que anular las deudas públicas con todos los acreedores: bilaterales, multilaterales y privadas, deben cancelarse. La deuda de África es de 500.000 millones de dólares, es decir, el 0,5 % de la deuda mundial. Esto no es nada comparado con los aproximadamente 3 billones de dinero público gastados en rescates bancarios en 2007-2008. En 2006 Noruega reconoció su responsabilidad por la deuda ilegítima de 5 países empobrecidos del Sur y canceló unilateral e incondicionalmente sus reclamaciones de pago de deuda por un monto de unos 62 millones de euros. Si Noruega lo hizo, ¿por qué no Bélgica? En 2007, Ecuador, tomó la decisión unilateral de no pagar sus deudas ilegítimas después de realizar una auditoría ciudadana de sus deudas. Según el derecho internacional, los derechos humanos fundamentales prevalecen sobre los derechos de los acreedores.
En Bélgica, el CADTM aboga por que Bélgica desempeñe un papel de liderazgo, en primer lugar dando ejemplo, el de cancelar el pago de las deudas de los países del sur de los que es acreedor en 2020 y 2021. Pero también para que adopte una legislación para obligar a los acreedores privados a participar en el alivio de la deuda. Por último, Bélgica tiene, en nombre de un grupo de países, un puesto de director en el FMI y un puesto de director suplente en el Banco Mundial. Hoy es vital que Bélgica utilice el peso significativo que tiene en estas dos organizaciones para alentarlas a seguir el camino de las cancelaciones de deudas.
En conclusión, hay recomendaciones que se deben hacer a diferentes niveles, en paralelo:
– A corto plazo, debe haber una mejora en las condiciones de deuda con las IMF, como una tasa de interés cero, y forzada por la adopción de leyes nacionales, una petición de acceso al crédito sin discriminación y con total transparencia. También es necesario sensibilizar y dar a las mujeres acceso a información fiable sobre las IMF;
– De una manera más macro y estructural, debemos luchar contra el endeudamiento público y proponer alternativas al microcrédito, como economías solidarias que ya están probadas en ciertas regiones del mundo y que pueden alimentar nuestras reflexiones.
Y, finalmente, es fundamental dinamizar una red feminista internacional en torno a estas demandas.
Notas
1/ Una primera movilización de las víctimas del microcrédito obtuvo una ligera concesión
2/ En Bamako, en Malí, las mujeres de la red CADTM continúan la reflexión y la acción contra los microcréditos y la deuda ilegítima.
Las organizaciones sociales y políticas encuentran en las calles una forma de lucha frente a los avances neoliberales direccionados desde los organismos del poder económico y político . En América Latina, las movilizaciones y protestas son la expresión de las desigualdades sociales existentes que se viven y se sienten en los cuerpos de las y los latinoamericanas/os.
Desigualdades que, en la actualidad, expresan el proceso de concentración de riqueza y transferencia de recursos de los sectores que menos tienen hacia los que más acumulan que se dio en la pandemia.(1)
Ante este contexto de mayor desigualdad, el campo del pueblo opone resistencia en toda América Latina, encontrando nuevas formas de protesta, que van haciendo posible identificar un enemigo común y conocido: el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un organismo internacional que define y determina las realidades económicas locales a través de las presiones por pago de sus deudas. Deudas que desde la educación no ha de ser pagada ni con los salarios de los trabajadores, ni con el hambre de los niños y adolescentes que llegan con hambre y necesidades insatisfechas a las aulas, ni con la restricción de este derecho, ni con la falta de acceso al derecho a la conectividad de la comunidad educativa.
Latinoamérica se mueve en defensa propia
Durante el 2020 y pese al pleno apogeo de la Pandemia, se vivieron movilizaciones y protestas impulsadas desde el sector educativo en toda América Latina. Los trabajadores de la educación se vieron afectados particularmente y esto impulsó reclamos y resistencias en países como: Ecuador, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, México, Costa Rica y Panamá.
Las consignas que se observaron en cada una de las movilizaciones desarrolladas se relacionaron con reclamos específicamente educativos, pero también abarcaron aspectos más amplios en cuanto a demandas sociales. En, Ecuador, las comunidades se posicionaron para combatir el «paquetazo de Lenín Moreno» y defender el poder adquisitivo de los salarios en medio de una crisis institucional gubernamental. En Chile, el conflicto educativo siempre estuvo latente. Los “mochilazos” y las “revoluciones pingüinas” así nos lo recuerdan. En 2019 las y los estudiantes despertaron a todo un país expresando que “no eran 30 pesos, sino 30 años” de ser los buenos alumnos del Fondo Monetario.
Por su parte, en Colombia, el pliego de peticiones también denominado «paquetazo», coincidió con la convocatoria de sindicatos y centrales obreras colombianas en rechazo a la violencia y las políticas de Iván Duque, su presidente. En tanto en Perú, el Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación de Perú (sutep) exigió al gobierno destinar el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a la educación. En ese país, mientras, se desarrollaba la salida del presidente en funciones, Martín Vizcarra, y la asunción de Fernando Sagasti. El SUTEP en conjunto con la CGTP (Confederación General de Trabajadores de Perú) exigía la conformación de una Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva Constitución, atravesado por fuertes manifestaciones.
En Paraguay y Uruguay, el reclamo se centró en mayor presupuesto para el sector educativo. Mientras tanto, en México la consigna se centró en el reclamo por la retribución del salario a docentes contratados. En Costa Rica, las movilizaciones fueron en rechazo al Fondo Monetario Internacional –FMI- y las políticas del gobierno. Mientras que en Panamá las centrales obreras docentes se posicionaron en contra las medidas de recorte de ayudas del Gobierno de Laurentino “nito” Cortizo, presidente de dicho país. A la vez que el pueblo de Bolivia exigía la renuncia de Víctor Hugo Cárdenas, el entonces ministro de Educación de facto de Bolivia, por promover la privatización de la educación en el país.
La efervescencia y las muestras de iniciativa popular que se viven en Latinoamérica nos permiten afirmar, como Giménez y Caciabue que “la calle no es de la derecha reaccionaria y rancia -aunque se vista de jóvenes libertarios-, la calle es de las mayorías dispuestas a profundizar el proyecto de país que cierre con todas, todos y todes adentro, esa es la deuda urgente”.
Históricamente, la resistencia a la mercantilización de la educación, impuesta generalmente por el FMI, ha marcado la agenda de las organizaciones sociales políticas en general y de las comunidades educativas, en particular. Las protestas y movilizaciones en Latinoamérica descritas dan cuenta del clamor popular respecto de la urgencia de terminar con las desigualdades sociales existentes, así como también de la disposición de los sectores del campo y del pueblo a tomar las calles y levantar sus voces por una sociedad donde una vida digna no sea un reclamo, sino un derecho. Donde la deuda a pagar sea con el pueblo y no con los organismos internacionales.
No sólo se debe remitir a la memoria cercana de los pueblos vecinos. Argentina ha sido, a lo largo de la historia, el campo de disputa entre un proyecto de subordinación y dependencia, por un lado y de soberanía e independencia, por el otro. Desde 1824, con el empréstito Baring Brothers, Argentina entra en el camino del endeudamiento. El FMI hará su aparición primero en la década del 60, y con más fuerza luego de la crisis de la deuda de la década del 80 y los gobiernos neoliberales de los ’90.
En el sector educativo, los organismos internacionales también desarrollaron sus estrategias. En particular, en agosto de 1995 se promulgó la Ley de Educación Superior (Nº 24.521), ley que fue propuesta y financiada por el Banco Mundial (BM).
Según Etchichury (2016) “El Banco Mundial, aprobó un crédito específico para la reforma de la educación superior, cuya ejecución se inició en 1995. El informe técnico correspondiente a aquel préstamo describía los problemas centrales que el BM observaba en el sistema universitario de 1995 y adelantaba sus propuestas de solución. Ante ese panorama, el Banco y el Gobierno argentino acordaron un préstamo por 165 millones de dólares destinado —según declara el BM— a “establecer un ambiente competitivo para el mejoramiento de la educación superior y proveer, a través de un mecanismo transparente de financiamiento, los incentivos apropiados para avances continuos en eficiencia educativa y mejora de la calidad” (The World Bank, 2004: 2)”.
Dicha ley regula y determina los objetivos, alcances, financiamiento y recursos de la educación superior en Argentina hasta el día de hoy. Horacio Etchichury describe en su trabajo titulado “La tercera década: Ley de Educación Superior y el legado del Banco Mundial” publicado en 2016, que el proyecto sostenido con el crédito aprobado en 1995, tiene el 31 de diciembre de 2003 como fecha de conclusión. Un año después, el Banco Mundial elaboró un informe de evaluación donde consideró “satisfactorio el nivel alcanzado en el logro de los objetivos del proyecto”.
Como se sabe tanto el FMI, como el Grupo Banco Mundial, fueron creados en la Conferencia de Bretton Woods en 1944. Para ser elegibles como miembros del Grupo Banco Mundial, los países deben primero adherirse al FMI. Tales aspectos vislumbran lo objetivos comunes de dichos organismos.
Actualmente, el discurso de la fuerza social de Juntos por el Cambio -JxC-, compuesto por las alianzas del neoliberal PRO, sectores concentrados de la economía local en asociación con trasnacionales, ONG’s y Fundaciones y representado en el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y en la diputada de CABA María Eugenia Vidal, sostiene en sus discursos que estamos “aislados del mundo” y es necesario “volver”. Esto no significa otra cosa que la vuelta al circuito de la financiarización y sus consiguientes consecuencias para la sociedad en general y el sistema educativo, en particular. Es necesario recordar que los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y la asesoría del FMI dieron como resultado mayor desigualdad social.
Según el informe elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y las universidades de Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, General Sarmiento y San Martín, la educación pasó de representar el 7,8 por ciento del presupuesto total del Estado nacional en 2016 al 5,1 por ciento 2020; hubo un descenso del presupuesto en la partida “Políticas socioeducativas”, que llegó a ser en el 2020 sólo el 6 por ciento de lo que era al inicio de la gestión y un recorte del presupuesto en obras del 2018 al 2019 de un 71%. La cara más oscura de este proceso de desinversión se hizo visible en la explosión que ocurrió en agosto de 2018, en la escuela N°49 de Moreno, provincia de Buenos Aires, qué se cobró las vidas de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Otro hecho de negligencia ocurrido bajo el gobierno macrista que no se puede omitir son las 135 mil netbooks que fueron encontradas en febrero de 2020 en el Correo Argentino y que no habían sido entregadas a las/os niñas/os y adolescentes del sistema educativo nacional.
El pueblo argentino siempre fue un centro de resistencia a los Planes de Ajuste Estructural que el FMI y los organismos internacionales han intentado imponer sobre el país. El 2021 nos encuentra con un sector educativo que necesita transformaciones y una deuda al organismo multilateral de crédito de 46 mil millones de dólares, número cercano al tercio de las acreencias totales del organismo. Tal como describió el diputado y sindicalista Hugo Yasky: “El préstamo que tomó el FMI equivale a construir 13.133 escuelas”.
No puede caer sobre los hombros de trabajadoras, trabajadores y las y los miembros de la comunidad educativa el pago de la deuda. Tal como lo ha dicho la calle: “Nosotras/os no debemos nada”. En todo caso, la deuda es con los derechos y las condiciones de igualdad. Ante una profunda crisis sistémica global, las pérdidas se intentan imponer sobre los millones de trabajadores, mientras el 1% de la humanidad (donde se encuentran los dueños de las grandes tecnológicas que fueron protagonistas de la educación en pandemia) incrementa su patrimonio, apropiándose de las riquezas socialmente producidas.
Es momento de emprender la escuela de la lucha callejera, donde el Pueblo demuestra su fuerza, construye su historia y aprende a conseguir conquistas y derechos; donde los movimientos sociales y las organizaciones manifiestan sus reclamos e intereses. El pago de la deuda no puede significar reducción de presupuesto educativo, baja de los salarios a trabajadores de la educación, infraestructuras obsoletas y niñas/niños y jóvenes sin dispositivos ni conectividad. Las comunidades educativas, comunidades de aprendizajes, en conjunto con los sectores del pueblo, deberán constituirse también como ámbitos donde acumular fuerza para no permitir este nuevo intento de avance en las lógicas de mercantilización de la educación.
Jouli es Licenciada en Educación Especial. Pedraza es Licenciada en Ciencias Políticas. Ambas miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Se dice, y es verdad, que la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la covid-19 lo ha cambiado todo. Tanto que durante un tiempo fue posible dudar de si iba a ser también el punto y final de lo que conocemos como neoliberalismo. O, lo que es lo mismo, del entramado de políticas, dinámicas económicas e intereses que ha impregnado en las últimas décadas las agendas de los gobiernos y de las instituciones internacionales –y, por supuesto, también de las de la Unión Europea– en torno a la bandera de Más mercado. Desde luego, la pandemia ha profundizado y acelerado la crisis hegemónica que ya sufría el neoliberalismo desde hace años. Sus políticas siguen siendo las que rigen mayoritariamente el mundo, pero su capacidad de autolegitimarse y de seducir está cada vez más cuestionada.
La crisis actual ha revelado dramáticamente la fragilidad e inconsistencia de los postulados básicos neoliberales. Durante los primeros meses de la pandemia, las cadenas transnacionales de creación de valor, en torno a las que se articula la división internacional del trabajo, se rompieron. La consecuencia fue una brusca interrupción de los suministros y el colapso de los mercados, contribuyendo de esta manera a la paralización de una parte importante del tejido empresarial. Además, se dio la paradoja de que en toda Europa no tuviéramos capacidad de producir las necesidades básicas para responder ante una emergencia sanitaria de estas características.
La supuesta superioridad del mercado frente a lo público, que ha justificado las políticas de ajuste presupuestario y la mercantilización y privatización de servicios básicos para la vida, como la sanidad y los cuidados, también se ha visto cuestionada. A la hora de la verdad, el cortafuegos para detener y superar la enfermedad ha sido responsabilidad del sector público, que ha tenido que hacer frente a la situación de emergencia en un estado de extrema debilidad provocada, justamente, por las políticas neoliberales. La misma crisis sanitaria ha disparado a la línea de flotación del sálvese quien pueda, uno de los pilares antropológicos del neoliberalismo. Ahí se abre una pelea cultural y política sobre cómo debería ser la vida en común a partir de ahora.
¿Significa esto que estamos entrando en un escenario posneoliberal? Sabemos de sobra que transformaciones de estas características nunca se dan sin luchas sociales. Si no hacemos nada, puede que ocurra todo lo contrario y que nos encontremos viviendo una aceleración capitalista que utiliza la crisis como coartada. Por el momento, los pilares centrales que sostienen el orden neoliberal permanecen intactos. La distribución, la producción y la negativa de liberalización de las patentes de las vacunas han demostrado cómo las grandes corporaciones, las manos visibles de los mercados, se han configurado como una economía en la sombra que gobierna el mundo reforzando un poder corporativo que condiciona, en su propio beneficio, la agenda de los gobiernos y las instituciones. Un auténtico secuestro de la democracia donde la lex mercatoria impera sobre cualquier otro derecho.
Por tanto, no estamos ante los restos del naufragio del orden neoliberal. Pero sí es cierto que esta crisis ha desnudado sus limitaciones, mostrándolo incapaz de asegurar algo tan básico como la propia vida y el bienestar de las mayorías sociales. El relato que se nos vende desde hace décadas presenta las privatizaciones como la respuesta lógica, prácticamente natural, a los problemas y necesidades colectivas. Crisis como la actual nos demuestran no solamente que esto no es cierto, sino que, si queremos tener alguna posibilidad de éxito frente la emergencia climática y los retos del presente, es estrictamente necesario invertir el proceso. Recuperar espacios para el común, poner el máximo posible de esferas de la vida a funcionar al servicio de los intereses de las clases populares y no de los de una minoría privilegiada cuya forma de vida, depredadora de recursos y derechos, implica cada vez más violencia.
Las crisis son momentos de bifurcación que funcionan como agujeros de gusano que nos permiten asomarnos a otros tiempos y espacios posibles. En periodos como este vemos aflorar, chocar y articularse imágenes utópicas y distópicas. No hay certezas claras y las contradicciones cohabitarán, irán en aumento y tendrán expresiones cada vez más violentas. Cómo se reconfigure ese marco de convivencia, a nivel micro y macro, será determinante y marcará el próximo periodo. Lo que finalmente ocurra no está escrito y dependerá de muchos factores. Entre ellos, de la capacidad que tengamos para imaginar alternativas buenas y deseables para las mayorías sociales y de empujar colectivamente para hacerlas posibles.
Toda alternativa que cuestione el statu quo actual debe pasar por una profundización democrática que acabe con el poder corporativo y permita el control social de sectores estratégicos de la economía necesarios para las mayorías sociales. Solo desde el cuestionamiento de estas lógicas tendremos la oportunidad de sentar las bases de otra economía que enfrente los retos de la emergencia climática y que ponga la sostenibilidad y defensa de la vida en el planeta en el centro de las políticas. El primer paso para el fin del neoliberalismo es, ineludiblemente, pensar que es posible otro sistema que anteponga nuestras vidas a sus beneficios.
En este sentido, la vieja fórmula de bienes comunes aparece como posibilidad que abre la puerta no solo al rescate frente a las lógicas privatizadoras neoliberales, sino a un replanteamiento radical de aquello a lo que nuestra propia existencia colectiva nos da derecho. No se trata solamente de ampliar los terrenos sometidos a la gestión pública, sino de producir y reproducir colectivamente las bases y condiciones de nuestra vida. Una ampliación del concepto de lo público que supera la vía institucional y toma formas diversas en función del contexto y del bien concreto.
En este Plural comenzamos con el artículo deIsabelle Garo, “Marx y la propiedad, un análisis estratégico”, en donde aborda la cuestión de la propiedad en la obra de Marx como un enfoque fundamentalmente político y estratégico de la cuestión comunista. Es esta dimensión estratégica la que se analiza en el artículo, partiendo de la cuestión de la propiedad y los bienes comunes, que desde hace algunos años ha vuelto al centro de la reflexión contemporánea sobre las alternativas al capitalismo. La autora defiende la cuestión de la propiedad en Marx no como una forma estrictamente jurídica, sino como una palanca política y como un gradiente de desarrollo individual. Esta reflexión en términos de formas y dinámicas contradictorias, enraizadas en condiciones siempre concretas y que implican la creciente conciencia de los actores de la transformación política y social, sigue siendo muy actual, a condición de que no se busque en ella unas recetas prefabricadas.
Continuamos el Plural con el artículo de Daniel Chavez y Sean Sweeney, “El clima, la energía y el mito de la transición”, en donde abordan cómo el enfoque neoliberal hegemónico en las políticas de energía a escala global impide el desarrollo de alternativas efectivas de respuesta a la emergencia climática y la satisfacción de necesidades sociales. Un modelo basado en la satisfacción de demandas de ganancia a un número reducido de empresas privadas es incompatible con el suministro de energía para asegurar el bienestar social y para abordar una transición energética que enfrente la emergencia climática desde un punto de vista de justicia social. Esta situación, según los autores, debe ser reconocida como una verdadera emergencia política para la que no cabe otra solución que vigorizar “la propiedad pública y democrática de los sistemas y recursos energéticos”. Una alternativa pública que signifique la recuperación integral de la generación, transmisión, distribución y gestión de la energía como un elemento central para enfrentar los retos ambientales, económicos y sociales del cambio climático.
El siguiente artículo corresponde a Éric Toussaint, “Bienes comunes, deudas y patentes de la industria farmacéutica”, que aborda cómo desde el inicio del capitalismo los bienes comunes fueron sistemáticamente cuestionados por la clase capitalista en su lógica de mercantilización y de apropiación privada. Siendo las deudas un mecanismo de expropiación y de ataque contra los bienes comunes, tanto en el Norte como en el Sur. El saber, los descubrimientos científicos, los procedimientos técnicos que deberían constituir bienes comunes de la humanidad no se han librado de la voracidad capitalista. Cuanto más se extendió el capitalismo, más favoreció la apropiación privada de los conocimientos y de las técnicas, especialmente por medio del sistema de patentes. Desde la extensión de la pandemia, el debate sobre las patentes se ha vuelto fundamental, condensando perfectamente la contradicción entre capital y vida, entre propiedad privada y bienes comunes.
Entre las experiencias prácticas que recogemos en el Plural está la aportación de Karla Lara, “Antes, ya había un antes… ¡ya corrían los ríos!”, que aborda el ejemplo de Honduras como laboratorio neocolonial extractivista y escenario de lucha y disputa por el agua y el territorio. Una lucha con un alto coste personal y colectivo, que se lleva la vida de decenas de activistas asesinadas, como Berta Cáceres, encarceladas como las defensoras del río Guapinol, y acosadas como cientos de defensoras medioambientales anónimas. Recogiendo un llamamiento a desaprenderse de las historias de derrotas para recordar, refundar, repensar, pero desde otro lugar, con otros referentes teóricos, esa es la tarea fundamental para pensar en la lucha por la defensa del agua, para la defensa de la vida.
A continuación, Javiera Manzi y Karina Nohales, en su artículo “Socializar la vida. Horizontes feministas posneoliberales”, hablan de la crisis de la reproducción social existente ya antes, pero puesta todavía más en evidencia por la pandemia, como “una crisis dentro de la crisis”. Escriben desde Chile, campo de pruebas del neoliberalismo pero también de la posibilidad de su destitución democrática, y uno de los epicentros del movimiento feminista de los últimos años. Plantean una estrategia de socialización (de los trabajos y las riquezas, pero también de la política y el placer; de la vida) que nos insubordine frente al mandato de la ganancia privada y construya un marco decisional y distributivo de lo común.
Por último, desde la Comisión de Comunicación de La Ingobernable reflexionan sobre el modo en que las experiencias de democracia directa y autogestión puestas en práctica en los centros sociales pueden ser herramientas de lucha contra el modelo neoliberal de ciudad y un entorno urbano cada vez más privatizado. En “Centros sociales y luchas por el derecho a la ciudad: aprendizajes en el proceso de La Ingobernable” nos hablan de las diferentes decisiones que la asamblea fue tomando en el contexto del carmenismo y de un Madrid asediado por las privatizaciones, de su aprendizaje de la experiencia previa de otros centros sociales, y de algunas de las preguntas que se abren en el futuro de la lucha por los comunes urbanos. Animando a estimular el debate a partir de las luchas reales y de la conquista de espacios para el común en los núcleos urbanos.
En resumen: una mirada poliédrica a un debate que podría parecer antiguo pero que no solo es de plena actualidad, sino que se nos revela como fundamental para hacer frente en buenas condiciones a los retos del presente. Desnaturalizar un régimen de propiedad privada de una minoría, basado necesariamente en el expolio y desposesión de las mayorías sociales, para abrir horizontes de posibilidad donde las necesidades colectivas y la vida buena para todas y todos sean la prioridad de cualquier articulación social, económica y política.
Al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie.
El CEN del SNTE vuelve a las andadas. Incumple las leyes mexicanas, desatiende los tratados internacionales, desacata a la autoridad e ignora al Presidente de la República. Así parece ante la insistencia de convocar a elecciones para la renovación de las dirigencias de las Secciones Sindicales en Baja California, Sinaloa, Tlaxcala y Nuevo León. Claro, a menos que el gobierno federal tenga dos caras, un doble discurso y una postura hipócrita. Habíamos escrito sobre el asunto en colaboraciones anteriores. Válgase citar y recomendar los textos de Abelardo Carro Nava, “El irresponsable e ilegal proselitismo en el SNTE”, y Sergio Martínez Dunstan, “Democracia Sindical”. En ellos, se ofrece un panorama con la intención de contextualizar la problemática. Hagamos una síntesis muy apretada de los hechos.
AMLO se comprometió a garantizar la democracia sindical en su campaña electoral en el discurso pronunciado en San Pablo Guelatao (11/mayo/2018). Siendo Presidente en funciones, expresó su deseo por ver a los maestros votando por primera vez en urnas (08/abril/2019) y logró la aprobación de la reforma laboral con las modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado con relación a la organización colectiva de los trabajadores, determinándose la elección de las directivas sindicales mediante voto personal, libre, directo y secreto de los afiliados (01/mayo/2019). Hizo un llamado a los trabajadores para que ellos hicieran lo que les correspondiera, que ya no siguieran tolerando dirigentes que no los representaran, que hicieran valer la democracia: La libertad no se implora, se conquista, sentenció (07/octubre/2019).
Por su parte, el CEN del SNTE, aprobó el Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales (01/noviembre/2019). Dado su contenido, la Cámara de Diputados emitió dos proposiciones con puntos de acuerdo:
1.- Exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) a promover la celebración de los encuentros sindicales, así como al SNTE a expedir la convocatoria correspondiente (19/noviembre/2019).
2.- Al CEN del SNTE, a modificar su estatuto y el reglamento en materia de elección de dirigentes (05/febrero/2020).
No obstante, insistieron en su postura los líderes sindicales que actualmente están al frente de la organización gremial al convocar a la renovación de las directivas seccionales en Tlaxcala y Nuevo León (marzo del 2020) y anunciaron la renovación del del CEN del SNTE hasta el 2024. Aprovecharon la emergencia sanitaria para aplazar las elecciones hasta que existieran las condiciones para evitar contagios por COVID 19.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) impugnó los requisitos generales de elegibilidad para poder ser votado como integrante de la Directiva Seccional Sindical, porque se exige a los agremiados, contar con al menos 5 años de antigüedad como miembro del sindicato y haberse desempeñado en algún cargo de representación sindical. Ordenó la modificación del referido reglamento porque restringe y condiciona la libertad de los agremiados para ser candidatos.
Abelardo Carro, daba cuenta que ciertos líderes sindicales han dado rienda suelta a un proselitismo, desmesurado, irresponsable e ilegal a través de sus redes sociales y mediante pequeñas reuniones secretas en distintos espacios públicos y no públicos. Ni la pandemia los detuvo. Incluso, ahora con la reapertura de las escuelas a las actividades presenciales, los candidatos institucionales y disidentes institucionales con sus respectivas planillas de trabajo han visitado los centros educativos para ponerse a la orden de sus compañeros. Mientras que Sergio Martínez, sostenía que la democracia sindical resultó una promesa de campaña electoral incumplida, se ha convertido en un problema sin resolver y hasta hoy es una obligación legal vulnerada.
Como se puede constatar, el SNTE no ha modificado ni una coma al reglamento y ya tiene dos elecciones en puerta, sobre todo la de Tlaxcala el 21 de octubre. Es claro que al CEN del SNTE le importa poco el cumplimiento de la ley porque al margen de la misma, pretende imponer a los suyos mediante elecciones fraudulentas. El SNTE simula, miente y viola la ley. Mientras que el gobierno, a través de la STyPS, no ha tenido la voluntad y la fuerza —o ambas— para cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho. Y, aún más, se convierte en cómplice puesto que la ley es muy clara: El Sindicato deberá notificar la convocatoria al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el cual podrá verificar el procedimiento de elección. Aunque todavía le queda un recurso jurídico: Las elecciones que no cumplan estos requisitos serán nulas.
En consecuencia, falta saber si se hace válida la frase multicitada por el Presidente de México. “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie”. En tanto el magisterio resiste y lucha.
Mientras América Latina enfrenta persistentes amenazas a la democracia, una creciente desigualdad económica global –intensificada por más de un año de pandemia–, sumada a una crisis climática de consecuencias catastróficas, las tecnologías digitales están en el centro de la agenda pública. En un contexto de intenso cambio, la misión de Derechos Digitales en defender los derechos humanos y poner las tecnologías al servicio de la justicia e igualdad, se torna más relevante que nunca.
Es en ese contexto que, reconociendo los 15 años de experiencia de Derechos Digitales, hemos decidido asumir el honor y desafío de liderar un fabuloso equipo que reúne algunas de las personas más comprometidas y capaces de toda la región con la misión de promover la equidad, la dignidad y la seguridad de todas las personas en su relación con la tecnología.
Reafirmamos Derechos Digitales al servicio de realidades complejas y cambiantes, en lo que consideramos más importante para la construcción de un futuro distinto al que se presenta: la protección de los derechos humanos. El reconocimiento y la inclusión de voces que han sido históricamente excluidas de las discusiones sobre tecnologías y la ardua lucha por la equidad y la justicia estarán al centro de nuestra preocupación.
Al interior de la organización, trabajaremos para permitir que florezca la creatividad y colaboración que siempre han caracterizado a Derechos Digitales. Desde orígenes y trayectorias tan distintas, nuestra diversidad es potencia. En este sentido, queremos mantener y generar un espacio de trabajo seguro, amigable, receptivo y alineado con nuestra misión.
Asumimos el desafío de dirigir esta organización con el propósito que Derechos Digitales sirva para proteger e impulsar el trabajo de incontables defensoras y defensores de los derechos humanos que cotidianamente se enfrentan con poderes políticos y económicos. Frente al ciego optimismo tecno-solucionista que marca los últimos tiempos, seguiremos produciendo conocimiento situado sobre los impactos de las tecnologías y su regulación en los distintos países y en la denuncia enérgica de las amenazas y los abusos a los derechos humanos. Nuestra visión es la de una región donde la tecnología y su regulación no sean nuevas maneras de profundizar desigualdades, sino que se encuentren al servicio de nuestros pueblos, para consolidar las democracias y para facilitar el ejercicio derechos fundamentales.
Somos conscientes del enorme desafío que es liderar una organización de sociedad civil en el Sur Global y asumimos esta responsabilidad con humildad y deseo de aprendizaje y crecimiento. Nos queda un largo camino, mas sabemos que contamos con el respaldo de un equipo sólido, de potentes aliadas regionales y globales, y de una convicción inclaudicable.
Por J. Fernando González Lozada, Paola A. Vargas Moreno
Los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de Latinoamérica han tenido que emprender una larga y sentida lucha para poder acceder a la educación.
Desde la creación de los Estados-nación, distintos han sido los procesos de exigencia para lograr el reconocimiento de sus comunidades como sujetos de derecho; en el campo educativo, ha implicado desde negociar la creación de escuelas y universidades en territorios rurales (geografías contrasistémicas), hasta demandar proyectos educativos culturalmente pertinentes (atentos a las realidades, epistemologías e idiomas propios) e, incluso, exigir el respeto de las autonomías locales y los proyectos político-pedagógicos que emanan de sus procesos organizativos. Diversos también han sido los obstáculos, asedios y cierres que han sufrido estos proyectos educativos gracias a la intervención del Estado y los grupos de poder en turno; barreras que oscilan entre trampas y laberintos jurídicos para obtener certificación institucional hasta el franco ataque de la fuerza armada (No olvidamos las acciones contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en México en 2014 o el ataque a la escuela Florestán Fernández del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil en 2016, por colocar algunos ejemplos).
En este marco, en un intento por identificar las principales tensiones que configuran la relación entre Estados-nación y proyectos educativos propios (educativos étnico-culturalmente situados), iniciamos un recorrido tras las huellas que nos permitan develar cómo se presenta y explica la disputa por la educación en América Latina (y con ella, los límites de la educación permitida para el indígena / el campesino / el afrodescendiente). Para ello, realizamos un breve recorrido por Bolivia, Ecuador y México rememorando algunas experiencias que dan muestra de dichas tensiones.
Cerramos este trabajo compartiendo la experiencia de la Universidad Autónoma de la Comunalidad de Oaxaca (UACO) en apoyo solidario con sus luchas históricas y a sus reclamos actuales.
Escuela-Ayllu de Warisata (Warisata, Bolivia)
Escuela ayllu de Warisata. Fotografía proporcionada por la Dra. Adriana Mariscal.
Durante poco más de 9 años (1931-1940) floreció en Bolivia la Escuela-Ayllu de Warisata, ícono de la resistencia indígena y de la pedagogía comunitaria latinoamericana. En un escenario político en el que se debatía si los pueblos indígenas eran sujetos de derecho o no, dos profesores, Avelino Siñani (indígena aymara) y Elizardo Pérez (mestizo), organizados con las comunidades del altiplano, se decidieron a fundar una escuela para la liberación de los indígenas: una apuesta educativa que reconstituyera la dinámica territorial del ayllu andino (gobierno autosustentable, cargos comunitarios y posesión colectiva de la tierra); con base en el trabajo individual y colectivo, en donde el consejo amawta (sabios – autoridades comunitarias) llevara la dirección de la escuela y animara la participación de las comunidades en el proyecto pedagógico para que, en conjunto, se hiciera una educación desde y no para los indígenas.
Durante esa década se logró estructurar un proyecto educativo que abarcaba desde la primaria hasta una normal de maestros con 16 núcleos distribuidos por el país. También se desarrollaron talleres sobre agricultura, ganadería, carpintería, mecánica, hilado, alfarería, danza, literatura, plástica, música y la recuperación de la lengua originaria para el fortalecimiento de la identidad indígena.
Los objetivos que signaban la modernización educativa de la época se colocaban en un segundo lugar mientras que las necesidades, saberes y quehaceres de las comunidades se consolidaban como protagonistas en el proyecto político-educativo.
Desde sus inicios, el proyecto de la Escuela-Ayllu de Warisata tuvo fuertes oposiciones, no solo por parte de los grupos de poder del altiplano, sino de las mismas instituciones educativas del Estado. Tal fue el encono que generó, que en 1940 se creó un Tribunal Investigador, integrado por aquellos que se oponían a la escuela, destinado a revisar y enjuiciar su obra. Como en su momento lo denunciaba el profesor Elizardo Pérez, en su informe final el Tribunal señalaba la “Falta de orientación pedagógica definida que responda a los fines que el Estado persigue para incorporar al indio a la actividad económica del país; las escuelas indígenas son de simple alfabetización, y en ellas no se da importancia a las prácticas agropecuarias que harán del indio un labrador menos rutinario” (Pérez, 1963: 283). Como es de suponerse, el informe continuaba bajo esta perspectiva colonial que recordaba el lugar subordinado asignado al indígena tanto en el Estado-nación como en el proyecto educativo nacional, situación por la que el fallo de la Corte fue el despido de maestros y directores de varios núcleos educativos, la instalación de docentes y directivos conformes a la perspectiva educativa del Estado y, finalmente, el cierre de la Escuela.
En este contexto, no es coincidencia que, como ejemplo de los procesos de disputa por la educación liderados por las comunidades organizadas frente al Estado, podamos señalar que para el mismo año en el que fue clausurada la Escuela-Ayllu (1940) también se realizó el Congreso Indigenista Interamericano en Pátzuaro, México, evento que inauguró y posibilitó la instauración de las políticas indigenistas que permearon las políticas educativas del continente. Valga subrayar que este mismo encuentro, pero pensado desde una perspectiva crítica que apuntaba hacia la liberación de los indígenas, se había propuesto para que se realizara en Warisata; sin embargo, esto fue impedido por las autoridades bolivianas.
Herederos de experiencias como la vivida en Warisata, en las últimas décadas hemos asistido a la construcción de numerosos proyectos político-pedagógicos emanados desde los movimientos sociales, desde las comunidades organizadas; la apuesta común es por una educación propia frente a la educación impartida desde el Estado y el sistema privado. Como parte de estos procesos, indígenas, campesinos y afrodescendientes han animado la creación de universidades que respondan a sus necesidades, su lengua, su historia, su epistemología, sus horizontes políticos y formas de aprendizaje ancladas a su territorio. Los resultados y experiencias han sido diversos, pero comparten retos en común, muchos de estos vinculados a las desigualdades e injusticias propias de la relación que mantienen con los Estados (modernos/coloniales) que los pretenden contener; entre otros: las dificultades para lograr legalidad y certificación; las complicaciones que enfrentan ante la necesidad de sostenimiento y permanencia para su consolidación; las tensiones emergentes ante la validación de epistemologías propias (desde donde se diseñan currículos y metodologías); y los desafíos que implica construir una educación en clave emancipadora.
Ahora, presentamos tres ejemplos desde la educación superior, más cercanos a nuestros días, para ir identificando continuidades.
Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) (Guerrero, México)
Fotografía: Paola Vargas. Sede de la UNISUR, Santa Cruz del Rincón. Montaña de Guerrero, 2016.
La UNISUR fue un proyecto que aglutinaba comunidades Mè´phàà, Náhuatl, Tu´un savi, Ñomndaa, afrodescendientes y mestizas que buscaban recuperar el pensamiento indígena y contribuir a la construcción de una sociedad intercultural, a través de un proyecto educativo que estuviera orientado “[…] hacia la formación de intelectuales que sean capaces, desde su propio universo y sustento cultural, abordar la solución de los problemas propios de su comunidad” (Santos, Méndez, Flores, Muñiz y Pimienta, 2006: 3). La UNISUR operó desde el 12 de octubre de 2007 hasta su gradual desintegración en 2019, con cinco sedes o unidades académicas previstas en su estudio de factibilidad donde se impartían: 1) Gestión Ambiental Comunitaria; 2) Gobierno de Municipios y Territorios; 3) Cultura, Lengua y Memoria; 4) Justicia y Derechos Humanos. Además, de manera intermitente, tres unidades más emergieron de necesidades coyunturales; así como se procuró la apertura de dos licenciaturas más que no lograron consolidación (Salud Comunitaria y Pedagogía Intercultural).
En su relación con el Estado, distintas fueron las problemáticas que enfrentaron desde sus comienzos. A pesar de todo el trabajo comunitario, organizativo y pedagógico que sostenía la propuesta inicial, el proyecto no logró aprobación al ser presentada ante la recién creada Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) en el año 2006. Burlando los trabajos de negociación previos, los funcionarios desconocieron la propuesta de la UNISUR y, por su parte, crearon la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) bajo una lógica indigenista, integracionista y neoliberal que ha permeado la región durante las últimas décadas y que, en esta ocasión, se encarnaba en la propuesta de la educación intercultural emanada del Estado. Al no ajustarse la propuesta al deber ser diseñado por las instituciones del Estado (desde arriba y desde afuera), la oficialización nunca llegó.
A pesar de no contar con el reconocimiento oficial, la UNISUR inició acciones en el año 2007 “[…] por mandato de las autoridades civiles y comunitarias de los pueblos indígenas y afromestizos del Estado (Acta de Congreso. 26 de mayo de 2007)”. Operó durante un poco más de 10 años y formó a cinco generaciones de estudiantes indígenas, mestizos y afrodescendientes. La universidad era sostenida por las comunidades, las y los académicos que no cobraban sueldo, y a través de donaciones y convenios con otras universidades. Su proyecto político-pedagógico se organizaba a través de un sistema modular de enseñanza cuyos ejes problemáticos buscaban la reflexión cruzada y el diálogo de saberes; un tronco común para las distintas licenciaturas; la relación horizontal entre estudiantes y profesores; la modalidad semipresencial que reunía durante 4 días a profesores y estudiantes dos veces al mes; círculos de reflexión, talleres y seminarios de investigación comunitaria; y los trabajos en vínculo con las comunidades (Durán, Gaussens y Vargas, 2016).
Al final el proyecto fue insostenible por la falta del registro oficial esperado por las comunidades, la imposibilidad para expedir certificados de las licenciaturas en marcha, las dificultades para sostener económicamente el proyecto y las diferencias al interior, muchas de ellas derivadas de estas mismas tensiones. Sin embargo, fruto de la capacidad organizativa comunitaria y el trabajo mancomunado que dio vida a la propuesta, también son varios los logros que reconocen los y las jóvenes de las comunidades ante la posibilidad de acceder a la educación universitaria: la construcción de conocimientos colectivos en donde se recuperan y valoran los saberes locales, la participación en procesos organizativos y de lucha en diversos territorios de Guerrero, la resolución de problemas comunitarios y la implementación de proyectos diversos que ahora impulsan sus egresados. Su eco sigue nutriendo experiencias educativas y organizativas en la montaña de Guerrero a través de sus egresados y docentes.
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador Amawtay Wasi (UINPI-AW / UIAW) (Pichincha – Loja – Macas, Ecuador)
Fotografía: Paola A. Vargas. UIAW en la Marcha “Defensa de la Plurinacionalidad, la Soberanía y los Recursos Naturales”, 11 de marzo de 2008.
La Amawtay Wasi (casa de la sabiduría en Kichwa) surge como proyecto de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a finales de la década de 1990, cuando se debatía al interior de la organización la necesidad de un sistema de educación superior diferente al tradicional. Su materialización se deriva de un proceso político de movilizaciones, negociaciones y conquistas adelantado durante un poco más de dos décadas. Después de largas disputas políticas con el Estado, diversas barreras jurídicas, amplias movilizaciones, consultas con las comunidades y, la elaboración de un proyecto de universidad, la UIAW logra su oficialización mediante la Ley de la República No. 2004-40 del 28 de julio del 2004, bajo la modalidad de “[…] institución particular, autofinanciada, con personería jurídica, sin fines de lucro, descentralizada y con autonomía académica, administrativa y financiera” (Sarango, 2009: 193-194).
El proyecto político-pedagógico de la Amawtay Wasi, aunque predominantemente kichwa, procuraba la participación de las comunidades, tanto de la sierra como de la amazonia, a través de la puesta en práctica de una pedagogía propia fundamentada en principios de la cosmología andina (vivencial simbólico, de relacionalidad, de dualidad complementaria, y de reciprocidad; comprensión del tiempo en espiral; organización a través de la chakana).
Entendiendo el proceso educativo como un aprender para desaprender, la propuesta buscaba recuperar los saberes y metodologías ancestrales, poner en diálogo las epistemologías propias con el conocimiento occidental en un esfuerzo por construir una sociedad intercultural, fortalecer el vínculo de respeto y comunión con la pacha mama (Madre Naturaleza), promover la investigación al servicio de la comunidad, y consolidar una educación superior para el sumak kawsay (Buen Vivir). Se pusieron en marcha los pregrados de Arquitectura con mención en Arquitectura Ancestral, Ingeniería Agroecológica, y Ciencias de la Educación con mención en Pedagogía Intercultural; también los postgrados de Investigación Intercultural, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, y Gestión del Desarrollo con Identidad para el Buen Vivir Comunitario; esto además de la formación de promotores de Agroecología y Liderazgo, Liderazgo y Turismo Comunitario, y Comunicación Intercultural y Comunitaria a través de Comunidades de Aprendizaje.
Después de institucionalizado el proyecto, no sin dificultades legislativas para la apertura de las diversas sedes en cada uno de los territorios indígenas que así lo demandaban, la universidad permaneció en funcionamiento hasta que, durante el gobierno del presidente Rafael Correa, tras un proceso de evaluación a la educación adelantado entre el año 2010 y 2017, conocido como la “Revolución Educativa”, el Consejo de Educación Superior (CES) dictaminó la suspensión de la UIAW por no cumplir con los parámetros de calidad establecidos en la nueva Ley Orgánica de Educación (LOES, 2010). El acto fue denunciado por el movimiento indígena ecuatoriano como una violación a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas, un acto discriminatorio, racista y etnocida:
Resulta ser paradójico, le cierran la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi”, pero al mismo tiempo crean cuatro universidades de corte eurocéntrico y colonial, uno de ellos plagiado con nombre indígena. El objetivo de estas universidades es revivir el neoindigenismo de los años 50, lo que significa en esencia la recolonización de las Nacionalidades y Pueblos indígenas, la asimilación cultural, económica, social y política, el desmantelamiento y desaparición como naciones diversas y originarias. (UNPFIP, 2013: s/p)
A pesar de la suspensión, y gracias al capital político acumulado, la UIAW se reinventó para seguir funcionando. En un primer frente, la universidad mantuvo encuentros con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y abrió una sentida lucha en la arena pública internacional para reclamar la reapertura. En un segundo frente, y viendo pocos resultados del reclamo insistente ante el CEAACES, la institución optó por constituirse como organización civil para adelantar investigaciones y promover una educación propia y con enfoque intercultural, la UIAW se refundó bajó el nombre de Pluriversidad Amawtay Wasi mediante Acuerdo No. 2884 el 4 de diciembre del año 2013.
Para agosto de 2018, bajo el gobierno de Lenin Moreno, tras una aparente disposición de diálogo fundamentada en un recurso legal que subrayaba que “suspensión” no era “cierre” y que entonces era posible actualizar la lucha por la reapertura, se instauró de nuevo la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, ahora como institución pública comunitaria, pero sin la participación directa de pueblos y nacionalidades, pues la negociación dejó por fuera a los fundadores, los procesos territoriales previos y los fundamentos originales de la UIAW-CONAIE. En este marco, se espera la apertura de trabajos para el segundo semestre del año 2021. El pulso por los contenidos válidos y “de calidad” que conformarían la educación superior intercultural oficial en Ecuador, fue ganado por el Estado entre violaciones a los derechos de pueblos indígenas y trampas legislativas.
Universidad Autónoma de la Comunalidad de Oaxaca UACO (Oaxaca, México)
Fotografía tomada del Facebook «Ipxyuujkpet Wejkataajjk Unicem.»
El 1 de septiembre del 2020, en la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, se realizaba la ceremonia de entrega de reconocimientos de las autoridades que conformarían a la Universidad Autónoma de la Comunalidad UACO, casi ocho meses después de que el Congreso del Estado aprobara el Decreto para su creación.
De acuerdo a la Ley Orgánica esta Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca será un organismo descentralizado del Estado con presencia en las ocho regiones del estado, en donde se impartirían estudios de licenciatura, maestría y doctorado y cursos de actualización. Así como de especialización, con enfoque en la formación de sujetos profesionales con sensibilidad y conocimientos comunitarios con el propósito de preservarlos y difundirlos (Matías, 1 de septiembre de 2020).
Este acto legislativo (con poder fáctico administrativo-presupuestal, pero también simbólico en el campo de disputa por la educación en Oaxaca) instituía y oficializaba los trabajos realizados desde hace más de dos décadas por comunidades organizadas, intelectuales indígenas y aliados de la academia local quienes apostaban a la creación de una universidad desde y para la comunalidad.
En sus 16 Centros Universitarios Comunales (CUC) distribuidos por distintas regiones del estado, la propuesta en marcha se basa en el respeto, la promoción y la preservación del patrimonio histórico y cultural de los pueblos originarios y comunidades indígenas de Oaxaca, y se plantea “[…] un proceso de formación propia y autónoma, que permita a los sujetos la construcción del camino de vida” (UACO, 2020). Parafraseando al docente e investigador ayuujk, Rigoberto Vásquez García, Coordinador Académico de la UACO, este reconocimiento de los conocimientos locales y las metodologías propias de enseñanza-aprendizaje, conocimientos y metodologías que trascienden lo aúlico, lo teórico y lo académico, implica un situar “desde donde se apuesta por la vida” pues “no se trata de volver al pasado; queremos traer al presente la memoria colectiva de los pueblos para reconfigurar y redefinir un futuro de complementariedades y comunalidades contextualizadas territorialmente”.
En un intento por romper la lógica desde donde opera la interculturalidad propuesta por el Estado mexicano (una interculturalidad indigenista, paternalista, apenas de traducción y transcripción), apostar y construir desde y para la comunalidad implica disputarle al Estado (desde lo epistémico, lo organizativo, lo pedagógico) la educación posible para pueblos y comunidades indígenas en un ejercicio de autonomía.
Esta apuesta político-educativa, la propuesta de comunalidad, implica una defensa por la vida y para la vida en donde se coloca en el centro el trabajo desde las realidades construidas entre humano y naturaleza, el trabajo colectivo, el poder comunal, el Wëjën Kajën (abrir la mente – desmenuzarla), y el educar con el ejemplo. La ruptura con la educación tradicional es necesaria pues la apuesta abre un espacio en donde el otro y lo otro es complementario, pero también, en donde la espiritualidad, el sueño, el cuerpo, y la naturaleza son componentes medulares del quehacer educativo y la comprensión del mundo (Rigoberto Vásquez García, 2021).
De acuerdo con Jaime Martínez Luna, uno de sus fundadores y actual rector “[…] en un ejercicio desde la academia y la comunidad, representará dejar de lado las políticas diseñadas para homogeneizar la sociedad, indagar en otras fuentes de razonamiento y reconocer los conocimientos de los pueblos originarios” (Martínez, 2020).
Como se hace evidente, el reconocimiento de la Ley Orgánica de la UACO por parte del Congreso del Estado (publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 20 de abril de 2020) representó uno de los mayores logros educativos de las comunidades indígenas de Oaxaca, México y de toda Latinoamérica. Sin embargo, el 31 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su comunicado de prensa No. 258/2021 declaró:
SCJN INVALIDA LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA POR FALTA DE CONSULTA PREVIA.
[…] La SCJN determinó que los preceptos invalidados incidían directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, en virtud de que se trata de una institución estatal destinada a la atención de las necesidades de educación superior de estas comunidades. Por tanto, existía la obligación de consultar a dichos grupos de manera previa a la expedición de la ley, de conformidad con los artículos 2° de la Constitución General y 6 del Convenio 169 de la OIT, lo cual no fue llevado a cabo. (SCJN, 31 agosto de 2021)
A través de este comunicado se expresa la invalidez de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca; “[…] afirmación que desconoce, de un lado, la larga trayectoria de resistencia de los pueblos de Oaxaca y la puesta en práctica de experiencias de educación comunal que respaldan el surgimiento de la UACO y, de otro, las formas propias de consulta y acuerdo de las comunidades oaxaqueñas.” (Pronunciamiento Educadorxs).
Ahora se iniciará un largo proceso legal y de tensión política entre las comunidades y aliados que impulsan la UACO y el Estado para continuar con la viabilidad de la propuesta, proceso en el que la UACO exige, por la pluriversidad del pensamiento de sus pueblos:
Un trato de respeto digno, de toda institución gubernamental del país frente a la UACO. / Atención inmediata por todos los órdenes del gobierno estatal y federal. Específicamente por parte del gobernador del Estado de Oaxaca. / Rechazamos modelos educativos impuestos a las comunidades / Por una existencia común que incluya todas las diversidades (UACO, Comunicado 01/2021).
Comentarios finales para abrir la reflexión
Las experiencias antes señaladas son ejemplos de la disputa histórica por la educación entre las comunidades organizadas y el Estado. La educación superior en Latinoamérica es el escenario de mayor exclusión ante el derecho de acceso a la educación para la población en general y más aún, cuando se habla de población indígena, afrodescendiente o de zonas rurales. Las causas son variadas, se entrelazan, se arrastran como lastres a pesar de décadas de luchas. Por un lado, están las condiciones de violencia estructural de quienes aspiran a los estudios universitarios, ya que ingresar, sostener y lograr titulación en este nivel implica mayores gastos, aún en universidades públicas.
Por otro lado, el número de universidades públicas resulta insuficiente para atender la demanda en crecimiento en la mayoría de los países latinoamericanos, incluso en un sistema amplio como el mexicano. Además, éstas presentan un patrón de concentración en las ciudades; de esta forma, la población rural, indígena, afrodescendiente o campesina se ve obligada a migrar para acceder a la universidad y asumir los gastos que esto implica en cuanto a vivienda, alimentación, transporte y los gastos propios de la escuela. Finalmente, los contenidos y metodologías hegemónicas que sostienen los procesos de ingreso, evaluación, enseñanza-aprendizaje y titulación, son incapaces y no están interesados en establecer diálogos epistémicos, político-educativos reales con otras fuentes de conocimiento, otras formas de hacer educación, de ver y construir el mundo.
Por lo tanto, podemos afirmar que la desigualdad en el acceso a la universidad está mediada por las (im)posibilidades de la clase social, visiones coloniales (racistas y paternalistas) normalizadas por un determinismo geográfico injusto e impertinente.
Como respuesta, el Estado neoliberal ha favorecido el incremento de universidades particulares en toda la región. Tan solo en el periodo del 2000 al 2013 las universidades particulares en América Latina alcanzaron a conformar la mitad de los espacios institucionales de educación superior: “Alrededor de un cuarto de las instituciones de educación superior (IES) que existen hoy abrieron sus puertas en ese mismo período —muchas del sector privado— elevando la cuota de mercado de las IES privadas de 43 a 50 por ciento entre comienzos de la década de 2000 y 2013” (Banco Mundial, 2017).
En contraste, para los movimientos sociales y organizaciones comunitarias que buscan construir proyectos educativos propios, las pautas legales del Estado son uno de los principales obstáculos, aunque no son los únicos. Cuando se ha logrado la certificación de alguna universidad impulsada desde la sociedad organizada, el Estado mantiene su control y recuerda los límites de lo permitido/funcional a través de distintos mecanismos: la regulación presupuestaria; la designación de directivos y docentes acordes al régimen; la reconfiguración de los planes y programas de estudio en nombre de términos empresariales como “calidad”, “eficiencia”, “productividad”; la aplicación de evaluaciones punitivas desde arriba y desde afuera, y la desvinculación entre los proyectos instituidos y las comunidades que los impulsaron; varias universidades interculturales de Latinoamérica son un triste ejemplo de esto.
En las respuestas del Estado se hacen evidentes determinaciones clasistas, coloniales, racistas, urbanocéntricas y centralistas que ponen los más diversos obstáculos para quienes buscan una educación propia frente al monismo pedagógico gubernamental y el intento de actualizar el proyecto de mestizaje homogenizante nacional. Predomina la visión positivista que impide, niega y cancela las diversas epistemologías y formas de organización que emanan de las comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas.
Si bien los proyectos educativos surgidos desde los movimientos sociales han sufrido varios golpes, los mismos se mantienen en resistencia constante a través de sus variadas formas de lucha. En estos momentos, resta hermanarse con la movilización que realizan las comunidades organizadas en la defensa de los proyectos educativos autónomos, como los de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, para que decenas de pueblos puedan ver florecer proyectos educativos en clave emancipadora, pues como diría Gioconda Belli “La solidaridad es la ternura de los pueblos”.
Anexamos el Comunicado 01/2021 de la Universidad Autónoma de la Comunalidad frente a la resolución de la Corte Suprema de Justicia y el Pronunciamiento en apoyo de lxs educadorxs de México y América Latina, documento promovido por los facilitadores y estudiantes del taller «Interculturalidad crítica y artilugios desde el arte».
Banco Mundial (mayo 17 del 2017). La educación superior se expande en América Latina y el Caribe, pero aún no desarrolla todo su potencial. Obtenido de
Durán, M.; Gaussens, P. y Vargas, G. (2016). La Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) en Guerrero: una lucha de los pueblos originarios por su educación frente al Estado. Ponencia en el II Encuentro Internacional de Pedagogía Crítica, Ciudad Universitaria.
Sarango, L. (2009). Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas «Amawtay Wasi». Ecuador / Chinchaysuyu. En Daniel Mato (coord.), Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos. Caracas: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC), 191-214.
Santos, H. et al (2006). UNISUR. Estudio de factibilidad. Chilpanchingo, Guerrero, México: s/e.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (31 de agosto de 2021). SCJN INVALIDA LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA POR FALTA DE CONSULTA PREVIA. Obtenido de:
Vásquez García, R. (28 de agosto de 2021) Intervención en el Taller «Interculturalidad crítica y artilugios desde el arte» del Instituto Estatal de la Cultural en Guanajuato.
Autores
* J. Fernando González Lozada. Docente en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, realiza investigación sobre los proyectos político-pedagógicos desde los movimientos sociales en Latinoamérica. Correo electrónico: geo_fer2001@yahoo.com.mx
** Paola Andrea Vargas Moreno. Docente, acompañante e investigadora en procesos educativos para pueblos indígenas a nivel superior y educación intercultural. Correo electrónico: paolakahlo@gmail.com
Imagen de portada: Foto de Carlos Salazar Mostajo que fue profesor, escritor y pintor boliviano. Es considerado como el ideólogo de la Escuela-Ayllu de Warisata, primera normal de maestros indígenas de Bolivia, fundada el 2 de agosto de 1931 en Achacachi, La Paz.
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