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Asilo y migración en la UE: cifras, hechos y el gran negocio del control migratorio en la Frontera Sur

FRONTEX y el registro de “cruces ilegales”

El último estudio del Parlamento Europeo sobre la migración recoge los datos que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) recopila sobre “los cruces ilegales de las fronteras exteriores de la UE registrados por las autoridades nacionales”.

Los datos del FRONTEX señalan que “en 2015 y 2016, se detectaron más de 2,3 millones de cruces ilegales. En 2019, el número total de cruces fronterizos ilegales en la UE se redujo a 141.846, su nivel más bajo desde 2013 y un 5% menos que en 2018″.

En el mismo informe advierten que una persona puede pasar por una frontera más de una vez, por lo que “el número de personas que vienen a Europa es en realidad menor“, aunque afirman que “en cualquier caso, los estados miembros han estado bajo una enorme presión”.

La tumba del Mediterráneo

Según el Parlamento Europeo “durante la primera mitad de 2020, un total de 23.288 personas arriesgaron sus vidas intentando llegar a Europa por mar, y se teme que alrededor de 248 personas pueden haberse ahogado en este intento”.

Las llegadas de personas migrantes al Estado español han descendido durante este 2020 casi un 40%. 11.460 personas han llegado a España en los siete primeros meses de este año, mientras que en el mismo periodo de 2019 lo hicieron 18.515, esto supone una caída del 38%.

Los datos que aporta FRONTEX recogen que casi 30.000 personas llegaron a Europa por vía marítima en 2019, frente al más de un millón en 2015. Además, reconoce que “sin embargo, la travesía por el Mediterráneo siguió siendo mortal, con 1.319 muertos o desaparecidos en 2018, frente a 2.277 el año precedente”.

“El régimen migratorio europeo deja un saldo récord de víctimas en las rutas hacia Europa, especialmente en el Mediterráneo” denuncian en su investigación porCausa. “Los dos grandes beneficiarios de este modelo son los grupos criminales de tráfico de migrantes y la Industria del Control Migratorio. Entre perdedores y vencedores, aflora una contradicción: el 13% de los trabajadores esenciales en Europa con un papel clave durante la crisis de la covid-19 son migrantes extracomunitarios, según los datos más recientes de la Comisión Europea” aseguran.

Montse Sánchez, de Caminando Fronteras, denunciaba a El Foro de Ceuta que “en las políticas de control migratorio prima la ley de extranjería y no el rescate. Ha cambiado el sistema de rescate de Salvamento Marítimo, ahora depende un mando único de la Guardia Civil que se coordina con Marruecos y hay un apagón informativo respecto a este ente. Esta serie de cambios provocan más muertes. Está llegando menos gente pero se siguen produciendo muchas muertes”.

En el último informe de la APDHA se recoge que hay un incremento en términos relativos de las personas que han fallecido intentando alcanzar España. En total, 34 personas más han muerto este año respecto a las que hubieran correspondido por volumen de llegadas de 2018″.

Cooperación con Marruecos y reactivación de la ruta de Canarias

El control del Mediterráneo y la “colaboración” con Marruecos -con el ingreso de 140 millones de euros- ha hecho posible que el reino alautia fabrique un muro anti-inmigrantes muy cerca del vallado español -finalizado antes de que España comenzase a retirar sus concertinas- y que despliegue al ejército e intensifique los controles en los bosques colindantes y las redadas violentas para trasladar a los migrantes subsaharianos hacia el sur para ser abandonados en medio del desierto.

Esta “cooperación” ha hecho que se reactive la ruta de Canarias, una ruta mucho más peligrosa y mortífera, que en los últimos días ha dejado tras de sí, dos naufragios con al menos 50 personas muertas y otras tantas desaparecidas.

El negocio del control migratorio

La Unión Europea asegura haber aumentado significativamente su financiación para las políticas de migración, asilo e integración a raíz del incremento de la afluencia de solicitantes de asilo en 2015. En las próximas negociaciones sobre el presupuesto de la UE posterior a 2020, el Parlamento solicitará financiación adicional para la migración.

Según el informe de la fundación porCausa, la UE destinará a control migratorio y de fronteras 30.829 millones entre 2021 y 2027, según su nuevo marco presupuestario. En ese periodo, la UE también consagrará 24.322 millones de financiación pública para defensa y seguridad.

“La Industria del Control Migratorio es uno de los negocios con mejor perspectiva de futuro en el territorio europeo. En la última década, una amplia red de políticos y empresarios, principalmente del sector armamentístico y la construcción, han logrado consolidar un nuevo mercado en torno a la securitización de las migraciones y la militarización de las fronteras” apunta la investigación de porCausa.

Imagen de la valla de la frontera de Serbia con Hungría / Antonio Sempere

PorCausa asegura que “los capos del negocio migratorio dejan cierto espacio a organizaciones sin ánimo de lucro, que cumplen la tarea secundaria de asistir a los migrantes, y estos aprovechan su influencia mediática y política para situar las migraciones como un problema de seguridad. La reconstrucción postcoronavirus obligará a muchos Estados a ajustar sus presupuestos, pero la industria del control migratorio no atisba nubarrones en el horizonte: la incertidumbre, el miedo y la inestabilidad social son bazas favorables para su negocio”.

El negocio de las mafias

PorCausa señala además, que “esta política de contención migratoria y blindaje fronterizo también enriquece el negocio de los grupos criminales de tráfico de migrantes y redes de trata, dentro (movimientos secundarios) y fuera de nuestras fronteras. Sus ganancias aumentan cuanto mayor es el riesgo que asumen las víctimas. Incluso en tiempos de COVID19 y de cierres y restricciones fronterizas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el nuevo escenario producirá un aumento del tráfico de migrantes que además huirán de la devastadora crisis económica y de empleo que se avecina”.

Según los últimos datos de Naciones Unidas, aportados en el informe de PorCausa, “cada año las mafias del tráfico de personas generan unos 400 millones de euros de beneficio tan solo en el Mediterráneo y 4.000 millones de euros a nivel europeo, una cifra similar al gasto de toda la UE en ayuda humanitaria”.

¿Qué piensan los europeos?

“La migración ha sido una prioridad de la UE durante años” aseguran desde el Parlamento Europeo. “Se han adoptado varias medidas para gestionar la crisis, así como para mejorar el sistema de asilo” afirman desde la institución.

Según el sondeo del Eurobarómetro de mayo de 2018, el 72% de los europeos quieren que la UE intervenga más en la gestión migratoria. La misma encuesta realizada en junio de 2019, refiere que “la inmigración fue el quinto tema que más influyó en las decisiones de voto de los ciudadanos que participaron en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado mayo, aunque el Eurobarómetro más reciente, de 2019, registró una caída de su importancia. El 34% de los europeos votó con la mirada puesta en la inmigración. Los otros asuntos que más tuvieron en cuenta fueron la economía, el cambio climático, los derechos humanos, la democracia y el futuro de Europa”.

Frontera Sur: laboratorio de proyectos antimigratorios

“España es uno de los principales mercados de esta industria, que ha convertido la frontera sur española en un laboratorio para ensayar proyectos antimigratorios que después son exportados a otros países de la región. Empezando por el uso de la ayuda al desarrollo como mecanismo de presión, un modelo que el conjunto de la UE replicó después durante la crisis de acogida de 2014. Las concertinas (cuchillas de acero) de las vallas de Ceuta y Melilla subvencionadas con fondos europeos y fabricadas por una empresa malagueña, ya coronan las vallas de varios países de los Balcanes y del norte de Europa” aseguran en su informe.

En su investigación también señalan al “éxito de los drones desplegados en el litoral atlántico español y el estrecho de Gibraltar, que ya inspira nuevos proyectos en el Mediterráneo”. Y denuncian la opacidad del Gobierno de España en lo que se refiere a los CATE, “cárceles ‘express’ para migrantes, repartidas por el sur de España y cofinanciadas por Europa y España”.

Sin embargo, “el crecimiento de la Industria no logra frenar el flujo de personas que migran: sube el número de muertos en el Mediterráneo, crece la letalidad de otras rutas migratorias y aumenta la población migrante encarcelada”.

Migrante subsahariano tras su rescate en aguas del Estrecho / Antonio Sempere

La ‘España fortaleza’

Pese a que el 77% de los migrantes irregulares que hay en España proceden de América Latina, el Gobierno central focaliza el gasto antimigratorio en la frontera sur, “la mayor parte de los 1.677 contratos públicos analizados tienen por objeto reforzar el perímetro fronterizo de España (551,3 millones de euros, el 83,5% del gasto total), especialmente en la zona del Estrecho” denuncian desde la Fundación en otro artículo publicado en el diario Público.

Según los investigadores de PorCausa, “este dato revela un patrón consolidado en el negocio antimigratorio: cada año que pasa, la política antimigratoria de España y la UE refuerza el enfoque militar y securitario, centrado en impedir la migración, en detrimento de medidas que buscan gestionarla y abrir vías seguras”.

“El despliegue y mantenimiento de barcos de vigilancia marítima y salvamento, radaresavionesdrones y modernos sistemas de reconocimiento de personas representó el 83,5% de todo el dinero que el Gobierno puso en manos de las empresas que se lucran en el negocio antimigratorio. Si se suman los gastos derivados de detener y encarcelar a los migrantes en los CIE y la reesidencia “temporal” en los CETI para después expulsarlos en deportaciones forzosas, el porcentaje aumenta al 98,3%” advierten en su publicación PorCausa y Público.

Las vallas que separan Melilla y Ceuta de Marruecos, suponen otros de los fuertes del control migratorio al que más fondos se destinan: en el año 2006, que se colocaron las concertinas, se realizó un gasto de unos 20 millones de euros, “entre 2006 y 2013, este y otros gastos de la valla sumaron un desembolso de más de 47 millones de euros del erario público” exponen en su investigación. “Buena parte de ese dinero lo ingresó Mora Salazar, la empresa malagueña que fabrica estas cuchillas y que pasó de ser una desconocida a firmar contratos con más de 20 países, principalmente de la Unión Europea. También grandes empresas del Ibex, como Indra, Dragados y Ferrovial”.

Pero el negocio no acaba ahí, según la investigación de la fundación, “al menos 45 altos cargos que estuvieron en el Gobierno en ese periodo fueron contratados después por empresas armamentísticas y de seguridad de la Industria del Control Migratorio”.

La retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, para la implementación de “medios menos cruentos y más eficaces” ha supuesto un nuevo desembolso. La empresa adjudicataria fue Tragsa y el ministerio de Grande-Marlaska destinaba al proyecto de las concertinas un total de 18 millones de euros. El paquete completo, de 32 millones, incluía otros “sistemas de protección fronteriza” que afectan a los controles del Tarajal. Entre estas medidas de “modernización” de la Frontera se encuentran el circuito de control televisión o la instalación de la “frontera inteligente“.

Fundación porCausa ha podido constatar que “desde 2014 hasta 2019 se han adjudicado 188 contratos con un valor total de 71,2 millones —sin contar los 32 millones antes mencionados— para el mantenimiento, control y vigilancia de los perímetros fronterizos terrestres en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuyo fin es impedir el paso de migrantes irregulares”.

  • En esta galería se puede ver todo el proceso de construcción del vallado marroquí con una triple sirga tridimensional de concertina, así como la retirada de las concertinas del vallado español y la sustitución por “elementos menos lesivos”
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Fuente: https://elforodeceuta.es/asilo-migracion-ue-cifras-hechos-gran-negocio-control-migratorio-frontera-sur/

¿Y los solicitantes de asilo y refugiados?

Los solicitantes de asilo son personas que presentan una petición formal de asilo en otro país porque temen que su vida esté en riesgo en su país de origen. Los refugiados son personas a las que ya se les ha reconocido oficialmente el derecho a recibir asilo por un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, política o pertenencia a un grupo social determinado. En la UE, la directiva sobre la cualificación establece las directrices para asignar protección internacional a quienes la necesitan.

“En este momento, los nacionales de terceros países deben solicitar protección en el primer país por el que acceden a la UE, de acuerdo con las reglas comunitarias de asilo. La presentación de una reclamación les convierte en solicitantes de asilo, pero solo reciben el estatuto de refugiado o una forma diferente de protección internacional una vez que las autoridades nacionales hayan tomado una decisión positiva sobre su caso” explica el Parlamento Europeo.

Sin embargo, no habla de las devoluciones en caliente -avaladas desde febrero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)- de aquellas personas que ya han pisado suelo español y que con esta práctica se les impide tener acceso a las oficinas de asilo que debe haber en frontera.

La Comisión Española de Ayudar al Refugiado (CEAR) denunciaba que es de sobra conocido “la imposibilidad de solicitar asilo en una embajada para ser trasladado a territorio español“. Cuando se conoció la sentencia del TEDH alertaban que “desde que existe esta posibilidad en la Ley de Asilo solo ha sido aplicada en casos contados y muy excepcionales. Además, las autoridades españolas no garantizan una política de visados efectiva en materia laboral, tal y como justifica la Gran Sala, lo que supone un preocupante desconocimiento de la realidad migratoria en la frontera sur europea“.

  • En esta galería se pueden ver algunas de las devoluciones en caliente producidas en los últimos años en la frontera sur

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Decisiones de asilo en la UE

En 2019 hubo 714.200 solicitudes de protección internacional en la UE, Noruega y Suiza, un 13% de las 634.700 recibidas en 2018. En 2017, hubo 728.470 solicitudes y en 2016, casi 1,3 millones.

En 2019, los países de la UE concedieron protección a casi 295.800 demandantes de asilo, frente a los 333.400 de 2018, lo que supuso una bajada de casi el 40% con respecto a 2017 (533.000). Cerca de uno de cada tres (27%) procedían de Siria, un 14% de Afganistán y un 13% de Venezuela, las principales tres nacionalidades. El número de demandantes de asilo de Venezuela aumentó casi 40 veces en 2019 comparado con el de 2018. De los 78.600 ciudadanos sirios que recibieron protección internacionaen la UE, casi el 71% la recibieron en Alemania.

En 2019 España vivió un nuevo año récord de peticiones de asilo, con un total de 118.264, más que el doble respecto a 2018. Las 5 nacionalidades con mayor número de solicitudes fueron: Venezuela (40.906), Colombia (29.369), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931) y El Salvador (4.784). De este modo, el 80% de las solicitudes fueron presentadas por personas de América Latina.

Pero, España se sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea que registra alrededor de un 30% de resoluciones favorables. Así, de un total de más de 60.000 resoluciones, se otorgó el estatuto de refugiado en 1.653 ocasiones y se ofrecieron 1.503 protecciones subsidiarias. Sin embargo, cabe destacar como un claro avance respecto a periodos anteriores, la concesión de 39.776 permisos por razones humanitarias.

Estrella Galán, directora de CEAR, denuncia que “resulta indefendible que España imponga obstáculos como el visado de tránsito a quienes que huyen de países que viven graves conflictos y no tengan otra forma de solicitar asilo en nuestro país que arriesgando sus vidas poniéndolas en manos de traficantes de personas“.

“La política de visados impuesta por España está determinando el perfil de los solicitantes de asilo en nuestro país, dificultando enormemente la llegada de nacionales de Siria, Yemen o Palestina, entre otros, al imponerles un visado de tránsito. De este modo, estas decisiones se convierten en la práctica en una herramienta selectiva de control de fronteras“, denunció Galán.

  • En las imágenes se muestran personas de diversas nacionalidades con la “tarjeta roja” de solicitud de asilo protestando en el CETI y en la Delegación del Gobierno para poder salir de Ceuta

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Refugiados en el mundo

Según los datos aportados por Europa, en todo el mundo, el número de personas que huyen de la persecución, el conflicto y la violencia ha alcanzado los 79,5 millones por primera vez. Eso equivaldría a que casi toda la población de Alemania fueran expulsadas de sus hogares. Los niños representan aproximadamente el 40% de la población refugiada del mundo.

Los países que acogen al mayor número de refugiados son Turquía, Colombia, Pakistán, Uganda y Alemania. Solo el 15% de los refugiados de todo el  mundo se alojan en países desarrollados.

Fuente: https://elforodeceuta.es/asilo-migracion-ue-cifras-hechos-gran-negocio-control-migratorio-frontera-sur/
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México: Buscan 13 estados controlar educación sexual

Partidos y organizaciones sociales quieren implementar en 13 estados del país el “pin parental”, un mecanismo con el que los padres pretenden autorizar los contenidos que se enseñan en las escuelas.

Partidos políticos y organizaciones sociales de al menos 13 estados de la República han propuesto reformar leyes educativas para crear un “pin parental”, con el objetivo de que los padres de familia autoricen los contenidos que se enseñan en las escuelas y, con ello, limitar temas como la igualdad de género, la salud sexual y reproductiva.

Aunque la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales se pronunciaron en contra del pin parental, cada vez son más los estados donde se aviva la discusión en torno a este tema.

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Puebla, Aguascalientes y Nuevo León son las entidades donde los partidos Encuentro Social (PES) y Acción Nacional (PAN) han promovido la intervención de los padres en los contenidos educativos.

En el caso de Nuevo León, la iniciativa del pin parental fue votada y rechazada en el Congreso estatal, mientras que en Aguascalientes la Comisión de Derechos Humanos local impugnó las reformas educativas que ya habían sido publicadas en el Periódico Oficial.


Conservatives seek to implement parental veto over sex education in 13 states

Conservatives seek to implement parental veto over sex education in 13 states

Por otra parte, en Baja California, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán asociaciones como el Frente Nacional por la Familia ejercen presión para que los Congresos estatales incluyan el tema en sus agendas.

Especialistas alertaron que permitir a los padres o tutores aprobar los contenidos que se dan en las escuelas provocaría que sectores conservadores rechacen los temas de igualdad de género, salud sexual y reproductiva, lo cual podría derivar en un aumento de la violencia contra las mujeres, embarazos infantiles, abuso sexual de menores y homofobia.

Retroceso

“El pin parental sería un retroceso para la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política y las diferentes leyes que tenemos donde se expresa que los niños y adolescentes no son propiedad de los padres.

“Este tipo de iniciativas ponen a los menores como objetos de sus papás y ese es un retroceso de décadas”, criticó José Lugo Rodríguez, coordinador de Incidencia Política de Protección a la Niñez de la organización Save The Children México.

El experto aseveró que la sexualidad sigue siendo un tabú en la sociedad mexicana, por lo que la escuela se ha convertido en un espacio ideal para que los infantes aprendan sobre este tema.

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La sexualidad aún es tabú en la sociedad mexicana, afirma experto.
“Si eliminamos la posibilidad de que los niños puedan conocer este tema desde el punto de vista científico, que en las escuelas puedan dialogar, realmente podríamos poner en riesgo a nuestros niños, porque no somos un país donde hablemos de esto con naturalidad en nuestras casas”, advirtió el especialista.

Las consecuencias de eliminar la educación sexual y de género en las escuelas no sería poca cosa: aunque ha habido una tendencia a la baja durante los últimos años, en 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró 154 mil 299 embarazos de niñas y adolescentes.

Con respecto a la violencia de género, la cifra de 10 asesinatos de mujeres al día sigue vigente a pesar de las estrategias implementadas por el gobierno federal para contener el problema.

En cuanto al abuso sexual infantil, las autoridades no tienen una cifra específica para medir este delito, y sobre la homofobia el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registró 65 asesinatos de integrantes de esta comunidad en 2019.

Oportunismo político

El pin parental no es un proyecto surgido de la nada, tiene sus raíces en el partido político español VOX, que propuso que los padres tengan información previa sobre cualquier actividad que involucre cuestiones sobre identidad de género, feminismo o diversidad.

El objetivo es que los responsables de los menores, con base en “cuestiones morales” y creencias, decidan si los niños pueden realizar esas actividades.

Teniendo en cuenta los antecedentes políticos, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), no dudó en que el PES y el PAN puedan utilizar esta iniciativa con miras a las elecciones de 2021, cuando se disputarán 15 gubernaturas, 30 Congresos estatales, casi 2 mil municipios y se renovará la Cámara de Diputados.

“El pin parental es un pretexto para confrontarse con las instituciones del gobierno mexicano, para hacer visibles sus cuestionamientos homofóbicos, misóginos y adultocéntricos porque en nuestro país hay mucha gente que piensa así. Este es un método que utilizó VOX para ganar electores”, declaró Juan Martín Pérez.

El experto equiparó el pin parental con otras propuestas que en su momento lanzó el Partido Verde Ecologista, como la pena de muerte, y que le sirvieron para conseguir votantes que a la postre eran de utilidad para su aliado favorito: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“México es un terreno fértil para las propuestas antiderechos por la fragilidad institucional, por los altos niveles de impunidad y por la polarización que hay en estos momentos. Así como vemos a estos grupos antiderechos esforzándose para lograr visibilidad y ganar electores, seguramente vamos a ver a otros grupos con la misma estrategia”, aseveró Juan Martín Pérez.

Para que el pin parental no sea aprobado en las entidades federativas, la semana pasada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un llamado a la CNDH para que interponga acciones de inconstitucionalidad contra las iniciativas estatales en la Suprema Corte.

El Legislativo federal coincidió en que esta propuesta viola derechos humanos de los menores de edad, entre ellos el acceso a la salud sexual y reproductiva. Y aunque esta crítica se replica desde distintos frentes, grupos conservadores han optado por no escuchar y seguir con su agenda.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/buscan-13-estados-controlar-educacion-sexual

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Estados Unidos: «No quiero ir a la escuela y contagiarme de covid»: algunos niños están asustados mientras los adultos debaten sobre los riesgos de reabrir los centros educativos

Nota del editor: La Dra. Edith Bracho-Sanchez es pediatra de atención primaria, directora de telemedicina pediátrica y profesora asistente de pediatría en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia.

(CNN) — Los maestros y los padres que actualmente están sopesando sus opciones cuando se trata de las reaperturas escolares en medio de una pandemia mortal pueden tener un desafío adicional por delante: que los niños teman regresar a la escuela.

Para algunos niños, las restricciones, lo que han escuchado en las noticias y su propia experiencia personal con el covid-19 han hecho que el mundo exterior se sienta como un lugar peligroso.

«Él es diferente ahora, puedo ver eso», dijo Rose Israel, cuyo hijo de 6 años Jeremiah Israel-James se ha negado a salir a la calle en las últimas semanas. En la rara ocasión en que Jeremiah acepta abandonar su hogar en East Harlem, primero debe mirar por la ventana, declarándolo seguro cuando «no hay mucha gente afuera».

Los CDC emiten nueva guía para reabrir las escuelas 0:39

Una vez fuera, Jeremiah quiere volver a entrar lo más rápido posible. «Antes, cuando estaba afuera, quería explorar, quería ver, ahora todo es ‘Regresemos, mamá’», agregó Israel.

«No hay duda de que esta ha sido una experiencia extremadamente estresante y en cierto modo traumática para muchos de nosotros», dijo la Dra. Barbara Robles-Ramamurthy, psiquiatra de niños y adolescentes del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio, UT Health San Antonio.

«Creo que la falta de información, la información errónea, la incertidumbre de cómo se verán las cosas en los próximos meses del año escolar es extremadamente estresante y difícil de manejar para las familias», agregó.

Durante estos meses de aislamiento, Robles-Ramamurthy ha estado alentando a los padres para que saquen a sus hijos mientras guardan el distanciamiento físico y usan máscaras. «[Los niños] necesitan ver los cielos azules y las nubes blancas y los árboles verdes y otros niños riéndose y jugando. Necesitamos esas experiencias cotidianas».

Pero el miedo a contraer covid-19 y la incapacidad de distanciarse adecuadamente una vez afuera ha mantenido a muchas familias adentro por períodos prolongados de tiempo, y algunos niños temen cada vez más al mundo exterior.

«¿Qué pasa con la escuela? Tienes que ir a la escuela», le preguntó Israel a su hijo. «No mamá, no quiero ir a la escuela, no voy a la escuela, me matará. No quiero morir», respondió Jeremiah.

Estados Unidos: medidas para poder reabrir las escuelas 0:49

Los niños luchan con la ansiedad

Jeremiah, como muchos niños, está luchando con ansiedad por el próximo año escolar, explicó Robles-Ramamurthy. «He estado escuchando a los niños decir cosas como ‘No quiero ir a la escuela y contraer coronavirus‘», dijo.

No ayuda que las decisiones sobre las aperturas escolares varíen según el estado e incluso por el distrito escolar, y algunos tengan clases por internet este otoño (boreal), que otras escuelas propongan un modelo híbrido de educación presencial y virtual, y algunas tratarán de comenzar con clases presenciales. Y, por supuesto, eso podría cambiar si aumentan las tasas de infección.

Para algunos niños puede ser más fácil hacer la transición a la educación en persona, dijo la Dra. Neha Chaudhary, psiquiatra de niños y adolescentes en el Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard y cofundadora de Stanford Brainstorm.

«Incluso podrían estar emocionados de volver a la escuela y ver a sus amigos y volver a ese ambiente», dijo.

Pero para otros, especialmente aquellos que ya luchan con la ansiedad, la transición de regreso será difícil, agregó.

Niños como Jeremiah también traerán a la escuela una capa adicional de experiencia personal con el covid-19. En su caso, tanto su abuela como su tía, que viven en la misma casa de la ciudad de Nueva York, contrajeron casos graves de covid-19.

«Cada vez que mi madre sentía que no podía respirar, Jeremiah siempre estaba allí», dijo Israel. «Él dijo ‘Quiero ver, quiero ver qué está pasando, mamá’. Ya sabes, la ama, y fue entonces cuando comenzó a entender más sobre el covid», agregó.

Los diferentes niveles de miedo, ansiedad y experiencias personales de los niños con covid-19 pueden en última instancia dificultar el aprendizaje este periodo escolar.

«Cuando un niño está ansioso o temeroso, las partes de su cerebro responsables de la atención, el pensamiento y el aprendizaje simplemente no pueden funcionar tan bien», dijo Chaudhary.

«Los maestros pueden encontrar que algunos niños están más distraídos, aparentemente desconectados, no entienden el material tan fácilmente, o incluso ver que se molestan fácilmente o están más reactivos emocionalmente», agregó.

Tanto Chaudhary como Robles-Ramamurthy reconocieron la enorme tarea que les espera tanto a los maestros como a los padres, y aún así tienen esperanzas para este otoño, haciendo hincapié en la capacidad de recuperación y la capacidad de los niños para adaptarse a las circunstancias cambiantes.

«Los niños suelen ser más propensos a aceptar nuevas normas con gracia que los adultos, siempre y cuando les ayudemos a superar los obstáculos en el camino», dijo Chaudhary. «Y eso significa apoyar a los maestros para que puedan apoyar a nuestros hijos», dijo.

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2020/07/28/algunos-ninos-estan-asustados-mientras-los-adultos-debaten-sobre-los-riesgos-de-reabrir-los-centros-educativos/

 

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El debate de la ‘vuelta al cole’ en Estados Unidos se convierte en un barrizal político

América del norte/Estados Unidos/13 Agosto 2020/elpais.com

Las vacaciones terminan sin un consenso nacional sobre el regreso o no a las aulas, tras una primavera de clases virtuales que ahondaron las desigualdades, y el debate se tiñe de batalla electoral

Condado de Montgomery, Maryland, uno de los 13.506 distritos escolares en los que se divide Estados Unidos. Después de más de un mes debatiendo, consultando a padres, profesores y profesionales médicos, la autoridad educativa decide que los colegios públicos cerrarán y todas las clases serán virtuales. Los centros privados, en cambio, se disponen a abrir. Semanas después la autoridad del condado les dice que no pueden. El gobernador del Estado le corrige y dice que sí pueden abrir. Las instrucciones confusas, las tensiones, se repiten por todo el país. “¡Los colegios deben abrir en otoño!”, tuitea el presidente Trump, desesperado por cualquier señal que indique un regreso a la normalidad en un país devastado, económica y socialmente, por la pandemia. El Congreso, atascado en la negociación de un segundo paquete de rescate a la economía, no aprueba los fondos que legisladores de uno y otro partido coinciden en que son necesarios para la reapertura segura de las aulas. Los Centros de Control de Enfermades (CDC) urgen a abrir, entre acusaciones de haber sucumbido a las presiones de la Casa Blanca. Anthony Fauci, prestigioso epidemiólogo del equipo de trabajo del coronavirus en el Gobierno, defiende que la opción por defecto debe ser abrir las aulas. El secretario general de la ONU defiende que cerrar los colegios puede causar “una catástrofe generacional”. La mayoría de los padres dice que prefiere que sus hijos vuelvan a clase, pero a medias. Y el arranque del curso escolar en Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia del coronavirus, se hunde en un barrizal de campeonato.

Las vacaciones de verano terminan sin nada parecido a un consenso nacional sobre cómo afrontar el inicio del curso escolar en medio de la pandemia, y la ansiedad crece en las familias. El equilibrio entre los riesgos del coronavirus y el impacto académico, económico y social de mantener las escuelas cerradas se ha convertido en el último gran tema que polariza al país y, con elecciones presidenciales en noviembre, se ha ensuciado rápidamente con tintes políticos.

Se supo cómo cerrar las aulas, pero nadie parece tener idea de cómo abrirlas. El curso ha empezado ya en algunas partes del país y en otros muchos distritos aún no se ha tomado la decisión final sobre cómo hacerlo. En el condado de Cherokee, en Georgia, la semana pasada abrieron los colegios y se detectaron 13 casos de covid entre los alumnos, lo que obligó a imponer cuarentenas a más de 300 menores. “Nuestros padres querían una elección para sus hijos, y se la ofrecimos. No es perfecta, y lo sabemos, pero la perfección no es posible en una pandemia”, resumía el viernes la autoridad escolar en un mensaje a la comunidad.

Hasta la fecha, de los 20 mayores distritos escolares de enseñanza primaria y secundaria, 17 planean abrir solo en modo remoto, según un estudio de Education Week, un sitio independiente de noticias de educación. Pero la ciudad de Nueva York, que constituye de lejos el distrito más grande del país con más de un millón de alumnos, anunció la semana pasada que planea un sistema híbrido.

La enseñanza remota abre una brecha social evidente. Las familias con más recursos buscan profesores particulares para sus pequeños o los trasladan a centros privados; las más pobres se preocupan por cómo podrán seguir sus hijos las clases online, quién se quedará con ellos en casa y cómo podrán alimentarlos sin las comidas escolares. “La ausencia de opciones educativas presenciales perjudica desproporcionadamente a los niños con pocos ingresos, a los pertenecientes a minorías y a aquellos con discapacidades”, reconocían los CDC en un informe de finales de julio.

Otra brecha se abre entre distritos rurales y urbanos: el 55% de los segundos, frente al 4% de los primeros, planea empezar las clases de manera enteramente virtual. También hay contrastes de color político: las escuelas en territorios republicanos tienden más a abrir sus aulas, y las de territorios demócratas tienden a optar por fórmulas no presenciales. De 153 distritos en los que ganó Hillary Clinton en 2016, contemplados en el estudio de Education Week, el 67% planea un arranque de curso enteramente virtual. De los 307 distritos estudiados en los que ganó Trump, el 58% planea abrir entera o parcialmente las aulas.

“Todos los colegios pueden abrir. Si alguien puede hacerlo, somos nosotros, que tenemos la mejor tasa de infecciones del país”, dijo el demócrata Andrew Cumo, gobernador del Estado de Nueva York, que fue el más golpeado por la pandemia pero ahora presenta una tasa de pruebas positivas respecto a las totales del 1%. La Organización Mundial de la Salud recomienda abrir los colegios en distritos que registren una tasa menor del 5% durante dos semanas, y ese es el umbral que han adoptado muchos distritos escolares. Pero los gobernadores de otros Estados, como los republicanos Ron DeSantis y Greg Abbot, de Florida y Texas, han ido más allá y han animado a los colegios a abrir aunque la pandemia siga sin controlarse.

Ante las tres opciones disponibles, según un sondeo de The Washington Post llevado a cabo entre el 24 y el 31 de julio, el 44% de los padres prefiere que sus escuelas ofrezcan una mezcla de clases online y presenciales; el 39% prefiere todo virtual, y el 16% elige todo presencial. Los sindicatos de maestros insisten en que no es seguro abrir las aulas y el segundo más grande del país, la Federación Estadounidense de Profesores, ha publicado una resolución de apoyo a eventuales huelgas contra órdenes de volver a las aulas.

Las presiones de Trump y su Administración, cuya sintonía con la comunidad de educadores es escasa, ha endurecido la resistencia de muchos profesores a volver a las aulas. Pero crece también la presión a los sindicatos desde otros frentes: todos saben que la reactivación de la economía y la vuelta al trabajo requerirán que el sistema escolar funcione. A nadie se le escapa tampoco que la experiencia esta primavera con la enseñanza remota ha estado lejos de ser satisfactoria para muchas familias y ha profundizado las desigualdades sociales y económicas. Y en un verano que muchos centros han dedicado a diseñar la reapertura de las clases o sistemas híbridos, muchos señalan que se ha hecho poco por mejorar la calidad de la enseñanza online para este nuevo curso

Fuente: https://elpais.com/educacion/2020-08-10/el-debate-de-la-vuelta-al-cole-en-estados-unidos-se-convierte-en-un-barrizal-politico.html

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Las invasiones bárbaras

Por: Daniel Seixo

 

«No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder

Benjamin Franklin

«El primer día derogaremos el Obamacare. El Obamacare es un gran problema de los demócratas y nosotros vamos a resolver ese problema«

«Lo tenemos bajo control«

Donald Trump

«Sabed que vuestros pueblos os juzgarán por lo que podéis construir, no por lo que destruyáis.«

Barack Obama

Mientras el presidente Trump prepara el terreno y el clima social de cara a las próximas elecciones presidenciales y los Demócratas continúan enfrascados en sus propias dinámicas internas, intentando transformar definitivamente el mermado sistema político estadounidense en un mero juego de popularidad y engaños, la abnegada comunidad científica que a duras penas logra sobrevivir, intentando asesorar al Gobierno de Estados Unidos durante la gestión de esta crisis sanitaria motivada por el Covid-19, se empaña una vez más en repetir para todo aquel que lo quiera escuchar el alarmante mensaje de que el coronavirus se encuentra hoy mucho más extendido en el país de lo que estuvo en los meses pasados. Con cerca 1,9 millones de positivos y 25.000 muertos durante el mes de julio, casi el doble que las cifras oficiales de los últimos meses, el total de infectados en el país se sitúa en la actualidad en los 4.700.000 con un balance total de 150.000 fallecidos. Unas cifras realmente crudas que evidencian la incapacidad del Imperio estadounidense para lograr hacer frente a los efectos de la pandemia entre su propia población.

Tal y como señala la doctora Deborah Birx, coordinadora médica del equipo de la Casa Blanca, el coronavirus continua hoy expandiéndose sin control tanto por las áreas rurales como urbanas del país, todo en medio de una contracción histórica de la economía nacional durante el segundo trimestre del año, fruto de los efectos de la pandemia en el consumo y la actividad de las empresas. La situación actual de Estados Unidos puede calificarse sin temor a equivocarnos de total y absoluto descontrol, al tiempo que la propagación del virus parece imparable entre protestas sociales, un consumo desmedido y desplazamientos generalizados por todo territorio nacional sin respeto alguno por las más básicas medidas de distanciamiento social. La cifra de desocupación alcanzaba la semana del 25 de julio los 1,43 millones de estadounidenses desempleados, un incremento de cerca de 12.000 personas respecto a la semana anterior. Sin la posibilidad real de una vacuna en un lapso de tiempo cercano más allá de las especulaciones en bolsa y con un panorama empresarial y económico realmente complicado, las colas del hambre en torno a los bancos de alimentos y la amenaza de un nuevo confinamiento, parecen ubicar a la administración Trump y al propio modelo estadounidense al borde del abismo.

El sistema de seguros médicos privado en Estados Unidos ha demostrado ser costoso e ineficiente, el país que más gasta en sanidad, cerca del 17% del PIB, se encuentra actualmente atrapado e un modelo que apenas satisface al 21% de la población

La situación de crisis sistémica potenciada por los efectos del Covid-19, afecta especialmente a un país que alberga a cerca de 40 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza y con aproximadamente la mitad de los trabajadores inmersos de lleno en un mercado laboral deteriorado y de bajos ingresos, en el que solo el 40% de los estadounidenses declara poder hacer frente a un gasto imprevisto de apenas 400 dólares, sin tener por ello que recurrir a la venta de alguna propiedad o a pedir dinero prestado. Con pérdidas generalizadas y sostenidas en el tiempo durante las últimas décadas de los ingresos reales de la clase trabajadora y con un panorama inmediato de profunda recesión económica fruto de los efectos del coronavirus, la ausencia de un sistema de salud pública en los Estados Unidos dibuja la respuesta política y social a esta crisis no tanto como un asunto de derecho a la vida y a la salud garantizado por el estado, sino como una cuestión meramente mercantilista de carácter individual en su respuesta. Mientras una minoría social ve totalmente garantizado su acceso a servicios sanitarios de calidad gracias a lograr costear las elevadas cuotas que exigen las compañías aseguradoras, el conjunto de la depauperada clase obrera estadounidense se enfrenta durante esta pandemia a la espada de Damocles que los acorrala a diario entre la amenaza de un contagio casi asegurado o el desempleo y la ruina. En un país en el que la cobertura sanitaria depende de la actividad laboral, eso supone sin lugar a dudas una condena al fracaso para el proyecto vital de gran parte del proletariado estadounidense.

Desde el acceso a los tests, hasta el más mínimo ingreso hospitalario, la profunda desigualdad del sistema y los efectos del coronavirus sobre el mismo, vienen en este contexto a depauperar los ya de por sí pobres índices de salud de un Imperio militar, económico, pero quizás no social o sanitario. Actualmente la esperanza de vida de los estadounidenses se encuentra situada en los 79,2 años, ubicándose así en el puesto número 40 de mundo, claramente por detrás del conjunto de naciones desarrolladas y muy lejos de los cerca de 83 años en los que se encuentra la esperanza de vida en nuestro país. Pero hay más, analizando en detalle los datos de un estudio del Centro Nacional sobre Pobreza de Estados Unidos (NPC) podemos ver como las diferencias sociales en el país son llamativas, mientras un hombre blanco con estudios universitarios sitúa su esperanza de vida cerca de los 80 años, un afroamericano con escasa formación, apenas llegaría a los 66 años. Otros datos complementarios en este análisis del marco social estadounidense como la mortalidad infantil o la mortalidad materna, evidencian claramente la actuación disfuncional del sistema sanitario de este país sobre la salud de su población. Con cerca de 5,7 muertes por cada 1.000 nacimientos y 26,5 muertes maternas en el año 2015 por cada mil nacimientos, Estados Unidos se ve de nuevo sobrepasado en estos indicadores por el conjunto de los países ricos, llegando incluso a ser superado en el primer indicador por países como Bosnia Herzegovina y Croacia y mostrando tendencias claramente contrarias a la evolución global en el caso de la mortalidad materna.

Actualmente cerca de 27,5 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, lo que significa que cerca del 8,5% de la población carece de cualquier tipo de asistencia sanitaria de calidad

En medio de una situación de clara crisis sanitaria global, los cuidados hospitalarios, los medicamentos o las operaciones, suponen un gasto difícilmente asumible para millones de estadounidenses. Mientras las empresas mejor situadas suelen correr con los gastos del seguro médico de sus empleados, muchas otras no lo hacen o simplemente suelen ofrecer coberturas muy limitadas. Esta vinculación entre vida laboral y cobertura sanitaria, explicaría perfectamente la profunda brecha en el acceso a los cuidados sanitarios entre las diferentes clases sociales en Estados Unidos y su reflejo en los indicadores generales del país. Una sola noche de hospitalización en EE. UU. puede elevar una factura médica a cerca de 5.220 dólares, frente a los 424 que costaría en España, mientras que el precio de una operación de apéndice variaría entre los 16.000 dólares que pagaría un estadounidense a los apenas 2.000 que podría costar en el caso de un hospital español. No se trata únicamente de la inversión individual en servicios médicos tal y como señalan repetidamente muchos economistas liberales, sino del propio concepto de la sanidad, entendida esta como un bien común o como un lucrativo negocio. España se encuentra entre los países que menor porcentaje de la renta dedica a su sistema público de salud, unos 1.500 euros al año pero cápita, frente a los cerca de 9.000 dólares al año que dedica cada estadounidense, pero mientras el gasto sanitario del país norteamericano no cesa de aumentar y su atención es claramente deficiente para una mayoría social, el sistema público español se encuentra, pese a las continuas oleadas recientes de austeridad impuestas por el modelo neoliberal, entre los más eficientes y mejor valorados del mundo.

Cerca del 57% de los habitantes de Estados Unidos aseguran haberse llevado en algún momento de su vida una sorpresa con una factura médica que aparentemente cubría su compañía de seguros y quizás precisamente debido a eso, los estadounidenses acuden aproximadamente la mitad que los españoles al médico, una media de 4,1 visitas al año. Facturas de 126.000 dólares por un ingreso hospitalario de 4 días tras un accidente de moto, 47.000 dólares por servicios varios como laboratorio, anestesista, fisioterapia, rehabilitación, 60.000 dólares en servicios médicos esenciales como un escáner o una radiografía tras un accidente de coche, 11.000 dólares tras el traslado al hospital en ambulancia y una estancia de penas dos días o directamente 407.000 dólares por una estancia hospitalaria de algo más de dos meses. Analizar este contexto social en medio de un aumento significativo de casos de Covid-19 -una enfermedad que en muchos casos requiere intensos y prolongados cuidados hospitalarios- y con una crisis económica acuciante que afecta progresivamente a sectores más amplios de la población, supone hablar de un marco sanitario en el que el virus y una economía depredadora se unen mano a mano para poner en riesgo la vida de millones de personas, ante el nulo papel de un estado ciertamente inexistente que únicamente observa como las compañías de seguros negocian sus propias tarifas con médicos y hospitales, incluso caso por caso, para tratar al paciente como un cliente que en gran parte de los casos rematará teniendo que asumir una parte importante del coste de sus tratamientos, incluso cuando creía tener una cobertura sanitaria suficiente. Este es el caso de Malcol Bird: en 2016 un hospital en Connecticut le reclamó algo más de 600 dólares por haberle puesto una venda a su hija de un año tras haber sufrido un corte en el dedo mientras le cortaban las uñas. Cerca de 7 dólares por lavar la herida y una tirita y 622 dólares por el servicio médico y el uso de las instalaciones del hospital.

Estas elevadas cifras en las facturas médicas no son casos aislados en un sistema sanitario que funciona en su foro interno como un gran sistema especulativo al rededor de la salud de los pacientes o directamente jugando con la salud de los mismos: 1.000 dólares por una resonancia magnética, 300 dólares por una mamografía, 300.000 por una fractura de cráneo con hemorragia cerebral o 9.000 por un traslado en helicóptero. Una consulta medica en Estados Unidos ronda los 100 dólares en un médico de cabecera, 300 en un especialista y 700 dólares si además de la misma necesitamos un análisis de sangre. Estados Unidos es en esencia el país ideal para terminar arruinado por el costo de las facturas médicas.

Sin embargo el gobierno estadounidense no se muestra en absoluto capaz de garantizar la calidad de su sistema de salud pese al alto costo del mismo. No deberíamos olvidar que tras el cáncer y las enfermedades cardíacas, la tercera causa de muerte el país se debe precisamente a los errores médicos. Cerca de 250 mil personas al año mueren en Estados Unidos debido a esta causa, superando con creces los fallecimientos debidos a accidentes o infartos. Pero incluso con estas alarmantes cifras, la mala praxis o directamente la negligencia médica, no siempre conllevan automáticamente la suspensión del ejercicio profesional de sus responsables, sino que en gran parte de los casos los mismos son únicamente sometidos a largos procesos disciplinarios durante los cuales los médicos afectados por la investigación podrán seguir ejerciendo su profesión a la espera de que los Consejos Médicos de los estados en los que ejercen resuelvan las demandas. Miles de médicos estadounidenses ejercen su profesión pese a estar sometidos a investigaciones por abuso de drogas, acoso sexual, negligencias graves o incluso a cometer errores letales. Por estrambótico que parezca, la figura del Dr. Nick Riviera de Los Simpson, es un reflejo de una situación real de una parte del sistema sanitario estadounidense. En el caso del FBI contra el doctor Farid Fata, se demostró que al menos 553 personas habían sido falsamente diagnosticadas con cáncer y sometidas a caros y agresivos tratamientos médicos, por los que el doctor Fata llegó a presentar facturas equivalentes a 225.000.000 dólares al Medicare, el sistema de seguro de salud estatal de Estados Unidos. Largos y dolorosos procesos de quimioterapia aplicados a personas sanas, únicamente como forma de enriquecerse a costa de la salud de sus pacientes. Una estafa posible bajo el paraguas de un sistema de salud privado y depredador.

El 40% de las personas que están muriéndose debido a una enfermedad terminal en Estados Unidos, aseguran tener serias preocupaciones acerca de las facturas médicas y sobre como sus familias podrán hacer frente a las mismas

En la otra cara de la moneda, una enfermedad como la diabetis, fácilmente controlable y tratada con cambios en el estilo de vida y una buena dieta, supone a día de hoy una amenaza sanitaria creciente en un país en el que al menos el 72% de los adultos admite no consumir las suficientes frutas o vegetales y opta directamente por la comida rápida, llegando a consumirla incluso cuatro veces por semana, en muchas ocasiones debido a lo accesible de su precio frente a otras alternativas más saludables. Solo en California entre 2011 y 2017, los médicos llegaron a realizar más de 82.000 amputaciones diabéticas. Un procedimiento drástico e irreversible que ejemplifica claramente las consecuencias de ser pobre y carecer de seguro médico en Estados Unidos. Atendiendo a un estudio de 2015, los pacientes que sufren diabetes en comunidades que se sitúan en el nivel más bajo de la base de ingresos, tuvieron casi un 39% más de probabilidades de sufrir amputaciones severas en comparación con los que viven en comunidades de mayores ingresos. Las personas de raza negra o latinas tienen en la actualidad más del doble de probabilidades que los blancos de sufrir amputaciones relacionadas con la diabetes, lo que en muchos casos supone una incapacidad directa para continuar de manera efectiva en un mercado laboral cada vez más deteriorado.

La cosa es simple: sin trabajo, no hay seguro. Actualmente cerca de 27,5 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, lo que significa que cerca del 8,5% de la población carece de cualquier tipo de asistencia sanitaria de calidad. Si triunfase el llamado «Trumpcare», la propuesta republicana para derogar y sustituir el Obamacare, esta cifra se elevaría en 14 millones de estadounidenses sin cobertura médica en el país durante el próximo año y cerca de 24 millones de cara al 2026. En una sola década, el número de habitantes sin cobertura médica podría llegar a situarse en Estados Unidos en 52 millones de personas. En contraprestación, la administración Trump podría reducir el déficit federal en cerca de 337.000 millones de dólares, una suculenta mordida económica con total seguridad destinada a los peces gordos de Wall Street y a una lluvia de fuego y destrucción sobre algún país soberano en forma de jugosos beneficios para la industria del armamento.

Debemos apuntar llegados a este punto que para los ciudadanos más depauperados de Estados Unidos existe un programa destinado a asistirlos con los gastos derivados de su atención médica, llamado Medicaid. Actualmente se encuentran inscritos en este programa unos 75 millones de personas, que ven como mediante servicios puntuales se cubren sus necesidades sanitarias. Pero el Medicaid únicamente se dirige a reducir los costes sanitarios, no a propiciar una atención gratuita. No es extraño por tanto encontrarse a familias que directamente recurren al crowfunding como la alternativa más directa de cara a intentar evitar la ruina que puede suponer una enfermedad en los Estados Unidos. La caridad individual como sustituto del papel que debería jugar el estado a la hora de aportarnos la atención médica que necesitamos. La más mínima visita a un hospital puede llegar a suponer una factura de cientos de dólares para aquellos que se encuentran sin cobertura sanitaria. Pese a que la ley de Estados Unidos exige que las personas que tienen una emergencia médica puedan obtener la atención que necesitan, independientemente de su capacidad de pago, la acuciante crisis económica y la seguridad de que las facturas médicas terminarán por llamar a la puerta de los pacientes, hace que el 57% de los trabajadores estadounidenses acudan a trabajar mientras están enfermos y que cerca del 33% lo haga de forma habitual. Una situación social que si bien supone una auténtica locura en condiciones normales, apunta directamente al desastre más absoluto en medio de la crisis sanitaria derivada del coronavirus.

La situación de crisis sistémica potenciada por los efectos del Covid-19, afecta especialmente a un país que alberga a cerca de 40 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza

Cerca de 45.000 personas mueren cada año en Estados Unidos debido a la falta de una correcta atención médica y el riesgo de morir aumenta en torno a un 40% entre quienes carecen de un seguro de salud. No se trata de una decisión individual o de un riesgo que corran personas irresponsables, se trata directamente de pobreza y de su efecto sobre la salud de las personas. Los gastos médicos suponen una de las principales causas de pobreza entre los estadounidenses y provocan que cada año miles de ciudadanos tengan que declararse en banca rota. Incluso entre quienes tienen un seguro médico, cerca de 500.000 personas deben declararse insolventes cada año debido a deudas relacionadas con sus enfermedades. Una deuda médica total de cerca de 81.000 millones de dólares que afecta a uno de cada seis estadounidenses. Una situación social límite que no hace sino empeorar con los años, si entre el año 2000 y 2006 la inflación en el país subió un 3,5% y los salarios de los estadounidenses aumentaron en un 3,8%, las primas de los seguros médicos lo hicieron a su vez en un 87%.

El simple hecho de adquirir un medicamento puede llegar a costar para un estadounidense miles de dólares mensuales pese a contar con un seguro, mientras un tratamiento con insulina cuesta entre 5 y 10 euros en España y es cubierto por la Seguridad Social, en Estados Unidos su precio se puede disparar a los 200-300 euros al mes con un seguro médico y hasta los 800-1200 euros para aquellas personas que carecen del mismo. Esto convierte el acceso a medicamentos básicos en un problema de primer orden de salud pública. En el caso del cáncer, el 42% de los estadounidenses que padecen esta enfermedad se dejan en facturas médicas durante los dos primeros años de tratamiento los ahorros de toda su vida. De nuevo un personaje de ficción como Walter White de Breaking Bad, retrata bajo toda la locura de su trama la realidad asfixiante de miles de ciudadanos en Estados Unidos. No en vano, un cáncer de vejiga puede llegar a suponer cerca de 21.000 dólares, frente a los más de 100.000 de tratamientos relativos a las últimas etapas de los tipos de cáncer más complicados.

El 59,7% de los estadounidenses obtiene directamente el acceso a su seguro médico por la empresa en la que trabaja, un 27% por ciento a través de programas del gobierno como Medicaid –destinados a gente con bajos ingresos– y Medicare –para mayores de 65 años– y solo un 9,1% lo hacen a través de seguros contratados de forma individual. Pero todos ellos, sin excepción, se ven inmersos en un bazar sanitario en el que las 10 compañías más importantes controlan el 70% de todo el mercado de los seguros sanitarios en Estados Unidos. Un sistema enormemente rentable para estas compañías cuyos beneficios superan ampliamente los 10.000 millones de dólares. Quizás por ello, sus directores se encuentran entre los profesionales estadounidenses mejor pagados con un promedio de 12 millones de dólares al año. Las compañías basan sus beneficios en la pura lógica mercantil y por ello estos directores funcionan como ejecutivos de una empresa y no como médicos, sus tareas principales se basan en seleccionar a pacientes con mayores necesidades médicas, especialmente los crónicos, eliminar a las personas que requieren cuidados costosos y reducir en la medida de lo posible la cobertura sanitaria prestada, aumentando los copagos. No en vano, el 40% de las personas que están muriéndose debido a una enfermedad terminal en Estados Unidos, aseguran tener serias preocupaciones acerca de las facturas médicas y sobre como sus familias podrán hacer frente a las mismas. Todo ello a pesar de que la mayoría tiene un seguro médico. Pero esto no es todo, tu edad, tu estado de salud y tu profesión, pueden suponer factores decisivos para que se te niegue un seguro de salud en Estados Unidos. Un modelo sanitario que en la práctica ya aplica una especie de eugenesia ligth a pacientes con antecedentes de cáncer, obesos, hipertensos o simplemente a fumadores o personas que practican deportes de alto riesgo.

La situación actual de Estados Unidos puede calificarse sin temor a equivocarnos de total y absoluto descontrol

El sistema de seguros médicos privado en Estados Unidos ha demostrado ser costoso e ineficiente, el país que más gasta en sanidad, cerca del 17% del PIB, se encuentra actualmente atrapado e un modelo que apenas satisface al 21% de la población. La supervivencia de un modelo demencial e ineficiente, solo resulta por tanto posible atendiendo al enorme peso que las compañías de seguros médicos tienen en la economía y en la vida política del país. El poder político y mediático de los grupos de presión relacionados con estas compañías es inmenso y se refleja fielmente en sus enormes aportaciones a las campañas electorales de las diferentes figuras con capacidad de decisión en el Congreso de Estados Unidos. Unos fondos que hasta ahora se dirigían de forma más o menos equitativa tanto a figuras demócratas como republicanas y que a día de hoy, tras el intento de la administración Obama por remodelar ligeramente el sistema sanitario estadounidense, parecen decantarse firmemente por las posturas más extremas y fundamentalistas de la ultraderecha del país. Medios como FOX News funcionan a su vez como un engranaje necesario para lograr trasladar satisfactoriamente el mensaje de estas grandes compañías de seguros a los estadounidenses, boicoteando con ello cualquier intento de Reforma Sanitaria mediante campañas de intoxicación informativa.

En medio de una de las mayores tragedias sanitarias de Estados Unidos debido a los desastrosos efectos Covid-19 sobre la población y a las puertas de la posible conjunción de esta crisis sanitaria con una profunda recesión económica que amenaza directamente a cerca de 28 millones de estadounidenses con ser desalojados de sus casas, el sistema sanitario de Estados Unidos parece profundizar en la decadencia de un país cuya clase trabajadora se encamina a la ruina y la realidad de unos índices sanitarios más propios de países del tercer mundo que de una potencia imperial. Todo, mientras su presidente, Donald Trump, se atreve a catalogar la situación en del país y su propia gestión de la pandemia de «adecuada». En un país con millones de personas sin acceso a servicios sanitarios y con grandes porcentajes de población decidiendo no acudir al médico por temor a ser deportados o a quedarse sin trabajo, el cambio de rumbo de un presidente y una militancia republicana adscrita a las teorías conspirativas, parece ser el golpe de timón definitivo para que un el coronavirus termine cobrándose la vida de millones de estadounidenses. De todos modos, pese al dolor personal y a la tragedia para la nación, para el sistema de salud del país y para las grandes firmas de seguros médicos, tan solo se tratará de negocios.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/las-invasiones-barbaras/

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Niños negros e hispanos sufren más la pandemia en EE.UU.

América del norte/Estados Unidos/11 Agosto 2020/prensa-latina.cu

Los niños afroamericanos e hispanos sufren hoy las tasas más altas de infecciones, hospitalizaciones y complicaciones relacionadas con la Covid-19 en Estados Unidos, según reveló un informe que contradice la opinión del presidente Donald Trump.
Publicado por la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales de Niños, el reporte advirtió que en las últimas dos semanas de julio más de 97 mil menores de edad dieron positivo al coronavirus SARS-Cov-2 de un total de 338 mil desde el inicio de la pandemia en el país.

Los resultados van en la dirección opuesta a Trump, quien asegura que los niños no corren riesgos con la Covid-19 puesto que son ‘muy fuertes’ y su sistema inmune es capaz de hacerle frente al nuevo coronavirus, lo que también difiere de los criterios de los expertos en salud de su propia administración.

El interés del gobernante republicano es que las escuelas reabran aquí cuanto antes, algo que –según él- rechaza la oposición por intereses políticos.

Para el mandatario, más allá de las cuestiones de salud, las maniobras de los demócratas están encaminadas a mantener los centros educacionales cerrados hasta después de celebrar las elecciones del 3 de noviembre.

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, recomendó en una reciente audiencia en el Senado ser muy cuidadosos ‘y no nos aventuremos a pensar que los niños son completamente inmunes a efectos dañinos’.

Una pesquisa difundida hace poco sugiere que los niños mayores pueden transmitir el virus tanto como los adultos. Otro estudio planteó que los menores de cinco años tienen una carga viral más alta que las personas que se encuentran en la etapa de la adultez.

Al menos 86 niños murieron desde mayo por causas asociadas a la pandemia. La semana anterior un pequeño de siete años sin condiciones preexistentes fue la víctima fatal más joven del coronavirus SARS-Cov-2 en Georgia.

Por su parte, en Florida, dos adolescentes fallecieron a principios de este mes, lo que elevó a siete la cantidad de menores de edad que perdieron la vida por la Covid-19 en el sureño estado.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=388458&SEO=ninos-negros-e-hispanos-sufren-mas-la-pandemia-en-ee.uu.
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California: Un estudiante que se acercó en coche a un modelo de Tesla para grabarlo demanda a Elon Musk por difamación

Un estudiante que se acercó en coche a un modelo de Tesla para grabarlo demanda a Elon Musk por difamación

En 2019 Tesla presentó una demanda en contra del joven, acusándolo de acosar y poner en peligro a sus trabajadores.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, ha sido demandado por difamación por Randeep Hothi, un estudiante graduado de la Universidad de Michigan que en 2019 fue acusado por el empresario de «casi matar» a empleados de su fábrica cuando se acercaró en coche para filmar a uno de sus vehículos.

Randeep Hothi, conocido por verificar las afirmaciones públicas de Musk sobre Tesla en Twitter, presentó la demanda el pasado 4 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Alameda (California).

En abril del año pasado, Tesla presentó una orden de restricción y demanda contra de Hothi, luego de publicara en su cuenta de Twitter imágenes de un automóvil Modelo 3 propiedad de Tesla que captó con cámaras montadas en el techo de su vehículo. Según la compañía, el estudiante «invadió, acechó, acosó y puso en peligro a los trabajadores de Tesla», que iban en el automóvil. Sin embargo, un par de semanas la demanda fue retirada, luego de que un juez ordenara a la compañía que aportara pruebas.

«Hothi siguió al vehículo, lo observó, lo fotografió y publicó las fotografías en Twitter. En ningún momento Hothi condujo de forma imprudente o puso en peligro la seguridad de los ocupantes del vehículo Tesla», reza el texto de la demanda.

Según Hothi, cuando los hechos trascendieron, recibió una avalancha de críticas en Twitter, por usuarios que lo acusaron de ser mentiroso, asesino, terrorista y loco.

Fuente de la Información: https://actualidad.rt.com/actualidad/362650-elon-musk-demandado-difamacion-estudiante

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