Por: Jorge Salazar García

“No esperemos que nos toque la violencia para participar”: Padre Marcelo.

Una de las más elevadas manifestaciones de la libertad, sin duda, es la rebeldía. Ésta, citando a Camus (El Hombre Rebelde, 1951), es “concebida como la negación categórica de una instrucción juzgada intolerable y en la certeza (…) de un derecho justo, (y) sensación de tener la razón”. Dicha negación consiste en no aceptar imposiciones de ninguna tipo, aún arriesgando la propia seguridad. Eso hacía el Padre Marcelo Pérez cuando fue asesinado el pasado 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas: no aceptó las condiciones intolerables de violencia impuestas por paramilitares, narcotraficantes y funcionarios corruptos. Su ejecución y la de centenas de campesinos (tres párrocos incluidos), podrían estar ligadas a la política contrainsurgente implementada en las zonas de influencia zapatista desde 1994. La construcción de cuarteles militares y decenas de bases para instalar la guardia civil en todo el territorio chiapaneco conducen a esa hipótesis. Son abrumadores los indicios de colusión entre la autoridades, crimen organizado y mandos militares para facilitar a las empresas extranjeras despojar las tierras y recursos naturales a los pueblos originarios. Parecieran fomentar una guerra fratricida destinada a expulsar y exterminar a los rebeldes defensores de la vida y el territorio.

La rebeldía del padre Marcelo, “nace del espectáculo de la sin razón, ante una condición injusta e incomprensible” (Camus), auspiciada y planeada desde el Estado, generalmente. Siendo el caso, la desobediencia no sólo se justifica, es una acción legítima de sobrevivencia. Si no hubiera rebeldías, reflexiona Camus, no habría cuestionamientos, desaparecerían los pros, los contras; no habría culpa ni razón, maldad o virtud; nada sería verdadero ni falso, bueno o malo: todo lo determinaría el más fuerte: “El mundo se dividiría en amos y esclavos, no en justos e injustos, (donde) el crimen tiene un lugar privilegiado”. Esta última frase resultó profética en México: millones de habitantes del campo y la ciudad viven angustiados ante la posibilidad  de ser secuestrados, desplazados, desaparecidos, extorsionados o ejecutados por quienes disponen de franquicia para delinquir: “el crimen autorizado ” y desorganizado. Entidades autófagas que se devorarán entre sí en gobiernos como el nuestro donde reina la impunidad. Un Estado así conformado degrada su deber de garantizar la paz a los gobernados, pues ni sus propios socios la tienen. Basta que la codicia y la traición fracturen los pactos establecido, para que surja un pandemónium de violencia y terror (coches bomba en Guanajuato) dejando en la indefensión total a quienes intentan ganarse honradamente el sustento.

Chiapas bajo el yugo de la violencia

Contra esa ignominia luchó el Padre Marcelo, quién en su ultima entrevista (13 de septiembre, Tuxtla Gutiérrez) concedida en la marcha por la paz, pidió a las autoridades “hicieran su trabajo; que  tomaran en serio defender la vida del pueblo. Que no lo sometieran a la esclavitud, bajo el yugo de la violencia”. También advirtió: “si no reaccionamos ni (nos) organizamos, el crimen organizado entrará en los pueblos y entonces ya no podremos sacarlos”. Con mucha tristeza calificó como inaguantable la violencia, la cual condujo a las tres diócesis del Estado, a levantarse junto con el pueblo. Allí, entre el gentío, dictó su sentencia de muerte: “La lucha contra la injusticia es y será permanente, cueste la cárcel o la vida”. Hay razones de peso para suponer que su asesinato fue un crimen de Estado. Pues las autoridades locales y federales ignoraron todos los llamados de auxilio, le negaron protección (habían atentado tres veces contra su vida), lo criminalizaron formalmente en 2022 y, ahora, la diputada de Morena, Patricia Armendariz lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico. Su abovinable actuar, ordenado desde arriba, confirma la sospecha mencionada.

Reforma judicial: sainete distractor.

Mientras oposición y oficialismo se disputan en lo oscurito su cuota de jueces, magistrados y ministros, el sainete mediático, el paro de los trabajadore del poder judicial y las acusaciones mutuas de mentirosos corruptos y traidores desvían la atención sobre Chiapas. Una vez se ponga de acuerdo la coprocracia en la repartición de los señores “justicia” regresarán a repetir hasta la naúsea que México vive un Estado de Derecho. Los seguidores castrados en su  capacidad crítica dirigirán sus condenas a las víctimas de los abusos del poder. Bien dijo Camus, los faltos de conciencia no pueden parir rebeldías. Es digno de reconocimiento el pronunciamiento hecho por el Movimiento Nacional Convencionista, Artículo 39 condenando el monstruoso crimen del padre Marcelo.

Números en la 4T

Seis fueron las balas disparadas al padre Marcelo y 4, (número asociado con la desconfianza y el autoritarimo) el dígito que indentifica al proyecto político de Morena. Balas, autoritarismo e impunidad, juntos, causaron la muerte de ese sacerdote Tzotzil dedicado a predicar con el ejemplo. El padre Marcelo, originario de San André Larráinzar, fue un hombre bueno y consecuente: acudía a las comunidades a celebrar misas, ungir enfermos, casar parejas, confesar moribundos y ayudar a quien se lo pidiera. Apoyó a la  organización civil Las Abejas, cuyo dirigente Simón Pedro, recién fue asesinado. Por cierto, el próximo 22 de diciembre se cumplirán 24 años de protección a los autores intelectuales del masacramiento de 45 Tzotziles en Acteal: hombres, niños y mujeres (embarazadas incluidas) fueron baleados y macheteados mientras rezaban. La inmolación del padre es otro mensaje de amedrentamiento social perfectamente compatible con las políticas omisas del Estado. Las autoridades continuarán ignorando las advertencias de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, periodistas, del EZLN, comunidades y, desde luego, de los sacerdotes como el jesuita José Avilés quién alertó que “Chiapas vive en un estado de convulsión permanente”.  Allí, el neoliberalismo tiene sembrada una bomba de tiempo y está a punto de estallar. AMLO, fiel a su estilo maquiavélico, además de evadir esas alertas, satanizó, descalificó, ridiculizó, minimizó y criminalizó a los opositores a sus megaproyectos sureños. Esperar un cambio en su corcholata es inútil si hasta la mano de sicarios oficiales besa (Manuel Velasco). Ojalá y no permita, dado su origen, la recolonización de esas ricas tierras, conforme lo hace Israel en Palestina.

Ostracismo intencionado

Nada conmueve a la 4T. Su respuesta a los llamados de auxilio emitidos en encuentros de reconciliación, mesas de diálogo, marchas, peregrinaciones, misas y denuncias formales, es el silencio y ostracismo cómplices. Todo indica la existencia de esa guerra contrainsurgente encargada a caciques, autoridades y paramilitares cuyos objetivos son callar a las comunidades indígenas que exhiben la asquerosa coprocracia Mexicana. Su exigencia de autonomía para disponer de sus recursos naturales y elegir a sus autoridades, apartados de los partidos, pone en riego el poder establecido; consecuentemente, deben ser exterminados junto con quienes les dan voz. El padre Marcelo era eco de esos rebeldes, eso determinó su destino.

Servir a las corporaciones

Imposible garantizar ganancias y estabilidad a las trasnacionales en medio de comunidades opositoras al despojo y saqueo territorial. Dichos pueblos estorban a la integración económica “a gran escala” (Marcelo Ebrard dixit) con los Yanquis. Esa es la raíz del despliegue de estrategias para despoblar el campo mexicano. Utilizando al narcotráfico, la represión selectiva, desplazamientos y masacres obligan a emigrar a millones de mexicanos dejando sus pueblos habitados por ancianos, niños y algunas mujeres que los cuidan. ¿Quién lo duda?: el Estado ha resultado sumamente eficaz sirviendo lacayunamente a las trasnacionales en eso de vaciar pueblos y reprimir rebeldías.

La lucha sigue.

Nos acercamos a un punto de inflexión política en América: las rebeldías se unen. Por ejemplo: conmemorando 532 años de resistencia a la invasión europea, representantes de pueblos originarios y centenas de activistas organizaron el “Primer Encuentro Continental en Contra de Gasoductos y Megaproyectos”, realizado en Oaxaca (Tierra Bonita, Istmo de Tehuantepec, octubre 10, 11 y 12) con el propósito de articular alianzas. Solidariamente demandaron el cese de todo tipo de hostigamiento, represión, violación de derechos humanos, criminalización y encarcelamientos de quienes luchan defendiendo su territorio y recursos naturales. De sus acuerdos destacan: coordinarse internacionalmente contra TC-Energi, el gasoducto del sureste, tren maya, Bonafont, Granjas Carroll; establecer nexos de cooperación, intercambiar información y estrategias comunitarias para evidenciar la destrucción de ecosistemas; y, denunciar la violación de los derechos de los pueblos. Finalmente, determinaron emprender acciones colectivas, tal como lo hacen los defensores de la Cuenca del Río “La Antigua” en Veracruz, y generar una red coordinadora de luchas nacionales, regionales y continentales para detener la criminalización y estigmatización contra defensores de los derechos ambientales.

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com