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Los mil y un fracasos de la Reforma Educativa de México.

Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza. Integrantes del Cuerpo Académico: Intervención y Formación en Gestión  Educativa. Área Política Educativa, Procesos Institucionales y Gestión. Universidad Pedagógica Nacional. Sede: Ajusco. 

En abril, la reforma educativa se declaró muerta. Fracasó, dijeron sindicalistas, opinólogos, expertos, padres de familia, conferenciantes, periodistas, opositores y, quién lo dijera, antiguos colaboradores, como diputados y senadores del PAN y el PRD.

No es un tema nuevo, aparece una y otra vez, al final, durante o previo a las movilizaciones de los maestros inconformes; en eventos, en foros o en la presentación de programas, informes y evaluaciones parciales. Casi podría decirse que, como diagnóstico o profecía, el fracaso ha acompañado a la reforma desde un principio.

Hace casi un año, después de las grandes protestas de 2016, que tuvieron en la masacre de Nochixtlán su momento límite, la propia CNTE extendió el certificado de muerte de la reforma educativa. En el Foro Hacia la construcción del proyecto de educación democrática, realizado en agosto de 2016, en el que participaron académicos e investigadores habituales, las razones del fracaso se explicaron en cuatro puntos: el diagnóstico limitado de la problemática educativa; la concepción mercantilista de la educación; el desconocimiento de las potencialidades de participación de los maestros; y la versión equivocada de la evaluación punitiva (Regeneración, 10 Agosto de 2016. http://regeneracion.mx/cnte-realiza-foro-hacia-la-construccion-del-proyecto-de-educacion-democratica/).

Lo cierto es que, tras ese diagnóstico terminal, la reforma educativa siguió. Aunque moderando su velocidad, como en las evaluaciones obligatorias, convertidas en voluntarias (por el momento), en la administración de despidos, en las negociaciones con algunos dirigentes (como en la sección 9 y la 22) y en el reconocimiento de problemas de aplicación y diseño (como en las mismas evaluaciones, sobre todo en cuestiones de notificaciones, reactivos mal hechos e infraestructura tecnológica deficiente e insuficiente). Pero siguió, evaluando y despidiendo profesores, continuó con Escuelas al CIEN, Escuelas al Centro, la normalidad mínima, la autonomía de gestión, el control del tiempo, y todos los demás programas de la reforma, que no se ven tanto, pero ahí están, operando en el cotidiano escolar.

Siguió, también, como respuesta a una demanda reiterada de la crítica, una reforma curricular. Desde mediados de 2016 ya circulaba una versión del Nuevo Modelo Educativo, que fue presentado formalmente el 13 de marzo de 2017.  En este momento, junto a otras cuestiones de coyuntura, reapareció el tema del fracaso de la reforma. Una vez más.

¿Deseo o realidad? El nuevo diagnóstico del fracaso ¿es terminal?, ¿ahora sí? O como en las otras ocasiones ¿veremos nuevas iniciativas, nuevos procesos, nuevos programas? ¿Se trata de un diagnóstico o de un deseo? Porque, hay que decirlo, en muchas ocasiones el triunfalismo y el wishful thinking conducen a la desmovilización y/o al encubrimiento.

¿Pero qué es la reforma?

No es un tema fácil, quizá aquí se encuentre uno de los principales problemas de cualquier diagnóstico. Para muchos opinantes, la reforma educativa es la evaluación docente; a partir de aquí, se elaboran silogismos muy simples. Si no se han cumplido –y ya no se pueden cumplir- las metas de la evaluación de permanencia, entonces la reforma es un fracaso. La reforma está en agonía. Su muerte es prematura y está anunciada.

Desde luego, se pueden achacar múltiples responsabilidades: que si estuvo mal hecha; que intentó abarcar demasiado; que no se pudo aplicar; que son los cangrejos de siempre; que fue por las resistencias de los maestros, sobre todo los de la CNTE; por separado, o en varias combinaciones, estas han sido las más mencionadas. Por eso, dicen, ya no va, es el gran fiasco de EPN. Lo que falta es esperar que termine el sexenio, y cuando venga otro gobierno (el de AMLO, por ejemplo), se acabará con esta pesadilla.

Nada nos gustaría más que así fuera. Sin embargo, el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones. Este diagnóstico que da por muerta a la reforma está errado, más aún, es peligroso por dos razones fundamentales, aunque hay otras que por cuestiones de espacio no podemos tratar.

La primera es que no hay una evaluación, sino varias evaluaciones. La de ingreso es una, la de diagnóstico otra, la de promoción y permanencia, otras más. Y estas no se han detenido, siguen, aunque ralentizadas y con engaños, por ejemplo eso de que ahora serían voluntarias o que habría aumentos hasta del 30% en los ingresos de maestros con resultados destacados. No es cierto, ni son voluntarias, ni se han detenido, en muchos casos, los docentes no han recibido el estímulo prometido. Mientras la evaluación docente siga en la legislación y, sobre todo, en la Constitución, será muy complejo, en la actual composición legislativa, cambiarlas. Son constitucionales, cualquier conflicto será interpretado a la luz de ellas. Tendrán la fuerza del derecho. Es lo que siempre hacen los neoliberales: modificar las instituciones y las reglas, a su imagen, semejanza y conveniencia.

La segunda razón es más profunda. La reforma NO es la evaluación docente. Las evaluaciones SON PARTE de la reforma; pero no SON la reforma. En realidad, la reforma es un dispositivo complejo, un conjunto de acciones, instituciones, discursos, organizaciones, iniciativas, campañas que tienen como propósito reconfigurar el sistema educativo nacional, en sus fundamentos operativos, constitucionales, estratégicos y subjetivos. Su propósito central -más no el único-, es modelar la conformación de sujetos neoliberales, crear individuos que subjetiven la incertidumbre, la precariedad, la flexibilidad, la obediencia a los códigos del hipermercado educativo, útiles a la fase cognitiva del desarrollo capitalista que estamos viviendo.

Por eso la reforma inició con el magisterio, para transformar la base subjetiva de la enseñanza y cortar todas las modalidades colectivas de contratación; por eso inició doblegando a los maestros, de la CNTE, del SNTE y de todos los demás sindicatos educativos. Pero la reforma no quedó ahí, siguió con el SIGED, con la centralización de nómina mediante el FONE, con la autonomía de gestión, con las Escuelas al Centro, con la Normalidad Mínima, con las Escuelas al CIEN, con la panoplia de cursos, talleres, diplomados, seminarios y cursos a cargo de múltiples organizaciones que trabajan en red (como mostraremos en un libro próximo), que expanden e introyectan el mercado educativo, que están modificando las prácticas, los hábitos y el perfil de los docentes, y que ahora adelantan otro LADRILLO en esta reconfiguración: el Nuevo Modelo Educativo. En él se continúan los objetivos y los propósitos de la reforma: mercado educativo con  sujetos flexibles, ordenados, desafiliados de toda organización colectiva y precarizados. Justo como antes se hizo en la reforma laboral.

Política de la desmovilización y del compromiso

Es comprensible que en una lucha política se pretenda minar al adversario, atacarlo por su mediocridad y sus inconsecuencias, desvalorizar sus conquistas y reducir sus alcances. Es comprensible. Del mismo modo, se entiende que las fuerzas de las resistencias necesiten valorar sus esfuerzos, reivindicar sus luchas, incluso magnificar sus logros, recordar sus víctimas y sus hazañas. Se entiende. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando en una guerra –¡y la reforma lo es, sin duda alguna!- los diagnósticos están errados, se minimiza al adversario, se leen mal las señales, se ignoran sus movimientos? Nada bueno. Y eso es lo que muchos críticos, incluyendo los analistas de los fallos didácticos del modelo, militantes y promotores de la educación alternativa, quizá sin verlo ni quererlo, están contribuyendo a hacer.

La reforma no ha muerto, la reforma va, sigue por muchos más caminos que los de la evaluación, ciertamente ralentizada por la lucha de los maestros, y también, hay que decirlo, por las prisas del INEE y de la SEP, por sus diferencias internas, incluso por sus incompetencias. Pero la reforma va, pausada y en revisión, no precisamente para cambiar sus objetivos y estrategias, sino para adecuarlas, refinarlas y profundizarlas.

La reforma, por desgracia, no se agota en la evaluación, cada día se despliegan más acciones, más microiniciativas, más avances tácticos que pasan por instrumentales, es el caso de toda la parafernalia de cambios en la reorganización escolar, el manejo del tiempo a través de nuevos calendarios y horarios, de reuniones de consejo técnico hiper reguladas, de la priorización de ciertos contenidos y actividades en detrimento de otros, de la incorporación de nuevas figuras directivas, y recientemente también, a despecho de lo que digan quienes piensan que la reforma se hizo al revés, a través del nuevo modelo educativo. Cabe recordar que tres de los cinco ejes que lo conforman, ya estaban considerados en las leyes y en marcha en las escuelas, con la diferencia de que aumentará la batería de cursos posibles, gracias a ese amplio espectro de posibilidades de intervención que da la autonomía curricular, para introducir desde la programación neurolingüística, educación financiera, en valores (del mercado), emprendedurismo, cultura empresarial, superación personal, etc.

Los objetivos de la reforma, sus tácticas y estrategias, incluso sus instrumentos, no están muertos ni oxidados, sino en constante evolución. Las críticas de los expertos han servido, pero para llamar la atención del poder en las fallas, para exigirle eficacia, eficiencia y congruencia. Esas críticas son funcionales al poder; le sirven de acicate y de cobertura.

Pareciera que esta crítica, al concentrarse, contradictoriamente, en lo que no logró alcanzar la reforma pero no quisiéramos que sucediera, clama estar al frente para modular alcances, logros y metas, como si le interesara gobernar la reforma con otros colores y otros partidos.

Es preciso recordar que ningún mal diagnóstico gana nunca la guerra; por el contrario, desmoviliza y crea falsas expectativas; en este caso, porque la reforma está ahí, opera silenciosamente en los cambios de reglas, en los nuevos programas, aún con buenas intenciones, como parecen ser todos esos cursos de convivencia, manejo de emociones, educación para la paz, resiliencia, visitas al Museo Interactivo de Economía, talleres de resolución de conflictos, talleres de cómputo y demás acciones no evaluadoras, cada vez más relevantes de la reforma educativa; los críticos parecen no observarlas, y aún quienes se niegan a evaluarse, las realizan cotidianamente.

Por todo esto decimos: un diagnóstico que se anticipa a declarar muerta la reforma educativa, realizado en medio de una confrontación, sirve como reafirmación política y como salida declarativa ante una situación caótica y limítrofe. Su fuerza es la de la convicción y la de la apuesta. Nada más. Pero sus riesgos son mayores: encubrir los efectos metalaborales de la reforma, dejarla avanzar en las iniciativas micro que ya están modelando las prácticas, los perfiles y la identidad docente, ya se irradia en la formación de los educandos y en la organización de las escuelas. En este proceso, insistir en la muerte de la reforma, es propiciar la desmovilización y el triunfalismo. La reforma sigue, y se preparan nuevas batallas. Mejor tenerlo claro antes de que nos vuelvan a sorprender y someter.

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UNICEF: Tratan a niños indígenas de México como extranjeros en su país

América del Norte/México, 10 de junio de 2017.  Fuente: www. jornada. unam.mx. Autora: Laura Poy Solano

Los niños indígenas de México son tratados como extranjeros en su país, afirmó Christian Skoog, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), quien destacó que tienen un maestro que no los entiende y al que no entienden, y libros que no pueden leer. ¿Cómo podrían tener los logros de aprendizaje esperados?

Al participar en una mesa de análisis del informe La educación obligatoria en México 2017, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), destacó que en nuestro país no existe una enseñanza intercultural y bilingüe, pues las escuelas indígenas enfrentan múltiples rezagos en materia de infraestructura, equipamiento, recursos y acceso a programas sociales.

No hay material (didáctico) para todas las escuelas indígenas y sólo en la mitad de éstas el docente habla alguna lengua indígena, pero no siempre es la misma en la que se comunican los niños con los que trabaja. Recordó que en el país hay 118 mil niños y adolescentes monolingües.

Vulnerabilidad social

En el acto, al que asistieron Eduardo Backhoff, presidente del INEE, y Sylvia Schmelkes, ex presidenta del organismo e integrante de su junta de gobierno, Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, destacó que ocho de cada 10 niños de cero a 17 años enfrentan alguna vulnerabilidad social. Se estima que 53 por ciento de ese sector de la población vive en pobreza, lo cual dificulta su acceso a una educación de calidad.

Tras la presentación de los principales resultados del informe, que encabezó Schmelkes, Bucio afirmó que niños y adolescentes aún enfrentan diversos desafíos para garantizar su derecho a la enseñanza, entre ellos la desigualdad de oportunidades, en particular para quienes son pobres, indígenas o tienen alguna discapacidad.

La condición de género, agregó, aún es relevante en cuanto a temas como la educación, pues enfatizó que las niñas indígenas siguen en el último lugar en el índice de desarrollo humano en las 32 entidades, sin excepción.

Fuente de la noticia: http://www.jornada.unam.mx/2017/06/07/sociedad/030n3soc

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México: La lucha magisterial no solo es por los pagos, también para que se garantice el quehacer de los docentes

América del Norte/México/10 Junio 2017/Autora: Berenice Agabado/Fuente: Michoacantrespuntocero 

La lucha que los maestros michoacanos llevan a cabo en este momento no solo es por el pago de los adeudos que el gobierno  del estado mantiene desde hace años con este gremio, sino también “por defender la labor docente en términos laborales, salariales y curriculares, ya que con la Reforma Educativa se sientan las bases para su desaparición”, señaló la docente, Mirabel Mejía, en entrevista para Revolución 3.0 Michoacán.

La maestra agregó que los problemas que hoy enfrenta el magisterio trasciende el tema de los pagos, los que dijo son un punto importante ya que hay maestros que llevan dos años sin cobrar. Sin embargo, a las demandas del magisterio se suman las exigencia de que se respete  el derecho al trabajo, a través de respetar  la plaza base. “Ya que con la Reforma Educativa se pretende el implementar la forma de contratos por cuatro años, provocando así la inestabilidad laboral”.

Además reiteró que los maestros también están protestando en  rechazo al examen profesional docente,  ya que este se está planteando como un mecanismo para “adelgazar la plantilla de personal”. Subrayó que, el magisterio no se opone a que exista una evaluación, pero esta debe estar enfocada a todo el sistema educativo en su conjunto.

Señaló que el examen como mecanismo de ingreso al  servicio docente “implica la desaparición de las normales, al permitir que cualquier egresados de cualquier programa de licenciatura  pueda dar clases, sin importar que tenga o no la formación para enseñar a los niños, por ejemplo, las primeras letras”. Por lo que, apuntó, que la movilización docente es una lucha para que la labor de enseñar se mantenga digna.

Actualmente, son 12 mil los  maestros egresados de las normales que no cuentan con un código 95 de permanencia ilimitada,  sino  que tienen contratos de un año o seis meses. “Nosotros decimos que el magisterio no puede estar sujeto a contratos temporales”.

La maestra opinó que, el que los medios de comunicación solo hablen de la parte económica que demanda el magisterio es parte de la campaña impulsada por el gobierno estatal “para decir que el gremio no demanda nada educativo”.

“Cuando se plantea que nuestras demandas no tiene que ver con una propuesta educativa sino solo con pagos, se desconoce que desde el mes de febrero presentamos una propuesta para el estado”.

En este sentido, Mirabel Mejía subrayó que los docentes llevan años haciendo frente a las políticas que se intentan imponer, las cuales dijo, atentan contra el que hacer de los maestros mexicanos.

“Nuestra lucha  viene desde hace dos décadas, cuando se  empezó a implementar  la Reforma Educativa desde  la toma del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, que planteó cuatro grandes ejes  de modificación de la labor magisterial: un eje fue la formación docente, otro el currículum, otro la profesionalización  y otro el financiamiento”, indicó.

Finalmente, dijo, que pese a las inclemencias, como el sofocante calor  o las tormentas que han azotado  en la ciudad, el gremio mantienen su voluntad de seguir a delante con el movimiento en la defensa de sus derechos y de la educación del país.

Fuente: http://michoacantrespuntocero.com/la-lucha-magisterial-no-solo-los-pagos-tambien-se-garantice-quehacer-los-docentes/

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Los 4 problemas de fondo de la educación en México que la mayor inversión de la historia no puede resolver

Por:

El dato suena paradójico: en los últimos 4 años el gobierno mexicano ha gastado más de 47.500 millones de pesos, unos US$2.400 millones, para mejorar los edificios de sus escuelas.

Es la mayor inversión de la historia para el mantenimiento de los planteles que se consiguió con la cotización de bonos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Pero el dinero no es suficiente para mejorar la evaluación del sistema educativo del país.

De entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene el peor desempeño en el aprendizaje de ciencias, lectura y matemáticas.

Son deficiencias que pretenden erradicarse con la Reforma Educativa promulgada en 2013.

Sin embargo, cuatro años y miles de millones de pesos después, el país sigue en el último lugar en la evaluación educativa de la OCDE.

Y es que el dinero, por sí solo, ha sido insuficiente coinciden especialistas y autoridades.

De hecho, según organizaciones civiles existen por lo menos cuatro temas que mantienen el rezago en el sistema educativo del país:

Malas condiciones de las escuelas, problemas en la capacitación de los maestros, control de la disidencia sindical en los instituciones educativas en cuatro estados y la exclusión que padecen miles de alumnos que no pueden concluir sus estudios.

Sin mantenimiento

Hasta ahora, la inversión histórica en el presupuesto se concentra en dar el mantenimiento que por varios años dejó de aplicarse a los planteles.

Un tema urgente de atender pero es sólo un paso, le dice a BBC Mundo David Calderón, presidente ejecutivo de la organización Mexicanos Primero, una de las más activas en el tema educativo del país.

En el país existen miles de escuelas sin baños o en condiciones deplorables.Derechos de autor de la imagenRONALDO SCHEMIDT/AFP
Image captionEn el país existen miles de escuelas sin baños o en condiciones deplorables.

«El rubro de infraestructura es el que tiene avances más visibles, hay una diferencia importante con respecto a lo que se hacía», explica.

«El cambio sí se nota, de un abandono y ausencia histórico bestial ahora hay un mínimo de infraestructura que no es la adecuada, tardará en llegar al resto del sistema».

Algo en lo que no coinciden por completo las autoridades.

«Establecimos un nuevo modelo de infraestructura ligado al nuevo modelo educativo, no puedes separar los temas», explica a BBC Mundo Héctor González de la Garza, director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED).

Es el área de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encargada de aplicar la inversión histórica en el mantenimiento de las escuelas.

«Mejores maestros con todo el proceso de capacitación y de evaluaciones que se realizan junto con el concepto de mejores escuelas ya está dando resultados tangibles en este momento».

Dinero insuficiente

La calidad de los planteles es una parte del rezago en el sistema educativo mexicano.

MochilasDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionSe estima que la inversión en infraestructura educativa será cercana a los US2.400 millones.

En 2012, cuando inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, no estaba claro el número de escuelas –ni sus condiciones de operación- que existían en el país.

Un censo realizado durante más de un año en casi todo el país reveló que casi la mitad de los 150.000 planteles no tenían drenaje.

Además, una quinta parte carecía de agua potable y en más de 40.000 no había baños o electricidad.

En esto se concentran los recursos. «Componer sanitarios es muy evidente, pero hay que arreglar la instalación hidrosanitaria y eléctrica que no necesariamente se ve pero que es indispensable», explica el funcionario.

«Debe tener agua para acceder al programa de bebederos, arreglar muros, pisos, techos, paredes, barandales, todo lo que implique seguridad para alumnos y maestros».

Sin embargo, a pesar de la cuantiosa inversión no será posible resolver los problemas en todos los planteles, advierte David Calderón.

Un estudio de Mexicanos Primero revela que el 59% de las escuelas del país operan en malas condiciones. Remediar los problemas de todas no será posible en este gobierno.

La suspensión de clases en algunos estados afecta al sistema educativo de México.Derechos de autor de la imagenPATRICIA CASTELLANOS/AFP
Image captionLa suspensión de clases en algunos estados afecta al sistema educativo de México.

«Se necesitarían otros seis años para que las escuelas salgan de una situación precaria a una aceptable«, insiste.

El director del INIFED reconoce que la histórica inversión no alcanza para todo.

El programa Escuelas al 100, el mecanismo para aplicar los recursos, está dirigido a unos 33.000 planteles, los que se consideran “con mayores necesidades”.

El resto de las escuelas serán atendidas en la medida que se apliquen recursos oficiales de cada gobierno estatal.

Disidencia sindical

Otro de los temas que explican los problemas del sistema educativo mexicano es la capacitación de los maestros.

En el país existen 440 escuelas normales pero según datos de Mexicanos Primero sólo 17 de ellas tienen un nivel superior de educación.

El resto no cumple con los estándares internacionales, y en muchas de ellas existe un profundo activismo político que sustituye a las clases, afirma Calderón.

Parte de la responsabilidad es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el ala disidente del sindicato de maestros.

El grupo se opone a la Reforma Educativa y desde su promulgación, en 2013, impide que se aplique en los estados donde la disidencia tiene mayor presencia: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

Uno de los temas donde más hay resistencia es en la evaluación de los maestros, que forma parte central de la Reforma.

Protestas de maestros.Derechos de autor de la imagenJULIO CESAR AGUILAR FUENTES
Image captionLa protestas de maestros descontentos con la reforma educativo son frecuentes en México.

La CNTE bloquea la aplicación de exámenes y también suspende con frecuencia las clases en miles de planteles.

El resultado es, afirma Mexicanos Primero, un bajo desempeño escolar de los alumnos en las entidades con dominio de la disidencia.

«La formación de maestros sigue estando casi en el mismo estado que cuando empezó la reforma, se va a crear un desajuste», advierte Calderón.

Y en esto poco ayuda el dinero. «Mucho del efecto positivo de tener mejores escuelas no va a fructificar hasta que no haya mejor formación de los maestros».

«Si no cambias la lógica de las relaciones de aprendizaje tendrás un mejor escenario para el mismo fracaso, el logro de aprendizaje depende sustancialmente de las relaciones de aprendizaje entre alumnos y maestros».

Indígenas, los más vulnerables

Uno de los problemas de fondo es la forma como durante décadas se impartieron las clases en México, con base en un modelo de memorización y no de entender lo que se estudia.

educación
Image captionA pesar de la «inversión histórica» hay problemas estructurales que no van a ser solucionados.

Es una de las razones de la evaluación negativa del país ante la OCDE.

Pero también de la exclusión de miles de niños en las escuelas. De hecho de cada 100 estudiantes de educación básica sólo 57 logran ingresar al bachillerato.

El caso más grave ocurre en las comunidades indígenas. Según Mexicanos Primero sólo 2 de cada 10 estudiantes de esos alumnos aprenden lo que se espera en los programas escolares.

Una de las razones es el abandono histórico que padecen. Las escuelas con peores condiciones en el país, por ejemplo, se encuentran en comunidades indígenas.

Los maestros en esos planteles reciben menos apoyo que sus compañeros de otros lugares, y el presupuesto para mantener las escuelas ha sido mínimo.

Esto empieza a remediarse ahora pero «el dinero no va a bastar, nos vamos a engañar si pensamos que mucho cemento produce mejor aprendizaje«, advierte David Calderón.

«Apenas se crean las condiciones mínimas de convivencia, seguridad y resguardo de los niños. Es una deuda de justicia».

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Los telebachilleratos: Una educación pobre para jóvenes pobres

Por: Educación Futura. 09/06/2017

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

Con el objetivo de ampliar la cobertura del nivel medio superior y de manera especial, el atender a quienes por motivos de distancia o recursos no tenían acceso a éste, en 2013 se puso en marcha un proyecto piloto en este nivel educativo, consistente en la modalidad de Telebachillerato Comunitario (TBC). El proyecto estableció condiciones específicas de instalación, que a la postre definirían las formas de operación, así como el tipo de “educación” que se ofrecería. Entre las condiciones de apertura de un TBC se encuentran: que estuviera en una comunidad de menos de 2,500 habitantes, que no hubiera otro bachillerato a 5 km a la redonda y que pudiera operar en las instalaciones de una telesecundaria a contra turno o en otro espacio destinado por la comunidad. Las razones esgrimidas para impulsar esta modalidad, fueron: primera, lograr el 80% de cobertura en Educación Media Superior (EMS) para el 2018; la segunda es la búsqueda de equidad, pues se está generando la posibilidad de que jóvenes de comunidades marginales estudien y, tercera, garantizar el cumplimiento por parte el estado de la obligatoriedad que se estableció para este nivel educativo.

Este proyecto, en su fase de piloteo, inició con 253 centros, incrementándose a 1,497 para 2014, a los que se sumaron 1,168 más que se abrieron durante 2015. Con estas cifras se hace evidente la gran necesidad de atención existente en este nivel. El rápido crecimiento de esta modalidad está resolviendo el tema de cobertura, pues jóvenes que tienen edad para cursar el bachillerato o que no pudieron cursarlo porque no tenían recursos para ello, ahora tienen una escuela cerca y a costos accesibles, abriendo la posibilidad de que varios de ellos extiendan sus estudios al nivel superior. Igualmente, el número de escuelas hace evidente que el estado está cumpliendo con su parte para que el propósito de la obligatoriedad del nivel se logre.

No obstante, este importante esfuerzo de cobertura se puede poner en duda sobre la calidad de la educación que reciben, es decir, se discute si los alumnos de estos centros de estudios están recibiendo una educación de calidad que les brinde las mismas oportunidades para ingresar a la educación superior o al mercado laboral que a los jóvenes que egresan de otras modalidades del nivel medio superior.

Las sospechas sobre la calidad educativa que se ofrece en los TBC inician cuando en el mapa curricular del Documento Base se señala que los alumnos de primer semestre deben estar 27 horas en la escuela a la semana, los de tercero 33 y los de quinto 29, haciendo un total de 89 horas. El propio modelo de TBC señala que estas escuelas son atendidas por dos profesores que están contratados por 20 horas cada uno y un profesor responsable que está contratado por 30 horas: 20 para docencia frente a grupo y 10 para atender cuestiones administrativas propias de la escuela. Sin contar estas últimas, las horas totales por las que han sido contratados los profesores son 60. ¿Quién cubre las 29 horas restantes que los alumnos están la escuela? o bien ¿quién paga las horas extras que trabajan estos profesores?

De la misma forma, en el Documento Base se señala que, además de los cursos curriculares los alumnos deben cumplir con las actividades paraescolares que promueve el Bachillerato General, como actividades artísticas, deportivas y recreativas, con las que se buscaría favorecer la educación integral de los alumnos. Del mismo modo este documento menciona que, en la medida de lo posible se promoverán actividades de orientación y tutoría. La pregunta expresa es ¿a qué hora se hará esto?, y la otra pregunta obligada es ¿quién lo hará? Pues a los profesores se les está pagando muy poco para desempeñar todas estas funciones, además que no cuentan con personal de apoyo, mucho menos con personal que pueda atender las actividades paraescolares, haciendo evidente que la formación integral que el Documento Base indica no es posible lograr. Se puede inferir entonces que hay diferencias sustantivas entre la educación que reciben los jóvenes que asisten a bachilleratos de organización completa y los que se forman en un TBC.

De manera central y que afecta sustancialmente las características de la educación que se ofrece en estos TBC es la forma en que han sido contratados los docentes. Casi todos concursaron una plaza a través del Servicio Profesional Docente. A partir de estos resultados les fue asignada su función de docente frente a grupo por 20 horas o bien de responsable docente por 30 horas. Por supuesto este cargo implica que sea el responsable de la escuela y encargado de hacer la tarea administrativa y las gestiones para que la escuela cuente con recursos e instalaciones para operar. A la preocupación del número de horas asignadas a cada profesor, habrá que agregar la forma y contenido de los contratos que se ofrecen pues los docentes de TBC no tienen base; sus contratos se están renovando cada seis meses, por lo que no generan antigüedad.

Con relación a la seguridad laboral que todo profesional requiere, se sabe que estos docentes sólo cuentan con prestaciones básicas como servicio médico, pero este les es suspendido cuando vence el contrato y renovado cada vez que dicho contrato se renueva; sus pagos no siempre llegan puntuales, no están sindicalizados, no reciben pago por vacaciones y no es claro cómo se hace el depósito que reciben por aguinaldo; muchos no están ubicados en el área disciplinar que corresponde a su formación profesional, no tienen experiencia docente y varios no son de la región en la que se encuentra la escuela en la que trabajan, invirtiendo mucho en desplazarse para encontrarse con sus familias los fines de semana. En pocas palabras han sido contratados en la modalidad de “prestadores de servicios profesionales independientes”, lo que genera en estos docentes una preocupación por su alta inestabilidad laboral y se sienten inseguros en su trabajo.

Si lo anterior fuera poco, hay que considerar, la pobre remuneración que reciben, que por supuesto no corresponde al esfuerzo que requiere mantenerse en el sistema y cantidad de trabajo realizado, pues el responsable docente gana en promedio un poco más de 8,000 pesos mensuales y los docentes frente a grupo 6,000 pesos en el mismo periodo de tiempo. Esta intranquilidad producto de la inestabilidad laboral se suma a la preocupación de la gran cantidad de tareas que los docentes tienen que desempeñar en los TBC. En una investigación que se encuentra en curso, se advirtió en palabras de algunos de ellos, que hasta de conserje o enfermero tienen que hacerle para atender las necesidades de sus alumnos.

Frente a este panorama y al hecho que al menos asisten al bachillerato jóvenes que en otras condiciones no podrían hacerlo, el cuestionamiento de la calidad y el efecto nocivo que se produce con una educación que no logra resolver el problema de la inequidad, queda de manifiesto.

¿Basta con que el Estado establezca escuelas y pague a los profesores para que se genere una educación de calidad? ¿Existe conocimiento y conciencia sobre los apoyos que requieren estos docentes para enfrentar la tarea que les han sido asignadas? ¿Se tienen consideradas las dificultades que enfrentarán los egresados de los TBC para incorporarse a la educación superior o al mundo laboral? ¿Acaso estamos ante la evidencia de una educación pobre para poblaciones pobres? Cuestionamientos elementales que quienes sostienen desde los escritorios este proyecto, deben incluir en su lista de preocupaciones y desde luego en su agenda de tareas. Por otra parte, de la nuestra ¿qué nos corresponde hacer como sociedad civil para que los jóvenes de estratos menos favorecidos tengan acceso a una educación de calidad?

Problemáticas de la complejidad de la que apenas se perfiló en este texto breve, exigen sin duda que autoridades gubernamentales e investigadores educativos trabajen juntos por encontrar alternativas que impulsen el cumplimiento cabal del espíritu que mueve a la educación.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/los-telebachilleratos-una-educacion-pobre-para-jovenes-pobres/

Fotografía: Educación Futura

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Una profesión que exige respeto

Educación Futura | Manuel Navarro Weckmann | 9. junio.2017

Una de las aristas en donde más se ha resentido el peso de los efectos de la Reforma Educativa, tiene que ver con las acciones que han resignificado la carrera docente en nuestro país, la cual, desde finales del siglo XIX, se había considerado como una carrera de Estado, para pasar a una de corte liberal, de lo cual puede darse cuenta con la reducción en más de un 65% de interés de los estudiantes por ingresar a una Escuela Normal, que no puede interpretarse de otra manera que un ataque a las Instituciones Formadoras de Docentes y por ende, de la profesión.

A nivel internacional, existen varios estudios que dan cuenta de los planes de formación docente, de las políticas públicas para el fortalecimiento de la educación, o de las estrategias que han implementado los países para mejorar la educación y sobre el desarrollo profesional docente; de ellos, hay uno titulado “Las carreras docentes en América Latina. La acción meritocrática para el desarrollo profesional”, que emite la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) en el cual se revisaron dieciocho carreras docentes y algunas políticas específicas sobre valoración de la profesión en América Latina y el Caribe.

En el documento se reconoce que resulta fundamental concebir las carreras docentes como instrumentos de desarrollo profesional y no solo como documentos que norman una relación contractual entre el Estado y el magisterio, situación contraria a lo acontecido en México en donde lo principal fue modificar la relación laboral partiendo de la culpa –implícita- del magisterio por la situación educativa en el País.

Se reconoce que el enfoque meritocrátrico –que es el que hoy tiene la educación en México-  y la orientación individualista propia de este tipo de enfoques, además de ir a contracorriente con la cultura docente, puede caer en contradicción con las exigencias que el mismo sistema impone a los profesores para que realicen trabajos en equipo, debilitando poco a poco el futuro de cualquier acción o trabajo colectivo, de ahí los ataques a Instituciones como la Normal de Cañada Honda en Aguascalientes.

Por otra parte, del mismo documento y como afirman Bellei y Valenzuela (2010), el ingreso de otros profesionales al ejercicio docente es un camino de desprofesionalización de la docencia y resulta contraproducente para las políticas de fortalecimiento de valoración social de la carrera, pues se parte del supuesto de que los docentes serían de tan baja calidad que cualquier licenciado los superaría.

No se trata de ver con ojos lastimeros la profunda crisis en que la profesión está cayendo de manera intencional por el actual Gobierno Federal, se trata de exigir en cada espacio y en cada oportunidad, el respeto por la profesión docente que le ha dado a México las más valiosas, representativas y profundas raíces de su historia nacional y de su pueblo.

*Fuente: www.educacionfutura.org

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Informe CEPAL panorama social en América Latina 2016: Una lectura complementaria y crítica.

Por: Javier Tolcachier. Pressenza. 09/06/2017

El informe anual Panorama Social de América Latina 2016 fue presentado el martes 30 de Mayo por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en Santiago de Chile.

Al par de brindar una perspectiva general del volumen y ritmo de descenso de la desigualdad en la región hasta 2015, el informe detalla y profundiza en las desigualdades dentro de la desigualdad, abordando la perspectiva de género, la étnico-racial y las proporciones de distribución del crecimiento económico entre los distintos segmentos socioeconómicos.  La investigación muestra además las relaciones de realimentación que existen entre los distintos factores de la desigualdad y cómo ésta afecta a las personas a lo largo del ciclo vital.

Al comprenderse la influencia positiva de políticas activas en la reducción de brechas sociales, en otro capítulo se analiza la evolución positiva del gasto social, alertando sobre las consecuencias negativas que tendría su recorte o discontinuidad.

Muy relevante es el apartado en el que – de manera incipiente y con un solo estudio de caso (México) – se pone de manifiesto cómo la estructura de la propiedad (de activos físicos y financieros) es un factor fundamental en la reproducción de la desigualdad en la región.

Por sobre los aspectos meramente estadísticos y analíticos, la constante alusión a la desigualdad como problema central, sienta un parámetro moral ineludible. Por otra parte, la información permite apresar un fenómeno que de otro modo permanece invisibilizado. Se modifica así aquella falsa mención de productos brutos nacionales sin desagregación alguna como indicador inapelable, que dan la sensación gregaria pero ficticia de que “a todos nos va mejor, si a un país en su conjunto le va mejor”. Lo cual – como hacen evidente estos informes – no es el caso.

Por otro lado, es altamente valorable la profundidad multidimensional que va adquiriendo el análisis de estos fenómenos, exhibiendo una calidad compleja superior, es decir una mirada estructural y dinámica a través del tiempo, permitiendo así una mejor visión de proceso.

Sin embargo, a fin de completar esta visión, es recomendable repasar otros informes de la CEPAL, a los que haremos referencia y se detallan en la bibliografía al pie.

Aún así es necesario apuntar que, más allá de la creciente excelencia en el cuidado de la recolección, exposición y cotejo de datos, la estadística no se interpreta por sí misma y la interpretación nunca es automática, inequívoca ni única. Mucho menos las conclusiones que se desprenden de la misma. Justamente el análisis de las recomendaciones que propone la CEPAL para la superación de la desigualdad es la intención de la presente nota.

El panorama social en América Latina

Entre 2008 y 2015 la desigualdad en los ingresos disminuyó en promedio regional de un 0.5 a un 0.469 (índice de Gini), aunque enlenteciéndose la mejoría entre 2012 y 2015.  En el año 2008, por cada moneda que conseguía un hogar del quinto más pobre, entraban casi 15 monedas en el quinto más rico de la sociedad. Los niveles actuales siguen siendo muy elevados, aunque la desproporción se redujo a “tan sólo” 12 veces. Venezuela, Uruguay y Argentina, en ese orden, presentan los menores índices de desigualdad (alrededor de 0.4). Guatemala, Colombia y Brasil van a la cabeza de la desigualdad (superior al 0.5).[1]

El amesetamiento en los avances es congruente con los datos sobre pobreza e indigencia que refleja el Informe sobre el Progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ofrecido en la primera reunión de seguimiento efectuada en México entre el 26 y el 28 de Abril. A inicios del milenio, había en la región 225 millones de pobres (44%) con casi 100 millones  de indigentes (19.3%). Esta cifra cayó a 29% y 12 % respectivamente, lo que implica que al menos 50 millones de personas salieron de la pobreza y 25 millones de la indigencia. Sin embargo, desde 2012 se observa el estancamiento de esta mejoría, incluso comenzando a subir tanto el número de gente pobre como el de indigentes hacia finales de ciclo.[2]

Los avances fueron impulsados por una mejoría relativa de los ingresos laborales de los sectores de menores ingresos, gracias a un aumento en la formalización del empleo y el aumento real de los salarios mínimos en varios países y el incremento de las transferencias monetarias hacia los estratos de menores ingresos (jubilaciones, subvenciones y programas de apoyo directo). Es decir, un conjunto de políticas activas de redistribución de ingresos que realzan el aporte efectivo de varios gobiernos de la región… y la inacción, indiferencia o ineficacia de otros. Esto se refleja con claridad en el capítulo del mismo informe dedicado a la inversión social – llamada en el mismo “gasto social” – que creció en promedio en la región aproximadamente un 30% entre 2000 y 2015, llegando a ser de un 14.5 del PIB, rubro en el que destacan positivamente Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica, con más del 20% del PIB.

Las desigualdades de la desigualdad.

En 2014, por cada 100 hombres que vivían en hogares pobres, había 118 mujeres en esa situación. Los motivos son básicamente dos: el tiempo total de trabajo de las mujeres incluye muchas más horas dedicadas al trabajo doméstico y a cuidados no remunerados. Por otra parte, sus salarios son peores, a pesar de tener mayor cualificación educativa. Esto conlleva además una limitación en la autonomía financiera de la mujer, implicando una mayor dependencia.

La condición étnico-racial es otro factor de desigualdad estructural. En la región viven unas 130 millones de personas afrodescendientes (2015) y 48 millones pertenecientes a pueblos indígenas[3] . O sea, una de cada cuatro personas es indígena o afrodescendiente.

Ambos grupos de la población son proporcionalmente más numerosos en el estrato más pobre y sufren desigualdades profundas en todas las áreas del desarrollo social, expresándose en mayores tasas de mortalidad infantil y materna, de embarazo adolescente, de desempleo y en menores ingresos laborales.

Algo similar ocurre con los habitantes de áreas rurales y en las periferias urbanas, “donde se concentran los pobres y se acumulan las carencias” (CEPAL, 2010a, pág.143).

Con respecto a la evolución a lo largo del ciclo vital, el 63% de los niños de América Latina y el Caribe – ¡casi dos tercios del total! – y 45% de los jóvenes son pobres, y un tercio de estos pobres, indigentes (2014). Muchos no tienen condiciones mínimas que les permitan completar el ciclo escolar y eso implica, en adelante, menores remuneraciones, menores jubilaciones, es decir, menores posibilidades durante toda su vida. En el área rural, la situación es aún peor, duplicándose la cifra de adolescentes que no asisten a la escuela secundaria.

O sea, la pobreza en América Latina tiene cara de mujer, rasgos indígenas o piel negra, vive en el campo o en los suburbios  y además, si es niño o joven, la desigualdad lo perseguirá durante toda la vida.

Un buen libreto, un guión incierto

Para contrarrestar el flagelo de la desigualdad, recomienda la Cepal “políticas públicas que deben garantizar la titularidad de derechos, se debe reconocer y potenciar el trabajo productivo y de calidad como la llave de la igualdad y como instrumento por excelencia en la construcción del bienestar, y universalizar la protección social a lo largo del ciclo de la vida (la infancia y adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez), con una mirada sensible a las diferencias.” (CEPAL, 2017)

En distintos informes anteriores se habla de la estrecha relación entre acceso a educación de calidad, mejoramiento de la situación sanitaria y de vivienda, acceso a la tecnología y otras condiciones para la consecución de empleo de mejor calidad, todo lo cual refiere a las mencionadas “políticas activas”. Aquí es donde aparece el Estado como único garante de principios, que deben dejar de ser aspiraciones y convertirse en derecho exigible.

Pero aún desde el esquema habitual de relativización de derechos que rige las prácticas sociales actuales, para que el Estado pueda hacer efectivas (y no declamativas) políticas activas de inclusión social, son evidentes dos condiciones mínimas: que el gestor (gobierno) tenga nítidas intenciones en ese sentido  y que cuente con fondos para efectuar la tarea.

Las dificultades del primer término de la ecuación no son desconocidas para la CEPAL. En un documento antes citado se señala “la tensión permanente de sistemas políticos donde los sectores más favorecidos, generalmente asociados a actividades rentistas, usan la concentración del ingreso y el poder económico para mantener sus privilegios.” . El tan mentado “giro a la derecha” en algunos países de la región es tan sólo expresión de esa reacción conservadora.

Con respecto a lo segundo, basta constatar la actividad ilegal que desarrollan los sectores opulentos para impedir todo avance de los sectores más oprimidos de la sociedad. Una de las principales herramientas es la subversión fiscal. O sea la evasión.

“700.000 millones de dólares que están en paraísos fiscales pertenecen a personas de América Latina (un 10% del total sumergido mundial), lo que a su vez representa el 22% de la riqueza financiera total de la región, y que la mayor parte de este monto (alrededor del 80% en promedio) no ha sido declarada a las respectivas administraciones tributarias.”[4]

Por otra parte detalla el informe anterior las maniobras dolosas de las empresas multinacionales, que sobrefacturan gastos e importaciones y subfacturan ventas y exportaciones. 765.000 millones de dólares no han declarados entre 2004 y 2013, conspirando de esta manera contra las posibilidades de acción solidaria de los estados.

Estas empresas manejan además gran parte de los medios y por ende, tienen una enorme influencia en la opinión pública, a través de la cual se “deciden” los gobiernos.

¿Cómo seguir entonces aquellas recomendaciones si apenas un Estado comienza a favorecer a los vulnerables se encuentra con la tremenda reacción de los sectores del poder? ¿Cómo pensar en mejores empleos, si las principales corporaciones planifican para la economía mundial un horizonte de simbiosis de alta tecnología en la producción? En conjunto con las ya abultadas dosis de economía especulativa, todo ello atenta contra la posibilidad de ingreso formalizado y suficiente. Aún si se piensa en servicios, la intención empresarial apunta a reducir costos, lo cual se traduce en reducción de cantidad de personas empleadas o de salarios.  Nada hace pensar que ese modo antihumano de funcionar la economía varíe, de no mediar algún cambio sustancial.

Llamar a las cosas por su nombre

Hablar con propiedad es hablar de la propiedad. Y hablar de la propiedad es hablar de violencia económica. Es hablar, en general, de actividad delictiva. Calificar a la concentración de riqueza como delito no es tan sólo una alusión a su inmoralidad, aunque dicha actitud antisocial deba ser repudiada sin ambages en el campo valórico. Puede constatarse sin mayor dificultad cómo en la génesis misma y en el transcurso del proceso de acumulación de riqueza, se verifican numerosos delitos tipificados en los códigos civiles y penales vigentes. El dolo, el hurto, el robo, el fraude, la apropiación indebida, el plagio, la competencia desleal, la extorsión, la cartelización, la evasión y elusión fiscal – por sólo mencionar algunos procedimientos – son moneda corriente en la práctica de los grandes conglomerados empresariales. La corrupción que tanto irrita a la prensa dependiente tiene su origen en las empresas, no “en la política”. Corromper mediante dádiva, coima, prestaciones o apoyo electoral es para las empresas una práctica ordinaria que facilita “los buenos negocios”.

Para superar la desigualdad es preciso criminalizar la riqueza, incluso como delito de lesa humanidad, ya que conlleva el genocidio de cientos de miles de existencias.

En cuanto a la dirección de los procesos humanos, los pueblos sólo pueden contar consigo mismos. Deben movilizarse y organizarse. La paradoja de estatalización – dependencia excesiva de una gestión – y movilización popular puede ser resuelta convirtiendo a lo político en cuestión existencial. Ya no simplemente relativa a la primaria subsistencia – la cual ciertamente está en riesgo – sino en un sentido de cualidad ampliada, la de la existencia humana, relacionada con la posibilidad de crear y decidir – lo cual aparece hoy alejado de las expectativas y posibilidades de gran parte de la humanidad.

En términos sociales, los conjuntos organizados podrán así garantizarse una renta universal y avanzar por las vías del empleo cooperativo, es decir el autoempleo colectivo como factor primario de la producción y la economía.

Para que esto sea posible, necesitamos una ola de alfabetización transformadora. Para aprender a defendernos de la manipulación de los poderosos y de la naturalización de situaciones oprobiosas y evitables. Aprender que sólo habrá progreso si es de todos y para todos. Que estamos aquí para cambiar las cosas y para decidir nuestro propio destino.

[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Documento informativo Panorama Social de América Latina 2016.

[2] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, (2017), pág. 27

[3] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La matriz de la desigualdad social en América Latina.(2016)

[4] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio Económico de América Latina yel Caribe, 2016 (LC/G.2684-P), Santiago, 2016.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2017/06/informe-cepal-panorama-social-en-america-latina-2016-una-lectura-complementaria-y-critica/

Fotografía: Pressenza

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