Por Lev M. Velázquez Barriga
Desde que se creó el servicio profesional docente como la guillotina para cercenar al magisterio, se diseñó casi a la par, en 2014, la Ley de Coordinación Fiscal para secundar cualquier intento inconcluso de eliminarlo a través de la evaluación. Si bien la faceta evaluativa de la reforma educacional no se ha agotado, sí pasa por una etapa crítica. Por tal razón han activado de manera paralela mecanismos complementarios de despido, dispositivos administrativos que van reduciendo las plantillas escolares y que precarizan su salario. Tales medidas han ido avanzando de manera lenta, esparciéndose como un cáncer por el sistema educativo, pero hoy están provocando verdaderas situaciones de caos, a tal grado que suman descontentos en distintas partes del país.
La amenaza continua de una evaluación que atenta contra la estabilidad laboral de los profesores de mayor antigüedad ha sido suficiente para expulsarlos, por medio de la jubilación obligada; hablamos de por lo menos veinte por ciento del universo total de mentores mexicanos que desde 2013 han visto en el retiro la vía más segura para no perderlo todo. La situación es aún más preocupante después de la reforma fiscal, porque a partir de ella la aritmética tecnocrática para renovar, contratar y cubrir el salario a los maestros cambia radicalmente.
Para hacerlo gráfico, pongo de ejemplo a Michoacán: sólo en 2016 se tramitaron 3 mil 300 jubilaciones de claves docentes; por consecuencia, debieron darse de alta un número igual para llenar los vacíos, más otras tantas si consideramos el crecimiento natural de la población escolar; sin embargo, el gobierno sólo cuenta con 200 profesores idóneos disponibles con contratos de cuatro meses que terminarían en julio del presente año, resultado de las evaluaciones para el ingreso al servicio docente.
La situación dejaría en el abandono a más de 3 mil grupos, de no ser porque los profesores han decidido por propia voluntad no irse de las escuelas. En la otra cara de la moneda, las secretarías de Educación federal y de Michoacán se niegan a contratar a mil 200 egresados de las normales públicas de la generación 2016, cifra incluso menor a las necesidades reales. Esto no es nuevo, se han negado desde que entraron en vigor las reformas educativa y fiscal, tal pareciera que la finalidad es reducir al máximo la nómina educativa, pero a su vez cumplir el propósito de Aurelio Nuño de eliminar las escuelas rurales.
El problema crece exponencialmente con el control centralizado en la planificación de grupos escolares, porque los nuevos reglamentos administrativos tienen como requisito un mínimo de alumnos por encima del promedio de la OCDE; esto ha traído como consecuencia que en las escuelas de baja matrícula donde sus profesores piden cambio para salir ya no les sean reintegrados sus recursos humanos, pero también se advierte la tendencia a la fusión de grupos, incluso a la desaparición de los dobles turnos y por tanto de las dobles plazas.
La reforma fiscal y el régimen de negociación salarial única a escala nacional ha precarizado sistemáticamente el salario, la tendencia de los últimos años apunta al encasillamiento, como sucede en Chile, donde el aumento depende de los resultados de la evaluación, por lo que podrían pasar varios ciclos cuatrienales sin ninguna mejora. Sumemos a estos agravios que con el recorte del calendario escolar a 185 días (promedio de la OCDE) se pretende aumentar la jornada diaria, por si no fuera suficiente que los maestros mexicanos se encuentran entre los que más horas trabajan al año y los que menos ganan.
Los más afectados con la precarización son los docentes cuyas claves presupuestales fueron creadas con techos financieros estatales después de la descentralización escolar de los años noventa, pero que ahora penden de un hilo con el proceso de reconcentración de la nómina magisterial. A lo anterior le sumamos que entidades altamente endeudadas –tal es el caso de Michoacán–, han encontrado la justificación para sus desvíos financieros, de ese modo vemos un Silvano Aureoles que cobra oficialmente como gobernador, pero gasta y actúa como todo un candidato presidencial. Reforma fiscal y corrupción son la combinación perfecta que ha privado a los profesores estatales, por más de dos años, de las prestaciones que por ley les corresponden, una de ellas fue precisamente la del Día del Maestro. Los abusos contra el salario docente han llegado hasta niveles inconcebibles, en los que los descuentos vía nómina para pagos por concepto de créditos personales no llegan al destino de los acreedores, sino que se quedan como un vil robo en las arcas del gobierno.
Estas problemáticas derivan de una misma reforma con dos vertientes: una educativa y otra fiscal, ambas hacen de Michoacán y otros estados que hoy sostienen movilizaciones sociales decididas, un caldo de cultivo que comienza a agitar rebeliones magisteriales de dimensiones nacionales, acumulan la necesidad de transitar de los descontentos focalizados a las jornadas de lucha concentradas en la capital de la República o por lo menos coordinadas en las distintas regiones del país, de otro modo se pierde de vista que se enfrenta una política de Estado a escala federal.
Fuente artículo: http://www.jornada.unam.mx/2017/05/27/politica/014a1pol
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