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El INEE y la educación indígena

Roberto Rodríguez

En la historia de México han ocurrido diversos proyectos para ofrecer educación a la población indígena. En la primera mitad del siglo XX predominó una visión de corte integracionista, presente en las variadas iniciativas de castellanización y de incorporación de los niños y niñas indígenas al currículum oficial de la educación básica. A partir de los años ochenta comienza a abrirse paso una perspectiva de educación especializada, bajo el modelo de enseñanza bilingüe, bicultural e intercultural. Sin llegar al extremo de considerar que nada de lo intentado ha servido al propósito de resolver la problemática educativa de los indígenas mexicanos, lo cierto es que los datos al respecto siguen mostrando una condición sumamente deficitaria, en cantidad y calidad, y que el reto de brindar educación de calidad y pertinencia a los niños y jóvenes indígenas persiste con toda su intensidad.

Al respecto el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, acaba de publicar sus “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas (INEE, 2017). Por mandato constitucional el Instituto tiene la facultad y responsabilidad de “emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones de las Autoridades Educativas que buscan mejorar la calidad de la educación y su equidad”. Conforme a la normativa del INEE dichas directrices “se darán a conocer a las autoridades y las instituciones educativas responsables de atenderlas, y éstas deberán, en un plazo no mayor de 60 días naturales, hacer pública su respuesta.”

Visto así, las directrices de política educativa del Instituto no tienen un carácter inmediata y directamente vinculatorio, son más bien recomendaciones que las autoridades educativas, la federal y las de los estados, deben considerar y responder. Hasta ahora el INEE ha emitido dos directrices. La primera en materia de formación inicial de docentes de educación básica, la segunda relativa a la mejora de la atención educativa de niños, niñas y adolescentes de jornaleros agrícolas migrantes. En ambos casos se cuenta ya, a disposición en el portal del INEE, con los textos de las directrices, los documentos de respaldo, y las respuestas emitidas por la SEP y las autoridades de los estados.

Debido a un diseño insuficiente del procedimiento para la emisión de respuestas, el cuerpo documental que las contiene es heterogéneo y en general pobre en contenidos. En algunos casos simplemente se manifiesta aceptación con las directrices, en otros se informa qué se está haciendo o planeando hacer en la entidad respectiva, y en otros más se procura enriquecer las directrices del INEE con sugerencias que atañen al contexto local. Pero prácticamente en ningún caso se manifiestan compromisos prácticos o metas a cumplir.

Las directrices sobre educación indígena son un tercer intento en la función de recomendaciones de política educativa del INEE. Vienen precedidas de un muy interesante diagnóstico que realizó el INEE en colaboración con la UNICEF, publicado con el título Panorama Educativo de la Población Indígena 2015, también disponible a texto completo en las páginas web del INEE.

Del Panorama se extraen los datos del diagnóstico. México cuenta con 7,297,694 individuos entre 3 y 17 años que se identifican como indígenas bajo el criterio de auto-adscripción. De ellos 1,893,020 son hablantes de una lengua indígena o bilingües con español. Un último subconjunto, los hablantes monolingües suman 372,594 en el mismo rango de edad. Se estima que entre la población hablante indígena mayor de 15 años, más de una cuarta parte son analfabetas.

Según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (2013) 43 de cada 100 estudiantes hablantes de lenguas indígenas que estudiaban la primaria, lo hacían en escuelas de modalidad general. Además, en las primarias indígenas 53 de cada 100 docentes, no hablaban una lengua originaria. La gran mayoría de los niños bilingües y monolingües cursan estudios en escuelas multigrado y con solo un profesor. En primarias indígenas 8 de cada 10 estudiantes se ubica en el rango mínimo de logro en matemáticas de la prueba PLANEA 2015. En 2014, 76.6% de los jóvenes de 15 a 17 años contaba con educación básica completa, mientras esto sólo sucedía para 56.7% de los jóvenes hablantes de alguna lengua indígena. La situación es crítica, desde cualquier punto de vista.

A la luz del diagnóstico el INEE propone seis directrices:

  1. Fortalecer el enfoque de inclusión, equidad y no discriminación en la política educativa nacional, con énfasis en la atención y la participación de la población indígena.
  2. Robustecer el vínculo entre la escuela y la comunidad, como ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, y base de la pertinencia y la calidad de la educación que reciben.
  3. Establecer un modelo curricular que favorezca la interculturalidad en toda la educación obligatoria y garantice su pertinencia cultural y lingüística para la población indígena.
  4. Garantizar el desarrollo profesional de docentes y directivos acorde con las necesidades educativas y los derechos de la niñez indígena.
  5. Garantizar centros escolares con infraestructura y equipamiento que respondan a las necesidades de las comunidades indígenas.
  6. Impulsar la mejora y la innovación permanente de la educación para la niñez indígena.

Se deben entender como recomendaciones iniciales y básicas para el diseño de una nueva generación de políticas de educación indígena. Se espera que sean recogidas por la versión final del Nuevo Modelo Educativo. O quizás queden para el 2018, ya se verá.

Fuente del Artículo:

El INEE y la educación indígena

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Las razones por las que millones en EEUU no terminan la universidad

EEUU/07 de marzo de 2017/Fuente: http://latino4u.net

Los mismos obstáculos impiden a los estudiantes de obtener títulos y con frecuencia ponen fuera de su alcance los trabajos de clase media con buenos sueldos.

¿Cómo es que millones de estadounidenses están sin trabajos o atrapados en empleos que pagan poco mientras que los empleadores dejan millones de puestos vacantes cada año? Una gran razón de esto es la crisis del alto nivel de abandono universitario en el país, algo que recién está recibiendo la atención nacional que merece. De hecho, menos de la mitad de los estudiantes universitarios de EEUU se gradúan. Y los niveles son peores en las universidades comunitarias(conocidos en inglés como ‘community colleges’), las cuales son los proveedores principales de educación y capacitación para los 29 millones de empleos de habilidades medianas que pagan sueldos de clase media.

Esto no es solamente un problema para las personas que no se gradúan. Es un problema para todos nosotros. Sin trabajos decentes con sueldos decentes, la gente se queda atrapada en la pobreza, persiste la desigualdad de ingresos y la promesa estadounidense de oportunidad para todos no se pude cumplir. Los trabajos que pagan bien que requieren sólo un diploma de secundaria mayormente han desaparecido a medida que la automatización y la globalización han seguido transformando la economía. Ya para 2020 un 65% de los empleos requerirán por lo menos algo de educación postsecundaria. Las universidades comunitarias imparten clases a casi la mitad de todos los estudiantes estadounidenses e inscriben a unos 10 millones de estudiantes cada año, pero sólo un poco menos de un 20% de ellos obtiene un diploma dentro de tres años.

Por muy deprimentes que son estas cifras, no reflejan la extensión completa del problema, aunque las estadísticas excluyen a estudiantes matriculados a tiempo parcial y también a los que toman un receso de sus estudios para trabajar o cuidar a familiares para luego regresar a la universidad. Existen pruebas anecdóticas que indican que los índices de terminación de estudios para estos estudiantes podrían ser aún más bajos. Esto significa que una buena parte de los trabajadores potenciales de EEUU no están recibiendo la educación y la capacitación que necesitan para mantenerse a sí mismos y a sus familias y luego ascender a la clase media.

Hay dos razones principales por las que los estudiantes no terminan sus estudios universitarios, las que normalmente operan en conjunto: una preparación inadecuada y dificultades para navegar por la universidad.

Los graduados de secundarias de áreas de alta pobreza generalmente no están bien preparados para el nivel de estudios de la universidad, por lo que son asignados cursos correctivos en Matemáticas e Inglés. Los trabajadores adultos que se matriculan en las universidades comunitarias en su esfuerzo por avanzar sus carreras enfrentan obstáculos parecidos, ya que sus habilidades académicas normalmente están oxidadas.

Se les puede requerir a los estudiantes que tomen de uno a tres cursos correctivos, los cuales se tienen que tomar en orden y no confieren créditos universitarios. El atraso les cuesta dinero y tiempo a los estudiantes —los cursos de desarrollo gastan la ayuda financiera, la cual tiene una duración limitada, y no cuentan como parte de los cursos necesarios para recibir un título universitario— y también produce frustración y desaliento. Un 70% de los estudiantes asignados a cursos correctivos nunca terminan sus estudios universitarios.

La segunda razón por las que los estudiantes no obtienen sus títulos universitarios es por la dificultad de combinar los estudios universitarios con otros compromisos o navegar el sistema de educación superior. Cerca de dos tercios de los estudiantes en universidades comunitarias trabajan para mantenerse a sí mismos y a sus familias mientras que estén estudiando y quizás estén enfrentando hambre y estar sin techo. Muchos son padres solteros y más de un tercio son los primeros en sus familias en asistir a la universidad. Ambos son factores que pueden presentar obstáculos para la graduación.

Dado que muchos estudiantes en universidades comunitarias han tenido poca exposición previa a los estudios superiores, con frecuencia tienen dificultades con todos los aspectos necesarios para completar los estudios universitarios con éxito, como escoger cursos que llevan a un título, solicitar la ayuda financiera, obtener tutoría u otro tipo de apoyo académico y equilibrar el trabajo con los estudios universitarios.

Esto no es un problema nuevo: ha estado en el radar de los educadores y los legisladores durante décadas. Nuestra organización se llama Jobs for the Future (Empleos para el Futuro o JFF por sus siglas en ingles). Nosotros y nuestros socios hemos desarrollado algunas soluciones para mejorar los índices de graduación de universidad en todo el país:

1. Rediseñar la educación correctiva

La meta de nuevos enfoques es acortar el tiempo que un estudiante pasa con los estudios correctivos y hacer que tales estudios sean relevantes para las metas de carrera del estudiante. Siempre que sea posible, los cursos de educación correctiva dan créditos para títulos universitarios para acelerar el progreso del estudiante en cuanto a recibir un título.

Las universidades también están buscando maneras más efectivas de medir la preparación académica. En lugar de depender de puntajes estandarizados de exámenes para determinar cuáles estudiantes necesitan clases correctivas, las universidades están usando múltiples medidas, entre ellas los expedientes académicos de la preparatoria, evaluaciones de maestros y conversaciones entre estudiantes y consejeros.

JFF ha colaborado con Florida, Virginia Occidental, Ohio y otros estados para encabezar un movimiento nacional para reformar la educación de desarrollo.

2. Caminos guiados a través de la universidad

El catálogo de cursos universitarios no es tan diferente a un bufet libre: presenta a los estudiantes una gama vertiginosa de opciones atractivas, pero ofrece poca orientación sobre escoger los cursos adecuados en la orden correcta. Con sólo una cantidad mínima de asesoramiento disponible, con frecuencia los estudiantes universitarios hacen malas elecciones y terminan con un conjunto desarticulado de créditos en lugar de un título o se quedan sin los créditos adecuados para trasladarse a una universidad de cuatro años (en EEUU las universidades comunitarias normalmente ofrecen dos años de estudios, las que pueden llevar luego a pasar a un programa de cuatro años en otra institución).

La solución a este problema se llama ‘caminos guiados’ y es como un menú de precio fijo. Se limita el universo de elecciones y se organizan tales opciones en secuencias que le ayudan al estudiante a ponerse —y mantenerse— en un camino hacia completar un programa de certificación o bien de licenciatura. Los caminos guiados también incluyen asesoramiento extenso y otros tipos de apoyo para ayudar a los estudiantes a navegar todos los aspectos de la vida universitaria. JFF provee la pericia a las instituciones y a los legisladores para promover políticas y programas que apoyen caminos guiados.

3. La secundaria preuniversitaria

Llamadas early college high school en inglés, estas son secundarias especiales que preparan académicamente a los estudiantes de bajos ingresos y les dan el conocimiento y confianza que necesitan para navegar la universidad. Los estudiantes en estos programas toman cursos universitarios —recibiendo créditos— mientras que estén en la preparatoria. De tal modo llegan a la universidad con la preparación académica adecuada en lugar de necesitar cursos correctivos. Apoyo extenso de maestros y asesores —junto con mucha exposición a los campos universitarios, la cultura universitaria y las expectativas— les da a incluso los estudiantes más vulnerables la oportunidad de completar sus estudios universitarios.
La mayoría de los estudiantes (un 94%) en estos programas se gradúan de la preparatoria con algunos créditos universitarios y un tercio obtienen un diplomado ( associate’s degree) para el tiempo en que se gradúan de la preparatoria. Esto los permite matricularse inmediatamente en una universidad de cuatro años. JFF y nuestros socios hemos ayudado a iniciar o a rediseñar más de 280 escuelas de early college que actualmente atienden a más de 80,000 estudiantes en todo el país.

Desarrollar estas soluciones requiere mucho esfuerzo meditado y colaborativo. Cada una ha tomado años —con frecuencia décadas— para desarrollarse, y todas son trabajos en elaboración que requieren inversiones significativas para mantenerse. Mejorar los índices de la graduación de la universidad es lento y caro, pero es mucho más alto el costo de dejar atrás a grandes partes de la población.

Fuente de la Noticia:

http://latino4u.net/las-razones-por-las-que-millones-en-eeuu-no-terminan-la-universidad/

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México: Universidad de Puebla recibió reconocimientos de la UNESCO

México/ 07 de marzo de 2017/ Fuente: Terra

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), informó que recibió los reconocimientos Memoria del Mundo de México y Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe, por parte del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO.

Indicó que dichos documentos acreditan el ingreso del Códice Sierra-Texupan y del Canto General, de Pablo Neruda, ambos al resguardo de la Biblioteca Histórica «José María Lafragua», respectivamente.

La BUAP dijo que la entrega de reconocimientos ocurrió en la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en la Ciudad de México, donde Nuria Sanz, directora de la Oficina de la UNESCO en México y Rosa María Fernández de Zamora, presidenta honoraria del Comité Mexicano del Programa Memoria del Mundo de dicho organismo, entregaron las distinciones.

Mercedes I. Salomón Salazar, directora de la Biblioteca Histórica «José María Lafragua» de la BUAP, al recibir la distinción Memoria del Mundo de México la cual correspondió al Códice Sierra-Texupan refrendó el compromiso de la institución por preservar la memoria documental, en este caso del códice ejemplo de la magnificencia mixteca.

Agregó que se trata del único libro de contabilidad que se conserva en el país, en el que se registraban las adquisiciones de la comunidad de Santa Catarina Texupan, cuyas ruinas se ubican en las cercanías del actual Santiago Tejupan, en la Mixteca Alta de Oaxaca.

Es compuesto por 62 fojas escritas y pintadas por ambos lados. El códice fue elaborado en papel europeo por diversos escribanos o tlacuilos, entre 1550 y 1564.

La máxima casa de estudios de Puebla señaló que el texto está escrito en náhuatl y mixteco, con caracteres latinos; además presenta una doble notación numérica: arábiga y vigesimal mesoamericana, por ello, es considerado como un tesoro mestizo y está al resguardo de la BUAP.

Por otra parte, ingresó a Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe, la primera edición 1950, ejemplar 423, del Canto General de Neruda, en posesión de la Biblioteca Histórica «José María Lafragua», cuyo reconocimiento fue recibido por Manuel de Santiago Hernández, ex director de dicho sitio.

El Canto General, es un conjunto de cantos a la tierra, los trabajadores y la lucha de los pueblos de América por su libertad, además es uno de los últimos libros de la tipografía mexicana antes de la llegada de los formatos digitales.

De ahí que el ejemplar es resguardado en la máxima casa de estudios en Puebla y está firmado por su autor, el Nobel chileno Pablo Neruda.

Fuente de la Noticia:

https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/universidad-de-puebla-recibio-reconocimientos-de-la-unesco,04e50443b8a150837a1a86110dde210664dy1n9k.html

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Continúa abierta oportunidad de estudiar en Nueva Zelanda

México – Nueva Zelanda/07 de marzo de 2017/ Fuente: http://www.sistemamichoacano.tv

La Casa de Hidalgo ofrece esta oportunidad de realizar estudios de posgrado, con el apoyo del gobierno de ese país.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de su Departamento de Vinculación y Desarrollo, invita a los egresados de licenciatura a participar en la convocatoria de Becas de Desarrollo otorgadas por el Gobierno de Nueva Zelanda, como una nueva oportunidad para continuar con sus estudios en un país extranjero.

La convocatoria fue dada a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), con el propósito de que estudiantes destacados mexicanos puedan realizar estancias de estudio de posgrado en Nueva Zelanda.

El Programa incluye diversas disciplinas de estudio relacionadas con dos diferentes áreas: la primera en Energías Renovables, que incluye temas de investigación en energía solar, eólica, ingeniería hidráulica y sistemas de distribución de energía renovables.

En tanto que la segunda va encaminada al Desarrollo Agropecuario en varias de sus ramas como: Manejo de Agronegocios, Economía Agropecuaria, Manejo y Sistemas Agropecuarios, Desarrollo Rural, Biología, Silvicultura, Recursos Pesqueros, Acuicultura, Control de Plagas Agrícolas, Medidas Fitosanitarias, Biotecnología, Comercio Agropecuario y Producción de Alimentos, entre otras.

Los requisitos básicos para los interesados en obtener una beca son: tener menos de 39 años al inicio de la beca, conocimientos del idioma inglés, contar con al menos dos años de experiencia laboral, así como regresar a su país de origen por lo menos por dos años después de completar sus estudios en Nueva Zelanda.

El periodo de aplicación para la beca ya se encuentra abierto y finaliza el próximo 30 de marzo; para más información sobre los requisitos, consultar la página web: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189199/Nueva_Zelandia_2017.pdf  donde se encontrarán más detalles sobre las bases de la convocatoria.

Los interesados que cumplan con los requisitos establecidos se podrán dirigir al Departamento de Vinculación y Desarrollo Nicolaita, ubicado en la planta baja de la Torre de Rectoría, teléfono (443) 316 88 09, donde recibirán el apoyo necesario durante el proceso de aplicación.

Fuente de la Noticia:

http://www.sistemamichoacano.tv/noticias/76-educacion/15549-continua-abierta-oportunidad-de-estudiar-en-nueva-zelanda

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Día Internacional de la Mujer: UNESCO destaca desafíos en el mundo de las artes

UNESCO/ 07 de marzo de 2017/

Las celebraciones de la UNESCO para el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, se centrarán en la participación de éstas en el mundo de las artes y su representación en los medios de comunicación.

El primero de esos eventos será un debate en torno a las mujeres en la arena artística, con temas como los desafíos que afrontan, su uso como foro de expresión y el papel que desempeñan las artes para desmantelar los estereotipos de género.

Otro acontecimiento será el lanzamiento de la campaña de concienciación sobre las mujeres y las noticias.

La iniciativa destaca la importancia de mejorar la representación de éstas en las salas de redacción y en la elección de temas sobre los cuales informar.

La UNESCO también presentará una nueva edición del Atlas sobre la Inequidad de Género en la Educación para mostrar en qué partes del mundo se están haciendo progresos y dónde hay rezagos.

Todos los programas del día tendrán lugar en la sede del organismo en París.

Fuente de la Noticia:

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/dia-internacional-de-la-mujer-4/

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The United States’ War on Youth: From Schools to Debtors’ Prisons

Henry A. Giroux

If one important measure of a democracy is how a society treats its children, especially poor youth of color, there can be little doubt that American society is failing. As the United States increasingly models its schools after prisons and subjects children to a criminal legal system marked by severe class and racial inequities, it becomes clear that such children are no longer viewed as a social investment but as suspects. Under a neoliberal regime in which some children are treated as criminals and increasingly deprived of decent health care, education, food and  housing, it has become clear that the United States has both failed its children and democracy itself.

Not only is the United States the only nation in the world that sentences children to life in prison without parole, the criminal legal system often functions so as to make it more difficult for young people to escape the reach of a punishing and racist legal system. For instance, according to a recent report published by the Juvenile Law Center, there are close to a million children who appear in juvenile court each year subject to a legal system rife with racial disparities and injustices. This is made clear by Jessica Feierman, associate director of the Juvenile Law Center in her report «Debtors’ Prison for Kids? The High Cost of Fines and Fees in the Juvenile Justice System.» In an interview with the Arkansas Times, Feierman said:

Racial disparities pervade our juvenile justice system. Our research suggests that we can reduce those disparities through legislative action aimed at costs, fines, fees, and restitution … In every state, youth and families can be required to pay juvenile court costs, fees, fines, or restitution. The costs for court related services, including probation, a «free appointed attorney,» mental health evaluations, the costs of incarceration, treatment, or restitution payments, can push poor children deeper into the system and families deeper into debt. Youth who can’t afford to pay for their freedom often face serious consequences, including incarceration, extended probation, or denial of treatment — they are unfairly penalized for being poor. Many families either go into debt trying to pay these costs or forego basic necessities like groceries to keep up with payments.

 According to the report, sometimes when a family can’t pay court fees and fines, the child is put in a juvenile detention facility. Such punitive measures are invoked without a degree of conscience or informed judgment as when children are fined for being truant from school. In her article in Common Dreams, Nika Knight pointed to one case in which a child was fined $500 for being truant and because he could not pay the fine, «spent three months in a locked facility at age 13.» In many states, the parents are incarcerated if they cannot pay for their child’s court fees. For many parents, such fines represent a crushing financial burden, which they cannot meet, and consequently their children are subjected to the harsh confines of juvenile detention centers. Erik Eckholm has written in The New York Times about the story of Dequan Jackson, which merges the horrid violence suffered by the poor in a Dickens novel with the mindless brutality and authoritarianism at the heart of one of Kafka’s tales. Eckholm is worth quoting at length:

When Dequan Jackson had his only brush with the law, at 13, he tried to do everything right. Charged with battery for banging into a teacher while horsing around in a hallway, he pleaded guilty with the promise that after one year of successful probation, the conviction would be reduced to a misdemeanor. He worked 40 hours in a food bank. He met with an anger management counselor. He kept to an 8 p.m. curfew except when returning from football practice or church. And he kept out of trouble. But Dequan and his mother, who is struggling to raise two sons here on wisps of income, were unable to meet one final condition: payment of $200 in court and public defender fees. For that reason alone, his probation was extended for what turned out to be 14 more months, until they pulled together the money at a time when they had trouble finding quarters for the laundromat.

Not only do such fines create a two-tier system of justice that serves the wealthy and punishes the poor, they also subject young people to a prison system fraught with incidents of violent assault, rape and suicide. Moreover, many young people have health needs and mental health problems that are not met in these detention centers, and incarceration also fuels mental health problems.

Suicide rates behind bars «are more than four times higher than for adolescents overall,» according to the Child Trends Data Bank. Moreover, «between 50 and 75 percent of adolescents who have spent time in juvenile detention centers are incarcerated later in life.» Finally, as the «Debtors’ Prison for Kids Report» makes clear, kids are being sent to jail at increasing rates while youth crime is decreasing. The criminal legal system is mired in a form of casino capitalism that not only produces wide inequalities in wealth, income and power, but it also corrupts municipal court systems that are underfunded and turn to unethical and corrupt practices in order to raise money, while creating new paths to prison, especially for children.

Debtors’ prisons for young people exemplify how a warfare culture can affect the most vulnerable populations in a society, exhibiting a degree of punitiveness and cruelty that indicts the most fundamental political, economic and social structures of a society. Debtors’ prisons for young people have become the dumping grounds for those youth considered disposable, and they are also a shameful source of profit for municipalities across the United States. They operate as legalized extortion rackets, underscoring how our society has come to place profits above the welfare of children. They also indicate how a society has turned its back on young people, the most vulnerable group of people in our society.

There is nothing new about the severity of the American government’s attack on poor people, especially those on welfare, and both political parties have shared in this ignoble attack. What is often overlooked, however, is the degree to which children are impacted by scorched-earth policies that extend from cutting social provisions to the ongoing criminalization of a vast range of behaviors. It appears that particularly when it comes to young people, especially poor youth and youth of color, society’s obligations to justice and social responsibility disappear.

Modeling Schools After Prisons

We live at a time in which institutions that were meant to limit human suffering and misfortune and protect young people from the excesses of the police state and the market have been either weakened or abolished. The consequences can be seen clearly in the ongoing and ruthless assault on public education, poor students and students of color. Schools have become, in many cases, punishment factories that increasingly subject students to pedagogies of control, discipline and surveillance. Pedagogy has been emptied of critical content and now imposes on students mind-numbing teaching practices organized around teaching for the test. The latter constitutes both a war on the imagination and a disciplinary practice meant to criminalize the behavior of children who do not accept a pedagogy of conformity and overbearing control.

No longer considered democratic public spheres intended to create critically informed and engaged citizens, many schools now function as punishing factories, work stations that mediate between warehousing poor students of color and creating a path that will lead them into the hands of the criminal legal system and eventually, prison. Under such circumstances, it becomes more difficult to reclaim a notion of public schooling in which the culture of punishment and militarization is not the culture of education. Hope in this instance has to begin with a critical discourse among teachers, students, parents and administrators unwilling to model the schools after a prison culture.

Many schools are now modeled after prisons and organized around the enactment of zero tolerance policies which, as John W. Whitehead has pointed out, put «youth in the bullseye of police violence.» Whitehead argues rightfully that:

The nation’s public schools — extensions of the world beyond the schoolhouse gates, a world that is increasingly hostile to freedom — have become microcosms of the American police state, containing almost every aspect of the militarized, intolerant, senseless, overcriminalized, legalistic, surveillance-riddled, totalitarian landscape that plagues those of us on the «outside.»

Not only has there been an increase in the number of police in the schools, but the behavior of kids is being criminalized in ways that legitimate what many call the school-to-prison pipeline. School discipline has been transformed into a criminal matter now handled mostly by the police rather than by teachers and school administrators, especially in regard to the treatment of poor Black and Brown kids. But cops are doing more than arresting young people for trivial infractions, they are also handcuffing them, using tasers on children, applying physical violence on youth, and playing a crucial role in getting kids suspended or expelled from schools every year.

The Civil Rights Project rightly argues that public schools are becoming «gateways to prisons.» One estimate suggests that a growing number of young people will have been arrested for minor misbehaviors by the time they finish high school. This is not surprising in schools that already look like quasi-prisons with their drug-sniffing dogs, surveillance systems, metal detectors, police patrolling school corridors, and in some cases, police systems that resemble SWAT teams.

While there has been a great deal of publicity nationwide over police officers killing Black people, there has been too little scrutiny regarding the use of force by police in the schools. As Jaeah Lee observed in Mother Jones, the «use of force by cops in schools … has drawn far less attention [in spite of the fact that] over the past five years at least 28 students have been seriously injured, and in one case shot to death, by so-called school resource officers — sworn, uniformed police assigned to provide security on k-12 campuses.»

According to Democracy Now, there are over 17,000 school resource officers in more than half of the public schools in the United States, while only a small percentage have been trained to work in schools. In spite of the fact that violence in schools has dropped precipitously, school resource officers are the fastest growing segment of law enforcement and their presence has resulted in more kids being ticketed, fined, arrested, suspended and pushed into the criminal legal system.

In 2014 over 92,000 students were subject to school-related arrests. In the last few years, videos have been aired showing a police officer inside Spring Valley High School in Columbia, South Carolina throwing a teenage girl to the ground and dragging her out of her classroom. In Mississippi schools, a student was handcuffed for not wearing a belt, a black female student was choked by the police, and one cop threatened to shoot students on a bus.

Neoliberalism is not only obsessed with accumulating capital, it has also lowered the threshold for extreme violence to such a degree that it puts into place a law-and-order educational regime that criminalizes children who doodle on desks, bump into teachers in school corridors, throw peanuts at a bus, or fall asleep in class. Fear, insecurity, humiliation, and the threat of imprisonment are the new structuring principles in schools that house our most vulnerable populations. The school has become a microcosm of the warfare state, designed to provide a profit for the security industries, while imposing a pedagogy of repression on young people.

According to the US Department of Education Office for Civil Rights, a disproportionate number of students subject to arrests are Black. It states: «While black students represent 16% of student enrollment, they represent 27% of students referred to law enforcement and 31% of students subjected to a school-related arrest.»

Too many children in the Unites States confront violence in almost every space in which they find themselves — in the streets, public schools, parks, and wider culture. In schools, according to Whitehead, «more than 3 million students are suspended or expelled every year.» Violence has become central to America’s identity both with regards to its foreign policy and increasingly in its domestic policies.  How else to explain what Lisa Armstrong revealed in The Intercept: «The United States is the only country in the world that routinely sentences children to life in prison without parole, and, according to estimates from nonprofits and advocacy groups, there are between 2,300 and 2,500 people serving life without parole for crimes committed when they were minors.»

The predatory financial system targets poor, Black and Brown children instead of crooked bankers, hedge fund managers, and big corporations who engage in massive corruption and fraud while pushing untold numbers of people into bankruptcy, poverty and even homelessness. For example, according to Forbes, the international banking giant HSBC exposed the US financial system to «a wide array of money laundering, drug trafficking, and terrorist financing … and channeled $7 billion into the U.S. between 2007 and 2008 which possibly included proceeds from illegal drug sales in the United States.» Yet, no major CEO went to jail. Even more astounding is that «the profligate and dishonest behavior of Wall Street bankers, traders, and executives in the years leading up to the 2008 financial crisis … went virtually unpunished.»

Resisting Criminalization of School Discipline and Everyday Behavior

Violence against children in various sites is generally addressed through specific reforms, such as substituting community service for detention centers, eliminating zero tolerance policies in schools, and replacing the police with social workers, while creating supportive environments for young people. The latter might include an immediate stoppage to suspending, expelling and arresting students for minor misbehaviors. Legal scholar Kerrin C. Wolf has proposed a promising three-tier system of reform that includes the following:

The first tier of the system provides supports for the entire student body. Such supports include clearly defining and teaching expected behaviors, rewarding positive behavior, and applying a continuum of consequences for problem behavior. The second tier targets at-risk students — students who exhibit behavior problems despite the supports provided in the first tier — with enhanced interventions and supports, often in group settings. These may include sessions that teach social skills and informal meetings during which the students «check in» to discuss how they have been behaving. The third tier provided individualized and specialized interventions and supports for high-risk students — students who do not respond to the first and second tier supports and interventions. The interventions and supports are based on a functional behavior assessment and involve a community of teachers and other school staff working with the student to change his or her behavior patterns.

Regarding the larger culture of violence, there have also been public demands that police wear body cameras and come under the jurisdiction of community. In addition, there has been a strong but largely failed attempt on the part of gun reform advocates to establish policies and laws that would control the manufacture, sale, acquisition, circulation, use, transfer, modification or use of firearms by private citizens. At the same time, there is a growing effort to also pass legislation that would not allow such restrictions to be used as a further tool to incarcerate youth of color. In short, this means not allowing the war on gun violence to become another war on poor people of color similar to what happened under the racially biased war on drugs. And while such reforms are crucial in the most immediate sense to protect young people and lessen the violence to which they are subjected, they do not go far enough. Violence has reached epidemic proportions in the United States and bears down egregiously on children, especially poor youth and youth of color. If such violence is to be stopped, a wholesale restructuring of the warfare state must be addressed. The underlying structure of state and everyday violence must be made visible, challenged and dismantled.

The violence waged against children must become a flashpoint politically to point to the struggles that must be waged against the gun industry, the military-industrial-academic complex, and an entertainment culture that fuels what Dr. Phil Wolfson describes in Tikkun Magazine as «fictive identifications» associated with «murderous combat illusions and delusions.» Violence must be viewed as endemic to a regime of neoliberalism that breeds racism, class warfare, bigotry and a culture of cruelty. Capitalism produces the warfare state, and any reasonable struggle for a real democracy must address both the institutions organized for the production of violence and the political, social, educational and economic tools and strategies necessary for getting rid of it.

Americans live at a time in which the destruction and violence pursued under the regime of neoliberalism is waged unapologetically and without pause. One consequence is that it has become more difficult to defend a system that punishes its children, destroys the lives of workers, derides public servants, plunders the planet and destroys public goods.  Americans live in an age of disposability in which the endless throwing away of goods is matched by a system that views an increasing number of people — poor Black and Brown youth, immigrants, Muslims, unemployed workers and those unable to participate in the formal economy — as excess and subject to zones of social and economic abandonment. As Gayatri Spivak rightly observes, «When human beings are valued as less than human, violence begins to emerge as the only response.» At issue here is not just the crushing of the human spirit, mind and body, but the abandonment of democratic politics itself. Violence wages war against hope, obliterates the imagination, and undermines any sense of critical agency and collective struggle.

Sites of Resistance

Yet, resistance cannot be obliterated, and we are seeing hopeful signs of it all over the world. In the US, Black youth are challenging police and state violence, calling for widespread alliances among diverse groups of young people, such as the Movement for Black Lives (M4BL), worker-controlled labor movements,  the movement around climate change, movements against austerity and movements that call for the abolition of the prison system among others. All of these are connecting single issues to a broader comprehensive politics, one that is generating radical policy proposals that reach deep into demands for power, freedom and justice. Such proposals extend from reforming the criminal legal system to ending the exploitative privatization of natural resources. What is being produced by these young people is less a blueprint for short-term reform than a vision of the power of the radical imagination in addressing long term, transformative organizing and a call for a radical restructuring of society.

What we are seeing is the birth of a radical vision and a corresponding mode of politics that calls for the end of violence in all of its crude and militant death-dealing manifestations.  Such movements are not only calling for the death of the two-party system and the distribution of wealth, power and income, but also for a politics of civic memory and courage, one capable of analyzing the ideology, structures and mechanisms of capitalism and other forms of oppression. For the first time since the 1960s, political unity is no longer a pejorative term, new visions matter and coalitions arguing for a broad-based social movement appear possible again.

A new politics of insurrection is in the air, one that is challenging the values, policies, structure and relations of power rooted in a warfare society and war culture that propagate intolerable violence. State violence in both its hidden and visible forms is no longer a cause for despair but for informed and collective resistance. Zygmunt Bauman is right in insisting that the bleakness and dystopian politics of our times necessitates the ability to dream otherwise, to imagine a society «which thinks it is not just enough, which questions the sufficiency of any achieved level of justice and considers justice always to be a step or more ahead. Above all, it is a society that reacts angrily to any case of injustice and promptly sets about correcting it.»

It is precisely such a collective spirit informing a resurgent politics within the Black Lives Matter movement and other movements — a politics that is being rewritten in the discourse of critique and hope, emancipation and transformation. Once again, the left has a future and the future has a left.

Copyright, Truthout

http://www.truth-out.org/news/item/38044-america-s-war-on-youth-from-schools-to-debtors-prisons

 

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En cuatro años, la desaparición de mujeres jóvenes en México creció 974 por ciento

México/06 marzo 2017/Fuente: vanguardia

Detrás de estos delitos hay grupos criminales vinculados con trata de personas con fines de explotación sexual comercial, asegura la Red por los Derechos de la Infancia en México
México.- La desaparición de mujeres adolescentes en México está relacionada con grupos criminales vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y va en aumento, reportó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Las zonas más afectadas por estas desapariciones son la frontera norte y el centro del país.

Tan solo en cuatro años, de los 57 casos registrados en 2010 se pasó a 612 para 2014, lo que representa un aumento de 974 por ciento, informó el director de la Redim, Juan Martín Pérez García, en el seminario impartido en línea Niñez desaparecida, convocado por Cimac.

La organización ha documentado que las adolescentes entre 15 y 17 años de edad son el principal perfil de ataque contemplado por las redes criminales de trata de personas: siete de cada 10 adolescentes desaparecidos son mujeres. Pérez García señaló que se tiene identificado un patrón común de edad, rasgos y zonas geográficas donde ocurren los hechos.

Las entidades donde sucede este crimen de lesa humanidad tienen una correspondencia con las regiones perpetradas por el crimen organizado y grupos criminales, de acuerdo con los datos recabados por la Redim.

En la frontera norte, Tamaulipas registró de 2006 a 2014 la desaparición de mil 629 niñas y adolescentes menores de 17 años, la entidad con mayor número de casos; le sigue Baja California con 257 casos y Coahuila con 193 desaparecidas.

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El centro del país es otro de los focos rojos ubicados por la Redim. El Estado de México —que en los últimos años se ha representado como un caso paradigmático, indicó Pérez García— registró 386 casos, es la segunda entidad con mayor reporte de adolescentes desaparecidas.

En Guanajuato se contaron 263 casos, en Puebla 236, la Ciudad de México tuvo 169 desapariciones, Jalisco 139 y Michoacán 123.

Foto: Especial

NIÑOS, ADOPCIÓN ILEGAL Y VENTA

Este vínculo delictivo también ha correspondido con otro sector de la niñez: niños varones menores de cuatro años. En el mismo periodo, 2006 a 2014, mil 902 niños desaparecieron, “lo que da cuenta de que la desaparición de niños pequeños está asociada a adopción ilegal y venta de niños”, dijo Pérez García.

Aunque destacan las entidades con cientos de casos, el director de la Redim alertó que la desaparición de la juventud y niñez es una situación generalizada en todo el país. El organismo contó entre 2006 y 2014, seis mil 725 casos de niñas, niños y adolescentes, de 0 a 17 años de edad, desaparecidos.

PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA

Pérez García destacó que las acciones militares emplazadas por el Estado mexicano para abatir a estos grupos criminales no han logrado garantizar la seguridad de la niñez y juventud; por el contrario, han generado un miedo generalizado en el país.

El escenario se torna complicado debido a la ineficiencia de los sistemas y procesos normativos para la búsqueda de adolescentes y niñas desaparecidas. El especialista explicó que las entidades donde han desaparecido más mujeres son las que menos Alertas AMBER (sistema de anuncios de desapariciones) se han emitido.

Además, dijo, “organizaciones civiles han exigido por años la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para las acciones preventivas para aquellos casos de víctimas de violencia y desaparición”; sin embargo, su negación trae como consecuencia que las víctimas no logren ser localizadas o terminen siendo víctimas de feminicidio en la mayoría de los casos, afirmó Pérez García.

“Estamos tratando de que a partir de que se denuncie la desaparición, sin que se interponga una denuncia penal, se inicie la búsqueda”, pues en la mayoría de las entidades se tiene que esperar 72 horas para la localización, “horas vitales para la vida de las adolescentes”, dijo el especialista.

PROTOCOLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La Redim ha manifestado al gobierno mexicano la necesidad de incluir en la nueva Ley General de Personas Desaparecidas un capítulo específico sobre la niñez y juventud desaparecida que permita generar un protocolo más eficiente de búsqueda con perspectiva de género. Para ello, dijo el especialista, se deben implementar sistemas de búsqueda inmediata y programas de acompañamiento social que contemplen las particularidades de cada caso.

La agrupación pide también crear una base de datos oficial que contenga información desagregada con el fin de reconocer la magnitud del problema, un contexto normativo que dé sustento a la ley y acompañamiento a los familiares de víctimas desaparecidas.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es la instancia encargada de atender la problemática, pero no ha logrado establecerse, debido a la falta de voluntad de otras entidades, apuntó Pérez García.

“El resultado es que hoy no tenemos prácticamente ninguna actuación, ni preventiva, ni de cambio en las normativas para que puedan esclarecerse los seis mil 700 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos”, agregó el especialista.

ANTE IMPUNIDAD, INSTANCIAS INTERNACIONALES

La desaparición de mujeres adolescentes es poco visible, sobre todo al ser “intencionalmente opacada y ocultada” por el gobierno mexicano, con el fin de no asumir su responsabilidad, no solo a escala nacional, sino con instancias internacionales, explicó Pérez García.

El representante de la Redim dijo que la mayoría de los casos se mantiene en la impunidad debido a la ausencia de las autoridades: “Es imposible que un número tan alto de personas desparezca sin que ninguna autoridad pueda percatarse de ello, tenemos que tener claro que el Estado mexicano no está respondiendo a la realidad”.

CRISIS HUMANITARIA

Esta situación, aseveró, ya ha sido señalada por diversas organizaciones internacionales como un crimen de lesa humanidad que puede ser considerado como una crisis humanitaria y de derechos humanos (DH) en el país.

Ante la falta de acciones, el camino que han considerado las organizaciones y la sociedad civil es acudir a los órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la Redim ya tuvo una audiencia en abril de 2016. Ahí destacó la importancia de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de la defensa de los DH y señaló al Estado mexicano la necesidad de generar acciones para la juventud y niñez.

Fuente:http://www.vanguardia.com.mx/articulo/en-cuatro-anos-la-desaparicion-de-mujeres-jovenes-en-mexico-crecio-974-por-ciento

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