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La economía criminal y la economía del crimen en México (I). Explotación infantil.

Por: Ramon Cesar Gonzalez Ortiz

Dedico este trabajo a mi tío Silvano y a todos mis amigos asesinados o que fueron consumidos por las cosas que a diario ocurren en los barrios marginales.

Introducción

El capitalismo ha sido visto por algunos pensadores, hasta la actualidad, como un proceso que de forma inmanente lleva hacia un “progreso civilizador”. Sin embargo al observar con detalle algunos procesos particulares de la historia, como el paso de la economía fundamentalmente rural, – imperante en Europa durante los siglos XVI al XVIII – hacia una economía industrial, con su fase intermedia preindustrial. Así como las diferentes estrategias familiares que impuso y los diversos roles asignados a los niños dentro de ésta. Y que, comparados con algunos sucesos como la trata de personas o la prostitución infantil, que actualmente siguen padeciendo miles de niños y adolecentes, podremos percatarnos de que en realidad es muy cuestionable el mentado “progreso civilizatorio”, si es que lo hay.

Así, es menester destacar que dentro de la conformación de la “civilización de comerciantes” que actualmente impera. El nacimiento de la industria rural fue de enorme importancia para los niños, en cuanto que acrecentó su “utilidad económica”. Contribuyendo la industria rural a absorber la oferta de trabajo infantil campesina excedente. Puesto que muchos niños no trabajaban en sus propios hogares y fueron “acogidos” en las casas de otros campesinos o artesanos de la región, con el fin de que aprendiesen sus oficios.

En Inglaterra, por ejemplo, donde casi el 60 por ciento de la población comprendía entre los quince y los veinte cuatro años. Cerca de un tercio de los hijos continuaba viviendo con sus padres y para ayudar en los gastos de la casa la mayor parte de esta población trabajaban como criados. Siendo dentro de las familias campesinas sin tierra donde los hijos marcharan primero, debido a que de ningún modo podían contribuir a la economía familiar.

Mismas razones por las cuales en los condados occidentales de Inglaterra los niños eran cedidos a un agricultor a la edad de nueve años, permaneciendo con él hasta los veintiuno. Pero si la familia del niño tenía ocupación artesanal alterna o era poseedora de tierra, de manera que los hijos mayores pudieran heredar, no había tantos motivos para marcharse de casa. Sin embargo, serán los hijos intermedios los que se verán obligados a abandonar en primer lugar los hogares [1] .

En tanto que en los hospicios y otras instituciones similares como las workhausesinglesas – desde el siglo XVI – los hospicios y casas de misericordia, creados en Italia y España tras el Concilio de Treno y los hospitales generales franceses de 1650, introdujeron el trabajo manual de los niños pobres o abandonados de ambos sexos con fines moralizadores.

Comenzándose a conocer a dichas instituciones en el Siglo de las Luces, como escuelas de trabajo. Se instituyeron varias de estas en Francia durante los años sesenta del siglo XVIII, de manera que en 1789 existían en Lyon seis de estos centros. Siendo bien vistas la presencia de estos centros ante la opinión pública, ya que veían en ellas “ventajas para los niños”, ante el hecho de que podían ser habituados aun trabajo regular.

Conforme a tales hechos, las autoridades también se vieron beneficiadas por que las ganancias obtenidas con el trabajo infantil atenuaban los costes de la manutención de los niños, a la vez que conseguían un control social sobre los niños. De lo cual se siguió un uso intensivo de los niños por parte de los industriales, quienes recurrieron en mayor medida al empleo masivo del trabajo infantil [2] .

Por consiguiente, en Postdam, tal mecanismo opero en el orfelinato femenino, estipulándose un contrato con dos mercaderes, en el cual éstos se comprometieron a “adiestrar” a doscientas o trecientas chicas en la fabricación de encajes. Las niñas permanecían como aprendices por un tiempo de siete años, con una jornada laboral de nueve horas, sin recibir ningún tipo de paga durante los primeros cinco años, aunque después de estos recibían una sexta parte de un salario normal.

Resultando así que, la explotación intensiva del trabajo de mujeres y niños, generalizada en la manufactura doméstica o los talleres manufactureros. Habitúo a la gente a que viera a los niños trabajando y propicio que cuando la industrialización comenzará a transferir los procesos productivos de la casa a la fábrica, se considerara “natural” usar a los niños pobres como un componente clave de la fuerza de trabajo. Así, John Lock, en su trabajo “Pensamiento sobre educación” (1693), aconsejaba que en cada parroquia se instituyeran escuelas profesionales en las que los niños, a partir de los tres años de edad comenzarán a ser adiestrados en el trabajo de las manufacturas [3] .

A lo cual se le sumo el hecho, de que durante las primeras etapas de la Revolución Industrial, el problema para el “reclutamiento” de la mano de obra no era sólo de tipo cuantitativo sino también cualitativo. Debido a que los obreros de las primeras fábricas eran por lo general jornaleros agrícolas sin trabajo o tejedores a domicilio. Inhabilitados para el trabajo regular, carentes de una disciplina manufacturera y una familiaridad con la máquina, por lo cual eran consecuentemente inestables e inadecuados por tales motivos, para las necesidades de los primero patrones capitalistas.

Y la solución que encontraron muchos empresarios fue la explotación infantil. Los niños sin formación, sin tradición, más dóciles e indefensos por su edad, que los adultos, se convirtieron pronto en una mano de obra fácil de disciplinar. Los patronos concebían que habilitándolos al trabajo de sus fábricas desde su tierna edad, los niños se convertirían más adelante en obreros estables y regulares. [4]

Y una vez establecido tal patrón, el uso de la mano de obra infantil fue desigual en las primeras etapas de la Revolución Industrial, dividida por sectores económicos. Aunque una gran parte de niños fueron empleados principalmente en la industria textil donde, solos o como ayudantes de las mujeres, preparaban los materiales o realizaban trabajos auxiliares: limpiar, devanar, bobinar, etc.

De forma que en cada telar eran colocados dos o tres niños que limpiaban las bobinas y unían las roturas que se producían en los hilos de algodón empleados en los telares. Estando bajo la supervisión de un hilador adulto o adolecente, que trabajaba las piezas y era el responsables de su calidad. Siendo el “fundamento técnico” de los patronos, para la utilización de niños, más allá de las distintas razones socioeconómicas, el hecho de que al tener los dedos más pequeños que los adultos, los niños de ocho a doce años reataban los hilos de una mejor manera, arrastrándose por debajo de los telares, además de que podían circular entre los estrechos pasillos que los separaban [5] .

Motivos similares hicieron que muchos niños fueran utilizados en proceso más “especializados” como el estampado de los tejidos de algodón, conocidos como indianas [6] . En dicho sector, el empleo de niños y muchachas resulto ser tan lucrativo que contribuyó al asentamiento de una vía “alternativa” para el desarrollo tecnológico. De forma que la técnica “tradicional” del estampado mediante bloques pervivió hasta mediados del siglo XIX, pese al desarrollo de la maquinaria para el estampado.

Siendo utilizados los niños para extender el líquido de color utilizando un tamiz y un pequeño cepillo. “Contratados” a partir de los seis años para esa tarea y otras tantas, repetitivas. Trabajo que además requería a menudo de catorce a dieciséis horas de trabajo, al cual también se le sumaba trabajo nocturno. No obstante resultaban peor las condiciones de trabajo de los niños en las minas, donde algunos de los cuales apenas habían cumplido los cuatro años [7] .

La industria del vidrio también utilizaba niños de entre cinco y los siete años de edad. Sabiéndose que algunos niños eran de origen italiano, que eran llevados a trabajar a otros países, constituyéndose como una verdadera trata de personas. Debido a que los niños perdían a sus familias, su lengua y su lugar de nacimiento. Para soplar cañas con las que se moldeaban los vidrios.

La industria siderúrgica parece utilizó la mano de obra infantil de manera periférica y más limitada. Debido al esfuerzo muscular requerido. Por lo que trabajaban los niños más bien en los bosques al lado de los leñadores, conduciendo las mulas y aplicando la leña o el carbón que posteriormente sería utilizado en las fundiciones. En tano que la industria algodonera inglesa en 1830, se encontraba compuesta por una fuerza de trabajo menor a los veintiún años. Donde los niños a partir de los siete años tenían que trabajar de doce a quince horas diarias, o nocturnas, durante seis días a la semana. En tareas inacabables donde se contaban dedos cortados y miembros aplastados por las ruedas de las máquinas [8] .

Pero las fábricas no fueron el único lugar de sufrimiento infantil a lo largo del siglo XIX. En Inglaterra, entre 1870 y 1930 se calcula que cerca de 100.000 niños recogidos de las calles y orfelinatos, en edades de apenas dos y tres años en adelante, fueron embarcados con dirección a las diferentes colonias del Imperio Británico, especialmente hacia Canadá y Australia. Siendo entregados a familias de colonos, fueron sometidos a una vida de trabajo no menos dura que algunos de sus coetáneos en Europa.

El capitalismo y el trabajo infantil en la actualidad.

No obstante los siglos de por medio en la explotación infantil indicada, esta sigue vigente en la actualidad aun en aras del “progreso civilizatorio”. Por lo que cabe razonar acerca del avance del “capitalismo civilizatorio”, toda vez que la prioridad capitalista sigue siendo el “crecimiento económico”. Por ejemplo, durante muchos años las llamas economías “emergentes” como la mexicana fueron acusadas por los políticos de los países imperialistas, de ser dispendiosas, asumir riesgos excesivos y de adoptar medidas de política económica contraproducente. Y por lo cual se asumía que eran países no “desarrollados”, como los países imperialistas.

Afirmándose desde los países imperialistas que el mal “desempeño”de la economía de los países dependientes era la causa de las crisis consecutivas y que así obstaculizaban el “crecimiento económico” de las demás economías “emergentes”, debido al contagio económico que se propiciaba. Designando términos para denotar las consecuencias de los “contagios” de cada crisis como: el efecto tequila, para México; el efecto samba, para Brasil; el efecto tango, para Argentina; el efecto vodka, para Rusia; el efecto dragón, para las naciones del sureste asiático, entre otros.

Aseverando los políticos y empresarios de los países imperialistas que, al no seguir las “recomendaciones” en materia de política económica del llamado Consenso de Washington, América Latina estaba destinada al fracaso. Así, han venido siendo aplicadas medidas que incluyen privatizaciones (como las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto), el equilibrio presupuestal del gobierno, la desregulación de la actividad económica, la liberalización comercial, el rechazo total al rescate de empresas o instituciones financieras por parte del Estado, entre otras.

Y sin embargo haber adoptado estas medidas en el Tercer Mundo, una crisis de gran magnitud estalló en los Estados Unidos en el 2008, que sigue afectando hasta nuestros días. En aquel momento, durante meses el mundo estuvo en una incertidumbre financiera que, fue posible contener gracias al dinero de los contribuyentes. Llevando a cabo el gobierno estadounidense, el rescate de gigantescas instituciones financieras y empresas automotrices, es decir, hizo todo lo contrario de la fórmula decretada en el Consenso de Washington [9] .

Pero no obstante estos hechos, respecto a la “superación de la pobreza”, en nuestro país se sigue indicando que lo idóneo es favorecer un crecimiento económico que permita “integrar” a los sectores más pobres a lo modernos circuitos de producción y de consumo mediante “empleos” bien remunerados o a través de un acceso real al crédito y la generación de un patrimonio reproducible. Para así, reasumir “la aventura del desarrollo”, como se hizo en las décadas del Estado de bienestar, cuando se confiaba en apropiarse del futuro para reinventarlo a través del desarrollo y el planeamiento organizado. Por lo que no era un “fantasía organizada” el convertir a los habitantes del extremo occidente en contemporáneos de todos los hombres [10] (sic). Según ha dicho Rolando Cordera Campos.

Y conforme a estas nobles intenciones, empresarios como Luis Antonio Corral Pérez, quien ha sido consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha declarado que para enfrentar problemas como la inseguridad y la violencia se requiere de todos, ya que el gobierno no puede solo. Por lo que los empresarios deben asumir su responsabilidad en la procuración de un mejor ambiente social.

Asumiendo que México es un país de altos “contrastes”, donde los índices de pobreza extrema chocan con la realidad de tener a uno de los empresarios más ricos del mundo y por el otro lado personas muriendo de hambre. Luis Antonio Corral cree que sólo estamos “atravesando” por una etapa “muy difícil”, que son simplemente ciclos. Y que desde 2011 solo estamos en el fondo un ciclo muy “pronunciado”, pero confía en que hay una salida si todos, empresarios y sociedad en general, toman conciencia de las acciones para salir adelante. Considerando así, que una de las acciones más grandes en las que deben enfocarse los actores señalados es el rescate de los valores tradicionales mexicanos, en los cuales la familia juega un papel determinante para que no se trastoque el significado de lo “bueno y de lo malo” (sic) [11] .

Y acorde con etas ideas, para hacerse responsable de su parte, el Estado mexicano firmó desde hace veintiséis años la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas de las Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 1990. Donde el Artículo 27 indica que, los Estados firmantes reconocen que las niñas y los niños tienen el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Pero no obstante tales “esfuerzos”, según cifras dadas por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el 22 de abril de 1999, en México por esas fechas, existían al menos unos 32 millones de su población, menor de 15 años, de los cuales 12 millones vivían en situación de pobreza y pobreza extrema, con deficiencias nutricionales, en situación de calle, prostitución y pornografía infantil.

En tanto que 1.5 millones eran jornaleros agrícolas, de los cuales muchos se veían obligados a emigrar a los Estados Unidos. Mientras que 32 mil trabajaban y vivían en la calle, ejerciendo el comercio ambulante, la limpieza de autos, de zapatos, pidiendo limosna, de payasitos o vendiendo drogas [12] .

Respecto a la Trata de Personas en México, algunos de los casos más señalados han sido los de “Casitas del Sur” en el Distrito Federal o el de “Mamá Rosa”, en Michoacán. Lugares donde se contaba con el apoyo financiero y la protección de gobiernos o instituciones. En el caso de “Mamá Rosa”, se indico que menores de edad pobres eran sustraídos del seno familiar, incluso bajo coacción, para obtener “utilidades” en favor de los victimarios, donde se incluían la entrega en adopciones ilegales por las cuales cobraban.

De forma que, la casa hogar La Gran Familia, de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, en Michoacán, surgió desde la década de los sesenta y perduro hasta el 2014. No obstante que, las condiciones en dicha casa hogar eran deplorables, con ventanas sin vidrios pero con barrotes, puertas con candados, cubetas arrinconadas que servían como excusados, camas sin colchón, pasillos cerrados con mallas, muros cubiertos con láminas para impedir las fugas, cuartos de castigo, comida agusanada, así como una fetidez provocada por el hacinamiento.

Pero a pesar de que Mamá Rosa mantenía a los infantes en tales condiciones, ésta resulto ser intocable, puesto que contaba con protectores como Marta Sahagún de Fox, así como con distintos gobernantes y empresarios. De los cuales obtuvo “becas” y “donativos” económicos, durante más de 20 años. Recibiendo además “subsidios” de la Secretaría de Educación Pública y “donativos” de los que no se sabe su origen. Obteniendo entradas económicas también de la Secretaría de Desarrollo Social de Michoacán, la cual entregaba a Mamá Rosa poco más de 200 mil pesos anuales, de acuerdo a Víctor Manuel Silva, quien fuera secretario de dicha dependencia.

Así, al momento del cierre de dicha casa hogar y la captura de Mamá Rosa en 2014, personajes como la presidenta municipal de Zamora Michoacán, Hilda Abascal, quien se había tomado fotos con Mamá Rosa en el patio de acceso al alberge, pasó de una débil defensa a una discreta “sorpresa” por lo que se descubrió en el alberge. Y el mismo titular de la Procuraduría General de la República de aquel entonces, Jesús Murillo Karam, le aplico la inimputabilidad, es decir, no se le podía inculpar de ningún delito en razón de un posible retraso o trastorno mental (sic) [13] .

Dentro de esta explotación infantil, también ha participado la iglesia, tal y como ocurría hace siglos también. Puesto en evidencia en México, tras la muerte de Marcial Maciel Degollado, ocurrida el 30 de enero de 2008, quien fuera líder de los Legionarios de Cristo. Desde el día de su muerte, no cesaron las denuncias de abuso sexual por parte de quienes se han señalado como sus víctimas, encaminándolas ahora hacia la propia Legión, por incurrir en los delitos de “encubrimiento” y “asociación delictuosa”, pues, sostienen, la institución solapó los actos de pederastia de su fundador, Marcial Maciel. Tales se sustentaron en 97 testimonios y el libro de Alejandro Espinosa Alcala “El legionario”, donde también da su testimonio.

Sin embargo, tal como ocurrió con el caso de Mamá Rosa, las víctimas se enfrentan al contubernio de los Legionarios de Cristo con la cúpula empresarial mexicana y la cúpula política. Así, se encuentran relacionados con los Legionarios, Carlos Slim; la familia Azcarraga, donde se incluyen los tres Emilios, abuelo, padre e hijo; la multimillonaria familia Garza Zada, principal accionista del Grupo Alfa; los hermanos Servitje, propietarios del grupo panificador Bimbo; Plácido Arango, fundador de cadenas comerciales como Vips y Aurrerá. Además de que también cuentan “colaboradores” prominentes, inmersos en la banca y las finanzas, tales como: Alfonso Romo, Jorge Hank Rhon, el fallecido Manuel Espinosa Yglesias, Manuel Senderos Irigoyen, Agustín Legorreta, Carlos Trouyet, Fernando Santibáñez, Manuel Somoza Alonso, Cabal Peniche, entre otros más [14] .

Los hijos del privilegio, la otra cara del capitalismo.

Para comprender a cabalidad la explotación a la que son sometidos en su mayoría niños pobres y desprotegidos, es menester tener en cuenta que el capitalismo en realidad funciona para unos cuantos “privilegiados”. Muestra de ello lo da el hecho de que, a pesar de las “buenas” intenciones de los empresarios de la Coparmex y el Estado mexicano, es imposible pasar por alto (además del hecho histórico de la explotación infantil) políticas como las emprendidas en Argentina por Mauricio Macri.

Políticos como Mauricio Macrihan implantado distintas medidas para que existan multimillonarios como Carlos Slim en América Latina. En Argentina Macri implanto la reducción de impuestos a las exportaciones de cereales y oleaginosas, sector donde predomina la oligarquía de ese país. Impulso un fuerte aumento en las tarifas de electricidad, gas, agua y combustibles, que recaerán sobre la clase trabajadora. Reducción del “déficit fiscal” mediante la eliminación de subsidios [15] , entre otras medidas que afectan a la clase trabajadora y sus hijos, mientras que por el otro lado se favorece a la clase empresarial, en la cual se inscriben algunos gobernantes y sus hijos.

En tanto que en México, en aras de una mayor “productividad” ha imperado la visión de personajes como Carstens, gobernador del Banco de México, quien se ha opuesto al aumento del salario mínimo. Por lo que, desde 1981 hasta 2014, según la CEPAL, el salario mínimo real en México se ha devaluado un 70% –la mayor caída en este indicador en América Latina. Además de que, del total de trabajadores remunerados y asalariados que han especificado sus ingresos en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) levantada por el INEGI, la cantidad que percibe más de 5 salarios mínimos pasó del 13.9% al 7.4% entre 2006 y 2016.

Más aun, aunque entre 2008 y 2015 la productividad de la mano de obra en la industria manufacturera aumentó en un 10%, el salario mínimo real sólo aumentó 7.5% en el mismo periodo –según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y, dentro de la misma industria manufacturera el porcentaje de trabajadores que ganó más de 5 salarios mínimos (del total que especificó su ingreso en la ENOE) cayó del 10% al 6% de 2008 a 2015, dándose tal contracción también en términos absolutos, puesto que en dicho periodo la cantidad de asalariados que ganó más de 5 salarios mínimos pasó de alrededor de 540 mil a alrededor de 400 mil.

Todo lo cual tiene una de sus causas en el debilitamiento en la tasa de sindicalización, la cual para el primer trimestre de 2016 representaba la mitad de su nivel de 1984. Dentro de tal lapso de tiempo, el porcentaje de la población económicamente activa afiliada a un sindicato ha pasado de 16.7% al 8.3%. Hecho que también ha posibilitado que la Ley Federal del Trabajo fuera reformada a favor del capital, al facilitar el despido y legalizara la subcontratación (outsourcing), tal y como ocurrió en septiembre de 2012 [16] .

A esto se le debe sumar, que al lado de la miseria de muchos trabajadores, mujeres y niños, el privilegio de los hijos de los gobernantes, que dicen representar a los mexicanos y gobernar para su bienestar. Resultado de que muchos funcionarios federales se han ido “heredando las plazas”, de manera que hay parientes de expresidentes, hijos de exsecretarios de Estado o de extitulares de paraestatales. Caso paradigmático de tales hechos es el grupo Atlacomulco. Éste ha ejercido el poder en el Estado de México, durante seis décadas y sus integrantes han ocupado plazas heredadas como secretarios de Estado, subsecretarios, titulares de paraestatales y gobernadores, hasta alcanzar en 2012 la Presidencia de la República, en la figura de Enrique Peña Nieto.

Peña Nieto es hijo de Gilberto Enrique Peña del Mazo y María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez. Y a su vez, Enrique Peña del Mazo fue hijo del extinto cacique de Acambay, Severino Peña, y primo del exgobernador mexiquense y exsecretario de Estado, Alfredo del Mazo González. En tanto que María del Perpetuo Socorro, es prima del exgobernador mexiquense Arturo Montiel. Siendo que del Mazo en 1987, así como Montiel en 2005 fracasaron en sus intentos por alcanzar la presidencia.

Y en la misma lógica, Alfredo del Mazo, hijo del exgobernador y primo de Peña Nieto, hoy dirige Banobras. Así como mediante parentesco político, el clan del Mazo también llegó a la Secretaría de Desarrollo Social, donde se designó subsecretario a Ernesto Nemer, cuya esposa es Carolina Monroy del Mazo, hija del influyente político Juan Monroy Pérez y sobrina de Alfredo del Mazo González [17] .

Bibliografía:

Fremantle Anne. “La edad de la fe”. Ediciones culturales internacionales, 1989.

Hemerografía.

Revista, El Cotidiano. UAM-Azcapotzalco, número 173. Mayo-junio, 2012.

Revista, Ciencia. Volumen 61, número 4. Octubre-diciembre 2010.

Revista, Ágora. Volumen 4, número 3. 2011.

Revista, Exposición, la paz tras el cerco. Número 4. Primavera 2000.

Revista, Proceso. Número 2051, 21 de febrero de 2016.

Proceso, número 1908, 26 de mayo de 2013.

Revista, Contralínea. Año 8, número 168. Del 7 al 13 de febrero de 2010.

Revista, Urbe. Año 1, número 4. 19 de febrero de 2015.

Proceso, número 1969, 27 de junio de 2014.

Proceso, número 1631, 3 de febrero de 2008.

Rebelión, “ La CNTE contra la utopía neoliberal ”. Por: Ramón I. Centeno, 19-07-2016.

Rebelión. “El sufrimiento laboral se ha convertido en un grave problema social”. Por: Rafael Poch, 19-07-2016.

Notas:

[1] Fremantle Anne. “La edad de la fe”. Ediciones culturales internacionales, 1989. Pág. 188

[2] Ibíd. Pág. 189.

[3] Ibíd. Pág. 188-189.

[4] Ibíd. Pág. 190

[5] Ibíd. Pág. 190

[6] Fábricas de indianas fueron unas instalaciones industriales que se establecieron en Barcelona desde 1738, pero especialmente a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, cuando su número se incrementa de forma importante; y hasta 1833, cuando la fundación de la fábrica Bonaplata supuso un salto tecnológico importante.

Se denominaron así por el producto que fabricaban: las indianas, un tipo de estampado sobre telas de algodón o lino, que inicialmente no se tejían en España, sino que se importaban de la India, y cuyo destino era, además del abastecer el consumo interior, la exportación a las colonias españolas de América («las Indias»). También se utiliza el término indianeríapara referirse a este ramo de la industria.

[7] Ibíd. Pág. 191.

[8] Ibíd. Pp. 193-194

[9] Revista, El Cotidiano. UAM-Azcapotzalco, número 173. Mayo-junio, 2012.

[10] Revista, Ciencia. Volumen 61, número 4. Octubre-diciembre 2010.

[11] Revista, Ágora. Volumen 4, número 3. 2011.

[12] Revista, Exposición, la paz tras el cerco. Número 4. Primavera 2000.

[13] Proceso, número 1969, 27 de junio de 2014.

[14] Proceso, número 1631, 3 de febrero de 2008.

[15] Revista, Proceso. Número 2051, 21 de febrero de 2016.

[16] Rebelión, “ La CNTE contra la utopía neoliberal ”. Por: Ramón I. Centeno, 19-07-2016.

[17] Proceso, número 1908, 26 de mayo de 2013.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214743&titular=la-economía-criminal-y-la-economía-del-crimen-en-méxico-(i).-explotación-infantil.-

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Genocidio por prescripción: La «historia natural» del declive de la clase obrera blanca en Estados Unidos

Por: James Petras

La clase obrera blanca en EE.UU. ha sido diezmada por una epidemia de «muertes prematuras», un término banal para encubrir el descenso de la esperanza de vida en este grupo demográfico de importancia histórica. Se han realizado estudios e informes reservados que describen lejanamente esta tendencia, pero sus conclusiones aún no han entrado en la conciencia nacional por razones que vamos a tratar de explorar en este artículo.

 

De hecho esta es la primera vez en la historia de «tiempos de paz» del país que el núcleo de su sector productivo tradicional ha experimentado un declive demográfico tan dramático. Y el epicentro se encuentra en los pequeños pueblos y comunidades rurales de los Estados Unidos.

Las causas de la «muerte prematura» (morir antes de la esperanza de vida normal, por lo general en condiciones prevenibles) incluyen el acentuado aumento de la incidencia del suicidio, las complicaciones no tratadas de la diabetes y la obesidad y sobre todo el «envenenamiento accidental», un eufemismo usado para describir lo que son en su mayoría medicamentos con receta, las sobredosis de drogas ilegales y la interacción con otros medicamentos tóxicos.

Nadie sabe el número total de muertes de ciudadanos estadounidenses debido a una sobredosis de drogas y las interacciones fatales con medicamentos en los últimos 20 años, al igual que ningún organismo central ha mantenido un seguimiento de la cantidad de personas pobres asesinadas por la policía en todo el país. Pero vamos a empezar con un conservador número redondo: 500.000 víctimas de la clase trabajadora, en su mayoría blancos, y retamos a las autoridades a que lleguen a algunas estadísticas auténticas con definiciones reales. El número, de hecho, podría ser mucho más alto si se incluyen las muertes por causa de la poli-farmacia y «fatales errores de medicación» que se producen en el entorno del hogar y en los hogares de ancianos.

En los últimos años decenas de miles de estadounidenses han muerto prematuramente a causa de sobredosis de drogas o interacciones con otros medicamentos tóxicos, en su mayoría relacionadas con los medicamentos narcóticos para el dolor recetados por los médicos y otras procedencias. Entre los que han muerto por el incremento de opiáceos ilegales, sobredosis principalmente de heroína, Fentanil y metadona, la gran mayoría primero fueron adictos a los potentes opioides sintéticos prescritos por la comunidad médica, suministrados por las grandes cadenas de farmacias y fabricados con márgenes de beneficios increíbles por las compañías farmacéuticas líderes. En esencia, esta epidemia ha sido promovida, subvencionada y protegida por el Gobierno en todos los niveles y refleja la protección a un mercado médico-farmacéutico privado que maximiza el beneficio salvaje.

Este nivel no se ve en otras partes del mundo. Por ejemplo, a pesar de su inclinación al alcohol, la obesidad y el tabaco, la población británica de pacientes se ha librado de esta epidemia, esencialmente debido a que su sistema nacional de salud está regulado y funciona con una ética diferente: el bienestar del paciente se valora sobre las ganancias puras y duras. Esto posiblemente no se habría desarrollado en EE.UU. si se hubiera aplicado un sistema nacional unificado de salud.

Frente a la creciente incidencia de muertes entre los veteranos que regresan de Irak y Afganistán por sobredosis y suicidios, debido a los opiáceos de prescripción y reacciones a la mezcla de medicamentos, se convocaron a audiencias «de emergencia» en el Senado de Estados Unidos en marzo de 2010, al cirujano general y a los cuerpos médicos de las Fuerzas Armadas. El testimonio mostró que los médicos militares habían prescrito 4 millones de recetas de narcóticos potentes en 2009, un aumento de 4 veces desde 2001. Los miembros de las audiencias del Senado, dirigidos por Virginia Jim Webb, no advirtieron la luz roja que se encendía por la gran industria farmacéutica, que figura entre los mayores donantes a las campañas políticas.

En la década de 1960 la imagen pública del soldado retornado de la guerra de Vietnam adicto a la heroína que conmocionó al país se transformó en el veterano dependiente de Oxycontin/Xanax del nuevo milenio, gracias a enormes contratos de la gran industria farmacéutica con las fuerzas armadas de Estados Unidos y de los cuales los medios de comunicación apartaron la vista. Suicidios, sobredosis y «muertes súbitas» mataron a muchos más soldados que los combates.

Probablemente desde las guerras del opio de 1839 ninguna otra población pacífica ha sido tan devastada por una epidemia de drogas animada por un gobierno. En el caso de las guerras del opio, el Imperio Británico y su brazo comercial, la East India Company, buscaban un mercado para sus enormes cultivos de opio del sur de Asia y utilizaron a sus militares y mercenarios aliados chinos para forzar una distribución masiva de opio en el pueblo chino, tomando en el proceso a Hong Kong como un centro para su comercio imperial de opio. Alarmado por los efectos destructivos de la adicción sobre su población productiva, el Gobierno chino trató de prohibir o regular el uso de narcóticos. Su derrota a manos británicas marcó el declive de China, convirtiéndose en un Estado cuasi colonial por el siguiente siglo. Tales son las consecuencias más amplias de la población adicta.

En este trabajo se identificarán, 1º las consecuencias a largo plazo de las muertes inducidas por drogas a gran escala, 2º la dinámica de la «transición demográfica por la sobredosis» y 3º la economía política de la adicción a opiáceos. No se citarán números o informes, ya que están ampliamente disponibles. Sin embargo están dispersos, incompletos y por lo general carecen de un marco teórico para entender o enfrentar el fenómeno.

Concluiremos discutiendo si cada «muerte por prescripción» debe verse como una tragedia individual, un duelo privado o un crimen corporativo alimentado por la ambición o incluso un patrón de larga data del «social-darwinismo» dirigido por una élite con aparato ejecutor en la toma de decisiones.

Desde el advenimiento de los grandes cambios políticos-económicos inducidos por el neoliberalismo, la clase oligárquica de los Estados Unidos se enfrenta al problema de una extensa población de millones de trabajadores marginados y potencialmente conflictivos, cuyos miembros descienden de la clase media, despedidos por la «globalización» y una población rural de pobres que se hunde cada vez más en la miseria. En otras palabras, cuando el capital financiero y los cuerpos gobernantes de la élite ven crecer una población «inútil» de trabajadores blancos -los empleados y los pobres en este contexto geográfico- ¿Qué medidas «pacíficas» se pueden tomar para facilitar y fomentar su «declive natural»?

Un patrón similar surgió con la crisis de los principios del SIDA en la que el Gobierno de Reagan ignoró deliberadamente las muertes en alza entre los jóvenes estadounidenses, especialmente en las minorías. Adoptó un enfoque moralista de «culpar a la víctima» hasta que la influyente y organizada comunidad homosexual exigió la acción del Gobierno.

La escalada y el alcance de las muertes por drogas

 

En las últimas dos décadas cientos de miles de trabajadores estadounidenses de edad avanzada han muerto a causa de las drogas. La falta de datos reales es un escándalo. La escasez se debe a un sistema fragmentado, incompetente y deliberadamente incompleto de los registros médicos y de los certificados de defunción, especialmente de las zonas rurales más pobres y de las pequeñas ciudades donde no hay prácticamente ningún apoyo para crear y mantener registros de calidad. Este gran vacío de datos tiene múltiples facetas y se ve obstaculizado por los problemas del regionalismo y la falta de una clara dirección del Gobierno en la salud pública.

Al principio de la crisis los profesionales médicos y forenses estaban mayormente en la negación y bajo presión para certificar las muertes inesperadas como «naturales debido a las condiciones previas», a pesar de la abrumadora evidencia de que había habido imprudentes sobreprescripciones por parte de los médicos locales. Hace 15 o 20 años las familias de las víctimas, aisladas en sus pequeños pueblos, podían refugiarse en una cierta comodidad a corto plazo al ver el término «natural» unido a la muerte prematura de su ser querido. Es comprensible que un diagnóstico de muerte por sobredosis de drogas conllevara una tremenda vergüenza social y los miembros de las familias rurales y las pequeñas ciudades de clase trabajadora blanca la habrían asociado tradicionalmente con los narcóticos de las minorías urbanas y la población carcelaria. Se creían inmunes a este tipo de problemas de la gran ciudad. Confiaban en sus médicos los cuales, a su vez, confiaban en la seguridad de la gran industria farmacéutica que afirmaba que los nuevos opiáceos sintéticos no eran adictivos y podían prescribirse en grandes cantidades.

A pesar de la creciente toma de conciencia de este problema por parte de la comunidad médica local hubo pocos intentos públicos de educar a la población en situación de riesgo y aún menos intentos de alertar a la comunidad médica y a las clínicas privadas de tratamiento acerca de la sobreprescripción. Estas clínicas, sus profesionales de enfermería y las asociaciones de profesionales no lo hicieron y tampoco aconsejaron a los pacientes sobre los inmensos peligros de la combinación de los opiáceos y el alcohol o los tranquilizantes. Muchos, de hecho, ni siquiera eran conscientes de lo que otros proveedores prescribían a sus pacientes. No era inusual ver a adultos jóvenes y sanos con múltiples recetas de varios proveedores.

En las últimas décadas, bajo el neoliberalismo, los presupuestos de salud de los condados rurales fueron despojados por medio de empresas promotoras de programas de austeridad. En su lugar, el gobierno federal ordenó que se implementasen planes caros y absurdos para hacer frente al «bioterrorismo». A menudo los departamentos de salud carecían del presupuesto necesario para pagar los costosos análisis toxicológicos forenses requeridos para documentar los niveles del fármaco en los casos de sobredosis sospechosas entre su propia población.

Agravando aún más esta falta de datos válidos no había ninguna orientación o coordinación por parte del gobierno federal y estatal o de la DEA regional en relación con la documentación sistemática y el desarrollo de una base de datos utilizable para analizar las consecuencias generalizadas de la sobreprescripción de narcóticos legales. La crisis temprana recibió una atención mínima por parte de estos organismos.

Todos los ojos oficiales se centraron en la «guerra contra las drogas», ya que se libraba contra los pobres, la población minoritaria urbana. Los pequeños pueblos, donde los médicos que sobreprescribían eran los pilares de las iglesias locales o clubes de campo, sufrían en silencio. El gran público estaba adormecido por los malos medios de educación en el pensamiento erróneo de que la adicción y las muertes relacionadas eran un problema propio de la ciudad, que requería la habitual respuesta racista de llenar las cárceles con los jóvenes negros e hispanos por cometer pequeños delitos o por posesión de drogas.

Pero dentro de este vacío los hijos de la clase trabajadora blanca empezaron a marcar el 911, porque, «mami no despierta…». La mamá, con sus parches de Fentanyl prescritos tomó sólo un Xanax de más y devastó una unidad familiar. Este fue el prototipo de una epidemia voraz. Por todo el país estaban creciendo esos casos alarmantes. Algunos condados rurales vieron la proporción de recién nacidos adictos, hijos de madres adictas, alterando sus sistemas hospitalarios no preparados. Y las páginas necrológicas locales publicaron un número creciente de nombres y rostros jóvenes sin referirse nunca a la causa de la desaparición prematura mientras dedicaban párrafos a los difuntos octogenarios.

Las tendencias recientes demuestran que las muertes por drogas (debidas tanto a sobredosis de opiáceos como a interacciones mixtas fatales con otras drogas y alcohol) han tenido un impacto importante en la composición de la mano de obra local, en las familias, las comunidades y los barrios. Los sistemas tradicionales de apoyo que proporcionan ayuda a los trabajadores dañados por estas tendencias, como los sindicatos y los trabajadores sociales públicos y profesionales de la salud mental, no podían o no querían intervenir ni antes ni después de que el flagelo de la adicción a las drogas entrase en juego. Esto se refleja en la vida de los trabajadores, cuya vida personal y el trabajo se han visto gravemente alterados por la deslocalización de las empresas, las reducciones de personal y los recortes de salarios y de prestaciones sanitarias.

La dinámica demográfica de la muerte inducida por fármacos

 

Casi todos los informes divulgados ignoran la demografía y las diferentes clases de impactos causados por las muertes por drogas de prescripción médica. La mayoría de los muertos por drogas ilegales fueron primero adictos a narcóticos legales prescritos por sus proveedores. Sólo las muertes por sobredosis de celebridades logran llegar a los titulares.

La mayoría de las víctimas ha sido gente de bajos salarios, desempleados o subempleados de la clase trabajadora blanca. Sus perspectivas de futuro son sombrías. Cualquier sueño de establecer una vida familiar sana con un solo salario en el «corazón del suelo americano» es digno de risa. Se trata de una enorme población nacional que ha experimentado un fuerte descenso en sus niveles de vida a causa de la desindustrialización. La mayoría de las víctimas de sobredosis fatales son hombres blancos en edad de trabajar, pero también una gran proporción de mujeres de clase trabajadora, a menudo madres. Ha habido poca discusión sobre el impacto de la muerte de una persona por sobredosis en edad de trabajar en la familia extendida. Esto incluye a las abuelas de alrededor de 50 años. En este grupo demográfico las mujeres a menudo proporcionan la cohesión y la estabilidad fundamental de varias generaciones en situación de riesgo.

Aparentemente la población minoritaria de Estados Unidos ha escapado hasta ahora de esta epidemia. Negros e hispanos estadounidenses ya habían sido deprimidos y económicamente marginados por un período mucho más largo y la menor tasa de muertes por medicamentos recetados entre sus poblaciones puede reflejar una mayor capacidad de recuperación. Sin duda refleja su menor acceso a la comunidad médica del sector privado que prescribe las sobredosis, una grave paradoja de abandono médico que, de hecho, podría calificarse de beneficiosa.

Si bien puede haber pocos estudios sociológicos basados en la clase buscando tendencias comparativas de muertes por sobredosis entre las minorías urbanas y rurales o ciudades pequeñas blancas, en la salud pública o en los departamentos de estudios universitarios de las minorías, la evidencia anecdótica y la observación personal sugieren que las poblaciones urbanas de las minorías tienen más probabilidades de proporcionar asistencia a un vecino o amigo afectado de sobredosificación que en la comunidad blanca, donde los adictos son más propensos a ser aislados y abandonados por miembros de la familia, que se avergüenza de sus debilidades. Incluso la práctica de abandonar a un amigo afectado de sobredosis en la entrada de un servicio de urgencias y alejarse luego ha salvado muchas vidas. Las minorías urbanas tienen un mayor acceso y familiaridad a las salas de urgencias de las grandes ciudades caóticas donde el personal médico es experto en el reconocimiento y tratamiento de la sobredosis. Después de décadas de luchas por los derechos civiles, las minorías son posiblemente más sofisticadas para hacer valer sus derechos en relación con el uso de tales recursos públicos. Incluso puede haber una cultura relativamente más fuerte de la solidaridad entre las minorías marginadas en la prestación de asistencia o bien una toma de conciencia de las consecuencias de no llevar a un vecino a la sala de urgencias. Estos mecanismos de supervivencia urbana han estado, en gran medida, ausentes en las zonas rurales blancas.

A nivel nacional los médicos estadounidenses habían sido disuadidos por mucho tiempo de la prescripción de opiáceos sintéticos potentes a pacientes de las minorías, incluso a aquellos con dolores significativos. Confluyen varios factores aquí, pero la comunidad médica no ha sido inmune al estereotipo del adicto o distribuidor urbano hispano o negro. Tal vez este racismo médico generalizado en el contexto de la epidemia de la prescripción de opiáceos ha tenido, paradójicamente, algún beneficio.

Cualquiera que sea la razón, los adictos de las minorías urbanas, aunque muchos sufren de sobredosis, son más propensos a sobrevivir a una sobredosis de opiáceos que los blancos de las ciudades pequeñas o de zonas rurales, ya que estos no están familiarizados con los estupefacientes y sus efectos.

En las zonas rurales y en las pequeñas ciudades (desindustrializadas) del corazón de EE.UU. se ha producido una enorme ruptura en la comunidad y la solidaridad familiar. Ocurrió como consecuencia de la destrucción de una base de un siglo de estabilidad en el empleo, especialmente en los sectores fabriles, en la minería y los sectores agrícolas manufactureros. Sólo la Rusia post-soviética experimentó un patrón similar de disminución de la esperanza de vida por envenenamiento (alcohol y drogas) en todo el país después de la destrucción de su sistema socializado de pleno empleo y la ruptura de todos los servicios sociales. Además de la pérdida del aparato policial soviético duro y el crecimiento de una clase mafiosa oligarca, la sociedad se vio inundada de heroína proveniente de Afganistán.

El crecimiento de la adicción a opiáceos no se basa en la «elección personal» ni es el resultado de los cambios en los estilos culturales de vida. Si bien todas las clases y los niveles educativos están incluidos entre las víctimas, la gran mayoría son jóvenes blancos de la clase obrera y los pobres. Cubren todos los grupos de todas las edades, incluidos los adolescentes que se recuperan de lesiones deportivas, así como los ancianos con dolores en las articulaciones y la espalda. El aumento de la adicción es el resultado de grandes cambios en la economía y la estructura social. Las regiones más afectadas por las muertes por sobredosis son las que se encuentran en declives profundos, prolongados y permanentes, incluyendo las antiguas regiones del «cinturón de óxido», las pequeñas ciudades manufactureras de Nueva Inglaterra, el norte de Nueva York, Pensilvania y el sur rural y las regiones agrícolas, mineras y forestales del oeste.

Es el producto de decisiones ejecutivas privadas: 1º, reubicar las empresas productivas de Estados Unidos en el extranjero o en zonas distantes y no sindicalizadas del país. 2º, forzar a empleados antes bien remunerados a puestos de trabajo con salarios más bajos. 3º, reemplazar a los trabajadores estadounidenses por inmigrantes cualificados y no cualificados o por mano de obra mal pagada. 4º, eliminar los beneficios de pensiones y de salud y 5º, introducir nuevas tecnologías -incluyendo robots- que recortan la mano de obra haciendo que la prestación de los trabajadores humanos se convierta en redundante. Estos cambios en la relación entre capital y trabajo han creado enormes beneficios para los altos ejecutivos y los inversores, mientras producen un excedente en la fuerza de trabajo, lo que supone aún más presión sobre los trabajadores en su primer empleo y los jóvenes con antigüedad. No ha habido programas de creación de empleo protegidos y/o sostenibles para abordar las décadas de disminución del empleo bien remunerado. Los buenos trabajos han sido sustituidos por los de salario mínimo, los Mac jobs –en jerga trabajos de salario mínimo y desprestigiados (N. de T.)- en el sector de servicios o en manufacturas temporales mal pagadas, sin beneficios o protecciones. A través de todo este terreno de devastación, programas costosamente publicitados, comoStart-Up New York -algo así como “Nueva York poniéndose en marcha” (N. de T.)- han fracasado en crear puestos de trabajo decentes, mientras los políticos del Estado han gozado de publicidad gratis ya que el gasto de cientos de millones provenía del dinero público.

La epidemia de adicción a las drogas ha sido más letal precisamente en aquellas regiones que sufrieron la pérdida del empleo industrial y la disminución de los salarios, así como en los sectores deprimidos –antes protegidos- agrícolas y de procesamiento de alimentos donde los trabajadores sindicalizados han sido reemplazados por inmigrantes con salario mínimo. La pérdida de la estabilidad en el empleo vino acompañada de una reducción radical de los servicios sociales y de tremendos recortes en beneficios, cuando en realidad esos servicios deberían haberse reforzado.

Precisamente porque el llamado «problema de las drogas» está vinculado a importantes cambios demográficos resultantes de los cambios en la dinámica capitalista, nunca ha sido el centro de gestión o investigación del gobierno de la elite, a diferencia de su fijación en la «radicalización de los musulmanes» o en las «tendencias de la delincuencia urbana». La investigación tiende a centrarse en minorías o apenas se acerca a la periferia del fenómeno actual. Los buenos estudios y datos habrían proporcionado el fundamento y la base de los principales programas públicos dirigidos a proteger las vidas de los trabajadores blancos marginados y revertir las tendencias mortales. Décadas de ausencia de investigación en toda la nación y de datos sobre este fenómeno justifican la notoria ausencia de una respuesta gubernamental efectiva. Aquí el descuido no ha sido beneficioso.

En paralelo con el aumento de la adicción a opiáceos ha habido un aumento astronómico en la prescripción de medicamentos psicotrópicos y antidepresivos a la misma población, también altamente rentables para la gran industria farmacéutica. El patrón de prescripción de este tipo de medicamentos -potencialmente peligrosos- es de gran alcance. Son medicamentos que modifican el estado de ánimo a una población móvil en baja o entumecida por ansiedades y reacciones normales al deterioro de su condición material que ha tenido profundas consecuencias. Es desatinado esperar que tales individuos, a menudo bajo la asistencia de desempleo o Medicaid, sigan un complejo régimen diario de hasta nueve medicamentos, además de sus medicamentos narcóticos para el dolor, al tratar de hacer frente a su mundo que se desmorona.

Cuando un trabajo digno con un salario decente podría tratar con eficacia y sin efectos secundarios desagradables o peligrosos la desesperación de los trabajadores marginados, la comunidad médica y de salud mental ha enviado sistemáticamente a sus pacientes a la gran industria farmacéutica. Como resultado, los análisis toxicológicos post mortem muestran múltiples medicamentos psicotrópicos y antidepresivos prescritos, además de narcóticos, en los casos de muertes por sobredosis de opiáceos. Además de que esto puede constituir una abdicación de la responsabilidad del proveedor de servicios médicos a los pacientes, también es un reflejo de la absoluta impotencia de la comunidad médica frente a la descomposición social sistémica, tal como ha ocurrido en las comunidades marginadas donde se concentran las muertes por sobredosis de drogas.

Los estudios demográficos, como mucho, identifican a las víctimas de la adicción a las drogas. Pero su elección para el tratamiento de su desesperación como un problema individual se produce en un contexto específico e inmediato que pasa por alto las grandes estructuras políticas y económicas que establecen el escenario de la muerte prematura.

La economía política de muertes por sobredosis

 

Cuando los restos de una víctima joven de clase obrera –sea hombre o mujer- por sobredosis se llevan a un depósito de cadáveres, su muerte prematura se etiqueta como «autoinfligida» o «accidental» por sobredosis de opiáceos y se enciende una gran máquina de encubrimiento. La secuencia que conduce a la muerte es un misterio, tampoco se busca en profundidad la comprensión de los factores socioculturales y económicos. En su lugar, se culpa a la víctima y a su cultura del resultado final de una compleja cadena de decisiones económicas capitalistas de élite y maniobras políticas donde la muerte prematura de un trabajador es un mero daño colateral. La comunidad médica se ha limitado a funcionar como la correa de transmisión en este proceso en lugar de ser un agente de atención al público.

La gran mayoría de las víctimas de muertes por sobredosis son, en realidad, víctimas de decisiones y pérdidas que van mucho más allá de su control. Sus adicciones han acortado sus vidas, así como han empañado su comprensión de los acontecimientos y han socavado su capacidad para participar en la lucha de clases para invertir esta tendencia. Ha sido una solución perfecta para los problemas demográficos previsibles del neoliberalismo brutal en Estados Unidos.

Wall Street y Washington diseñaron la macroeconomía que eliminó los puestos de trabajo decentes, redujo los salarios y recortó los beneficios sociales. Como resultado millones de trabajadores marginados y desempleados están sometidos a una gran tensión y recurren a soluciones farmacológicas para soportar su dolor porque no están organizados. El protagonismo histórico de las organizaciones sindicales y de la comunidad se ha eliminado. En lugar de ello las grandes empresas farmacéuticas se encargan de que los trabajadores despedidos caven sus propias tumbas y los líderes de la clase obrera están ausentes.

En segundo lugar el centro de trabajo se ha vuelto mucho más peligroso en el marco del nuevo orden económico. Los jefes ya no temen a los sindicatos ni hacen caso de las normas de seguridad: muchos trabajadores se lesionan por la aceleración del ritmo de trabajo, la prolongación de las horas de trabajo, la falta de capacitación y la falta de supervisión federal de las condiciones de trabajo. Los trabajadores lesionados que carecen de protección sindical y judicial, así como de una agencia pública de protección y temen, con razón, represalias por informar de su lesión de trabajo, recurren cada vez más a los narcóticos con receta para hacer frente a un dolor agudo y crónico sin dejar de trabajar.

Cuando los empleadores permiten a los trabajadores informar de sus lesiones, la baja cobertura y los tratamientos limitados disponibles alientan a los proveedores a excederse en la prescripción de narcóticos por encima de otros medicamentos con interacciones potencialmente peligrosas. Muchas clínicas del dolor, contratadas por los empleadores, están deseosas de beneficiarse de clientes lesionados mientras las compañías farmacéuticas promueven activamente potentes narcóticos sintéticos.

Así se forma una cadena viciosa: la producción en masa de narcóticos por parte de la industria ha sido uno de sus productos más rentables. Las cadenas corporativas de farmacias llenan las recetas prescritas por decenas de miles de «proveedores» (doctores, dentistas, enfermeros y asistentes médicos) que tienen sólo una cantidad limitada de tiempo para examinar en realidad a un trabajador lesionado. Las condiciones de trabajo deterioradas crean la lesión y los trabajadores se convierten en consumidores del alivio milagroso de la gran industria farmacéutica –el Oxycontin o sus primos– cuyos vendedores promocionaron durante una década como drogas no adictivas. Una larga lista de profesionales de alto nivel educativo, entre ellos médicos y otros proveedores, patólogos y controladores médicos que ocultan cuidadosamente la causa real, son los que toman las decisiones corporativas con el fin de protegerse de represalias en caso de que las empresas hagan sonar la alarma. Detrás de la fachada científica hay un «darwinismo social» que pocos están dispuestos a enfrentar.

Sólo recientemente, a raíz de un número increíble de hospitalizaciones y muertes por sobredosis de narcóticos, el gobierno federal ha comenzado a liberar fondos para la investigación. Los investigadores médicos académicos han comenzado a recoger y dar a conocer datos sobre la creciente epidemia de muertes por opiáceos. Y proporcionan mapas impactantes de los condados y regiones más afectados. Se unen al coro que insta a las agencias federales y estatales a participar más activamente en la panacea de costumbre, «la educación y la prevención». Este enjambre activista llega con dos decenios de retraso a la epidemia y apesta a cinismo.

Los fondos para la investigación de este fenómeno no darán lugar a ningún programa eficaz a largo plazo para hacer frente a estas pequeñas «crisis del capitalismo» que azotan a la comunidad. No hay ninguna institución dispuesta a enfrentar la causa fundamental: la devastación de las relaciones laborales en los Estados Unidos capitalistas del posmilenio, la naturaleza corrupta de los vínculos estatales con la corporación farmacéutica y el carácter caótico de nuestro sistema médico privado impulsado por las ganancias. Muy pocos escritores explorarán alguna vez que un solo responsable, un sistema de salud público y nacional, habría evitado claramente y desde el principio la epidemia.

Conclusión

 

¿Por qué las elites capitalistas estatales y las farmacéuticas sostienen un proceso socioeconómico que ha llevado a gran escala a la muerte a largo plazo de los trabajadores y sus familiares en el Estados Unidos rural y en las pequeñas ciudades?

Una hipótesis lista y convincente es que las modernas y dinámicas corporaciones de élite obtienen beneficios del cambio demográfico de las muertes por sobredosis.

Las corporaciones obtienen miles de millones de dólares de ganancias por el «declive natural» de los trabajadores despedidos: la reducción del empleo y las prestaciones sociales -planes de salud, pensiones, vacaciones o programas de capacitación laboral- permite a los empleadores aumentar beneficios, ganancias de capital y bonos de los ejecutivos. Se eliminan los servicios públicos, se reducen los impuestos, se reducen los trabajadores y cuando es necesario se pueden importar del extranjero –completamente formados- para emplearlos temporalmente en un «mercado laboral libre».

Los capitalistas ganan todavía más con los beneficios de la tecnología -robots, automatización, etc.- y se aseguran de que los trabajadores no disfruten horas reducidas ni aumento de las vacaciones como resultado de su mayor productividad, ¿por qué compartir los resultados de las ganancias de productividad con los trabajadores, cuando los trabajadores pueden ser eliminados? Los trabajadores insatisfechos pueden replegarse o «tragarse una pastilla», pero nunca organizarse para retomar el control de sus vidas y su futuro.

Los expertos en elecciones y autoridades políticas pueden afirmar que los trabajadores estadounidenses blancos rechazan a los principales partidos del sistema porque están enojados y son racistas. Son los trabajadores que ahora se vuelven hacia Donald Trump. Sin embargo un análisis más profundo revelaría su rechazo racional a los líderes políticos que se han negado a condenar la explotación capitalista y enfrentar a la epidemia de la muerte por sobredosis.

Hay una base clasista de este auténtico genocidio por narcóticos que ocurre entre los trabajadores blancos y los desempleados en las ciudades pequeñas y zonas rurales de Estados Unidos, es la solución «perfecta» corporativa a una fuerza de trabajo excedente. Es hora de que los trabajadores y sus líderes despierten a este hecho cruel y se resistan a esta guerra de clases unilateral o seguirán llorando más muertes prematuras en su propio silencio adormecido por los fármacos.

Ya es hora de que la comunidad médica exija un sistema público y nacional responsable de la salud que ponga en primer lugar al paciente, que haga prevalecer el servicio sobre el beneficio y acabe con la complicidad del silencio.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214714

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Resistencia con rostro de mujer

Por: Luis Hernández Navarro

A la maestra Angélica García Pérez le tocó estar al frente de la lucha de los profesores oaxaqueños en un momento muy difícil. El gobierno federal está empecinado en acabar con su organización sindical y no ha escatimado recursos para hacerlo. Ella ha sufrido este embate en carne propia.

Lejos de amilanarse, la profesora, que participa en las pláticas con la Secretaría de Gobernación como parte de la comisión negociadora nacional de la CNTE, saca fuerzas de la persecución gubernamental para resistir. Esa rabia, ese coraje ante el ensañamiento en contra nuestra es lo que nos ha mantenido firmes, dice.

Sindicalista de base desde 1995, activista hormiga, Angélica siempre ha estado muy comprometida con la vida de la sección 22. En 2006, fue delegada a la APPO, donde vivió un intenso proceso de formación política. Actualmente es la representante del sector Etla, uno de los más combativos y mejor organizados del estado. Hace un año fue elegida como integrante de la comisión política seccional.

Aunque la situación en que se encuentra como dirigente sindical es inédita, tener que remar a contracorriente no lo es. Nada le ha sido fácil en la vida. Siempre ha tenido que enfrentar grandes obstáculos. Una y otra vez los ha superado.

La profesora García Pérez nació en Teococuilco de Marcos Pérez, Ixtlán, Oaxaca, en 1975. Municipio mayoritariamente indígena, de apenas unos mil 100 habitantes y 300 viviendas, muchos de sus pobladores emigran a Estados Unidos para ganarse la vida.

Angélica es la sexta de nueve hermanos de una familia campesina. Durante largo tiempo su papá fue mojado. Cada dos años regresaba brevemente a su comunidad para convivir con su parentela. De hecho, ella casi no lo conoció hasta que cumplió ocho años.

En casa de la profesora se hablaba zapoteco y español. Ella comprende la lengua indígena, la habla, pero no la domina. Su padre, que tenía dificultades para comunicarse cuando iba a la ciudad, insistió en que sus hijos debían manejar perfectamente el español.

Cuando Angélica terminó la primaria, a los 11 años, se mudó a casa de una hermana en Etla para estudiar la secundaria. Su padre tenía la ilusión de que sus hijos fueran profesionistas. Fue una decisión dolorosa que la separó de su casa y de su mamá. “Para mí –narra la maestra– fue un impacto bastante grande. Tenía que salir, dejar el pueblo, todo, para construir algo diferente.”

Ella hizo entonces un compromiso con su papá: cuando terminara sus estudios, iba a apoyar económicamente a sus tres hermanos pequeños para que cursaran los suyos.

Al legar a Etla, debió hacer a un lado sus miedos y comenzar una vida nueva. Tímida, serrana, le era muy difícil hacer amistad con niñas que se conocían de siempre. Rompió esa situación cuando en la secundaria el maestro la puso a debatir sobre la Revolución Mexicana con un niño que tenía el mejor promedio de la escuela. Aunque ni siquiera sabía bien a bien qué era eso de debatir, se preparó con esmero para explicar lo que ella entendía del tema. Su desempeño fue sobresaliente. El profesor les puso 10 a ambos. El episodio fue un parteaguas en su vida. Desde ese momento se sintió con más confianza y se dijo: sí puedo.

Cursó el bachillerato técnico en contabilidad en Suchilquitongo. Aunque deseaba seguir estudiando, tuvo que trabajar para cumplir el compromiso que hizo con su padre.

A los 18 años consiguió su primer empleo en el Banco de Oriente, donde le pagaban un sueldo miserable por una jornada agotadora. No le importó. “Lo hacía con mucho amor –cuenta– porque me daba cuenta de que era útil para poder apoyar a mis hermanitos.”

Un año después tuvo la oportunidad de trabajar de administrativa en una secundaria técnica en Tamazulapam del Espíritu Santo. Comenzó así su vida en las filas del magisterio, pero debió abrir un paréntesis en sus sueños de estudiar más. En la Sierra Mixe no había universidad.

En esa escuela vivió su primera experiencia sindical: defender con genuina indignación a una compañera a la que el autoritario director de la escuela quería despedir injustamente.

Casi al finalizar el ciclo escolar le ofrecieron colaborar con un programa de crédito a la palabra organizado por la sección 22. Llena de dudas, aceptó. Su participación fue un éxito. Entre 1995 y 1998 triplicaron el fondo del programa. Al terminar su comisión laboró en cooperativas escolares de secundarias técnicas. Simultáneamente, estudiando los fines de semana, cursó la normal superior en la especialidad de inglés.

Su primera experiencia docente la realizó en San Pablo Etla como maestra de inglés, donde trabajó sin cobrar nueve horas a la semana, por seis años. Luego comenzó también a enseñar informática.

Angélica es sencilla. No le gustan los reflectores. Como dirigente es de una firmeza fuera de serie. No le gusta andarse por las ramas. Habla claro, directo y preciso. Frente a las autoridades es indoblegable.

Madre soltera de un hermoso hijo de ocho años, se da tiempo para sacar adelante todo lo que tiene que hacer con responsabilidad y eficacia. Su gran preocupación es no entregar cuentas negativas al movimiento. La motiva la lucha. Cree que la actual movilización magisterial está haciendo historia. Está convencida de que el pueblo de México puede transformar la realidad para tener mejores condiciones de vida.

En el centro de su compromiso con el movimiento está su vocación se servicio. “Tengo la claridad –asegura– de que servir a los demás engrandece. Esa es la mayor de las satisfacciones como ser humano.” Añade: “Esa concepción del servicio viene de mi cultura. Así nos educó mi papá. Es algo que traigo muy dentro, muy fijo, que me mueve, me identifica. Eso me ha motivado a poner un granito de arena para que las cosas cambien.

“Tengo claro –advierte– que no podemos fallar a los compañeros de base, a nuestros alumnos y al pueblo de Oaxaca. Defender la educación pública es defender el empleo, liberar a los presos políticos y hacer justicia al pueblo de Nochixtlán”.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/07/19/opinion/015a1pol

Fuente de la imagen: http://2.bp.blogspot.com/-hAzErOeO4pA/UZQRi5jUnAI/AAAAAAAAFWQ/aPGdyVKR6s4/s1600/juchitan.jpg

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México: Universidad Tecnológica del Poniente. Avances, reconocimientos y logros

México/23 Julio 2016/Fuente: Diario de Yucatán

La Universidad Tecnológica del Poniente ubicada en Maxcanú, cumple cinco años de su creación, desde su establecimiento en el Poniente de nuestro Estado la rectora de esta institución ha sido la Dra. Rossana Alpizar Rodríguez. Durante su corta vida ha tenido importantes avances, reconocimientos y logros.

Actualmente la Universidad cuenta con sus carreras certificadas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (Copaes) que es la única instancia autorizada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para conferir reconocimiento formal y supervisar a organizaciones cuyo fin sea acreditar programas educativos del tipo superior que se impartan en México, en cualquiera de sus modalidades. La UTP también cuenta con la certificación ISO que garantiza el buen servicio y calidad de la Universidad.

La UT del Poniente es la máxima casa de estudios del poniente de Yucatán, cuenta con cinco carreras a nivel Técnico Superior Universitario; Administración, Gastronomía, Informática, Turismo y Procesos Alimentarios y cuatro a nivel Ingeniería Técnica; Comercialización de Productos Gastronómicos, Desarrollo de Software para Aplicaciones Web, Desarrollo y Promoción del Turismo Sustentable y Seguridad e Inocuidad Alimentaria.

La Universidad cuenta con laboratorios e instalaciones de primer nivel, apoya a los egresados mediante una bolsa de trabajo activa y promueve el emprendimiento entre sus alumnos y egresados. Cada año la UTP envía al extranjero alumnos de las diferentes carreras a través de los programas de intercambios internacionales y becas que la Universidad ofrece; al día de hoy los alumnos han viajado a diferentes ciudades de Estados Unidos, Francia y España.

Además al contar con una alta demanda de alumnos de municipios de todo el estado, la UT del Poniente ofrece a todos los alumnos que lo requieran hospedaje gratuito, se cuenta a cincuenta metros de la entrada de la Institución una Villa Universitarias habilitadas para que los alumnos no tengan que viajar todos los días desde sus poblados sin ningún costo.

Las inscripciones a esta prestigiosa Universidad continúan abiertas hasta el 27 de julio.- (I.S.)

Fuente: http://yucatan.com.mx/yucatan/educacion-yucatan/universidad-tecnologica-del-poniente-avances-reconocimientos-logros#sthash.dVYI8G5Y.dpuf

Fuente de la imagen: http://www.utponiente.edu.mx/Imagenes/foto.png

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Many laid-off workers enrolling in post-secondary education: Stats Canada

América del Norte/Canada/22 de Julio de 2016/Autor: Andy Blatchford/Fuente: CTVNews

RESUMEN: Un nuevo estudio de Estadísticas de Canadá dice que hay correlaciones significativas entre los despidos y la matrícula a tiempo completo en la educación post-secundaria. Para ayudar a ilustrar sus conclusiones, el informe publicado el martes dijo que los hombres que perdieron su empleo en 2008 – en el inicio de la recesión – eran cinco veces más propensos a inscribirse para la educación post-secundaria que los que no fueron despedidos. La investigación encontró que 3,1 por ciento de los hombres que han perdido sus puestos de trabajo ese año regresó a la escuela en una base a tiempo completo. En contraste, sólo el 0,6 por ciento de los hombres que no perdieron sus puestos de trabajo entre 2001 y 2011 se inscribió en tiempo completo, la educación post-secundaria. Entre las mujeres despedidas en 2008, el 3,1 por ciento de ellas matriculados a tiempo completo estan en una institución de educación superior, en comparación con el uno por ciento de las mujeres que no pierden sus puestos de trabajo entre 2001 y 2011. El objetivo del trabajo fue a echar un vistazo más de cerca cómo las personas responden después de perder su trabajo, o incluso cuando se anticipan un posible despido.

A new Statistics Canada study says there are significant correlations between job layoffs and full-time enrolment in post-secondary education.

To help illustrate its findings, the report released Tuesday said men who lost their jobs in 2008 — at the start of the recession — were five times more likely to register for post-secondary education than those who weren’t laid off.

The research found 3.1 per cent of men who lost their jobs that year went back to school on a full-time basis. In contrast, only 0.6 per cent of men who didn’t lose their jobs between 2001 and 2011 enrolled in full-time, post-secondary schooling.

Among women laid off in 2008, 3.1 per cent of them enrolled full time in a post-secondary institution, compared with one per cent of women who didn’t lose their jobs between 2001 and 2011.

The goal of the paper was to take a closer look at how people respond after losing their job, or even when they anticipate a possible layoff.

«While it is well documented that many displaced workers experience substantial and persistent earnings losses, the extent to which they enrol in (post-secondary) institutions after job loss remains — to a large extent — unknown,» said the report, co-authored by Wen Ci, Marc Frenette and Rene Morissette.

«The substantial increases in full-time enrolment observed among men and women displaced in 2008 suggest that adult workers respond to job loss by enrolling full time in (post-secondary) institutions.»

The study also found that, in general, workers laid off between 2001 to 2011 were two to four percentage points more likely than other workers to go to school.

«Regardless of their gender and marital status, laid-off employees are more likely than other employees to attend (post-secondary) institutions in the year of the layoff or the following year,» the authors wrote.

The document found «statistically-significant correlations» between layoffs and full-time post-secondary education, starting two years before a job loss and the two years that followed a job loss.

The results, the authors wrote, suggest that some workers concerned about the future of their positions may pre-emptively enrol in post-secondary institutions as a precaution.

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Estados Unidos: CSN provides scholarship for undocumented students

América del Norte/Estados Unidos/22 de Julio de 2016/Autor: Sandy Lopez/Fuente: Las Vegas Rewiev Journal

RESUMEN: Los Estados Unidos es conocida como la tierra de las oportunidades para los inmigrantes que escapan a las duras condiciones de su país de origen y la esperanza de seguir un mejor mañana. Sin embargo, el país que fue fundado por inmigrantes también ha dado la espalda a ellos con las leyes y barreras en la educación superior de inmigración más severas. Después de escuchar las luchas de los estudiantes de Las Vegas Valley, el College of Southern Nevada creó la Beca Sueño como una manera de ayudar a los estudiantes documentados e indocumentados que se enfrentan a este tipo de dificultades financieras.
«Los estudiantes indocumentados son una parte importante de nuestra población como un colegio de la comunidad,» dijo Patty Charlton, vicepresidente de iniciativas estratégicas y servicios administrativos en CSN. «Una gran cantidad de estudiantes que vienen aquí con necesidades de recuperación, y el primer paso para la oportunidad de ganar es aptitudes de los empleados. Hay una gran población de estudiantes en situación de riesgo o con muchos obstáculos financieros que puedan prohibir el éxito”.

The United States is known as the land of opportunity for immigrants who escape the harsh conditions of their native countries and hope to pursue a better tomorrow. Yet the country that was founded by immigrants has also turned its back on them with harsher immigration laws and barriers on higher education.

After hearing the struggles of Las Vegas Valley students, the College of Southern Nevada created the Dream Scholarship as a way to assist both documented and undocumented students who face such financial hardships.

“Undocumented students are a significant part of our population as a community college,” said Patty Charlton, senior vice president of strategic initiatives and administrative services at CSN. “A lot of students come here with remedial needs, and the first step for opportunity is to gain workforce skills. There’s a large population of at-risk students or those with many financial barriers that may prohibit success.”

Although the scholarship was inspired by the challenges that undocumented students face, any student taking at least six CSN credits in the fall with at least a 2.5 grade point average was eligible for one of two scholarships valued at $1,500 each.

 Students submitted letters of recommendation, academic information, descriptions of community service and a personal essay describing how undocumented students’ pursuit of higher education has inspired them. They were not required to disclose if they are undocumented, nor was the federal student aid application required.

Brenda Romero, outgoing president of the Associated Students of the College of Southern Nevada, led the initiative.

The scholarship holds a special significance for Romero, who knows the hardships that undocumented students face. Romero’s family immigrated to Las Vegas from Mexico when she was 2 years old. She is a graduate of Clark High School and an undocumented student who received Deferred Action for Childhood Arrivals, a two-year work permit that provides a Social Security number to those who enter the country unauthorized before their 16th birthday.

Romero graduated from CSN in May and received a summer internship in Washington, D.C., through the Congressional Hispanic Caucus Institute, a nonprofit and nonpartisan leadership development organization.

“I was working full-time and still had to make time for school,” Romero said. “It was always a balancing act for me. I wanted to create this scholarship to give other students a chance to not worry so much and provide them with extra time to hang out with their families or work or study.”

The Dream Scholarship was funded through the student fees collected by CSN’s student government.

Romero said she was inspired to create the scholarship by Truckee Meadows Community College in Reno, which has a similar program in place for DACA recipients.

Truckee Meadows has a one-year, $1,000 grant awarded to 40 students. The grant uses a portion of student fees that was calculated based on the number of students at the school who are not U.S. citizens.

The CSN Dream Scholarship isn’t the only scholarship program in Nevada that benefits DACA recipients. DREAMers can also qualify for the Millennium Scholarship because it is funded through the state.

 There are an estimated 11 million undocumented people living in the United States. Of that, an estimated 65,000 to 80,000 undocumented students graduate from high school each year.

The number dwindles when it comes to college. It is projected that between 7,000 and 13,000 pursue higher education, according to Educators for Fair Consideration, an organization that focuses on improving undocumented students’ access to attend higher education.

Being ineligible for federal financial assistance creates an enormous barrier for students, according to Romero, and some students exhausted by the bureaucracy have opted to drop out of school and search for full-time work instead.

Erika Castro, 27, is an undocumented student at CSN who plans to apply for the scholarship.

“It’s great to see how the school has come a long way since I graduated from high school,” Castro said. “I worked for a couple of years after high school to save money for tuition, but when I went to apply, CSN turned me down because I didn’t have a Social Security number. When the woman at the register turned me away, it caused me to shut down even more.”

Once Castro was able to receive DACA in 2012, she reapplied at CSN and began pursuing her dream of majoring in political science.

While many questioned the right of undocumented students to receive scholarships to attend U.S. colleges and universities, Castro said they are like every other student.

“We went to kindergarten, elementary and high school here,” Castro said. “We’re trying to educate ourselves and get a degree. We’re not taking anything away from anyone. Just like other students deserve education, so do we. It will only empower our community as a whole”

Although the deadline passed for the one-time allocation of the student government’s scholarship, Charlton hopes to bring it back.

“We’ve had a lot of support as far as people who want to donate money to continue to fund this scholarship to enhance opportunities for students,” she said. “I think we’ll be awarding this scholarship in the future. I think the funding will be there.”

Those looking for additional resources can also download the free DREAMer’s Roadmap app, which contains a database of more than 500 scholarships available for undocumented students.

“We’re just like everyone else,” Romero said. “The only difference is that we don’t have a nine-digit number next to our names. We work hard and do the same thing as anyone else. I don’t think this is special treatment for us because it is open to anyone.”

Fuente: http://www.reviewjournal.com/view/csn-provides-scholarship-undocumented-students

 

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EEUU… Todo se derrumba

Por: Russell Mokhiber y Robert Weissman

Focus on the Corporation. EEUU, junio del 2005.
Traducción para La insignia: Berna Wang

Si se preguntan ustedes por qué los estadounidenses están perdiendo la guerra contra el cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes, echen una ojeada a las fuentes de financiación de las principales asociaciones de salud pública.

Las grandes empresas las inundan de dinero. Y muy pronto, las asociaciones empiezan a adoptar la postura de las grandes empresas.

Un buen ejemplo es la American Diabetes Association (ADA; Asociación Estadounidense contra la Diabetes). A principios de mes, la ADA llegó a un acuerdo con el fabricante de golosinas y refrescos Cadbury Schweppes.
El acuerdo es este: Cadbury Schweppes inyecta un par de millones de dólares a la ADA. A cambio, la empresa puede usar la etiqueta de la asociación en sus bebidas dietéticas… más la publicidad positiva que genere el acuerdo.
Cadbury fabrica Dr. Pepper y delicias tan nutritivas como el Cadbury’s Cream Egg. Hay que tener la cabeza enterrada a mucha profundidad en la arena para negar que los refrescos llenos de azúcar están fomentando la obesidad infantil; que a su vez está fomentando la diabetes tipo 2.

Esta misma semana, la Journal of Pediatrics (Revista de Pediatría) publicó un estudio que atribuye gran parte de la culpa de la diabetes infantil a los refrescos y a las bebidas azucaradas. El estudio concluía que una lata de refresco contiene una media de 165 calorías y que el adolescente típico consume aproximadamente dos latas de 12 onzas de refresco al día; lo que equivale a 20 cucharaditas de azúcar.

Cualquiera que conozca a los adolescentes sabe que esto es verdad: beben toneladas de refrescos.
El acuerdo Cadbury/ADA fue criticado inmediatamente por Gary Ruskin, de Commercial Alert, con sede en Portland, Oregón. Ruskin quiere que la ADA devuelva a Cadbury Schweppes lo que considera una «contribución corrupta».
«Puede que la Asociación Estadounidense contra la Diabetes deba ser rebautizada como Asociación Estadounidense por la Comida Basura –declaró Ruskin–. ¿Qué es lo siguiente? ¿Empezar a vender barras de golosinas para M&M/Mars?»
«Si Cadbury Schweppes quisiera realmente reducir la incidencia de la obesidad y de la diabetes, dejaría de hacer publicidad de sus productos con un contenido elevado de azúcar y los retiraría de las escuelas de nuestro país. Esto no es más que otro intento de una importante empresa de comida basura de diluir su responsabilidad en la epidemia de obesidad y diabetes de Estados Unidos.»

Llamamos a Richard Kahn, director médico de la ADA, que además trabaja como científico para la asociación, para preguntarle al respecto. Fue una larga conversación, y Kahn nos advirtió varias veces de que si sacábamos sus comentarios «fuera de contexto» nunca volverá a hablar con nosotros (la transcripción íntegra de la entrevista está en www.corporatecrimereporter.com. Juzguen ustedes mismos).

Pero en general, Kahn parecía más un defensor de la industria que un funcionario de la salud pública.
Kahn dice que el problema de la diabetes tipo 2 en Estados Unidos está impulsado por la obesidad. Y el peso no es más que una función de las calorías que entran y las que salen. No importa si las calorías son azúcar, proteínas o hidratos de carbono.

Le preguntamos a Kahn si creía adecuado lo que han hecho algunos estados y gravar los refrescos con un impuesto.
Kahn dijo que creía que no era justo criticar los refrescos. ¿Por qué no gravar los dónuts? ¿O las golosinas? ¿O a las personas con sobrepeso?

Dijo también que no había pruebas de que el azúcar o los refrescos azucarados agravasen el problema de la obesidad (la entrevista se hizo justo antes de que la Journal of Pediatrics difundiera sus conclusiones, pero según el Centro para la Ciencia en el Interés Público, varios estudios anteriores han relacionado el consumo de refrescos con el aumento de peso. Vaya.)

Le preguntamos a Kahn si creía adecuado limitar el acceso a la comida basura.Dijo que limitar el acceso a la comida basura no serviría. Le preguntamos por qué entonces la ADA apoyaba una ley propuesta por el senador Edward Kennedy (demócrata, Massachusetts) que limitaría el acceso a la comida basura por medio de máquinas expendedoras de los niños en edad escolar.

«Porque hay poco que perder y potencialmente algo que ganar limitando los alimentos que se venden en máquinas expendedoras», dijo Kahn.

¿Y qué se perdería gravando los refrescos?

Kahn defendió aceptar dinero de Cadbury –tuvimos que recordarle que era una empresa de golosinas– diciendo que Cadbury sólo tenía autorización para usar la etiqueta de la ADA en sus bebidas dietéticas. Y que el dinero se usaría para programas educativos destinados a animar a la gente a que hiciera más ejercicio físico.
Y no se trata sólo de Cadbury Schweppes.
La ADA recibe mucho dinero de un amplio abanico de fabricantes de fármacos y alimentos. Entre las compañías de alimentación figuran Cadbury, Kraft Foods, J.M. Smucker Company, General Mills, Inc. y H.J. Heinz Company.
Naturalmente, la ADA no es la única. Un médico amigo nuestro, el doctor Matt Hahn, que dirige un centro de salud comunitario en Hancock, Maryland, ha recibido hace poco una caja con cien muestras de cereales Smart Start de Kellogg’s.

La caja iba acompañada de una carta de Michael McBurney, que se identificaba como director de nutrición y regulación.

Pero puesto que su nombre y su firma figuraban directamente encima del nombre “American Heart Association” (AHA, Asociación Estadounidense del Corazón), el doctor Hahn pensó que McBurney trabajaba para la AHA.

En realidad, McBurney trabaja para Kellogg’s.

Lo que sorprendió al doctor Hahn fue que Kellogg’s o la AHA esperaran que regalara a sus pacientes los cereales, que contienen grasas trans. El doctor Hahn nos dijo que no pensaba hacerlo, ya que sus pacientes pueden obtener cereales sin grasas trans.

La AHA dice que está de acuerdo con el doctor Hahn en que la gente debería limitar su consumo de grasas trans. Pero dijo que había certificado los Smart Start de Kellogg’s porque cumplen lo establecido en las directrices de la asociación, que incluyen contener menos de tres gramos de grasa por ración.
«En lo que se refiere a los cereales Smart Start de Kellogg’s, la etiqueta sobre nutrición dice que contiene cero gramos de grasas trans, lo que significa que contiene menos de 0,5 gramos de grasas trans», dijo Carrie Thacker, de la AHA.

Vaya… cero es igual que menos de 0,5.
(Thacker dice que Kellogg’s no da dinero a la AHA, aunque luego supimos por el Centro para la Ciencia en el Interés Público que la AHA cobra a las empresas 7.500 dólares por producto certificado, y 4.500 dólares al año con posterioridad… más otras cantidades. Y al igual que la ADA, la AHA obtiene cuantiosos donativos de una larga lista de fabricantes de fármacos y alimentos.)

Y después, naturalmente, está la American Cancer Society (Asociación Estadounidense contra el Cáncer).
Sólo diremos que coincidimos con el doctor Samuel Epstein cuando señala que la Asociación contra el Cáncer lleva años aceptando insensatamente millones de dólares de las grandes empresas.

El problema es que los donantes están interesados en desviar la atención de las causas medioambientales del cáncer y en centrarla en los tratamientos farmacéuticos y de otro tipo.

Como dice el doctor Epstein: «Existe una obsesión por el control de daños –revisión, diagnóstico y tratamiento– junto con la indiferencia hacia la prevención, lo que agrava los ya largos conflictos de interés con un amplio abanico de industrias, unido al desprestigio sistemático de las pruebas sobre causas evitables del cáncer.» Lo mismo cabe decir de la diabetes. Lo mismo cabe decir de las enfermedades del corazón.Todo se derrumba.

Tomado de: http://www.lainsignia.org/2005/junio/int_004.htm

Imagen: https://www.google.com/search?q=cadbury&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL7vTI04LOAhWEVh4KHZniCMgQ_AUIBigB#imgrc=FJh-wxwWhkTxCM%3A

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