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Autodefensas: ¿son un límite y necesidad real de la especie humana ante la violencia extrema?

Por:  Pietro Ameglio

Autodefensas: ¿son un límite y necesidad real de la especie humana ante la violencia extrema?

El 30 de agosto es el Día Mundial del Detenido Desaparecido; en México hay actualmente, según cifras oficiales, 85 mil desparecidos desde 2006 siendo la inmensa mayoría en la última década; de éstos, 11 mil 300 son menores de 18 años y una cuarta parte mujeres (más de la mitad de ellas son niñas y adolescentes).

Nos estábamos preparando en Morelos y Michoacán para la VI y VII Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas del 16 de agosto al 5 de septiembre, cuando la Red de Enlaces Nacionales que agrupa a más de 140 colectivos y organizaciones de familiares por todo el país, nos comunicó que se postergarán ambas brigadas debido a la “reciente alza de contagios Covid-19, y sobre todo a la prevalencia de las nuevas variantes del virus en México”. Decisión correcta y lúcida de los familiares que no necesitan arriesgarse más aún de lo que hacen cada día.

Según Enlaces, en una Brigada anterior a estas dos, realizada en Jalisco durante julio, se localizaron 70 posibles “positivos” de personas posiblemente desaparecidas en vías de identificación, y se habían también ubicado personas buscadas en vida en cárceles.

¡Las Brigadas constituyen un trabajo ejemplar, peligrosísimo y heroico, fruto del amor más generoso, pleno y desinteresado que se pueda encontrar! El exterminio selectivo hacia este tipo de activistas sociales no se detiene:  en semanas recientes, el expresidente de Las Abejas de Acteal, Pedro Pérez López, fue asesinado el 5 de julio en Simojovel, Chis.; José Nicanor Araiza Dávila, que buscaba a su hijo desaparecido el 30 de septiembre del 2018, fue desaparecido el 22 de julio de este año y apareció asesinado cinco días después en Villa de Cos, Zacatecas; asimismo, Gladys Ramos Gurrola, del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, buscaba a su esposo Brayan Celaya y fue asesinada en Guaymas el 15 de julio. En esos días compañeras de ella, Integrantes de colectivos de Buscadoras de Sonora solicitaron a autoridades estatales y federales protección por las muchas y variadas amenazas recibidas a su vida y seguridad. El 25 de julio el colectivo guanajuatense “Hasta Encontrarte”, denunció en un comunicado que “hombres armados las estaban persiguiendo y tuvieron que correr hasta los maizales”, cuando encontraron restos humanos en una presa en el municipio de Cuerámaro (La Jornada, 26-7-21).

López Obrador, a quien respetamos y sabemos un hombre pacifista y comprometido con la justicia de los más pobres desde hace mucho, ha hecho también en estas semanas una serie de declaraciones que nos ponen delante de conflictos y disyuntivas éticas, morales y operativas centrales en temas de violencia, construcción de paz noviolenta y seguridad. Nos parece importante profundizar en la reflexión acerca de estos aspectos con base en el actual “principio de realidad” mexicano, no para ver quién tiene mayor razón sino para complejizar un problema central de la vida y democracia de los mexicanos (“AMLO: Lograr la paz, clave para acreditar al actual gobierno en la historia”, La Jornada, 16 julio). Al final, tomaremos como ejemplificación de la reflexión el caso actual de Pantelhó en Chiapas.

He aquí algunas afirmaciones públicas recientes del presidente: “Soy pacifista aunque se burlen…voy a seguir diciendo ‘abrazos, no balazos’…No quiero que pierda la vida nadie…Se los pide el presidente de México, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño, no a la violencia, sí a la paz, al diálogo…Tiene que seguir el Ejército y la Guardia Nacional porque, si no, se convierte en terreno de nadie” (La Jornada, 6 julio). Y agregaba: “Nadie puede armarse para enfrentar una supuesta situación de inseguridad, ni hacer justicia por propia mano, ‘eso es ilegal y no debe aceptarse’- Reprueba AMLO las autodefensas. Porque la responsabilidad del Estado mexicano es garantizar la paz y la tranquilidad y ‘nosotros lo estamos haciendo’…Con Calderón trajeron hasta a un experto colombiano para enfrentar el problema de la inseguridad, la violencia, con estas llamadas autodefensas”. Y finalizaba: “Que no digan ‘es que hay mucha inseguridad, luego entonces tenemos que armarnos’, porque hay dos cosas: o es una cuestión politiquera, de dominio caciquil en una región, lucha de facciones, de grupos políticos, caciquiles, sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder, o es delincuencia” (La Jornada, 21 julio).

Asimismo como enfoque general del tema, el 1° de julio declaraba: “Son los cárteles de Jalisco, del Pacífico o el de Guanajuato los que ya había, los que estamos enfrentando, no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede combatir con la violencia, sino con otros medios más humanos y eficaces” (La Jornada, 2 julio).

Autodefensa, violencia extrema, paz y especie humana

López Obrador, con acierto pacifista plantea al final de la frase anterior la necesidad de buscar “medios más humanos” para combatir la violencia; y también, como jefe de Estado, lógicamente defiende la acción estatal como la única que puede ejercer el monopolio de la violencia. No es que estemos en contra de estos dos principios, pero, nos parece, que se idealiza el problema y la solución, y se pierde de vista -en parte- el “principio de realidad” de lo inmediato como especie y en lo referente a ciertos territorios mexicanos. Se entiende que el deseo y los principios absolutos -muy positivos, honestos y con los que coincidimos en este caso- busquen imponerse a la cruda realidad y experiencia histórica actual, pero en la construcción verdadera de la paz -tomando en cuenta los avances pequeños pero reales- que se pueda hacer, no debe caerse en voluntarismos axiológicos sino en operatividad concreta y lo más comunitaria y noviolentamente posible.

Hay una reflexión de base que planteamos -con humildad e ignorancia-, acerca del estadio del conocimiento práctico e histórico que tiene la especie humana sobre cómo detener ciertos niveles extremos de violencia sin usar una violencia similar o mayor. Creemos que nuestra especie aún no tiene las suficientes experiencias históricas -sobre todo masivas- para enfrentar en forma civil y noviolenta ataques armados directos sin ninguna ética de respeto a la vida, sino que centrados en el aniquilamiento del otro y la otra. Una vez le preguntaron a Gandhi sobre qué hubiera hecho si en vez de Inglaterra le hubiera tocado enfrentar a Hitler, y él respondió: “Evitar que llegara al poder”. Es claro el carácter preventivo de cualquier proceso social que busque enfrentar la violencia creciente y extrema, pero si no se puede prevenir a tiempo -y eso sucede en innumerables ocasiones en cualquier historia y tiempo-.

¿Qué hacemos con tamaña violencia para detenerla en lo inmediato sin que muera una sola persona más?

Es una pregunta, nos parece, a la que nuestra especie no puede aún contestar con verdad y realismo. Nos gustaría poder dar varias ejemplificaciones históricas al respecto, sin duda algunas las hay pero con mucho nivel de complejidad y especificidad, no para generalizar, en una etapa aún muy experimental frente a las masacres y genocidios que vemos cada día. Por ejemplo, la experiencia de San José Apartadó, en el Urabá Antioqueño en el norte colombiano, es muy inspiradora en términos de defensa popular noviolenta, aún a costa de un gran número de sus habitantes asesinados por los bandos en pugna en la guerra. Pero es algo lejos de generalizarse.

Sin embargo, aceptar en parte esta realidad histórica de nuestra especie no significa que no haya pautas que puedan volverla un poco más humanizante y noviolenta, en el sentido que la autodefensa que se ejerza no busque prolongar la espiral de la guerra, la violencia extrema, sino detener ese enfrentamiento armado y espiral de guerra, y hacerlo regredir -lo más y antes posible- hacia lo político y la negociación, algo que el bando favorable a la guerra buscará impedir, a través de provocaciones violentas. Lo ideal, al menos en esta etapa de la especie, sería al menos “mostrar las armas, pero no usarlas”, un arte tremendamente complejo y difícil en condiciones de cerco y guerra.

Así, las autodefensas corresponden entonces a un estadio -todavía muy violento- de nuestra especie, pero son menos inmorales que permitir el aniquilamiento pasivamente. Gandhi decía: “Entre la cobardía y la violencia escojo mil veces la violencia. Pero hay otro camino que es la noviolencia”, y lo exploró a fondo a costa de su propia vida, enseñándonos avances fundamentales para nuestra especie, pero creo que aún no son posibles de generalizar en el corto plazo y la coyuntura inmediatista. Él decía que la noviolencia estaba en una etapa como la energía eléctrica en tiempos de Tomás Alva Edison.

Entonces, el problema social de la existencia de las autodefensas comunitarias está relacionado con el estado de las cosas -el principio de realidad- de una relación de fuerzas muy dispareja entre el predominio del crimen organizado y la presencia estatal en ese territorio que busca detenerlo, en el mejor de los casos; y en el peor -lo más común en México- está relacionado con el contubernio y asociación delictiva entre el crimen organizado y una parte del Estado, sea en cuanto autoridades políticas de todos los niveles, que en cuanto fuerzas armadas de distinto tipo. No se trata de un “Estado fallido”, tampoco de un “vacío de Estado”, esos son eufemismos que esconden la realidad, sino que se trata de una duplicidad de ataque conjunto entre Estado y crimen organizado contra poblaciones desarmadas, civiles, pacíficas e indefensas.

Ante el tamaño de esta violencia criminal-estatal e indefensión comunitaria, ¿qué le queda por hacer a la población local?

Los caminos son dos, nos parece e indica la experiencia: el primero consiste en desplazarse hacia otras localidades lo más cercanas o lejanas posibles pero seguras, en lo que es una forma de lucha noviolenta pacifista que evita caer en la espiral de la guerra armada, que difiere cualquier tipo de enfrentamiento armado esperando que el Estado u otras instancias construyan las condiciones que acaben con la impunidad, y permitan un retorno territorial y convivencia justo y pacífico e incluyente para todas y todos sin excepción.

O si no, el otro camino es construir comunitariamente una fuerza armada organizada -con lo que se tenga a disposición para la autodefensa- que detenga o inhiba en parte el impune ataque armado criminal, partiendo de la base que aunque ambas son formas de violencia, no es lo mismo la violencia del que ataca a la de auqel que se defiende. El gran desafío en este punto está en que las acciones de esta fuerza de autodefensa comunitaria tengan un mandato y control de las asambleas y autoridades legítimas comunitarias (zapatismo, Cherán, Ostula, CRAC-PC en Guerrero…), y no se dediquen a aumentar la espiral de la guerra y la violencia, sino que detengan en lo posible el avance de la guerra y la violencia, y hagan la justicia correspondiente, pero que no se dediquen a perseguir y atacar a otros grupos. Ese es el gran secreto y arte de la autodefensa, que sea capaz de “Parar la mano asesina” pero que no prolongue ni aumente la guerra. En ese sentido, las Guardias, Rondas o Policías Comunitarias -sobre todo indígenas y campesinas- son un gran ejemplo que tiene detrás la fortaleza, unión, control social y dominio territorial de las comunidades y pueblos, como por ejemplo los nasas con sus bastones de la guardia comunitaria del Cauca colombiano. Pero ni por asomo estas experiencias pueden trasladarse mecánicamente a otros territorios. Con estas experiencias reales, actuales e históricas nos parece que López Obrador comete un error al generalizar en México con el término de autodefensas a algunas formas de organización popular que han sido penetradas por el narco -sobre todo en Michoacán y Guerrero-, sin tomar en cuenta la particularidad y avance de excepciones como estas experiencias que acabamos de nombrar en México y América Latina, las cuales presentan en términos de construcción de paz por “medios más humanos” y comunitarios, desde el estadio actual de la especie, aspectos significativos y esperanzadores.

Pantelhó: ¿Autodefensa bajo control del pueblo que ejerce el poder que le corresponde?

Veamos una ejemplificación muy concreta y actual mexicana. En los últimos años en Chiapas, particularmente en el municipio de Pantelhó (unos 20 mil habitantes), hemos visto cómo el contubernio entre la alcaldesa provisoria y el alcalde electo perredistas, otros partidos políticos y el sistema electoral ligados al narco, la policía municipal, el crimen organizado de trata y narcotráfico, el sicariato y paramilitarismo han creado un estado de aterrorizamiento social, exterminio y desplazamiento de población atroces, ante los ojos del Estado mexicano en todos sus niveles, empezando por el gobierno estatal. Se trata de un municipio sin el mínimo estado de derecho. Ante ello, el 7 de julio irrumpió públicamente el grupo denominado Autodefensas del Pueblo “El Machete” con el objetivo de “expulsar a los sicarios narcotraficantes”; se disolvió el Cabildo municipal y se exigió anular las elecciones del 6 de junio. Como consecuencia, el Ejército y la Guardia Nacional tomaron inmediatamente el control municipal, y sufrieron una emboscada por pistoleros criminales al otro día, con varios heridos. En asamblea del 10 de julio con la mayoría de las comunidades, se declaró: “Es verdad el surgimiento de autodefensas en Pantelhó por la presencia del crimen organizado, la ausencia total de los gobiernos federal y estatal, y por las amenazas y los asesinatos”. Y complementaron en un comunicado que “una vez que Pantelhó esté libre del crimen organizado encabezado por Raquel Trujillo el perredista electo alcalde, y narcotraficantes, nosotros como autodefensas del pueblo nos retiramos porque no buscamos el poder ni el dinero” (La Jornada, 11 julio). Cientos de pobladores se desplazaron y en esta semana  ante la nueva situación de “poder comunitario y popular” están regresando.

Más adelante, el 26 de julio unos 3 mil pobladores de las distintas comunidades y barrios armados con palos y machetes, ante el hartazgo total de la complicidad estatal y la desbordada violencia hacia la población, tomaron la alcaldía, quemaron alguna decena de casas y saquearon tiendas de sicarios: “La quema no es un acto racista en contra de los mestizos; nuestra lucha es contra los sicarios y narcotraficantes que han secuestrado Pantelhó durante mucho tiempo y asesinado a nuestros hermanos indígenas” (La Jornada, 29 julio). Hicieron retroceder al Ejército y Guardia Nacional y bloquearon también las entradas a la cabecera sin dejar entrar a nadie.

La argumentación de los pobladores en un comunicado del 27 de julio, es muy clara en relación a la reflexión que hacíamos más atrás de las causas de este tipo de levantamientos populares y de la creación de las autodefensas, así como de la fuerza moral que sustenta al pueblo organizado no para la guerra sino para la defensa popular, que por “límites históricos de nuestra especie” aún no puede ser lo noviolenta o plenamente cristiana como se quisiera (pero ¡SÏ es noviolenta y cristiana en esta particular coyuntura histórica! He ahí la paradoja de la complejidad del orden social y su principio de realidad correspondiente): “El gobierno nos ha abandonado. Aquí no hay seguridad, paz ni tranquilidad, sólo miedo, llanto, temores, extorsiones, intimidaciones y ya ni hablar de la corrupción. El 26 de julio entramos a la cabecera a hacer justicia nosotros mismos, a catear las casas de los asesinos y narcos, no de la gente que es inocente” (La Jornada, 28 julio).

El 3 de agosto hubo una mesa de diálogo -mediada por la diócesis de San Cristóbal- entre 20 representantes comunitarios -sin presencia de El Machete- que tienen tomada la cabecera municipal y funcionarios estatales y federales, donde le plantearon al gobierno estatal que el 1° de octubre habría elecciones por “usos y costumbres” para elegir nuevas autoridades honestas del pueblo, que el Congreso estatal realice una auditoría al ayuntamiento, y haga justicia a las víctimas del crimen. Desconocieron totalmente a las actuales autoridades electas. El director del Centro de DDHH Fray Bartolomé de las Casas, Pedro Faro, declaró que “ellos están dando la cara y avalan que el levantamiento de El Machete responde a un hartazgo por la ausencia del Estado, que derivó en 200 muertos en 20 años, además del despojo de cuantiosos bienes (y miles de desplazados)” (La Jornada, 4 agosto).

Lo que está sucediendo en Pantelhó es un ejemplo ¡muy interesante! -y ojalá se desarrolle y mantenga en esta lógica- de lo que Gandhi afirmaba en el punto 1 de su Programa Constructivo de la India (1941), y que creemos el zapatismo y otros pueblos indígenas encarnan plenamente: “Nosotros hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a pensar que el poder viniese sólo de las asambleas legislativas. Yo he considerado esta creencia un grave error causado por la inercia o por una especie de hipnotismo. Un estudio superficial de la historia inglesa nos ha hecho pensar que todo el poder llega al pueblo por los parlamentos. La verdad radica en que el poder está en la gente y es confiado momentáneamente a quienes ella puede elegir como representantes propios. Los parlamentos no tienen poder y ni siquiera existencia independientemente del pueblo. Convencer al pueblo de esta sencilla verdad ha sido mi tarea en los últimos veintiún años. La Desobediencia Civil es el depósito del poder. Imaginen que todo el pueblo no quiera adaptarse a las leyes del cuerpo legislativo y que esté preparado a soportar las consecuencias de la no-adhesión”. Así, el pueblo de Pantelhó ha decidido ejercer legítimamente su poder, no enunciarlo (diría Lenin), tomando como base su acumulación de experiencia histórica local, regional y como especie humana. Como diría Vaclav Havel, expresidente de la Checoslovaquia liberada del totalitarismo soviético por la “revolución de terciopelo” que él encabezó junto a muchos más: es el “Poder de los Sin Poder”, donde los “Sin Poder” deciden usar “Su Poder”.

Este proceso social importante, ayudará a explorar alternativas de avance en el campo de la defensa popular noviolenta -según el estadio de la especie-, si la autoridad de la representatividad comunitaria mantiene bajo control a la autodefensa de El Machete y podrá decidir cuándo estarán dadas las condiciones para que se extinga. Un dirigente del grupo señalaba que “ese grupo no participó en la toma del pueblo, sino que lo hicieron ‘las comunidades’, pero nosotros ‘los apoyamos sin armas porque ésas y los militares se quedaron en el campamento’” (La Jornada, 28 julio). Concluimos entonces preguntándonos, sin tener la respuesta final: ¿Cuál es el “principio de realidad” más válido y realista en Pantelhó, el que sea más adecuado para sus pobladores comunitarios justicieros siguiendo sus ideales de una construcción de paz noviolenta y cristiana, frente al “principio de realidad” de la delincuencia organizada-municipal;  tomando en cuenta el actual estadio al respecto en que se encuentra nuestra especie y la realidad del crimen organizado-estatal en ese territorio?

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

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Democracia sindical

Por: Sergio Martínez Dunstan 

La democracia sindical se ha convertido en una promesa de campaña incumplida, un problema irresuelto y una obligación legal infringida. El Presidente de México, siendo candidato, dijo que respetaría la independencia y la autonomía de los trabajadores de la educación en caso que el voto ciudadano le favoreciera. Lo reiteró en abril del dos mil diecinueve: “Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila, porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia”. Días después, se promulgó la reforma laboral. Hasta hoy, ha sido imposible hacerla realidad. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han impedido, de una manera u otra, llevarla a la práctica. La dependencia encargada de la política laboral por omisión a sus atribuciones y la organización gremial por desacato. A ambos, la pandemia les vino como anillo al dedo para justificar su insensatez.

Analizaré el tema en los párrafos subsecuentes. Para ese propósito, retomaré algunas ideas de mis escritos anteriores a manera de introducción. La importancia de contar con organizaciones sindicales para la defensa de los derechos laborales de los agremiados y de órganos colegiados que salvaguarden los intereses profesionales, la deontología y ordenación del ejercicio docente lo expresé en el texto “La reforma a la reforma educativa”. Salió a la luz en septiembre del dos mil dieciocho.

Profundicé sobre el asunto en la colaboración que lleva por título “Los derechos laborales y los derechos profesionales del magisterio”. Tomé como punto de referencia la modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LFTSE). Como bien se sabe, se buscó adecuarla a los Convenios C087 y C098 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a la libertad y protección de los derechos sindicales. Me concentré en los derechos inherentes al ejercicio de la profesión docente emanados de la creación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

A partir del cuestionamiento final del artículo anterior, ¿cuál es el papel que juegan, y debieran jugar, las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos laborales y los derechos profesionales del magisterio? intenté aportar algunos argumentos para una probable repuesta en “Por un sindicalismo al servicio del magisterio”. Advertí, que la reforma educativa le habría arrebatado a las organizaciones sindicales la prerrogativa de los derechos profesionales adjudicándole a los propios maestros el derecho de interponer su defensa. Y, por ello, se le concedió al Estado Mexicano la rectoría de la educación quedando de manifiesto en las atribuciones exclusivas conferidas a las autoridades educativas en determinados asuntos con una participación marginal de los sindicatos como, por ejemplo, la asignación de plazas. En este sentido, destaqué que la función sustancial de las organizaciones gremiales, particularmente el SNTE, debiera ser la aludida en el título. Observé también que, al interior del SNTE, se libra una batalla entre diversos grupos. Unos por mantenerse y otros para acceder al poder.

Desde esta perspectiva, revisaré de aquí en adelante las nuevas reglas para la elección de los dirigentes seccionales. Estas fueron aprobadas en noviembre del dos mil diecinueve por el Consejo Nacional del sindicato más grande de América Latina por la cantidad de afiliados según el Comunicado 77-2019. El portal Profelandia.com filtró el reglamento presentado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con acuse de recibido por la Oficialía de Partes fechado el trece de enero del dos mil veinte.

Sobre el particular, la Cámara de Diputados emitió dos proposiciones con puntos de acuerdo para exhortar

  • A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover la celebración de los encuentros sindicales nacionales; y al SNTE, a expedir la convocatoria correspondiente para elegir a la dirigencia nacional por el voto personal, libre, directo y secreto. 19 de noviembre del 2019 (https://bit.ly/37dKmu3).
  • Al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE a modificar su estatuto y reglamento en materia de elección de dirigentes. 5 de febrero de 2020 (https://bit.ly/3yjXGZO).

Haciendo uso de tácticas dilatorias y burocráticas, meses después, el SNTE  manifestó que hasta el 2024 se convocará a una nueva elección para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional. Y, para el caso de los Comités Ejecutivos Seccionales, se continuará con la renovación de las dirigencias en las seis secciones pendientes debido a la pandemia una vez que existan las condiciones para evitar contagios por Covid 19 en concordancia con el Comunicado 43-2020. Se refiere a la 21 de Nuevo León, 31 de Tlaxcala, 2 y 37 de Baja California, 26 de San Luis Potosí, 27 de Sinaloa. Para las fechas actuales, la mayoría de las secciones en el país han concluido su periodo.

Una vez reveladas las intenciones del CEN del SNTE, la STPS fijó su postura sobre el reglamento en cuestión “a efecto de desarrollar una elección ejemplar en la que se garantice la libre participación de los trabajadores para ejercer la libertad sindical para elegir a sus dirigentes” según la nota de Milenio fechada el diecisiete de septiembre del dos mil veinte (https://bit.ly/3ymMQSz). Se le refutó al SNTE, por parte de la STPS, el Artículo 8 porque violenta el derecho a ser votado. Se puso en tela de juicio el requisito de elegibilidad y la exigencia de haber desempeñado algún cargo de representación sindical para poder ser votado como integrante de la Directiva Seccional Sindical. Ello contraviene, se determinó, lo dispuesto en el Artículo 358 de la LFTSE relativo al derecho a la libre participación de los trabajadores al interior de la organización. Es necesario, resaltó la STPS, modificar dicho reglamento y los estatutos porque restringe y condiciona la libertad de los agremiados para ser candidatos. También propuso directrices que han de seguirse para que el proceso electoral interno sea equitativo y democrático.

En las redes sociales circula el documento “Propuesta sobre elecciones de Directivas Seccionales del SNTE”. Entre otras recomendaciones que la STPS le hace a la organización sindical, se contempla: I) Previo a la jornada: garantizar condiciones equitativas para todos los candidatos; elaborar la convocatoria apegada a las disposiciones en la que se garantice el voto personal, libre, secreto y directo; sobre el registro de candidatos y la integración del padrón; emisión de boletas con medidas de seguridad. II) Durante el proceso electoral: asegurar el material para el ejercicio del voto, instalar urnas y casillas. III) Un vez concluido el proceso: contabilizar los votos, publicar los resultados, resguardar los materiales, atender las impugnaciones, informar sobre la jornada electoral. La realización de actividades proselitistas e inhibir actos de violencia son acciones muy delicadas.

En mi opinión, lo anterior significa un avance insoslayable. Pero acusa vacíos v. gr. la modificación del propio reglamento. Tampoco se aborda lo relativo al financiamiento, a la transparencia ni la rendición de cuentas de las instancias y personas involucradas. Aborda generalidades y sería conveniente precisar puntualmente todos y cada uno de los aspectos.

Por otra parte, algunas organizaciones magisteriales han externado su desacuerdo con respecto a dejar en manos del CEN del SNTE la realización de la jornada electoral porque se convertirían en juez y parte. Se inclinan a favor de que se le encargue el proceso, de principio a fin, al Instituto Nacional Electoral. También han planteado la instalación de una Comisión que sustituya al actual Comité Ejecutivo Nacional para quitar cualquier asomo de duda. A eso le han llamado de manera coloquial, “poner el piso parejo”. Implicaría necesariamente un proceso de cabildeo de la STPS con las diversas fuerzas políticas.

Se detectan tres aspectos controversiales:

  1. La distinción entre voto universal y el voto personal, libre, secreto, directo. Hay discrepancias entre lo estipulado en el reglamento y la ley.
  2. El tiempo considerado para la organización de un proceso de tales magnitudes. Algunos dicen que seis meses, uno más consideran que año y medio y otros señalan hasta dos.
  3. Y ruta crítica a seguir. ¿La renovación de las dirigencias seccionales o la nacional? El CEN del SNTE impone lo primero y los opositores prefieren lo segundo.

Lo cierto es que no se ha modificado ni una coma al reglamento en cuestión ni se ha hecho valer lo legalmente establecido. Se ha hecho caso omiso a los puntos de acuerdo pronunciados por los legisladores. Los días transcurren sin concretarse la reforma laboral. Mientras tanto, continúan las violaciones a los derechos de los trabajadores de la educación. En particular, los derechos profesionales del magisterio. Y, con ello, se posterga la transformación política, laboral, educativa y social deseada.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente de la información e imagen: https://www.educacionfutura.org

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A los jueces no les importa si los niños lloran

Por: Abel Barrera Hernández

En el marco de la campaña impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, se documentaron 25 casos de feminicidios, 30 de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. El confinamiento obligado por la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, mientras que las autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, dejaron en estado de indefensión a las mujeres indígenas, al cerrar sus puertas.

El estado de Guerrero cuenta con dos alertas de género focalizadas en 8 municipios. En la región de la montaña sobresale la ciudad de Tlapa, donde se han consumado la mayoría de feminicidios. Desde el primer caso que documentamos en el 2006, de una niña Nahua de Temalacatzingo, Municipio de Olinalá hasta el mes de junio del presente año, hemos registrado 76 feminicidios. La ausencia de justicia para las mujeres indígenas es abismal. De estas historias trágicas solo existe una sentencia condenatoria por este delito. La luchan es desigual, porque las familias enfrentan un aparato de justicia burocratizado e insensible, sin embargo, no sucumben ante las adversidades. Con el apoyo de organizaciones de mujeres se ha logrado ejercer presión a los jueces, para que juzguen con perspectiva de género y pongan a salvo sus derechos.

La violencia contra las mujeres indígenas se ha arraigado en los municipios más pobres. En Cochoapa el Grande, el ambiente que se respira es adverso, porque la misma presidenta municipal y la sindica procuradora, criminalizan a las mujeres. Son encarceladas por atreverse a denunciar a sus parejas, después de este agravio las obligan a regresar a su domicilio conyugal. Si se deciden a interponer denuncias, las obligan a devolver el dinero que sufragaron para el pago de la dote. Sin ninguna consideración humanitaria ni jurídica, les arrebatan la custodia de sus hijos; les imponen multas onerosas y difunden fotografías en los medios locales para denostarlas. Lo más grave, es el involucramiento de funcionarios públicos en la desaparición de las mujeres. La colusión que se ha establecido entre elementos de la policía con el crimen organizado, son el nuevo sello de los gobiernos municipales. Dejan   en manos del sicariato, la responsabilidad de garantizar seguridad a la población.

Las acciones criminales se han recrudecido porque no solo se atenta contra la vida de una mujer, si no que desaparecen y asesinan a madres e hijas. En algunos casos han quemado sus cuerpos. En otro caso, se consumó una violación tumultuaria, donde participó el esposo. De forma brutal violaron y mataron a la esposa, a martillazos, dejando a su pequeña hija sobre el charco de sangre.

La violencia contra las mujeres se profundiza por la inacción de las autoridades, por su complicidad con los criminales y por el patrón de impunidad que persiste en el aparato de justicia del estado. Las pocas denuncias que se han interpuesto se mantienen estancadas. Le cargan toda la responsabilidad a los familiares para que indaguen el móvil del feminicidio. Los desgastan con trámites burocráticos para que se desistan en su exigencia de justicia. No cuentan con asesores jurídicos ni con peritos intérpretes. El personal de la fiscalía, en lugar de tomar en cuenta el estado de indefensión de las mujeres y el contexto de violencia que persiste contra ellas, ponen en duda sus declaraciones. Se coluden con los abogados particulares de los perpetradores.

No solo los agentes investigadores de la fiscalía se prestan a estas marrullerías, también hay jueces que se han amafiado con abogados para vender la justicia al mejor postor. En esta cultura machista, los funcionarios municipales toman partido por los hombres; en las agencias de los ministerios públicos, las mujeres son revictimizadas, y en los juzgados, la autoridad judicial tuerce la ley en favor de los perpetradores. La jauría de abogados particulares son los mejores aliados para negociar los delitos. Se encargan de investigar a los clientes para ver si cuentan con solvencia económica, sobre todo si hay algún familiar en Estados Unidos. Saben que las remesas son garantía para satisfacer las pretensiones de quienes procuran y administran justicia.

El caso de Angelica, indígena Na savi, que se casó cuando estudiaba la secundaria, es una muestra de la corrupción que persiste entre los jueces.  Ella procreó una niña y un niño. Durante tres años soportó el maltrato de su esposo, quien la dejó en la casa de sus padres, con el pretexto de que trabajaría como jornalero agrícola. Se ausentó por dos años, y se desentendió del cuidado de los hijos. A su regreso la situación empeoró por el alcoholismo de su esposo, al grado que la violencia se agudizo. Angelica no tuvo otra alternativa que defenderse ante la agresión constante de su pareja. Los suegros en lugar de apoyarla se fueron contra ella y cuando se defendía de la agresión de su esposo, sus padres se metieron y la tundieron a golpes. La corrieron de su casa y le quitaron a sus hijos.

Cuando pidió apoyo legal, su esposo la acusó de robo por la cantidad de 48 mil pesos y otros objetos de valor. El único interés de Angelica era recuperar a sus hijos y buscar un lugar seguro donde vivir. Ante la imposibilidad de que el juez civil de Tlapa la escuchara, Angelica sintió que su denuncia seria ignorada. Supo que su pareja había contratado a un abogado particular, quien se dio el lujo de comentar cuánto le había pagado al juez para ganar el caso.

En su lucha por recuperar a sus hijos, el juez ordenó que Angelica dejaría de ver a sus hijos porque los maltrataba. Nunca imagino que por defender a sus hijos estaría en riesgo su libertad. En el ministerio público agilizaron la denuncia de robo con el fin de encarcelarla, mientras tanto el juez familiar, otorgó medidas cautelares a favor del esposo. Son muy significativa las palabras sencillas y contundentes que expreso en su lengua materna, sobre la mala actuación de los jueces.

“A los jueces no les importa si los niños lloran. Cuando los separan de su mamá o su papá, no les interesa porque no tienen sentimientos. Se burlan de nuestro dolor y se aprovechan de que somos pobres y no hablamos bien el español. Como madre he demostrado en estos años el gran amor que tengo por mis hijos y por eso, ya no permití que me siguieran golpeando. Preferí salirme de la casa para ponerme a salvo y proteger a mis niños. Sin embargo, esto no toma en cuenta el juez. Solo tiene ojos para ver el dinero. No le importa que una madre esté llorando por sus hijos, ni le duele decir que me los quiten, porque no tiene corazón y tampoco parece que sea humano. Solo tiene interés por el dinero”.

La lucha de las mujeres indígenas se da a flor de tierra, con sus pies desnudos, pero con el corazón por delante. No podrán expresarse en español, pero en su vida cultivan los mas altos valores del respeto por las leyes y por los derechos de sus hijos. Están dispuestas a enfrentar la violencia de su esposo y la misma violencia que ejercen las autoridades. Saben que está en riesgo su vida, y muchas de ellas han sido víctimas de estas atrocidades por la indolencia y la postura delincuencial que tienen los funcionarios públicos municipales, las autoridades ministeriales y los mismos jueces. Angelica a sus 22 años ha demostrado tener la fuerza para enfrentar al aparato de justicia del estado, que pisotea sus derechos y esquilma a los más pobres. El juez le ha ordenado que le quiten a sus hijos. Para Angelica esta decisión arbitraria no es definitiva, seguirá dando la batalla.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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México arrastra pendientes con infancia en orfandad por feminicidio

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa*

A pesar de la publicación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio, el gobierno federal no ha creado un padrón nacional para cuantificar a esta población ni modelos de atención integral en todas las entidades; además, el Congreso no ha aprobado reformas a favor de estas víctimas.

Anunciado con bombo y platillo hace un año, este protocolo nacional prometía ser la primera acción en la historia de México para garantizar el acceso a la justicia, la restitución de derechos, la protección social y la asistencia a niñas y niños cuyas madres fueron asesinadas por ser mujeres, como lo declaró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 29 de julio de 2020 durante la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En ese día, Sánchez Cordero reconoció que existían muchos “resabios” tanto en el Código Civil, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como en la actuación de los gobiernos estatales y municipales para garantizar plenamente los derechos de las víctimas indirectas del feminicidio.

“Entonces, nosotros queremos hacer una revisión, y la estamos haciendo, en la Secretaría de Gobernación de aquellos resabios todavía de normativas, sobre todo en códigos civiles, en donde todavía tenemos estas discriminaciones verdaderamente inaceptables e inadmisibles”, dijo entonces la funcionaria.

Como reportó Cimacnoticias desde 2017, una de las principales faltantes era la creación de un censo o registro oficial de niñas y niños huérfanos por feminicidio, con el cual se podría dimensionar el reto que enfrenta México ante esta problemática y así determinar tipos y número de programas y apoyos sociales que se requieren.

Hasta marzo de 2021, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ubicó, por medio de solicitudes de información a las fiscalías locales, 796 casos de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. Este dato corresponde al registro de enero a diciembre de 2019 y sólo es de 23 de los 32 estados de la República, ya que –de acuerdo con declaraciones de la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann — no todas las instituciones atendieron la solicitud de entrega de datos y muchas entidades tenían múltiples registros sin formatos claros.

Por otra parte, el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, contabilizó de 2014 al 13 de febrero de 2020 a 59 niños, niñas y adolescentes como víctimas indirectas de feminicidio. Es decir, en 6 años el Renavi apenas incluyó cerca de 7 por ciento del total de casos localizados en 2019 por el Inmujeres.

Las familias de estas víctimas, principalmente abuelas que están a cargo del cuidado de las niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio, también llamaron la atención sobre la ausencia de acciones estatales específicas para la atención integral y restitución de derechos de estas niñas y niños, muchos de los cuales habrían presenciado el asesinato de su madre.

Las organizaciones acompañantes de estas familias también han insistido en la necesidad de que más allá de apoyos económicos se garantice una reparación integral que incluya atención psicológica especializada, necesidades de salud, alimentación o vivienda con cobertura a largo plazo, así como reforzar a las y los cuidadores en esta tarea.


Hasta 2021 sólo los estados de México, Jalisco y Coahuila tenían programas específicos para la atención de la niñez en condición de orfandad por feminicidio; sin embargo, en todos los casos los apoyos se han reducido a compensaciones económicas y a la fecha no se ha medido su efectividad.

Por ejemplo, en 2017 Jalisco instauró el primer programa de este tipo a nivel nacional, el cual ofrece a la fecha 3 mil pesos bimestrales. Aunque lleva cuatro años en práctica, no cuenta con un diagnóstico que identifique las causas que generan la problemática que atiende ni indicadores que muestren si se ha logrado resarcir el daño a estos menores de edad.

Jalisco también es la única entidad con un modelo de intervención psicológica, creado en 2020, para que la niñez tenga un proceso de duelo ante la pérdida abrupta y violenta de sus madres, y para que las personas que asumen su cuidado –en su mayoría adultas mayores– tengan herramientas de “crianza positiva”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) las únicas entidades del país que regulan de manera específica en sus normativas la reparación del daño a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Nuevo León y Veracruz. Otras entidades como Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Zacatecas, prevén de manera general la reparación del daño para el delito de feminicidio en sus Códigos Penales.

El resto del país no tiene regulaciones específicas en la materia; no obstante, las autoridades tienen la obligación de atender a la orfandad por feminicidio por que la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación con las y los niños.

A estas demandas se sumó la necesidad de generar certidumbre jurídica para las y los cuidadores de las niñas y niños en condiciones de orfandad, ya que –como lo demuestran los casos relatados en los reportajes anteriores– además de la exigencia de justicia, las madres de las víctimas de feminicidio deben luchar por la custodia de las y los menores de edad y enfrentarse con las familias de los feminicidas.

Un proceso largo pero a medias

Esta lista de demandas por parte de las familias de víctimas de feminicidio datan de al menos la década de los 90, cuando se empezó a documentar el feminicidio en México; sin embargo, fue hasta el pasado 4 de agosto de 2021, cuando el gobierno federal publicó finalmente un Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio.

Como se relató anteriormente, este documento se anunció un año antes, sin ser una política pública ejecutable. Incluso en agosto de 2020 el Estado mexicano lo presentó ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW por sus siglas en inglés), para afirmar que estaba atendiendo la demandas de las víctimas.

Durante el año que el protocolo no fue público, Cimacnoticias preguntó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sobre el avance de este protocolo. Ambas instituciones evadieron dar una entrevista con el argumento de que no estaban a cargo del proceso.

En diciembre de 2020, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman, explicó a Cimacnoticias que hasta esa fecha sólo tenían un documento base sobre el que se estaba trabajando con los gobiernos locales porque no todos estaban de acuerdo con la iniciativa. Pese a la insistencia, no hubo más noticias de este documento sino hasta el pasado 4 de agosto, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Tras la publicación oficial del documento, el procurador federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda Correa, explicó en entrevista con Cimacnoticias que este protocolo –que sólo es de cumplimiento obligatorio para el DIF– no exige a las Procuradurías de Protección de la infancia ni a ninguna institución la creación de un censo y padrón de niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio.  No obstante, el funcionario dijo que a partir de la entrada en vigor del documento, las Procuradurías de Protección deberán registrar estadísticamente las atenciones que brinden a esta población.

Destaca que este padrón de víctimas es una promesa que Olga Sánchez Cordero y Nadine Gasman Zybelmann hicieron el 6 de marzo de 2019, cuando al presentar el “Plan de Atención General a las Mujeres de México”, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, dijeron que como parte de este plan integrarían un padrón de víctimas indirectas del feminicidio, especialmente de las hijas y los hijos menores de edad.

El procurador Oliver Castañeda también precisó que el Protocolo –cuya ruta de atención inicia en los Ministerios Públicos y marca acciones para todas las autoridades involucradas en la atención de la infancia– no es de cumplimiento obligatorio para las Fiscalías o cualquier otra dependencia fuera del DIF, por lo que llamó a estas autoridades a dar aviso oportuno a las Procuradurías de Protección para que puedan registrar y garantizar la atención adecuada de estas niñas y niños.

Con respecto a los programas estatales de apoyo, el procurador explicó que si bien no desaparecerán los ya existentes en las entidades, el Protocolo no mandata a los gobiernos la creación de nuevos programas o modelos de atención.

El funcionario explicó que durante la elaboración del documento se refirió la necesidad de modificar los códigos civiles estatales para evitar que la familia de las víctimas de feminicidio se enfrenten a la familia de los agresores por la custodia de las niñas y niños, en caso de que el feminicida sea el padre; no obstante, solo quedó en palabra, pero no por escrito, que serán las Procuradurías de Protección quienes hagan una valoración de cada caso desde una perspectiva de género y determinen la condición familiar de las niñas y niños.

Castañeda agregó que este protocolo incluye un apoyo económico para gastos funerarios, así como otros apoyos administrados que están a cargo de otras secretarías de Estado, como las becas Benito Juárez para estudiantes que otorga la Secretaría de Educación Pública.

Pendientes aún reformas estructurales

Desde abril pasado, la Iniciativa Spotlight de Naciones Unidas, junto con legisladoras de la Cámara de Diputados, presentaron un paquete de reformas con enfoque de prevención, atención y reparación para reconocer a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por el feminicidio de sus madres, sin embargo no se ha discutido ni aprobado.

Estas reformas permanecen en análisis en la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara baja, que deben elaborar un dictamen, y en la Comisión de Igualdad de Género, que tiene facultad de emitir una opinión.

Las leyes que se buscan reformar son las de Asistencia Social; General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y General de Víctimas, así como al Código Civil Federal y al Código Penal Federal.

A este paquete de reformas le antecede la modificación a la Ley General de Víctimas, aprobada en la Cámara de Diputados el 2 de diciembre de 2020, la cual reconoció a estas víctimas indirectas de feminicidio y su derecho a la salud, educación, atención psicológica y a recibir ayuda, asistencia, protección, reparación integral y recursos económicos.

La reforma a la Ley General de Víctimas también obligó a las entidades federativas a contar con un padrón permanente y actualizado de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, desagregando datos por edad, sexo, escolaridad y víctima indirecta. Además, el Registro Nacional de Víctimas deberá contar con un padrón con la misma información. Si bien esta reforma se aprobó en la Cámara de Diputados todavía no se ratifica en el Senado.

En caso de que estas iniciativas federales sean aprobadas por el Congreso de la Unión, los congresos locales aún deberán homologarlas.

*Con información de Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta

Fuente de la información:  CIMAC Noticias

Foto: César Martínez López

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Desafiando el oleaje… ¿sin timón ni timonel?

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

En una de sus abundantes genialidades musicales, Joaquín Sabina retrata un momento de desesperanza, de navegar sin rumbo bajo la tempestad salvaje, sintiendo estar “desafiando el oleaje sin timón ni timonel”. No está claro qué sucede al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero hacia el exterior refleja pasividad y silencio al no emitir información que dé certeza a un proceso de regreso a clases que, según se anunció, llegará “llueva, truene o relampaguee”. Mientras el debate sobre la reapertura escolar se intensifica, es más evidente la ausencia del vigor en la voz de la titular de la SEP para apaciguar las aguas.

El 11 de agosto, en un boletín oficial, la SEP informó que se “asegurará” (no haría falta hacer notar la conjugación en futuro, pero el tiempo verbal dice mucho) un plan estratégico para el regreso a clases presenciales. Increíblemente, a poco menos de tres semanas de la reapertura escolar planteada por la autoridad federal, aún no existe ese documento que, de acuerdo con lo dicho por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debió haber sido presentado por Delfina Gómez Álvarez, titular de la SEP, la semana previa a la emisión del comunicado referido, en una de las conferencias matutinas presidenciales.

La comparecencia de la secretaria de Educación en la conferencia mencionada finalmente se dio el 12 de agosto. Lamentablemente, la intervención de la funcionaria se centró, como de costumbre, en ensalzar la voluntad y vocación del magisterio, además de la lectura de 10 acciones generales de cuidado de la salud en el edificio escolar, que ya se conocían desde hace varios meses. La indicación del regreso a escolar, sin importar lluvias, truenos o relámpagos, fue tomada de manera literal por la secretaria: se le dará cumplimiento incluso cuando se reconoce que, a casi año y medio del cierre de planteles, todavía hay algunos sin agua potable. ¿Son las 10 acciones enunciadas por la secretaria el plan estratégico que se había anunciado o no existe tal?

Aunque no se esperaba mucho, el discurso en este evento por parte del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, fue igual de decepcionante. No aprovechó la tribuna para expresar enérgicamente exigencias a las autoridades educativas federal y estatales: había mucho que reclamar en cuanto a condiciones salariales, derecho a la atención médica, condiciones de la infraestructura laboral, etc. Hay algunas entidades en las que los docentes no cuentan con las mejores condiciones para el regreso a clases. En cambio, el líder sindical optó por coronar su participación con la entrega de un documento de adhesión y apoyo al regreso escolar presencial. ¿Se le pedían peras al olmo?

No es que se espere que las autoridades tengan una bola de cristal ante esta pandemia que ha superado todos los escenarios imaginados. Es cierto que el regreso a clases estará marcado por dudas, temores y retrocesos, como ha sucedido en otras partes del mundo y que, como bien lo expresan, el alejamiento de las escuelas impacta negativamente en el desarrollo de los niños. Sin embargo, es deber de quien tiene las riendas de las políticas educativas nacionales dar mayor certeza al proceso y claramente han fallado en esa empresa.

Ojalá, en el escenario educativo, no se emprenda una travesía como aquella que contó El Flaco de Úbeda al cantar “Peces de ciudad” y que, en cambio, el desafío a esta tercera ola de contagios, en la cual se ha indicado deberá realizarse el regreso a las escuelas, esté acompañado por firmeza desde el timón y el timonel. Que de la reunión de autoridades educativas federal y locales, posterior a la lamentable conferencia matutina, emane un plan digno del reto que se avecina. Que no se haga más tarde.


 

Fuente de la información e imagen:  http://proferogelio.blogspot.com/

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México: Educar en contingencia en la costa oaxaqueña

Por: Pedro Rendón

Documental Invitado

Educar en contingencia en la costa oaxaqueña

El Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México presentó el documental corto Educar en contingencia en la costa oaxaqueña, realizado por el Dr. Luis Medina Gual, investigador de la IBERO y coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación; y la Mtra. Herzel García Márquez, consultora académica de la Oficina Central de la Red de Colegios Semper Altius.

A través de este corto sus creadores dieron voz a profesores/as, estudiantes, madres y padres de familia de la costa chica de Oaxaca, para que desde sus experiencias y vivencias pudieran narrar cuáles han sido los beneficios, dificultades y retos educativos que han vivido durante la pandemia de COVID-19.

La Dra. Mercedes Ruiz Muñoz, académica del Departamento de Educación de la IBERO, comentó que el documental da cuenta, y de alguna manera refuerza, lo que otras investigaciones ya han estado indicando, que hay personas de comunidades rurales sin acceso a las tecnologías (computadoras, internet e incluso televisión) y que los programas elaborados específicamente para ellas (Aprende en Casa) no son los más pertinentes y, en ese sentido, los padres familia, docentes y la propia comunidad han tenido que buscar otras alternativas.

En su análisis del documental, una de las aristas que la doctora recuperó fue el papel del docente, al ver cómo uno de los profesores desarrolló estrategias de trabajo con sus estudiantes de secundaria, reflejo de su compromiso como maestro.

Un segundo punto que destacó del corto, es que se observa que se aprende a lo largo y ancho de la vida y más allá de la escuela, cuando se construyen saberes y conocimiento con el entorno, el contexto social y en un diálogo con los padres y madres.

Por ejemplo, un niño de 10 años que empezó a vender cocos durante la pandemia dio cuenta implícita, al narrar esta experiencia suya, de que se aprende lógica-matemática en otros espacios sociales, no solamente en la escuela.

Pero, aun así, la institución escolar es fundamental y necesaria para el vínculo pedagógico, que requiere de la interacción entre las y los estudiantes, y de la interacción entre docentes y alumnos/as. Y es que el cierre de las escuelas, por este hecho histórico e inédito que es la pandemia, rompió con lo que la sociología de la educación había planteado, el rol de la escuela; que es la socialización, la formación de sujetos y la formación de ciudadanía, señaló la Dra. Ruiz.

La investigadora también consideró fundamental la recuperación que el documental hizo de la voz de niñas, niños y adolescentesque, “se expresan bastante bien”, como aquella que dijo querer estudiar en la Marina y que se está preparando para ello al asistir a la escuela, lo que “implica el valor y los significados que se construyen en torno al espacio de la escuela”.

El video también documenta un ejemplo de aprendizaje en contexto, cuando una niña observa cómo el reflejo de la Luna en el agua se asemeja a una Ietra, que es una articulación entre el conocimiento escolarizado y el aprendizaje situado -aprendizaje en contexto-.

Acerca de qué le provoca el corto en cuanto a temas educativos que atender, Ruiz Muñoz mencionó que, a investigar el abandono escolar, un problema grave que se está atravesando en México y seguramente en otros países también.

“Como Departamento de Educación (el de la IBERO) ahora tenemos que ponernos las pilas y buscar alternativas para ver cómo podemos contribuir, no solamente en términos de investigación, sino con estrategias educativas para la cuestión del abandono escolar”.

También señaló que será central ocuparse de los déficits en los aprendizajes, las brechas tecnológicas y decidir qué deberán atender las y los educadores cuando los estudiantes regresen a clases (presenciales).

Documental, otra forma de difundir la investigación

Respecto al formato de documental corto de Educar en contingencia en la costa oaxaqueña, la doctora dijo que es una manera de tener mayor presencia e injerencia en la discusión actual. A lo largo de los años los académicos/as han estado difundiendo sus resultados de investigación de manera muy formal, en artículos, revistas y libros, “pero yo creo que llega un momento en que hay que tener otras formas de comunicar”, por lo que un video es una de las rutas a seguir en el campo de la investigación.

“La investigación cualitativa posmoderna nos plantea salir, de alguna manera, de la hegemonía de la forma de producción de conocimiento, hay que estar buscando alternativas de presentación de estos resultados. Y, en ese sentido, pues este documental da cuenta de ello”.

Además, en la actualidad la investigación tiene el compromiso ético y político de apoyar y acompañar los grandes problemas educativos a nivel nacional o mundial, y la pandemia es uno de ellos, así que no se puede dejar de ver y analizar qué está sucediendo en las instituciones escolares y la forma como las familias y comunidades van resolviendo el tema de la educación.

Por su parte, la Mtra. Sylvia Schmelkes del Valle, vicerrectora académica de la IBERO, universidad jesuita de la Ciudad de México, comentó: “Me dio mucho gusto ver este cortometraje, porque la verdad es que hemos podido tener muy poco contacto con la realidad, ha sido imposible que muchos investigadores hagamos trabajo de campo de manera directa y que conozcamos de primera mano lo que está sucediendo en la educación en zonas rurales que no tienen acceso a la tecnología y, en ese sentido, el documental es muy elocuente”.

Opinó que el documental cumple la función de “darnos una sacudida acerca de la realidad educativa durante la pandemia en las zonas que no tienen acceso a la tecnología”. Todos están haciendo un esfuerzo enorme, los profesores y profesoras, los padres y madres de familia están poniendo todo lo que tienen y pueden, y las y los estudiantes están ávidos de seguir aprendiendo, pero, “a pesar de eso, no están aprendiendo”.

Esa es la verdad, señaló, y los déficits de aprendizaje van a ser enormes si no se cambian las prioridades de inversión del sistema educativo nacional, para darle mucha mayor atención y mejores recursos a regiones como la costa chica de Oaxaca que, aunque es una zona rural, no está aislada, pues la mayoría de sus comunidades están al borde de la carretera.

En la presentación de Educar en contingencia en la costa oaxaqueña, organizada por el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, también participaron: el Dr. Luis Javier Cuesta Hernández, director de la División de Humanidades y Comunicación de la IBERO; la Dra. Luz María Moreno Medrano, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la IBERO; el Dr. Pedro Flores Crespo, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro; y el Dr. Marco Delgado Fuentes, docente de la Universidad de Derby (Inglaterra).

Fuente de la información, imagen y video:  IBERO

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México: «No vamos a ser cómplices de un gobierno irresponsable»: CNTE ante regreso a clases

«No vamos a ser cómplices de un gobierno irresponsable que quiere llevar a los niños a clases para que se contagien», dijo Javier Saavedra, de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas, ante el anuncio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el regreso a clases presenciales.

En conferencia de prensa virtual, maestros de la CNTE señalaron que el próximo 30 de agosto sí iniciarán las clases de educación básica, pero «en forma responsable» y «no de manera presencial».

Explicaron que la modalidad de clases presenciales no podrá realizarse hasta que baje el pico de la pandemia, que ahora se encuentra en el tercer repunte, «mayor a los dos anteriores».

Los docentes agregaron que lo que se necesita ahora es vacunar a los niños de 12 años en adelante, así como recursos en las escuelas para resarcir los «daños graves» que se arrastran y garantizar la infraestructura, agua y sanitización de los planteles.

La CNTE inició este lunes una encuesta a padres de familia y tutores con preguntas sobre si están de acuerdo con el regreso a clases presencial, si las escuelas cuentan con higiene e infraestructura adecuada para enfrentar la pandemia, si consideran que la población en general debe estar vacunada antes de iniciar con modalidad presencial, si con la variante delta que afecta más a niños y jóvenes consideran que hay riesgo de que sus hijos acudan a los planteles y si están de acuerdo en asumir la responsabilidad con la firma de la carta responsiva.

Los resultados se darán a conocer el próximo 25 de agosto, luego de aplicar alrededor de 30 mil cuestionarios en el país.

Fuente de la iinformación e imagen:  https://desinformemonos.org

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