América del Norte

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México: Esto plantea la SEP para los maestros que se negaron a recibir la vacuna contra el COVID-19

Noticias

Redacción de Profelandia

La Secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, aseguró que fue mínimo el número de docentes que se negaron a recibir la vacuna contra el COVID-19.

En declaraciones a la prensa durante su visita al jardín de niños «Celic», en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, Gómez Álvarez afirmó que se respeta el derecho que tienen las personas de decidir si se quieren vacunar o no.

«Como decía nuestro Presidente y lo ha comentado, somos muy respetuosos, no vamos a obligar a nadie, nos vamos a ir precisamente por esa conciencia, por esa situación de convencimiento a través de la cuestión hablada.  Ellos tienen su derecho a decir no me vacuno, pero nosotros también tenemos la obligación de cuidar las medidas de precaución para nuestros niños».

Detalló que esos docentes seguirán trabajando en modalidad a distancia, ya que no se permitirá que trabajen de manera directa con los estudiantes.

«Lo que se trataría de hacer es que estos maestros si se puedan presentar a través de la cuestión de lo que es la educación a distancia o establecer algunos mecanismos que puedan trabajar, pero no directamente con los niños».

Aseguró también que se desconoce con exactitud el número de docentes que se negaron a recibir la vacuna, así como aquellos que fallecieron a causa del COVID-19.

Respecto al tema de deserción escolar, la funcionaria señaló que ésta oscila entre el 2.5 por ciento, en todos los niveles de enseñanza, con mayor prevalencia en las instituciones educativas particulares.

Sostuvo que entre los casi un millón de alumnas y alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior que retomaron las actividades presenciales, prevalece un entorno de alegría y bienestar, sobre todo, por la necesidad de compartir con sus compañeros de clase y retomar sus aprendizajes.

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México: a 15 años del desalojo fallido, la Sección 22 de la CNTE exige castigo a los asesinos

Noticias
Redacción:  Educa Oaxaca

Para conmemorar el décimo quinto aniversario del fallido desalojo al magisterio de la Sección 22 de la CNTE por las fuerzas estatales de seguridad en el 2006 por órdenes de Ulises Ruiz Ortiz, maestras y maestros realizaron  una marcha representativa.

 

En la madrugada del pasado 14 de junio, maestros de la Sección 22 de la CNTE e integrantes de organizaciones sociales realizaron la quema de cohetes a las afueras del edificio histórico de la gremial, en conmemoración a este hecho marcado en la historia de Oaxaca.

Hay que recordar que el 14 de Junio del 2006, la Policía Estatal por órdenes del entonces gobernador, Ulises Ruiz Ortiz intentó desalojar a los maestros y maestras que se mantenían en el zócalo capitalino y calles aledañas. La fuerte represión dejó varias personas heridas, entre ellas maestras embarazadas que perdieron sus hijos no nacidos.

Las y los maestros se volvieron a unir y con ayuda del pueblo recuperaron la explanada del zócalo capitalino en la misma mañana. Este día dio pie a la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Hasta hoy, no hay justicia para una violaciones graves a los derechos humanos durante 2006 y 2007, entre ellos tortura y ejecución extrajudicial, delitos de lesa humanidad que no prescriben.

Varios de los acusados de dirigir la represión en 2006 hoy forman parte de administraciones públicas, tanto en Oaxaca como en otros estados, como es el caso de Ardelio Vargas Fosado, hoy subsecretario de Gobernación del gobierno de la Cuarta Transformación en Puebla, donde recientemente fue acusado de ser el operador del desalojo y detención masiva de las mujeres normalistas de Teteles.

Fuente e imagen:  Educa Oaxaca

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Era un secreto

Manuel Gil Antón

Por: Manuel Gil Antón

Ya no. Gracias al trabajo y compromiso ético de quienes integran la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI), la explotación sexual infantil en escuelas ha tomado otro cariz y tenemos que hacernos cargo, aunque cale. Hay indicios suficientes para establecer una conjetura plausible: se cruzan los linderos de la terrible experiencia que han vivido ¿decenas, centenas, millares? de niñas y niños al ser objeto de abuso sexual en planteles escolares, porque es probable que exista un fenómeno más grave aún al añadir al abuso sexual infantil tan solo una palabra: organizado.

El 31 de mayo se dio a conocer el informe “Es un secreto: el abuso sexual infantil en escuelas” (https://dispensariodi/es-un-secreto). Elaborado por la ODI, fue noticia de primera plana en este diario y se dio a conocer por muchos medios de comunicación tradicionales y modernos.

Sobrio, pero sin eludir las descripciones necesarias, el informe da cuenta cómo, a lo largo de más de una década de litigar casos de abuso sexual ocurridos en planteles escolares, fueron apareciendo patrones semejantes en distintas escuelas. No se trataba sólo de la aterradora experiencia sufrida por las niñas y los niños ubicados entre los 3 y los 7 años de edad, a la que se añadía el padecer de sus familias por esos hechos y el largo transcurso de los procedimientos penales, sino de la ocurrencia de formas similares en que este delito se cometía en planteles públicos y privados. ¿Casualidad acaso?

A partir de las declaraciones de las víctimas, se fueron reiterando características inusuales: no eran acciones aisladas. “Se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”. En uno de los casos, 19 niñas y niños fueron agredidos por 10 adultos de manera sistemática y cotidiana; en otro, 49 asediados por 11 adultos.

Esto ocurre no solo en salones o sitios cerrados, sino en pleno patio. Hay personas que ¡toman fotos o videos! A no pocas criaturas les dieron un refresco que “da mucho sueño” – las sedaron – y fueron trasladadas a otros lugares. El uso de máscaras y realizar ritos extraños eran recurrentes: “En 6 escuelas presencian sexo entre adultos. En 7 escuelas son obligados a realizarse tocamientos entre sí. En 16 escuelas se denuncian prácticas ritualistas y grotescas.”

La ODI amplía su mirada y encuentra denuncias, sustentadas, con procedimientos semejantes en 18 escuelas situadas en 7 estados de la república. Y denuncian, con la pulcritud propia de quienes respetan el estado de derecho, la probable existencia de una red en que el abuso sexual infantil está organizado. En otras palabras, la sospecha fundada de la captura de escuelas para la explotación sexual infantil en línea.

No se acusa al magisterio, sino a quienes, ostentándose como tales, o como empleados de los planteles, usurpan esos puestos para cometer crímenes. Esta distinción es muy clara. La colusión de tantos adultos en un solo plantel no se explica como algo casual y es incorrecto que la SEP atienda estos casos sin dar vista a las autoridades judiciales. ¿Omisión, encubrimiento para “no dañar a la educación”, cambiar a quien agrede a otra escuela? ¿Es una red que medra con la venta de las imágenes? Preguntas válidas.

La SEP, la Fiscalía General y las de los estados, y otras instituciones, sin demora, deben realizar una investigación a fondo. Ya no es un secreto. ¿Habrá una respuesta del tamaño de la posible afrenta? Más nos vale.

Fuente: https://www.educacionfutura.org/era-un-secreto/

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Entrevista: Primer caso de COVID-19 tras el regreso a las aulas en CDMX

Entrevistas

Por: La Izquiera Diario/Agrupación/Trabajo Digno

Entrevistamos a personal docente de la Escuela Secundaria Técnica 80, la primera con un caso positivo de COVID-19 a cuatro días del regreso a las aulas en la Ciudad de México.

 

El regreso a clases presenciales en la CDMX el pasado 7 de junio se dio en un clima de descontento por parte del personal docente y comunidad educativa, y a pesar de que se anunció como “voluntario”, las autoridades de Secundarias Técnicas, dieron la instrucción de abrir las escuelas sin consultar esta decisión a toda la comunidad.

Las encuestas dirigidas a estas comunidades educativas no preguntaron si estaban de acuerdo o no sobre la apertura de las Secundarias Técnicas, sino que “se hizo un sondeo entre los padres de familia para saber si había población dispuesta a asistir” y con esto, justificar la reapertura impuesta, a pesar no existir condiciones para la vuelta a las aulas.

Al respecto, personal docente de la EST 80 –que permanecerá anónimo por seguridad- nos habla de su visión sobre el caso positivo en su escuela y las condiciones ante este regreso a clases presenciales:

QTD: ¿Cómo se da el regreso a las aulas, hay condiciones?

Considero que aún no existen las condiciones para regresar a las aulas, las autoridades del plantel se han alineado a las ordenes sus autoridades superiores, y aunque han seguido los protocolos y se han preocupado por atender los casos de rezago con una planeación minuciosa, no se puede pasar por alto que una parte importante de las familias de la comunidad escolar aún no han sido vacunadas y que los alumnos no son inmunes a esta enfermedad.

QTD: ¿A qué crees que responde lo rápido que se dio el primer caso positivo de COVID-19?

Aunque en la escuela se tengan protocolos de seguridad estos no son infalibles, considerando que hay alumnos que llegan en transporte público y profesores llegan desde distintos puntos de la ciudad de México e inclusive del Estado de México, por lo que la probabilidad de contagio es muy alta en estas condiciones, y para las familias el riesgo también es muy alto, pues no todas están vacunadas.

Sin duda, casi todos y todas las docentes coincidimos con esta visión, las condiciones en las Secundarias Técnicas que fueron las escuelas públicas que abrieron sus puertas por decisión de las autoridades, vemos en este regreso a clases un alto riesgo para nuestra comunidad y sus familias, y a pesar de que sabemos que muchas familias trabajadoras llevan a sus hijas e hijos a la escuela de manera presencial, también sabemos que responde a sus condiciones de vida, la necesidad de salir a trabajar y no dejar a sus niños y niñas solas en casa, y no a una decisión libre y bajo condiciones que les permitan quedarse en casa si así lo prefirieran.

Por esto, la organización de maestras, maestros, padres y madres de familia es muy importante, para que el regreso a clases presenciales se dé, sí, pero cuando toda la población en edad de ser vacunada lo esté. Es necesario que organicemos comités de higiene y seguridad en las escuelas con alumnos, profesores, trabajadores y padres de familia, para asegurar que el regreso a clases no ponga en riesgo nuestra vida. Para esto, también es fundamental exigir que el Estado destine más presupuesto a la educación y se construyan escuelas para evitar el hacinamiento, y que se brinden los recursos necesarios y suficientes para adquirir los insumos de limpieza y garantice el acceso al agua potable y se consigan condiciones dignas para garantizar la educación de la niñez en nuestro país.

Te invitamos a firmar nuestra petición de Change por un regreso a clases seguro, a seguir nuestras redes y publicaciones al respecto del #RegresoAClases y a mandarnos tu experiencia sobre la realidad que se vive en las escuelas durante este regreso a las aulas.

Fuente e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx

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Abuso sexual y explotación infantil en las escuelas: el secreto

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

No basta con implementar una educación sexual en cada centro educativo para el conocimiento e identificación de los riesgo…

Un tema que, de alguna forma fue eclipsado por el reciente proceso electoral que vivimos en México, fue el que denunció en los últimos días del mes de mayo la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI), a través de un informe en el que se “reveló la persistencia de abusos sexuales y pornografía infantil detectados en 18 escuelas en agravio de decenas de infantes de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca” (Díaz, 2021).

El referido informe denominado: “Es un secreto. La explotación sexual en las escuelas”, contó con el apoyo de denunciantes solidarios como Lucia Serevitje, María Azuela Gómez, Lydia Cacho, Manuel Gil Antón y Juan Martín Pérez quienes, ofrecieron diversas entrevistas a diferentes medios de comunicación, con el propósito de llamar la atención y hacer visible “un secreto a voces”. Y es que, como sabemos, el tema delicado como lo es no es del todo reciente, veamos por qué afirmo esto.

En 1989, con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, se reconoció por primera vez explícitamente el derecho del niño y de la niña a estar protegido contra todas las formas de explotación y abusos sexuales (UNICEF, 2006). Posteriormente, en 1996, en el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial Infantil celebrado en Estocolmo (Declaración de Estocolmo, 1996), se definió a la explotación sexual comercial infantil como una violación fundamental de los derechos de la niñez; ésta abarcaba el abuso sexual por parte del adulto y remuneración en dinero o especie para el niño (a) o para una tercera persona o personas; también se consideró al niño (a) como objeto sexual y mercancía. Consecuentemente la explotación sexual comercial de la niñez, en dicho Congreso, se constituyó como una forma de coerción y violencia contra ésta, lo cual equivalía al trabajo forzado y una forma contemporánea de esclavitud, por tanto, se incluyó en esta categoría de explotación sexual comercial: la pornografía, la prostitución, el tráfico de niños y niñas con fines sexuales y el turismo sexual.

Por su parte, la representante regional para América Latina de la Asociación contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes hace tiempo informó, que el combate a la comercialización y explotación sexual infantil no era prioridad para los gobiernos de América Latina, incluyendo a México, pues los recursos económicos destinados eran insuficientes. Además de ello, aseguró que existían enormes “hoyos” en las legislaciones y códigos penales, así como también, complicidad – por omisión o acción – de las autoridades policiacas que impedían el desmembramiento y castigo de las redes internacionales dedicadas a estos crímenes violatorios de los derechos humanos (CONAPRED, s/f).

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el de nuestro país, de acuerdo con el estudio realizado en el 2000 por Elena Azaola, en colaboración con la UNICEF, DIF y CIESAS denominado “Infancia Robada”, y que fue desarrollado en 6 ciudades del territorio mexicano, se afirmó que existían aproximadamente 16,000 personas menores de edad explotadas en el comercio sexual.

Esto, de alguna manera se corrobora en fechas recientes puesto que, en agosto de 2019, en el Foro “Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos Legislativos”, el director médico del Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI, del IMSS, Javier López Aguilar, afirmó que según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupaba el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año, por lo que informó que desde hace 20 años, Tlaxcala era la entidad con mayor incidencia de pederastia y trata infantil, seguido por Querétaro y Chihuahua, lo que mostraba la inoperancia de la justicia penal y civil en esta materia (Boletín del Senado de la República, 2019).

En este mismo sentido, pero en noviembre de 2020, la organización Aldeas Infantiles SOS, denunció que México ocupaba el primer lugar en abuso sexual infantil a escala mundial; esta organización indicó que en 4 de cada 10 casos el delito fue cometido por familiares o gente cercana a los menores. Asimismo, señaló, que lo grave es que, por cada mil casos de abuso a menores, únicamente 100 se denunciaban, solo 10 llegaban a juicio y 1 alcanzaba condena (Valadez, 2020).

Expuesto lo anterior, vienen algunos cuestionamientos a mi mente: ¿cuáles son las estrategias y acciones preventivas que los gobiernos mexicanos han implementado para disminuir las cifras tan alarmantes en nuestro país por agresiones contra los infantes?, ¿es suficiente contar con un protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas que conforman el Sistema Educativo Nacional (SEN)?, ¿qué otras herramientas o instrumentos pueden elaborarse e implementarse para disminuir y erradicar tan infames actos cometidos contra menores de edad?, ¿qué ha hecho la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para poner especial atención en estos asuntos?, ¿por qué nuestro país no ha avanzado en esta materia?

Cierto es, que la escuela en un espacio privilegiado en el que las interacciones son una constante entre los diversos actores educativos y no educativos que a diario confluyen en ella. Cierto es, que no podemos generalizar en cuanto a pensar que todo trabajador de la educación forma parte de un grupo delincuencial que atenta contra los derechos de los niños y las niñas. Cierto es, que el informe dado a conocer por ODI es una seria llamada de atención para todos los que formamos parte del SEN, dados los patrones y denuncias que se han presentado y que, como señala dicho informe, “pudieran ser indicativos de que algunas escuelas han sido capturadas por la comisión de delitos de explotación sexual en línea” (Díaz, 2021).

¿Qué futuro queremos para nuestros hijos? Obliga a pensarnos en el presente para actuar en consecuencia.

No basta con implementar una educación sexual en cada centro educativo para el conocimiento e identificación de los riesgos y conductas de violencia sexual en su contra, no basta que se implementen vías de comunicación seguras, confiables, accesibles y anónimas para la denuncia de los hechos, no basta con la existencia de una corresponsabilidad en la actuación de las autoridades e instancias especializadas en la protección de los infantes. No, no es ni será suficiente todo esto si no hacemos visibles tal hecho y, mucho menos, si NO ESCUCHAMOS A NUESTROS HIJOS Y LES CREEMOS.

Referencias:

Fuente:  https://profelandia.com/abuso-sexual-y-explotacion-infantil-en-las-escuelas-el-secreto/

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Clases presenciales en Edomex: otro gobierno que pone en riesgo la salud

La Izquierda Diario

Por:  Arturo Méndez

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Alfredo del Mazo, hubo poca afluencia de estudiantes a las escuelas.

Este lunes abrieron las escuelas en el Estado de México, entidad que cuenta con la matrícula escolar más grande del país.

Según el gobernador priista, Alfredo del Mazo, más de 4.5 millones de alumnos estaban en condiciones de regresar de forma segura a clases presenciales, en más de 296 mil planteles, de manera escalonada.

Los criterios para definir la vuelta a las aulas son los mismos que para el resto del país, es decir, de manera “voluntaria”, con el personal escolar vacunado y con semáforo verde, color que de manera muy conveniente adquirió el estado días antes de las elecciones del 6 de junio.

Por otra parte, compañeras y compañeros docentes del Edomex denunciaron la presión de los directivos de sus centros escolares para acceder a presentarse a las escuelas, lo que muestra que la voluntariedad es una simulación.

Sin embargo, una gran parte de madres y padres de familia, consciente de los riesgos, decidió no enviar a sus hijas a e hijos a la escuela.

Sectores organizados

Además de los sectores de la población que optaron por cuenta propia por no volver a las escuelas por considerarlo prematuro, hubo también esfuerzos organizativos para decidir de manera colectiva.

El Movimiento Mexiquense Contra la Reforma Educativa convocó en días previos a una asamblea, en donde se acordó con madres, padres y alumnos no regresar a las aulas este lunes, sino hasta el siguiente ciclo escolar si hay condiciones. Entre los motivos de dicha decisión están que las escuelas no han recibido mantenimiento, no se han proporcionado los productos necesarios de sanitización, cinco de cada diez escuelas no cuentan con agua y las aulas no permiten la sana distancia entre alumnos.

Por su parte, el Movimiento de Escuelas y Centros Comunitarios (MECC) de Ecatepec consideró que no hay condiciones para regresar este lunes, pues la mayoría de los padres de familia no han sido vacunados, faltan insumos en los plantes, siempre ha habido problemas con el agua, no hay ni suficiente ventilación en las aulas ni conexión a internet en las escuelas, además de que, por falta de información clara, hay docentes que no han sido vacunados.

Son 22 los planteles de educación básica vinculados al MECC, en zonas marginadas de la Sierra de Guadalupe, en donde 127 docentes atienden a casi ocho mil alumnos, cuyos padres, muchos de los cuales enfrentan el desempleo, no cuentan con los recursos para comprar insumos como gel antibacterial y jabón.

Baja afluencia

La gran cantidad de madres y padres que decidieron que sus hijos no volverían a las escuelas este lunes determinó una baja afluencia de alumnos. El diario Milenio reporta escuelas de Coacalco, Ecatepec, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli a las no asistió ni un solo alumno. En otros casos, la comunidad educativa definió no abrir la escuela.

Uno de los factores que incidió en la decisión de madres y padres fue la noticia de alumnos con Covid-19 en escuelas de la Ciudad de México, en donde a la fecha se registraron ya seis casos, a solo una semana de haber reiniciado las clases presenciales.

Pero los riesgos que ve la gente no le preocupan al gobierno de Alfredo del Mazo, más interesado en satisfacer intereses políticos y económicos que en proteger la salud de la población, sumándose a los demás gobiernos estatales que han reabierto las escuelas y a la política irresponsable del gobierno federal para apresurar la “nueva normalidad”.

Así, el Estado de México se pone en riesgo de reproducir lo que comienza a verse en la Ciudad de México, que a su vez ha dado los primeros pasos en el camino recorrido por Campeche, la primera entidad en volver a clases presenciales y que ahora retrocedió a semáforo amarillo, con lo que ello implica en términos de salud y vidas humanas; algo que, hay que decirlo, era perfectamente evitable.

Si bien el rechazo a una vuelta a clases presenciales en condiciones inseguras, que por diversas vías han expresado amplios sectores de la comunidad educativa, llevó a la SEP a darle un carácter “voluntario” incluso para el personal escolar, no podemos esperar lo mismo para agosto, fecha que se perfila como límite para el regreso generalizado, mientras que la situación para entonces, debido al manejo irresponsable de la pandemia por parte del gobierno, es incierta.

Para garantizar un regreso realmente seguro a clases presenciales, con medidas como la vacunación de toda la población, insumos de limpieza y de protección proporcionados por el Estado, agua potable y todos los servicios, escuelas dignas, personal médico y psicológico en cada plantel, es fundamental la organización de la comunidad desde cada escuela, así como la unidad entre trabajadores de la educación, madres, padres y estudiantes de todos los niveles.

Firma la petición: Regreso a clases presenciales sí, pero con toda la población vacunada

Fuente e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx/Clases-presenciales-en-Edomex-otro-gobierno-que-pone-en-riesgo-la-salud

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Acciones educativas de lectura y escritura deben convertirse en prácticas sociales y políticas

Erick Juárez Pineda

Por: Erick Juárez Pineda

Las prácticas de lectoescritura con las y los niños se deben poner al centro de los planes educativos, no solo como estrategias pedagógicas, sino como prácticas sociales y de incidencia.

Esto lo señaló Luz María Moreno Medrano, investigadora de la Universidad Iberoamericana y Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación  (INIDE), donde agregó que deben existir puentes entre la investigación educativa y los movimientos sociales para amplificar las mejores prácticas e incidir en la toma de decisiones en la materia.

En el marco del II Coloquio Internacional sobre Prácticas Letradas en clave Interseccional y Postcolonial, Moreno Medrano explicó que este tipo de incidencia se pudo reflejar en el Proyecto Educativo Autónomo Otomí en la Ciudad de México, en el cual desarrolló una serie de estrategias, en colaboración con la Comunidad Otomí organizada en la Ciudad de México, a través del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), con el fin de atender las necesidades educativas de un grupo de niñas en edad escolares que habitaban en el campamento de la colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde se tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Explicó que durante esta intervención se logró contribuir al seguimiento a los procesos de aprendizaje de la lectoescritura a través de distintos mecanismos con el uso de tabletas electrónicas, material impreso y didáctico.

«Durante este proyecto, las y los niños pudieron tener experiencias gratificantes de lectura y escritura. A través de ellas pudieron expresar y entender su realidad y crearon lazos afectivos de experiencias académicas», señaló.

De esta experiencia, destacó que se deben poner al centro las prácticas letradas como prácticas sociales y políticas, a fin de incidir en la mejora del ejercicio del derecho a la educación, además, de enriquecer las visiones del mundo a través de la experiencia de los menores, a fin de comprender los diversos contextos en los que se desarrolla.

El pasado octubre del 2020, integrantes de la Comunidad Otomí organizada en la Ciudad de México tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que se garantice su derecho a la vivienda, al trabajo, educación y servicios de salud. Ante ello, este grupo sufrió una serie de desalojos violentos de sus campamentos y los menores no tienen garantizado el acceso a la salud, educación y vivienda.

Fuente e imagen:  https://www.educacionfutura.org

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