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La ONU pide reabrir escuelas para evitar una “catástrofe generacional”

Noticia/06 Agosto 2020/elpais.com

Crece el temor a que 24 millones de alumnos de todos los niveles en el mundo abandonen el sistema educativo para siempre a causa de los cierres por la crisis del coronavirus

«Nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas». Así de preocupado y contundente se mostraba, en un mensaje en vídeo, el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre el cierre prolongado de las escuelas en todo el mundo por la pandemia. Naciones Unidas llamó este martes a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus colegios en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo de que la situación actual de cierre plantea el riesgo de una «catástrofe generacional».

La Unesco teme que 24 millones de alumnos de todos los niveles en el mundo abandonen su educación para siempre a causa de los cierres inducidos por la crisis del coronavirus y pide que se mantenga la continuidad en el aprendizaje, sobre todo para los más vulnerables. De esta predicción, las regiones más afectadas, de acuerdo con la organización a favor de la educación, serán el sur y el oeste de Asia, con 5,9 millones de alumnos que dejarán colgada su educación, y el África subsahariana, con 5,3 millones.

La covid-19 solo ha venido a agudizar la crisis de educación que ya vivía el mundo antes de la pandemia, con más de 250 millones de niños en edad escolar que no estaban escolarizados y, en los países en desarrollo, con solo una cuarta parte de los alumnos de secundaria terminando sus estudios con competencias básicas, según el análisis presentado por la ONU y que analiza el impacto del cierre de los colegios, institutos y universidades y ofrece recomendaciones a los responsables políticos.

La mayor disrupción que ha sufrido nunca la educación

La pandemia, subrayó el secretario general de la ONU, ha causado «la mayor disrupción que ha sufrido nunca la educación». «Vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo. Las decisiones que los gobiernos y los asociados tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes, así como en las perspectivas de desarrollo de los países durante decenios», señaló Guterres.

Según datos del organismo, a mediados de julio las escuelas permanecían cerradas en más de 160 países, lo que afecta a más de 1.000 millones de estudiantes, y más de un centenar de naciones aún no han anunciado fechas para la reapertura. Actualmente en África los países que han abierto de nuevo sus escuelas son Botsuana y Níger; en América Latina solo Uruguay, Ecuador y Nicaragua, mientras que en Europa son Francia, Suecia, Noruega, Austria y Suiza quienes han retomado su actividad educativa presencial.

Estado de los centros escolares en el mundo

16 de febrero

17 de marzo

China tiene parcialmente abiertos sus colegios mientras que Mongolia opta por cerrar las escuelas en todo el país.

El cierre de escuelas llega a casi toda Europa y Latinoamerica.

3 de agosto

4 de abril

La práctica totalidad del mundo ha paralizado su actividad educativa. Muchos países imponen medidas estrictas de confinamiento.

En la actualidad, algunos países han comenzado a tener escuelas abiertas.

Fuente: UNESCO.

LUIS SEVILLANO PIRES / EL PAÍS

¿Cuándo será demasiado tarde para toda una generación que vive sin ir a la escuela? Para la ONU, será esencial encontrar un equilibrio entre los riesgos para la salud y los riesgos para la educación y la protección de los niños, en palabras de Guterres. «Va a depender del nivel de resiliencia que tenga el sistema educativo de cada país: si es de renta alta, media o baja, de las circunstancias de la familia… En un país pobre, aunque el tiempo de volver a la escuela sea menor, te encuentras con que miles de niños tienen poquísimas posibilidades de volver», explica Carmen Molina, directora de sensibilización y políticas de infancia de Unicef España.

Una generación perdida por el abandono escolar

Entre las cosas que más preocupan a la organización destaca el tiempo perdido por millones de niños de educación preescolar, una etapa considerada clave y que es «el gran igualador», según apuntó en una conferencia de prensa Stefania Giannini, la directora general adjunta para Educación de la Unesco. La organización explica que la educación superior será en términos relativos la más afectada por los abandonos, con un 3,5 % menos de inscripciones, que equivale a 7,9 millones de estudiantes. En los niveles de preescolar, el descenso previsto será del 2,8 %, con cinco millones de niños menos, mientras en primaria la baja será del 0,27 % y en secundaria del 1,48 %. En total, eso supondrá que 5,2 millones de niños y 5,7 millones de niñas dejarán la primaria y la secundaria.

La educación a distancia, con clases por radio, televisión y en línea, deja a muchos alumnos atrás, un especial riesgo que sufren aquellos con discapacidades, de comunidades minoritarias o desfavorecidas, los desplazados y refugiados y los que viven en zonas remotas. La ONU anima a aprovechar la pandemia para transformar los sistemas educativos a través de una mejora en la infraestructura digital. «Tenemos una oportunidad generacional de reimaginar la educación y la enseñanza. Podemos dar un salto y avanzar hacia sistemas progresistas que impartan educación de calidad para todos, como trampolín para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible«, aseguró Guterres.

Así, la pandemia está aumentando las desigualdades educativas y amenaza con deshacer de golpe los progresos logrados en las últimas décadas. En México se teme que la pandemia haga retroceder todos los avances alcanzados hasta ahora en materia de educación. Y no es el único país donde se esperan consecuencias a largo plazo. «En países como Siria, con una guerra desde hace nueve años, o países con emergencias de larga duración, se pierde una generación entera. Allá donde había ingenieros, médicos… Te encuentras con un país con ese capital humano empobrecido. Tener gente formada requiere de una educación superior, y para llegar a ella hay que pasar por la educación primaria. Si empieza a fallar en lo más básico, sabemos que ese país va a sufrir un retroceso en capital humano de hasta 50 años», asegura Molina.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/08/04/planeta_futuro/1596529108_149231.html

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De la política de estímulos hacia la Ley General de Educación Superior

Por: Roberto Rodríguez

 

En la segunda mitad de los noventas se inició el diseño e implementación de nuevos instrumentos de política de educación superior. Primero sobre la base de la concertación entre SEP y Anuies desarrollada en la década previa y posteriormente bajo el control de la autoridad educativa federal. Se inicia la transición con la puesta en marcha de tres instrumentos con recursos financieros: el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES, 1990), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP, 1996) y los programas de estímulos al desempeño del personal docente (1999) en las universidades públicas. El propósito declarado de la triada era brindar a las universidades públicas los recursos de infraestructura material y humana para procesos y proyectos de superación académica y mejora administrativa.

Faltaba, sin embargo, el eslabón que aglutinara esos. Este llegaría al inicio del periodo gubernamental de Vicente Fox Quezada, con la formulación del Programa Nacional de Educación 2001-2006. En la coyuntura tendría la Anuies un papel relevante como instancia promotora de la política de educación superior en ese y el siguiente periodo gubernamental, es decir durante los sexenios en que Acción Nacional tuvo en sus manos la presidencia de la República.

En 1999, en preparación a las elecciones federales, la Anuies formuló y presentó a los candidatos presidenciales el documento titulado “La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo”, aprobado por la Asamblea General en noviembre de 1999. La propuesta de recogía, en lo fundamental, los planteamientos de la primera agenda global para el desarrollo de la educación superior, aquella emanada de la Primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (París 1998). Dicha agenda insistía en la importancia de ampliar el acceso a la educación superior para mejorar los niveles de cobertura y equidad del sistema, en superar la calidad y la pertinencia de los servicios educativos, en diversificar las modalidades de enseñanza y reforzar la cooperación con el mundo del trabajo. Enfatizaba también el potencial de las entonces nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones así como el valor estratégico de los procesos de evaluación y aseguramiento de calidad.

Palabras claves de entonces: cobertura, equidad, calidad y pertinencia. Así, el documento de Anuies proponía, por primera vez, metas e indicadores proyectados para el sexenio por venir y hacia el escenario de 2020 sobre cobertura, proporción del posgrado en el tipo educativo superior, financiamiento requerido, el cierre de brechas interestatales, el nivel de estudios deseable para la planta académica, entre otros aspectos. Dicho documento planteaba también un objetivo referido a la coordinación del sistema que señalaba, textualmente: “En el año 2001 transformar la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), dándole sustento jurídico como organismo para la concertación de políticas nacionales en el campo de la educación superior, con representación plural de todos los sectores involucrados.”

La agenda Anuies se trasladaría al Programa Nacional de Educación del sexenio por intermedio del Equipo de Transición en Materia Educativa del presidente electo. Salvo dos puntos de importancia: la pérdida de centralidad de la propuesta de coordinación, y un marcado énfasis en la planeación estratégica como base de los proyectos de desarrollo. Para llevar a cabo ese propósito se habría de construir un nuevo instrumento: el Programa Integral de Desarrollo Institucional (PIFI) y su complemento en el posgrado, el PIFOP.

Durante el sexenio de Fox, también en el del presidente Calderón, las instituciones debían contar con estos programas para tener acceso a los fondos extraordinarios. Como el modelo generó resultados positivos para la gestión del subsistema universitario, más temprano que tarde el número de fondos concursables se incrementó para atender, a través de ellos, diversos aspectos de la problemática de las instituciones. Según Javier Mendoza Rojas, “mientras en el año 2000 solamente existían el FOMES, el PROMEP y el Fondo de Aportaciones Múltiples, en 2010 operaron diez fondos de financiamiento dirigidos a las universidades públicas estatales” (en: “Una aproximación al análisis de los fondos de financiamiento extraordinario para las universidades públicas estatales”, UNAM-DGEI, 2015). Posteriormente, la cantidad de fondos se incrementaría al incorporar recursos para los subsistemas de educación superior tecnológica y educación normal.

El modelo, sin embargo, comenzó a desgastarse por dos razones. La primera por la disminución del monto destinado. Durante la segunda década del siglo se observa una disminución gradual pero sostenida de este mecanismo de financiamiento hasta llegar, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, a su práctica extinción. Una segunda razón es que el instrumento de planeación asociado alcanzó un nivel de saturación prácticamente insostenible. Lo que inicialmente era un mecanismo de planeación institucional se convirtió en otro que buscaba incidir en todos los aspectos de la gestión universitaria con un alto nivel de desagregación: el plan de la institución, el de sus dependencias académicas, el correspondiente a las unidades administrativas e incluso el de cada uno de los cuerpos académicos apoyados. No pocas autoridades y especialistas hacían notar que esa política estaba comprometiendo, en aspectos relevantes, los principios de la autonomía.

Un saldo negativo fue la dependencia económica de las IES de estos fondos. Se estima que, en su punto más alto, los recursos extraordinarios alcanzaron una cuarta parte del subsidio público total disponible para las universidades públicas de los estados. Como, en su mayor parte, eran recursos no regularizables, el sostenimiento de las inversiones provocó fuertes déficit en un número importante de ellas.

Es esta la encrucijada en que, con el cambio de sexenio y de enfoque de política universitaria, inicia el debate sobre la Ley General de Educación Superior. Veremos las soluciones que se proponen.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/de-la-politica-de-estimulos-hacia-la-ley-general-de-educacion-superior/

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Regreso a clases: Propuestas

Por: Pedro Flores

 

A mi papá por sus 90 años

¿Será que la burocracia universitaria, creada por nosotros mismos, es mucho más fuerte que un virus proveniente de la naturaleza? ¿Llegará primero la vacuna contra el Covid-19 antes que el cambio educativo verdadero?

No me atrevería a decir que la pandemia ha sido una “oportunidad” para cambiar, pues en México han muerto más de 45 mil personas y miles de doctoras, enfermeros y compatriotas están padeciendo. Es mas bien una tragedia que nos ha puesto a prueba. Las universidades públicas somos autónomas. Organizar el regreso a clases virtuales, mostrará si somos capaces de actuar libremente para renovar la manera en que hemos operado. ¿Estaremos dispuestos a reescribir nuestras reglas, códigos y conductas ante la emergencia? Éste será un ciclo escolar donde el compromiso por formar integralmente al universitario no debe menguar, al contrario. Pero, ¿qué hacer?

En primer lugar, estar conscientes de que las tres funciones principales de la universidad (docencia, investigación, vinculación) no podrán realizarse como si nada hubiera pasado. Será difícil –incluso prohibido– trasladarse a ciertos lugares para recabar datos, hacer etnografía o realizar alguna práctica como establecía el plan de estudios. La vinculación, por otra parte, es contraria al connamiento y se complica con la “sana distancia”.

Por tanto, quizás es un buen momento para que parte del tiempo en investigación y vinculación se concentre, solo por este semestre, en el ejercicio docente. Esto debe, por supuesto, ser reconocido por las instancias de evaluación dentro y fuera de las universidades. Segundo, dado que la exposición presencial no es recomendable, la estructura de la clase podría cambiar. Al ya no haber salones, sino espacio virtual, televisivo o radiofónico, sugeriría organizar “clases magistrales” con algún académico o académica destacada sobre un tema en específico y alcanzar a más jóvenes de los que normalmente ocupan un salón. Luego de grabar la sesión y asegurarse de que llegue a los jóvenes de áreas más alejadas y empobrecidas, se pueden organizar grupos de discusión reducidos sobre ese tema.

La participación del estudiante y del académico en esta “nueva normalidad” será central. Es momento de variar los objetivos de aprendizaje. Estamos ante el reto de que los jóvenes desarrollen la capacidad de auto aprendizaje y mantengan el interés por aprender. Para ello, habrá que ofrecer clases estimulantes en términos intelectuales, independientemente del tiempo que pasemos frente a la computadora, celular o tablet. Que regrese la confianza y la buena educación.

Fuente:  http://www.educacionfutura.org/regreso-a-clases-propuestas/

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México: El pin parental, la nueva avanzada de la agenda nacional de la derecha

América/México/05/08/2020/Autor: Marcos Nucamendi/Fuente: piedepagina

 

Puebla se suma a la lista de otros 10 estados en el país que buscan regular los contenidos educativos por parte de padres, madres o tutores; posibilidad que atentaría con el interés superior del niño, según especialistas, al tener una mirada adultocentrista

 

PUEBLA, PUEBLA.- El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Oswaldo Jiménez López, anunció que su partido presentará una iniciativa para introducir en la legislación local el llamado pin parental.

A su juicio, tanto la Ley General de Educación de 2019, como su armonización en la entidad, establecen nuevos criterios en cuanto a la educación sexual inicial refiere, toda vez que se intenta “ideologizar o adoctrinar a las nuevas generaciones de acuerdo con el pensamiento del actual régimen”; a ese pensamiento, el diputado y los grupos  conservadores que apoyan esta iniciativa, le llaman “ideología de género”.

De ahí que Jiménez López plantee la necesidad de un candado jurídico para que los padres y las madres de familia puedan vetar o consentir los contenidos escolares que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas, de la misma forma que se bloquean los canales de una televisión familiar para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o sexualmente explícitos.

Aunque todavía no se tiene una fecha exacta para la presentación del proyecto de dictamen ante el pleno, Puebla se coloca a la par de estados como Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Baja California y Chiapas, en donde ya se discutieron o se están discutiendo iniciativas similares, apoyadas indistintamente por el Partido Encuentro Social (PES), el PRI y el PAN.

Para Jessica Pérez Téllez, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla, la iniciativa que pretende facultar a padres y madres de familia para que censuren la educación sexual en las escuelas poblanas, mejor conocida como pin parental, tan sólo refleja un profundo desconocimiento sobre los temas de género, así como la lógica adultocentrista de quienes ven a los menores de edad como una propiedad y no como sujetos de derechos.

“La sexualidad no es algo que se pueda apagar en una persona y es lo que mucha gente piensa, que podemos decidir no tenerla (o quitársela a los menores de edad); ‘no les hables de sexualidad para que no se las despiertes’. La sexualidad está ahí, y nada de lo que se haga (desde la ley) va a eliminar la sexualidad de una persona”.

La propuesta impulsada por el PAN, sostiene por su parte María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, se contrapone además al principio de progresividad de los derechos humanos, pues no sólo pasa por alto reformas constitucionales y tratados internacionales en la materia, sino que obvia las reformas recientes a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, que explícitamente facultan a la Secretaría de Educación Pública para que incorpore contenidos con perspectiva de género en los programas educativos.

Ni discrecional ni absoluta, responsabilidad de padres y madres

Mientras que el pleno del Congreso de Nuevo León desechó la propuesta el 29 de mayo, el Legislativo de Aguascalientes aprobó por unanimidad, ocho días antes, una serie de reformas a la Ley de Educación; el pin parental, a decir del presidente de la mesa directiva del Congreso, Heder Guzmán Espejel, se coló entre las modificaciones. “Nos metieron un golazo”, dijo días después, una vez que la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

En un comunicado conjunto con fecha 16 de junio, diversas agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Unicef, la Unesco y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, externaron su preocupación por el caso Aguascalientes.

Con base en la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño –que también deben ser observadas por las legislaturas estatales–, las agencias internacionales concluyeron que si bien las madres, los padres y los tutores tienen una responsabilidad fundamental en la crianza y el desarrollo de los menores de edad bajo su protección, esta “no es discrecional ni absoluta”.

La responsabilidad de los padres, sostienen, está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer “plena y prioritariamente” sus derechos. En ese sentido, una educación que tenga por objetivo la protección de estos derechos, incluyendo el de recibir una educación integral en materia de salud sexual y reproductiva, no puede estar supeditada “al consentimiento o la autorización de terceros”, ni a “las consideraciones éticas o morales de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia o custodia”.

Estado, único rector de contenidos educativos

El 5 de julio, las secretarías de Gobernación, Salud y Educación, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se pronunciaron al respecto.

Esto en vista de que cada vez son más los congresos locales que abren la discusión en torno a lo que el Gobierno Federal considera “una injerencia de padres y madres” en los contenidos educativos, asunto sobre el que tiene rectoría exclusiva y constitucional el Estado Mexicano; entonces eran cinco entidades, ahora son once, con Puebla.

Advirtieron que cualquier reforma que se apruebe en la dirección contraria de los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos, el marco internacional a favor de lo que se conoce como el Interés Superior de la Niñez, así como el artículo tercero sobre la rectoría del Estado, podrá ser considerada por la autoridad competente –la SCJN– como inconstitucional. Un documento de análisis jurídico vigente quedó de ser enviado a todos los congresos locales a fin de evitar la presentación de este tipo de iniciativas.

Jason Goh | Pixabay.

Grupos conservadores, detrás del pin parental

El Frente Nacional por la Familia, Iniciativa Ciudadana, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza Nacional de Padres de Familia, son algunas de las organizaciones que abiertamente promueven la introducción del pin parental en México, y que han seguido de cerca las discusiones en las legislaturas locales.

A esta plataforma se han sumado integrantes del Senado, como Manuel Añorve (PRI), Lily Téllez (PAN) y Víctor Fuentes (PAN). Este último presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación a finales de febrero, a la que denominó “Con mis hijos no te metas” y que va en el mismo sentido que las iniciativas estatales; a la fecha, sigue sin ser discutida por la comisión respectiva.

Los senadores participaron incluso en un foro virtual auspiciado por las organizaciones antes mencionadas, el 13 de julio, donde además de defender la propuesta del pin parental, se pronunciaron en contra de las supuestas presiones ejercidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que los congresos locales den marcha atrás a las discusiones sobre el pin parental.

“La secretaria de Gobernación no tiene por qué derribar la puerta de las casas, entrar, y quitarle a los papás la forma en la que quieren educar a sus hijos”, dijo Lily Téllez, en tanto que Víctor Fuentes, senador por Nuevo León, acusó a Sánchez Cordero de inclinar la votación en aquel estado, en contra de la iniciativa.

Nuevo León, cabe recordar, fue el primer estado de la República en poner a discusión el pin parental, el 22 de enero de este año, de la mano del diputado Juan Carlos Leal, del Partido Encuentro Social, quien fue expulsado de Morena en junio de 2019 tras publicar un comentario transfóbico en Twitter.

Sin embargo, la propuesta de que sean los padres y las madres de familia quienes autoricen los contenidos educativos que involucren, por ejemplo, cuestiones de identidad de género, feminismo, aborto y diversidad, no surgió en México.

El intento de trasladar al campo educativo el concepto bloqueo (pin), que suele activarse en las televisiones y otros dispositivos electrónicos para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o explícitamente sexuales, viene de España, del partido de ultraderecha Vox.

En marcha, agenda nacional antiderechos

El pin parental, es preciso señalar, es tan sólo un punto que se inscribe en una agenda nacional conservadora mucho más amplia, a veces referida como agenda antiderechos. En ella se conjuntan dos líneas de acción para el terreno legislativo: por un lado la intención de bloquear proyectos que busquen ampliar el catálogo de derechos obtenidos y, por otro, la promoción de iniciativas que empaten con ciertos valores familiares tradicionales.

Estas líneas de acción se identifican, por ejemplo, en el análisis que realiza el Frente Nacional por la Familia a través de su observatorio legislativo “Observaxion”, en donde se califican positiva o negativamente, distintas propuestas a nivel estatal y federal.

Iniciativas en materia de despenalización del aborto, identidad de género, matrimonio igualitario, adopción homoparental o lesbomaternal, muerte asistida, uso de anticonceptivos, baños públicos neutros, uso lúdico de la marihuana, lenguaje inclusivo y prohibición de las terapias de conversión, tienen una calificación negativa, identificada con el color rojo y con lo que llaman “ideología de género”.

En tanto que aquéllas en materia de protección de la vida desde el momento de la concepción, representación legal para no nacidos (fetos en gestación), licencias de maternidad o parternidad, creación de institutos municipales de familia y desde algunos meses, censura de contenidos educativos (pin parental), están coloreadas de verde.

Información confiable, necesaria para decidir y prevenir abusos

Cuando la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla acompaña casos de violencia sexual, embarazos no deseados o embarazos adolescentes, explica para LADO B su coordinadora, Jessica Pérez Téllez, es común advertir una educación sexual deficiente en casa y hasta un sesgo moral o religioso intencional.

“Podemos creer que si yo no le digo nada [a mi hijo o hija] no va a saber [sobre sexualidad] y no le voy a levantar inquietudes, cuando la realidad es que recibimos información sobre sexualidad todo el tiempo y por todos los medios […] Lo que le toca a la escuela y a las instituciones es filtrar esa información para que la que reciban sea real y confiable”.

Pensar en una educación sexual integral desde la educación inicial, sostiene Jessica, es ir más allá del acto sexual. No se trata de hablar de métodos anticonceptivos o enfermedades transmisibles por esta vía, sino adentrarse en temas de género e identidad, y de que niños, niñas y adolescentes puedan reconocer su propio cuerpo y los límites inherentes al mismo.

La aprobación de una iniciativa como el pin parental, advierte, sólo tendría consecuencias negativas: desde embarazos adolescentes y proyectos de vida truncados, hasta un aumento en los casos de abuso sexual infantil y abortos clandestinos. “[Los promotores de estas iniciativas] dicen que buscamos ideologizar […] [pero lo único] que buscamos es que las niñas y los niños puedan decidir, que tengan conocimiento sobre su cuerpo”.

María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), concuerda con Pérez Téllez, pues considera que los argumentos que están detrás de este tipo de iniciativas no sólo exponen un desconocimiento profundo de lo que realmente es la perspectiva de género –que tiene que ver con el análisis de las desigualdades históricas y estructurales–, sino un desinterés por los problemas que aquejan directamente al país y al estado de Puebla, como los feminicidios, las muertes maternas o la violencia sexual. “Se requiere una educación con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género desde temprana edad para prevenir estas situaciones”.

*Con información de Natasha Konzevik y Enrique López

Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.

Fuente: https://piedepagina.mx/el-pin-parental-la-nueva-avanzada-de-la-agenda-nacional-de-la-derecha/?s=pin+parental&submit=Buscar

Imagen: Flirck y Jason Goh | Pixabay

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El resurgimiento americano que no logró Trump

Por: Claudio Katz 

 

Trump concluye su presidencia con tres crisis simultáneas que jaquean su ambición de otro mandato. La pandemia, la depresión económica y la rebelión de los afroamericanos han trastocado el escenario electoral.

El magnate ejerció una presidencia disruptiva que transgredió todas las normas. Demolió la sobriedad, exaltó la grosería, extremó la fanfarronería e instaló un inédito desorden en los asuntos públicos. Su alocada confianza y su comportamiento patotero desconcertaron a los analistas.

Se generalizó la imagen de un insano sin brújula, que insulta dignatarios, humilla jefes de estado y viola todos los compromisos. Pero esa constatación no alcanza para entender el contexto actual. Se necesita una evaluación serena de los propósitos y resultados de su gestión en el terreno económico y geopolítico, tanto a escala global como regional.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Trump buscó utilizar el poderío geopolítico-militar de Estados Unidos para recuperar el liderazgo económico de su país. Con esa finalidad encaró durísimas negociaciones para extender al plano comercial, los privilegios monetarios que mantiene el dólar. Intentó revertir el enorme déficit de intercambios con 100 naciones, reclamó ventajas para las exportaciones y penalidades para las importaciones. Presentó esa demanda, como una insólita reparación al trato internacional injusto que afronta el coloso del Norte.

Con ese disparatado argumento motorizó una virulenta agenda mercantilista y tensó la cuerda de todas las tratativas. Propició acuerdos bilaterales sustitutivos del multilateralismo y cuestionó ciertas normas del libre-comercio. Pero impulsó ajustes en los convenios vigentes y no un retorno al viejo proteccionismo.

Trump eligió esa estrategia para remontar el declive industrial estadounidense. Intentó aprovechar las ventajas que la primera potencia conserva en las finanzas y exigió mayor preponderancia para los bancos, los bonos del Tesoro, Wall Street y la FED.

También buscó preservar la supremacía tecnológica, mediante crecientes exigencias de cobro por los derechos de propiedad intelectual. Reclamó nuevas retribuciones por las patentes, para acrecentar las ganancias capturadas con la comercialización de esos servicios (Roberts, 2018).

Con ese control de la financiarización y del capitalismo digital, Trump esperaba forjar un nuevo equilibrio entre los sectores globalistas y americanistas de la clase dominante. Apuntaló los negocios de las empresas con cadenas de valor en otros países e incentivó también la recuperación de las compañías locales, afectadas por la competencia mundial.

El primero grupo reúne a los gigantes del comercio, las finanzas, la tecnología y la comunicación (Microsoft, Google, Facebook, Amazon, City-Group, Wall Mart). El segundo sector aglutina a los proveedores del Pentágono, las petroleras, los sojeros y las empresas centradas en el mercado interno (Lockheed, General Dynamics, Exxon, Chevron, General Electric, Bank of America) (Dierckxsens; Formento; Piqueras, 2018).

El proyecto neoliberal es compartido por ambas fracciones, pero los globalistas habitualmente sintonizan con la cúpula del Partido Demócrata y los americanistas con el establishment republicano. Clinton apuntaló al primer sector y Bush Jr. al segundo. Obama retomó el favoritismo por los mundialistas y Trump pasó de la marginalidad americanista a la defensa de todo ese segmento (Merino, 2018).

Cuando alcanzó la presidencia cumplió sus compromisos con el sector siderúrgico, el complejo industrial-militar y las corporaciones industriales, pero abrió también su gabinete a Wall Street y los globalistas. Las disputas entre ambos grupos se dirimieron en bataholas y cambios de ministros.

Para recuperar la primacía estadounidense Trump combinó protección local con negocios mundiales. Promovió la guerra comercial y las barreras arancelarias, sin obstruir el libre flujo de capitales que enriquece a los financistas. Preservó especialmente las redes digitales globalizadas que necesitan las firmas de la alta tecnología. Restringió el mercado americano para los rivales foráneos, pero sostuvo la primacía del dólar en una economía internacionalizada.

Trump apostó a forzar la sumisión de los países competidores. Trató de revertir las negativas consecuencias de la globalización, que Estados Unidos encabezó con resultados desfavorables. La primera potencia no pudo remontar su pérdida de posiciones y quedó expuesta al arrollador avance del desafiante chino.

La contención del rival asiático fue la prioridad del magnate. China bordea el pedestal de la economía mundial, al cabo de varias décadas de asombrosas tasas de crecimiento e inversión. Trump puso fin a la amistosa relación con un socio transformado en competidor, que ahora batalla por la hegemonía mundial.

El freno de China es el principal objetivo de todo el establishment de Washington. Trump tomó la delantera con una brutal pulseada en el terreno comercial. Exigió a Xi Jinping la reducción del déficit comercial y obtuvo ciertas concesiones, pero utilizó cada tregua para relanzar las hostilidades. Presionó al máximo y cantó victoria ante cualquier resultado. Disfrazó siempre sus agresiones con pretextos de seguridad nacional y acusaciones de piratería. Buscó sobretodo frenar el avance tecnológico de China en la transmisión de datos (5G) y la inteligencia artificial (Agenda 2025).

Trump trató de repetir con el gigante oriental el sometimiento que Reagan logró con Japón en los años 80. Ese país fue obligado a restringir exportaciones, revalorizar el yen y financiar el Tesoro estadounidense. Esa subordinación condujo a un estancamiento de la economía nipona, que persiste al cabo de varios experimentos fallidos de reactivación keynesiana (Roberts, 2016: (173-184).

El magnate también buscó afianzar las ventajas de Estados Unidos sobre Europa. Aprovechó la existencia de un aparato estatal unificado, frente a competidores transatlánticos que no logran extender su unificación monetaria al plano fiscal o bancario. Esa carencia de poder estatal explica la reacción débil y tardía de Europa frente a la crisis del 2008. Washington definió expeditivamente, los socorros que tramitó Bruselas en forma tortuosa. Esa pesadez potenció las tensiones generadas por los excedentes comerciales y las acreencias financieras, que acumula el Norte a expensas del Sur del Viejo Continente (Lapavitsas, 2016: 374-383). Trump incentivó esas fragilidades para impedir cualquier desafío europeo.

Bajo la apariencia de una gran improvisación, el ocupante de la Casa Blanca concibió un ambicioso plan de recuperación de la economía estadounidense. ¿Qué logró en cuatro años?

 

MAGROS RESULTADOS

La estrategia de Trump dependía de la disciplina de sus aliados (Australia, Arabia Saudita, Israel), la subordinación de sus socios (Europa, Japón) y la complacencia de un adversario (Rusia) para forzar la capitulación de otro (China). Pero el magnate no consiguió esos alineamientos y el consiguiente relanzamiento de la supremacía norteamericana falló desde el principio.

La confrontación con China fue su principal fracaso. Las amenazas no amedrentaron al dragón asiático. La acotada reducción del déficit comercial que obtuvo con la guerra de aranceles, no revirtió las desventuras de la economía estadounidense. El tablero previo se mantuvo. China aceptó mayores compras y menores exportaciones, pero no permitió la apertura financiera y el frenó de sus inversiones tecnológicas.

La ofensiva de Trump debió lidiar con las propias consecuencias de sus bravuconadas arancelarias. Traspasado cierto techo, las tarifas aduaneras impactan sobre los precios y la productividad estadounidense, que depende de la importación de insumos baratos. Además, las represalias afectan seriamente a las empresas yanquis radicadas en Oriente. China es el principal mercado para el agro y para varias ramas manufactureras. Los puestos de trabajo que podrían restaurarse con protección aduanera son amenazados por esa pérdida de adquirientes en Oriente.

La batalla comercial tiene efectos tan contradictorios, como la revaluación del yuan que exige Trump. Esa valorización potencia una divisa que aspira a disputar el señoreaje internacional del billete norteamericano. Además, China no acepta acomodar su política monetaria a los reclamos de un deudor, que ha colocado el grueso de sus títulos en los bancos asiáticos (Hernández Pedraza, 2018).

El presidente millonario logró el visto bueno formal de sus aliados, pero no el acompañamiento requerido para la batalla comercial contra China. Ningún socio resignó los negocios lucrativos con el gran cliente asiático. Israel vende armas y tecnologías a Beijing, Arabia Saudita coloca excedentes petroleros y tanto Canadá como Australia mantienen intensos intercambios con el gigante oriental (Poch, 2018).

Las dificultades para arrastrar a Europa a la confrontación con China fueron semejantes. Pero el deterioro de la relación transatlántica fue detonado por disputas más directas con el Viejo Continente. El trato agresivo del magnate hacia Europa llegó a incluir, por ejemplo, ofertas coloniales de comprar Groenlandia con su población incluida.

Algunas demandas estadounidenses fueron satisfechas. Francia enmendó su proyecto de ‘tasa Google’, Alemania redujo exportaciones para mantener su tajada en el mercado automotor y varios integrantes de la Unión Europea aceptaron adquirir más soja o gas americano. Adoptaron la misma tónica conciliadora de Japón, que accedió a una mayor apertura de su mercado interno. Pero ningún miembro de la coalición occidental renunció a los contratos con China o a su participación en la Ruta de la Seda.

Los conflictos escalaron con la demanda estadounidense de ruptura comercial con Irán. Las grandes multinacionales de Francia y Alemania (Total, Renault, Volkswagen, Siemens, Daimler) vetaron la pérdida de mercado persa que exigía Washington.

El choque en curso por el gasoducto Nord Stream 2 que enlazará a Rusia con Alemania es mucho más serio. En defensa de los proveedores norteamericanos de gas licuado, Trump conspira con sus vasallos (Ucrania, Polonia) para impedir la inauguración de una obra casi concluida. El reciente ultimátum de sanciones legales a las empresas europeas, coloca a Alemania en la disyuntiva de capitular o confrontar con Washington. ´

Frente a tantas tensiones Trump buscó asegurar la alianza con Inglaterra apuntalando un Brexit definitivo. Pero ni siquiera obtuvo la lealtad de los británicos, que juegan su propia partida en el mundo. Las frustraciones del mandatario yanqui aumentaron con la fallida alianza que propiciaba con Rusia para doblegar a China. Sus coqueteos con Moscú fueron internamente torpedeados por el establishment diplomático de Washington. Ese boicot facilitó el acuerdo defensivo que finalmente concertó Putin con Xi Jinping.

Esta sucesión de fracasos quebrantó el proyecto de restaurar la «grandeza americana» a costa del resto del mundo. Trump sólo logró inducir un alivio de la coyuntura, preservando todos los desequilibrios de la economía. La pérdida de competitividad industrial persistió, con mayor deterioro del medio ambiente por la renovada explotación del carbón y el shale-oil. La desregulación financiera acentuó los riesgos de nuevas burbujas y la retracción de ingresos por los beneficios impositivos concedidos a los grandes capitalistas agravó el déficit fiscal (Fernández Tabio, 2018).

Trump se estrelló con los mismos obstáculos que afectaron a sus antecesores. Su verborragia y pedantería no tuvieron efectos mágicos sobre la economía. Esa carencia de resultados salió a flote en la crisis que precipitó la pandemia. El desempleo, la caída del PBI y los anticipos de quiebras vuelven a situar a Estados Unidos en el centro de la tormenta. Las bravuconadas ya no disimulan la impotencia que ha caracterizado a su gestión.

OBSTÁCULOS EN AMÉRICA LATINA

Trump recordó, que para recuperar primacía en el mundo, Estados Unidos necesita exhibir poder en su propio hemisferio. Por eso asfixió a los países latinoamericanos con paquetes recargados de mercantilismo (Guillén, 2018).

Priorizó el incremento del superávit comercial. Con excepción de México, la balanza del intercambio con la región es ampliamente favorable a Estados Unidos. Para aumentar ese excedente exigió crecientes compras y estableció nuevas restricciones a las importaciones.

Presionó a la Argentina con la elevación del arancel al biodiesel y difundió una lista de doce naciones infractoras de las normas de propiedad intelectual. A Brasil no sólo le impuso limitaciones al ingreso del acero y el aluminio. Demandó también la presencia norteamericana en el negocio aeronáutico y en las licitaciones de obra pública manejadas por empresas locales.

El magnate puso la lupa en la contención del intercambio comercial de China con América Latina. Ese flujo se multiplicó por 22 veces entre el 2000 y el 2013 y alcanzó en 2017 más de 250.000 millones de dólares. Cada año se tramita la incorporación de algún nuevo país a los convenios de libre-comercio, que ya firmaron Ecuador, Perú y Chile. Beijing ofrece las inversiones y los créditos que retacea su competidor del Norte.

Trump intentó repetir con China la política de presión utilizada para disuadir la presencia europea. El Viejo Continente negocia tratados con varios países (México, Chile) o bloques (MERCOSUR), pero sin disputar primacía con Washington. España afrontó ese techo en la última década. Las tajadas que el capitalismo ibérico obtuvo en las finanzas, las telecomunicaciones y la energía a través de las privatizaciones encontraron un serio límite. Pero ese antecedente no cuenta frente a China, que confronta con Estados Unidos a otra escala regional y mundial.

El descarnado negociante que maneja la Casa Blanca buscó motorizar en la región los tratados bilaterales que sucedieron al fracaso del ALCA. Ese proyecto continental de libre comercio quedó sepultado en la cumbre de Mar del Plata (2005). El camino estadounidense -para acaparar recursos naturales y colocar excedentes- fue desde entonces sustituido por los convenios bilaterales. El gigante yanqui comenzó a negociar acuerdos muy favorables con interlocutores débiles y dispersos.

Obama incentivó esos tratados, pero aspiraba a retomar el sendero multilateral mediante otra versión del ALCA (TPP). Trump frenó ese rumbo por presión directa del sector americanista, que exigió barreras específicas en la industria (acero) y el agro (azúcar). Pero ese curso no obstruyó los negocios del segmento globalista. El equilibrio entre ambos grupos se verifica en el nuevo tratado T-MEC con México y Canadá, que sustituyó al TLCAN.

El histriónico mandatario suscribió esa renovación luego de una intensa campaña de insultos, contra «el peor acuerdo comercial de la historia». La nueva versión fue redactada para satisfacer las heterogéneas necesidades de las compañías yanquis.

Los americanistas de la industria automotriz lograron incrementar la porción de fabricación en suelo estadounidense (Merino; Bilmes, 2020). Sus pares del agro consolidaron la demolición del cultivo local de granos y oleaginosas. México ya importa el 45% de sus alimentos y consume volúmenes siderales de las sobras que acumulan las cadenas gringas (Hernández Navarro, 2020).

Pero también los globalistas de los servicios (Big Data) consiguieron su parte, con las restricciones a las transferencias internacionales de datos. A su vez las empresas farmacéuticas impusieron protecciones adicionales a las patentes y licencias.

Todas las firmas estadounidenses lucrarán, además, con las barreras introducidas a las empresas alemanas y japonesas y con el renovado sometimiento de México. Ese país continúa padeciendo bajas tasas de crecimiento, desempleo, desarraigo rural, contaminación del medio ambiente y explotación de la fuerza de trabajo.

El nuevo convenio también eliminó el arbitraje independiente, para dirimir los conflictos provocados por las empresas yanquis. Qué López Obrador haya evitado la apertura del sector energético y la desregulación de PEMEX no compensa esos perjuicios y sus elogios a Trump han sido patéticos.

El T-MEC retrató en forma acabada los objetivos de Trump. Cambió el nombre del acuerdo, para acentuar su condición de tratado amoldado al dominador del Norte. El convenio buscará reducir el déficit comercial estadounidense a costa de las compañías asiáticas y europeas, que exportan desde México a Estados Unidos. La suscripción del acuerdo fue una excepción en el cúmulo de fracasos del lenguaraz presidente. Pero la reversión del desbalance de intercambios es tan improbable, como la restauración del tercio de empleos manufactureros perdidos en el Medio Oeste.

El T-MEC no compensa la continuada presencia regional de China, que continúa ignorando todas las demandas de desalojo, con crecientes exportaciones a Brasil, México, Chile, Perú y Argentina. Trump intentará un freno adicional a través de la letra chica del convenio. Introdujo una cláusula para obstruir cualquier acuerdo comercial inconsulto de México con China. Anticipó esa presión forzando a Brasil a suspender los proyectos bioceánicos con financiación oriental. Impuso, además, el mismo congelamiento en los emprendimientos nucleares de Argentina.

Pero no logró extender ese sometimiento al abandono de los grandes negocios con China. Ni siquiera Bolsonaro pudo aceptar las prohibiciones contra al adquiriente del 40% de las exportaciones agro-industriales del país. Los mandatarios neoliberales soportan humillaciones, pero necesitan preservar las lucrativas actividades que Estados Unidos quiere confiscar.

Washington sólo exige sumisión frente a las atractivas ofertas de Beijing. Durante la pandemia China, envió los respiradores y medicinas que el tradicional socorrista del Norte acaparó para su propia población. Además, el viejo conflicto de exportaciones latinoamericanas competitivas con el Norte (soja, trigo, petróleo) vuelve a cobrar relevancia, frente a un comprador chino que pondera complementariedades con la economía regional. Por donde se lo mire, también en América Latina falló el proyecto de recuperación hegemónica estadounidense.

VACILACIONES DEL IMPERIO

La supremacía militar es el principal instrumento que dispone Estados Unidos para intentar la reconquista del liderazgo económico. Con su monumental circuito de bases desplegadas por todo el planeta, el Pentágono es el gendarme del capitalismo.

Pero la utilización de esa maquinaria siempre ha dependido de la cambiante capacidad geopolítica detentada por Washington. La belicosidad que prevaleció desde Truman a Kennedy fue sucedida por el replanteo de Nixon, el repliegue de Carter y la contraofensiva de Reagan. El intervalo de Clinton fue seguido por el unilateralismo de Bush y las indecisiones de Obama. Trump emergió en un momento de revisión y procesamiento de derrotas.

Sus inclinaciones belicistas saltan a la vista. Relanzó la guerra de las galaxias con un presupuesto récord, retomó las pruebas de misiles y rompió el tratado de desarme nuclear (Armanian, 2019). Garantizó además ganancias récord a los fabricantes de armas, mantuvo los bombardeos en Siria e Irak y ensayó una mega-bomba de alcance inédito en Afganistán (Medea; Davis, 2020).

Trump reavivó la obsesión por la seguridad y desplegó una brutal retórica belicista. Pero optó por proclamas distanciadas del universalismo protector. No utilizó la mascarada misionera de la intervención humanitaria y evitó calzarse el disfraz de custodio del mundo libre.

Retomó la tradición aislacionista, que presenta la agresión imperial como un favor concedido a los gobiernos desamparados. Subrayó especialmente que esa ayuda debe ser mendigada y remunerada. Destacó que los auxilios prestados por Estados Unidos al resto del mundo tienen un costo, que Occidente debe solventar. Con ese mensaje exigió la financiación europea de la OTAN (Anderson, 2016).

El acoso de China fue la prioridad militar del magnate. Complementó las presiones comerciales con un gran despliegue de la flota del Pacífico y exigió la desmilitarización de los arrecifes del Mar del Sur, para quebrantar el escudo defensivo de su rival. Su menú de provocaciones incluyó la detención de directivos de Huawei, el cierre de consulados chinos, la promoción del separatismo del Tibet, la recreación de complots derechistas en Hong Kong y el auspicio del independentismo de Taiwán.

Obama anticipó ese giro. Desplazó tropas desde Medio Oriente hacia el continente asiático y buscó integrar a la India al bloque anti-chino conformado con Corea del Sur, Japón y Australia. Trump redobló esa política de asedio que propicia el Partido Demócrata, con el visto bueno de Biden (Smith Ashley, 2018).

Pero China disputa el podio de la economía mundial afianzando su poderío militar. Dejó atrás su vieja condición de país periférico y se ubica en las antípodas del protectorado que Estados Unidos mantiene en Japón. La estrecha asociación que a su vez mantiene con la economía norteamericana, transforma a la potencia asiática en un adversario muy distinto al precedente soviético. No es un blanco sencillo para los estrategas de Washington, que deben reconciliar las demandas agresivas del aparato militar con las inclinaciones negociadoras de las corporaciones económicas yanquis (Petras, 2005). Trump no resolvió esa tensión y su estrategia frente a China desembocó finalmente en un coctel de vacilaciones.

LIMITACIONES BÉLICAS

El magnate carga con la pesada herencia de los fracasos militares legados por Bush. La ocupación de Irak fue un fiasco y Afganistán se transformó en un atolladero. Esas derrotas enterraron los ensueños de unilateralismo y «nuevo siglo americano». Las secuelas de esa adversidad explican el cauto manejo bélico de Trump. Las invasiones de los marines fueron reemplazadas por la boconería y las pomposas amenazas vía twitter.

En Siria el millonario retiró tropas, abandonó a los aliados kurdos, avaló el protagonismo de Turquía y aceptó la preeminencia de Rusia. En Afganistán mantuvo los bombardeos reduciendo efectivos y en Corea del Norte archivó el ultimátum. Enfrentó un antagonista con armas nucleares que no puede ser barrido con los mercenarios utilizados en Libia.

Las provocaciones contra Irán han sido más inciertas. Trump jugó con fuego en el asesinato de la principal figura de las fuerzas armadas y en los extraños atentados del estrecho de Ormuz. Pero no aceptó la escalada que propiciaron sus socios israelíes y saudíes. Sostuvo la anexión de Cisjordania y las masacres de los yemenitas, pero no comprometió al Pentágono con otra intervención.

Trump sólo alentó guerras locales de bajo costo para testear la reacción de sus enemigos (Petras, 2018). Ya no cuenta con las alianzas globales que tuvo Bush. Varios aliados flaquean en el exterior (Inglaterra, Francia), otros enfrentan resistencias internas a la militarización (Alemania, Japón) y algunos son más proclives a la negociación que a la confrontación (Corea del Sur) (Rousset, 2018).

La reticencia a ensanchar los conflictos detonó varios pugilatos palaciegos, como el despido de Bolton o la renuncia de Mattis, que potenciaron la desorientación del alto mando. El magnate priorizó una recuperación económica, que exige la continuidad de la preponderancia bélica sin ningún resultado adverso y en ningún momento logró plasmar esa ecuación.

La fallida alianza con Putin dinamitó sus planes. Buscó ese acuerdo con las propuestas de reingreso ruso al G 7 y con el buen trato hacia una potencia, acostumbrada a negociar en las cúspides. Intentó congelar las hostilidades en Ucrania y los misiles en Polonia, pero chocó con el Congreso, los Demócratas y la prensa, que respondieron con un potencial impechment a su condescendencia con Moscú.

Trump alentó la habitual alianza con Rusia contra China que suele propiciar el Departamento de Estado, cuando falla la opción inversa. En los últimos años Kissinger favorecía el entendimiento con Moscú para neutralizar a Beijing, en contraposición Brzezinski que motorizaba el acoso a Rusia, para mantener buenos negocios con China. El establishment siempre ha oscilando entre ambas variantes (Gandásegui, 2018). Pero en esta ocasión, las indefiniciones estadounidenses fortalecieron el dique defensivo forjado por Putin con Xi Jinping.

El magnate tampoco pudo someter a Europa. La irresuelta exigencia de mayor sostén financiero de la OTAN provocó una seria erosión de la alianza transatlántica. Alemania consolidó su comando de la Unión Europea, con mayores ambiciones de negocios propios y creciente autonomía del padrinazgo norteamericano. Ese distanciamiento se afianzó con el divorcio iniciado por Inglaterra para distanciarse del Viejo Continente.

Pero la independencia germana obliga a reconsiderar la gestación de un ejército europeo desligado de Washington. Alemania objeta esa iniciativa, puesto que su carencia de estructuras bélicas colocaría al país en un lugar subordinado. La fractura entre poder militar (Francia) y económico (Alemania) y los divergentes intereses entre los 26 miembros de la Unión Europea impiden forjar un dispositivo militar unificado (Serfati, 2018).

El capitalismo europeo no ha podido emanciparse de la tutela bélica estadounidense y por eso acompañó las incursiones de Irak y Ucrania. Pero ha encontrado un significativo espacio para resistir el reclamo monetario de Trump.

El mandatario yanqui no consiguió las victorias geopolíticas que hace varias décadas obtuvo su admirado Reagan. Tampoco logró la división del campo enemigo que efectivizó Nixon. Sólo se asemeja a este último personaje, en la enemistad con los medios de comunicación y en los disgustos con la burocracia de Washington. El escandaloso morador de la Casa Blanca evitó un Watergate, pero no la ausencia de resultados de su gestión. Falló en restablecer el poder de fuego imperial que necesita Estados Unidos para recuperar un liderazgo económico.

DESVENTURAS EN EL HEMISFERIO

Trump reforzó el control imperial sobre América Latina. Mantuvo el equipamiento del Comando Sur de Miami, con fuerzas equivalentes al Golfo Pérsico o al Mediterráneo y afianzó la jefatura de la IV Flota sobre una vasta red de uniformados y agentes del Pentágono. Las bases de Colombia fueron surtidas del aprovisionamiento requerido para acciones de gran alcance y la supervisión del Amazonas se afianzó con los gendarmes de la zona.

El belicoso mandatario redobló la presión para liquidar la autonomía militar y el equipamiento diversificado de Brasil. Integró a los generales de ese país al diseño continental de Washington y acentuó la conexión de las fuerzas de seguridad argentinas con la DEA, la CIA y el FBI.

La penetración yanqui en las estructuras militares de Latinoamérica se consumó con el manoseado pretexto de enfrentar el narcotráfico. La sangría de México ya ha demostrado que esa excusa sólo encubre la periódica mudanza de plantaciones y guaridas de los carteles. La continuada demanda de narcóticos por parte de consumidores del Norte incrementa los millonarios ingresos de los intermediarios estadounidenses. Las narco-burguesías locales se enriquecen con el negocio que comparten con los financistas gringos del narcotráfico.

Trump consolidó un proceso de militarización que ha potenciado la atroz degradación social de Centroamérica. Las guerras mafiosas se desenvuelven con armamento «made in USA» y la complicidad de estructuras estatales infiltradas por las embajadas estadounidenses.

Pero la gran prioridad del bocón de la Casa Blanca estuvo localizada en Venezuela. Propició todos los complots imaginables para recuperar el control de la principal reserva petrolera del hemisferio. Instaló asesores en las fronteras, financió la auto-proclamación de Guaidó, ensayó la farsa de la ayuda humanitaria, tanteó una guerra eléctrica y auspició incontables asonadas en los cuarteles. Sólo los intentos de invasión a Cuba han superado ese cronograma de incursiones.

El agresor del Norte desparramó también provocaciones para intimidar a las potencias rivales. Retomó la Doctrina Monroe contra la presencia de buques rusos en el Caribe, instalaciones informáticas chinas en Sudamérica o simples visitas de funcionarios iraníes a los países hostilizados. Desplegó ejercicios militares para subrayar su disgusto con esas misiones.

Estados Unidos carece en América Latina de apéndices asociados para ejercer el control militar del continente. No cuenta con un socio estructural e histórico que cumpla el rol de Israel en Medio Oriente o Australia en Oceanía. Por esa razón debe mantener su presencia directa en el hemisferio.

Esa intervención repite la norma de los últimos cien años. Washington siempre recuerda a las clases dominantes locales quién ejercer la jefatura efectiva en la región. Utiliza un variado menú de cooptaciones, chantajes y amenazas para sostener su primacía, saboteando la conformación de un bloque geopolítico latinoamericano unificado y autónomo.

Trump reiteró ese manual del imperialismo con gran nostalgia por las cañoneras de Thodore Roosevelt. Añora las incursiones de Reagan para recapturar Centroamérica y la impudicia de Bush para despachar tropas.

Por eso ha intentado exhibir un perfil de brutalidad decisoria contrapuesto al tinte conciliatorio de Obama. Sustituyó la apertura hacia Cuba por el endurecimiento del embargo y reemplazó la distensión inaugurada con la CELAC y UNASUR por la virulencia de la OEA y el Grupo de Lima. En lugar de ponderar la «alianza entre iguales» que realzan los diplomáticos del continente, enrostró a Latinoamérica la superioridad de Estados Unidos.

Con estas diferencias de trato Trump mantuvo la política de estado hacia la región, que han compartido todos los mandatarios republicanos y demócratas. El magnate arremetió contra Cuba, frente a un antecesor que no levantó el embargo. Conspiró abiertamente contra Venezuela, ante un precursor que dejó correr el fracasado golpe del 2002. Apuntaló una asonada en Bolivia, que coronó operativos similares aprobados por Obama en Honduras y Paraguay.

Con estilos y retóricas muy diferentes, la Casa Blanca siempre apuntala a sus agentes serviles. Trump ha mantenido esa estrategia de larga data, centrada en desplazar competidores externos, anular la autonomía de la burguesía regional y sofocar las rebeliones populares (Morgenfeld, 2017: 359-362).

Pero también en este campo emergió un divorcio entre los dichos y los hechos. Las amenazas del magnate chocaron con la imposibilidad de repetir la intervención a Granada (1983) y Panamá (1989) o la última ocupación de Haití (2010), recubierta de rescate humanitario.

Su principal fracaso se verificó en Venezuela. En el dramático escenario económico-social que afronta ese país, no pudo derrocar al diabolizado chavismo. El secuestro de la petrolera CITGO o la captura de lingotes de oro (junto a Inglaterra), no diluyeron su impotencia frente al gobierno bolivariano. La agenda imperial afrontó significativos obstáculos en América Latina.

SOSTÉN DERECHISTA, CAOS DE GESTIÓN

Trump sintoniza con una oleada marrón en el mundo, que condujo a varios personajes indigeribles a la presidencia. Encarna un tipo de liderazgo que ha canalizado parte del descontento social, con la ruinosa situación generada por el neoliberalismo. Frente al techo que encontraron las protestas populares y la ausencia de respuesta de los progresistas, la derecha capturó ese malestar. En Estados Unidos ese round fue ganado por el TEA Party y no por Occupy Wall Street.

El desbocado mandatario aunó la base conservadora tradicional de los republicanos en la «América profunda», con las vertientes reaccionarias más extremas. Retomó el viejo mensaje religioso, homofóbico y racista, con una nueva carga de resentimientos hacia la burocracia de Washington, los impuestos federales y los intelectuales globalizados.

El magnate prometió restaurar la gloria en un país decepcionado con la gestión previa. Obama defraudó a los afroamericanos agobiados por los asesinatos policiales y a los latinos, golpeados por un récord de expulsión de indocumentados. También desmoralizó a los verdaderos demócratas, frustrados por la continuidad del espionaje interno y a los asalariados, enojados con la destrucción del tejido industrial.

Trump aprovechó un vacío político para hostilizar a los inmigrantes. Exaltó la identidad anglosajona y atacó el multiculturalismo cosmopolita imperante en las dos costas. Desde el sillón presidencial profundizó su burda alabanza a la pureza americana y con una catarata de exabruptos comandó el proyecto derechista más audaz del mundo desarrollado.

A diferencia de sus pares europeos logró superar la marginalidad política atrapando una de las grandes formaciones partidarias. No debió lidiar con la ausencia de identidad nacional homogénea o con el temor a corroer la moneda común que impera en el Viejo Continente. Tampoco tuvo que transitar por el tortuoso camino del irresuelto Brexit (Anderson, 2017). Pero esas ventajas no bastaron para consolidar su mandato.

Gestionó durante cuatro años una incontable secuencia de escándalos, peleas y despidos. Las memorias que difunden sus despechados funcionarios retratan una administración caótica y sujeta a los caprichos de un imprevisible timonel. Trump se desdijo hasta el cansancio, clausuró y reabrió dependencias, cerró y reinicio el Congreso y estuvo al borde de un desplazamiento por acusaciones de corrupción. Siempre mostró los dientes y subió la apuesta en las feroces internas. Pero el barullo de su administración confirmó su incapacidad para cohesionar un proyecto de reconstrucción imperial.

Trump es un reaccionario que auspicia la represión, coquetea con el suprematismo blanco e induce provocaciones paraestatales de las milicias. Pero no forjó un régimen fascista. Ese término es erróneamente utilizado como sinónimo de autoritarismo o insania presidencial (Bhaskar, 2019). Con esa etiqueta se omite la enorme distancia que lo separa del fascismo clásico de entreguerras.

Actualmente no impera un marco de guerras interimperialistas, levantamientos revolucionarios o amenazas comunistas. Las clases dominantes no auspician la reconquista bélica de territorios, el terror para demoler sindicatos o el confinamiento de las minorías. El léxico brutal no define a un fascista (Riley, 2019).

El bonapartismo es un concepto más apto para caracterizar al personaje que el mote vacío de populismo. Trump intentó combinar el liderazgo carismático con el manejo unipersonal de un sistema plutocrático. Gobernó en sistemática tensión con la burocracia estable, la cúpula del Partido Demócrata y la elite de la comunicación. Pero no logró construir una jefatura efectiva del estado. Su débil bonapartismo desembocó en simple incoherencia y ausencia de resultados (Cinatti, 2018).

El BOOMERANG DE LOS LATINOS

Trump desplegó una furibunda agresión contra los latinos. Para movilizar a su base derechista reavivó el imaginario conservador, que atribuye el fin del sueño americano a la afluencia de trabajadores foráneos.

Esa mirada identifica el declive del capitalismo yanqui con los flujos inmigratorios, cuando esa corriente genera un contrapeso a esa regresión. Los jóvenes extranjeros compensan el envejecimiento de la fuerza laboral y nutren de cerebros a los sectores más dinámicos. La simplificación chauvinista ignora estos datos, para potenciar la desesperación de los estadounidenses afectados por la precarización y el desempleo.

El perverso mandatario incentivó el resentimiento de los blancos empobrecidos contra los latinos, con un viejo libreto de odio de las clases medias hacia los desamparados. Retomó la antigua receta del racismo sureño contra los afroamericanos. Con esa estrategia construyó una base política autónoma para sostener sus insultos contra los latinos «invasores», «delincuentes» y «violadores».

Trump comenzó su espantosa prédica con una convocatoria a construir el muro fronterizo que debía frenar el aluvión de drogas. Sólo omitió que el grueso los narcóticos ingresa por otra vía. Autorizó redadas para cazar indocumentados en las grandes ciudades, soslayando las plantaciones, que no podrían levantar sus cosechas sin el auxilio de los migrantes (Majfud, 2019).

El brutal mandatario llegó al extremo de promover la separación de las familias en los campos enjaulados de la frontera. Durante la pandemia suspendió los visados argumentando que los extranjeros introducen el virus. Pero olvidó que una represalia equivalente cerraría el acceso de todos los estadounidenses al resto del mundo.

Muchas diatribas del presidente no traspasaron el universo del verbo. La construcción del muro avanzó lentamente y México no cargó con su financiación. La deportación de dreamers quedó bloqueada por las apelaciones judiciales y la indignación social frenó la separación de padres e hijos indocumentados. Tampoco la publicitada militarización de la frontera redujo las caravanas de centroamericanos, que necesitan expatriarse para sobrevivir.

Trump combinó la agresividad interna contra los latinos con el apoyo a la restauración conservadora en toda la región. Buscó recrear la vieja subordinación de los gobiernos serviles al amo imperial. Forjó un enlace especial con tres dinosaurios (Duque, Bolsonaro y Macri) que comparten su miopía derechista y su ceguera neoliberal.

El magnate intentó extender a Sudamérica la red de convergencias, que enhebró con personajes tan abominables como Bin Salman o Netanyahu. Esa coincidencia con déspotas y criminales sintonizó con su activo sostén de los golpistas (Añez), los represores (Piñera) y los usurpadores (Lenin Moreno).

Pero el renovado sometimiento de sus vasallos no resucitó la vieja dominación yanqui. Ni siquiera los colonizados presidentes de la región pudieron sostener el idilio con un mandatario que desprecia a todos los nacidos en Latinoamérica. Las burlas y desplantes del plutócrata erosionaron el entreguismo nativo, en un marco de coincidentes encuestas que resaltan el abrumador repudio a Trump en toda la zona.

Ese rechazo no reconoce fronteras y ha sido potenciado por el fracasado intento de reconstruir el Ministerio de Colonias de la OEA. Todo el empeño que pusieron los trogloditas del Departamento de Estado (Abrams, Rubio, Pompeo) para sustituir los mecanismos autónomos de UNASUR y CELAC por el servilismo del Grupo de Lima tuvieron magros resultados. No lograron forjar coberturas suficientes para la conspiración contra Venezuela, el embargo contra Cuba o el golpismo en Bolivia.

Al desconcertar a sus títeres del Sur Trump cavó su propia fosa. Los mensajes de egoísmo nacional sepultaron el disfraz auxiliador del imperio y quebrantaron el sostén geopolítico de su proyecto.

REBELIONES EN LA PROPIA CASA

El viraje represivo actual en varios países de América Latina es enfáticamente aprobado por Trump. Comparte el despliegue de la violencia estatal contra el descontento popular y aporta especialistas para ese atropello. Ya reactivó los organismos y fundaciones yanquis dedicados a espiar y desorganizar los movimientos de resistencia. Las embajadas han recobrado protagonismo en ese trabajo conspirativo.

La tradicional rebeldía de América Latina prende todas las alarmas de Washington. Las sublevaciones que irrumpieron en las últimas dos décadas inquietan a un mandante imperial, preocupado por los rebrotes del ciclo político progresista que disputa con la restauración conservadora.

La vitalidad de la lucha social en la región se verificó el año pasado, en una secuencia de batallas que apuntaló victorias y contuvo los retrocesos. Las revueltas desenmascararon en Chile el modelo neoliberal y doblegaron en Ecuador el ajuste del FMI, pero no evitaron el golpe en Bolivia y la persistencia de los atropellos en Brasil. Las protestas sacudieron también a Colombia, Haití y Honduras y la derecha perdió su manejo del gobierno en México y Argentina, pero el ajuste neoliberal se mantuvo en el grueso del continente. La pandemia sólo introdujo un paréntesis en estas convulsiones.

Pero lo que nadie previó fue el estallido de enormes protestas en el propio corazón del imperio. La rebelión de los afroamericanos ha convulsionado a las grandes ciudades estadounidenses, con manifestaciones multirraciales contra la impunidad policial. La enorme popularidad de esas movilizaciones neutralizó la reacción represiva de Trump (Catalinotto, 2020).

Esa sublevación converge con el rebrote de las huelgas y el gran protagonismo de una nueva generación que renueva la épica de los años 60 (Carbone, 2020). Los estandartes de las marchas («no puedo respirar», «las vidas los negros valen») reavivan la insubordinación y obligan a revisar el legado de la esclavitud. Las iniciativas para arrodillarse cuando se entona el himno nacional o para derribar los monumentos insultantes ilustran ese viraje (Sharon Smith, 2020).

La lucha de los afroamericanos es la primera acción callejera de envergadura e impacto internacional luego de la pandemia. Esa reacción tiene un gran impacto sobre América Latina y reconecta las resistencias populares de ambas regiones, al cabo de un prolongado divorcio.

La enorme población latina de Estados Unidos podría articular ambos procesos. Los inmigrantes, residentes, descendientes e indocumentados conforman una comunidad vilipendiada por Trump y denigrada por los gobernantes derechistas que forzaron su expatriación.

El repudio al presidente más anti-latino de historia americana crea puentes entre el antiimperialismo latinoamericano y el progresismo estadounidense. En el Norte se batalla por un sistema de salud y educación universitaria gratuitos y en el Sur por la redistribución del ingreso y la contención de la hemorragia que provoca la deuda externa. El enorme impacto de Sanders y de los candidatos radicales que lo acompañan ha establecido un nuevo cimiento de convergencia con la izquierda latinoamericana.

¿FRACASO PARCIAL O DEFINITIVO?

Para lograr la reelección Trump no sólo debe disimular el incumplimiento de sus promesas. Necesita también esconder su irresponsabilidad criminal en el manejo de la pandemia. Con negacionismo e improvisación multiplicó el número de muertes, el récord de contagiados y el caos sanitario. Su figura será recordada por la indiferencia ante las fosas comunes. Ahora decidió forzar el retorno al trabajo y la apertura de los colegios, para crear el clima de normalidad requerido para sostener su candidatura (Davis, 2020). No repara el costo humano de esa aventura.

Trump sube la apuesta de provocaciones frente a un adversario demócrata, que ha optado por el silencio para disputar el voto conservador. Busca activar su base de adictos contra ese inmovilismo de Biden. Las encuestas lo desfavorecen, pero construyó su carrera en esa adversidad y ensayará un clima de virulencia electoral para posicionarse en la recta final (Morgenfeld, 2020).

El sistema electoral no exige mayoría de votos, sino simple superioridad de delegados y un sufragio con los inconvenientes de la pandemia y el voto por correo favorece todo tipo de tropelías.

Pero el imprevisible resultado de esos comicios no modificará el fracaso de su gestión. Sólo determinará el relanzamiento o naufragio de su proyecto. Trump no logró en cuatro años la recomposición de la economía estadounidense. El resto del mundo no sostuvo esa recuperación y el rival chino continuó ascendiendo. Desplegó exhibiciones de belicismo que no compensaron su impotencia en los escenarios de conflicto. Esas limitaciones acotaron el intervencionismo en América Latina y erosionaron su capacidad interna de mando. Ahora confronta con protestas radicales que lo desafían en la calle.

Este balance de la gestión de Trump es insoslayable para evaluar lo que podría suceder si gana o pierde en noviembre. Su programa no encarna el capricho de un lunático. Expresa una de las estrategias en juego del poder capitalista, que las clases dominantes mantendrán o corregirán después de la elección.

 

RESUMEN

Los desenfrenos de Trump encubrieron sus fracasos. No logró recuperar la economía estadounidense, ni frenar el desafío chino. Tampoco consiguió la neutralidad rusa o el sometimiento de sus socios occidentales. Ni siquiera la renovación del tratado bilateral que impuso a México inició la recaptura de América Latina.

Confrontó con un adversario muy distinto a la Unión Soviética, evitó poner a prueba el poder imperial y disfrazó sus vacilaciones con bravuconadas. Eludió invasiones y no pudo derrocar al chavismo.

El caos de su gestión socavó sus pretensiones autoritarias y las agresiones contra los latinos afectaron la sumisión de la derecha regional. Terminó afrontando una revuelta de los afroamericanos que converge con las luchas populares del hemisferio. Su impotencia salió a flote en la pandemia y la clase dominante definirá si relanza o sustituye su proyecto.

 

REFERENCIAS

 

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Fuente: https://katz.lahaine.org/seccion/economia-internacional/

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Reinicio de ciclo

Por: David Calderón*

Sabemos que los ánimos tienden a los extremos cuando hablamos de la reapertura de las escuelas. Si alguien propone que no se tarde, se le tacha de temerario e insensible, de despreciar los riesgos para los maestros, de ser inconscientes y ciegos ante los rebotes y rebrotes que han ocurrido en Francia o Israel. Si alguien propone que los tiempos se extiendan y mandemos lo presencial para mucho más adelante, le llueve la crítica por falta de empatía con la situación de las familias, con los niños languideciendo en el estrés, en riesgo de maltrato, abuso, de propiciar el rezago y el abandono, de ser inconscientes ante los regresos exitosos de Uruguay, Japón o Canadá.

Dos cosas que hoy, en el fin de julio, sabemos de cierto para México son: a) no habrá una reapertura de aulas simultánea en todo el país el 10 de agosto, e incluso ya salió volando esa fecha de referencia. En espera de un anuncio formal de la SEP, el asunto es que el debate interno está candente y ya tuvo como baja colateral la continuidad del Consejo Técnico, que tras dos días dejó a decenas de miles de docentes molestos, ‘vestidos y alborotados’, y b) el ciclo escolar 2020-2021, y de hecho todos los que sigan, serán mixtos, o no serán. Es decir, la dimensión presencial y la dimensión a distancia estarán ambas presentes, desde este septiembre pero también en los años por venir, como se va pensando aquí como en todo el mundo.

¿Cuáles serían las recomendaciones sencillas, recapitulando las miles de páginas de literatura especializada y puestas en diálogo con el sentido común y las aspiraciones de los propios niñas y niños, titulares del derecho a aprender, para prepararnos? Ya sabemos muchos aspectos de cómo no es posible regresar. ¿Y si nos preguntamos cómo sí es posible regresar?

Uno. Fortalecer con buena alimentación, activación y cuidados físicos en casa para que las y los estudiantes lleguen en plena salud y condición; vitaminarse, vigorizarse está en manos de la mayoría de las familias.

Dos. Prever no sólo una gran limpieza profunda de inicio de ciclo, sino asegurase que hay recursos y personal para sanitizar toda la escuela cada tarde, para que las hijas e hijos de este país entren a una escuela limpia a diario. Ahí, los servicios municipales pueden ser clave; esto es política educativa en el ‘punto cero’. Se cae de obvia, pero hay que asegurar esta medida como elemental condición de salud pública y de derecho de los niños.

Tres. Garantizar que todos los estudiantes que acudan a la escuela lleguen sin los síntomas; concientizar a las familias que no sólo es elemental solidaridad, sino el mejor cuidado de su hija o hijo buscar de inmediato la atención adecuada ante calentura, dolor de cabeza, etcétera, lo mismo que la responsabilidad de canalizar según el protocolo de salud, más que de ‘impedir la entrada’, en el filtro a la entrada a la escuela.

Cuatro. Niñas y niños con síntomas tienen que podérseles hacer la prueba de Covid en su entorno cercano, y si salen positivos aislarlos a ellos y a todos los que estuvieron conviviendo muy cerca, para atenderles y crear las medidas de su recuperación.

Cinco. Todos en el contexto escolar debemos usar mascarillas a diario. Es falso que los niños se ‘ahogan’, o que nunca van a aprender a usarlos correctamente, sin tocarlos o bajándolos al cuello. Ninguna de las rutinas que hacen la vida cotidiana, que deben aprender y apropiarse, es sustancialmente distinta al uso continuado del cubrebocas.

Seis. Todas las escuelas deben tener agua potable y jabón suficiente, para que todos se laven las manos al llegar, y al volver del recreo y al salir a sus casas. Mínimo tres veces al día lavarse todos, adultos y niños las manos, en tandas y cada vez que vayan al baño también. La distancia adecuada, en los salones de clase, implica que se usen pasillos y patios, y que se señalen con punto de pintura que cuesta casi nada marcar.

Siete. Tienen que tener, además, todas las escuelas de México un dispensador de alcohol en gel, para asear las manos por cualquier motivo, uno por salón. Es caro, para los bajísimos estándares de inversión que están normalizados cuando se trata de derechos de los niños, pero es esencial contar con el aditamento.

Con que pudieran hacer realidad, todas y cada una de las escuelas del país, estos siete puntos correctamente ejecutados, el grueso de la prevención estaría resuelto. No es ciencia de cohetes, es honestidad, es que de verdad nos importe, es que no pongamos pretexto. ¿Los fondos? Están en Fonden, en el FAIS, en U080, en multitud de partidas. Que nadie se engañe con que, para esto, no hay dinero.

Esquemas excesivamente complicados de escalonamiento producen confusión, invitan sutilmente al abandono. Es claridad, es ir a lo esencial.

*El autor es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero .

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/david-calderon/reinicio-de-ciclo

 

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La Ley General de Educación: ¿masificación o precariedad formativa?

Por: José Carlos García Ramírez

 

Consideración general

Hace casi un año, fue publicada la Ley General de Educación (LGE)  en el Diario Oficial de la Federación el 30/09/2019. Es un documento fortalecedor del Estado, en cuanto que eje rector de la política educativa nacional en sus tres niveles de impartición. Es una Ley General donde se centraliza (federaliza) las funciones de la planeación, implementación, operación, gestión, supervisión, corrección y prevención: casi todo en manos de la Secretaría de Educación Pública. La crisis pandémica ocasionada por Covid-19, por el momento ha mandado a la morgue, dicho documento. Pues ante la incertidumbre de la llamada “nueva normalización”, la crisis sociosanitaria en el país ha girado la ruleta de los contenidos del documento en términos generales. Las interrogantes son: ¿cómo iniciar las clases sin contagiarse del virus?, ¿cómo garantizar la información –y no digo la asertividad de los aprendizajes o proceso formativo– escolar hacia todos los rincones del país y sin que ningún educando quede fuera por razones de no contar con recursos económicos e infraestructura básica digital?, ¿la pandemia puso sobre el filo de la navaja los tres pilares estratégicos (gratuidad, obligatoriedad y financiamiento) de la LGE en materia de educación pública?

Las anteriores preguntas tienen que ser condiciones de posibilidad de debates críticos y de propuestas simétricas entre los interlocutores válidos del sistema educativo  nacional (organizaciones magisteriales, comunidades académicas, sociedad civil y actores políticos institucionales). La Secretaría de Educación Pública, no la tiene fácil. Sería un momento de oportunidad escuchar y atender las propuestas alternativas que puedan surgir desde las bases sociales y actores sociales.

Para los fines de este breve análisis sólo quisiera ahondar en la problemática que encierra la gratuidad, obligatoriedad y financiamiento en la política educativa del gobierno en turno.

La LGE es una reconfiguración para transparentar los recursos financieros federales, optimizarlos y contrarrestar los círculos viciosos que paralizan el correcto desempeño de las políticas educativas. Pero también, es un texto desafiante el cual apuesta a la universalidad educativa donde la gratuidad y la obligatoriedad son los criterios normativos a seguir.

La estructura general de la LGE se compone de 11 titulares (Del derecho a la educación, De la nueva escuela mexicana, Del Sistema Educativo Nacional, De la revalorización de las maestras y los maestros, De los Planteles Educativos, De la mejora continua de la educación, Del Federalismo educativo, Del financiamiento a la educación, De la corresponsabilidad social en el proceso educativo, De la validez de estudios y certificación de conocimientos, De la educación impartida por particulares), 36 Capítulos, 181 Artículos y 17 Transitorios. El documento fue validado por el Poder Ejecutivo, Cámara de Diputados y Secretaría de Gobernación.

Lo que el viento se llevó

Dicha Ley pretende ser un documento de vanguardia que se esfuerza por romper con las pasadas prácticas institucionales. Pretende eliminar los engranajes de la burocracia tecnócrata incubada en el sistema de educación nacional y suprime decretos contraídos obsoletos o de dudosa reputación.  Por ejemplo, se derogan la Ley General de Educación (1993) y la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (2008), junto con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,   así como todos los reglamentos, acuerdos, convenios e iniciativas contraídas en los sexenios pasados contrapuestos al nuevo decreto oficial.

En los últimos 20 años, cada forma de gobierno en nuestro país, ha percibido el fenómeno educativo de manera homogénea: las diversas reformas educativas del pasado sostenían que la educación es sólo un medio para adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y valores que podían hacer del educando alguien capacitado para el trabajo operativo, de dirección o de facilitador. Se creyó que el lenguaje empresarial, las técnicas de planeación, los resultados con base en indicadores y el cumplimiento de reglamentos rígidos, eran la clave para obtener una educación de “calidad”. Se creía que la escuela es una empresa.

Si se compara la actual reforma educativa con los programas anteriores, particularmente lo referido a la educación superior, aparecen antinomias irreconciliables: antes, los servicios educativos públicos tenían que ser restringidos (cobertura limitada para ahorrar presupuesto), los planes y programas académicos, así como los perfiles deseables de los egresados, tenían que estar direccionados hacia las necesidades de las empresas privadas (nacionales y transnacionales). En la LGE se retoma el imperativo categórico de “educación nacional” y en donde los servicios ofertados deben apostar al desarrollo del interés público, de la industria nacional, del bienestar local y regional, así como a la gratuidad y obligatoriedad. Lo que se busca ya no es la calidad sino la excelencia en las escuelas, universidades y tecnológicos públicos.

Universalidad educativa: sueño o desafío

Gratuidad, obligatoriedad y financiamiento son centro de análisis en torno a la LGE. Artículo Tercero y Fracción Décima Constitucional, señalan temas de la gratuidad, obligatoriedad y responsabilidades del Estado. Artículo Transitorio Décimo Quinto, refiere a la distribución de los recursos económicos para las entidades federativas y municipios, así como de los fondos necesarios para garantizar gratuidad y obligatoriedad  de los servicios en las instituciones de educación superior (IES) públicas.

La LGE se ocupa  de la gratuidad, la obligatoriedad y el financiamiento con el objetivo de garantizar el concepto de universalidad educativa. Nadie pondría en duda la idea de que todo mexicano y mexicana, sin importar edad, lugar de origen, clase social, capacidades distintas y procedencia étnica, tengan un lugar asegurado en alguna institución educativa, principalmente en las IES.

En resumen, la Ley General de Educación pretende reestructurar los siguientes órdenes: de lo político-educativo, porque los principios de igualdad, inclusión y excelencia, son los pilares para construir una sociedad basada en derechos a la educación; de lo social, porque no sólo basta enunciar derechos, sino de instrumentarlos a partir de la apropiación social de los conocimientos, innovaciones científicas y desarrollos tecnológicos, útiles para el desarrollo y recreación de las personas; de lo económico, porque la gratuidad y la obligatoriedad son esquemas públicos de acceso y mejora de oportunidades que a futuro sirven para desarrollo profesional y laboral, así como también ayudan a disminuir los gastos familiares destinados para la educación de los hijos; de lo financiero-administrativo, porque se compromete a inyectar mayores recursos económicos (independientemente del presupuesto ordinario) para infraestructuras físicas, académico-laborales, servicios generales, así como también trasparentar los recursos, reducir procesos administrativos superficiales y promover una cultura administrativa pública basada en la eficacia, eficiencia, equidad y en la honradez.

Cumbres borrascosas: las finanzas

Los problemas comienzan cuando se habla de dinero y de su distribución. Aunque se mencionan fondos derivados por la renta de petróleo, la austeridad republicana y la eliminación de intermediaros “institucionales” (burocracia educativa), para reactivar y asegurar los servicios de gratuidad y obligatoriedad de las IES, a corto plazo, se vislumbra cierta asertividad.  Pero en el rubro sobre financiamiento, se nota cierta oblicuidad borrascosa, pues se requería mucho dinero para lograr las metas del 2024.

Quizás por efecto de la transición de gobiernos, en el 2018 y 2019 el incremento al subsidio ordinario a las IES públicas federales fue de cero por ciento y a las estatales de 0.1 por ciento. Los fondos extraordinarios de apoyo a la calidad, ampliación de la oferta y apoyo a problemas estructurales, cayeron de 15.8 mmp en 2009 a 1.7 mmp en 2019.

Haciendo una comparativa entre sexenios de costo por alumnos en las IES pública, se encuentra lo siguiente: 53.2 mil pesos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari; 61.7 mil en el de Ernesto Zedillo; 67.2 en el de Vicente Fox; 69.5 mil en el de Felipe Calderón; 59.3 en el de Peña Nieto y de 49.3 mil pesos en el primer año de López Obrador.

Para alcanzar una cobertura del 50 por ciento al finalizar el sexenio en turno, se requiere un crecimiento de 2. 35 por ciento anual. Actualmente se asignan 114, 728  millones de pesos para educación superior lo que equivale a un 38 por ciento (de los 300 mil 140 millones de pesos asignados al sistema educativo nacional). Para alcanzar la meta sexenal en el 2024 (50 por ciento de atención a la demanda), se requerirá de 2 mil 628 millones anuales. En el 2019 tan sólo se ha alcanzado el 36 por ciento, equivalente a 2.95 millones de alumnos. Al finalizar el sexenio se necesitará de 15 mil 768 millones de pesos para lograr la meta deseada y así haber incorporado a la educación pública superior a 600 mil estudiantes por año, aproximadamente. Ahora bien, si se agrega el rubro de innovación, investigación, ciencia y tecnología, lo programado, en términos financieros, sería una carga más al presupuesto y al plan sexenal de gobierno en turno. ¿Alcanzarían los recursos económicos para tales fines?

¿Masificación educativa y precariedad formativa?

La masificación educativa, especialmente en el nivel superior, no es un tema nuevo. A menos desde mitad del siglo pasado en Europa, se exploró la dinámica (Higher Education Massive Growth) de abrir de manera completa el ingreso a cualquier institución escolar pública.

En América Latina, la tendencia hacia la masificación, provino después de un proceso de democratización que vivió la región a principios de la década de 1980. Los gobiernos democráticos y populares que habían superado las dictaduras y oligarquías nacionales, se oponían a la emergencia del neoliberalismo educativo (privatización de la educación) promovido por los titanes de aquellos años (Margaret Thatcher, Ex Primera Ministra del Reino Unido y Ronald Reagan, Ex Presidente de los Estados Unidos). Los endebles gobiernos democráticos apostaron por políticas de bienestar universales para los ciudadanos en general. Los sistemas educativos, a través de la gratuidad, lograron universalizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los jóvenes a las universidades y politécnicas.

La expansión de la cobertura de la educación terciaria o superior continuó desde 1980 hasta casi el 2010. La experiencia lograda fue superar la educación elitista, luego masificarla (llegar al mayor número de personas posibles) y ahora, para estos años y los próximos, consolidarla a través de la universalización.

La mayoría de las personas, en su sano juicio, no se opondría a la gratuidad de los servicios educativos. Probablemente, existan voces contrarias que digan que la educación pública es una inversión estúpida que los gobiernos no deban atender. Esas voces dirían que el populacho no requiere educación, sino más bien trabajos, oficios.

Sin embargo, plantear la idea de masificación educativa en cuanto que recurso ideológico, pragmático-electoral o ingenuo, que no esté articulada de manera orgánica a un proyecto de nación factible, deseable y justo –en términos ético-constitucionales– y de desarrollo ciudadano, sería una falacia muy costosa (social, económica y políticamente).

El problema de la masificación consiste en no poner atención al proceso formativo ni tampoco los contenidos de la enseñanza. Utilizando una analogía, sería como una fábrica de pan malhecho, donde se hace mucho bolillo sucio, duro y sin ningún nutriente. Los procesos de enseñanza-aprendizaje han sido reducidos a formalismos, procedimientos, estrategias y objetivos meramente burocráticos (bancarios, como diría P. Freire), técnicos que vacían los contenidos cualitativos de dicho proceso. La LGE, corre ese riesgo, masifica pero no genera procesos formativos críticos, innovadores, responsables.

En los últimos años y haciendo un breve diagnóstico sobre los resultados de la masificación, en cuanto a las cualidades formativas de la enseñanza a nivel superior, ésta ha sido precaria en cuanto a los desarrollos de las capacidades y apropiación de los conocimientos de los egresados, a la limitada aplicación o transferencia de saberes en los terrenos de lo social, industrial, tecnológico. Así como también escasa conexión de las profesiones con los circuitos de la producción.

Otro hallazgo empírico ha sido el aumento de apoyos económicos o en especie (becas, computadoras, libros) para conservar la matrícula pero, paradójicamente los índices de deserción se incrementan. A mayor tendencia de la masificación educativa, las organizaciones estudiantiles críticas, propositivas, con alto sentido de responsabilidad social, han mermado. En cambio, han aparecido grupúsculos de alumnos que sólo saben gestionar sus intereses particulares.

Otra de las complejas derivaciones de la masificación de la matrícula y también de la expansión de los egresos ha sido la caída relativa del salario de los docentes y de los profesionales, lo que tiene variadas y complejas determinaciones. Por un lado, el egreso de los profesionales universitarios no guarda correlación con los niveles del mercado laboral (con sueldos y salarios decorosos o justos). En ese sentido, las escuelas del neoliberalismo fueron un fiasco, pues aunque también apoyaban la idea de una masificación gradual, el objetivo fue aspirar a desmantelar la educación pública.

Quizás la rebelión de las élites tecnócratas del país contra la educación pública y popular, estén logrando su victoria realizada por el Covid-19: pues la educación pública puede caer una vez más en un bache que seguramente aprovecharan los empresarios o el sector educativo privado para sacar ventajas particulares ante la situación compleja por la que atraviesa el país.

La LGE no tiene que prometer estrategias de universalidad o gratuidad educativa y en los hechos actúe como un programa vulgar de inspiración neoliberal. El prometer no empobrece, pero cuando no se cumple, el pueblo se decepciona. Decía Joseph Addison: “El hombre debe considerar siempre lo que tiene antes de lo que quiere; la infelicidad viene cuando la realidad no llega”, o bien, cuando la turbulencia pandémica eche abajo las buenas intenciones y coagule el fluir de las acciones institucionales.

Fuente: El autor escribe para OVE.

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