Por: Carmen Chinas *

La educación en México es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado.  Además de la necesidad de contar con educación gratuita, de calidad y al alcance de la población, uno de los mayores desafíos del país ha sido desarrollar un modelo educativo que corresponda con las necesidades formativas de una nación en la que prevalece la pobreza, exclusión y cuyo devenir histórico está inevitablemente marcado por un pasado de colonialismo que no sólo despojó las riquezas del territorio, sino que trató de acallar en las conciencias la lucha contra la opresión y por una vida digna en libertad.

La reforma constitucional en materia educativa más reciente fue en mayo de 2019 para incluir los principios de perspectiva de género, cultura de paz, inclusión e interculturalidad que refuerzan señalamientos que ya se encontraban en el mandato constitucional; como señalar que la educación contribuirá a una  mejor convivencia humana, el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitar los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de personas.

El Artículo Tercero también señala que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Si bien es cierto que los preceptos constitucionales del tercero constitucional no fueron modificados en su esencia, en las últimas décadas el modelo educativo nacional se orientó hacia un aprendizaje basado en competencias necesarias para el mercado laboral y necesidades individuales, dejando de lado el contenido vinculado a valores humanistas; se quedaron en segundo plano la enseñanza de la historia, el civismo o las artes.

Dicho modelo o reforma educativa impulsada bajo la lógica económica neoliberal no dio buenos resultados, México se situó en los últimos lugares de desempeño educativo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) permaneciendo más de 15 años en el último lugar. En todo ese tiempo tampoco se trabajó en implementar formas de convivencia en el aula que permitieran la resolución pacífica de conflictos, el diálogo, el respeto o la erradicación de la violencia escolar.

El debate suscitado con la propuesta de la “Nueva Escuela Mexicana” que apenas inicia su implementación, es una oportunidad para insistir sobre los propósitos fundamentales de la educación, considerarla como un medio para transformar vidas en sentido progresivo, un bien público y base para la realización de otros derechos y fundamental para lograr la paz considerando la inclusión, equidad e igualdad de género para lograr una educación transformadora, conclusiones que se desarrollaron en el Foro Mundial de Educación y que pueden consultarse en la Declaración de Inchéon (2015).

Los fundamentos desarrollados en la Nueva Escuela Mexicana (pensamiento crítico, interculturalidad, igualdad de género, cultura de paz), sugieren que es posible avanzar hacia un sistema educativo con una orientación humanista, ya que se considera la dignidad humana como eje central y apuesta a una visión plural, incluyente y participativa para lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos. La mirada de la nueva escuela tiene numerosas referencias al desarrollo de la vida en comunidad y considerar los saberes ancestrales de los pueblos originarios como parte de nuestra identidad.

Es necesario lograr la implementación de un modelo que atienda las necesidades, sí de profesionalización, pero esencialmente que convierta a la educación en esa herramienta fundamental de la transformación social, que contribuya a crear una sociedad con conciencia de su identidad y avanzar en la construcción de un país libre, independiente, democrático y justo, con respeto a la dignidad humana, desarrollar una cultura de paz y bienestar social.

Gran parte del desafío recae en el trabajo cotidiano de las maestras y maestros en las aulas, desde el nivel preescolar hasta el superior, pues los preceptos constitucionales que orientan la educación pueden quedar sólo en señalamientos generales sino se implementan en la cotidianidad de las aulas.

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Profesora universitaria, integrante del Centro de Justicia para la Paz (CEPAZ) del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) y del Cuerpo Académico UDG “Cultura de Paz y Participación Ciudadana”,  carmenchinas@gmail.com 

Fuente de la información e imagen:  https://www.zonadocs.mx