Todas las instituciones sociales segregan en mayor o menor grado, incluidas las escuelas. Desde ejemplos extremos, como Estados Unidos, hasta sociedades más igualitarias, como Finlandia, la procedencia social, la renta y la educación paterna determina la procedencia de tus compañeros de clase. Un niño hijo de padres pobres, con probabilidad, irá a la escuela con otros hijos de padres pobres. Y viceversa.
¿Hay que combatirlo? Según un reciente estudio (PDF), sí.
El ejemplo indio. El trabajo, realizado por el investigador Gautam Rao, analiza las relaciones sociales y los resultados académicos de diecisiete escuelas en Delhi, la India. En 2007 una ley del gobierno obligó a la mayoría de centros privados (y elitistas) a incluir cuotas de estudiantes pobres. Sin embargo, un porcentaje (el 4%) de los colegios quedó exento, y otro (6%) aplicó la norma un año más tarde.
Rao tenía dos grupos de controles para verificar sus resultados en función de las escuelas segregadas y por cohortes de edad.
Segregar, mala idea. ¿Qué resultados obtuvo? Por un lado, que la desegregación no tenía efectos en el rendimiento académico de los alumnos de clase alta. Sus notas bajaron algo en inglés, pero se mantuvieron en Lengua y Matemáticas. Por otro, que la mezcolanza de clases incentivó actitudes más «prosociales» entre los estudiantes ricos. Se mostraron más generosos en actividades de voluntariado social, entre otras.
No discriminación. Rao incluye una tercera lectura clave: los alumnos que compartieron aula con niños más pobres mostraron actitudes menos discriminatorias (les elegían en los equipos del recreo, pasaban más tiempo juntos y, como resultado, mantenían la relación fuera del colegio). Como resultado, había un intercambio social de arriba a abajo (y viceversa). El célebre networking que se labra desde pequeños, sólo que ahora transversal.
«La mezcla en los colegios tuvo efectos positivos en el comportamiento social de los estudiantes ricos» a un bajo coste académico, expone.
La tendencia. El estudio es un canto a la integración. Las tendencias en muchos países van a la contra, no obstante. En España la segregación escolar ha aumentado desde la crisis económica (un 13%, según Save The Children), colocándola a la cabeza de Europa (el sexto en la materia). En gran medida, su peso lo soportan los centros privados y concertados. La dinámica supone un freno a la movilidad social, y reduce las oportunidades de los alumnos pobres.
Muchos padres de clase acomodada temen que la mezcolanza social perjudique a las perspectivas académicas de sus hijos. El ejemplo de Delhi lo pone en cuestión.
No des por hecho que no das miedo. Tú también puedes ser percibido como una amenaza. Analiza el contexto y ponte en el lugar de las mujeres
Un grupo de expertos y hombres con voluntad feminista proponen y analizan qué hacer y qué no hacer. Son 12 medidas
Si en tu camino te toca andar detrás de una mujer que va sola en una calle o área aislada, cámbiate de acera e intenta adelantarla entrando en su campo visual. Si no es posible, adelántala rápido o detente y deja que se aleje
No mates, no violes, no agredas, no acoses, no amenaces, no insultes a nadie hoy. Y no insistas. Esta debería ser la única guía que tendrían que seguir al pie de la letra los hombres para acabar con la violencia machista. Ojalá no fuese necesario nada más; pero desgraciadamente no es así. Guías hay muchas, pero dirigidas a mujeres. Son enumeraciones de consejos sobre cómo minimizar los riesgos ante una posible agresión machista: caminar en grupo, por zonas iluminadas, pactar una palabra de seguridad con una amiga ante una situación de peligro, tener en el marcado rápido del móvil el número de la policía… Así, es fácil pensar que la responsabilidad de que no las violen y las maten es de ellas si no cumplen las recomendaciones de la guía; pero, ¿y los hombres?, ¿podemos hacer algo los hombres para minimizar la sensación de inseguridad, además de no matar, violar, agredir, acosar, amenazar, insultar e insistir?
Un grupo de expertos y ciudadanos con voluntad feminista proponen y analizan qué hacer y qué no hacer. Son 12 medidas.
1) Lo primero que hay tener en cuenta es una obviedad: no todas las mujeres son iguales y no a todas les incomoda lo mismo. Habla con amigas y con mujeres de tu familia sobre sus experiencias de acoso, miedo e intimidación. Es el primer paso para ponerte en su lugar, es decir, para empatizar.
2) Asume que, en determinados contextos, la mera presencia de un hombre ya puede ser percibida como una amenaza. ¿En qué contextos? En muchos. En una calle solitaria, en mitad del campo, en un ascensor, en una consulta médica, en una visita a domicilio. En general, en cualquier situación que suponga quedarse a solas con una mujer, aunque sea en un espacio público.
“Es muy duro el proceso de reconocer que ‘te pueden ver como a una amenaza’. Que perteneces a una mayoría opresora. Tú (yo), que nunca has hecho nada a nadie. Tú, que piensas que al estar solo en la calle con una mujer te partirías la cara por defenderla y en realidad aumentas su inseguridad con tu presencia… Una vez que comprendes eso y ‘pasas el duelo’ por ser hombre (en el contexto de que vivimos en una sociedad en la que regularmente hombres vejan -y matan- a mujeres por el hecho de ser mujeres) se vuelve más sencillo. Pero no es fácil”, señala el periodista y activista Stéphane M. Grueso.
Desde la asociación Masculinidades Beta (MMβ), Patricia Del Rosal, Iñaki Alastrué y Miguel Lázaro indican que los hombres suelen adoptar una “actitud defensiva” cuando se les hace ver que pueden ser percibidos como una amenaza. “Tenemos que dejar de quejarnos y empezar a reflexionar si estamos contribuyendo a que cambien las cosas”, afirman.
Afortunadamente, cada vez son más los hombres que se interrogan sobre estas cuestiones, sobre cómo “minimizar la sensación de amenaza”, en palabras de David Kaplún, secretario de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE). Ese debate está también cada vez más presente entre grupos de amigos y en redes sociales.
3) En cualquier situación de soledad junto a una mujer desconocida evita comunicar tu intención de ‘tranquilizar’. No te dirijas a la mujer con expresiones del tipo ‘no voy a hacerte nada’, o ‘tranquila’. Es obvio que estas palabras tendrán el efecto contrario. Simplemente, no te dirijas a ella. Ni con gestos, ni silbando ‘tranquilizadoramente’. “El hecho de que un hombre te ignore te hace sentir segura”, señala Patricia del Rosal, de MMβ.
«Anoche, salí del portal en el momento que subía por la calle una chica joven. Íbamos en la misma dirección y caminaba detrás de ella. Hasta que me di cuenta de que estaba acelerando el paso. Giré en la siguiente esquina. Nunca había sido consciente de que yo pudiera dar miedo.» (Twitt de @xavieraldekoa)
4) Si en tu camino te toca andar detrás de una mujer que va sola en una calle o área aislada, cámbiate de acera e intenta adelantarla entrando en su campo visual. Si no es posible, adelántala rápido o detente y deja que se aleje. O bien elige una ruta alternativa. A estas alturas ya habrás entendido que se trata de que no camines detrás de una mujer, ni cerca de ella (aunque vayas por delante). Da igual si es de día o de noche. Evidentemente de noche la sensación de amenaza se acrecienta; pero de día también existe.
“Si estoy en un parking de noche y coincido con una mujer, también me hago visible enseguida. E incluso alguna vez he sacado el móvil y he fingido una conversación para que me oyera la voz y se quedara tranquila. Eso solo lo hice una vez porque la chica con la que coincidí parecía un poco nerviosa con mi presencia”, apunta Manuel C., publicista.
5) Si vas en grupo con otros hombres caminando detrás de una mujer que va sola en una calle o área aislada, deteneos y esperad hasta que se aleje y la perdáis de vista. Además, evita los gritos y los cánticos de cualquier tipo. “No sólo intimida nuestra presencia, también intimida nuestra voz, por lo tanto, sé consciente del volumen en el que hablas cuando usas el espacio público”, indican desde la AHIGE
6) Acompañar o no acompañar. “Si conoces a la chica, no des por sentado que se sentirá más segura si va contigo, en caso de que hagáis un recorrido similar, pregúntale si quiere que la acompañes”, señala David Kaplún. Es importante no insistir, respetar su voluntad. “La caballerosidad no es lo mismo que tener educación”, apunta Patricia del Rosal.
7) El ascensor. Desde MMβ recomiendan distinguir si es un ascensor de trabajo, si el de la propia casa, si es un edificio concurrido… En general, si una mujer y tú estáis esperando un ascensor y vais a subir solos, opta con naturalidad por la escalera (como si lo hicieses habitualmente) o deja que suba ella sola primero. Si varias personas vais en un ascensor y ves que se bajan todas menos una mujer, no la escrutes cuando os quedéis solos. Mira el móvil. Métete en tus asuntos. Si una mujer y tú vais a subir unas escaleras, sube tú primero.
“La mirada es importante. Los hombres tenemos el privilegio de escudriñar, de escrutar, de mirar de arriba abajo. Esto es intimidatorio y hay mujeres que pueden sufrirlo decenas de veces al día”, señala Miguel Lázaro.
«Voy a contar algo. Una noche regresaba tarde a casa. Era en Madrid, a esas horas de pocos taxis y mucha borrachera. Iba solo y de repente noté unos pasos detrás de mí. El pulso se me aceleró. Es la reacción innata ante la señal de alarma, el posible peligro.
8) En un vagón de tren o metro vacíos, en un andén o en una estación vacíos, sitúate lo más lejos posible de ella. Si os toca bajaros en el mismo sitio, quédate en el andén durante unos minutos, hasta que ella se haya ido. Stéphane M. Grueso apunta: “Si voy solo con una mujer en un vagón de metro o algo así me muestro tranquilo y reservado”.
9) El ocio, salir de fiesta, ligar: Desde MMβ proponen reinterpretar el ocio masculino. Las dinámicas masculinas suelen girar en torno al hecho de ‘salir a ligar’. Esa no es necesariamente la dinámica femenina. “Muchas chicas salen simplemente para pasarlo bien, con sus amigas, amigos o con quien sea”, señalan desde esta asociación. Los hombres tenemos que plantearnos ante todo “no molestar”.
10) El cortejo, el rechazo: No piropees a las mujeres, especialmente a desconocidas, ni comentes su indumentaria. Aunque consideres que es un comentario elogioso. No existe el ‘derecho a elogiar’. Sí existe el derecho a la seguridad, y a la sensación de seguridad. Además de la mirada cosificadora que ya hemos comentado, otra actitud masculina que genera miedo es el no saber aceptar un ‘no’ por respuesta.
“Los hombres tienen que aprender a aceptar el rechazo y cuestionarse por qué a veces incluso erotizan el rechazo e incluso el miedo de una mujer”, señala Patricia Del Rosal. “En general, a nosotras se nos baja el deseo cuando un hombre pasa de nosotras, a ellos les ocurre al revés”, añade. “Lo aconsejable es erotizar el consentimiento (es decir, el deseo), y no erotizar ni la intimidación, ni el rechazo, ni la conquista”. Esta experta hace hincapié en la necesidad de que los hombres no insistamos cuando recibimos una negativa. “Parece que insistir no es violento, porque son solo palabras, pero sí lo es. Hay un lema feminista famoso: ‘insistir es acosar y acosar es agredir”.
Pregúntate por qué nunca escrutas o intentas ligar con una chica que va acompañada de un hombre. Pregúntate cómo te comportas en presencia de otro hombre y por qué. En la misma línea, pregúntate por qué no haces ciertos comentarios cuando hay una mujer delante.
11) Si ves que un hombre está molestando a una mujer, desde MMβ recomiendan intervenir. Una opción es distraer al acosador. Preguntarle algo para despistarlo y darle a la mujer la oportunidad de irse. Los hombres debemos posicionarnos frente a otros hombres. “Hay que romper el pacto tácito entre machos sobre cómo comportarse con la mujeres”, apunta Iñaki Alastrué.
12) Grupos de Whatsapp. Este posicionamiento tiene que hacerse también en los grupos de Whatsapp donde hay comentarios machistas, cosificadores, denigrantes e incluso amenazantes hacia las mujeres. “Los hombres feministas debemos incomodar a nuestros pares”, apunta Miguel Lázaro. “A veces en esos grupos se produce el ‘efecto espectador’: hombres que no están de acuerdo con lo que leen pero no dicen nada”. Es importante llamar la atención, porque eso puede animar a otros hombres de ese grupo a expresarse. Llegado el caso incluso es bueno abandonar el grupo. “Cuando no te posicionas eres cómplice. Hay que pedir responsabilidad a otros hombres sobre su propio comportamiento”, señalan desde MMβ.
En resumen y con independencia del contexto: piensa si en la situación en la que estás puedes ser percibido como una amenaza y, en caso afirmativo, haz que esa situación no se prolongue. Y otra cosa: suscita este debate entre tus amigos y en tu entorno laboral.
Por: Marco Antonio Fernández y Laura Noemí Herrera
Animal Político
Es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción.
Si las condiciones educativas terminan definiendo el destino de un país, las nuestras nos están condenando. Pese a reconocer que todos los mexicanos tienen el derecho a la educación, el acceso a la escuela aún sigue condicionado por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, el 36% de los niños que nacieron en una comunidad rural no asiste a la escuela, lo mismo sucede con 36% de los niños indígenas, el 44% que tiene una discapacidad o el 85% que son hijos de jornaleros agrícolas (INEE, 2018). No sólo eso, de los 14 millones de estudiantes que están en la primaria, 6 de cada 10 egresarán con grandes deficiencias en matemáticas y español, rezagándose tres años respecto a los alumnos de sistemas educativos con mejor desempeño como Corea del Sur o Finlandia (OCDE, 2016). Probablemente sólo 7 de cada 10 lleguen a media superior y sólo 5 la concluyan. Otros 3 ingresarán a la universidad, pero sólo 2 concluirán. Al terminar sus estudios, todos se enfrentarán al reto de insertarse al mercado laboral, pero pocos contarán con las habilidades necesarias para hacerlo exitosamente.
Este es el panorama actual de la educación en México que el nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscará atender con un nuevo proyecto educativo que promete, ahora sí, hacer valer el derecho de todos los mexicanos a la educación desde preescolar hasta educación superior. Equidad y calidad serán los principios que regirán las políticas educativas de la nueva administración federal. Becas universales, atención prioritaria a los más pobres, construcción de 100 universidades públicas y un programa para la capacitación de los jóvenes, destacan como propuestas emblema en el documento entregado en Cámara de Diputados el pasado 12 de diciembre. A ellas se suma la promesa central de revalorizar al magisterio, para lo cual se propone eliminar cualquier consecuencia laboral a la evaluación de su desempeño y derogar al hasta ahora autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), considerado como instancia cómplice en la política de desprestigio docente que, según las nuevas autoridades educativas federales caracterizó a sus predecesores en su labor de la implementación de una reforma, a la que no le reconocen valor educativo, sino simplemente administrativo-laboral.
Similar a lo que ocurrió con las últimas cuatro reformas educativas, los objetivos que se pretenden alcanzar no son muy distintos: excelencia educativa, con educación incluyente y con equidad de oportunidades. Sin embargo, ningún detalle de los cómos, para ahora sí cumplir con dichas metas, está retratado ni en la exposición de motivos ni en el texto constitucional propuesto, quizá dejando esas particularidades para su incorporación posterior a la legislación secundaria que se discuta en caso de ser aprobada la reforma constitucional propuesta. Parecen ser pocas las estrategias educativas de la administración anterior que sobrevivirán el cambio sexenal. Hay, no obstante, eliminación de aspectos muy relevantes del marco jurídico vigente que podrían significar un retroceso educativo.
De manera preocupante destacan 1) la eliminación del Servicio Profesional Docente y 2) la desaparición del INEE, aspectos que reflejan una profunda motivación política más que una estrategia de mejora educativa. En primer lugar, uno de los logros de la reforma que se pretende derogar es quitar los cimientos constitucionales a las reglas de ingreso y ascenso para el desarrollo de la carrera profesional de los docentes, en el que el mérito antes que las conexiones, herencia o prácticas de corrupción marquen la posibilidad de que los docentes avancen en su carrera dentro del magisterio.
Hoy el artículo tercero constitucional establece que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Además, se elimina la garantía constitucional para evitar que todo ingreso y ascenso que no sea a partir de los concursos de oposición sea considerado nulo. Todo esto desaparece en la propuesta del presidente López Obrador para ser sustituido por la mención a un Servicio de Carrera Profesional del Magisterio a cargo de la federación, cuyos detalles serán definidos por la ley secundaria.
Asimismo, se propone derogar la Ley del Servicio Profesional Docente. Peor aún, en los artículos tercero y séptimo transitorios se contempla que, en tanto se apruebe la nueva legislación secundaria (dentro de 6 meses, una vez aprobada la reforma constitucional), quedarán suspendidos todos los mecanismos de evaluación docente para ingresar o promocionarse en el servicio profesional docente. Lo mismo ocurre con cualquier efecto en la permanencia del empleo de las evaluaciones magisteriales realizadas con anterioridad.
Si bien se reconoce la necesidad de replantear los efectos laborales de la evaluación del desempeño de los docentes –dada la importancia de mejorar los instrumentos de evaluación y sobre todo la calidad de los cursos de capacitación y las tutorías a los maestros con base en los resultados de sus evaluaciones- es necesario advertir de las consecuencias negativas para la operación del sistema educativo al suspender todas las evaluaciones de ingreso y ascenso en el servicio docente.
¿Qué sucederá con los miles de maestros que se evaluaron en agosto pasado para aspirar a una posición de director, supervisor o asesor técnico pedagógico tanto en la educación básica como en la educación media superior? Sus resultados son válidos por un año de acuerdo al marco vigente, lo que les permitiría a los mejores aspirantes, con base en el orden de prelación de sus evaluaciones, obtener la posición directiva por la que concursaron. A quienes obtuvieron estos mejores resultados, ¿simplemente se les dirá que ya no cuenta su esfuerzo para aspirar a una mejor posición en el servicio profesional y por ende no podrán hacerse acreedores a sus nuevas posiciones de dirección? ¿Cómo se plantea nombrar a los directores de primarias, secundarias, preparatorias, etc. en los planteles en que dichas posiciones han quedado vacantes por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncias, etc.? ¿Qué pasará con las plazas vacantes de supervisores y asesores técnico pedagógicos?¿Qué sucederá en el caso de los directores de preparatorias y demás planteles de educación media superior que se evaluaron en noviembre para ver si pueden seguir en su puesto directivo o si necesitan ser sustituidos por nuevos directores? En el sistema educativo hay un ciclo normal de jubilaciones que se acelera hacia finales de año, por lo que en enero tiene que sustituirse al personal directivo y magisterial que haya dejado sus puestos en estas últimas semanas. ¿Cómo se cubrirán las miles de plazas vacantes todo el próximo año mientras se aprueba el nuevo marco jurídico secundario, lo cual, puede suceder hasta agosto-septiembre del próximo año?
¿Qué mecanismo se pretende implementar si está suspendido absolutamente toda evaluación con estos propósitos? El nuevo líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, tiene claro cómo llenar estas necesidades de plazas docentes y directivas: mediante la exigencia de que se le otorgue el 50% de las plazas vacantes al sindicato, para que éste las reparta a sus miembros (familiares e hijos), tal y como lo hacía antes de la reforma que se pretende derogar (aquí el video con sus afirmaciones). Hasta ahora ni el presidente López Obrador ni Esteban Moctezuma han refutado la aspiración del nuevo liderazgo magisterial.
En segundo lugar, en el caso del INEE, la iniciativa menciona que al instituto se le “percibió como un instrumento persecutor del magisterio”, sin que los promotores del documento den prueba alguna de dicha afirmación, pero afirmando que esto es motivo suficiente para su cancelación. La desaparición del INEE, también resulta uno de los retrocesos más profundos para nuestro sistema educativo, al intentar acabar con el trabajo de 15 años en los que se ha buscado construir un órgano que sirva como contrapeso a las acciones tomadas por las autoridades educativas federal y de los estados. Recordemos aquellos actos en que las autoridades en la materia, por limitaciones técnicas y políticas, no fueron capaces de brindarnos información objetiva, confiable y pertinente del estado de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, tres años atrás, carecíamos de un diagnóstico de las condiciones en las que estudian los niños de comunidades indígenas o que pertenecen a familias jornaleras, información que hoy conocemos gracias al impulso que el INEE dio al estudio de la desigualdad del sistema educativo nacional. De forma similar, un estudio independiente realizado por el instituto señaló las limitaciones en la ejecución del programa de mejora de infraestructura educativa implementado por la autoridad educativa federal y de los estados en el sexenio anterior.
Sin duda alguna hay aspectos fundamentales que el INEE tiene que mejorar y así lo hemos manifestado públicamente tanto en su Consejo Social como en distintos foros académicos y en los medios de comunicación. Muchos de los indicadores educativos novedosos como el de egreso oportuno o las implicaciones de las evaluaciones a estudiantes mediante la prueba PLANEA tienen que ser mucho más accesibles y útiles a maestros, directores y padres de familia. Las directrices que el instituto ha realizado en distintos ámbitos educativos como las de las normales y las correspondientes a educación media superior tienen que tener un seguimiento puntual en las entidades, para saber cómo las autoridades las adaptan a las políticas educativas para mejorar los resultados en esta materia.
No obstante, la iniciativa en vez de enfocarse en cómo mejorar lo avanzado y corregir las omisiones del instituto, promueve su desaparición para sustituirlo con un nuevo organismos denominado Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua, al cual se le quita de su autonomía constitucional y se le regresa al ámbito de su dependencia federal en la Secretaría de Educación Pública. Se promete un consejo consultivo integrado por 7 miembros (académicos, docentes, especialistas, padres de familia entre otros) pero todos nombrados por la SEP sin consulta alguna al Senado como ocurre actualmente con la junta directiva del INEE, nombrada por mayoría de los senadores.
Se antoja complicado, por decir lo menos, que un centro dependiente de la SEP pueda ser capaz de señalar críticamente las fallas de implementación del proyecto educativo de la administración en turno. Por ejemplo, en las directrices de educación media superior el INEE encontró problemas en la forma en que las becas fueron distribuidas por las autoridades educativas y planteó propuestas para mejorar su focalización, de forma que se apoye realmente a quien más lo requiere y así evitar la duplicación y mal uso de su presupuesto (INEE 2017). Para el nuevo gobierno, el sistema de becas es fundamental. ¿Podrá un centro como el planteado por la propuesta presidencial asumir una postura de evaluación crítica propositiva en caso de que la SEP falle en la distribución de los recursos en dicho programa?
De igual forma la propuesta presidencial reconoce la necesidad de la formación de los docentes como una política fundamental para garantizar el desarrollo de los mejores profesores frente a grupo. Sin embargo, este anuncio no es novedoso, pues las cuatro reformas previas hicieron promesas similares. Los resultados de los programas de capacitación docentes son cuestionables hasta ahora. Existen dudas sobre su calidad, pertinencia y eficacia para atender las necesidades de los maestros, en particular en educación básica. ¿Qué lecciones se han obtenido de las fallas en esta materia para que la nueva estrategia de formación realmente cumpla con la promesa de capacitar correctamente a los maestros de las escuelas públicas del país?
A través de los programas anteriores de formación y capacitación docente se ha logrado que hoy 90% de los maestros en planteles públicos tengan estudios de licenciatura o posgrado. Incluso 9 de cada 10 docentes dedica en promedio 80 días de un ciclo escolar a capacitarse (el doble del tiempo de sus pares en otros países de la OCDE). Sin embargo, pese a estos números aún no tenemos cambios importantes en los aprendizajes de nuestros alumnos: con base en los resultados de la prueba PISA nuestros jóvenes mejoran en promedio cada año 2.7 puntos en matemáticas y 1.1 puntos en lenguaje y comunicación. Un ritmo bastante lento, si se comparan los avances observados en Colombia, Perú o Chile, países con condiciones similares de desarrollo a las nuestras. A esto agreguemos que, pese al tiempo que dedican a capacitarse, 1 de cada 5 docentes declara no sentirse preparado en el contenido de la materia que enseña y 1 de cada 7 profesores, sienta falta de preparación en el aspecto pedagógico (OCDE 2014, BID 2016, INEE 2018).
Si bien el elemento docente no es el único factor detrás de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sí es un factor fundamental y para ello, brindarles formación y capacitación que les permita poder tener un desempeño pedagógico eficaz en el aula es fundamental. Lamentablemente el país está aún en deuda con el magisterio en este rubro, por lo que es fundamental que las nuevas autoridades respondan a la brevedad ¿Qué aprendizajes se obtuvieron de las fallas en la formación docente brindada por la reforma que se busca derogar, para que ahora el nuevo centro de revaloración del magisterio brinde cursos útiles de calidad que realmente tengan un impacto en el desempeño de nuestros docentes frente a las aulas del país? (Es preciso señalar que a dicho centro se le asigna además de la función de la evaluación de la política educativa, la de la formación docente).
A las dudas planteadas hay que sumar la de la viabilidad de hacer universal el derecho al acceso a la educación superior como plantea la propuesta gubernamental. El país enfrentará múltiples retos en este rubro, cuya promesa es más fácil incorporar a la constitución que brindar los elementos necesarios para hacerla una realidad. Baste recordar que desde 1992 el país incorporó al artículo tercero constitucional el derecho universal a la educación secundaria, pero 26 años después al menos 1 de cada 5 jóvenes mexicanos no cursa este nivel educativo. Lo mismo ocurre en preescolar y media superior, derechos reconocidos en 2000 y 2012 respectivamente, aunque en 2018 tan sólo se tiene 73% y 62% de cobertura neta.
Como lo han señalado nuestros colegas de Mexicanos Primero, preocupa, además, que el derecho a la primera infancia sea omitido de la constitución, lo cual es un contrasentido dado el énfasis en la igualdad que la iniciativa presidencial dice promover. Distintas investigaciones han demostrado que la educación temprana –que se brinda entre los 0 y 3 años de edad, tiene un impacto fundamental en el desarrollo educativo del futuro de los estudiantes. En esta edad más de la mitad de las conexiones sinápticas que permiten a las personas pensar, ver, escuchar y hablar se conforman. Es la edad en que el cerebro humano es más receptivo. Además, los estudios sugieren que la inversión en esta formación educativa arroja retornos sociales muy altos, superiores a la observada en inversión en otros niveles educativos (Heckman, 2012, 2013; Chia, et al, 2017). Por ende, ¿cuál es el argumento de eliminar dicho precepto del marco constitucional?
Consistente con las promesas redistributivas del nuevo gobierno, en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial destaca la necesidad de atender las desigualdades educativas, de forma que la educación sí sea un instrumento eficaz para abatir las brechas sociales y pueda ser el vehículo de movilidad social por excelencia. Como lo ha demostrado el Centro Espinosa Yglesias hasta ahora la educación no ha servido para impulsar la movilidad social en nuestro país (CEEY 2018). Si bien, se tendrá que analizar con mayor detenimiento en trabajos posteriores, es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción. Sabemos por el INEE y otros estudios de especialistas y académicos, que las autoridades no han focalizado correctamente la inversión educativa para atender a los alumnos más pobres y a los estados con mayor marginación. En México difícilmente rompemos las trampas de la pobreza a través de la educación. Por ejemplo, invertimos 2 veces más recursos en un alumno pobre que vive en una entidad con menor marginación como Baja California que en un estudiante en la pobreza que vive en Chiapas (ver gráfico).
Fuente: Elaboración del autor con información obtenida de la SEP.
¿Qué esquemas compensatorios se desarrollarán eventualmente en el marco jurídico y se derivarán en políticas educativas focalizadas y redistributivas? Pregunta esencial de cara a la promesa de equidad con aprendizaje de excelencia e inclusión que promueve la iniciativa presidencial. Se habla de la importancia de brindar educación bilingüe a los alumnos indígenas, pero hoy hay al menos 724 mil niños indígenas que acuden a planteles en los que el profesor no habla su idioma.
El tamaño de los retos educativos que enfrenta el país difícilmente pueden atenderse si otra vez las nuevas autoridades, como lo han hecho varios de sus predecesores, pretenden reinventar la rueda educativa y construir políticas prácticamente desde cero y con nulo aprendizaje de las experiencias fallidas y exitosas de lo realizado en materia educativa tanto en México como en el ámbito internacional. Lamentablemente el desprecio por el uso de la evidencia como guía de la política pública ha sido muy oneroso para nuestros estudiantes. Vendrán semanas de intensos debates, en las que esperemos se privilegie la discusión informada, debates en los que se tendrá que hacer el máximo esfuerzo por acotar lo más posible la politización del discurso educativo.
Los derechos a condiciones dignas de trabajo del magisterio, para que puedan a partir de su buena formación, aspirar a desarrollar su carrera como docentes y en la que el mérito de su trabajo sea el motor de su crecimiento, deben prevalecer sobre distorsiones a derechos malentendidos de herencia o control de plazas magisteriales. Los trajes que supuestamente se buscó desarrollar a la medida de las necesidades magisteriales deben ser revisados sustantivamente, de forma que la autoridad pueda dar cuenta de la calidad de la oferta de capacitación que brinda a los docentes. Sin embargo, al centro de esta discusión debe prevalecer la preocupación central de brindar una educación de calidad a los niños y jóvenes que les permita su desarrollo como ciudadanos activos, críticos y responsables. Una educación que debe corregir tanto las omisiones y deficiencias de los aprendizajes del siglo XX al tiempo que permita que, mediante una fuerza magisterial de excelencia, abordar eficazmente las habilidades requeridas en el siglo XXI.
Pensar que es posible el borrón y cuenta nueva, máxime que se están observando en el mundo los efectos laborales del cambio tecnológico y su demanda por mejores habilidades educativas en los individuos, sería un error que terminaría por minar sustantivamente los esfuerzos para brindar la equidad de oportunidades con excelencia que requieren todos los estudiantes mexicanos, pero en particular sería muy costosa para aquellos provenientes de los sectores menos favorecidos a los que reconoce como prioridad el presidente López Obrador.
* Marco Antonio Fernández es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno e investigador asociado de México Evalúa. Laura Noemí Herrera es investigadora en @mexevalua.
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——– (2016). Resultados de PISA en México, 2015. México
Nota de edición: El modelo corporativo privado es el dominante en las plataformas digitales. Un reciente estudio de la Universidad de Oxford constata evidencias de manipulación formalmente organizada de las redes sociales en 48 países de todos los continentes. * A medida que el uso de las redes sociales digitales (RSD) va representando un espacio creciente en el escenario comunicacional, desde lo mediático hasta lo publicitario, pasando por lo interpersonal, resulta cada vez más complejo apreciar su alcance e impacto en cómo nos informamos, de qué fuentes, de qué maneras nos comunicamos y compartimos contenidos y con quiénes.
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Uno de los elementos centrales que incide en cómo se dan estos cambios es el modelo corporativo privado dominante en las plataformas digitales. Ese modelo de desarrollo de Internet y las tecnologías digitales no era el único posible. Por un lado, hubo grandes inversiones públicas para desarrollar la tecnología, que luego se entregó al sector privado para su usufructo. Por otro, las interfaces de intercambio en línea nacieron mucho antes de las plataformas de redes sociales y fueron parte de Internet desde sus inicios, por lo general en espacios creados y autogestionados por los usuarios/as, como, por ejemplo, las listas electrónicas temáticas, los murales (“ bulletin boards ”), los grupos de noticias ( newsgroups) , o las bases de datos de acceso abierto.
La entrada en escena, hacia inicios de este siglo, de la llamada Web 2.0 -cuyo discurso promocional habla de “descentralización radical, confianza radical, participación… experiencia de usuario, control de la información de cada uno…”– coincide con las grandes inversiones de capitales en las nuevas empresas tecnológicas de Silicon Valley y –luego del estallido de la burbuja bursátil de los “punto.com”– la necesidad de buscar formas de rentabilizarlas, lo que no parecía tan fácil en un ámbito donde los contenidos se comparten libremente.
Con las redes sociales digitales, que habían comenzado a aparecer en la última década del siglo pasado, las empresas encuentran una solución: crear plataformas donde las personas se interconecten, compartan contenidos y generen datos, a partir de los cuales crean perfiles de cada usuario que, a su vez, se venden a anunciantes. La lógica que se impone implica que, a mayor uso de la plataforma, más usuarios acuden, más datos se acumulan, más ventas se generan. Por lo mismo, se crean espacios cercados para que los usuarios no salgan de la plataforma sino que realicen la mayor parte de sus actividades en línea dentro de la misma. Por ello, en muchas redes sociales empresariales, solo se puede intercambiar con quienes tienen una cuenta en la misma red, hecho que va en contra del espíritu con que nació Internet, como protocolo que permite intercomunicar entre todas las plataformas.
Estas prácticas se prestan a la conformación de “monopolios naturales” debido al “efecto red”: es decir, los usuarios optan de preferencia por las redes digitales más concurridas, donde están sus amistades, clientes, temas de interés. Estas hoy se llaman YouTube, Facebook, Twitter, Instagram… cuyo poder es tal que van eliminando o absorbiendo la competencia.
La trampa de los algoritmos
Desde la lógica de la rentabilidad, lo que los usuarios hacen en la plataforma importa poco, con que la sigan alimentando con sus datos, generando tráfico y consumiendo publicidad. De hecho, son los propios usuarios que dan sentido, contenido y orientación a los usos predominantes de cada plataforma.
Con el pretexto de mejorar la experiencia para sus usuarios, las empresas desarrollan algoritmos (o sea, conjuntos de instrucciones o reglas computacionales que permiten llevar a cabo una serie de operaciones) cuyas funciones incluyen determinar lo que será visible –o no– para cada usuario, supuestamente en función de sus intereses identificados, pero muchas veces incorporando otros criterios orientados a vender más publicidad o incluso a motivar niveles de adicción al uso constante de la red y comportamientos compulsivos.
Se ha constatado, por ejemplo, que las emociones negativas conllevan a tendencias de acción en línea más fuertes que las emociones positivas; por lo tanto, ciertos algoritmos terminan priorizando aquellos contenidos que provocan reacciones de ira u odio en el usuario. También, cuando un usuario muestra interés en contenidos con posiciones político-sociales extremistas, el algoritmo le ofrece nuevos contenidos aún más extremos. Con ello, estos sistemas contribuyen a radicalizar posturas y a agudizar antagonismos existentes en la sociedad, al punto que, en contextos de fuerte conflictividad, han llegado a catalizar acciones colectivas (offline) de violencia física e incluso casos de linchamiento. Como consecuencia, se estrecha el espacio para el debate político y la confrontación de ideas, programas, tesis y la búsqueda de consensos mínimos entre puntos de visto divergentes que son fundamentales para la convivencia democrática.
A ello se añade el constante acoso al usuario para que no se desconecte, que siga consumiendo contenidos y alimentando su perfil. Snapchat, por ejemplo, una de las redes preferidas por la juventud, donde las fotos duran un tiempo limitado, incita al usuario a estar permanentemente conectado: que no se vaya a perder algo que los panas han posteado o han visto. Tiene incluso un sistema de puntaje que penaliza a quien se desconecta. Así se tiende a generar niveles de adicción y dependencia.
Poco conscientes del poder de estos algoritmos, por lo general usamos acríticamente las plataformas de RSD, confiando en empresas que no rinden cuentas ante nadie, dejando que influyan, con algoritmos opacos, en las relaciones que formamos, en la información que consumimos, en las audiencias a las que llegamos, en quien conoce sobre nuestra vida privada, e incluso en por quien votamos.
¿Se agota el actual modelo de RSD?
Los recientes escándalos sobre la proliferación de noticias falsas, la falta de ética y transparencia, el abuso de datos personales y la injerencia en procesos electorales han comenzado, sin embargo, a socavar esta confianza.
Los escándalos cada vez más frecuentes en torno a los abusos de ciertas plataformas, particularmente explotando datos personales, han sido uno de los catalizadores que han terminado generando una reacción negativa. El público usuario comienza a sentirse utilizado, ve vulnerada su privacidad, se da cuenta que no controla qué contenidos puede ver ni quiénes ven los contenidos que coloca, o se siente hastiado con la publicidad. Como resultado, cada vez más usuarios deciden cerrar sus cuentas en ciertas RSD o migran a otra plataforma que parece ofrecer mejores garantías. Facebook ha sido una de las redes más afectadas por tales escándalos.
Un estudio reciente registra por primera vez un descenso en el número de usuarios en algunas RSD (Twitter y Snapchat), en el segundo trimestre de este año, y crecimiento casi estático en otras (como Facebook, que perdió, además, un millón de usuarios en Europa). Ello evidencia, tal vez, lo efímero que puede ser una plataforma u otra, más no el sistema en sí, pues son las mismas empresas transnacionales que están creando las plataformas alternativas a las que migran la mayoría de usuarios. La juventud, en particular, está migrando de preferencia a plataformas gráficas como Instagram (Facebook) o Youtube (Google); y muchos usuarios prefieren usar plataformas de mensajería con encriptación para compartir información, como Whatsapp (Facebook).
Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de sistemas de mensajería como Whatsapp, ha costado a las empresas encontrar un modelo que permita monetizar su uso de la misma manera que las RSD, ya que responden a otras lógicas. De hecho Facebook ha anunciado hace poco que a partir de 2019, introducirá publicidad en Whatsapp; ello podría comprometer la privacidad de las comunicaciones, ya que se ha revelado que la empresa planea extraer palabras clave de los mensajes (supuestamente cifrados) para orientar la publicidad. Queda por ver cuantos usuarios terminen migrando de Whatsapp a algún otro sistema de mensajería. Vale destacar, también, que con respecto al uso de las redes sociales en la política, la migración a mensajería implica que no se puede evaluar públicamente el uso ni impacto de estos sistemas para difundir noticias falsas o mensajes de odio, ya que son mensajes privados.
Entonces, en el fondo se plantea la pregunta de si la solución pasa por mudar cada vez de plataforma comercial para esquivar los inconvenientes, o si es más bien el actual modelo comercial en sí que plantea un serio problema, no solo en términos individuales, sino para la sociedad y la democracia misma.
En este contexto, las redes sociales libres presentan una alternativa interesante (ver el artículo de Miguel Guardado en la edición 536 de América Latina en Movimiento), especialmente para proteger las interacciones privadas y dinámicas internas de organizaciones o comunidades, donde es clave mantener el control y garantizar privacidad; pero también, cada vez más, se están convirtiendo en espacios de difusión pública alternativa.
Un espacio de disputa política
En todo caso, en la realidad actual, quienes actúan en los ámbitos mediático, político, social o cultural difícilmente pueden hacer caso omiso de las RSD comerciales más concurridas. Nos guste o no, ya ocupan un lugar cada vez más central en la vida pública y como tal constituyen un espacio de disputa para interactuar con públicos amplios.
De hecho, numerosos actores sociales, sectores organizados, medios alternativos o artistas han convertido a las RSD comerciales en espacios que potencian la organización y la resistencia. Al apropiarse de estos canales de difusión e intercambio, han podido convocar movilizaciones con un alcance mucho mayor que con métodos anteriores, compartir creatividad, opiniones y versiones de la realidad excluidas de los medios hegemónicos, amplificarlas mediante procesos virales, o generar nuevas expresiones culturales. La tecnopolítica y la tecnocultura ya son parte de la nueva realidad, particularmente entre la juventud, y desbordan los parámetros fijados por los dueños de las plataformas, generando formas organizativas y comunicacionales novedosas, que fluyen entre el mundo online y offline .
Toda vez, para tener una participación efectiva en esta disputa, es importante entender que es un terreno minado, sembrado de algoritmos opacos que responden a intereses particulares, por lo que se requiere actuar con cautela y con entendimiento de las lógicas que allí operan. Entre ellas, podemos mencionar la facilidad con que se reparten rumores y noticias falsas, y la dificultad de identificar sus fuentes; la limitación que implica reducir el pensamiento e ideas complejas al tamaño de un tuit de 280 caracteres; y también la tendencia de los algoritmos a exacerbar la polarización de opiniones, al dar a los usuarios más de lo que les “gusta”. También es importante entender que los sectores de poder ya tienen todo un arsenal desarrollado, con fuertes inversiones, para imponerse en esta disputa.
Justamente, un reciente estudio de la Universidad de Oxford, constata evidencias de manipulación formalmente organizada de las redes sociales en 48 países de todos los continentes, (20 más que lo constatado el año anterior), principalmente bajo la forma de campañas de desinformación en períodos preelectorales. Esta manipulación es practicada principalmente por parte de agencias gubernamentales o partidos políticos, y apunta, entre otros: a crear y amplificar discursos de odio o difamación personal o grupal; generar narrativas e información falsa; desviar la atención temática; recolectar datos en forma ilegal; o minar procesos democráticos, censurando contra-narrativas. Existen, además, numerosas empresas consultoras especializadas en estas prácticas.
Las recientes elecciones en Brasil ponen en evidencia, nuevamente, la gravedad de esta manipulación para el futuro de nuestras democracias. Se ha denunciado que la campaña electoral de Jair Bolsonaro en Brasil ha contratado líneas telefónicas en el exterior del país para encaminar mensajes que se propagan a través de un sinfín de grupos Whatsapp, alcanzando decenas de millones de brasileños con mentiras y mensajes de odio contra el PT, que han calado en la conciencia popular.
Entonces, es un serio reto para actores sociopolíticos que luchan por la democracia y la justicia social pensar cómo enfrentar y contrarrestar estas manipulaciones, evitando caer en los mismos procedimientos cuestionables.
¿Se debe legislar sobre las RSD?
Ante la evidencia que ha salido a la luz pública sobre el alcance de tales prácticas, particularmente a raíz del escándalo de Cambridge Analytica/Facebook y su injerencia en las elecciones estadounidenses con datos obtenidos ilegítimamente, los legisladores de ese y otros países han comenzado a reconocer la necesidad de regular la práctica de las plataformas digitales. El problema es que las propuestas que plantean a veces podrían resultar peores que el problema en sí.
Una cosa es la necesidad de regular lo que las empresas pueden y no deben hacer con los datos personales y en qué casos se requiere de la autorización de la persona concernida. Otra cosa es regular lo que los individuos pueden o no hacer en Internet, más allá de lo que ya está estipulado en las leyes nacionales y normas internacionales referidas a los derechos humanos y la libertad de expresión.
Asimismo, preocupan las (falsas) soluciones que están proponiendo las mismas empresas para combatir el fake news , cuando se otorgan arbitrariamente el poder de censurar mensajes y fuentes según sus propios criterios; o pactan acuerdos con supuestas “agencias de chequeo de noticias” para que revisen la “veracidad” de las noticias en las RSD, (siendo que en varios casos estas agencias son los mismos grandes medios que se han mostrado poco éticos en materia de noticias falsas). Incluso hay países donde se propone encargar, por ley, este rol de juzgar contenidos a la policía.
Fácilmente tales mecanismos se convertirán en nuevas formas de acallar voces disidentes. Por lo mismo, es urgente abrir un amplio debate público sobre el sentido de las posibles regulaciones, manteniendo como principio central la defensa de la libertad de expresión como derecho de la ciudadanía, no como derecho de unos pocos grandes medios ni otorgando a las empresas mediáticas o tecnológicas el rol de jueces o censores.
El 21 de diciembre de 1949, se expide la Ley de Educación Pública. En ella se contempla a la educación normal como parte de las obligaciones educativas del Estado. La educación normal, cualquiera que sea su clase o tipo, tiene por objeto la formación de maestros para satisfacer las necesidades educativas del estado y del país.
La educación que se imparta en las escuelas normales, cualquiera que sea su tipo o clase, tendrá las siguientes características generales: desarrollará y fortalecerá en los educandos la vocación magisterial; dedicará especial atención y desarrollo a las bases generales que para la educación que imparte el Estado señala el referido precepto; dotará a los normalistas de los conocimientos teóricos y prácticos de cultura integral y de pedagogía que los capacite para realizar eficazmente la obra educativa; e infundirá en los educandos un elevado ideal profesional y un concepto claro de la responsabilidad social que contraerán en el ejercicio de la enseñanza.
La educación normal tendrá los siguientes tipos: educación normal rural, educación normal urbana, educación normal de especialización, educación normal para educadoras de párvulos y educación normal superior. La educación normal urbana y la correspondiente a educadoras de párvulos se impartirá en la Escuela Normal de Sinaloa, que se establecerá en la capital del estado.
Fuente del artículo: https://www.debate.com.mx/opinion/Educacion-normal-20181220-0173.html
En muchas ocasiones, la Cuarta Transformación se transforma en realidad en la nueva restauración. En la fiebre por destruir el pasado reciente, en lugar de construir para el futuro, se termina recuperando, conscientemente o no, políticas que antaño no funcionaron o que sí lo hicieron, pero en una realidad distinta, diferente a la de hoy.
Algo de eso sucede con la nueva reforma educativa, que en realidad termina siendo un regreso al estado de la educación durante el sexenio de Felipe Calderón. En aquella reforma de Calderón el límite estuvo puesto por el sindicato y por el peso de Elba Esther Gordillo (y en aquel momento también por las profundas diferencias que existían entre la entonces secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, y Elba Esther). Ahora, la reforma de López Obrador revoca la política impulsada por Peña Nieto para volver a darle al sindicato magisterial las posiciones que perdió. Si “la mal llamada Reforma Educativa”, como dice el presidente López Obrador, fue, siempre según sus dichos, “una reforma administrativa”, laboral, en contra de los maestros, ésta es una reforma sindical para regresarle al liderazgo magisterial, el peso y la influencia que había perdido. Y no hay mejor símbolo de ello que la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y su transformación en un Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, donde los maestros tendrán un papel protagónico.
No está mal que se revalorice la función del magisterio en la transformación de la educación. Me parece que ése fue el principal error de la pasada reforma, aunque era verdad que se partía del supuesto de que sin arrancar de manos del magisterio el control de la educación no se podría avanzar en la reforma. Pero se hizo mal. El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo pareció una simple venganza, al SNTE de Juan Díaz de la Torre se le marginó de la toma de decisiones y, paradójicamente, se terminó dando oxígeno y peso político a un grupo como la Coordinadora.
Ahora regresan el magisterio y, sobre todo, el SNTE a tener un papel protagónico en la estructura educativa, aunque la corriente de Gordillo y la Coordinadora, ambos aliados del presidente López Obrador, tendrán que tener espacios e influencia. Pero sería injusto decir que la Reforma Educativa 2.0, que firmó el miércoles el Presidente, se basa sólo en eso. Hay otras medidas que también deben ser analizadas. Una de ellas es la política universitaria planteada en el documento.
Todo joven con posibilidades de ir a la universidad debe tener la oportunidad de hacerlo y si es necesario el Estado debe proporcionarle los recursos para ello. Pero no todos los jóvenes del país tienen que ir a la Universidad, no es lógico ni necesario ni conveniente. Tampoco es lógico que la enseñanza universitaria pública sea absolutamente gratuita. Debe serlo para quien no tiene recursos, pero para quien puede pagarla, es justo que aporte a su casa de estudios, entre otras razones, para que éstas tengan los recursos suficientes para impartir una educación de calidad que les permita competir contra las universidades privadas.
Eso implica también que debe haber exámenes de ingreso para optar por las necesariamente reducidas plazas universitarias: el mérito y los conocimientos mínimos necesarios debe ser la norma para poder ingresar a una universidad. Ningún país desarrollado del mundo se plantea, ni remotamente, que todos sus estudiantes lleguen al nivel universitario, y mucho menos que lo hagan sin costos y sin demostrar que merecen estar en ese nivel educativo. Cuanto más desarrollado es un país, más exigentes son las condiciones para las universidades y posgrados.
Esto se relaciona con la propuesta de crear cien nuevas universidades públicas en todo el territorio nacional. Pensar seriamente en crear cien nuevas universidades es imposible. No hay siquiera el personal académico para hacerlo. Lo que se hará, será llamar universidades a escuelas técnicas y de oficios, una suerte de Conalep de segunda generación. No está mal, al contrario, el país necesita muchos más especialistas técnicos que académicos en humanidades o derecho, lo que no tiene sentido es llamar a esos centros, universidad. Y no se debe perder de vista el debate sobre la desaparición de la autonomía universitaria en el texto de la propuesta de reforma. Ya Esteban Moctezuma ha rechazado esa posibilidad, pero no es algo que pueda quedar a la libre interpretación de los legisladores.
Es evidente que hoy importa más la extensión de la cobertura educativa (obligada por una realidad social en la que hay millones de jóvenes sin estudio o trabajo que necesitan estar en el cobijo de un aula y con una posibilidad laboral en su futuro) que la calidad de la misma. Pero sería un grave error volver a sacrificar la segunda por la primera.
Y finalmente, hay que recordar otra cosa: esta nueva reforma educativa implica profundos cambios constitucionales. Y al oficialismo no le alcanza para tener la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos de diputados y senadores para sacarla adelante. Como en muchos otros temas, tendrán que aprender a negociar con una oposición que, aunque parezca raquítica, tiene aún cartas por jugar.
Fuente del artículo: https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/la-educacion-restaurada/1284861
Los dos intentos de relevancia para mover el “paquidermo artrítico” —como alguna vez llamó el entonces secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles, al sistema educativo mexicano— fueron de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Hay una diferencia fundamental con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. En aquellas ocasiones, los presidentes mismos discursearon sobre la necesidad y deseos de reformar el sistema. Hicieron la crítica a lo existente, forjaron los propósitos centrales, apuntaron los instrumentos políticos e institucionales y fijaron una visión del futuro deseable. Salinas, el 16 de enero de 1989; Peña Nieto, el 10 de diciembre de 2012.
El Presidente, al menos por lo pronto, dejó esa tarea a su secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Él presentó los resultados de la Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad. Si bien reitera la retórica en contra de la reforma del gobierno anterior, acusando que fue una embestida contra los docentes, pretende fijar líneas programáticas. En el exordio manda un mensaje edificante a los maestros y después, sin mencionar la herencia, los horizontes de continuidad. Ofrece pistas acerca de la iniciativa que el presidente López Obrador enviará hoy al Congreso.
Tras dar la bienvenida y agradecer a todo el mundo su participación, el secretario lanzó elogios al magisterio y sentó la base de su disertar futuro: “Revalorar la función magisterial”. Vamos a escucharlo hablar del Acuerdo Educativo Nacional, que, al parecer, será la consigna que sustituirá la oratoria de la Reforma Educativa. Además, propuso la figura que —quizá— sirva de eje para forjar el currículo (que no la currícula) que diseñará y pondrá en marcha en lugar del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria: la “nueva escuela mexicana”.
Siempre nos quejamos de que cada gobierno quiere empezar de cero y erigir todo de nuevo, aunque en el camino se destruyan programas. Aplaudo que, en su pieza del 6 de diciembre, el secretario Moctezuma haya planteado rutas de continuidad. Sin embargo, no reconoce —de manera explícita— las deudas con el pasado, en especial con el reciente.
En primer lugar: las señales. La revaloración de la función magisterial fue uno de los ejes del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992, del gobierno de Salinas de Gortari. Ese régimen es el epítome del neoliberalismo, según la retórica dominante. Pero el secretario era, en aquel entonces, subsecretario de Planeación y el negociador principal con los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¡Quizás evoque ese pretérito! La nueva escuela mexicana fue la estampa del subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Gómez-Morin, en el gobierno de Vicente Fox. El SNTE lo saboteó.
En segundo lugar, el repaso a la globalización. El secretario fundamentó una de sus propuestas en un estudio de la Fundación Melinda y Bill Gates (él cambió el orden de los nombres); ratificó el proyecto de la educación dual y propuso que la educación superior se vincule con las necesidades de las empresas. Recupera la consigna de la Unesco y de la OCDE de “educar para la vida” y corrobora que continuará la evaluación docente, si bien “no será punitiva” ni ligada al tema laboral.
En tercer lugar, programas. Bien por poner más atención al multigrado, reducir el tiempo de trabajo burocrático de docentes y directores de escuela, poner énfasis en deportes, arte y civismo, apuntar a la equidad y no a la igualdad, fortalecer a las normales y a la Universidad Pedagógica Nacional, centros comunitarios de aprendizaje, más escuelas de tiempo completo y afirmar que no regresará la venta y herencia de plazas. Con diferentes palabras, esas ideas ya estaban en el Modelo educativo. Lo mismo que la SEP les dé vuelta a los estados y al sindicato y alzar línea directa con las escuelas. Lo nuevo: instituir academias de directores.
En cuarto lugar, los ausentes. El secretario se dirigió siempre a los maestros, no a los líderes del SNTE; bien. Pero tampoco mencionó a los gobernadores ni dijo cuál será su papel en el Acuerdo Educativo Nacional.
Tal vez el presidente López Obrador se guarde para decir su gran discurso educativo para cuando mande la iniciativa de reformas o para cuando promulgue la nueva ordenanza. Por lo pronto, contamos con las palabras del secretario Moctezuma para vislumbrar lo que viene. ¡No será muy diferente al presente!
Fuente del artículo: http://www.educacionfutura.org/la-pieza-de-esteban-moctezuma-barragan/
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