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El misterio del doble uno

Por: Roberto Rodríguez

Aunque había antecedentes, la intención de colocar los procesos de evaluación al centro de la gestión de la educación superior en México cobró nuevas relevantes a partir del Programa para la Modernización Educativa (1989-1994). En el PME se incluyó, a propuesta de ANUIES, el lineamiento de impulsar la calidad de la educación superior mediante procesos de evaluación interna y externa de las instituciones. Esta idea se concretó inicialmente en la creación de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA, 1989).

La evaluación externa se plasmó en la creación, también a instancias de la ANUIES, de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES, 1991), que fueron instituidos por la Coordinación Nacional de Planeación de la Educación Superior (CONPES), órgano de enlace entre la representación de las universidades públicas y el gobierno federal. Según su definición inicial, los CIEES se encargarían de la realización de evaluaciones diagnósticas y de la acreditación de programas académicos, funciones de administración y gestión y funciones de difusión y extensión de la cultura, en las instituciones de educación superior que lo solicitaran.

Desde su creación, los “comités de pares”, son cuerpos colegiados integrados por académicos de diversas instituciones del país, que se encargan de evaluar programas, funciones, servicios y proyectos de instituciones que lo solicitan. En 1991 el titular de la SEP instaló los primeros cuatro comités disciplinarios, y en 1993-1994 la CONPES instaló los restantes Posteriormente se pusieron en operación otros dos comités, el de Administración y Gestión Institucional, y el de Difusión y Extensión de la Cultura, que realizan evaluación de funciones. Más recientemente se concedió a los CIEES la atribución de acreditar los programas de formación docente de la Normales.

En la práctica, el trabajo de los comités consiste en la revisión, evaluación, dictamen, emisión de recomendaciones, y seguimiento. Se compara el programa con el modelo educativo de la institución, y con el marco de referencia del comité evaluador, marco que contempla los indicadores y parámetros definidos por éste. El procedimiento incluye un estudio documental del programa, una visita de campo, y la formulación del informe. Los resultados son confidenciales y se entregan al rector de la institución, aunque la manifestación del resultado final es pública. La evaluación se concretaba, hasta fecha reciente, en una calificación general en tres niveles, expresivos del grado de consolidación del programa, así como recomendaciones para su mejora. El trabajo de validación de evidencias y de entrevistas con los actores relevantes de cada programa corre a cargo de especialistas contratados por los CIEES. Hasta la fecha los CIEES han evaluado más de siete mil programas, cuentan con una capacidad de evaluación que se aproxima a quinientos por año y persiste una demanda anual cercana a un millar de solicitudes. Las evaluaciones cuestan a las instituciones aproximadamente setenta mil pesos por programa y otros cuarenta mil si deciden contratar la capacitación para el autoestudio que ofrecen los CIEES.

Un punto de inflexión muy importante en la trayectoria del programa fue la determinación de las autoridades, al inicio de la gestión del presidente Fox Quezada, de hacer valer la calificación de “Nivel 1” lograda en la evaluación como evidencia de la buena calidad de un programa. Además, proveer estímulos para la preparación de las evaluaciones y formas de recompensa una vez alcanzado dicho nivel. Esta política explica, en buena medida, el éxito que ha tenido el sistema como fórmula de evaluación externa de los programas de en instituciones públicas, aunque tal aceptación no se ha reflejado en el sector privado.

Así las cosas, en diciembre de 2015, en el marco de la IV Sesión Ordinaria de la Asamblea General de Asociados de los CIEES, se tomó el siguiente acuerdo que modifica la escala de evaluación vigente hasta entonces. El resolutivo dice esto: “Los integrantes de la Asamblea aprueban por unanimidad de votos la propuesta de reconsideración de la vigencia de los reconocimientos que otorgan los CIEES en las siguientes modalidades: Nivel 1, con vigencia de cinco años; Nivel 1, con vigencia de dos años y, Nivel 2.” La nota informativa del caso indica que “estas modalidades de nivel y vigencia podrán ser otorgadas, por los Comités Interinstitucionales respectivos, a todos los programas que sean dictaminados a partir de abril de 2016. Es importante mencionar que el Nivel 1 de dos años no podrá ser refrendado al término de su vigencia. Los programas que se encuentren en esa condición podrán optar por solicitar una nueva evaluación, antes de concluir esta vigencia, y estar en posibilidades de acceder al Nivel 1 con vigencia de cinco años o pasar al Nivel 2.” Por último, se reitera que “tanto el Nivel 1 de cinco años como el Nivel 1 de dos años, contarán para las estadísticas de matrícula inscrita en programas de buena calidad de la SEP.”

O sea que ahora hay dos niveles uno (el de cinco años y el de dos años). ¿Para qué se hizo este cambio? Según la versión de CIEES, venía ocurriendo que la una proporción importante de los programas se ubicaba en el nivel dos, ya que con solo algunas observaciones sobre “áreas de oportunidad”, no podían alcanzar el nivel uno en la primera revisión. Que, en consecuencia, algunos programas de buena calidad resultaban temporalmente marginados del reconocimiento de sus avances y méritos. Y que el cambio promovía una evaluación más justa y equilibrada que, además, con el límite temporal de dos años estimulaba la inmediata corrección o mejora de los aspectos observados.

Creo que el argumento es válido seguramente se procedió en esa lógica. Pero no hay que quitar de la mira que el “doble uno” hará que la meta programática de la SEP (proporción de matrícula en programas de buena calidad) se alcance con mayor prontitud. ¿O no?

Fuente del Artículo:

El misterio del doble uno

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Libro: Las raíces del futuro: situación actual y progreso en género y cambio climático

Las raíces del futuro: situación actual y progreso en género y cambio climático

Lorena Aguilar. Margaux Granat. Cate Owren. [Editoras]
Manuel Oliva. Eleanor Blomstrom. Bridget Burns. Cheryl Anderson. Molly Gilligan. Fidaa F. Haddad. Ali Raza Rizvi. Cristina Tirado. Ana Rojas. Maria Prebble. Jackelline Siles. Elizabeth Eggerts. Gotelind Alber. Kate Cahoon. A.E. Boyer. Liane Schalatek. Lorena Aguilar. Margaux Granat. Cate Owren. [Autores]
…………………………………………………………………………

ISBN: 978-607-02-8586-8
CRIM/UNAM. GGO. UICN.
México – Morelos
Marzo de 2017

La publicación fue escrita y esta dirigida a un público amplio; incluidas las autoridades normativas a nivel internacional, quienes buscan un marco político para fomentar un toma de decisiones que este alineada con los mandatos sobre derechos de las mujeres y igualdad de género; profesionales de base, que pueden beneficiarse de las estrategias para desarrollar proyectos favorables y aquellas personas que no cuentan con conocimientos sobre estos temas pero que buscan entender los conceptos básicos o los vínculos. Es posible que algunos lectores sean expertas y expertos en género, mientras que otros, sean profesionales que trabajan en cambio climático o algún sector específico. Esta publicación se propone llenar vacíos en el conocimiento y posiblemente inspirar nuevas preguntas y nuevas soluciones. Si bien utiliza un lenguaje técnico, ha sido redactada de tal modo que resulte fácil de comprender.
Para descargar, haga clic aquí:
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Fuente de la Reseña:
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana-cm/libro_detalle.php?id_libro=1573&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1458
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EEUU: El gran debate continúa: En caso de dólares para la educación de la Florida siga estudiantes o el sistema?

EEUU/20 de Junio de 2017/Autor: Jeffrey S. Solochek, Times Staff Writer/Fuente: http://www.tampabay.com

Como el gobernador Rick Scott tomó el podio jueves para anunciar su apoyo a la ley de educación grande de la Legislatura, usó palabras que se han vuelto cada vez más familiar para los residentes de la Florida, que hablan de la necesidad de «ayudar a todos los estudiantes.»

El presidente del Senado Joe Negron rápidamente siguieron el ejemplo, la adición de la última frase que los dólares de los estados deben «seguir el estudiante» – sin importar si los padres eligen «una escuela pública tradicional, una carta pública, una escuela independiente o educación en casa.

La idea, la construcción en Florida durante años, se vincula a impulso de la administración Trump para ampliar enormemente las opciones de la familia. Y a los partidarios de elección de escuelas más ardientes, que es una manera de romper lo que algunos ven como un sistema de educación pública que se ha vuelto rancio y anticuado.

Sin embargo, el empuje para tener más dinero «seguir el estudiante» está levantando ampollas entre los residentes de la Florida que sugieren el concepto viola la Constitución del estado y un precedente judicial de 2006 que prohibió un plan para dar a los padres vales estatales que podrían utilizar para la matrícula de escuelas privadas.

Ambos hablan directamente de un «uniforme, eficiente, seguro y de alta calidad del sistema de escuelas públicas gratuitas que permita estudiante obtener una educación de alta calidad.»

El estado tiene la obligación legal «para financiar un sistema, no a los niños», dijo el abogado de Tallahassee Ron Meyer, que representó a las familias que luchaban sistema de bonos del estado. «No sé cómo la Constitución y la Corte podría ser más claro.»

Meyer visto el empuje para tener fondos para la educación siguen los niños individuales como maduros para un desafío.

Así, también, hace la Cámara de Representantes Richard Corcoran – pero desde una perspectiva diferente. Quiere evitar que un desafío.

Corcoran reconoció el objetivo a largo plazo es «capacitar a todos los padres que tienen el poder adquisitivo para decidir» cómo y dónde obtener sus hijos una «educación de clase mundial.»

Incluso sugirió que el mandato de la ley de educación requiere que las escuelas públicas para compartir mantenimiento y construcción dinero con las cartas es un mejor enfoque para proporcionar el sistema requerido de escuelas públicas gratuitas, y tal vez más de acuerdo con la Constitución. Su razonamiento: Charter son escuelas públicas, también, a pesar de que operan bajo diferentes normas y requisitos.

Pero Bush vs Holmes , el caso de 2006 que impidió que vales, podría crear una arruga en futuros intentos de ampliar la filosofía de «seguir al estudiante», dijo Corcoran.

El estado Tribunal Supremo dictaminó en ese caso contra el desvío de fondos públicos en «sistemas privados separada paralelo y en competencia con las escuelas públicas gratuitas», que el Tribunal señaló enfáticamente son «los únicos medios establecidos en la Constitución para el Estado para proporcionar la educación de los niños de la Florida «.

Corcoran dijo que la Comisión de Revisión de la Constitución, a la que ha nombrado a nueve miembros, «definitivamente estar buscando una manera de hacerlo más claro lo que puede y no se puede hacer por la educación pública.»

La comisión, que se reúne cada 20 años, está pasando un año dar con posibles enmiendas constitucionales que los votantes considerar en 2018. Ya se ha llevado a cabo varias audiencias públicas.

miembro de la Junta Escolar del Condado de Collier Erika Donalds, el único representante del distrito escolar local en la comisión, señaló su voluntad de llevar la antorcha de Corcoran.

El fundador de una escuela autónoma, Donalds dijo que vio el valor en un mercado competitivo de la escuela, donde los padres son libres de aplicar su parte de los fondos del estado donde esperan obtener la mejor educación para sus hijos.

Ha tenido un efecto ya, sugirió.

El movimiento de escuelas chárter ha llevado a las familias fuera de sus escuelas públicas tradicionales, y los distritos que están cambiando para competir, observó. La misma dinámica se está consolidando en el programa de Pre-Kindergarten Voluntario del estado, y con las becas McKay y Gardiner para los estudiantes con necesidades especiales y discapacidades.

«La única manera de seguir que es permitir que el dinero para seguir los estudiantes», dijo Donalds.

El senador estatal David Simmons, presidente del Comité de Asignaciones del Senado Pre-K-12, sugiere que muchos de los cambios en la ley de educación (HB 7069) no financian directamente a los estudiantes, a pesar de la retórica.

Observó que una propuesta para cambiar la forma en que los fondos federales de Título I se distribuyen, por ejemplo, se basa en el tipo de escuela en lugar de adjunto a estudiantes individuales. Lo mismo es válido para el mantenimiento y la construcción, dijo Simmons, a pesar de que el dinero se asigna en función de cada estudiante.

Eso está bien, sostuvo, porque la ley de financiación de la educación estado mucho tiempo se ha basado en los costos por estudiante. El estado de modo de crear la equidad entre los distritos ricos y pobres, que de otro modo podrían ver grandes discrepancias en su capacidad para obtener ingresos.

Pero ese sistema para la distribución de dinero de la educación se basa en un conjunto mucho más amplio de cálculos que sólo una por alumno, cantidad, señaló el profesor de la Universidad de la ley de Florida Jon Mills, que ha luchado demandas de financiación de la escuela y también presidió un pasado Comisión de Revisión de la Constitución.

salarios de los maestros, programas académicos y otros factores dentro de una escuela también afectan a la cantidad de dinero realmente se gasta por alumno, explicó.

«¿Qué cantidad, en realidad, está usted va a tener seguir el niño?» Kathleen preguntó Oropeza, un padre Condado de Orange, que demandó al estado por encima de su fórmula de financiación, con Mills como uno de los abogados.

En cualquier caso, Mills sugirió, la pregunta clave no es la cantidad sino el propósito.

«Si usted acaba de decir: ‘Que el dinero siga los estudiantes’, y que permita a los estudiantes ir a una escuela privada, que es lo que Bush vs Holmes dijo que no podía hacer,» dijo. «Porque eso significa que estamos financiando escuelas privadas.»

Si eso es así, dijo Meyer, el próximo número se convierte en quién, si alguien, podría quejarse. Una acción legislativa se mantiene hasta que un tribunal constitucional dice que no es, dijo, y los tribunales últimamente han cerrado los grupos que han desafiado los programas como las becas de créditos fiscales, diciendo que no tienen derecho a demandar.

Oropeza preocupado de que muchos floridanos ni siquiera han notado el cambio en la financiación de la educación, ya que se ha producido gradualmente durante dos décadas.

«Se pasa por debajo del radar con la mayoría de la gente», dijo. Sin embargo, «hemos llegado a un lugar donde no se puede negar lo que está sucediendo.»

A un lado, se trata de un desmantelamiento de la educación pública vergonzosa. A la otra, es la mejora de la suerte en la vida de los niños, independientemente de donde vivan.

Escolarización debe «dar a estos niños una visión de lo que la vida podría estar a punto», dijo el presidente del Comité de Educación de la Cámara Rep. Michael Bileca. «Es este proyecto de ley que tiene la voluntad de hacerlo.»

HB 7069 entra en vigor 1 de julio.

Póngase en contacto con Jeffrey S. Solochek en jsolochek@tampabay.com. Siga @jeffsolochek.

Fuente de la Noticia:

http://www.tampabay.com/news/education/k12/the-big-debate-continues-should-florida-education-dollars-follow-students/2327758

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Calidad educativa sin dinero

Por:  Claudio Escobedo

En los últimos 3 años se han escrito muchísimas páginas en torno a los conflictos que ha generado la imposición de parte del gobierno federal de Enrique Peña Nieto de la Reforma Educativa, una Reforma que de entrada no es educativa, es más bien, un mecanismo disfrazado de Reforma que tiene el propósito de recuperar el control del magisterio y racionalizar al mínimo los derechos laborales y de salario de las maestras y maestros de México.

Una discusión que ha orientado sus baterías sobre la exclusión de los maestros en el diseño de la Reforma, sobre la cuestionable evaluación del desempeño docente y sobre el Nuevo Modelo Educativo. Pero muy poco se ha discutido sobre los dineros que necesariamente se tienen que invertir para transformar el evidente rezago educativo que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional.

Un asunto de mucha importancia que debemos prestarle más atención,  porque no hay un sólo ejemplo en el mundo, al menos documentado, donde se haya dado una transformación educativa de gran calado sin la participación de dinero extra, sin inversiones notables del Estado que ayuden a mitigar los graves y abundantes problemas que hay en el Sistema Educativo.

El tema no es para menos, puesto que según datos del INEGI y de la misma Secretaría de Educación Pública, de las 207 682 escuelas que hay de nivel básico en todo el país:

 

101 348 escuelas Carecen de drenaje
 98 000 escuelas Son multigrado con limitada conectividad
 64 381 escuelas No tienen agua potable directa
 26 583 escuelas No cuentan con sanitarios
 23 260 escuelas No tienen energía eléctrica
 50 000 maestros De inglés para 24 millones de estudiantes (500 X Maestro)

 

Son sólo algunos datos contundentes que nos ilustran con nitidez del grave rezago de infraestructura y operatividad que tiene la escuela pública mexicana.

Sin embargo esto no termina aquí, no olvidemos que uno de los actores principales del acto educativo son sin duda los maestros, los cuales lejos de estimular su desempeño con salarios dignos y suficientes por su labor estratégica, en los hechos las evidencias muestran una reducción de sus percepciones que en nada ayudan a la conformación de un magisterio capacitado y profesionalmente eficiente.

La prueba fehaciente de este desprecio al trabajo del maestro se refleja con las últimas 7 negociaciones salariales que el gobierno federal acordó con el SNTE, acuerdos que muestran claramente la depreciación de los salarios de los más de  un millón doscientos mil docentes del nivel básico que hay en México:

 

2011 4.75 % de incremento directo al sueldo base
2012 4.25
2013 3.90
2014 3.50
2015 3.40
2016 3.15
2017 3.08

 

Estamos ante una grave involución en el sueldo tabular del magisterio, sobre todo si lo comparamos con el nivel de inflación de los últimos años, para ello basta tomar como ejemplo la primera quincena de mayo de 2017, donde de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor la inflación llegó hasta 6.17 %, lo que indica que el último incremento salarial otorgado al magisterio de apenas 3.08 al sueldo base quedará prácticamente pulverizado por el incontrolable aumento de precio a productos de consumo y servicios.

Ante estos datos, no queda más que denunciar la política de austeridad que está llevando a cabo el gobierno federal en el tema educativo, la contracción de inversión para infraestructura y salarios de los maestros es más que notable. Por lo anterior es oportuno señalar el doble discurso del gobierno que por un lado habla de la gran revolución educativa que representa su Reforma Educativa, pero por el otro está llevando a cabo un recorte de presupuesto en dos de las áreas más estratégicas del Sistema Educativo Mexicano, la infraestructura y el salario de los maestros.

Por eso es importante que los mexicanos no nos dejemos confundir, no permitamos la manipulación de Peña, Nuño y Compañía. Las deficiencias en materia educativa no se solucionan con buenas intenciones, mucho menos con reducciones presupuestales, se requiere por fuerza hacer costosas inversiones para poner a todas las escuelas en condicione básicas de operatividad, así también es necesario la inversión de parte del Estado para motivar al docente con un salario justo, digno y profesional, un salario que pueda estar a la altura de las demandas y expectativas que exige su anhelada Reforma Educativa.

Pero esa inversión de dinero no la van a realizar, no les interesa realizarla, porque en lugar de invertir recursos frescos a la educación como suele pasar cuando inicia todo proyecto de transformación, la política del gobierno va en contrasentido, escatima dinero y racionaliza los recursos. Una estrategia de gobierno que desnuda por completo las verdaderas intenciones de la Reforma Educativa, la cual pregona calidad, pero la quiere conseguir sin aportar dinero, quiere los mejores maestros, pero con un salario bajo.

Por lo tanto, estamos ante una Reforma Educativa que maneja un discurso demagógico y tramposo que no busca mejorar la educación de los niños y jóvenes del país, caso contrario, la inyección de dinero estaría a la vista, sin embargo lo que ahorita brilla y brilla con intensidad, es la ausencia del dinero.

Fuente del Artículo:

Calidad educativa sin dinero

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México: Un país sin educación está condenado al rezago: Graco Ramírez

México/ 20 de junio de 2017/Fuente: http://www.24-horas.mx

Graco Ramírez pidió a las instituciones actualizar su oferta de carreras para hacerla compatible con el desarrollo del estado.

El gobernador de Morelos Graco Ramírez afirmó que “un país sin educación está condenado al atraso, la pobreza y al rezago social”, por ello su gobierno le ha apostado a la educación como la mejor inversión.

Ante integrantes de la Federación de Universidades Particulares de Morelos (FUPAMOR), encabezada por Jorge Arizmendi García, Graco Ramírez refirió que gracias a la inversión en educación, 20 mil jóvenes que antes estaban en las calles, hoy se encuentran en las escuelas.

Esta situación, afirmó, ha contribuido a la disminución de inseguridad, por lo que se seguirá apostando al sector educativo.

“Yo creo que la educación es la mejor inversión y ustedes (las instituciones privadas) son un parte subsidiaria necesaria”, destacó Graco Ramírez en la reunión que tuvo como objetivo revisar los últimos detalles del programa “Un lugar para ti”, con el que se garantizará, por segundo año consecutivo, que los jóvenes tengan un espacio para cursar el nivel medio superior.

Acompañado por la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez, el secretario de Economía, Juan Carlos Salgado Ponce y el subsecretario de Educación, Miguel Ángel Izquierdo, el Gobernador se comprometió a realizar las gestiones necesarias para que la federación mejore el apoyo que da a Morelos, dentro de este programa.

Junto con la Federación, el gobierno trabajará en la integración de un Comité de Evaluación para que las escuelas particulares puedan tener acceso a otros apoyos financieros.

Otro de los acuerdos fue el de reforzar la difusión del programa “Un lugar para ti”, para que todos los jóvenes no aceptados en las instituciones públicas puedan tener diversas opciones de estudio.

Graco Ramírez pidió a las instituciones actualizar su oferta de carreras para hacerla compatible con el desarrollo del estado.

“En lo que va de la administración le di la vuelta al estado en el desarrollo de la infraestructura, vamos a terminar con la ampliación de la carretera de Tepoztlán, hay inversiones cuantiosas como la de SixFlags y vienen más en autopartes y otros temas, porque reabrimos el ferrocarril”, detalló.

Por lo que la educación, indicó, no puede quedarse rezagada, debe haber una sinergia con el gobierno y la industria privada.

Fuente de la Noticia:

http://www.24-horas.mx/un-pais-sin-educacion-esta-condenado-al-rezago-graco-ramirez/

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EEUU: Education Secretary Betsy DeVos suspends new rules cracking down on for-profit college abuses

EEUU/June 20, 2017/By: Jim Puzzanghera and Samantha Masunaga/Source: http://www.latimes.com

As Corinthian Colleges Inc., ITT Technical Institute and other for-profit schools collapsed in recent years, the Obama administration overhauled regulations to make it easier to forgive loans for stranded students and to try to prevent future abuses.

Now, the Trump administration is suspending those rules, which had been set to go into effect July 1. The Department of Education, under Secretary Betsy DeVos, also is launching an effort to rewrite the rules.

Both moves drew criticism from Democrats and student advocates.

For Claudia Chacon, 25, of Los Angeles, a former student at Corinthian’s Everest College, the decision could lead to more difficulties in her attempt to get loan relief.

“It’s been very frustrating for me because I can’t get a straight answer,” she said of her experience since applying to the Education Department about a year ago under the existing rules, which were scheduled to be streamlined. “We’re still expected to pay for something that … is not usable.”

Chacon took out $17,000 in loans to attend an eight-month medical administrative assistant program at Everest College on Wilshire Boulevard in Los Angeles. She completed the program in 2012. But when she later tried to enroll in general education classes at Santa Monica College, she was told that her Everest transcripts were invalid because the campus had closed.

DeVos said Wednessday that it was “time for a regulatory reset” on what she called “a muddled process that’s unfair to students and schools and puts taxpayers on the hook for significant costs.”

“Fraud, especially fraud committed by a school, is simply unacceptable,” she said. “Unfortunately, last year’s rulemaking effort missed an opportunity to get it right.”

And the department halted implementation of a key part of a new gainful-employment rule that would limit the amount of debt that students at career-training schools — for-profit and not-for-profit — can take out relative to the incomes they can expect to earn. Schools that exceed the limits risk losing their ability to offer federal student aid.

The changes came as critics complained that for-profit colleges, which expanded aggressively starting in 2000, over-promised their ability to give graduates the skills that would land good jobs. Those students, often minorities or those with low incomes, in many cases were loaded up with federally backed and private student loans.

Corinthian Colleges filed for bankruptcy in 2015 after the Education Department restricted its access to federal student aid amid concerns that the company was falsifying job placement rates for graduates. The same fate befell ITT Educational Services Inc. last year.

DeVos said she planned to hold public hearings next month in Washington and Dallas as part of the effort to rewrite the rules.

The Education Department said it intends to process nearly 16,000 pending student loan relief claims under the existing rules.

“Some borrowers should expect to obtain discharges within the next several weeks,” DeVos said.

The for-profit college industry had strongly opposed the new rules. Last month, the California Assn. of Private Postsecondary Schools filed suit in federal court in Washington, D.C., to block the borrower defense rules from going into effect.

DeVos cited that suit as a reason for postponing those rules.

Steve Gunderson, president of the Career Education Colleges and Universities, an industry trade group, commended Education Department officials “for moving forward to begin conversations that will really protect students from academic fraud. Our sector has consistently supported this premise.”

He said Obama administration officials had conducted an “ideological assault on our sector’s very existence.”

The Trump administration is much friendlier to the industry.

President Trump ran a for-profit school, the now-defunct Trump University, for which he paid $25 million to settle a class-action suit that alleged fraud. And DeVos is an advocate of for-profit schools; her government ethics forms showed she has investments in companies connected to the industry, according to the Center for American Progress, a liberal think tank.

Pauline Abernathy, executive vice president of the Institute for College Access & Success, which advocates to make higher education more affordable, blasted the Trump administration’s actions as “terrible news for students, taxpayers, and anyone concerned about rising student debt.”

California Atty. Gen. Xavier Becerra, a Democrat, had joined the attorneys general of seven other states and the District of Columbia in filing a motion to intervene in the Washington suit in order to keep the rules from being blocked.

“No student should have to worry about predatory schools destroying his or her future,” Becerra said Wednesday. “These new rules would help to protect them.”

Democratic lawmakers also criticized the Education Department’s move. In March, Sens. Elizabeth Warren (D-Mass.) and Bernie Sanders (I-Vt.) and 10 Senate Democrats asked DeVos to explain an earlier delay in deadlines for schools to appeal debt-to-earning rates set in January.

Those deadlines, in March and April, had been moved to July 1.

Now the Education Department plans to review the rules, which it said are “overly burdensome and confusing” for schools.

Under the Obama-era regulations, a school’s program would get a passing rating if the estimated annual loan payment of a typical graduate did not exceed 20% of the student’s discretionary income or 8% of total earnings. Programs that exceed these levels would risk losing their ability to participate in federal student aid programs.

The Education Department said in January that 1,239 of the 8,700 programs received warnings because annual loan payments were as high as 30% of discretionary income or between 8% and 12% of total earnings. Four straight years of warnings would make students in the programs ineligible for federal aid.

More than 800 programs received a failing grade by having annual loan payments greater than 30% of discretionary income or 12% of total earnings. Although for-profit schools had about 66% of the programs, they accounted for about 98% of those with failing rates, the Education Department said.

Programs would lose the ability to participate in federal student aid programs if they failed two years in a row.

Source:

http://www.latimes.com/business/la-fi-devos-for-profit-colleges-20170615-story.html

 

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