Crónicas detrás de la Noticia – Cubriendo a Chávez
Judith González Rivero
A través del presente texto buscamos compartir algunas vivencias a partir de nuestro ejercicio periodístico. Las anécdotas detrás y sobre las noticias que se ofrecen en este breve texto, se plantean desde momentos estelares de nuestra praxis, como reportera de la fuente política, teniendo como epicentro de esta narrativa, la Revolución Bolivariana, cuyos inicios coinciden con los comienzos de nuestro transitar por este oficio.
Nuestro primer despliegue en este libro, tiene que ver con crónicas surgidas a partir de la honrosa tarea de cubrir pautas periodísticas relacionadas con el presidente Hugo Chávez y sus actividades como Jefe de Estado.
Ante un panorama poco apacible, impulsado desde las esferas de poder, para todo lo que se sospechara afín al nuevo líder, es de destacar la hazaña que desde el interior de las corporaciones mediáticas privadas libraban aquellos periodistas que, guiados por los preceptos constitucionales y deontológicos, cumplían con el deber de cubrir al comandante Chávez y todo lo que se relacionara con la Revolución Bolivariana.
Seguidamente, en una segunda parte de este compendio, develaremos algunas experiencias relacionadas con la agenda mediática de las corporaciones hegemónicas y su accionar, y cómo el proyecto de transformación social venezolano se muestra como una de las víctimas más fehacientes de las operaciones dirigidas desde los aparatos de control del orden imperante.
Y es que en la medida que ha avanzado la construcción de este proyecto de justicia social, también lo ha hecho la «conjura mediática», denominada así por Britto (2014) y que el ecuatoriano Maldonado (2008) ha calificado de «cofradía mediática sipiana», que dispara sin aviso previo contra cualquier blanco o negro o mestizo que pretenda cambiar el sistema económico y político imperante, o por lo menos cuestionarlo.
Realizando los máximos esfuerzos memorísticos, así como de escudriñamiento de nuestros archivos, y con las imperfecciones de toda producción humana, las siguientes líneas comprenden así una antología que recorre desde 1998 y la primera década del siglo XXI, eventos significativos de nuestra historia política reciente, que podemos ofrecer como testigos de primera línea, a partir de la cobertura periodística, desde el interior del país, de lo que ha sido uno de los procesos de transformación social más importantes del planeta.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió hoy jueves medidas para restringir el uso de la inteligencia artificial (IA) durante el periodo de las elecciones generales previstas para octubre próximo.
Durante la entrega de unidades habitacionales en la localidad de Camaçari, estado de Bahía (noreste), Lula da Silva afirmó que la manipulación de imágenes y voces, por ejemplo, puede favorecer a los «mentirosos».
«Yo estuve en la toma de posesión del presidente del Tribunal Superior Electoral (juez Nunes Marques) y él dijo ‘voy a prohibir la inteligencia artificial dos días antes de las elecciones’. Me pareció maravilloso», contó el mandatario.
En su discurso de asunción, en la noche del martes, el juez Marques dijo que el uso de la IA representará uno de los desafíos técnicos y éticos más importantes para la Justicia Electoral en los próximos comicios.
El presidente reivindicó el valor de la IA en áreas como salud, educación, ciencia y tecnología, al asegurar que «tiene una importancia muy grande».
«Pero, en la elección las personas tienen que votar en algo verdadero, de carne y hueso. Las personas no pueden votar en una mentira», afirmó.
Lula da Silva ya adelantó que buscará un nuevo mandato en las elecciones generales de octubre próximo, cuando los brasileños irán a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, gobernadores, senadores y diputados federales, estaduales y distritales.
La organización Provea presentó este 14 de mayo su informe anual titulado “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”. En su investigación dedicada específicamente al Derecho a la Educación, la ONG documenta cómo el Estado ha fallado en la obligación de garantizar una formación gratuita y de calidad. En el país, los obstáculos económicos y el abandono institucional convierten la enseñanza en un privilegio.
Durante 2025 el sistema educativo enfrentó un deterioro estructural marcado por la opacidad oficial. Aunque el Ministerio de Educación reportó un aumento en la matrícula de 365 000 estudiantes, organizaciones independientes como Hum Venezuela señalan que los niños, niñas y adolescentes aún asisten a clases de forma irregular debido a las crisis.
Aulas en ruinas y servicios ausentes
Según los datos recopilados por Provea, 3 de cada 4 escuelas no cuentan con servicio de agua potable ni instalaciones sanitarias aptas. La investigación señala que la educación se ve vulnerada por las condiciones “precarias” de las infraestructuras que afectan a la gran mayoría de los planteles en el país.
Aunque el Estado ha implementado los Bricomiles (Brigadas Comunitarias Militares) para la rehabilitación de las escuelas, Provea también resalta la falta de información pública y transparente sobre el alcance real de estas intervenciones. Es así como se destaca que muchas instituciones siguen presentando fallas graves que comprometen la seguridad y la salud de las comunidades educativas.
A esto se le suma el colapso de los servicios básicos, ya que el informe resalta que la deficiencia de las fallas eléctricas constantes y el suministro de agua impiden el cumplimiento normal del calendario escolar. Ante la falta de presupuesto y de una gestión eficiente, las propias comunidades educativas han tenido que asumir los costos de las reparaciones, en caso de poder permitírselo, para evitar el cierre total de las escuelas, convirtiendo esto una transferencia de responsabilidades del Estado al ciudadano.
El aprendizaje en niveles críticos
El informe cita los resultados del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL) de la UCAB, en el que se puede evidenciar un rendimiento escolar deficiente porque el promedio de los estudiantes en matemática fue de 7,51 sobre 20 y en comprensión lectora 7,61. Estos datos indican que la mayoría de los jóvenes que finalizan la escolaridad obligatoria no alcanzan las competencias mínimas.
La información recabada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en 2025 podrían brindar un conocimiento más completo con una muestra aleatoria de planteles públicos en el país y con un número mayor de estudiantes evaluados. Provea espera que se haga pública y que permita un diagnóstico general sobre la situación exacta de la educación a nivel nacional.
Sin presupuesto educativo
El Estado ha incumplido con la obligación de realizar inversiones prioritarias en las escuelas, es por esto que en el informe se resalta que existe una persistente falta de transparencia y rendición de cuentas sobre la ejecución del presupuesto educativo, lo que impide conocer el destino real de los fondos destinados al mantenimiento de planteles y programas de apoyo estudiantil.
Este problema financiero ha afectado la capacidad institucional para asegurar programas esenciales como el Programa de Alimentario Escolar (PAE), cuya irregularidad o ausencia total en muchas regiones profundiza la deserción de los estudiantes. Provea advierte que, sin un presupuesto suficiente, el derecho a la educación se mantiene en un estado de precariedad que castiga especialmente a los sectores con menores recursos económicos.
Rescatar la educación
Ante todas estas situaciones, Provea concluye su investigación con una serie de recomendaciones urgentes para frenar el decaimiento de la educación: la organización exige al Estado venezolano cumplir con su obligación de presentar cuentas públicas sobre las políticas educativas y hacer públicos los resultados de la evaluación nacional de la calidad de la enseñanza realizada en 2025.
De la misma forma, consideran importante implementar programas de nivelación y apoyo académico destinados a la población más vulnerable para prevenir la deserción estudiantil y la necesidad de retomar políticas como la dotación de uniformes y útiles, al igual que recuperar el valor de los salarios para poner fin al déficit de docentes.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Confech y la ACES convocan a una marcha para este jueves 14 de mayo, en rechazo a los recortes en educación y a las medidas que, según la organización estudiantil, profundizan la precarización de las condiciones de estudio y vida.
La movilización fue citada para las 11:00 horas en Metro Baquedano, en Santiago y diversas ciudades del país. Desde la organización señalaron que la convocatoria busca reunir a estudiantes y comunidades educativas frente a lo que califican como una política de ajuste sobre derechos sociales.
A través de su llamado, la Confech planteó que la respuesta del movimiento estudiantil será salir a la calle y reforzar la organización. “Frente a la política del recorte y la mercantilización de nuestros derechos, respondemos con lo que históricamente ha levantado las transformaciones: organización, unidad y calle”, señalaron.
Dicen que los profesores que actualmente se encuentran ejerciendo sus labores académicas están recibiendo un bono
El Ministerio de Educación Universitaria de Venezuela rechazó que haya “algunos voceros gremiales” que estén llamando a un paro de 24 horas el próximo martes en las universidades públicas como una forma de protesta por los bajos salarios en el sector, luego de cuatro años de un sueldo mínimo mensual congelado en 130 bolívares o 27 centavos de dólar en la actualidad.
La cartera de Estado indicó en un comunicado que el lunes recibió a una amplia representación del sector universitario proveniente de distintas instituciones del país y que escuchó sus solicitudes y reclamos.
El ministerio considera “incomprensible que, apenas culminado el encuentro y sin permitir siquiera el desarrollo de los lapsos acordados para la evaluación de los requerimientos planteados, algunos voceros gremiales hayan convocado a un paro de 24 horas y promovido llamados a la conflictividad”, según el texto.
“No existe razón para esta actitud”, continúa la cartera al exponer que los profesores que “actualmente se encuentran ejerciendo sus labores académicas están recibiendo” un bono como “parte de los primeros pasos orientados al reconocimiento del esfuerzo y compromiso de quienes permanecen al frente de sus estudiantes” y que continuaría revisando las peticiones.
En ese sentido, llamó al sector al diálogo y el entendimiento.
El martes, cerca de medio centenar de profesores universitarios protestaron ante el Ministerio en Caracas para denunciar que la crisis salarial persiste, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara el incremento de unas bonificaciones a 240 dólares en lugar del sueldo mínimo mensual.
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Alfonso, recordó que “ninguna de las bonificaciones son salarios”, debido a que no tienen incidencia en los beneficios laborales como las vacaciones, liquidaciones o el cálculo de prestaciones sociales.
“Sin salario están destruyendo el valor de nuestro trabajo”, añadió Alonso al señalar que si no hay aumentos la movilización va a escalar “en la posibilidad real” de una paralización del sector universitario.
Alfonso indicó que convocaba a las universidades a una nueva paralización de 24 horas para el martes 19, luego de que el pasado 23 de abril ya se realizara uno.
El salario mínimo mensual en Venezuela es de 130 bolívares desde 2022, cuando equivalía a 30 dólares, pero la inflación crónica -cuyo valor acumulado en lo que va del año alcanzó el 90%- lo devaluó a 27 centavos de dólar en la actualidad, y para paliar esta depreciación, el Gobierno paga unas bonificaciones que el pasado 30 de abril fueron aumentadas a 240 dólares.
Este martes 12 de mayo, más de sesenta universidades nacionales de Argentina se paralizarán durante veinticuatro horas. Docentes, nodocentes, estudiantes y la comunidad en general marcharán en decenas de ciudades de todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. El reclamo sostiene una continuidad que atraviesa estos dos años de conflicto: el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso y ratificada por la Justicia, pero sistemáticamente desatendida por el Poder Ejecutivo.
En esta oportunidad, la movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires modificará su punto de llegada. La concentración no se dirigirá al Congreso, como en las ediciones anteriores, sino a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. El desplazamiento expresa un corrimiento en la interpelación política, que deja de situarse en el ámbito legislativo —donde la ley fue aprobada y sostenida— para dirigirse directamente al núcleo de decisión del Ejecutivo nacional.
El Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario en agosto de 2025. El presidente la vetó mediante el Decreto 879/2024 bajo el argumento de que carecía de previsión presupuestaria y comprometía los objetivos de política económica del gobierno. Ese veto fue rechazado con mayoría agravada, lo que dejó la norma plenamente vigente. Aun así, el Ejecutivo apeló a la Corte Suprema, solicitó la excusación de sus miembros por su condición de docentes universitarios y avanzó en distintas estrategias para bloquear su aplicación, entre ellas la inclusión de su derogación en el proyecto de Presupuesto 2026 —que no prosperó— y la presentación de iniciativas alternativas que tampoco lograron tratamiento parlamentario.
El conflicto, lejos de cerrarse en el plano institucional, se profundizó en el terreno material. Las universidades continúan funcionando con el presupuesto de 2023, prorrogado en un contexto de inflación acumulada del 293% desde noviembre de ese año, mientras que la recomposición salarial alcanzó apenas el 160%, lo que implica una pérdida sustantiva del poder adquisitivo. El financiamiento universitario pasó del 0,71% del PBI en 2023 al 0,45% en 2026, y el presupuesto educativo total cayó del 1,2% al 0,59%. La inversión en ciencia y tecnología descendió hasta el 0,15% del PBI, el nivel más bajo en casi cinco décadas.
La convocatoria del 12 de mayo articula a tres actores centrales del sistema universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el movimiento estudiantil confluyen en una misma escena que ha logrado sostener niveles de masividad inéditos en los últimos años. La consigna que recorre la movilización —“Milei, no sos rey, cumplí la ley”— condensa tres demandas inmediatas: la aplicación efectiva de la norma vigente, la recomposición salarial y la actualización presupuestaria. En este último punto, el CIN estima una caída real del 45% entre 2023 y 2026, mientras que los gremios docentes señalan pérdidas salariales de entre el 32% y el 48%, en un escenario sin paritarias desde octubre de 2024.
Sin embargo, el proceso que desemboca en esta cuarta marcha no puede leerse únicamente como una acumulación de demandas sectoriales. Desde la primera movilización del 23 de abril de 2024, la universidad pública se constituyó en un punto de inflexión del escenario político argentino, condensando un malestar social más amplio frente al programa de ajuste. Aquella jornada evidenció la emergencia de una fuerza social heterogénea que encontró en la defensa de la educación pública un eje de unidad, una experiencia de politización que desbordó el ámbito universitario y articuló a amplios sectores de la sociedad.
Esa centralidad no es contingente, ya que la universidad pública, elegida por alrededor del 80% de les estudiantes, forma parte de una trama histórica que la ubica como derecho social, como dispositivo de movilidad y como espacio de producción de conocimiento. El ataque sobre su financiamiento adquiere así una dimensión estratégica, en tanto se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración estatal, donde la reducción del gasto público, la transferencia de recursos y la mercantilización de derechos configuran un nuevo orden de prioridades.
En ese marco, la disputa no se libra únicamente en el terreno presupuestario o institucional. En paralelo al ajuste material se despliega una ofensiva en el plano simbólico y digital que busca erosionar la legitimidad social de la universidad pública. A través de redes sociales, actores económicos, referentes políticos y las cuentas oficialistas amplifican discursos que presentan a la educación superior como un privilegio, un gasto improductivo o un espacio de adoctrinamiento.
El empresario Marcos Galperin, dueño de Mercado Pago y el hombre más rico de Argentina, ha sostenido públicamente que la educación debería ser privada y ha acompañado en redes sociales contenidos que cuestionan la universidad pública. Sus intervenciones forman parte de ese clima de época donde la deslegitimación opera como condición para avanzar en reformas estructurales . A esto se suma la acción de las milicias digitales, que instalan agendas, viralizan contenidos falsos o sesgados y construyen sentido común en torno a la idea de que el ajuste sobre la educación resulta necesario o incluso deseable.
Esta ofensiva se profundizó a partir de la segunda gran movilización, en octubre de 2024. En un contexto de caída presupuestaria y deterioro salarial, la universidad comenzó a ser objeto de una disputa ideológica más explícita, donde desde sectores del oficialismo se la caracterizó como espacio de adoctrinamiento, al tiempo que se promovían modelos de financiamiento a la demanda, créditos educativos y esquemas que abren el sistema al negocio financiero. En ese marco, la educación superior dejó de ser concebida como derecho garantizado para pasar a inscribirse en una lógica de mercado, donde el acceso queda mediado por la capacidad de endeudamiento
El deterioro no se restringe al sistema universitario. La política de ajuste implicó una reducción del 27% en las partidas destinadas al funcionamiento del Estado, un recorte del 79% en la obra pública y una caída del 55% en las transferencias a las provincias. En el campo científico, el CONICET perdió más de mil trabajadores y trabajadoras, mientras que hospitales universitarios advierten sobre la posibilidad de interrumpir servicios por falta de financiamiento.
En ese marco, el conflicto universitario se consolidó como uno de los principales vectores de oposición social al gobierno. A lo largo de estos dos años, el proceso de movilización combinó paros, tomas de edificios, clases públicas y acciones de visibilización que lograron articular a la comunidad universitaria con amplios sectores de la sociedad, manteniendo una capacidad de convocatoria que no encuentra antecedentes recientes.
El respaldo internacional también forma parte de la escena. La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que reúne instituciones de seis países de la región, expresó su apoyo a la movilización y reafirmó la defensa de la educación superior como un derecho colectivo vinculado a la producción de conocimiento y a la transformación social.
El conflicto universitario, en este punto, desborda el reclamo sectorial y se inscribe en una discusión más amplia sobre el modelo educativo en disputa. Mientras el sistema vigente concibe a la universidad como un derecho social garantizado por el Estado, las iniciativas impulsadas por el gobierno avanzan hacia un esquema de subsidiariedad estatal, financiamiento a la demanda y redefinición del rol docente, en un contexto atravesado por la digitalización y la expansión de actores privados en la gestión del sistema educativo.
La escena del 12 de mayo, entonces, condensa un proceso sostenido que ha ido configurando un campo de confrontación donde la universidad pública aparece como uno de los núcleos de resistencia más persistentes frente al programa de gobierno. Dos años después de aquella primera marcha que marcó un punto de inflexión, con la ley sin cumplir, el salario deteriorado y la resolución judicial en suspenso, la pregunta que se instala vuelve a proyectarse sobre el conjunto de la sociedad: hasta dónde puede sostenerse este esquema sin que el conflicto se traduzca en una reconfiguración más profunda del escenario político argentino.
Los aspirantes presidenciales proponen estrategias diversas que incluyen ampliar el acceso a la universidad, fortalecer la formación técnica en regiones vulnerables, integrar nuevas tecnologías y renovar la educación pública, junto con incentivos para la permanencia estudiantil y la actualización curricular
Por Dahana Ospina
Expectativas sobre la educación en Colombia apuntan a mayor cobertura, mejor calidad, integración de tecnología y cierre de brechas en todo el territorio nacional. – crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Según una recopilación de El Tiempo, los principales candidatos presidenciales han convertido la crisis educativa en un eje central de sus campañas, con propuestas divergentes en cobertura, calidad y modernización. Frente a una caída pronunciada de la matrícula, altos índices de deserción y bajos resultados en pruebas nacionales e internacionales, los programas apuestan por desde ampliar la educación superior hasta incorporar la inteligencia artificial en la enseñanza.
Iniciativas recientes del Gobierno
Durante la administración de Gustavo Petro, el foco estuvo en la educación superior. La meta oficial fue la creación de 500.000 nuevos cupos universitarios, aunque el mandatario afirmó haber alcanzado ya 400.000, cifra aún no verificada por datos oficiales hasta 2024. El programa ‘Universidad en tu Territorio’ priorizó la apertura de sedes universitarias en regiones apartadas, aunque muchas corresponden a adecuaciones de instalaciones existentes, según reportó El Tiempo
El sistema educativo colombiano enfrenta baja cobertura, alta deserción y desafíos en calidad y resultados académicos. – crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Pacto Histórico: acceso, diversidad y memoria
La fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué propone fortalecer la educación pública en todos sus niveles con mayor presupuesto, calidad e inclusión. El énfasis está en llevar la universidad a territorios rurales históricamente excluidos, mediante la creación de multicampus universitarios independientes o filiales de instituciones existentes, especialmente en regiones como Mompox.
Plantean el fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), en reconocimiento a la diversidad cultural, y la inclusión de apartados sobre memoria histórica y liderazgo social en los textos escolares de historia de Colombia. “Sin memoria no habría reconciliación”, afirman los candidatos, según recogió el medio.
Defensores de la Patria: virtualidad, tecnología y articulación con el sector productivo
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo impulsan una reforma para internacionalizar la educación y conectar los programas con las demandas del sector productivo. Su propuesta incluye la creación de una universidad virtual con acceso a conectividad y computadores gratuitos, así como créditos blandos y programas de méritos para los mejores talentos.
Entre los ejes centrales está la formación en inteligencia artificial, computación cuántica y robótica, además de la capacitación de cien mil jóvenes rurales en emprendimiento, con acceso a crédito y mentoría. Proponen fortalecer la evaluación docente y fomentar la inversión privada en ciencia y tecnología.
Cepeda apuesta por fortalecer la educación pública y la inclusión; De la Espriella propone virtualidad y formación tecnológica. – crédito Visuales IA
Centro Democrático: libertad de elección y formación dual
La fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo prioriza la libertad de elección entre colegios públicos y privados de calidad, con la entrega de 150.000 bonos educativos para los más vulnerables y 187.000 cupos gratuitos en colegios en concesión. El plan incluye la consolidación de supercolegios públicos de excelencia, la actualización de programas en inteligencia artificial y la promoción de liderazgo escolar.
Plantean reformar el Icetex para que los créditos solo se paguen cuando el estudiante esté empleado y en función de su salario, y rescatar el programa Colfuturo para financiar estudios de posgrado en el exterior. Prometen formar a un millón de jóvenes en habilidades digitales, ofrecer cursos gratuitos con internet incluido y articular la educación media técnica con empresas a través de formación dual desde noveno grado.
Dignidad y Compromiso: enfoque STEAM e integración con el mundo del trabajo
Sergio Fajardo y Edna Bonilla consideran que la transformación educativa es esencial para la movilidad social. Sus propuestas se organizan en tres ejes: ampliar el acceso a educación inicial de calidad para niños de cero a cinco años, transformar la educación básica y media con metodologías STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), e integrar la formación técnica y universitaria con el mercado laboral.
Plantean un proyecto nacional de enseñanza de matemáticas y la conversión de las instituciones educativas en comunidades de aprendizaje, con programas de salud mental, convivencia democrática, inclusión y fortalecimiento de la educación rural y etnoeducación.
Valencia promueve la libertad de elección y formación digital; Fajardo impulsa enfoques STEAM; López plantea becas e innovación curricular. – crédito VisualesIA
Con Claudia Imparables: becas, infraestructura y renovación curricular
La propuesta de Claudia López y Leonardo Huerta incluye la transformación del Sena para responder a necesidades regionales, y la creación de una agencia nacional de educación, trabajo y emprendimiento que unifique el sistema posmedia. El eje central es llevar el programa ‘Todos a la U’ a nivel nacional con un millón de becas adaptadas a las necesidades regionales.
Buscan universalizar el preescolar de tres grados, renovar la infraestructura de las sedes oficiales y diseñar un plan especial para educación rural con pertinencia intercultural. Promueven una renovación curricular participativa, la integración de competencias del siglo XXI y la incorporación de la educación socioemocional y la salud mental en las políticas educativas.
Panorama actual: cifras y desafíos estructurales
La situación educativa es alarmante. El Tiempo detalla que la matrícula escolar disminuye a un ritmo cuatro veces superior al de la caída demográfica. Mientras en 2018 la cobertura bruta en preescolar era de 41,3%, en 2024 ese índice bajó a 38,8%. El 55% de quienes inician la primaria logran llegar hasta el último grado, pero solo la mitad de los jóvenes en edad de cursar décimo y once están dentro del sistema.
En educación superior, más de la mitad de los matriculados no se gradúa, con una tasa acumulada de 44,22% según el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (Spadies).
Los resultados en calidad tampoco mejoran. Las pruebas Saber muestran estancamiento, y en las pruebas Pisa de 2022, Colombia quedó por debajo del promedio mundial en matemáticas, lectura y ciencias. El Banco Mundial estima que dos de cada tres niños menores de 10 años no logran comprender textos adecuados para su edad.
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