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Argentina: 173 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario ¿qué plan de lucha necesitamos para lograr su aplicación?

Ileana Celotto

Efectivamente van al momento de escribir esta nota 173 días desde que se incumple la Ley de Financiamiento Universitario, conquistada con planes de lucha desde 2024. Superando el veto presidencial y con fallos a favor, debería haber sido aplicada y los salarios de docentes y no docentes haber sido recompuestos de acuerdo a la pérdida con respecto a la inflación, lo mismo que un aumento sustancial en las becas estudiantiles. Hoy no sólo ni siquiera fue reglamentada sino que el gobierno envió hace un par de semanas un nuevo proyecto que en los hechos anula sus aspectos principales en cuanto a lo salarial y a las becas para los alumnos.

Si bien el gobierno presenta al nuevo proyecto como una “modificación” para adecuarlo a las exigencias de la política del déficit cero, es un paso más que da el gobierno en el vaciamiento de la educación superior, estatal, pública y gratuita.

Hoy un profesor universitario que trabaja las mismas horas que un maestro de grado  de jornada simple y hasta con 10 años de antigüedad, no llega a $500.000. Los preuniversitarios ganan un 30% menos que un docente de secundaria de Caba. De acuerdo a la ley conquistada, hoy el gobierno  debería pagar un aumento del 48.8% para docentes y no docentes y aumentar significativamente las becas estudiantiles. En cambio, el nuevo proyecto plantea pagar un 12,3% en tres cuotas, la última en setiembre. Y dispone el resto verlo en paritarias sin ningún compromiso de actualización como sí establece la ley, lo que significa que se compromete a seguir la misma política que ha tenido durante todos estos meses de gobierno: negativa de paritarias y con cada “aumento” decretado, mayor pérdida de nuestros bolsillos con respecto a la inflación.

El argumento de que la Ley de Financiamiento Universitario  es la destrucción del déficit cero es falso. Sólo implicaría un 0,23% del PBI, nada de nada. Como en muchas otras medidas antiobreras y contra la educación y la salud pública, Milei rechaza ese “gasto” mientras impone cambios, como el vaciamiento del Anses a favor de las patronales que quieran despedir trabajadores o las rebajas de impuestos a grandes capitales, que desfinancian al Estado.

O el aumento del 123% a los ministros, que se ve que no pueden competir con el avance patrimonial de Adorni, uno de los tantos escándalos de corrupción que repugnan a la población y golpean al gobierno.

Sin embargo, no es sólo Milei y su gabinete. Como ha trascendido en medios de prensa el nuevo proyecto fue consensuado con gran parte del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a los rectores de las universidades públicas), tanto del ala radical como del PJ. No es casual que justamente lo único rescatable del nuevo proyecto es el artículo que determina que las universidades con hospitales (UBA, La Plata, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Rosario) recibirán $80.000 millones.

Con estos datos no llama la atención que en sus primeras declaraciones como presidente del CIN, el Dr. Bartolacci, ex rector de la UNR (Universidad Nacional de Rosario), haya llamado a mantener las aulas llenas y a buscar caminos de diálogo, lo que suena raro con alguien que  descalifica a la universidad pública desde que asumió. Igual actitud tomaron otros, entre ellos el rector y el vicerrector de la UBA, quienes, además, hacia fines de marzo emitieron un comunicado amenazando con realizar descuentos a todos aquellos docentes de las escuelas y colegios preuniversitarios que hicieran paro. ¿Será que la UBA pretende aplicar la esencialidad que la propia justicia decretó ilegal?  Lo que sí es seguro es que mientras el gobierno no cumple, las autoridades de la UBA, como las de la universidad de Mendoza, castigan a la docencia que pelea por lo que les corresponde.

Es ley y el gobierno debe cumplir

La Ley de Financiamiento Universitario pasó por la Cámara de Diputados y la de senadores. Fue aprobada en ambas. Luego vetada por el Poder Ejecutivo, vetos que fueron rechazados por los 2/3 en ambas cámaras. Así, el Congreso Nacional la votó cuatro veces. Pero además, en un intento de maniobra, el gobierno introdujo en el Presupuesto nacional un capítulo, el 11°, que anulaba la ley. También la Cámara de Diputados votó en contra de ese capítulo, quedando por fuera del presupuesto nacional. O sea: 5 veces ratificada.

La ley, además, ya cuenta con dos fallos, en primera y segunda instancia, de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, que han determinado que el gobierno debe aplicarla.

Por supuesto, en ambos casos, fue fundamental la presión en las calles y en las aulas para que el mismo Parlamento que acaba de entregar el agua de nuestro pueblo, o la misma Justicia que se acomoda a los requerimientos del poder, reafirmara de una manera u otra la justeza de nuestro reclamo.

A pesar de esto, siguen pasando los días, nuestros bolsillos vaciándose y la ley no se aplica. Por eso reclamamos que el CIN exija a la justicia que ejecute la aplicación. Y a las federaciones un plan de lucha decidido para ganar.

Cómo lograrlo

El 2025 cerró con un claro balance en el activismo: las medidas aisladas y descoordinadas  nos debilitan, desorganizan y desmoralizan.

Por eso desde febrero de este año  la Naranja Nacional impulsó en todo el país la necesidad de un paro por tiempo indeterminado, con acciones junto a los estudiantes y una nueva gran marcha nacional. Cuando un gobierno te debe un aumento en tu salario del 50%, lo que equivale a haber trabajado desde diciembre de 2023 alrededor de 11 meses sin cobrar, la medida que se impone no puede ser la misma de siempre, que por otra parte demostró no lograr mover de su negativa al gobierno.

Con este balance y esta posición participamos en cada asamblea  tanto en Conadu como en Conadu Histórica, recogiendo en la mayoría de ellas el apoyo de amplios sectores. Así fue que en la UBA, se impuso en las asambleas de AGD UBA, por unanimidad, este planteo siendo hoy el único sindicato que lo viene desarrollando. Pero también tuvo masivo apoyo en preuniversitarios de Córdoba, en La Plata, en Luján,  en Salta, Jujuy, Comahue, Bahía Blanca y en muchas asambleas del conurbano que votaron mandatos de paro por tiempo indeterminado hacia los plenarios y congresos de la Conadu y Conaduh.

Esta posición choca con la parálisis del Frente de Gremios Universitarios que salvo alguna medida aislada no tomó ninguna iniciativa de conjunto.  Por el contrario, a pesar de todas las noticias respecto al apoyo que desde miembros del propio consejo de rectores se daba al proyecto del gobierno contra la Ley de Financiamiento Universitario, siguió a la rastra de las patronales universitarias. Así, continuaron con la misma política y acción de descomprimir que tuvieron durante todo el conflicto. Tampoco al día de hoy han sacado la convocatoria a una marcha nacional, reclamo unánime de la docencia.

La Conadu, que junto a la Histórica tiene la mayoría de la representación docente, intentó disimular su inmovilización con carpas blancas itinerantes, que tuvieron cero incidencia en todo el país.  Chocaron así con asambleas muy numerosas que, incluso en la de  la Jauretche, sindicato al que pertenece la secretaria general, habían resuelto medidas de continuidad del paro. A pesar de ellas, y de la respuesta en inmensas concentraciones en La Plata, numerosas asambleas con mandato de continuidad, el último plenario ratificó una medida recién para fines de abril. En la UBA su gremio de base, Feduba, ni siquiera cumplió las medidas aisladas que llamó la federación, alineándose claramente con los gremios afines al Rectorado Apuba y Aduba.

UTE/Ctera, con representación parcial solo en los colegios preuniversitarios de la UBA, actúan, al igual que Fedun en todo el país, como agentes de las patronales universitarias.

Fatun, federación no docente, convoca a un mísero paro por semana. En la UBA su gremio de base, Apuba, rompió con la federación y al igual que Aduba (Fedun), actúan como voceros y ejecutores de las decisiones del rector hacia docentes y no docentes.

En el caso de la Conadu Histórica, desde la conducción se siguió detrás del ritmo impuesto por el Frente de Gremios,  priorizando una unidad montada sobre la base de no dar una pelea decidida para conquistar lo que nos deben. Este fue el debate que, además de darse en asambleas de base, llegó a sus congresos donde 1/3 del mismo se pronunció por medidas de continuidad. En el último, finalmente, si bien perdió la moción de paro por tiempo indeterminado,  se convocó a parar en la semana del 13 de abril, además de la de fin de mes.

Una estrategia diferente

En AGD UBA, conducida por la Naranja, impulsamos en asambleas y reuniones de nuestros organismos, la línea que planteamos a nivel nacional, y que fue apoyada por toda la mesa ejecutiva, mayoría y minoría. También votamos proponer a la Conadu Histórica que se ponga a la cabeza del conflicto organizando la continuidad de la lucha frente a la defección del resto de las federaciones. Para eso propusimos que nuestra federación convoque a un plenario o encuentro a todos los sindicatos de cualquier federación, a todos los activistas y sectores dispuestos a impulsar un plan de lucha hasta ganar, que se aplique la ley  y nos paguen lo que corresponde. Nuestra propuesta fue rechazada; intentamos convocar desde nuestro sindicato pero al momento los sindicatos de base que coinciden con el planteo no nos han respondido.

Mientras, la bronca y  el hartazgo siguen. Lo mismo que las renuncias  – hoy más de 10.000 en total- y pedidos de licencia o de reducción de dedicación. Se están vaciando los equipos de docencias, investigación y extensión, produciendo un deterioro que será muy difícil recuperar.  Todo esto se manifestó en cada asamblea general o por unidad que convocamos desde AGD UBA, fundamentalmente en las facultades cuya docencia vive del trabajo universitario, como Exactas o Filo, o CBC y en las escuelas preuniversitarias. Con diferencias entre las distintas unidades académicas al día de hoy seguimos sin volver a las aulas y con anormalidad áulica, manteniendo también contacto con nuestros estudiantes que en su mayoría se han sumado a todas las actividades propuestas.

Además del paro, clases públicas, sentadas, abrazos, semaforazos, asambleas intergremiales, charlas temáticas, realizamos dos actividades centrales. Clases públicas en la casa de Adorni y una jornada universitaria en Plaza de Mayo, ésta junto a ATE Conicet Caba. Ambas con amplísima convocatoria que nos permitieron reinstalar el conflicto universitario como eje político, contrastando quienes defendemos a la universidad pública con el gobierno sostenido por corruptos.

Todas estas acciones demostraron que sigue vigente la unidad de docentes y estudiantes, quienes junto a los no docentes somos la garantía de defensa de una universidad abierta al conjunto de la población frente a un gobierno que pretende aniquilarla en función de intereses mercantilistas y privatistas. En esto enfrentamos a las burocracias sindicales y estudiantiles  y a las autoridades universitarias  que, o avalan, o dejan que el gobierno avance.

Más que nunca, ahora

Pero el gobierno está en su peor momento. Con un plan económico que se le hunde por todos lados y carcomido por las denuncias de corrupción. Tenemos que poner el pie en el acelerador para que su proyecto de modificación de la ley, que desconoce la deuda, no avance. La población puede apoyar  masivamente, como en 2024.

El hastío de las bases docentes y no docentes está llegando a oídos de las propias direcciones y autoridades. El CIN acaba de convocar para este miércoles una jornada de universidades abiertas 24 horas que más se parece a un paro a la japonesa o a la Noche de los Museos, una medida con la que intenta demostrar que algo hacen mientras siguen dando tiempo a Milei. Todo un contraste con la medida de paro que está convocando para esta misma semana AGD UBA y toda la Conadu Histórica. Más que nunca insistamos en medidas de lucha contundentes y acciones de visibilización junto a nuestros estudiantes. La tercera marcha universitaria es urgente,  no puede pasar de principios de mayo.

Llevemos estas posiciones y debates a cada asamblea para torcer el brazo a los que dilatan o traicionan. En defensa de la universidad pública y sus trabajadores y estudiantes.

Desde la agrupación nacional Naranja de docentes e investigadores impulsamos la necesidad de un plenario de delegados y activistas docentes que delibere cómo organizarnos para desenvolver el plan de lucha para que se aplique la ley.

https://prensaobrera.com/sindicales/173-dias-de-incumplimiento-de-la-ley-de-financiamiento-universitario-que-plan-de-lucha-necesitamos-para-lograr-su-aplicacion

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La reforma de Milei para transformar la escuela pública: se retira el Estado, avanzan la familia y el mercado

El Gobierno de Argentina impulsa una ley educativa que autoriza la enseñanza en el hogar, y promueve el financiamiento de la demanda y la competencia entre instituciones para conseguir alumnos y recursos

Por: Javier Lorca

El Estado pasa a tener una función subsidiaria en el sistema educativo y cede ante el papel de la familia. Los docentes dejan de ser las únicas personas habilitadas para enseñar y se autoriza la enseñanza en el hogar —el modelo que en Estados Unidos se denomina homeschooling—. Los padres de los alumnos adquieren el poder de poner y quitar directores de escuelas. En lugar de financiar la oferta, es decir, a las instituciones educativas, los fondos públicos se dirigen a financiar la demanda, a las familias de los estudiantes, para que ellas elijan escuela y definan el destino del presupuesto: así, se establece un régimen de competencia escolar para captar alumnos.

Las anteriores son solo algunas de las medidas que impulsa Javier Milei en Argentina, a través de un proyecto de Ley de Libertad Educativa, ya presentado públicamente. La iniciativa integra una batería de reformas que el presidente pretende poner en marcha en la segunda mitad de su mandato, entusiasmado por el triunfo de la ultraderecha en las recientes elecciones de medio término.

Aunque prevé cambios para el financiamiento y la evaluación de las universidades, la reforma educativa de Milei se concentra en los niveles de escolaridad obligatorios: inicial, primario y secundario.

En sus primeros artículos, el proyecto de ley promueve la “libertad educativa, entendida como el derecho de toda persona […] a enseñar y aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos”. Luego, establece el “rol preferente de la familia, como agente natural y primario, que posee el derecho y deber de orientar la formación de sus hijos menores”. Y, a continuación, define la “subsidiariedad del Estado, que actúa como garante del derecho a aprender y enseñar”, pero “sin sustituir la responsabilidad individual, familiar ni la iniciativa social”.

La relegación del Estado sintoniza con el credo anarcocapitalistade Milei, para quien los actores fundamentales de la sociedad son los individuos y el mercado. En un país como Argentina, donde la escuela pública, laica y gratuita es una institución medular, la aprobación del proyecto implicaría un cambio drástico. De los más de 11 millones de alumnos de Argentina, los últimos datos disponibles indican que más del 70% concurre a escuelas públicas y cerca del 30% a privadas.

“Esta reforma vulnera el derecho a la educación establecido en la Constitución y la obligación del Estado de garantizar ese derecho”, resume Myriam Feldfeber, doctora en Educación y profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Es un proyecto que se propone romper y transformar las bases sobre las cuales se construyó y se fue desarrollando nuestro sistema educativo, las bases establecidas por [Domingo] Sarmiento para una educación gratuita, obligatoria e inclusiva, para todos y todas”. Con una falencia adicional, señala Feldfeber: “No resuelve ninguno de los problemas que hoy tiene la educación en Argentina”.

El corrimiento del aparato estatal supone la delegación de facultades en las propias escuelas, en las familias de alumnos y en nuevas entidades privadas. En caso de aprobarse la reforma, las escuelas públicas y privadas podrán diseñar y aplicar sus propios planes de estudios, solo respetando contenidos mínimos definidos por la Administración nacional. En cada escuela —indica el proyecto— se crearán Consejos de Padres: tendrán “funciones de asesoramiento, orientación institucional, supervisión y rendición de cuentas”, y deberán “participar en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo de la institución”.

Bajo el subtítulo Formas alternativas de enseñanza, la propuesta del Gobierno habilita la formación por fuera del sistema escolar, bajo dos modalidades. Una sería la “educación en entornos virtuales”, para la que ya hay un ejército de instituciones privadas —extranjeras incluidas— esperando la habilitación. La segunda sería la “educación en el hogar”, “dirigida por los responsables parentales o tutores de estudiantes en edad de escolarización obligatoria, impartida por ellos mismos o por personas por ellos designadas”. Los estudiantes que recibieran educación casera o a distancia deberían, luego, validar sus conocimientos a través de “evaluaciones estandarizadas” que solo examinarán los contenidos mínimos.

“Con estas propuestas, se desregula completamente la educación y se promueve el homeschooling [educación en casa], una práctica muy elitista que supone o padres altamente educados o que puedan pagar tutores que son muy caros”, plantea Mariano Echenique, doctor en Educación por la Universidad Nacional de La Plata. “En el caso de la enseñanza virtual, suele ser un gran negocio y está muy desarrollado en la educación superior. Pero en el nivel primario y secundario, la socialización de los alumnos, que solo se consigue de forma presencial, yendo y poniendo el cuerpo en una escuela, es imposible de reemplazar con una formación únicamente virtual. Los entornos virtuales deben ser siempre complementarios y no sustitutivos de los presenciales”, advierte.

“La escuela sigue siendo el espacio donde aprendemos a convivir con los otros y donde se construye en forma colectiva el conocimiento. No es solamente un lugar de transmisión de contenidos”, coincide Feldfeber. Desde esa perspectiva, la reforma propuesta no solo subestima la función de la escuela, sino también la del maestro: “Se rompe con la idea del docente como aquel especialista que lleva adelante los procesos de enseñanza y se la sustituye por la idea de que cualquiera puede enseñar de cualquier modo”.

Además de eliminar la meta presupuestaria hoy vigente para la educación (6% del PBI), el proyecto de reforma recupera una idea promocionada por Milei durante la campaña electoral de 2023: el financiamiento de la demanda y no de la oferta educativa. “Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes”, argumenta el proyecto de ley, “están orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje”.

El régimen es acompañado por un condicionamiento del financiamiento directo según la cantidad de alumnos y por la publicación —hoy prohibida— de los resultados de las evaluaciones censales a estudiantes. La presumible consecuencia es la generación de un ranking de escuelas que competirán por atraer alumnos en un nuevo mercado educativo. En un contexto de severo ajuste del gasto público y de retracción de los salarios de todo el personal estatal.

Los principales sindicatos de maestros del país ya se pronunciaron contra la reforma. En particular, rechazaron su definición de la educación como “un servicio esencial”, una medida que busca desactivar las huelgas docentes. Para la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el proyecto “responde a las demandas de las grandes corporaciones” y “profundiza la tendencia privatizadora y mercantilista en el campo educativo”.

El Gobierno ya formalizó la presentación pública del proyecto, pero aún no lo envió al Congreso para iniciar el debate. De todos modos, muchas de las posturas ya están claras. La ultraderecha y sus aliados contarán con el respaldo de instituciones educativas privadas y religiosas. Deberán enfrentar la resistencia del peronismo y las fuerzas del centro a la izquierda, la mayoría de los gremios docentes y de la comunidad educativa del sistema público, todavía mayoritario en Argentina.

https://elpais.com/argentina/2025-12-22/la-reforma-de-milei-para-transformar-la-escuela-publica-se-retira-el-estado-avanzan-la-familia-y-el-mercado.html

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Argentina: ¿Qué rol podemos jugar les docentes ante la realidad actual?

Corriente Docente 9 de Abril-Lista Marrón. Estudiantes terciarios y docentes del PTS/FIT-U + Independientes

En un contexto en donde la crisis económica se agudiza, las familias de la escuela pública trabajan hasta 14 horas para poder llegar a fin de mes y las docentes terminamos trabajando tres turnos para poder sobrevivir, abrimos un debate sobre cómo creemos que tenemos que enfrentar el ajuste, recuperando el ejemplo de las maestras de Minneapolis.

Llegamos al aula y ya estamos cansadas. No es cansancio de un día, es el agotamiento de saber que el sueldo se termina antes que el mes y que a las familias de nuestros pibes les pasa lo mismo. El ajuste del Gobierno no es un gráfico en la tele; son las madres que lloran en la reunión porque no sabe cómo pagar el colectivo, es la cooperadora que no alcanza para comprar útiles para lxs chicxs que no tienen y somos nosotras, poniendo el cuerpo para frenar los golpes. Durante el año pasado, un estudio que hicimos como parte de la comisión directiva de Ademys reveló que el 93,9% de las docentes encuestadas convive con el dolor: migrañas, dolores de cabeza y de espalda, várices, problemas digestivos. La crisis educativa no es abstracta: repercute directamente en nuestros cuerpos, en los de nuestrxs estudiantes y en sus familias.

Pero si algo aprendimos de las luchas docentes en el mundo es que no estamos solas. En Minneapolis, por ejemplo, las maestras y los trabajadores de la escuela pública se organizaron junto a las familias y la comunidad para enfrentar no solo los ataques económicos, sino también la violencia estatal y el racismo. Durante la pandemia y las redadas del ICE, las escuelas se transformaron en verdaderos bastiones de resistencia:docentes, estudiantes y padres crearon redes de ayuda mutua, organizaron la entrega de alimentos y hasta corredores de seguridad para proteger a las familias inmigrantes. No lucharon solo por salarios o condiciones laborales, sino por toda la comunidad, mostrando que cuando la docencia se une a las familias, la pelea se fortalece y puede enfrentar hasta los ataques más duros del ajuste y la represión.

Sabemos que vivimos una situación tremenda en las escuelas, la pregunta es: ¿qué rol podemos jugar las docentes en este escenario de crisis? En un mundo atravesado por crisis, guerras y rebeliones, la docencia y la juventud han sido protagonistas de grandes luchas. La experiencia de Minneapolis nos muestra que la unidad con las familias y la comunidad no solo es posible, sino necesaria para transformar la bronca en organización y fuerza colectiva

Si en Argentina el plan de Milei es avanzar contra lo que nos queda, nuestro rol es organizar la bronca. No vamos a ser el último orejón del tarro mientras el Gobierno rifa el presente y el futuro de nuestros estudiantes. La docencia tiene que ser la punta de lanza: no solo para que no nos ajusten más, sino para conquistar de una vez por todas la vida que nos merecemos, dentro y fuera del aula.

Modernizar para atrás: una reforma esclavista

En Argentina, hace unos días el gobierno de Milei logró un triunfo parlamentario y legalizó la precarización laboral. La Reforma Laboral, que desde el PTS y la 9 de Abril denunciamos durante todo el verano, promueve el banco de horas legalizando la jornada de 12 horas, termina con las horas extra que muchxs trabajadores usaban para llegar a fin de mes, flexibiliza las condiciones de trabajo con indemnizaciones más baratas a favor de los empresarios y cercena el derecho a la protesta ampliando los servicios esenciales —entre los cuales está la educación— con el objetivo de disciplinarnos y así pasar el ajuste de forma más efectiva.
El cierre de la planta de FATE es la muestra viva de este modelo: más despidos y fábricas cerradas.

Sin embargo, la fortaleza que mostró Milei en las sesiones extraordinarias es solo aparente; debajo subyace una debilidad estructural. Un informe de febrero publicado por La Nación revela que el 70,8% de los trabajadores sindicalizados rechazan la gestión de Javier Milei. Como señala Myriam Bregman en una reciente entrevista, el gobierno “tiene pies de barro” y su proyecto solo puede sostenerse si logra disciplinar a los trabajadores y desarticular la organización social.

Además, su plan económico está atado a la suerte de Trump, quien viene fuertemente cuestionado por múltiples aspectos. En una encuesta reciente publicada por CNNafirman que 6 de cada 10 estadounidenses desaprueban los ataques en Irán, incluso dentro del movimiento MAGA hay diferencias. Además viene de sufrir derrotas electorales y enfrenta un escenario incierto para las elecciones de medio término, condicionado por la crisis interna tras los asesinatos del ICE. Desde donde lo miremos, los traspiés del Trumpismo son también la pata floja del gobierno de Milei.

Macrismo vs. educación

En la Ciudad, Jorge Macri y Mercedes Miguel profundizan el desfalco educativo. Desde el control ilegal de datos biométricos hasta la reforma «BA Aprende», con el cierre de las orquestas y juegotecas, el objetivo es claro: transformar la escuela en una fábrica de mano de obra barata y a los docentes en simples facilitadores de computadoras. Bajo el modelo de Milei y el macrismo, la educación se flexibiliza y se disciplina para un mercado laboral voraz.

Frente a este ataque, la conducción de UTE – la lista Celeste – no organiza sino que cogobierna. No convoca asambleas, los plenarios de delegados no se preparan con mandatos de base y los paros no se debaten en las escuelas para involucrar a toda la docencia que quiere enfrentar los planes de la derecha. Mientras despiden docentes de programas socioeducativos y avanza la reforma, la burocracia sindical negocia a espaldas de las bases.

La plancha que hacen no la vemos ni marcamos únicamente desde la izquierda: son sectores que se reivindican peronistas quienes reclaman planes de lucha y una respuesta acorde al ataque. Por eso desde la 9 de Abril queremos ser clarxs: en las calles y en las escuelas debemos unirnos todes quienes queremos enfrentar el plan del gobierno de Milei, construir redes y organizarnos para combatir codo a codo para recuperar nuestros sindicatos y ponerlos a la cabeza de la lucha.

¿Cómo salimos de esta?

La disputa es programa contra programa. De un lado, el proyecto de Milei y todos sus aliados con peluca: ajuste, reforma laboral esclavista, recorte de derechos y mercantilización de la educación. Pichetto se reune con Cristina y plantea “una propuesta capitalista, productiva y de centro, que dé previsibilidad y garantías a los inversores y a los agentes económicos”. Una alianza con los Rocca y los Madanes Quintanilla, esa clase genocida responsable de la última dictadura cívico-militar de la que este mes se cumplen 50 años.

Del otro lado está la necesidad de un programa de independencia de clase: salario igual a la canasta familiar, jubilaciones dignas, defensa irrestricta del derecho a huelga, aumento del presupuesto educativo, reincorporación de todos los despedidos, rechazo a la reforma BA Aprende y a la huella biométrica, y control democrático de la docencia y la comunidad sobre las políticas educativas. En definitiva, que la plata que producimos quienes trabajamos vaya para mejorar nuestras vidas y no para el Fondo Monetario Internacional. Son ellos o nosotros.

Desde la 9 de Abril creemos que tenemos que dar una batalla importante desde cada escuela en la que estamos: unirnos con la comunidad —familias y estudiantes— con este programa, en la perspectiva de juntar fuerzas para vencer el ajuste. En un gremio mayoritariamente feminizado, donde las mujeres además cargan con dobles y triples jornadas de trabajo, es importante mirar la enorme movilización del último 8M: mostamos que fuerzas hay y que, si sectores como educación, salud y estatales pusiéramos ese peso al servicio de enfrentar los despidos y el ajuste, podríamos transformar esa bronca en una fuerza imparable.

Esto implica organizar asambleas en cada escuela y distrito donde participen no solo las y los docentes, sino también auxiliares, familias y estudiantes. Asambleas y espacios de organización que permitan debatir, decidir y coordinar acciones de lucha —como paros, movilizaciones y campañas — en defensa de la educación pública y los derechos laborales.

El creciente individualismo y las ideas del “sálvese quien pueda” son parte del programa de la ultraderecha. Frente a eso, la única respuesta posible es la organización colectiva. Hoy muchxs docentes piensan en desafiliarse de nuestro sindicato mayoritario (UTE). A esos docentes que tienen bronca con la política entregadora de la celeste les decimos que tenemos organizarnos para recuperar el sindicato en nuestras manos. No es una utopía, en la Argentina hay múltiples ejemplos de sindicatos combativos, recuperados en manos de los y las docentes, que organizan las escuelas y sus comunidades, por ejemplo las seccionales de Neuquén Capital y Plottier de ATEN, los SUTEBA de Provincia de Buenos Aires, UNTER de Río Negro, UEPC Capital de Córdoba, CEDEMS en Jujuy y Ademys en Capital Federal.

Unirnos con nuestrxs estudiantes y sus familias es la única forma de dar respuesta frente a los ataques. Si hoy es difícil que todas las familias puedan venir a una reunión de padres y madres, con la aplicación de la reforma laboral será aún peor. La experiencia, desde Minneapolis a Cataluña, demuestra que solo la organización desde abajo —con asambleas por escuela y coordinación entre sectores en lucha— puede frenar el avance del ajuste. Es fundamental unirnos con el conjunto de la clase trabajadora para imponer otra salida: nuestras vidas valen más que sus ganancias. Para esto, lxs trabajadores necesitamos una herramienta propia, un partido de trabajadores, anticapitalista, antiimperialista y combativo. Un partido sin burócratas, sin patrones y sin traidores. Construir esta organización es una tarea urgente para darle una salida a esta realidad.

La docencia de CABA tiene una larga tradición de lucha. Hoy, más que nunca luego del gran paro del pasado 2 de Marzo y las rebeliones docentes en Chaco y Catamarca, la enorme macha de mujeres del pasado lunes, necesitamos retomar ese camino: romper con el cogobierno de la burocracia sindical y enfrentar el ajuste con un programa propio, de independencia de clase y en unidad con el resto de los sectores en lucha.

En ese sentido, el próximo 24 de Marzo, cuando se cumplen 50 años del golpe genocida, también es una fecha de lucha política en el presente. Desde la tradición del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, defendemos la movilización independiente de todos los gobiernos y de las fuerzas patronales que ayer y hoy sostienen el mismo orden social. No se trata solo de recordar el terrorismo de Estado, sino de señalar que la dictadura fue el instrumento de la clase dominante para imponer un plan económico contra la clase trabajadora, cuyos efectos todavía se sienten. Por eso, para la docencia y para toda la comunidad educativa, el 24 de Marzo tiene que ser también una jornada de organización y de debate en las escuelas, ligando la memoria histórica con las luchas actuales contra el ajuste, la precarización laboral y el ataque a la educación pública. Porque la pelea por la educación pública es la pelea por el futuro de toda la clase trabajadora.

https://www.laizquierdadiario.com/Que-rol-podemos-jugar-les-docentes-ante-la-realidad-actual

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Argentina: Educación bajo amenaza y lucha contra el gobierno

La semana comenzó con fuerte conflictividad en la provincia de Catamarca. El lunes 2 de marzo la CTERA, junto a los gremios docentes nacionales UDA, CEA, SADOP y AMET, convocó a un paro nacional docente que en la provincia tuvo alrededor de un 70% de adhesión.

Ese mismo día por la mañana, un grupo de docentes decidió no iniciar el ciclo lectivo 2026 y se movilizó hacia la Casa de Gobierno para reclamar una recomposición salarial real y repudiar la propuesta presentada por el gobierno provincial.

Ante la convocatoria al paro y la movilización, el gobernador Raúl Jalil (del PJ) alineado con las políticas del gobierno nacional de Javier Milei, dictó la noche del domingo una conciliación obligatoria, con el objetivo de intentar frenar la participación docente en las medidas de fuerza.

Sin embargo, la maniobra no logró su objetivo. La adhesión al paro se mantuvo y durante la jornada se registraron manifestaciones y cortes autoconvocados en distintos puntos de la provincia en reclamo de mejoras salariales y estabilidad laboral.

En Fiambalá, docentes realizaron un corte sobre la Ruta Nacional 60, en el acceso sur de la ciudad. En Santa María, la concentración se realizó a la altura del Monumento a la Pachamama, sobre la Ruta Provincial 17, desde donde marcharon hasta la Plaza Belgrano.

Las protestas también se replicaron en Andalgalá, donde docentes autoconvocados y trabajadores de la salud se concentraron en la Plaza 9 de Julio, además de movilizaciones en Paclín y en la capital provincial.

Jalil bajo la lupa de la docencia

La bronca de la docencia siguió creciendo y el 4 de marzo por la tarde cientos de docentes autoconvocados volvieron a movilizarse en la capital catamarqueña, ante la falta de respuestas del gobierno.

La concentración se realizó en la Plaza 25 de Agosto, desde donde marcharon hasta la Plaza 25 de Mayo, bajo la consigna: “En las rutas, en las calles, en las plazas: ¡la lucha es de todos!”. El reclamo central es el rechazo a la oferta salarial del gobierno y la exigencia de una recomposición urgente acorde a la crisis económica, con un planteo de $1.300.000 al básico.

La movilización también repudió las declaraciones del gobernador Raúl Jalil, quien tras la primera jornada de protesta confirmó el inicio de sumarios administrativos contra docentes que participaron del paro, junto con la advertencia de descuentos salariales bajo la consigna: “Día trabajado, día pagado”.

Estas medidas fueron interpretadas por la docencia como un intento de disciplinamiento y una amenaza directa contra el derecho constitucional de huelga, en un contexto donde los trabajadores de la educación denuncian salarios insuficientes y condiciones laborales cada vez más deterioradas.

En este marco, docentes autoconvocados ya convocaron a una nueva movilización para este sábado 7 a la tarde. A su vez, en el plano nacional, se anunció un paro universitario del 16 al 20 de marzo en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.

Crece el malestar social

El conflicto docente se da en medio de un clima de creciente tensión social en la provincia. En los últimos días se multiplicaron movilizaciones y protestas que apuntan al gobierno provincial exigiendo respuestas frente al deterioro de las condiciones de vida.

Las consignas responsabilizan tanto al gobernador Jalil como al presidente Milei, señalando que el gobierno provincial aplica un ajuste alineado con las políticas nacionales.

En las calles y en las redes sociales se repiten reclamos por trabajo, aumentos salariales y mejores condiciones laborales, reflejando el fuerte deterioro del poder adquisitivo desde que asumió este gobierno.

La necesidad de un plan de lucha

Desde Alternativa Docente planteamos la necesidad de que las conducciones sindicales de CTERA y la CGT impulsen un plan de lucha nacional, dando continuidad al paro del 2 de marzo. Y convoquen a un paro provincial de 48 horas con movilización la próxima semana.

En varias provincias continúan abiertos los conflictos salariales y se desarrollan medidas de fuerza. El paro nacional del 2 de marzo expresó parte de la bronca acumulada, pero muchos docentes consideran que una medida de 24 horas resulta insuficiente.

En ese contexto, la autoorganización docente vuelve a aparecer como una herramienta de lucha, frente a la pasividad de las conducciones sindicales. El objetivo, tiene que ser unificar los reclamos y retomar el nivel de unidad alcanzado durante 2025, cuando trabajadores estatales y del sector privado protagonizaron movilizaciones unitarias masivas, por salario y condiciones laborales.

Para la docencia catamarqueña movilizada, la situación es clara: el hambre y la miseria no pueden esperar

Catamarca. Educación bajo amenaza y lucha contra el gobierno

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Argentina: Los gremios docentes pararon y movilizaron en todo el país

La CTERA dijo que la adhesión fue del 90% y que continuarán los reclamos con nuevas acciones.

Los gremios docentes realizaron un paro nacional con movilizaciones en distintas partes del país contra las políticas del gobierno de Javier Milei y las administraciones provinciales. El acto central se llevó adelante frente al Congreso de la Nación, donde confluyeron los principales sindicatos del sector, mientras que en distintas provincias también se destacaron grandes concentraciones, marchas y otras actividades para visibilizar el reclamo.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) dejaron en claro que la jornada tuvo una adhesión del 90% a nivel nacional y que la lucha continuará con nuevas acciones.

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, denunció el desfinanciamiento del sistema educativo y apuntó contra la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la falta de convocatoria a la paritaria nacional y los recortes en presupuesto para comedores escolares y programas de conectividad. “¡Nos quieren de rodillas! ¡Quieren que no haya paritaria nacional docente! ¡Quieren que no haya presupuesto para la educación! ¡Quieren que no haya comedor y copa de leche para nuestros pibes y para nuestras pibas! ¡Quieren que no haya FONID, que no haya conectividad!”, expresó.

Alesso anuncio de continuidad del conflicto. “Por eso, hoy, continuamos el plan de lucha que venimos haciendo en el país, en todas las provincias. ¡Esta continuidad no termina acá! ¡Vamos a construir el Frente Nacional Educativo en todo el país! ¡Con carpas, clases públicas, movilizaciones, debate con la sociedad! ¡Y vamos a seguir el plan de lucha hasta que retrocedan las políticas de ajuste!”, afirmó.

Los docentes y trabajadores de la educación no solo rechazan el ajuste salarial, sino también que insisten en la necesidad de inversión y más presupuesto para la educación pública, que viene siendo desfinanciada por el gobierno de La Libertad Avanza.


Fuente: https://agencia.farco.org.ar/noticias/los-gremios-docentes-pararon-y-se-movilizaron-en-todo-el-pais/

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Argentina: Declararon un paro nacional docente para el 2 de marzo y peligra el inicio de las clases.

Lo dispuso CTERA en reclamo de la “convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente” y de un aumento salarial que supere la inflación. Los gremios educativos de la CGT advirtieron que también podrían definir medidas de fuerza

El inicio del ciclo lectivo 2026 está en peligro: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió este viernes un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, en reclamo de la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.

Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

Sonia Alesso y Roberto Baradel,Sonia Alesso y Roberto Baradel, en un encuentro de CTERA

Además, durante el congreso de CTERA se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.

Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero,secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.

Sergio Romero, líder de UDA,Sergio Romero, líder de UDA, en la CGT

Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse,lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.

Además, destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

UDA y CEA señalaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el sistema educativo y el presupuesto destinado a la educación técnico profesional”, lo que “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.

Sergio Romero, líder de UDA,Sergio Romero, líder de UDA, en una movilización de la CGT

Por esa razón, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, al tiempo que reiteraron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.

Ante la circulación de un borrador sobre un nuevo proyecto de reforma educativa, además, los gremios que integran la CGT adelantaron su rechazo: “Anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el sistema educativo argentino”.

Finalmente, tanto UDA como CEA remarcaron que “los docentes advertimos que las situaciones que se generan en el sistema educativo nos imponen defender la educación y los derechos salariales y colectivos de todos los trabajadores de la educación”, y concluyeron: “El Gobierno Nacional debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.

https://www.infobae.com/politica/2026/02/20/declararon-un-paro-nacional-docente-para-el-2-de-marzo-y-peligra-el-inicio-de-las-clases/

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Argentina: sindicatos de la educación se movilizan en contra una reforma que precariza el trabajo y golpea derechos

Argentina: sindicatos de la educación se movilizan en contra una reforma que precariza el trabajo y golpea derechos

Las organizaciones sindicales de la educación afiliadas a la Internacional de la Educación América Latina (IEAL) en Argentina -CTERA, CEA, CONADU y SADOP- se movilizaron este miércoles junto a otras organizaciones de trabajadoras y trabajadores en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado argentino.

La movilización se enmarca en un plan de lucha más amplio impulsado por el movimiento sindical frente a una iniciativa del gobierno de Javier Milei que bajo la excusa de “modernización laboral”, propone modificaciones profundas al régimen de trabajo vigente. Sin embargo, estas modificaciones representan un retroceso significativo en derechos individuales y colectivos conquistados por la clase trabajadora. 

«Esta reforma laboral no tiene ningún punto a favor de los trabajadores y trabajadoras. Viene a destruir la industria, los puestos de trabajo y cada una de nuestras conquistas», señaló Sonia Alesso, Presidenta del Comité Regional de la IEAL y Secretaria General de CTERA. 

Retroceso para los trabajadores y trabajadoras 

El proyecto de ley introduce cambios estructurales graves en el sistema laboral argentino. Entre sus ejes centrales se encuentra la modificación del régimen de indemnizaciones por despido que reemplazaría el sistema actual. Esta medida abarata el costo del despido para los patronos y debilita la protección frente a cesantías arbitrarias.  

Otro aspecto preocupante del proyecto es el debilitamiento de la negociación colectiva. La reforma busca descentralizar los convenios colectivos por actividad y priorizar acuerdos a nivel de empresa. Esto expone a las y los trabajadores a negociaciones individuales desiguales y facilita la reducción de salarios y condiciones laborales. 

La iniciativa también incorpora un sistema de “banco de horas”, que permite extender la jornada laboral sin el pago de horas extras. A esto se suma la posibilidad de fraccionar las vacaciones y otorgarlas en cualquier momento del año, afectando el derecho al descanso y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

Otro aspecto preocupante del proyecto es el debilitamiento de la negociación colectiva. La reforma busca descentralizar los convenios colectivos por actividad y priorizar acuerdos a nivel de empresa. Esto expone a las y los trabajadores a negociaciones individuales desiguales y facilita la reducción de salarios y condiciones laborales. 

La iniciativa también incorpora un sistema de “banco de horas”, que permite extender la jornada laboral sin el pago de horas extras. A esto se suma la posibilidad de fraccionar las vacaciones y otorgarlas en cualquier momento del año, afectando el derecho al descanso y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

Otro aspecto preocupante del proyecto es el debilitamiento de la negociación colectiva. La reforma busca descentralizar los convenios colectivos por actividad y priorizar acuerdos a nivel de empresa. Esto expone a las y los trabajadores a negociaciones individuales desiguales y facilita la reducción de salarios y condiciones laborales. 

La iniciativa también incorpora un sistema de “banco de horas”, que permite extender la jornada laboral sin el pago de horas extras. A esto se suma la posibilidad de fraccionar las vacaciones y otorgarlas en cualquier momento del año, afectando el derecho al descanso y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

Otro aspecto preocupante del proyecto es el debilitamiento de la negociación colectiva. La reforma busca descentralizar los convenios colectivos por actividad y priorizar acuerdos a nivel de empresa. Esto expone a las y los trabajadores a negociaciones individuales desiguales y facilita la reducción de salarios y condiciones laborales. 

La iniciativa también incorpora un sistema de “banco de horas”, que permite extender la jornada laboral sin el pago de horas extras. A esto se suma la posibilidad de fraccionar las vacaciones y otorgarlas en cualquier momento del año, afectando el derecho al descanso y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

La reforma restringe el derecho a huelga al ampliar la definición de servicios esenciales y establecer niveles obligatorios de prestación de entre el 50 % y el 75 %, lo que limita de manera significativa la capacidad de acción sindical, especialmente en sectores como la educación.  

El proyecto también mantiene a las y los trabajadores de plataformas digitales fuera de la relación laboral formal, consolidando esquemas de precarización y negando derechos básicos como estabilidad, cobertura de salud y aportes a la seguridad social. 

Desde la IEAL hemos señalado en diversas ocasiones que para garantizar una educación pública de calidad, los trabajadores y trabajadoras deben contar con condiciones de trabajo decentes y pleno respeto a sus derechos. La negociación colectiva y el derecho a huelga, reconocidos como un derecho fundamentales por los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  es una herramienta esencial para asegurar salarios dignos, jornadas justas y condiciones laborales adecuadas. Cualquier iniciativa que debilite este y otros derechos no solo afecta a quienes trabajan en la educación, sino que impacta directamente en la calidad de los sistemas de educación.

Fuente de la Información: https://www.ei-ie-al.org/noticias/argentina-sindicatos-de-la-educacion-se-movilizan-en-contra-una-reforma-que-precariza-el

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