La nueva legislación laboral que quiere imponer Milei con su megadecreto “de necesidad y urgencia” y su “ley ómnibus” divide los derechos de huelga de los trabajadores entre los que laboran en servicios esenciales y los que lo hacen actividades de importancia trascendental.
Los servicios esenciales, cuyos trabajadores en caso de huelga deben garantizar que se “cubra el 75% de la prestación normal del servicio”, son:
• Los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
• Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales.
• La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque de buques.
• Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior.
• El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.
Las actividades de importancia trascendental, cuyos trabajadores en caso de huelga deben garantizar que se “cubra el 50% de la prestación normal del servicio”, son:
• La roducción de medicamentos y/o insumos hospitalarios.
• El transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.
• Los servicios de radio y televisión.
• Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera.
• La industria alimenticia en toda su cadena de valor.
• La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios portuarios y aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor.
• Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico.
• La producción de bienes y/o servicios de toda actividad, que estuvieran afectados a compromisos de exportación.
Y como si esto fuera poco, se establece una “Comisión de garantías”, con el poder de calificar en cualquiera de estas dos categorías a alguna actividad no mencionada en el decreto cuando:
• La extensión y duración de la interrupción de la actividad de que se tratare pudiere poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en toda o parte de la comunidad.
• La actividad afectada constituyere un servicio público de importancia trascendental o de utilidad pública.
• La interrupción o suspensión del servicio pudiere provocar una situación de crisis nacional aguda que hiciere peligrar las condiciones normales o de existencia de parte de la población.
• La interrupción o suspensión de la producción pudiere poner en peligro el adecuado abastecimiento de productos críticos para la población y/o afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal.
En síntesis, el derecho de huelga para todos los trabajadores se acabó: para un sector de ellos, la mitad está obligada a trabajar, y para el otro sector las tres cuartas partes están obligados a trabajar.
Es tan salvaje este ataque que despertó una histórica tradición de la clase trabajadora mundial, el internacionalismo obrero que, con muy pocas excepciones parciales y limitadas, prácticamente había desaparecido. Esta es una lista incompleta de las organizaciones sindicales que expresaron su apoyo al paro del 24 de enero decidido por la Confederación General del Trabajo de la Argentina, algunas de las cuales convocaron a realizar marchas de protesta y repudio a Milei hacia las embajadas argentinas en sus respectivos países.
En Latinoamérica, las centrales sindicales de Uruguay, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Colombia.
En Europa, las centrales sindicales de Francia, Italia, Bélgica, España, Galicia y País Vasco, y los sindicatos de los Maquinistas Ferroviarios, el Transporte y la Alimentación de Gran Bretaña.
Falta un trecho muy largo para que lleguemos a cumplir el grito de guerra con que termina el Manifiesto Comunista: ¡Proletarios del mundo, uníos! Pero lo único bueno que hizo Milei fue provocar que esta tradición del movimiento obrero internacional haya comenzado a crecer.
La OIT, el organismo laboral especializado de las Naciones Unidas, manifestó su preocupación por las últimas disposiciones del oficialismo.
Se abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT). La central obrera, junto a la CTA y la CTA Autónoma, reclamó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el intento de reforma laboral dispuesta por DNU y por la posterior imposición de una multa por $40.500.000 para costear el operativo de seguridad desplegado en la marcha del pasado 27 de diciembre.
La imposición de multa a los manifestantes forma parte del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich, quien explicó que se les enviará la factura «a las organizaciones o individuos responsables» por los costos de los operativos, ya que «el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad». En ese marco, señaló que «las organizaciones que tengan personería o los individuos que la tengan, deberán hacerse cargo». El pasado jueves, el Gobierno también estableció otro castigo económico a aquellos trabajadores estatales que lleven adelante actividades sindicales: descontará la jornada laboral del salario a los empleados que participen del paro nacional del 24 de enero.
En ese marco, y tras recibir la queja de las centrales obreras argentinas, la OIT emitió un comunicado en donde informa que el Director General de la organización, el togolés Gilbert Houngbo, se puso en contacto con el Gobierno nacional solicitando explicaciones por «los flagrantes alegatos de violaciones a la libertad sindical y a los convenios internacionales».
La respuesta de la CGT: «El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado»
«El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado» se titula el comunicado que emitió la CGT luego de recibir una factura por los costos del operativo de seguridad. Allí considera que «es una nueva provocación del Poder Ejecutivo» la intimación iniciada por la cartera de seguridad.
«Este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país», consideró la central obrera.
Asimismo, y en el marco de la decena de gremios que repudiaron la recepción de las intimaciones, apuntan en el comunicado contra «la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento». Finalmente, subrayan que la CGT «no representa los intereses de ‘una casta’, sin los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país».
El Gobierno presentó ante la Justicia un informe en defensa de la reforma laboral del DNU
El Ejecutivo presentó en la tarde del viernes el informe con el que solicitó que sea rechazada la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual pretende que se declare la invalidez del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, tal como informaron fuentes judiciales. Una vez que el Ministerio Público Fiscal emita su opinión, y tras analizar la admisibilidad del planteo en cuestión, la justicia laboral estará en condiciones de dictar sentencia.
«Solo persigue ni más ni menos que reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial», se sostuvo en el informe del Estado Nacional.
En el texto de más de 90 páginas se señaló que las reformas laborales, en general, «consisten en dinamizar el crecimiento del empleo, formalizar el trabajo no registrado, promover la inserción laboral de colectivos de personas que presentan obstáculos para acceder al mercado de trabajo, incrementar el poder adquisitivo de los salarios e impulsar la participación de la población en el ámbito laboral».
No obstante, se aclaró que «en la Argentina contemporánea, las problemáticas habitualmente mencionadas para justificar las reformas no se verifican en su totalidad, a pesar de que es evidente que los déficits estructurales de trabajo decente son más que significativos». «Esto significa que es necesario realizar un trabajo de selección de los indicadores (y las problemáticas) que formaran parte de los fundamentos de la política de reforma, con el propósito de evitar errores y falacias de diagnóstico», según se sostuvo en el informe.
Hallan fósiles de una nueva especie de dinosaurio herbívoro en el sur de Argentina
Científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina dieron a conocer hoy el hallazgo de fósiles de una especie de dinosaurio herbívoro de cuello largo, al sur del país.
Según explica una publicación del Conicet, la especie descubierta en la provincia de Neuquén fue bautizada con el nombre de Sidersaura marae. Se caracterizaba por su hocico ancho tipo pato y por los huesos de su columna vertebral rellenos de espacios con aire.
Esta especie no se distinguía por un gran tamaño, pero es la más grande de la familia con un peso estimado de 15 toneladas y una longitud de 18 a 20 metros.
Una de las características que destacan a este grupo es la forma estrellada de sus huesos de la cola, según los paleontólogos a cargo de la investigación. Otro de los rasgos, son sus huesos del cráneo robustos, a diferencia de los restos de sus parientes más cercanos.
Los científicos detallaron en una publicación en la revista Historial Biology, que la nueva especie de dinosaurio descubierta era cuadrúpedo y tenía una cola larga.
Los fósiles corresponden a cuatro ejemplares diferentes y estaban en la zona conocida como Cañadón de Las Campanas, ubicado a 20 kilómetros de Villa El Chocón, en Neuquén.
Entre los restos paleontológicos se hallaron vértebras de la zona sacra y la cola en parcial articulación, huesos de las extremidades posteriores, partes del cráneo y vértebras sueltas de la cola.
Aunque los primeros restos de Sidersaura fueron descubiertos en 2012, su extracción tomó cinco campañas anuales de entre dos y cuatro semanas, en las que también se recuperaron los restos del carnívoro gigante Meraxes gigas, hallados junto a los fósiles del ejemplar de Sidersaura de mayor tamaño.
A partir de estudios geológicos, los investigadores pudieron determinar que estos dinosaurios murieron en una zona barrosa cercana a un río y sus restos se descompusieron en ese mismo lugar. Luego, animales carroñeros se llevaron algunos huesos y las crecidas del río arrastraron otros restos y desarmaron parcialmente los esqueletos.
El trabajo paleontológico contó con financiamiento de National Geographic, la Municipalidad de Villa El Chocón (Neuquén), la Fundación Azara y el Museo Field de Historia Natural de Chicago (Estados Unidos), del cual participó el investigador Peter Makovicky y la técnica Akiko Shinya.
(Con información de Prensa Latina)
Fuente de la Información: http://www.cubadebate.cu/noticias/2024/01/04/hallazgo-de-fosiles-de-una-nueva-especie-de-dinosaurio-herbivoro-en-el-sur-de-argentina/
Conversamos con Carla Gaudensi, Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y trabajadora en la Agencia pública de Noticias Télam, acerca del paro convocado por las principales sindicales del país para este 24 de enero en rechazo a las decisiones neoliberales del presidente “libertario”.
En sus primeros días de gobierno el presidente argentino Javier Milei ha propuesto medidas disruptivas que han generado el rechazo entre sus detractores e incertidumbre entre sus votantes. Sus políticas económicas se centran en la reducción del gasto público, la simplificación del sistema impositivo y la promoción de la libre competencia. Todas medidas en detrimento de las clases medias y populares de la Argentina. Algunos, como en su reciente alocución en el Foro Económico Mundial en Davos, lo ven como un defensor apasionado del liberalismo económico, mientras que otros y otras cuestionan la viabilidad y los impactos regresivos de sus propuestas.
En medio de este escenario económico y político críticos, conversamos con Carla Gaudensi, Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y trabajadora en la Agencia pública de Noticias Télam, acerca del paro convocado por las principales sindicales del país para este 24 de enero en rechazo a las decisiones neoliberales del presidente “libertario”.
FRL: ¿Por qué realizar un paro general de trabajadores a poco más de un mes del gobierno de Javier Milei?
CG: Creemos que se da con tanta rapidez porque ya desde el primer día que asume este gobierno provoca una devaluación brutal de más del 120 por ciento, que deteriora mucho más el poder adquisitivo de los asalariados y asalariadas y ni hablar de los trabajadores que están en la informalidad o que están en la economía popular. Esa devaluación se traduce directamente a los precios, afectando a los sectores más humildes de nuestro país, un país donde la riqueza está muy concentrada en pocas manos. No pasaron ni diez días de esa primera devaluación y tuvimos la presentación de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), donde no había ninguna necesidad ni ninguna urgencia.
FRL: ¿Cuáles serían los reclamos principales contra este DNU?
Entre otros puntos, pretende una reforma laboral incluyendo cambios sustanciales en la organización sindical. Buscan debilitar la estructura laboral y las regulaciones en materia económica. También ataca a los inquilinos, la mayoría de quienes son trabajadores y trabajadoras en nuestro país tienen el acceso a la vivienda muy limitado. Hoy la clase trabajadora en general no puede acceder a una vivienda. La desregulación en materia de alquileres también es una transferencia de riqueza a sectores económicamente más poderosos en nuestro país o para las inmobiliarias. Otra norma que contiene este decreto que nos involucra a quienes somos trabajadores y trabajadoras de prensa es el que atenta contra las empresas del Estado, pretendiendo transformarlas en sociedades anónimas. Nosotros tenemos los medios de comunicación públicos nacionales como Radio Nacional, la Televisión Pública y la agencia de noticias Télam, que es el lugar donde yo trabajo. Son tres medios públicos nacionales. En su conformación los medios públicos nacionales tienen un rol social y buscan cambiar esa identidad para transformarla en una sociedad con fines de lucro. Se altera el sentido de cumplir con ese carácter social que garantiza acceso a toda la ciudadanía.
En la Cámara de Diputados el gobierno presentó una “Ley Ómnibus”, que no sólo contenía el DNU, sino que contenía un montón de leyes más que apuntaban a cada sector de la economía, a cada sector de la actividad económica y productiva de nuestro país y que apuntaba a destruir, no solo la organización en la sociedad como la concebíamos, sino que seguía apuntando los cañones cada vez más a los sectores populares, beneficiando a las élites concentradas. Lo han dicho en las exposiciones en la Cámara de Diputados, cada artículo parece que tiene nombre y apellido de alguna empresa.
FRL: ¿Qué tipo de actores sociales son los que convocan al paro?
CG: Históricamente la Confederación General del Trabajo (CGT) es la central más aglutinante y de mayor cantidad de gremios, pero en los años noventa, en un momento histórico neoliberal muy parecido a este, tuvieron variadas visiones de cómo enfrentar esa etapa histórica, así surge la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), que actualmente tiene una división. Lo que podemos inferir de estas últimas décadas es que cuando hay gobiernos que vienen a atacar a los intereses de la clase trabajadora, la unidad se vuelve urgente y se teje por arriba y por abajo; se cristaliza en el objetivo central que es defender a la clase. Creo que esos momentos, los más regresivos en materia de derechos sociales, laborales y económicos, nos han llevado a poder generar esa gran articulación y que hoy se está dando también con quienes están en los movimientos sociales o en la economía popular, que son trabajadores no registrados en la formalidad pero que generan aportes a la producción nacional, sea de bienes y servicios generando riqueza económica y social. De hecho, a partir de la victoria de Milei pareciera que hay una ausencia de liderazgos políticos y ante eso hoy la CGT y la CTA junto a los movimientos sociales, son los que están encabezando esta reacción en la sociedad para demostrar que hay una resistencia a estas medidas empobrecedoras. Incluso se están sumando al paro sectores de la sociedad que en otras etapas históricas han tenido bastante reticencia a la organización sindical porque los medios de comunicación, entre otros sectores, estigmatizan muchísimo a quienes están en los sindicatos.
Es casi impensado que haya un paro a un mes y medio de gobierno cuando en general siempre se pide que haya seis meses de contemplación o de “luna de miel”. Pero no existió porque es muy brutal la intención de destruir todo el tejido social. Esta política de “shock”, como ellos la llama, realmente no perjudica a ningún sector concentrado. En ninguna norma se plantea discutir las grandes riquezas. Todo lo que propone es transferencia de los que menos ingresos tienen a los que más ingresos tienen, entonces ahí hay un ataque claro a las grandes mayorías. Tal vez es mejor que en este momento los protagonistas sean las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras que son los que ven afectado el corazón de su organización. Si el DNU se aprueba, en nuestro país desaparece la organización de los trabajadores como la tenemos concebida a la fecha.
FRL: ¿Cómo crees que se recompone, en ese sentido, el campo popular y de izquierdas en general, en este momento de avance de la ultraderecha en lo social, económico, político?
CG: Está faltando que emerja de todo este proceso una conducción política natural. Apenas salió el DNU hubo una protesta espontánea, los famosos cacerolazos que son parte de un emergente que surge en el 2001, en la crisis más importante que tuvimos en nuestro país. Esa fue la muestra de contrarrestar el discurso que ellos habían implantado: “ganamos por el 56%, podemos hacer lo que queramos”. Entonces no fue un cheque en blanco para que nos sigan empobreciendo. Se empieza a ver en los sectores que lo votaron incomodidad, pero todavía no un enojo contundente. Otros dicen que hay que darle tiempo. Y ¿qué se está haciendo? Me parece que quienes de alguna manera estamos en distintas organizaciones estamos ampliando nuestro alcance a través de multisectoriales, que es algo que, de alguna manera, surge en la provincia de Buenos Aires y las impulsa el gobernador opositor al gobierno, el peronista Axel Kicillof. Él mismo dice que estas iniciativas no tienen un sello partidario, que es amplio a toda la sociedad civil afectada por estas políticas neoliberales y pide que abran en lo posible la participación.
Nuestra idea es armar algo más transversal, más sectorial, para empezar a caminar los barrios y ver cómo va decantando ese malestar social hablando con los vecinos. Eso se está haciendo en varios puntos de la provincia de Buenos Aires y en las provincias del país. Ya no son solamente las centrales sindicales, sino que empiezan a participar vecinos, vecinas en asambleas.
FRL: ¿Qué rol cumplen los feminismos en esta recomposición del antagonismo social y teniendo como antecedente el discurso de Milei en Davos donde apuntaba al movimiento como uno de los responsables de la crisis actual en Argentina y “Occidente”?
CG: No sorprende que Milei ataque a los feminismos porque sabemos cuál es su idea política, conocemos su rechazo desde siempre. Creo que en líneas generales no se puede reproducir lo que dijo en Davos, realmente es una brutalidad, no tengo palabras para describirlo. Aunque quizás lo explicó muy bien. Él define al capitalismo como enemigo del feminismo y sí, entendió todo, las feministas somos enemigas del capitalismo. El patriarcado y el capitalismo son uno solo y ahí está la lucha de los feminismos para combatirlos. El feminismo es una absoluta lucha contra la opresión. Y es una lucha de clases y de géneros contra esa opresión que sostiene el capitalismo en sí mismo. Así que me parece que él lo entiende bien. En las últimas horas nos preguntaban en algunos medios de comunicación si nos indignaba el discurso, pareciera que querían que nos indignáramos. Y a nosotras nos pareció tan natural lo que sucedió. En todo caso es un discurso que rechazamos completamente. No hay dónde enfocarse ahí. No nos vamos a indignar por esa parte, me indigno desde que arrancó. Dijo que Occidente estaba en peligro. Es como el DNU que promulga, no se pueden analizar seriamente, lo rechazamos en su conjunto. Lo mismo con el discurso en Davos. Me parece que es todo reprobable. Y lo del feminismo ni hablar, pero creo que lo entendió bien.
Desde los feminismos hay que repensar una agenda más arraigada en la clase que, desde mi punto de vista, un poco se fue perdiendo. Se perdió mucho la calle también. Perdimos el protagonismo y la agenda en la calle. Costó entender cuál era la agenda. Después del logro con la legalización del aborto pareciera que se diluyó la agenda feminista. Y ahí nos costó repensar. Nosotras tenemos que estar al frente de la pelea. Es así lisa y llanamente. De hecho, en las asambleas feminisas últimamente hay compañeras que nos dicen que esperan realmente que se deje de hablar de determinadas cosas y discutamos más bien cómo vamos a poner el cuerpo en las movilizaciones y en los paros. Cómo vamos a poner el cuerpo a los distintos lugares, en vez de seguir teorizando sobre lo mismo.
En la primera reunión del año, la Conducción Nacional de la CTA ratificó la Jornada Nacional de Lucha del 24 de enero y llamó a realizar plenarios regionales y asambleas multisectoriales para fortalecer el plan de acción y multiplicar las movilizaciones en todo el país.
Este martes 3 tuvo lugar la primera reunión de Mesa Ejecutiva Nacional de la CTA, con presencia de los secretarios generales de las provincias y de los sindicatos y organizaciones nacionales que pertenecen a la Central.
Durante la reunión se hizo una caracterización de la etapa con un análisis de las últimas medidas de gobierno, y se respaldaron las medidas de acción que fueron lanzadas la semana pasada por la CTA Autónoma junto a las CTA de los Trabajadores y la UTEP.
Asimismo se pusieron en valor las presentaciones ante la Justicia para declarar inconstitucional el DNU de Milei y la denuncia penal por abuso de poder. En la misma línea se valoraron las distintas movilizaciones populares que empiezan a tener lugar a lo largo y ancho del país para ponerle freno tanto al DNU como al proyecto de Ley Ómnibus.
Durante la reunión se conoció la resolución de la cámara de trabajo que suspende los artículos laborales tanto individuales como colectivos del DNU. Esto se evaluó como un primer triunfo del plan de lucha en defensa de los derechos de la clase trabajadora, ya que su implementación implica una reforma laboral de hecho.
Con el debate de las y los presentes se ratificó el plan de acción que incluye un paro con movilización junto a la CTA de los Trabajadores, la UTEP y la CGT el próximo 24 de enero. Coincidiendo con lo resuelto en el plenario conjunto, también se acordó la realización de plenarios a lo largo y ancho del país, como así también de asambleas multisectoriales para seguir construyendo la unidad y profundizar el plan de acción. Asimismo se definió alentar la realización de asambleas en los lugares de trabajo y territorios.
El presidente argentino no renovará los contratos de 5.000 empleados públicos.
El ultraderechista Javier Milei encendió la motosierra nada más llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre. El flamante presidente argentino no quiso perder tiempo para llevar a cabo su promesa de desmontar el Estado del bienestar y reducir todo lo público a lo imprescindible. En el país donde los turistas hacen fotos de los piquetes y protestas como si fueran algo típico, el esperado conflicto social parecía anticiparse. Sin embargo, los opositores a Milei, principalmente el peronismo y los movimientos sociales de izquierda, están actuando con una prudencia inesperada.
La principal central obrera de Argentina, la peronista Confederación General del Trabajo (CGT), convocó este miércoles en Buenos Aires su primera protesta contra el Gobierno. Pero llamativamente lo hizo con formas casi escandinavas: pidió permiso para manifestarse, no cortó calles y se desconcentró rápidamente y sin apenas incidentes.
La convocatoria sindical tuvo un objetivo muy concreto. En lugar de tomar la avenida 9 de Julio o la plaza de Mayo, la CGT organizó una concentración en la plaza Lavalle, frente al palacio de Justicia, para presentar en tribunales una petición para suspender por inconstitucional el megadecreto de Milei del 20 de diciembre que pretende liberalizar de forma extrema la economía argentina. Sin embargo, un juzgado laboral rechazó este miércoles, en tiempo récord, la petición de la central obrera argumentando que el decreto aún no ha entrado en vigor.
La policía aplica con rigor el “protocolo antipiquetes” para evitar cortes de calles en Buenos Aires
A pesar de haber sido firmado por el presidente, el paquete de 300 medidas de Milei debe ser ratificado por el Congreso, donde el Gobierno y sus aliados macristas no tienen mayoría y necesitan alcanzar pactos con otras formaciones para hacerlo efectivo. El megadecreto pretende desregular aceleradamente la economía, privatizar todas las empresas públicas, fomentar la medicina privada, liberalizar sectores como el vitivinícola o el aerocomercial, modificar el Código Civil y Comercial, sincerar el uso del dólar o derogar leyes como la de Alquileres, que protege a los arrendatarios.
La protesta de la CGT se produjo un día después de que el martes la Casa Rosada anunciara que no renovará 5.000 contratos de empleados públicos que acaban el 31 de diciembre y que ingresaron en la administración en el 2023, coincidiendo con el último año de mandato del peronista Alberto Fernández. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncia que la cifra es de 7.000 despidos. Igualmente, el Gobierno revisará los contratos firmados con anterioridad al 1 de enero del 2023. El Ejecutivo también anunció que analizará los planes sociales de los más pobres, ayudas que cobran más de un millón de argentinos, arguyendo que unos 160.000 beneficiarios estarían recibiéndolos irregularmente.
A la concentración de este miércoles, que reunió a unas 8.000 personas también se sumó la ATE, el principal sindicato de empleados públicos, y distintos movimientos sociales de izquierda que ya salieron a la calle la semana pasada apenas reunieron a 3.000 personas y tampoco cortaron la 9 de Julio.
Los cortes de calles y los piquetes, con el consiguiente colapso de tráfico en Buenos Aires, ha sido algo normalizado en las últimas dos décadas. No obstante, la llegada de Milei supuso el nombramiento como ministra de Seguridad de la derechista Patricia Bullrich, candidata presidencial macrista en la primera vuelta y ahora aliada del mandatario. Bullrich, que ocupó el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), reactivó con más fuerza su denominado “protocolo antipiquetes”, ejerciendo una estricta presión policial inédita sobre los piqueteros para evitar cortes de calles.
La ministra ha advertido a los beneficiarios de planes sociales que si participan en cualquier protesta perderán los subsidios que reciben; en este sentido, la policía ha empezado a grabar a los manifestantes y usa programas de reconocimiento facial para identificarlos.
“Los derechos laborales que conculcan son grandísimos, pero conculcan también un montón de derechos”, dijo este miércoles sobre los decretos Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales de la CGT, que ya amenaza con una huelga general. Daer añadió que hay “un montón de sectores de la ciudadanía que se ven afectados” por un megadecreto que “solamente complace los intereses de un pequeño grupo de poder económico de la Argentina que es el que se va a beneficiar con estas medidas”.
El miércoles, Javier Milei anunció en 15 minutos un “decreto por razones de necesidad y urgencia” (DNU) con 366 artículos. Alegó que la rápida derogación de cientos de normas vigentes es la única forma de comenzar a resolver gravísimos problemas económicos y sociales, y se propone lograrla por la vía del DNU, que la Constitución argentina reserva a las situaciones en que “circunstancias excepcionales” hagan “imposible seguir los trámites ordinarios” para que el Congreso trate y vote proyectos.
Parece muy poco viable la aprobación parlamentaria de estas medidas, pero no por “circunstancias extraordinarias”, sino porque los diputados y senadores representan a sus votantes.
El triunfo de Milei en el balotaje del 19 de noviembre se debió a diversos motivos que merecen un análisis a fondo, pero no parece que entre ellos predomine el mismo tipo de fanatismo doctrinario sobre cuestiones económicas que exhibe el actual presidente, quien destinó dos tercios de los mencionados 15 minutos a una arenga ideológica, con el mismo desdén por las discrepancias e incluso por la realidad que caracterizó su campaña electoral.
Es muy improbable que la mayoría de la población comparta con él la convicción de que, apenas para empezar, es preciso agregar a sus actuales penurias una brusca desregulación de las relaciones laborales, la formación de precios, la competencia entre productos nacionales e importados, los alquileres, los servicios de salud y la educación, entre muchísimas otras cosas.
Ya comenzaron las movilizaciones de protesta, y los legisladores saben qué consecuencias terribles tendrían estas medidas en la vida cotidiana de la gente. La mayoría de ellos no pueden estar convencidos, como Milei, de que así se abrirá paso a la “reconstrucción de la economía” y la transformación de Argentina en una potencia mundial. Por eso, y con independencia de la muy dudosa constitucionalidad de este DNU, comienza un período de agudas tensiones sociales y políticas, cuyos efectos asusta prever.
En Uruguay, los problemas socioeconómicos y el descreimiento en el sistema partidario no tienen la profundidad que propició la victoria electoral de Milei en Argentina, pero al parecer hay quienes piensan que les conviene imitar características de su campaña: en algunos casos, la descalificación insultante de los adversarios; en otros, la sustitución del debate programático por simplificaciones fantasiosas. En esta última línea se inscribe, precozmente, el intento de presentar las próximas elecciones como una opción entre aumentar o no aumentar los impuestos.
Nadie con un mínimo de sensatez puede asegurar que, de 2025 a 2030, ninguna coyuntura nacional o internacional justificará o exigirá el incremento de un impuesto. Nadie con un mínimo de información puede negar que en Uruguay persisten profundas desigualdades que requieren políticas públicas potentes. Nadie con un mínimo de seriedad puede sostener que para la aplicación de esas políticas bastará con que el Estado maneje de modo más eficiente sus ingresos actuales. Empezamos mal.
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