América del Sur/Argentina/07.02.2017/Autor y Fuente:http://www.nodal.am/
Con la decisión oportunista de intentar resolver la inseguridad bajando la edad de imputabilidad, la Administración del Presidente argentino Mauricio Macri está promoviendo su primera y más peligrosa- política educativa: crear escuelas de delincuentes a partir de la sanción de un Sistema Penal Juvenil cuyo objetivo central es encarcelar adolescentes en conflicto con la ley penal, soslayando la posibilidad de generar igualdad de oportunidades a través de educación pública gratuita y de calidad.
La Educación es concebida como el “ordenador social” por excelencia en todos los sistemas políticos, independientemente del marco ideológico que los sustente. En este sentido, el marco normativo y curricular de la Educación siempre ha sido funcional al sistema político que la contiene.
Entendiendo a la educación como eje central del orden social y la herramienta de transformación por antonomasia, ésta no debe de ninguna manera pensarse sólo para evitar que los jóvenes y niños delincan sino en el marco de un pensamiento mucho más amplio que es para qué educamos, con qué habilidades dotamos a aquellos que están dentro del sistema educativo para que, una vez finalizada su educación formal, estén preparados para ingresar al mercado del trabajo en igualdad de condiciones de oportunidad independientemente el sector social al que pertenezcan.
A pesar de los reparos presentados al respecto por el Ministro de Justicia de Argentina Germán Garavano, el desarrollo de un Sistema Penal Juvenil tiene como fin último responder a una demanda social construida mediáticamente respecto de las causas de inseguridad ciudadana. El gobierno de Mauricio Macri, como todas las administraciones de derecha, apela al “sentido común” y pretende asumirlo como “marco ideológico” endeble, por cierto.
En este sentido, el encierro de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley sería la mágica solución a un problema que parece no tener resolución. Una suerte de determinismo social impera en el “sentido común” con que irresponsablemente se llevan adelante anuncios grandilocuentes que no van más allá del pregón oportuno para la coyuntura volátil de un gobierno que no encuentra su brújula. El riesgo de la propuesta del gobierno argentino es que construya un paso previo de encierro sin Abordaje integral y que los jóvenes en conflicto con la ley terminen asistiendo a la “universidad del delito” que es la cárcel para los adultos.
Una vez más se comete la canallada de estigmatizar la pobreza y la “otredad” como el enemigo social.
Mientras tanto, las estadísticas existentes en delitos cometidos por menores de edad se da de bruces con el discurso contaminado de un “sentido común” poco habitual en la realidad material del grueso de la población.
El ministro Garavano ha recurrido a una realidad cuando habla de “deuda de la democracia”, es concreto y real que la democracia tiene esa deuda y que la política debe saldarla de cara a la sociedad. Pero no debería hacerlo de forma oportunista sino con un abordaje integral que no figura en la propuesta de reforma del Código Penal. Más aún, si se lee y escucha detenidamente los hilos del debate sobre el tema se soslaya la educación como herramienta, por un lado, y por otro es absolutamente inviable desde el punto de vista económico, en un marco de recesión y avance del mercado sobre las políticas públicas.
Para muchos, el encierro es la solución para la inseguridad. Pero la realidad, es que el régimen penal juvenil en los lugares del mundo adonde funciona con resultados óptimos, está pensado para reinsertar. Esa sería la premisa desde la cual debería pensarse el régimen penal juvenil, la reinserción social, donde el encierro sea la última medida.
La educación, es la dimensión que debería acompañar este proyecto. Y la pregunta es para qué educamos.
Cuando el gobierno argentino hace mención a la “inseguridad” las variables que plantea como solución son de un tinte expulsivo y punitivo, exclusivamente. Tal el caso de la estigmatización de la inmigración latinoamericana, por un lado, y por otro la segregación de la infancia en situación de vulnerabilidad.
Si como dice la extendida máxima popular, la cárcel de adultos es la “Universidad del Delito”, el oportunismo político del gobierno argentino establecerá la institucionalización de e”Escuelas del Delito”, para sacar a los menores de la calle como única respuesta a una problemática de seguridad que la democracia no ha resuelto.
Tal vez ahondar en las redes del “crimen organizado” escupa en la cara de los actuales gobernantes su propia imagen entre rejas como solución a un flagelo que abruma y aterra a la gran mayoría de los pueblos al sur del Rio Grande.
Fuente: http://www.nodal.am/2017/02/el-riesgo-de-crear-escuelas-de-delito-por-daniela-bambil/
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