América/Brasil/11/03/2020/Autora: Maria Fernanda Ziegler/Fuente: www.elespectador.com/
El estudio de los descendientes del holocausto Nazi llevó a los científicos a sospechar que los traumas por violencia física, psíquica o sexual también se podrían «heredar». En Brasil inician una investigación con 580 gestantes para comprobar esta hipótesis.
Se sabe que situaciones adversas acaecidas en la infancia, tales como la negligencia o la violencia física, psíquica y sexual, pueden generar reflejos negativos en la salud mental durante la vida adulta. Y existen estudios que también han demostrado que esos efectos negativos pueden transmitírseles a las generaciones futuras, aun cuando los descendientes no hayan vivenciado tales experiencias. El denominado trauma intergeneracional se observó por primera vez en descendientes de sobrevivientes de los campos de concentración.
Y ahora, los mecanismos de transmisión implicados en dichos traumas se investigarán en el marco de un estudio con 580 gestantes en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Guarulhos, en el Área Metropolitana de São Paulo (Brasil).
Dicho estudio, que cuenta con apoyo de la FAPESP y de los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, está a cargo de investigadores de la Columbia University y de la Escuela Paulista de Medicina de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp).
“Si bien en algunos estudios se había demostrado la influencia de eventos adversos acaecidos en la infancia de las gestantes sobre el desarrollo cerebral de su prole, poco se sabe aún sobre los mecanismos implicados en ese proceso. Nuestro estudio es el primero en el que se analizan las alteraciones placentarias y el neurodesarrollo de los bebés mediante análisis genéticos, imágenes de resonancia magnética neonatal y exámenes cognitivos”, dijo Andrea Parolin Jackowski, docente de la Unifesp y coordinadora del proyecto en Brasil.
La transmisión a través de la placenta
Según Parolin Jackowski, las hipótesis predominantes relacionan la transmisión intergeneracional de traumas a los altos niveles de marcadores inflamatorios o de cortisol –la hormona del estrés– durante la gestación. Ese estado resultaría en alteraciones epigenéticas (modificaciones bioquímicas en las células que controlan la activación o el silenciamiento de genes) que se les transmiten a los bebés.
De alguna manera, las sustancias proinflamatorias y el cortisol que se producen durante el embarazo de las mujeres que sufrieron traumas en la infancia activa o silencia genes relacionados con problemas de salud mental tales como la depresión, el déficit de atención y otros.
“Esto se le transmite al feto a través de la placenta, que es el medio de comunicación entre este y la madre. Son esas alteraciones epigenéticas placentarias las que alteran el desarrollo cerebral del feto”, dijo.
La prevención
Aparte de entender el mecanismo de transmisión del trauma intergeneracional, este proyecto tiene por objeto identificar formas posibles de prevenir problemas de salud mental en los hijos de mujeres con ese historial.
“Podemos detectar qué comportamientos se alteran por la acción de esos mecanismos y pensar en formas de prevención que puedan adoptarse durante la propia gestación”, dijo.
En el estudio serán evaluadas 580 embarazadas atendidas en unidades del Sistema Único de Salud (la red pública nacional de salud de Brasil, conocida por sus siglas, SUS) de Guarulhos. Ese grupo quedará divido en dos: uno compuesto por 290 mujeres que padecieron eventos adversos en la infancia y el otro por aquellas que no vivenciaron tales problemas.
Aparte del análisis genómico y epigenómico de la placenta y de muestras de sangre (para ver marcadores de inflamación) y de cabello (para detectar el nivel de cortisol) de las madres y de los bebés, también se realizará en el estudio un seguimiento del neurodesarrollo del control cognitivo de los bebés durante 24 meses después del nacimiento.
La asociación entre los traumas maternos y el desarrollo de los bebés se observará mediante imágenes de resonancia magnética de los cráneos de los neonatos y evaluaciones conductuales de control cognitivo a los 12 y a los 24 meses.
“Se sabe que las madres con historial de experiencias adversas en la infancia expresan un riesgo aumentado de generar hijos que inmediatamente después del nacimiento exhiban alteraciones en algunos circuitos cerebrales responsables del control cognoscitivo. A los 24 meses es posible identificar esas alteraciones en el desarrollo. Alrededor de los cinco o seis años, esos niños exhiben un riesgo aumentado de desarrollar comportamientos impulsivos”, dijo.
Parolin Jackowski destaca que, si bien ya existían estudios en marcha enfocados en el desarrollo infantil, incluso en la Columbia University, en ninguno se lograron estudiar tan a fondo las vías que relacionan experiencias adversas en la infancia, inflamación, placenta y cerebro.
“Solamente fue posible realizar este estudio en Brasil porque desafortunadamente existe una población vulnerable a varios tipos de violencia y, afortunadamente, existe el SUS. De este modo, logramos recabar información detallada y de calidad en una población de bajos ingresos y en un contexto propicio para la realización de futuras intervenciones que puedan romper ese ciclo de impacto de la violencia tan tempranamente como sea posible”, dijo.
Este proyecto constituye un despliegue de un estudio piloto realizado también en tres centros de salud y una maternidad de São Paulo con 40 embarazadas y sus bebés. “Nuestra idea es prolongar en un futuro este estudio con las 580 embarazadas y realizar un seguimiento de los niños hasta la edad escolar”, dijo.
Fuente e imagen: https://www.elespectador.com/noticias/salud/los-traumas-tambien-se-pueden-heredar-articulo-908321
El encuentro, que se realizará en el marco de la iniciativa #LaEducaciónQueNecesitamos para el mundo que queremos, se transmitirá en vivo por Youtube, hoy (10 de marzo), de las 15h00 a las 16h30 (horario GMT-3).
El encuentro, que se transmitirá por YouTube de las 15h00 a las 16h30 (horario GMT-3), contará con la participación especial del presidente del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, Luis Ernesto Pedernera, y del especialista de la Relatoría sobre los Derechos de las y los Niñas/os y Adolescentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco George de Lima Beserra, al lado de jóvenes de seis diferentes países de la región.
Durante el evento, se presentarán los resultados de la campaña “La Educación que Necesitamos para el Mundo que Queremos”. La iniciativa se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2019, con el propósito de recoger las voces, opiniones, sugerencias y los desafíos de adolescentes y jóvenes de la región sobre su derecho a la educación, a través de videos cortos, fotografías, textos, poemas y dibujos, entre otros formatos.
En el marco del diálogo virtual, se lanzarán un video-documental y un dossier virtual con una síntesis de las sugerencias y los testimonios enviados, como contribuciones a la iniciativa. Además, será una oportunidad para que jóvenes de la región compartan y profundicen en vivo, en diálogo con el público, sus demandas, retos y sugerencias respecto al derecho a la educación.
Para acompañar el diálogo y participar enviando preguntas a las personas invitadas, solo debes hacer tu inscripción aquí.
Invitados especiales:
Luis Ernesto Pedernera, presidente del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU;
Francisco George de Lima Beserra, especialista de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH.
Jóvenes participantes:
Alexander Guevara (Nicaragua);
Angélica Hidalit (México);
Felipe Urbas (Argentina);
Gabriel Villarpando (Bolivia);
Jazmin Elena (El Salvador);
Laura Victoria Kiknath (Colombia).
Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/webinario-laeducacionquenecesitamos/
América del Sur/ Brasil/ 10.03.2020/ Fuente: www.telesurtv.net.
Además del Distrito Federal, las Mujeres sin Tierra se movilizan en todos los estados del país con marchas, ocupaciones, debates y capacitación.
En el contexto del primer encuentro nacional de Mujeres Sin Tierra, más de 3.500 féminas marcharon en Brasilia contra el racismo, el machismo, la violencia y todas las formas de opresión contra la clase trabajadora.
“Caminaremos juntos contra todas las formas de violencia, por el derecho a la diversidad, por la autonomía, por la libertad, por el derecho y la soberanía de nuestros cuerpos, por el derecho a existir”, consta en la convocatoria de la manifestación.
Precisa además que “estamos en defensa de los avances en derechos logrados por la clase trabajadora que han sido retirados. Lucharemos contra la violencia y el recorte de fondos promovido por el Gobierno de Bolsonaro para programas sociales, que debilitan y ponen en peligro la vida de las personas más pobres”.
MST Oficial
✔@MST_Oficial
O Ato Unitário do #8M em Brasília fez parte da programação do I Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra. As Mulheres do MST marcharam ao lado de companheiras de mais de 50 organizações, numa luta contra o machismo, o racismo e o fascismo. #EleNão
La concentración partió desde el Parque de la Ciudad hacia el Palacio de Buriti (sede del gobierno del Distrito Federal) y enrumbó después para la Fundación Nacional de las Artes, situada junto a la torre de televisión de Brasilia.
Además del Distrito Federal, las Mujeres sin Tierra se movilizan en todos los estados del país con marchas, ocupaciones, debates y capacitación.
Como parte de encuentro, la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff destacó el coraje y la voluntad de luchar en todos los frentes del movimiento, en defensa de la soberanía y contra todas las formas de violencia.
Fuente de la noticia: https://www.telesurtv.net/news/marchan-mujeres-tierra-contra-formas-opresion-20200308-0018.html
América del sur/Brasil/05 Marzo 2020/https://www.criptonoticias.com/
Al menos 14 universidades ya habrían manifestado su interés en la iniciativa.
Desde 2018, Brasil busca combatir la creciente falsificación de diplomas universitarios.
Brasil busca combatir la falsificación de diplomas universitarios utilizando una blockchain. Para ello, el propio Ministerio de Educación del país suramericano promueve entre las universidades privadas la creación de una plataforma blockchain que permita la emisión de certificados digitales, según reseñan medios locales.
El ministro Abraham Weintraub propuso este mecanismo, con la intención de luchar contra el fraude, además de buscar la autorregulación del sector universitario privado, según publicaron medios brasileños citando a Valor Económico, la división especializada en economía del diario O Globo.
De acuerdo a la misma fuente, los recursos para el desarrollo de la plataforma serían desembolsados por las propias instituciones privadas. De hecho, la idea con esta plataforma es que la responsabilidad en la emisión de los certificados recaiga completamente sobre las casas de estudio.
Por lo menos 14 universidades ya habrían mostrado interés en participar en esa plataforma. La idea es que las instituciones conformen una instancia independiente, con su propio registro legal, para regir la plataforma blockchain.
Falsificación, un problema en aumento
La proliferación de falsificaciones de certificados educativos se ha convertido un problema que captó la atención de las autoridades de Brasil, al menos desde hace un par de años. En 2018, el MEC anunció la obligatoriedad de emitir diplomas en formato digital, abarcando a instituciones públicas y privadas.
La intención no era solo atacar el problema de la falsificación. También buscaban, según declaró el propio ministerio, agilizar el proceso de tramitación de los certificados. En su momento, se estableció un plazo de 2 años para el tránsito hacia el formato digital.
Ya la Universidad Federal de Paraíba (UFPB) había decidido adoptar una blockchain para registrar sus diplomas. Desde el mismo 2018, un profesor de esa casa de estudios desarrolló la propuesta, denominada llamada Proyecto de Registro de Documentos de Universidades. Finalmente, la institución adoptó el mecanismo a comienzos de 2019.
En la región latinoamericana hay iniciativas que usan blockchains en la certificación académica. En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, sin embargo, son pocos los estudiantes que tramitan la certificación de su título en una blockchain. Apenas un 29,1% de los estudiantes finaliza el trámite, expuso la casa de estudios a finales de febrero.
También universidades en España han adoptado el uso de blockchains en sus procesos, mientras que en la propia Brasil la UFC llegó a invertir USD 20.000 para el desarrollo de proyectos con blockchains.
América/Brasil/04/03/2020/Autor : Luna Gámez/fuente: actualidad.rt.com
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quiere legalizar las actividades extractivas en áreas indígenas, lo que tendría consecuencias nefastas para los modos de vida de sus habitantes y la protección del medio ambiente.
Diversas comunidades indígenas en Brasil se ven obligadas a organizar sus propias redadas y mecanismos de defensa contra los invasores que pretenden extraer ilegalmente recursos naturales de sus tierras. El actual gobierno de Jair Bolsonaro, que viene ignorando estas amenazas contra los pueblos originarios y contra la destrucción del medioambiente, ha presentado un proyecto de ley para legalizar ciertas actividades económicas en las áreas indígenas oficialmente demarcadas y protegidas.
«Espero que este sueño (…) se concretice porque el indio es un ser humano exactamente igual a nosotros«, declaró Bolsonaro el día 5 de febrero tras firmar el proyecto de ley para legalizar las actividades extractivas en áreas indígenas. La medida prevé que tanto los habitantes de estas comunidades como agentes externos puedan desarrollar actividades de extracción de petróleo, gas, minerales o explotación del potencial hidráulico.
En caso de aprobarse esta medida, 177 tierras indígenas se verían directamente afectadas, además de seis grupos ancestrales que viven todavía aislados, según advierte la organización internacional Survival. Los Yanomami serían uno de los grupos más afectados por la legalización de la minería en tierras indígenas, ya que existen 678 solicitudes de extracción de minerales en esta tierra al norte de Brasil y fronteriza con la Guayana. Al margen de la aprobación de estas demandas, numerosas actividades de extracción minera ilegal tienen lugar constantemente en áreas indígenas y otras reservas ambientales. Las poblaciones invadidas sufren tanto la invasión de los extractores como las consecuencias de la contaminación producida por esta actividad.
«Este agua sucia está trayendo muertes y enfermedades a nuestro pueblo. Nuestros peces están llenos de mercurio», declaró Alessandra Korap Munduruku, una de las más activas líderes en defensa de su pueblo en diciembre, en Brasilia, donde fue a denunciar la contaminación del río Tapajós como resultado de la minería.
Autogestión frente a las invasiones para extraer recursos en tierras indígenas
Las invasiones -en muchas ocasiones respaldadas por grupos armados- tienen como objetivo emprender actividades ilícitas de minería, plantaciones o extracción de madera en estas reservas. Además, en algunos casos, los terratenientes ocupan pedazos de terreno para disputar la propiedad del lugar con los pueblos indígenas aunque haya un reconocimiento oficial del Estado concluido o en proceso a favor de las comunidades ancestrales.
La demarcación geopolítica de una Tierra Indígena (T.I.) tiene como finalidad reconocer el vínculo ancestral de estos pueblos con un cierto territorio así como asegurar sus modos de vida de interdependencia y protección del medio ambiente. Cuando este proceso de reconocimiento se culmina, la tierra delimitada pasa a pertenecerles colectivamente. Tienen derecho al usufructo sustentable de los recursos que allí se encuentran, excepto las riquezas del subsuelo que no pueden ser extraídas así como tampoco pueden desarrollar actividades de monocultivos intensiva. A pesar de que tanto la Constitución brasileña como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recoge el derecho de las poblaciones ancestrales de acceso a la tierra, el Gobierno brasileño ha hecho oídos sordos en muchos casos históricos de invasión de propiedades.
Frente a esta situación, hoy acentuada por el presidente Bolsonaro, que incentiva la explotación de recursos naturales principalmente de la Amazonia y desprestigia las formas de vida tradicionales de las poblaciones indígenas, estas comunidades organizan sus propias redadas de vigilancia para impedir la extracción ilegal de recursos en sus tierras.
«Cuando el gobierno dice que no va a demarcar más tierras indígenas lo que está haciendo es declarar nuestra muerte», explica Alessandra Korap, miembro de la etnia Munduruku. Ella argumenta que un territorio oficialmente demarcado y gestionado por una forma de vida ancestral está más salvaguardado que las áreas de selva vacías y vulnerables a la expoliación. «La selva se mantiene gracias a las poblaciones que hemos vivido siempre dentro de ella para defenderla. Cuando el presidente dice que va a legalizar la minería o la agropecuaria en las áreas reservadas estimula que lleguen más invasores que se sienten respaldados por el Gobierno«, añade esta líder indígena, y enfatiza: «Bolsonaro se inventa leyes para matarnos a los indígenas y para darles beneficios a los terratenientes».
Indígenas denuncian la tala ilegal durante una patrulla en Novo Progresso, estado de Pará, Brasil, 13 de septiembre de 2019.Amanda Perobelli / Reuters
Actualmente, una gran parte de las actividades de minería ilegal de la Amazonia están concentradas en los límites entre el estado de Mato Grosso y Pará, más específicamente entorno al río Tapajós, de acuerdo con las informaciones del Instituto Chico Mendes de Conservación para la Biodiversidad (ICMBio). Una parte de estos emprendimientos clandestinos están en territorio de la etnia Munduruku -con una población que ronda las 14.000 personas distribuidas en 130 aldeas- motivo por el que este pueblo ha puesto en marcha sus propias expediciones de vigilancia y de expulsión de invasores a pesar del peligro implícito en estos enfrentamientos.
«Nunca hemos recibido ninguna ayuda institucional para protegernos», relata Korap, que explica que la organización de sus grupos de vigilancia autogestionada es de extrema confidencialidad por motivos de seguridad de las propias comunidades indígenas. «En julio de 2019 encontramos unos extractores de madera en nuestra tierra, tras las negociaciones se retiraron, se llevaron las máquinas y nosotros creamos nuevas aldeas para proteger esa parte», detalla. Esta etnia indígena, que organiza redadas de vigilancia con cierta asiduidad, también ha desarrollado otros proyectos autónomos como el Mapa de la Vida Munduruku, donde ubicaron sus lugares sagrados amenazados por la construcción de varias hidroeléctricas en el río Tapajós. Este trabajo fue posteriormente difundido por Greenpeace.
Korap explica que su pueblo siempre estuvo alerta y movilizado para denunciar las violaciones de sus derechos, aunque hasta ahora no recibieron respuestas. «Por eso ahora vamos con nuestras propias manos y cuerpos a defender la tierra, no podemos esperar ni al gobierno ni a ninguna institución porque ya esperamos demasiado», afirma esta líder. «Estamos denunciando desde hace más de 20 años los madereros y mineros pariwat (blancos invasores) y siempre tenemos que acabar actuando solos. Pero no nos vamos a rendir», relata el comunicado de este pueblo ancestral, titulado ‘El desgobierno de Brasil no habla por el pueblo Munduruku’, que circula desde finales de septiembre en un intento desesperado de pedir ayuda ante la amenaza institucional.
Las patrullas indígenas autogestionadas también se enfrentan a madereras y a incendios criminales
La extracción ilegal de madera continúa siendo otro de los principales motivos de invasiones contra las que los grupos indígenas deben enfrentarse, en muchos casos con el precio de la muerte, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), que mapea la deforestación ilegal y los incendios en áreas protegidas, como las tierras indígenas. En un reciente enfrentamiento donde madereros ilegales respondieron a tiros frente a la llegada del grupo de vigilancia autogestionado de la etnia Guajajara -conocido como ‘Guardianes de la Naturaleza’-, falleció un joven de esta comunidad, Paulinho Guajajara.
Este episodio es una amenaza recurrente para la gran mayoría de pueblos ancestrales de Brasil, que cada vez están más decididos a defender sus tierras y los ecosistemas que los rodean. «Las invasiones no paran. El año pasado crearon un nuevo asentamiento ilegal en nuestra tierra, dicen que la tierra es de ellos y el gobierno local (del municipio de Brasnorte) les apoya», explica Marta Tipuici, indígena de la etnia Manoki, que también cuentan con sus propias patrullas de vigilancia.
La Tierra Indígena Manoki, también conocidos como indígenas Irantxe y localizados en el estado de Mato Groso, fue oficialmente demarcada en 2008 y tiene una extensión de 206.000 hectáreas donde viven 250 personas. No obstante, y según explica Tipuici, los Manoki sufren las invasiones desde la dictadura militar (1964-1985) debido a una antigua disputa de linderos. Este área, situada en una región amenazada por la deforestación para la instalación de actividades agrícolas intensivas de soja y ganado, entre otras, sufrió además las crueles consecuencias de los incendios de 2019.
Cartel advierte de que está prohibido pescar y cazar en una tierra de los manoki, en Mato Grosso, Brasil, 28 de agosto de 2019.Amanda Perobelli / Reuters
Entre enero y septiembre de este año, el INPE registró 186 focos de incendio solo en la Tierra Manoki. «Los incendios los provocan los invasores», relata Tipuici, que especifica que una gran parte de selva virgen que rodea sus aldeas desapareció bajo las llamas. «Los productores que ocupan nuestra tierra están ahora más valientes que nunca porque confían en lo que promete el actual Gobierno».
Los Manoki, al igual que los Munduruku y los Guajajara, también cuentan con un sistema propio de vigilancia contra invasiones. Cuando encuentran alguna actividad ílicita o campamentos clandestinos en sus tierras, contactan con los órganos gubernamentales de fiscalización ambiental, entre los que destaca el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), con la esperanza de que los funcionarios de la institución consigan expulsarlos. «A finales de agosto conseguimos pillar por sorpresa a algunas personas quemando en nuestra tierra, hicimos fotos con un dron que tenemos para denunciarlos, el fuego acabó siendo enorme y todavía no se ha castigado a los culpables», declara Tipuici, reconociendo que no siempre reciben respuesta de las instituciones a las que reportan las intervenciones criminales.
A pesar de las dificultades, los Manoki realizaron en 2019 seis grandes expediciones de vigilancia que duraron varios días por su extenso territorio. En tres de ellas se encontraron con invasores y debieron negociar por sí solos, sin ningún amparo de las autoridades. «Está claro que tanto el Gobierno municipal como el nacional no quieren que cuidemos de nuestra tierra», exclama Tipuici, que afirma que existen altos riesgos de que los grupos de terratenientes continúen provocando incendios clandestinos para deforestar y ocupar parte de sus tierras con actividades extractivas o de producción agropecuaria.
Fuente e imagen: https://actualidad.rt.com/actualidad/344674-indigenas-brasil-patrullan-tierras-explotacion-bolsonaro
En entrevista a la CLADE, investigadora habla sobre cómo América Latina y el Caribe es hoy una de las regiones del mundo con más estudiantes en universidades privadas
América Latina y el Caribe (AL&C), junto a la Asia Meridional Sur, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación superior. Más del 50% de las matrículas de AL&C están en las universidades privadas. Eso significa que la mayor parte de estudiantes en la región no tiene acceso a la educación superior pública.
Fernanda Saforcada: El incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública. Foto: conadu.org.ar
De autoría de Fernanda Saforcada, Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, la investigación analiza las tendencias regionales hacia la privatización y mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe.
La CLADE conversó con una de las autoras, Fernanda Saforcada. Dividida en dos partes, la entrevista aborda algunos de los motivos por los que la región de América Latina enfrenta un contexto de “hiper privatización” de la educación superior. Así mismo, trae a la luz los conceptos que distinguen privatización de mercantilización, los acercamientos y alejamientos entre el proceso de privatización de la educación básica y el que afecta a la enseñanza superior y, sobre todo, la disputa de sentidos sobre la educación y cómo la privatización es política e ideológica, más allá de las cuestiones económicas.
En esta primera parte, el diálogo se enfoca en los motivos, trayectoria y concepciones del proceso de privatización y mercantilización de la educación superior en la región.
¡Buena lectura!
La investigación afirma que América Latina, junto con Asia meridional, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales razones para este escenario?
Fernanda Saforcada – Asia Meridional Sur y América Latina y el Caribe son efectivamente las dos regiones más privatizadas, son las dos que superan el 50% de matrículas en el sector privado. Es decir, tienen más estudiantes en la educación superior privada que en la educación superior pública.
Esto toma dimensión cuando vemos números de otras regiones. En Europa, por ejemplo, solo el 13,7% de estudiantes están en el sector privado, en América del Norte solo el 28%. Ello nos da la dimensión de lo que implica pensar en más de 50% de estudiantes en el sector privado.
Las razones por las cuales se da esa hiper privatización tienen que ver con dos cuestiones comunes a nivel global. Por un lado, la educación superior se expandió muy notoriamente entre los 1990 y la actualidad. Por otro lado, hubo un decrecimiento de los recursos públicos en algunos casos, y de congelamiento de estos recursos, en otros casos.
Cuando digo que hubo una expansión de la matrícula, estoy hablando que la matrícula triplicó: alcanzó el 300%, en números globales, el incremento de las matrículas de la educación superior en América Latina.
Los motivos, en principio, son dos. Uno tiene que ver con los propios procesos sociales de crecimiento de escolaridad y distinción social o de prestigio, de búsqueda de certificaciones de mayor nivel. Es lo que han llamado inflación de títulos. Es decir, las personas buscan el título de educación superior porque esto supuestamente les hace una diferencia. La otra cuestión es que en los años 1990 hubo una expansión de la escolaridad secundaria muy notoria por el crecimiento de la matrícula y que luego se consolidó con la sanción de leyes que establecen la obligatoriedad de la escuela secundaria en la mayor parte de los países, en los primeros años de este siglo. Eso también generó un volumen mayor de jóvenes que terminan la secundaria y buscan acceder a la educación superior.
Esta presión por mayor acceso a la educación superior convivió con políticas neoliberales en los 1990, que generaron un desfinanciamiento de la educación superior pública. Claramente, la curva de financiamiento a la educación superior, si en los 1990 era decreciente, en este siglo fue creciente con muchas diferencias de un país a otro.
Sin embargo, este crecimiento de fondos no llegó a cubrir lo necesario en términos de reconstruir lo debilitado en los 1990 por falta de recursos. Tampoco alcanzó para responder al crecimiento de la demanda.
Esta tensión entre mayor demanda por educación superior y recursos insuficientes se resolvió de dos maneras. Por un lado, se incrementaron o profundizaron los procesos de selectividad en el ingreso a la universidad. Es decir, frente a la mayor demanda, lo que se hizo fue poner más barreras para el acceso. Por el otro, la introducción o el aumento de aranceles.
En esto, Argentina fue una excepción. No generó procesos de selectividad y sostuvo la gratuidad de la universidad pública. Sin embargo, respondió a esta mayor demanda y menor cantidad de recursos con la precarización del trabajo de las y los docentes.
Otra cuestión fue lo que muchos autores llaman mercantilización de lo público. La situación de falta de recursos forzó a las universidades públicas a desarrollar modalidades de auto-financiamiento, que pueden darse a través, como dije, del incremento de aranceles a las y los estudiantes, o de la introducción de aranceles donde no había. También, a través de la venta de servicios para sectores privados, para el sector productivo, como forma de buscar otros modos de captación de recursos, dado que el Estado no llegaba a cubrir lo necesario.
“Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública”
Este es un paquete en relación a la tensión entre más demanda y menos recursos – o recursos no proporcionales a esa demanda. La otra pata es que las y los estudiantes, en la medida que no acceden al sector público o que el sector público se debilita mucho, van al sector privado.
Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública. Esta situación es concomitante al proceso de expansión de las universidades privadas de relativamente bajo costo.
En las universidades privadas de bajo costo, hay matrículas bastante más económicas que en las privadas más tradicionales. Así, concentran una gran cantidad de estudiantes que quieren ingresar a la educación superior y no logran acceder al sector público porque los procesos de selectividad son muy severos. Generalmente, para poder pasar por esos procesos, hay que acceder a algún tipo de curso pre-universitario que es pago y no lo pueden pagar. O, inclusive, porque no pueden hacerse cargo de los aranceles cobrados por la educación pública.
Por otro lado, en la medida en que las universidades públicas aparecen debilitadas de alguna manera, hay estudiantes que van a las universidades privadas de élite o tradicionales porque piensan que allí van a recibir una mejor formación.
Esta situación produce el fenómeno de la privatización enmarcado en un contexto de hegemonía neoliberal. Estos impulsos se dieron muy fuertemente en los 1990, en un contexto neoliberal en el cual, además, había políticas públicas educativas científicas y culturales que construyeron simbólicamente el imaginario de que lo privado era mejor.
En el contexto de los gobiernos post-neoliberales, si bien es cierto que hubo políticas activas de fortalecimiento de lo público, no lograron frenar la tendencia al crecimiento absoluto y relativo del sector privado. Entonces, en los países con gobiernos populares, progresistas, hubo un gran fortalecimiento de lo público y políticas fuertes de expansión y de fortalecimiento de lo público, pero el sector privado también siguió creciendo.
El estudio analiza la privatización y la mercantilización de la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los conceptos de mercantilización y privatización?
Fernanda Saforcada – En términos generales, cuando hablamos de los procesos de privatización de los servicios públicos, hablamos de cómo empresas públicas pasan a ser gestionadas y usufructuadas por el sector privado. Es decir, se habla de pasar a manos particulares o a la esfera privada, instituciones del sector público.
En el caso educativo, es diferente. Si bien eso se observa en algunos casos, no es lo más común. Las formas más comunes de privatización han sido, por un lado, el crecimiento de lo privado porque el Estado se achica en su oferta de educación pública y eso genera el terreno para el crecimiento del sector privado, tanto en cantidad de instituciones como en cantidad de estudiantes. A veces, inclusive se impulsan políticas que estimulan de alguna manera la expansión del sector privado.
Cuando hablamos de privatización, hay que mirar quién financia y quién ofrece la educación. En los formatos tradicionales privados, quien financiaba era la família, y quien ofrecía educación era una institución privada o particular. A partir de los 1990, esa unidad se rompe y lo que aparecieron son formas de privatización que combinan el financiamiento público con la gestión privada, o el financiamiento particular con gestión pública.
A eso también agregamos el currículo y su privatización, la cual se da cuando, por ejemplo, se contrata una empresa para definir un diseño curricular. Puede ser que la escuela sea pública, financiada con fondos públicos, pero en este caso quien define los contenidos que se enseñan es una institución privada.
“Hablamos de privatización en la expansión del sector privado, en que hay más graduadas/os en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización cuando la universidad pública tiene que gestionarse y funcionar como si fuera una empresa. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes”
Cuando hablamos de mercantilización, hablamos sobre cómo ciertos aspectos, dimensiones, procesos y procedimientos del ámbito público empiezan a funcionar con lógicas mercantiles. Un ejemplo muy claro es cuando se introduce la modalidad de competencia dentro del sector público para distribuir fondos públicos, pero con una lógica que es poner a competir las instituciones entre sí. Eso es introducir una modalidad del mercado para regular un aspecto de lo público.
En el caso de las universidades, hablamos de privatización para referir a la expansión del sector privado: hay más instituciones privadas, más estudiantes en instituciones privadas y más personas graduadas en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización para referirnos a cómo cuestiones de lo público funcionan con lógicas del mercado, como por ejemplo, la situación de que las universidades públicas venden servicios y se gestionan o funcionan como si fueran empresas. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes.
“Garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común”
Cuando pensamos el derecho a la educación como un derecho individual, formal, jurídico, que puede ejercerse o no, puede ser que se tramite a través de la educación privada. Ahora, si pensamos que el derecho a la educación es un derecho social, que debe ser garantizado al conjunto del colectivo social, y que debe ser definido en términos del bien común, la única forma de responder a ese derecho es a través de la educación pública y del sentido de lo público. El sentido de lo público, no como espacio abierto a cualquiera, como una plaza o un café, sino en la manera en la que históricamente se configuró el sentido de lo público en la educación, que es de pensar lo público como el bien común.
En ese sentido, garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común.
¿Hay algún país de la región que se destaca en términos de privatización universitaria en la región? ¿Por qué?
Fernanda Saforcada – Hay algunos países que claramente se destacan. Chile, por supuesto, pues tiene el 85% de las matrículas universitarias en el sector privado. Brasil es uno de los que tiene índices más altos también, con el 73% de las matrículas universitarias en el sector privado. En seguida, vienen: Perú con 72%, y Puerto Rico y El Salvador, con 70%. Estos cinco países son los que tienen una situación de mayor profundización de la privatización.
Tenemos muy instalada la idea de que lo justo es cuando las cosas son equivalentes, entonces pareciera que es justo hablar de un 50% de las matrículas en el sector privado, y el otro 50% en el sector público. Pero, cuando hablamos de educación y derechos, eso no es lo justo.
En términos de garantía de derechos, igualdad, justicia social y de construcción del bien común, uno esperaría que la gran mayoría de estudiantes e instituciones estuviera en el sector público. Como decía, hay cinco países en nuestra región que tienen el 70% o más de sus estudiantes en el sector universitario privado, y esa situación es la más extrema de la privatización. Pero tenemos también países en los que el 40% de estudiantes, o más, están en el sector privado, lo que también es muy preocupante.
A su vez, en Cuba, el 100% de las instituciones universitarias son públicas. Le sigue Uruguay, donde el 86% de las instituciones pertenece al sector público.
Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/fernanda-saforcada-el-55-de-la-educacion-superior-en-america-latina-pertenece-al-sector-privado/
¿Dónde está la lucha social en Brasil? ¿Cómo han reaccionado los movimientos sociales ante los inmensos ataques del gobierno actual contra la educación, los derechos de los trabajadores y las políticas públicas que se han construido duramente en las últimas décadas? Estas son algunas de las preguntas que se hacen frente a las constantes noticias propagadas por los medios de comunicación en Brasil y en el mundo en torno a las políticas destructivas del gobierno actual, especialmente con respecto a los temas sociales, culturales y ambientales. Sin embargo, enfatizamos que, a pesar de ser invisible para los grandes medios de comunicación, los movimientos sociales organizados siguen activos, con una agenda llena y pautas bien definidas. En este sentido, debe considerarse que la aparente ofuscación de las luchas populares en el gobierno actual no es accidental. Además de la parcialidad de la prensa brasileña y la falta de grandes adherencias a una agenda específica que podría desarrollarse en grandes movilizaciones populares, como vemos que sucede en otros países de América Latina, en el contexto político brasileño actual, los movimientos sociales han estado sufriendo no solo con el intento de criminalización de sus causas, sino también con las constantes persecuciones y asesinatos de líderes.
Además de los factores mencionados anteriormente, es importante destacar el hecho de que para la izquierda brasileña, en términos de organización política, el año 2020 es un hito importante para la reorganización de una defensa estratégica frente al avance de la extrema derecha. Esto se debe a que, en este año, las elecciones municipales se llevarán a cabo en el país, un punto crucial para la rearticulación de las fuerzas para la disputa presidencial de 2022. También se debe tener en cuenta que en el último año, Bolsonaro, con el claro objetivo de expandir su poder, rompió con el partido que lo eligió y expandiendo alianzas con los sectores más conservadores del país –como algunos sectores religiosos, especialmente evangélicos–, comenzó a recolectar firmas para la fundación de su propio partido: Aliança Pelo Brasil. Con un fuerte sesgo fascista, el mencionado partido, además de reunir a las fuerzas más oscuras del neoliberalismo, fomenta el armamento de la población, contribuyendo así a la formación de un Estado paralelo con un brazo en las organizaciones criminales y otro en el extremismo religioso. Frente a este escenario, la izquierda brasileña busca fortalecer sus bases en un intento por recuperar el poder político con un enfoque, primero en los ayuntamientos, para luego expandirse a los Estados y finalmente a las elecciones presidenciales de 2022.
Con respecto a las luchas sociales, existe, en el escenario brasileño actual, la presencia de tensiones simultáneas en varios sectores. En educación, los sindicatos de docentes y los técnicos administrativos continúan presionando al gobierno no solo contra los recortes en el financiamiento universitario, sino también contra la propuesta de reforma administrativa que, además de poner fin a la estabilidad de los funcionarios públicos, plantea la posibilidad de reducir los salarios. La Federación Única de Trabajadores del Petróleo (FUP), debido a los despidos y al incumplimiento de un convenio colectivo, el 31 de enero, decretó una huelga indefinida. Se espera que esta acción se extienda por diez estados. El mismo día, los empleados de Dataprev (Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social) se declararon en huelga para suspender los despidos, como resultado del proceso de privatización. Los trabajadores bancarios se movilizan constantemente contra la privatización de los bancos públicos y para neutralizar las medidas provisionales que atacan a los trabajadores. La última victoria de este movimiento fue el derrocamiento de la Medida Provisional 905, que otorgó a los bancos el derecho de exigir a sus empleados que trabajen los sábados, domingos y feriados.
Cuando pensamos en movimientos más amplios, no es diferente. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), lanzó el 25 de enero la “Carta al pueblo brasileño”, buscando la unidad en la lucha y presentando, como una estrategia de oposición, una densa crítica al gobierno actual y el desarrollo de sus políticas.
La Central Única de los Trabalhadores (CUT) y la Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), marcaron un acto nacional, el 3 de febrero, fecha en que el presidente Bolsonaro y su ministro de economía, Paulo Guedes, tienen reuniones programadas con dirigentes de la industria en São Paulo. Según la CUT: «La manifestación contra Bolsonaro denunciará los ataques contra el sector industrial brasileño, que ha estado sufriendo la política de entregar empresas públicas a corporaciones extranjeras (…). Durante el acto, que también estará en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y para la generación de empleos decentes, con derechos garantizados, se presentará el documento «Acciones para una industria capaz de apoyar el desarrollo brasileño», preparado por el grupo de centrales sindicales.
No podemos ignorar, también, el papel de los movimientos sociales en las disputas electorales. Cada vez más, la izquierda brasileña considera la necesidad de ampliar la representatividad de los diversos sectores derivados de las luchas sociales en las diversas instancias del Parlamento (municipal, estatal y nacional). Dicha estrategia ha adquirido especial importancia con respecto a la defensa de las luchas populares frente a un contexto en el que, en una clara ofensiva al estado de derecho democrático, las fuerzas conservadoras han tratado de construir su hegemonía política a partir de los ataques contra los derechos humanos, las minorías y la pluralidad cultural.
En el escenario brasileño actual, hay un intento de unificar la oposición al gobierno dentro de un proyecto amplio de centro-izquierda. El sábado 18 de enero tuvo lugar una reunión del Comité Nacional Lula Livre en la sede de la CUT. El Partido de los Trabajadores anunció en su sitio web que “la reunión reunió a representantes de más de 25 organizaciones y movimientos que forman parte del Comité, incluidos miembros del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), Partido de la Causa de los Trabajadores (PCO), Partido Socialismo y Liberdade (PSOL) y Partido dos Trabalhadores (PT). (…) Entre las definiciones resultantes de la reunión, se decidió elaborar un calendario de actividades en todos los estados para que el ex presidente (Lula) pueda participar, dialogar y escuchar a la población «.
Los ejemplos antes mencionados demuestran que en el contexto político brasileño existe una oposición coherente que se consolida. Con respecto a las luchas sociales, nos damos cuenta de que a pesar de no tener visibilidad en los principales medios de comunicación, continúan reafirmando sus agendas y expandiendo su poder de acción. Y dada la pregunta inicial: ¿Dónde están los movimientos sociales? La mejor respuesta sería: ¡¡¡en la lucha!!!
*Andrez Wescley Machado tiene una maestría en Sociología, es profesor universitario e investigador en el Laboratorio de Estudios de Ciudad y Cultura del Instituto de Investigación de la Universidad de Río de Janeiro. También es Director del Partido Comunista de Brasil y Director del Sindicato de Profesores de la ciudad de Juiz de Fora.
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