No mas Violencia contra la Mujer, derrotemos la cultura patriarcal
Latinoamérica y el mundo viven un despertar de la conciencia colectiva respecto a la situación denigrante del femicidio y el maltrato contra las mujeres. Esta realidad es una muestra de la degeneración social que genera el capitalismo. Las relaciones humanas son cada día más permeadas por la lógica de la mercancía y el lucro, que supone la competencia, la dominación y la violencia verbal, psicológica, física y de clase social.
Desde Otras Voces en Educación nos sumamos al aleteo de millones de mariposas y luciérnagas que le gritamos al mundo que no puede haber libertad, desarrollo sostenible ni humanidad si continua siendo la violencia contra la mujer un problema de nuestras sociedades.
Por ello, le hemos pedido a mujeres de distintas geografías que nos digan que se esta haciendo para saber cómo podemos juntarnos mucho más.
Fabiola Munhoz: Es la Coordinadora de Comunicaciones y Movilización de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), donde trabaja desde 2012. Es periodista con un título de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Cásper Libero (São Paulo, Brasil) y un abogado con un título de la Universidad Estatal de Londrina (Brasil).
Tiene un posgrado en Comunicaciones y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona (España), y desde 2004 ha trabajado como editora y reportera en proyectos y medios, centrándose en movimientos sociales y temas de derechos humanos.
En 2011, participó en la cobertura de las manifestaciones y ocupaciones de plazas y espacios públicos en diferentes países europeos, contra las políticas de austeridad que luego fueron adoptadas por los gobiernos de la Comunidad Europea que recortaron el presupuesto para los derechos sociales, en vista de la situación financiera. crisis a nivel mundial. Tiene una amplia experiencia en comunicaciones para el tercer sector, un campo en el que ha estado trabajando desde 2008 y, desde 2012, ha estado trabajando particularmente con organizaciones no gubernamentales que defienden el derecho a la educación.
*Fuente de la foto: https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/01/30/marcha-mujeres-feminismo-brasil-bolsonaro/
América del sur/Brasil/28 Noviembre 2019/Prensa Latina
Una asociación docente presentó una demanda judicial ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil contra el ministro de Educación, Abraham Weintraub, por afirmar que se plantan drogas en universidades, confirmaron hoy círculos del sector.
Según las fuentes, el Sindicato de los Profesores de las Universidades Federales del central estado de Goiás (Adufg) presentó el proceso en la corte superior para que Weintraub explique judicialmente el contenido de sus declaraciones más recientes y absurdas.
La entidad quiere que el ministro, que encabeza una de las carteras más importantes del país, revele a qué universidades se refería cuando dijo: tienen ‘extensas plantaciones de marihuana’.
De igual manera qué universidades ‘desarrollan laboratorios de drogas sintéticas, metanfetaminas’, como manifestó.
En la acción, Adufg también cuestiona las pruebas mediante las cuales el funcionario conoció estos actos y las medidas que adoptó después de tener conocimiento de tales hechos.
‘El ministro de Educación mintió al hacer estas declaraciones. Es absurdo que el responsable de la educación en el país difunda mentiras y falacias. Necesita entender que sus declaraciones tienen consecuencias’, afirmó, a través de una nota, el presidente de la asociación, Flávio Alves da Silva.
Precisó que en los centros superiores ‘producimos ciencia. Esto es una falta de respeto a la comunidad académica’, remarcó.
Para los abogados Igor Escher y Elias Menta, las repetidas agresiones del ministro perjudican la autonomía universitaria y el honor y la moral colectiva de los profesores de todas las universidades e institutos federales de Brasil.
Por esta razón, presentaron este requerimiento en busca de un arrepentimiento de Weintraub. También preparan una acción reparadora por el daño moral causado.
Los juristas entienden que las declaraciones extrapolan ‘cualquier moral y probidad que un funcionario en el primer escalón del Poder Ejecutivo debería tener, especialmente como ministro de Educación, cuya función principal es mejorar la educación y las universidades públicas, no menospreciar su imagen, especialmente cuando no prueba nada de lo que se dijo’.
Weintraub, un economista del sector financiero y profesor universitario de ciencias contables, asumió el ministerio el 8 de abril sin ninguna experiencia en gestión en el ámbito educativo.
América del sur/Brasil/27 Noviembre 2019/Amnistía Internacional
La ganadería es el principal motor de las confiscaciones ilegales de tierras que violan derechos humanos en las reservas y territorios indígenas
Las imágenes por satélite y los datos oficiales revelan indicios de ganadería en zonas protegidas
Amnistía Internacional Brasil y los líderes indígenas entregarán al gobierno de Bolsonaro una petición para que actúe
La ganadería es el principal motor de las confiscaciones ilegales de tierras en las reservas y territorios indígenas de la Amazonía brasileña, y alimenta la deforestación y el atropello de los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.
Fence off and bring cattle: Illegal cattle farming in Brazil’s Amazon se ha publicado al mismo tiempo que Amnistía Internacional Brasil, junto con líderes indígenas de la Amazonía, presentaba a las autoridades brasileñas una petición con 162.000 firmas en la que les pedía que pongan fin a las confiscaciones ilegales de tierras protegidas en la Amazonía.
“La ganadería ilegal es el principal motor de la deforestación de la Amazonía. Constituye una amenaza muy real no sólo para los derechos humanos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí, sino también para todo el ecosistema del planeta”, ha manifestado Richard Pearshouse, director de Crisis y Medioambiente de Amnistía Internacional.
La ganadería ilegal es el principal motor de la deforestación de la Amazonía. Constituye una amenaza muy real no sólo para los derechos humanos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí, sino también para todo el ecosistema del planeta.
“Mientras el gobierno de Bolsonaro recorta drásticamente las protecciones medioambientales a nivel federal, algunas autoridades estatales están permitiendo de hecho la ganadería ilegal que destruye zonas protegidas de la selva amazónica.”
Unos dos tercios de las zonas de la Amazonía deforestadas entre 1988 y 2014 han sido valladas, quemadas y convertidas en pastos: casi 500.000 km2, una zona que en total equivale a cinco veces el tamaño de Portugal. El informe de Amnistía Internacional documenta la manera en que algunas autoridades estatales están permitiendo de hecho la ganadería en zonas protegidas.
Investigación sobre el terreno
Amnistía Internacional visitó cinco zonas protegidas de la Amazonía brasileña a lo largo de 2019: los territorios indígenas de los karipuna y uru-eu-wau-wau y las reservas de Rio Ouro Preto y Rio Jacy-Paraná (en el estado de Rondônia), y el territorio indígena de los manoki (en el estado de Mato Grosso).
Las reservas son zonas concebidas para la protección del medioambiente, el sustento y la cultura de sus poblaciones tradicionales, incluido un uso sostenible de sus recursos naturales. Junto con los territorios indígenas, están protegidas en virtud de la legislatierras agreción brasileña y los tratados internacionales.
Los datos oficiales, las imágenes por satélite y las visitas in situ realizadas por Amnistía Internacional muestran la manera en que las confiscaciones ilegales de tierras, vinculadas por lo general con la ganadería, van en aumento en estas cinco zonas.
Patrón de convertir selva en tierras agrícolas
Los ganaderos y los grileiros —individuos particulares que se apropian ilegalmente de tierras— siguen un patrón general de convertir la selva tropical en pastos en la Amazonía brasileña. Se identifican zonas de selva, se talan y eliminan los árboles y se prenden fuegos (a menudo reiteradamente en la misma zona), para luego plantar hierba y después introducir ganado.
La apertura de nuevas carreteras y la aparición de campamentos en la selva protegida son algunas de las señales de advertencia de que este proceso se ha iniciado. Amnistía Internacional documentó lo extendidas que están estas actividades en el territorio indígena de uru-eu-wau-wau, en Rondônia, gran parte del cual se superpone con el Parque Nacional de Pacaás Nuevos, donde un agente medioambiental federal dijo que habían aparecido más de 40km de nuevas carreteras desde 2017.
Otro indicador de que los ganaderos ilegales y los grileiros están intentando confiscar tierras es el vallado y la quema de grandes zonas de selva. Amnistía Internacional presenció y grabó imágenes con un dron de estas prácticas en el territorio indígena de los manoki, en Mato Grosso, el 23 de agosto de 2019.
Un líder manoki contó a Amnistía Internacional que esas prácticas formaban parte de los esfuerzos redoblados de los ganaderos de destruir selva protegida y convertir la tierra en pastos para ganado. Amnistía Internacional observó terrenos de pasto al menos en seis puntos diferentes del territorio manoki.
La organización analizó datos de sensor remoto sobre quemas e imágenes por satélite en los cinco puntos, y surgió un patrón común. En muchos casos, las imágenes por satélite captaban tierra ardiendo junto a zonas en las que se veía claramente a ganado deambulando libremente dentro de zonas protegidas. En algunos casos eran visibles probables caminos abiertos por el ganado que se movía a través de zonas quemadas recientemente.
Intimidación por parte de invasores armados
Los residentes indígenas y tradicionales de cuatro de cinco de las zonas protegidas contaron a Amnistía Internacional que estas nuevas invasiones habían venido acompañadas a menudo por violencia, amenazas e intimidación. En el quinto emplazamiento, en la reserva de Rio Jacy-Paraná, prácticamente todos los habitantes originales han sido desalojados de la reserva y tienen miedo de regresar porque ahora viven en sus tierras invasores armados dedicados a la cría de ganado.
Las agencias gubernamentales que tienen el mandato de proteger las reservas también han sido blanco de ataques. Un agente medioambiental cerca del territorio uru-eu-wau-wau dijo a Amnistía Internacional: “Estábamos rodeados por invasores. Treinta y dos hombres, la mayoría encapuchados, llegaron a pie por detrás de nosotros, con botellas de gasolina […] Hubo muchos gritos y amenazas, nos llamaban ‘matones’”. El tenso enfrentamiento duró más de una hora antes de que los atacantes se fueran, pero varias semanas después empezaron a enviar a los agentes medioambientales mensajes de audio con amenazas de violencia.
En algunos casos, incluido el del territorio indígena uru-eu-wau-wau, la amenaza de violencia armada contra pueblos indígenas y trabajadores de protección medioambiental ha sido tan grave que han tenido que intervenir las fuerzas armadas y la policía federal.
Permitir la explotación ganadera ilegal
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional reveló que no sólo el gobierno de Bolsonaro ha cortado la financiación a las agencias de protección medioambiental e indígena y las ha socavado de otras maneras, sino que algunas agencias estatales están permitiendo de hecho la explotación ganadera en zonas protegidas.
Las leyes estatales disponen que las agencias de control de salud animal deben visitar e incluir en registro las explotaciones y hacer un seguimiento de los movimientos de ganado.
Amnistía Internacional presentó peticiones a las autoridades estatales de Rondônia y Mato Grosso, en virtud de la legislación relativa a la libertad de información, para poder acceder a los datos sobre el número de cabezas de ganado que pastan en zonas protegidas, y sobre el movimiento de ganado. La agencia de control de salud animal de Rondônia respondió con datos incompletos. A pesar de haber recibido cinco peticiones diferentes en virtud de la legislación relativa a la libertad de información, las autoridades de Mato Grosso se negaron a facilitar absolutamente ningún dato. Los datos que Amnistía Internacional obtuvo de Rondônia muestran que en noviembre de 2018 había más de 295.000 cabezas de ganado en territorios indígenas y zonas de protección medioambiental.
Este informe es parte de nuestra investigación en curso sobre las consecuencias que tienen sobre los derechos la explotación ganadera y la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña. Las empresas de este sector están avisadas: el escrutinio sobre la industria ganadera en Brasil se va a intensificar.
“La opinión pública tiene derecho a saber de las explotaciones ganaderas en zonas protegidas. Al fin y al cabo, se trata de una actividad delictiva. Las autoridades brasileñas deben difundir públicamente esta información y deben tomar medidas significativas para poner fin a la explotación ganadera ilegal en zonas protegidas”, ha manifestado Richard Pearshouse.
“Este informe es parte de nuestra investigación en curso sobre las consecuencias que tienen sobre los derechos la explotación ganadera y la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña. Las empresas de este sector están avisadas: el escrutinio sobre la industria ganadera en Brasil se va a intensificar.”
El último reporte de la organización ‘Scholars at risk’ da cuenta de que las amenazas al trabajo de las universidades es un problema creciente en todo el mundo. El informe dedica un capítulo completo a Brasil, donde los ataques raciales y sexuales, los abusos policiales y la persecución no cesan.
Las amenazas a las comunidades académicas en todo el mundo son un problema cada vez más preocupante, según el reporte anual de la organización internacional Scholars at Risk, que realiza un seguimiento de diversos tipos de ataques en todo el mundo. Varios de los incidentes se dieron en América Latina y particularmente en Brasil, donde la situación es preocupante.
«Alrededor del mundo, los ataques a académicos, estudiantes, funcionarios y sus instituciones ocurren con una frecuencia alarmante», señala la organización en su reporte de 2019.
El texto indica que las amenazas provienen de grupos extremistas, fuerzas policiales o militares, actores públicos o inclusos miembros de la propia comunidad educativa. De acuerdo al informe, 324 casos de ataques a comunidades académicas fueron registrados en 56 países entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019.
Del total de ataques reportados, 97 correspondieron a asesinatos, hechos de violencia o desapariciones. Entre ellos, el estudio destaca particularmente los atentados ocurridos en agosto de 2018 en la Universidad de Guayaquil, en Ecuador. Los ataques derivaron en la detención de seis personas por el caso.El informe también pone énfasis en lo sucedido en Brasil, país al que la organización dedica un capítulo entero para describir los ‘Asaltos al Espacio Educativo Superior de Brasil’.
Para Scholars at Risk, las «presiones» hacia el sistema educativo superior de Brasil «se incrementaron en el período que siguió a las elecciones presidenciales de 2018», en las que triunfó Jair Bolsonaro. Tras el cambio de Gobierno, las universidades brasileñas debieron enfrentar «acciones coercitivas con motivaciones políticas de policías en los campus».
Las acciones tenían por objeto limitar la autonomía de las instituciones, algo que se vio apoyado por la decisión del Gobierno de Bolsonaro de recortar el presupuesto para la educación terciaria.
El reporte recuerda incidentes como el sufrido en octubre de 2018 por una estudiante afrodescendiente de la Universidad de Fortaleza (noreste del país), denunció sufrir hostigamiento a raíz de su color de piel por parte de una persona que reclamaba «limpiar la universidad». La joven fue violada días después del inicio de las amenazas, en una zona cercana al campus universitario.
Asimismo, el texto consigna otros incidentes como ataques a golpes a estudiantes en la Universidad Federal de Rio de Janeiro que apoyaban al entonces candidato a la Presidencia Fernando Haddad, rival de Bolsonaro. Carteles con amenazas a estudiantes de la comunidad LGTB o activistas estudiantiles en otras universidades en Pará y Pernambuco (al norte y noreste de Brasil) también fueron identificados.
Además de ataques directos y amenazas, varias universidades brasileñas sufrieron allanamientos por parte de la Policía en los días cercanos a las elecciones. Los agentes actuaron supuestamente en el marco de una ley que prohíbe la propaganda política en instituciones públicas, aunque la organización advierte que mucho del material incautado por los agentes no promocionaba a ningún candidato en particular.
Las amenazas a las universidades públicas brasileñas continuaron tras la victoria electoral de Bolsonaro. En abril de 2019, su ministro de Educación, Abraham Weintraub, acusó a las universidades estatales de Fluminense (Río de Janeiro), Bahía (noreste) y de Brasilia de promover «eventos ridículos» y no centrarse en la excelencia académica.
«La sugerencia de que determinadas ideas, asignaturas o universidades sean desfavorecidas o estén en riesgo de perder fondos puede impactar en la autonomía universitaria o limitar la expresión académica», alerta Scholars at Risk.
El informe incluso dedica una serie de recomendaciones específicas para Brasil, reclamando que las autoridades tomen «pasos razonables para garantizar la seguridad de los académicos, estudiantes, funcionarios y otros miembros de las comunidades educativas». En ese marco, la organización reclama que se investiguen los incidentes y los perpetradores.
Asimismo, la organización reclama que el Gobierno de Bolsonaro se abstenga de «declaraciones o acciones, incluidas propuestas políticas, que estigmaticen a la educación superior, académicos o estudiantes o cualquier otra cosa que erosione las condiciones de seguridad, libertad académica o autonomía en las instituciones educativas brasileñas».Brasil y Ecuador no son los únicos países latinoamericanos en la lista negra de ataques ocurridos entre 2018 y 2019. Aunque con niveles mucho menores de importancia, la organización también menciona situaciones en universidades de Colombia, Chile, Cuba, Paraguay y México.
El evento, que tendrá lugar el martes 19 de noviembre, a partir de las 15h00 (GMT -3), marcará el lanzamiento de la campaña “Derechos desde el principio: educación y cuidado en la primera infancia”.
Autoridades que integran el Parlatino se posicionaron a favor de la aplicación del “Protocolo Parlamentario para el Análisis de las Proformas Presupuestarias del Sector Educación”
Culminó el último viernes (8 de noviembre) la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) fue invitada a participar en el evento, que tuvo lugar en Lima, Perú, representada en la oportunidad por Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE).
La propuesta, enfocada en ofrecer lineamientos para la elaboración y el análisis de los presupuestos de educación, resulta de un convenio de cooperación entre la CLADE y el CECC/SICA. El protocolo fue muy valorado por las parlamentarias y parlamentarios presentes en la reunión del Parlatino.
Además, explicaron que el desarrollo del protocolo para el análisis de los presupuestos educativos mencionado se encuentra en etapa de investigación y diagnóstico, la cual es focalizada en cuatro países de la región: Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.
Reacciones al Protocolo en el Parlatino
Luego de la presentación del Protocolo, se abrió un diálogo con las parlamentarias y los parlamentarios sobre el contexto actual en sus países. La delegación de Costa Rica informó que su país destina el 8% de su Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, pero ponderó que falta mucho por avanzar en lo que toca a la calidad de la educación.
El presidente del Parlatino, Elías Castillo, afirmó que la propuesta del protocolo es muy relevante y debería aplicarse en todos los países de la región. Destacó, así mismo, el ejemplo de Cuba, que dedica el 23% de su presupuesto público en educación, asegurando un sistema educativo totalmente público y gratuito.
“Aunque los acuerdos de nuestra comisión no sean vinculantes, el Parlatino puede promover su difusión”, añadió Castillo, poniéndose a la disposición para apoyar la implementación del protocolo, dada la importancia de este tipo de herramienta para que los países puedan mejorar el análisis y la elaboración de sus presupuestos, y además puedan caminar haya la adopción de un marco regional en esta temática.
El colombiano Alfredo Jiménez, coordinador técnico del Parlatino, igualmente apoyó la iniciativa e incentivó a los países que forman parte en este parlamento, para que conozcan y difundan la propuesta del protocolo.
“Hay que preguntarnos: ¿para qué educamos? ¿Para qué tipo de sociedad?”
El diputado uruguayo Mario García indagó: “Hay que preguntarnos: ¿para qué educamos? ¿Para qué tipo de sociedad? Es importante que tengamos criterios comunes a la región sobre qué es calidad educativa y las formas de elaborar los presupuestos”. Afirmó también que el protocolo será útil para identificar en qué tipo de educación los Estados están invirtiendo.
En el diálogo, también se señaló que no siempre un presupuesto mayor implica resultados mejores en la educación, y que es importante tener criterios para verificar la calidad del gasto y en qué se gasta, respetándose, además, el derecho a la información y la participación de las y los docentes en el debate y elaboración de los presupuestos educativos.
Unánimemente, las parlamentarias y los parlamentarios presentes en la reunión, se posicionaron a favor de apoyar la propuesta de protocolo, y solicitaron que CLADE y CECC/SICA, siguieran en diálogo con el Parlatino para prestarles otras informaciones y asesoría técnica respecto a la adopción de dichos lineamientos.
Escucha testimonio de Madeleine Zúñiga sobre su participación en la reunión:
Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/parlatino-clade-cecc-sica/
“El festival trae la música como una forma de resistencia y politización en la lucha por la libertad del expresidente. Estas son canciones de protesta para denunciar que tuvimos un preso político en Brasil por más de 550 días”, destacó el comité organizador del Festival.
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asistió este domingo, junto a más de 40 cantantes, al festival “Lula Libre”, que se desarrolló en la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, al nordeste del país.
“Hoy soy un hombre mejor que el que entró en la cárcel. Soy un hombre más maduro. Hoy sé que nada destruye a quienes tienen la capacidad de amar en este país”, expresó el exmandatario ante los miles de espectadores.
“El festival trae la música como una forma de resistencia y politización en la lucha por la libertad del expresidente. Estas son canciones de protesta para denunciar que tuvimos un preso político en Brasil por más de 550 días”, destacó el comité organizador del Festival.
Lula señaló que la cultura es liberación, educación y conocimiento, al tiempo que agradeció al exministro de Educación, Fernando Haddad, por “la dignidad que tuvo para representar al pueblo brasileño”.
“Hermosa fiesta por la justicia por Lula Libre en Recife”, escribió el Instituto Lula en su cuenta en Twitter y añadió que la personas en Pernambuco recibieron al líder del Partido de los Trabajadores (PT) con los brazos abiertos.
El exmandatario convocó a sus seguidores el sábado último a participar en el evento, el cual “es un símbolo de la lucha por la justicia para Lula”.
Fuente de la entrevista: https://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-cultura-liberacion-educacion-conocimiento-20191117-0023.html
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