Brasil está entre los países que menos estimulan a los docentes, en un estudio en el que se tienen en cuenta factores como salarios, inversión en infraestructura y formación continua.
Isabela Vaz comienza su jornada mucho antes del amanecer. Toma tres ómnibus y un tren para recorrer recorrer 100 kilómetros hasta la escuela de la zona periférica de Río de Janeiro en la que trabaja. Vaz es una de las miles de docentes que penan diariamente para ejercer una profesión mal remunerada y peligrosa en Brasil.
Brasil, que celebró el martes último su Día del Profesor, está entre los países que menos estimulan a los docentes, según la OCDE, pues le sitúa en el puesto 63 entre 70 países del mundo en un estudio en el que se tienen en cuenta factores como salarios, inversión en infraestructura y formación continua.
Un equipo de Efe acompañó una jornada de Vaz, de 42 años, divorciada y con dos hijos cuya vocación por la enseñanza late más fuerte que las dificultades que enfrenta en una región como la de Río de Janeiro, hundida en una grave crisis financiera y con recurrentes problemas de inseguridad.
“Tenemos problemas con los salarios (competencia del gobierno regional) y a veces la estructura de las escuelas no es la adecuada para trabajar”, denunció la profesora de lengua y literatura.
Carioca de nacimiento, Isabela fue madre con 15 años -tiene un hijo de 27 que ya la ha hecho abuela- y actualmente vive con Gabriel, el menor. Ambos comparten un modesto apartamento ubicado en una favela al oeste de la capital fluminense dominada por milicias (grupos paramilitares integrados por policías y expolicías).
Su jornada comienza a las 4:30 de la mañana, y, tras arreglarse y dejar organizada su casa, sale rumbo al trabajo, mientras su hijo pequeño, de 12 años, continúa durmiendo. El muchacho va a la escuela por sus propios medios más tarde.
Luego de tomar tres ómnibus y un tren, Isabela llega después de dos horas y media a Nova Iguazú, el municipio del área metropolitana de Río donde está la escuela pública Mario Guimaraes, uno de los dos centros educativos donde dicta clases de Lengua Portuguesa y Literatura.
Su trabajo en esa escuela lo complementa con el de otra institución educativa en Duque de Caxias, un municipio también de la zona metropolitana de Río y uno de los más poblados y deprimidos de la región.
Aunque el gobierno regional ofrece a los docentes la oportunidad de escoger una escuela cercana a su lugar de residencia, no siempre hay vacantes en los centros educativos más próximos.
Otro gran lastre son los salarios. Los de los docentes en Río están congelados desde 2014 por la grave crisis fiscal que vive la región. Por ello, Vaz se vio obligada a tener dos trabajos, situación que comparte con el 26,8 % de los docentes de la región según el Anuario Brasileño de Educación Básica 2019.
Y es que para esta profesional en Letras de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el profesor no cobra lo que se merece.
Mensualmente, los docentes reciben un salario promedio de unos 955 dólares netos (unos 4.000 reales), que, según el Anuario, equivalen al 50 % de la media salarial de los profesionales de áreas como las Ciencias Exactas o la Salud.
Adicionalmente, no hay suficientes estímulos para que los profesores cursen posgrados y ayuden a mejorar la calidad de la educación básica en una región del país donde el índice de desarrollo educativo en promedio es de 4,8 sobre 10.
“Para hacer una maestría lo máximo que consigues es un permiso” no remunerado, aseguró Isabela.
Inseguridad, riesgos y sobrecarga de trabajo
Brasil tampoco sale bien librado en la evaluación que se hizo para las áreas de Ciencias, Lectura y Matemáticas, donde ocupó los puestos 63, 59 y 66, respectivamente.
Pero la problemática en el sector es más profunda, según indica Isabela Vaz, para quien los docentes están sobrecargados con funciones que corresponden al Gobierno o a las familias.
“La estructura social familiar deja de cumplir su papel, la estructura gubernamental tampoco cumple todo como debería ser y eso sobrecarga la escuela”, explicó la docente.
A eso se suman factores externos como la violencia y la inseguridad. Operativos de la Policía para combatir el crimen en las favelas, donde los tiroteos terminan por causar víctimas inocentes, entre ellos menores de edad, son continuamente criticados por los habitantes de esas barriadas.
Las escuelas también terminan en medio de estos conflictos. Aunque esporádicamente, Vaz ha tenido que presenciar enfrentamientos en Duque de Caxias, donde delincuentes han terminado invadiendo la escuela donde trabaja.
“La escuela es obligada a enfrentar un problema que no está preparada para lidiar, que es el problema de la violencia, (un problema) que acaba reflejándose en la escuela, en el profesional docente y también en los alumnos”, agregó.
Fuente de la reseña: https://www.elpais.com.uy/mundo/odisea-dia-enfrentan-docentes-brasil.html
Se prevé la inauguración de 54 de estos centros para el año que viene con un presupuesto de 240.000 dólares de inversión para cada unidad. El dinero se destinará a reformar las instalaciones de escuelas públicas y al pago del personal militar empleado.
El Ministerio de Educación de Brasil ha cerrado la convocatoria para transformar escuelas públicas de primaria y secundaria en centros de enseñanza administrados por agentes militares de la reserva. Más de la mitad de los estados brasileños se han adherido al programa: 16, además del Distrito Federal, de un total de 27 estados.
Jair Bolsonaro lanzó la propuesta de ampliación del número de escuelas militares ya en su campaña electoral, con el objetivo de fomentar lo que él defiende como una disciplina necesaria dentro del sistema público de educación. El 2 de enero, con solo dos días de mandato, Bolsonaro aprobó el decreto que inauguraba la Subsecretaría de Fomento de las Escuelas Cívico-Militares. Unos meses después, el nuevo gobierno creó el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares, que consiste en ceder la administración de cierta escuela pública a las Fuerzas Armadas, aunque la enseñanza pueda continuar en manos de los profesores.
El objetivo final de este Programa del Gobierno brasileño es alcanzar un total de 216 escuelas cívico-militares hasta 2023. Tal y como el Ministerio de Educación anunció, se prevé la inauguración de 54 de estos centros para el año que viene con un presupuesto de un millón de reales (240.000 dólares) de inversión para cada unidad. El dinero se destinará a reformar las instalaciones de escuelas públicas y al pago del personal militar empleado.
Los agentes contratados serán militares que ya se encuentren en la reserva y, en caso de necesidad, también podrán ser demandados otros funcionarios de reserva de los cuerpos de bomberos y de la policía militar.
Controversia sobre la excelencia del rendimiento entre escuelas militares y escuelas públicas
«La mayor parte de Brasil desea la gestión de excelencia de las escuelas cívico-militares», anunció el Ministerio de la Educación (MEC) en una nota oficial emitida el 1 de octubre con motivo de la rueda de prensa del programa. Según defiende el Gobierno de Bolsonaro, los alumnos de escuelas militares presentarían un mejor rendimiento académico que los estudiantes de escuelas públicas. Tal y como informó el actual secretario de educación primaria, Janio Macedo, la escuela cívico-militar «permite de forma constatada una educación mejor para el alumno». Macedo sugirió una transformación militar de la educación más completa que integre desde la educación primaria hasta la superior, así como una homogeneización de los centros educativos administrados por agentes del Ejército que habían sido creados previamente.
Estudiante protesta contra Bolsonaro frente a una escuela militar en Río de Janeiro, Brasil, 6 de mayo de 2019. / Sergio Moraes / Reuters
En oposición al argumento de excelencia que defiende el Gobierno, una investigación del periódico Folha de São Paulo expone que las «escuelas civiles con el mismo perfil (socioeconómico) que las militares presentan desempeños similares». El estudio cruzó los datos de exámenes de acceso a la universidad de 2017 de diversos centros educativos y los resultados apuntaron que cuanto más alto el perfil socioeconómico de los alumnos, mejores eran sus resultados escolares, independientemente del tipo de escuela en la que estudiasen.
Según los datos del MEC, a día de hoy ya existen 203 escuelas cívico-militares en Brasil, algunas de ellas creadas por las propias Fuerzas Armadas y otras comandadas por la institución de la Policía Militar. Solo en el estado de Goiás, se crearon 60 nuevas escuelas militares en la última década bajo el mandato del gobernador conservador Marconi Perillo. Entre las faltas graves previstas por estas instituciones figuran las de «faltarle el respeto a los símbolos nacionales», «mantener contacto físico de cuño amoroso portando el uniforme (militar)», «participar en manifestaciones políticas llevando el uniforme (militar)» o llevar el pelo, barba o uñas «fuera del patrón exigido».
El coste de matrícula y uniforme en escuelas militarizadas las convierte en selectivas
Además de los posibles valores de inscripción por alumno, los centros pueden recibir fondos tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Militar, además del MEC. «Una escuela que recibe esos recursos tiene mejores condiciones (de enseñanza)», declara Mirza Seabra Toschi, profesora e investigadora de la Universidad Estatal de Goiás especializada en educación, en una entrevista concedida al periódico brasileño Nexo en el mes de febrero cuando se anunció el programa. Toschi alega que, si bien es el Estado quien paga el sueldo de los profesores, muchos centros exigen pagos de inscripción, además de los elevados valores que los alumnos deben gastar en los uniformes militares. Esta investigadora resalta que la escuela militar incumple dos de los principios constitucionales de la educación: la gratuidad de la escuela pública y la gestión democrática del centro educativo.
«Calidad, cuando se ofrece solo a unos pocos, solo es privilegio. Disciplina impuesta sin diálogo es mera obediencia», relataba una nota publicada por el Centro de Estudios e Investigaciones en Educación, Cultura y Acción Comunitaria (CENPEC) en febrero cuestionando los principios de la militarización de las escuelas.
Profesores universitarios y estudiantes contra los recortes en educación, Sao Paulo, Brasil, 13 de agosto de 2019. / Amanda Perobelli / Reuters
«Las experiencias de militarización que se han estado creando en Brasil revelan un modelo de escolarización excluyente y selectivo. (…) La escuela militarizada se destina solo a estudiantes con mejores condiciones socioeconómicas, lo que la convierte en una escuela pública elitizada», expresaba la carta del CENPEC firmada por 12 instituciones y movimientos de educación. La misiva, además, critica que el Estado invierta tres veces más presupuesto por alumno en la escuela militar que en la pública civil.
Funciones de los militares dentro de las escuelas
Según explica la nota del MEC, «el modelo de excelencia –como el Gobierno denomina a la militarización de las escuelas– va a abarcar las áreas didáctico-pedagógica, educacional y administrativa». Sobre la primera, los agentes militares en la reserva podrán encargarse de actividades de «supervisión escolar y psicopedagogía para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, preservando las atribuciones exclusivas de los docentes». En relación al área de la educación, este programa «pretende fortalecer los valores humanos, éticos y morales así como incentivar la formación integral como ciudadano y promover la sensación de pertenecimiento al ambiente escolar». Y, en lo que respecta a las funciones administrativas, los miembros de las Fuerzas Armadas tendrán como objetivo «mejorar la infraestructura y la organización de la escuela».
Mirza Seabra Toschi afirmó que estos agentes militares «trabajan con revolver dentro de la escuela. La disciplina no es un elemento real. Si quitas el elemento represor (las armas), la llamada indisciplina vuelve». Toschi defendió que la escuela publica es para civiles y por ello debe estar dirigida por civiles. «Si los militares quieren hacer sus escuelas, que lo hagan con sus recursos», declaró ella.
Entre el 4 y 11 de octubre estará abierta una nueva convocatoria para que los municipios se adhieran a la convocatoria para transformar las escuelas públicas que ellos gestionan a nivel municipal en centros militarizados. Los criterios preferenciales para recibir el beneficio del gobierno es que la escuela tenga entre 500 y 1.000 alumnos con edades comprendidas entre los 6 y 18 años.
Este jueves 19 de septiembre se cumplen 98 años del nacimiento del educador y pedagogo brasileño Paulo Freire, uno de los teóricos más influyentes en el ámbito de la educación durante el siglo XX. Freire impulsó su propio método de alfabetización, que tuvo influencia en las renovaciones pedagógicas de América Latina, África y Europa durante la segunda mitad del siglo XX y se ha seguido utilizando en la actualidad en muchas sociedades del mundo. teleSUR
Fuente del documento: https://www.youtube.com/watch?v=RaVPG44fkEk&app=desktop
Al veto de algunas películas relacionadas con la dictadura o la diversidad de género y sexual, se añade el control de los temas en la televisión pública.
La ejecución de las políticas conservadoras promovidas por el presidente Jair Bolsonaro y su equipo desplazan la producción cultural a un segundo plano y debilitan el sector de la producción audiovisual en Brasil.
«La situación actual de censura y recortes que estamos viviendo tiene mucho que ver con la primera vez que Bolsonaro habla sobre cine abiertamente en este Gobierno, que es cuando él critica ‘Bruna Surfistinha’ y dice que películas como esta no pueden ser financiadas con dinero público», declara Elder Gomes Barbosa, cineasta e investigador.
‘Bruna Surfistinha’, que Bolsonaro calificó de ‘pornográfica’, es una producción brasileña sobre la historia real de una joven que se adentra en el mundo de la prostitución. «El presidente inaugura una nueva forma de ver y pensar cine en Brasil que es: ‘Yo mismo decido, como presidente, lo que es y no es bueno para que las otras personas vean’«, afirma Barbosa.
El veto a algunas películas brasileñas relacionadas con la dictadura o con asuntos LGBTI
La película documental ‘Chico-Artista brasileño’, que relata la vida del cantante brasileño Chico Buarque, opositor de la dictadura militar (1964-1985), fue privada de participar en el festival de cine brasileño, 8° Cine Fest Brasil-Montevideo, que comenzó el pasado 3 de octubre, en Uruguay. Según las primeras informaciones divulgadas, la decisión habría sido resultado de una petición de la Embajada de Brasil en Uruguay. No obstante, la productora cultural Inffinito, una de las organizadoras del evento, afirmó que se debía a motivos administrativos de fechas de realización de las películas y negó la censura.
«Me siento directamente agredida y amenazada con este acto. Soy cineasta y lesbiana (…) Ahora vamos a necesitar dirigirnos al mercado internacional para poder conseguir realizar nuestras producciones».Marcela Morê, cineasta brasileña.
Esta información se hizo eco poco después de que la película ‘Marighella’, del conocido director brasileño Wagner Moura, también sufriese un revés. Con financiación aprobada de la Agencia Nacional de Cine de Brasil (Ancine) la producción recibió la negativa del desembolso de una parte del dinero así como la anulación del estreno previsto para noviembre. Mientras que su llegada a las grandes pantallas brasileñas continúa bloqueada, la película –que cuenta la historia de Carlos Marighella, político y guerrillero durante el periodo dictatorial– continúa rodando por varios festivales internacionales. «Es imposible no pensar que existe una articulación política para crear este tipo de ambiente», afirmó el director Moura a la revista Época en septiembre.
En agosto, el ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, suspendió un programa de financiación pública que afectó principalmente producciones audiovisuales con temáticas de diversidad de género, sexualidad o cuestión racial, entre otras. La decisión oficial fue publicada en el Diario Oficial nacional y el propio presidente Jair Bolsonaro compartió en Twitter el anuncio. En sus emisiones en vivo en redes sociales, Bolsonaro ya había anunciado que si esos contenidos con temáticas LGBTI querían ver la luz, tendrían que buscar recursos privados.
«Me siento directamente agredida y amenazada con este acto. Soy cineasta y lesbiana, y entre mis planes estaban algunas películas con temática lésbica», declara Marcela Morê, con experiencia de diez años de trabajo audiovisual que explica que el objetivo es resistir. «Ahora vamos a necesitar dirigirnos al mercado internacional para poder conseguir realizar nuestras producciones», alega.
Sobre una de las películas vetadas, el presidente afirmó que «la vida privada de cualquiera no le importa a nadie, pero hacer una película mostrando la realidad vivida por negros homosexuales en el Distrito Federal no es comprensible. (…) No procede hacer una película con esa temática«. Sobre otra de las producciones vetadas, declaró: «Mira el tema, ‘sueños y realizaciones de cinco personas transgénero que viven en Ceará (estado del noreste de Brasil)’. Conseguimos abortar esa misión».
En oposición a lo que calificó como censura, el secretario de Cultura, Henrique Pires, dimitió de su puesto pocos días después, el 21 de agosto. Osmar Terra, ministro de Ciudadanía, le habría ofrecido a Pires un puesto de dirección en una fundación, que este rechazó y añadió: «Cargo en fundación no es premio de consolación para quien no está afinado con la censura».
En un evento frente a varios periodistas en São Paulo, Terra negó la censura: «Nadie está impedido de hacer nada en Brasil (…) Pero si va a implicar recursos públicos, nosotros tenemos el derecho de opinar sobre los temas que son importantes«. Cuando fue cuestionado sobre el espacio para temáticas LGBTI, el ministro respondió: «Solo quiero saber si hay alguna cosa que sea más prioritaria que eso».
Censura y autocensura en la televisión pública
La autocensura permea a las personas que realizan contenidos audiovisuales, incluso antes de que el Gobierno ejerza la propia censura, según explica Mario Alcântara (nombre ficticio), miembro de la TV Brasil, red brasileña de televisión pública propiedad de la Empresa Brasil de Comunicación (EBC), que solicita anonimato por miedo a represalias.
«Antes incluso de sufrir una censura de arriba para abajo, existe entre los trabajadores públicos un sentimiento de autocuestionamiento y de miedo a producir contenidos que no agraden al presidente del país, que generen enemistad con el gobierno, justamente porque existen rumores de que la EBC pueda cerrarse», explica Alcântara. «El mayor cambio desde que llegó este Gobierno es la estrategia de intentar eludir contenidos más sensibles, como el de los derechos reproductivos o el de la dictadura militar. Estos contenidos, cuando abordados, se toman con pinzas», añade este productor, que explica cómo la EBC viene siendo desprestigiada por Bolsonaro desde la campaña electoral con diversas amenazas de despido o cierre de la institución.
«En el momento de la ‘des-conmemoración’ del aniversario del golpe militar hubo toda una polémica interna porque no se podía usar la palabra ‘golpe’ ni ‘dictadura’, a no ser que fuese para negar la existencia de dictadura en Brasil».Carol Barreto, directora del sindicato de los periodistas de Río de Janeiro.
«Ha habido censura en todos los medios de la EBC, en algunos con mayor o menor intensidad, va desde temas censurados hasta palabras vetadas», afirma Carol Barreto, directora del sindicato de los periodistas de Río de Janeiro. «En el momento de la ‘des-conmemoración’ del aniversario del golpe militar hubo toda una polémica interna porque no se podía usar la palabra ‘golpe’ ni ‘dictadura’, a no ser que fuese para negar la existencia de dictadura en Brasil, por lo que los periodistas tenían que cambiar las palabras por otras más suavizadas como régimen militar», declara Barreto, que explica que la EBC recibió un comunicado del Gobierno pidiendo sustituir la palabra «fusilado» por «afectado por 80 tiros» en la cobertura del asesinato de un músico a manos de militares.
«Vivimos una situación de censura también en relación a algunos asuntos, escasamente cubrimos temas de manifestaciones, movimientos sociales, derechos humanos, asuntos de género, indígenas, LGBTI, que antes tratábamos bastante. Todo para no desagradar al conservadurismo que gobierna», enfatiza la directora del sindicato.
Recortes de financiaciones públicas y cambios en las instituciones
Además de la censura, las instituciones relacionadas al sector audiovisual están sufriendo alteraciones. En julio, el Gobierno publicó una medida oficial para alterar la composición del Consejo Superior de Cine que ha pasado a estar mayoritariamente compuesto por miembros del Gobierno, en detrimento de lo que anteriormente era una composición equitativa con representantes del audiovisual y de la sociedad civil.
Desde que Bolsonaro comenzó su mandato en enero, la Agencia Nacional de Cine de Brasil (Ancine), responsable del fomento, regulación y fiscalización de financiación pública de la producción audiovisual nacional, ha sufrido una drástica reducción de su presupuesto y una modificación de su estructura, además de la dimisión de su antiguo director, Christian de Castro, por investigaciones contables. Un director interino ocupa el cargo a la espera del nombramiento de uno definitivo que, según ya defendió el presidente, podría ser alguien con valores cristianos que promueva un aumento de las producciones audiovisuales en esta línea.
«Este mercado no es fácil pero, independientemente de las políticas, los cineastas vamos a continuar realizando nuestros proyectos, sea con ‘crowfunding’, incentivos privados, colaboraciones o, incluso, por amor al arte».Marcela Morê, cineasta brasileña.
En la aplicación de una austeridad sobre incentivos a la cultura, el Gobierno ha reducido un 43 % los recursos del Fondo Sectorial del Audiovisual (FSA), que se alimenta con tributos de productoras y empresas de telecomunicaciones, y está gestionado por la Ancine. «Hace seis meses que trabajo en una serie financiada por el FSA, frente a los recortes vamos a tener que inventar otras formas de viabilizar estas producciones. Este mercado no es fácil pero, independientemente de las políticas, los cineastas vamos a continuar realizando nuestros proyectos, sea con ‘crowfunding’, incentivos privados, colaboraciones o, incluso, por amor al arte», explica la cineasta Marcela Morê, que alerta de las amenazas del Gobierno de acabar con la ley de cotas que obliga a que una parcela de la emisión de televisiones por cable y de salas de cine se dedique a la producción nacional.
«El Festival de Río, tras 20 años de existencia y éxito nacional e internacional, pasa por su mayor desafío en términos financieros». La organización del Festival de Cine de Río de Janeiro destacó la situación de crisis por la falta de inversión pública en este sector y lanzó recientemente una campaña de financiación colaborativa para intentar evitar que uno de los más importantes eventos cinematográficos del país desaparezca.
«Nosotros no vamos a perseguir a nadie, pero Brasil ha cambiado. Con dinero público no veremos más ciertos tipos de obras. Esto no es censura, esto es preservar los valores cristianos, es tratar con respeto nuestra juventud y reconocer la familia«, declaró Bolsonaro este sábado 5 durante su participación por videoconferencia en un simposio conservador de Ribeirão Preto, São Paulo.
La Red Iberoamericana de Educación LGBTI (RIE-LGBTI), plataforma de organizaciones que trabaja en favor de la promoción y el respeto de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en el ámbito educativo, lamenta la situación por la que atraviesan nuestres compañeres trans en Brasil debido a las continuas vulneraciones a sus derechos humanos perpetradas por el gobierno del señor Jair Messias Bolsonaro. Es preocupante las expresiones transfobicas del presidente actual, que dejarán graves secuelas en la sociedad brasileña y de la región latinoamericana.
El señor Bolsonaro expresó lo siguientes:
“La Universidad de la Integración de la Lusofonía Afro-Brasileña (Federal) ha lanzado un examen de ingreso a la universidad para los candidatos TRANSEXUAL (sic), TRAVESTIS, INTERSEXUAL y NO BINARIO. Con la intervención del Ministerio de Educación (MEC), la rectoría se posicionó para la suspensión inmediata del edicto y su anulación a posteriori.»
Las vacantes de este examen de selección no alteran en modo alguno el proceso selectivo destinado al grupo de personas cisgeneras.
La RIE-LGBTI se solidariza con las organizaciones defensoras de derechos humanos brasileñas, y en especial las formadas por compañeres trans, transexuales, intersexuales y no binarias, que ahora se ven excluidas de la educación escolar formal con estos actos que atentan contra el derecho a la Educación; y brinda su apoyo total para supervisar el procesamiento de las medidas contra la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonia Afro-Brasileña (UNILAB).
Pedimos, de manera urgente, a los Sistemas Internacional e Interamericano de Derechos Humanos (ONU y OEA), en especial al Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; y a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a hacer seguimiento especial a estos hechos, así como al reciente cierre de las actividades del Consejo Nacional para Combatir la Discriminación LGBT en Brasil; tomando las acciones preventivas y correctivas necesarias para que las vidas y los derechos humanos de más personas en Brasil sigan siendo vulnerados.
Aunque el proyecto propiciaba atención integral para estudiantes de escuelas públicas, el Ejecutivo mantiene su posición de veto aludiendo falta de recursos.
Elpresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vetó este miércolesun proyecto de ley que garantizaba la atención de psicólogos y asistentes sociales a los estudiantes de escuelas públicas, con la justificación de exceso de costos que el Estado no puede asumir.
«El presidente de la República, Jair Bolsonaro, vetó integralmente el proyecto de ley que garantizaba atención por parte de profesiones de psicología y el servicio social a los alumnos de las escuelas públicas en la educación básica», manifestó la Cámara de Diputados.
Asimismo, el Gobierno señaló que los impactos presupuestarios y financieros todavía están ausentes, violando así las reglas del artículo 113 de la Ley de Disposiciones Constitucionales de Transición, así como de los artículos 16 y 17 de la Ley de Responsabilidad Fiscal y del artículo 114 de la Ley de Directrices Presupuestarias de 2019.
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Bolsonaro veta atendimento de psicólogo e assistente social nas escolas públicas. Deputados e senadores vão analisar o veto quando ele foi incluído na pauta do Congresso Nacional. https://bit.ly/2p5qIxz#Educação
Bolsonaro veta atendimento de psicólogo e assistente social nas escolas públicas
Deputados e senadores vão analisar o veto quando ele foi incluído na pauta do Congresso Nacional
La iniciativa buscaba que equipos con profesionales de diversas disciplinas atendieran a los estudiantes de primaria y secundaria, con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje y las relaciones entre los alumnos, los maestros y la comunidad escolar.
Diputados y senadores analizarán la decisión de Bolsonaro, pues el asunto ya está incluido en la agenda del Congreso Nacional. Esa misma institución removió en septiembre 18 vetos sobre la ley que tipifica los delitos de abuso de autoridad.
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