América del Sur/Chile/18Febrero 2017/Fuente: ADN Radio
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró que, ya instaurada la gratuidad, el Gobierno se enfocará en cambios más allá de lo estructural.
“Este año el foco va estar en mostrarle a la gente todo el esfuerzo que se está haciendo por la calidad de la educación”, dijo la secretaria de Estado en ADN Hoy.
Delpiano destacó que los 94 mil estudiantes beneficiados con la gratuidad representan más del doble de los 40 que accedieron al beneficio el año pasado.
«El año pasado no pudimos entregar la gratuidad a centros de formación técnica porque no se dieron las condiciones para hacer el traspaso a instituciones sin fines de lucro», dijo.
En ese sentido, la autoridad declaró que en el Ejecutivo esperan que la cifra supere los 200 mil para el mes de mayo, cuando se matriculen alumnos nuevos, otros terminen de completar sus datos socioeconómicos y cuando se presenten todas las apelaciones.
Disponible en la url: http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/educacion-este-ano-el-foco-estara-en-mostrar-los-esfuerzos-por-mejorar-la-calidad/20170217/nota/3386332.aspx
América del Sur/Chile/17 de febrero de 2017/Fuente: eldiarioexterior
El próximo mes se cumplirá un año desde la entrada en vigencia de la polémica ley N° 20.845 que prohíbe el lucro, el copago y la selección en la educación chilena. El cuerpo legal que fuese promulgado en el mes de mayo del año 2015, durante toda su tramitación contó con la negativa de la ciudadanía.
El año 2014 obtiene gran notoriedad pública la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile (Confepa), cuerpo intermedio de la sociedad, que promovió a lo largo y ancho del país una seguidilla de manifestaciones contra la propuesta impulsada por Bachelet y la Nueva Mayoría -nombre de la coalición de partidos que la apoya- de la cual forma parte activa el Partido Comunista Chileno, antigua Sección Chilena de la Internacional Comunista.
La Confepa, luego de un agotador tira y afloja con el gobierno metropolitano de Santiago –la capital política del país- logra el permiso para realizar una gigantesca manifestación en la Alameda – principal arteria de la capital- en la cual se emplaza el Palacio de La Moneda, edificio que es la Casa Blanca chilena. Luego de aquella gran manifestación, han sido muchas las agrupaciones de familias y sostenedores –dueños de colegios- que perdiendo el temor a expresarse, han surgido con el afán de oponerse a las políticas escolares impulsadas por el gobierno izquierdista y exigir el derecho que tienen de escoger la educación que desean para los suyos. A todas aquellas organizaciones, les resulta evidente que, como indicase el presidente de Estados UnidosThomas Jefferson, el precio de la libertad es eterna vigilancia.
Producto de la ley 20.845, en el mes de marzo de este año, las escuelas administradas por privados que reciben financiamiento del Estado, deberán informar a las familias si se transformarán en personas jurídicas sin fines de lucro –una de las tantas imposiciones del gobierno que las habilitaría a seguir recibiendo fondos públicos– o si se mantendrán como sociedades comerciales, o simplemente cerrarán sus puertas, situación que debe configurarse legalmente en un plazo que no puede ir más allá del día 31 de diciembre de 2017. El cierre de las escuelas se debe a dos factores, a saber: un sinfín de detalles administrativos y económicos impuestos a las escuelas, como por ejemplo, el tener que ser dueñas del terreno donde operan y; la falta de demanda en caso de continuar como sociedad comercial. Ocurre que las escuelas, al ser sociedades comerciales, no podrán optar a fondos públicos, lo cual haría que como mínimo tuviesen que cobrarles a las familias 230 dólares al mes a fin de poder prestar un servicio de calidad, esto es 190 dólares más de lo que actualmente cobran en promedio. Cifra inalcanzable para la mayoría de las familias chilenas. Ejemplo de esto es que actualmente solamente alrededor del 8% del alumnado del país se educa en escuelas que no reciben aportes del Estado.
Durante el primer semestre del año pasado, fueron 39 los colegios que le informaron al gobierno que cerrarían sus puertas, producto de la nueva ley. Esto se traduce en más de 25,000 alumnos que ya no contarán con su antigua escuela y que, por la falta de recursos de sus familias, necesariamente tendrán que matricularse en establecimientos escolares administrados por los municipios, esos mismos que salvo contadas excepciones, han sido descartados dada su mala calidad por las familias en los últimos años, contando en la actualidad con sólo un poco más del 30% de la matrícula escolar.
En atención a los Decretos con Fuerza de Ley N° 3 del año 2015 y N° 1 del año 2016, la ley tiene un cronograma de entrada en vigencia diferido a lo largo del país, siendo la primera región –unidad político administrativa- en empezar a funcionar la de Magallanes y la Antártica Chilena, ubicada en el extremo sur de Chile, distante de Santiago en línea recta a 2.197 kilómetros (1.365 millas) y en vehículo a 3.418 kilómetros (2.122 millas), en la cual habitan alrededor de 165 mil personas. Región que, por lo demás, no tiene congresistas que adhieran a los valores y principios de una sociedad libre y responsable.
Las personas que habitan aquella región ya han tenido la oportunidad de apreciar los nefastos efectos de la ley 20.845 recortando la libertad educativa. Considerando que el cuerpo legal prohíbe a las escuelas seleccionar a sus alumnos, siendo el sistema de admisión escolar reemplazado por un programa computacional, han sido centenares los niños que han quedado sin escuelas donde estudiar. Además son muchos los alumnos que han sido designados a escuelas que no son de su agrado, casos como mujeres que habían postulado a escuelas con orientación artística han terminado siendo asignadas a escuelas con estudios técnico-automotriz. Los casos más graves son de niños con capacidades especiales, que en vez de asistir a escuelas que cuentan con el personal y los recursos necesarios para atenderlos, han sido derivados a escuelas que no están preparadas para recibirlos. Y por cierto, muchos alumnos han sido derivados a escuelas administradas por los municipios, casi como si el imparcial sistema computacional quisiese a la fuerza llenar esas semivacías aulas.
Este año será decisivo para la política escolar en Chile. Ya no será sólo la región de Magallanes y de la Antártica Chilena la que conocerá de cerca algunos de los terribles efectos de la ley 20.845, sino que se sentirán en todo el país. Serán todas las familias las que sentirán la angustia por saber si sus hijos continuarán o no estudiando en la escuela de su elección, siendo el año 2018 cuando muchas se enfrentarán a la realidad de tener que desembolsar grandes sumas de dinero para cubrir la educación de los suyos o conformarse con la opción única, opaca y lastimera que le entrega el Estado. Por suerte este año hay elecciones generales en Chile, algo que a muchas familias les dará la esperanza de hacer oír su voz en las urnas y volver a poder escoger la educación que desean para sus hijos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) anunció el inicio del período de postulaciones a la Escuela de verano sobre economías latinoamericanas 2017, un programa de entrenamiento dirigido a jóvenes investigadores interesados en estudiar el proceso de desarrollo de América Latina.
La decimoctava edición del curso se realizará entre el 20 de julio y el 8 de septiembre de 2017 en la sede del organismo regional de las Naciones Unidas en Santiago, Chile.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de abril próximo y los nombres de las personas seleccionadas serán dados a conocer el 17 del mismo mes.
La Escuela de verano, organizada por la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, posee un programa que aborda las principales áreas de conocimiento del organismo regional de las Naciones Unidas, que van desde lo macroeconómico a lo microeconómico, incluyendo aspectos relacionados con políticas sociales, derechos humanos y desarrollo sostenible, entre otros.
Las clases son dictadas por el cuerpo profesional de la CEPAL y por reconocidos economistas y científicos sociales invitados.
El curso está exento de pago, sin embargo, los participantes son responsables de los costos asociados a su viaje y estadía. Pueden postular personas de todo el mundo que cuenten con títulos universitarios avanzados en economía o áreas relacionadas, idealmente estudiantes de maestría o doctorado en el campo del desarrollo económico, y que manejen los idiomas español e inglés.
Chile / 15 de febrero de 2017 / Fuente: http://www.semana.com
Mientras la tendencia mundial en la educación superior iba de sistemas públicos a sistemas mixtos o privados, Chile busca hacer gratuitas las universidades.
Tras las masivas protestas de los estudiantes en Chile, quienes salieron a las calles a demandar la gratuidad de la educación, una de las principales promesas de campaña de la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue volverla realidad: acceso gratuito a las universidades públicas, y privadas que cumplieran con los requisitos.
«La idea es que cambie el paradigma de lo que entendemos de educación, hoy es entendida como un bien de consumo, la idea es pasar a un derecho social, donde no sea la capacidad de pago la que determine las decisiones», afirmaba la entonces candidata.
Esta se implementaría gradualmente hasta 2020, con el 70% de los alumnos más vulnerables estudiando gratis hacia el fin de su gobierno en 2018. Pero a casi un año de terminar su mandato, la gratuidad universitaria todavía no llega.
¿Por qué ha sido tan difícil de instaurar?
Mientras la tendencia mundial en la educación superior iba de sistemas públicos a sistemas mixtos o privados, Chile, con Bachelet elegida presidenta por segunda vez en 2013, decidió ir a contracorriente y cumplir su promesa. Para lograrlo, creó comités de expertos y anunció una reforma tributaria sin precedentes con la que financiaría la reforma a todo el sistema educacional chileno. El modelo de hoy, heredado del gobierno de facto de Augusto Pinochet, es bastante sui generis: si bien existen universidades denominadas «públicas», estas tienen que autofinanciarse. Parte importante de sus fondos vienen, entonces, de las matrículas.
«El Estado dá fondos muy específicos, para mejorar infraestructura, pero no desarrollo», explica Cristóbal Villalobos Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) de la Universidad Católica de Chile, la mejor evaluada según los rankings internacionales.
Además, cerca del 70% de los universitarios estudian en instituciones privadas, cuenta el experto, uno de los porcentajes más altos de la región, a pesar de ser el cuarto país con los aranceles más caros del mundo, según datos publicados por la consultora británica Expert Market.
Volver a la gratuidad parece entonces, una tarea casi titánica
«Es una transición compleja y complicada (…) de una lógica exclusivamente privada a una predominantemente pública», le explica a BBC Mundo el antropólogo Alejandro Grimson, profesor de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Y dentro de una serie de reformas impulsadas por Bachelet, la tributaria fue prioridad como bisagra para la educación gratuita. Sin embargo, una falla de cálculo que terminó, entre otras cosas, por costarle el puesto al entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, sumada a trabas políticas aterrizaron la idea original en un proyecto de ley donde tendrá acceso gratis sólo los estudiantes cuyos hogares no reciban más de $250.663mensuales (unos US$380) por persona con una implementación gradual de dos años.
Para llegar a la gratuidad universal se requiere superar un 29,5% del PIB tendencial, es decir, el equivalente a dos nuevas reformas tributarias como la instaurada, según los análisis de los medios chilenos. «El problema principal de la gratuidad no absoluta es que uno nunca sabe dónde termina la relativización, dónde se corta y dónde se produce un proceso de exclusión», advierte Grimson.
Pero este proyecto de ley, que fue ingresado recién en julio de 2016 tras 10 postergaciones, tampoco logró quorum y hoy, a menos de un año de la próxima elección presidencial, está en punto muerto. «La propuesta original, más corta y abstracta, fue conciliándose con otros grupos de interés: políticos, privados, los mismos estudiantes, y al final lo que uno ve es que cedieron en lógicas que no conversan», explica Villalobos.
Con la gratuidad en la UTI legislativa, el gobierno de Bachelet decidió comenzar a aplicarla a través de la ley de presupuesto anual. Pero mientras no haya ley específica, la gratuidad queda a merced de la buena voluntad del gobierno de turno.
Dificultades estructurales
Más allá de fallas de cálculo y forcejeos políticos, hay obstáculos más de fondo que le impiden avanzar. Un primer problema radica en la estructura misma del sistema, con un alto porcentaje de privatización y, a la vez, financiamiento privado. Según Villalobos, «un sistema tan orientado al mercado hace que sea difícil de cambiar». Otra dificultad tiene que ver con el foco que se le da al resultado de la educación. «En Chile hay una lógica de la meritocracia», explica Villalobos, pero el resultado se concibe para un beneficio personal -mi carrera, mi futuro, mis ingresos- y no como un aporte al bien social, asegura.
La pregunta clave entonces es «si la universidad es de interés de toda la sociedad», asegura Grimson, quien estuvo hace poco en Chile y pudo apreciar la intensidad del debate sobre el tema. «Si formar médicos es de interés de una persona o un beneficio colectivo. Si formar a un periodista le hace mejor a la democracia o sólo a los privados. Si decidimos que la formación profesional es de interés común, entonces la sociedad tiene que invertir», continúa el antropólogo.
Pero este cambio de mentalidad no es fácil ni será rápido ya que la lógica del mercado, basada en el individualismo característico de un sistema neoliberal, está instaurada no sólo culturalmente, sino también en el mercado del trabajo, coinciden ambos analistas. «Chile es el país latinoamericano donde el neoliberalismo se ancló más en las políticas socioculturales», comenta Grimson.
Un tercer problema que dificulta el paso a la educación universitaria gratuita es que es un sistema muy heterogéneo y a la vez, desregulado. Existen más de 3.000 carreras, unas 700 instituciones y alrededor de 18.000 ofertas de programas, según explica Villalobos. Y como se guían por la lógica de mercado, actualmente no existe una institucionalidad que unifique criterios y las regule. Otro aspecto que busca cambiar la ley, a través de la implementación de organismos fiscalizadores y estándares mínimos, al que se oponen tenazmente algunos privados.
¿Qué hacer?
¿Está todo perdido, entonces? ¿Logrará Chile el objetivo final de la gratuidad o se quedará sólo en buenas intenciones atascadas en el Congreso? «La única forma eficiente sería hacer un doble tránsito a la vez. Una reconfiguración del sistema que incorpore la gratuidad, pero también asegure acceso y participación. Uno donde no sean los dueños quienes decidan qué se hace en una universidad, sino toda la comunidad», sentencia Villalobos.
Grimson, que conoce de cerca el sistema argentino de educación universal gratuita, asegura que esta es la única manera de lograrla eficientemente, a través de «un sistema impositivo justo, donde no se cobra a sus alumnos, sino a los más pudientes a través de la recaudación fiscal. Ese es el modelo de todo país con gratuidad absoluta».
Antigratuidad
No todos, eso sí, están de acuerdo con el modelo de gratuidad absoluta. Para algunos esta hace que «los pobres (que son los que proporcionalmente pagan más impuestos) financien los estudios de los hijos de los ricos», como explica Pablo Da Silveira, profesor y Director del Programa de Gobierno de la Educación de la Universidad Católica del Uruguay.
El modelo uruguayo, con una universidad estatal «gratuita», fue estudiado y descartado por Chile. Primero por la dificultad de elegir una sola universidad para aplicar la gratuidad entre las 18 consideradas como «estatales» y, segundo, porque la forma de retribución no se ajustaba al modelo chileno. En Uruguay, los egresados de la Universidad de la República que ingresan al mercado laboral deben retribuirle monetariamente a la institución. «Se parece más a un fondo solidario (crédito sin interés) que a gratuidad», comenta Villalobos. Da Silveira asegura que ni el modelo uruguayo ni la gratuidad universal son los ideales. «El mejor esquema es el que te conduce al impuesto negativo: que hayan quienes pagan por estudiar y haya a quienes les pagas por estudiar», sentencia el académico.
RECIENTEMENTE se han entregado mayores antecedentes sobre los resultados de la ordenación de establecimientos que llevó a cabo la Agencia de Calidad de la Educación a fines del año pasado. Sin embargo, la información disponible está lejos de cumplir con los requisitos que la ley le impuso a la institución y de los parámetros de transparencia que hoy exige el país.
De acuerdo al artículo 20 de la ley N° 20.529, la Agencia deberá dar “amplia difusión” a los resultados Simce, los otros indicadores de calidad educativa y a la ordenación de establecimientos. Dichas exigencias escasamente son cumplidas, tal como queda en evidencia al revisar el sitio web de la Agencia, donde únicamente se entrega la categoría en la que el establecimiento ha sido clasificado, sin mayor detalle de cómo se llega a dicho nivel de desempeño. Esto priva de información relevante a los apoderados, los medios de comunicación e investigadores interesados en el desempeño del sistema escolar.
Por ejemplo, en medio de la discusión sobre el proyecto de ley de nueva institucionalidad para la educación municipal, es fundamental conocer qué porcentaje de los establecimientos municipales están en la categoría de desempeño Alto e Insuficiente de modo de identificar posibles diferencias en la gestión que se están traduciendo en mejores o peores desempeños académicos y formativos.
Desde el año 2015 se ha incluido una glosa en la ley de presupuesto que, paradójicamente, impide la difusión de información de resultados acerca de las evaluaciones que realiza la Agencia de Calidad. Lo anterior unido con al ánimo de dificultar la elección de escuelas explican gran parte de este problema. Avanzar en mayor disponibilidad de información es esencial para el diseño e implementación de políticas educativas y para que los apoderados puedan ejercer adecuadamente el derecho de elegir el establecimiento educacional de sus hijos.
La memorización no es mala, pero requiere complementarse con ejemplos de cómo aplicar las fórmulas a la vida real. Para dominar la materia, la relación entre profesores y alumnos es clave.
Los escolares chilenos están tres años atrasados en Matemática en comparación con los alumnos de la misma edad de Singapur.
Ese fue uno de los resultados de la última prueba PISA, examen que cada tres años mide la habilidad lectora, científica y matemática de escolares de 15 años provenientes de 73 naciones y territorios, entre ellos Chile.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer los resultados de la prueba a fines de 2016, pero aún hay mucho por analizar. Por ejemplo, aunque el país se sitúa como el mejor encaminado de Latinoamérica, en Matemática sus resultados siguen siendo bajos. Con 423 puntos en la prueba, Chile aparece 67 unidades por debajo del promedio de la OCDE y 141 puntos atrás de Singapur, que lidera este último ranking .
Con el objetivo de que otras naciones puedan aprender de las buenas prácticas de este país asiático -que se caracteriza por su rigurosa selección de profesores y capacitaciones constantes-, la OCDE lanzó un documento en que entregan recomendaciones respecto a cómo abordar la enseñanza de las matemáticas. Las sugerencias incluyen datos recopilados en cuestionarios que los alumnos completan junto con la prueba, donde se les pregunta sobre su situación familiar y experiencias de aprendizaje.
Las recomendaciones se pueden resumir en cinco preguntas:
1 ¿Qué tanto se debe dirigir a los alumnos en una clase de Matemática?
Según plantea el documento, la mayoría de los profesores tiene la tendencia de hacer clases bajo la modalidad de dictar materia mientras los alumnos copian. Esto no está necesariamente mal, pero la evidencia muestra que los mejores resultados se logran cuando existe una variación en la forma de enseñar: de vez en cuando, es importante que los estudiantes sientan que se los empodera, permitiéndoles averiguar cosas mediante trabajos en grupo o proyectos de investigación de largo plazo. «Eso los hace sentirse importantes y considerados en su aprendizaje. Posibilita interés, confianza y que se sientan estimulados en aprender la materia», plantea Rodrigo Navarro, profesor de Matemática del Colegio Arriarán Barros de Puerto Montt y docente premiado por la Red de Escuelas Líderes de Educación en Pobreza.
2 ¿Influye en su aprendizaje matemático el ambiente en el que un niño crece?
La formación académica de los padres o el acceso que se tiene a recursos educativos pueden repercutir en el desempeño matemático de una persona, lo que implica que al estar expuestos a una misma cantidad de horas de clases algunos entiendan más que otros. Por lo mismo, «entregar apoyo adicional a los docentes de escuelas que trabajan con niños vulnerables sería beneficioso», sugiere la OCDE.
3 ¿Deberíamos preocuparnos por la actitud que muestran los escolares hacia las matemáticas?
La actitud de un estudiante ante cierta área influye en su motivación, su éxito y sus futuras opciones de carrera. En el caso particular de las matemáticas, que los jóvenes crean en su capacidad y disfruten del ramo está estrechamente relacionado con su habilidad de resolver problemas. La conclusión no llega solo desde la OCDE: hace unos días, la revista Child Development publicó los resultados de una investigación que concluyó que los alumnos que disfrutan del área tienen mejores logros matemáticos a largo plazo. En este sentido, la tarea de los profesores supone «mostrar su propio entusiasmo por la materia, entregar instrucciones de una forma que dé autonomía a los estudiantes y les permita relacionarse estrechamente con los conceptos, ayudar a cada joven a fijarse logros y evitar que todas los exámenes sean de vida o muerte, para pasar o no el ramo», explica a «El Mercurio» Reinhard Pekrun, psicólogo, académico de la Universidad de Múnich y principal autor del estudio.
4 ¿Qué se sabe sobre la memorización y el aprendizaje de las matemáticas?
«El área de un círculo es igual al valor de su radio elevado al cuadrado multiplicado por Pi». Esta y otras fórmulas son la base para resolver una serie de ejercicios, lo que las ha vuelto parte esencial de la materia a conocer y memorizar.
Según plantean los especialistas, la clave es no quedarse con la idea de que solo se requiere recordar instrucciones para entender matemáticas. Para que realmente las comprendan, a los alumnos se les deben mostrar ejemplos de su uso en la vida real. A los interesados en seguir una carrera en salud se les puede comentar que se necesita entender matemáticas para calcular cuánto medicamento debe pasar cada minuto desde una vía hasta las venas de una persona hospitalizada, por ejemplo.
5 ¿Qué tan importante es la relación entre profesores y estudiantes?
Un profesor que disfruta de una buena relación con sus alumnos tiende a estar mucho más motivado y, por lo mismo, contagia su actitud positiva al resto. La OCDE plantea que los estudiantes que sienten tener un profesor alegre, que los trata de manera justa y escucha, muestran mejores resultados que quienes no lo creen.
«Conocer a los estudiantes involucra llamarlos por su nombre y no por su apellido», ejemplifica Rodrigo Navarro. «Lo otro tiene que ver con mantener un contacto fluido con los apoderados; citarlos no solamente por cosas negativas, sino para informarse y realizar de esta manera un seguimiento».
América del Sur/Chile/14 de febrero de 2017/Fuente: BBC MUNDO
Universidad gratis y para todos. Ese era el compromiso.
Tras las masivas protestas de los estudiantes en Chile, quienes salieron a las calles a demandar la gratuidad de la educación, una de las principales promesas de campaña de la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue volverla realidad: acceso gratuito a las universidades públicas, y privadas que cumplieran con los requisitos.
«La idea es que cambie el paradigma de lo que entendemos de educación, hoy es entendida como un bien de consumo, la idea es pasar a un derecho social, donde no sea la capacidad de pago la que determine las decisiones», afirmaba la entonces candidata, quien se comprometió
Esta se implementaría gradualmente hasta 2020, con el 70% de los alumnos más vulnerables estudiando gratis hacia el fin de su gobierno en 2018.
Pero a casi un año de terminar su mandato, la gratuidad universitaria todavía no llega. ¿Por qué ha sido tan difícil de instaurar?
Derechos de autor de la imagenUNIVERSIDAD DE CHILEImage captionActualmente en Chile sólo un 30% de los estudiantes van a instituciones universitarias estatales. Estas no son gratuitas y deben autofinanciarse.
El diagnóstico
Mientras la tendencia mundial en la educación superior iba de sistemas públicos a sistemas mixtos o privados, Chile, con Bachelet elegida presidenta por segunda vez en 2013, decidió ir a contracorriente y cumplir su promesa.
Para lograrlo, creó comités de expertos y anunció una reforma tributaria sin precedentes con la que financiaría la reforma a todo el sistema educacional chileno.
El modelo de hoy, heredado del gobierno de facto de Augusto Pinochet, es bastante sui generis: si bien existen universidades denominadas «públicas», estas tienen que autofinanciarse. Parte importante de sus fondos vienen, entonces, de las matrículas.
«El Estado da fondos muy específicos, para mejorar infraestructura, pero no desarrollo», explica Cristóbal Villalobos Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE )de la Universidad Católica de Chile, la mejor evaluada según los rankings internacionales.
Además, cerca del 70% de los universitarios estudian en instituciones privadas, cuenta el experto, uno de los porcentajes más altos de la región, a pesar de ser el cuarto país con los aranceles más caros del mundo, según datos publicados por la consultora británica Expert Market.
Volver a la gratuidad parece entonces, una tarea casi titánica.
«Es una transición compleja y complicada (…) de una lógica exclusivamente privada a una predominantemente pública«, le explica a BBC Mundo el antropólogo Alejandro Grimson, profesor de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Derechos de autor de la imagenAFPImage captionBachelet impulsó una reforma tributaria para financiar su gran proyecto educativo. Dentro de él estaba la gratuidad universitaria.
Y dentro de una serie de reformas impulsadas por Bachelet, la tributaria fue prioridad como bisagra para la educación gratuita.
Sin embargo, una falla de cálculo que terminó, entre otras cosas, por costarle el puesto al entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, sumada a trabas políticas aterrizaron la idea original en un proyecto de ley donde tendrá acceso gratis sólo los estudiantes cuyos hogares no reciban más de $250.663mensuales (unos US$380) por persona con una implementación gradual de dos años.
Para llegar a la gratuidad universal se requiere superar un 29,5% del PIB tendencial, es decir, el equivalente a dos nuevas reformas tributarias como la instaurada, según los análisis de los medios chilenos.
«El problema principal de la gratuidad no absoluta es que uno nunca sabe dónde termina la relativización, dónde se corta y dónde se produce un proceso de exclusión«, advierte Grimson.
Pero este proyecto de ley, que fue ingresado recién en julio de 2016 tras 10 postergaciones, tampoco logró quorum y hoy, a menos de un año de la próxima elección presidencial, está en punto muerto.
Derechos de autor de la imagenAFPImage captionLos estudiantes recuerdan la promesa de campaña y buscan en las calles que sea cumplida.
«La propuesta original, más corta y abstracta, fue conciliándose con otros grupos de interés: políticos, privados, los mismos estudiantes, y al final lo que uno ve es que cedieron en lógicas que no conversan«, explica Villalobos.
Con la gratuidad en la UTI legislativa, el gobierno de Bachelet decidió comenzar a aplicarla a través de la ley de presupuesto anual. Pero mientras no haya ley específica, la gratuidad queda a merced de la buena voluntad del gobierno de turno.
Más allá de fallas de cálculo y forcejeos políticos, hay obstáculos más de fondo que le impiden avanzar.
Un primer problema radica en la estructura misma del sistema, con un alto porcentaje de privatización y, a la vez, financiamiento privado.
Según Villalobos, «un sistema tan orientado al mercado hace que sea difícil de cambiar».
Derechos de autor de la imagenAFPImage captionLa alta participación del mercado en la educación y sus principios neoliberales en términos económicos desataron una serie de protestas.
Otra dificultad tiene que ver con el foco que se le da al resultado de la educación.
«En Chile hay una lógica de la meritocracia», explica Villalobos, pero el resultado se concibe para un beneficio personal -mi carrera, mi futuro, mis ingresos- y no como un aporte al bien social, asegura.
La pregunta clave entonces es «si la universidad es de interés de toda la sociedad», asegura Grimson, quien estuvo hace poco en Chile y pudo apreciar la intensidad del debate sobre el tema.
«Si formar médicos es de interés de una persona o un beneficio colectivo. Si formar a un periodista le hace mejor a la democracia o sólo a los privados. Si decidimos que la formación profesional es de interés común, entonces la sociedad tiene que invertir«, continúa el antropólogo.
Pero este cambio de mentalidad no es fácil ni será rápido ya que la lógica del mercado, basada en el individualismo característico de un sistema neoliberal, está instaurada no sólo culturalmente, sino también en el mercado del trabajo, coinciden ambos analistas.
«Chile es el país latinoamericano donde el neoliberalismo se ancló más en las políticas socioculturales», comenta Grimson.
Derechos de autor de la imagenAFPImage caption«Bajo en calidad», «alto en segregación» y «alto en neoliberalismo» son las pancartas para describir al sistema universitario con las que los estudiantes volvieron a marchar durante 2016 para protestar por la lentitud de la reforma.
Un tercer problema que dificulta el paso a la educación universitaria gratis es que es un sistema muy heterogéneo y a la vez, desregulado.
Existen más de 3.000 carreras, unas 700 instituciones y alrededor de 18.000 ofertas de programas, según explica Villalobos. Y como se guían por la lógica de mercado, actualmente no existe una institucionalidad que unifique criterios y las regule.
Otro aspecto que busca cambiar la ley, a través de la implementación de organismos fiscalizadores y estándares mínimos, al que se oponen tenazmente algunos privados.
¿Qué hacer?
¿Está todo perdido, entonces? ¿Logrará Chile el objetivo final de la gratuidad o se quedará sólo en buenas intenciones atascadas en el Congreso?
«La única forma eficiente sería hacer un doble tránsito a la vez. Una reconfiguración del sistema que incorpore la gratuidad, pero también asegure acceso y participación. Uno donde no sean los dueños quienes decidan qué se hace en una universidad, sino toda la comunidad», sentencia Villalobos.
Derechos de autor de la imagenAFPImage caption¿Logrará Chile moverse a un sistema universitario gratuito?
Grimson, que conoce de cerca el sistema argentino de educación universal gratuita, asegura que esta es la única manera de lograrla eficientemente, a través de «un sistema impositivo justo, donde no se cobra a sus alumnos, sino a los más pudientes a través de la recaudación fiscal. Ese es el modelo de todo país con gratuidad absoluta».
Antigratuidad
No todos, eso sí, están de acuerdo con el modelo de gratuidad absoluta.
Para algunos esta hace que «los pobres (que son los que proporcionalmente pagan más impuestos) financien los estudios de los hijos de los ricos«, como explica Pablo Da Silveira, profesor y Director del Programa de Gobierno de la Educación de la Universidad Católica del Uruguay.
El modelo uruguayo, con una universidad estatal «gratuita», fue estudiado y descartado por Chile. Primero por la dificultad de elegir una sola universidad para aplicar la gratuidad entre las 18 consideradas como «estatales» y, segundo, porque la forma de retribución no se ajustaba al modelo chileno.
En Uruguay, los egresados de la Universidad de la República que ingresan al mercado laboral deben retribuirle monetariamente a la institución.
«Se parece más a un fondo solidario (crédito sin interés) que a gratuidad», comenta Villalobos.
Da Silveira asegura que ni el modelo uruguayo ni la gratuidad universal son los ideales.
«El mejor esquema es el que te conduce al impuesto negativo: que hayan quienes pagan por estudiar y haya a quienes les pagas por estudiar«, sentencia el académico.
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