América del Sur/Ecuador/26 Diciembre 2016/Fuente: Sputniknews
Dos universidades de posgrado que trabajan en Ecuador bajo convenios internacionales advirtieron sobre las consecuencias de una norma propuesta por el Gobierno que limita el uso de los recursos y podría provocar su cierre.
La nueva normativa le prohíbe a las instituciones mantener activos en el exterior y las obliga a destinar los recursos públicos solo para becas.
«Lo que nos preocupa es que los recursos no puedan ser destinados a ninguna otra actividad y, si no se destinan a becas, hay que devolverlos, eso para una universidad únicamente de posgrado, que no tiene financiamientos adicionales, es bastante inviable», señaló el rector de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Juan Ponce, en una rueda de prensa.
El cuerpo legal, que fue aprobado el 13 de diciembre, determina además que será el Gobierno el que adjudique las becas para los estudiantes, es decir, los centros de estudios ya no tendrán esa competencia.
La norma afectaría directamente a Flacso y a la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), que tienen la categoría de universidades públicas con convenio internacional y que reciben asignaciones del Estado para su labor.
La preocupación central de las universidades es que si el Gobierno únicamente otorga recursos para becas, no habrá financiamiento para áreas como la de investigación, y la situación se tornaría «compleja», aseguró Ponce.
«Lo que Flacso utiliza en investigación es alrededor de 8,5 millones de dólares al año», señaló el académico, quien también indicó que ese es el monto que actualmente el Estado adeuda a la institución.
Ponce apuntó que el retraso en las trasferencias del Gobierno lleva ya siete meses y “encima llega esta noticia de que posiblemente nos eliminen los fondos para investigación», añadió.
Norma que puede ser corregida
«¿Qué institución puede funcionar así?», cuestionó y sostuvo que tienen «la esperanza» de que el presidente corrija la normativa con su veto.
Según Ponce, la Flacso cuenta con un presupuesto estatal de 15,4 millones de dólares al año, de los cuales 3,5 millones se destinan a becas y la diferencia a investigación y temas administrativos.
La norma prohíbe, además, a los centros de estudios mantener activos en el exterior, «de manera directa o indirecta, a través de subsidiarias, afiliadas o entidades relacionadas, ni participar en la constitución de negocios fiduciarios».
El titular de la Flacso asegura que para ellos esta disposición no es un problema pues no tienen fondos en el exterior ni activos ni depósitos y todos sus recursos «están acá en el país».
Por su parte, el rector de la UASB, Jaime Breilh, señaló el lunes en rueda de prensa que las «reformas a la ley son inconstitucionales y van en contra de normas internacionales» pues «la ley tiene sistemas de condicionamientos y sanciones que violan la autonomía universitaria”.
Breilh considera que las universidades tienen la obligación de asegurar su independencia económica y que la nueva normativa «no solo afecta a la Andina sino a toda la universidad ecuatoriana».
Además, a su criterio, si fondos para las universidades son manejados verticalmente (a través del Gobierno) «no habrá investigación independiente».
El documento incluye un total de 11 obligaciones que deben cumplir las universidades públicas con convenios internacionales y, por el momento, espera las observaciones del presidente Rafael Correa, a quien la Flacso y la Andina le han solicitado que vete los artículos que comprometen su labor.
El secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez, señaló al diario La Hora que la ley sí tendrá un veto del Ejecutivo y mencionó que al interior del Gobierno están analizando el texto, aunque no proporcionó más detalles.
Correa tiene hasta el 13 de enero para pronunciarse sobre la ley.
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