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Ecuador – No Intervención: un tema latinoamericano

No Intervención: un tema latinoamericano

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Ecuador, lunes,  14 de Diciembre, 2020

Después de la independencia de los EEUU (1776), América Latina fue la primera región del mundo en romper con el coloniaje europeo en los albores del sistema capitalista, pues en Asia y África la liberación anticolonial solo se logró durante el siglo XX.

Las nacientes repúblicas latinoamericanas del siglo XIX se desarrollaron en una época de nuevos conflictos e intereses entre las potencias occidentales por dominar el mundo y en la cual también los EEUU requirieron de zonas de influencia. Para ello sirvió la “Doctrina Monroe” (1823), orientada en sus orígenes a detener cualquier intento europeo de reconquista colonial en el continente, pero que se transformó en una guía de la conducta exterior de los EEUU frente a Latinoamérica. Por eso, en 1896, convocado por iniciativa del caudillo liberal ecuatoriano Eloy Alfaro, se reunió en México el primer Congreso de naciones del continente -boicoteado por los EEUU-, que apenas pudo reunir a 8 países, pero que emitió un contundente documento en el cual, además de cuestionar el uso del “monroísmo” para la expansión de los intereses norteamericanos, acordó la necesidad de sujetar a esa doctrina a un verdadero orden jurídico continental.

De este modo, la urgencia de preservar la soberanía de cada país y la independencia nacional, hicieron de América Latina la región pionera en impulsar el principio de no intervención como política internacional, precisamente con el avance del siglo XX, en el cual la fase del imperialismo capitalista crecientemente afirmó un nuevo tipo de disputas económicas entre las grandes potencias, que derivó en dos guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945) y en constantes intervenciones sobre los países del “Tercer Mundo”.

Las propuestas contra el intervencionismo de las grandes potencias ya se encuentran en el chileno Andrés Bello, los argentinos Carlos Calvo y, sobre todo, Luis María Drago, quien en 1902 se lanzó contra la incursión armada de Alemania, Gran Bretaña e Italia sobre Venezuela, para cobrar sus deudas (“Doctrina Drago”). También el mexicano Isidro Fabela escribió sobre el intervencionismo, mientras su compatriota, el presidente Venustiano Carranza (1917-1920), al calor de la cultura radical y nacionalista que incubó la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917 -una Carta de enorme importancia mundial, que inauguró el derecho social en América Latina- proclamó la no intervención como política del Estado y como fundamento para respetar la soberanía de los pueblos y sus formas autónomas de gobierno (“Doctrina Carranza”).

Pese a esos iniciales y visionarios conceptos sobre la no intervención, fue la VII Conferencia Internacional Americana, reunida en Uruguay en 1933, la que adoptó la “Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados” (https://bit.ly/3qPnEkf), estableciendo: Art. 8- Ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro. Además, en la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, realizada en Buenos Aires en 1936 (a la que asistió Franklin D. Roosevelt, presidente de los EEUU) igualmente se acordó: Art. 1º.—Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible la intervención de cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos interiores o exteriores de cualquiera otra de las Partes. // La violación de las estipulaciones de este artículo dará lugar a una consulta mutua, a fin de cambiar ideas y buscar procedimientos de avenimiento pacífico (https://bit.ly/3nbxJWG).

Todo parecía advertir que el principio de no intervención quedaba históricamente consagrado en América. De modo que al nacer la OEA, su Carta constitutiva, aprobada en Bogotá el 30 de abril de 1948, simplemente se acogió y ratificó lo siguiente: Art. 19- Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen (https://bit.ly/2IEILoi).

Cuando se creó la ONU (1945) y sobre la experiencia sufrida por la II Guerra Mundial (1939-1945), la idea de la paz pareció un mensaje de valor universal, de modo que el “Proyecto de Declaración de Derechos y Deberes de los Estados” (1949) incluyó varios principios sobre la soberanía e independencia de los Estados y acordó: Art. 3- Todo Estado tiene el deber de abstenerse de inter­venir en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado; y en el Art. 9: Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recu­rrir a la guerra como instrumento de política nacio­nal, y de toda amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquiera otra forma incompatible con el derecho y el orden internacionales (https://bit.ly/33ZlwwL).

Parecía un progreso civilizatorio de la humanidad. Sin embargo, contrariando todos estos marcos históricos y jurídicos, el desate de la guerra fría en el mundo desde la década de 1950 y su introducción en América Latina a raíz de la Revolución Cubana (1959) alentaron nuevos intervencionismo de las grandes potencias. El combate al “comunismo” en nuestra región se convirtió en pretexto y justificación para el intervencionismo norteamericano en todos los países latinoamericanos y mediante diversos mecanismos. Entre tantos casos, podría anotarse la invasión a Guatemala (1954) para derrocar al presidente Jacobo Arbenz y garantizar los intereses de la United Fruit Co.; el ilegítimo bloqueo económico a Cuba (que continúa hasta el presente pese a las condenas mundiales); el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile (1973) para instaurar la terrorista dictadura de Augusto Pinochet; o el financiamiento y apoyo a los “contras” en Nicaragua para derrocar al Sandinismo, que logró tomar el poder por las armas en 1979 y dar fin a la sanguinaria dinastía de los Somoza. De nada sirvió que la Corte Internacional de Justicia emitiera, en 1986, un inédito y contundente fallo, que dice: La Corte. Por 12 votos contra 3. Decide que los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contras o al estimular, apoyar y ayudar por otros medios las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua han actuado, en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado (https://bit.ly/3qMKr0c). Imposible dejar de señalar la guerra de las Malvinas en 1982, que enfrentó a Gran Bretaña con Argentina.

Pero el sentido hegemónico y perdurable en el continente ha sido el intervencionismo dirigido exclusivamente contra gobiernos que los EEUU han considerado que perjudican a sus intereses y que no terminó con el derrumbe del socialismo de tipo soviético. Se ha mantenido y revivió específicamente durante el ciclo de los gobiernos progresistas latinoamericanos, siempre sospechosos por “socialistas” o “izquierdistas”. Su mayor expresión ha sido Venezuela, país contra el que se ha instaurado el segundo bloqueo económico norteamericano en el continente, que es la raíz de los enormes problemas que ahora tiene ese Estado.

Lo más grave en América Latina no es solo el hecho de que el principio de la no intervención, que nació aquí, en esta región, se usa en función de la geoestrategia continental, sino que una serie de gobiernos se han inclinado por el desconocimiento o manipulación del mismo con fines exclusivamente de conveniencia política. Así ha ocurrido con los integrantes del “Grupo de Lima” (nació en 2017 y Ecuador se vinculó a él en septiembre de 2018), unilateralmente enfocado contra Venezuela. Se llegó al insólito caso, sui géneris en la historia republicana de Latinoamérica, de reconocer al autoproclamado Juan Guaidó como presidente de un país que solo existía en las mentes y declaraciones de quienes lo reconocieron.

El gobierno del Ecuador, por su parte, tuvo recientemente un doble y paradójico comportamiento. Mientras, por un lado, en un comunicado oficial que se hizo público a través de Twitter el 5 de diciembre (2020), resolvió, como política de Estado (y aún antes de que se realizaran las elecciones): “el gobierno del Ecuador no reconocerá los resultados del proceso electoral venezolano, que violan la Constitución y está viciado de toda legalidad” (https://bit.ly/37Ufv5z); por otra lado, en un nuevo comunicado del siguiente día, 6 de diciembre, la Cancillería se refirió a un Twitt de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández (opinaba sobre la ausencia de “democracia” en el país, ante la falta de legalización de la candidatura presidencial de Andrés Aráuz – https://bit.ly/3ncvXEP) y sostuvo que rechazaba esta “inaceptable intervención en los asuntos internos del Ecuador” (https://bit.ly/3a2Lmnt).

 

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/no-intervencion-un-tema-latinoamericano/

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Ecuador: UNIR y la Asamblea de Educación Superior forman a profesores universitarios ecuatorianos en competencias digitales

América del Sur/Ecuador/13-11-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Con enfoque en ‘Los Futuros de la Educación’ y en la educación en línea de calidad, se capacitaron -de manera gratuita- a más de 3.500 docentes. El reto de la educación virtual y el desarrollo de modelos híbridos de formación fueron tratados en el seminario ‘Claves para una educación en línea de calidad’.

La pandemia provocada por la Covid-19 significó un giro de 360 grados para la educación. De un momento a otro las pizarras se remplazaron por pantallas de computadoras y tablets, por lo que la capacitación docente en competencias digitales (que ya era muy importante) se tornó indispensable.

Ante esta situación, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), junto a la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano (Asesec), mantienen su apuesta decidida de colaboración solidaria con la enseñanza universitaria en el Ecuador, por lo que ambas instituciones formaron -de manera gratuita- a docentes de universidades e institutos tecnológicos de todo el país, a través de seminarios realizados en octubre pasado.

El docente virtual tiene que saber dominar el aula virtual, debe tener competencias comunicativas, elaborar contenidos digitalizados que permitan a los alumnos adquirir conocimientos.”

Manuel Herrera, catedrático de Sociología y director Académico de Relaciones Internacionales de UNIR.

La educación virtual requiere diversas habilidades 

Manuel Herrera, catedrático de Sociología y director Académico de Relaciones Internacionales de UNIR, relata que, a través del Seminario, denominado ‘Claves para una educación en línea de calidad’, la UNIR ofreció toda su experiencia sobre educación ‘on-line’ a más de 3.500 docentes de un centenar de universidades e institutos tecnológicos del país para que puedan afrontar el proceso de innovación educativa y transformación digital impuesto a raíz de la pandemia. 

Herrera hace énfasis en las diferencias que marcan a un profesor virtual de uno presencial y detalla que el docente digital tiene que aprender y lograr dominar el aula virtual, tener competencias comunicativas y elaborar contenidos y evaluaciones digitalizadas que permitan a los alumnos adquirir y retener los conocimientos adecuados.

El profesor on-line no es un profesor que da una clase magistral, sino que en el aula se convierte en un gestor de relaciones. Porque lo que trata, fundamentalmente, es potenciar la participación del alumno”, comenta Herrera.

Es por este motivo que la capacitación impartida por UNIR y Asesec ha facilitado la transición de los educadores hacia el modelo digital.

La UNIR tiene mucha experiencia en la selección de plataformas. Su aporte al profesorado ecuatoriano ha sido realmente significativo; ha ayudado en el traslado de la presencialidad a la virtualidad.”

Pablo Ulloa, director de relaciones nacionales e internacionales de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) y asesor de la Asesec.

Retos grandes pero alcanzables

Pablo Ulloa, director de relaciones nacionales e internacionales de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) y asesor de la Asesec, detalla que la coordinación con UNIR permitió una participación masiva de los profesores de universidades ecuatorianas.

Las principales dificultades de migrar a la educación virtual, dice Ulloa, se han presentado en docentes de más de 25 años que naturalmente no estaban familiarizados con sistemas digitales.

“Ellos han aprendido que no se trata de hacer lo mismo que en la presencialidad. Se requieren plataformas fáciles de usar, diseñadas para este fin”, comenta Ulloa, a la vez que detalla que UNIR, por su experiencia, cuenta con las herramientas para adentrar a los docentes ecuatorianos al mundo on-line.

Más de 2.000 personas se conectaron simultáneamente a la plataforma de capacitación virtual de UNIR durante el ciclo de ‘Claves para la educación virtual de calidad’, lo que demostró su liderazgo en el desarrollo de plataformas digitales.
Los talleres impartidos en octubre de 2020 fueron gratuitos.

Es necesario apoyarnos en la tecnología para no dejar vacíos en nuestros estudiantes. La educación en línea exige mejor información, mayor preparación y genera procesos de interacción.”

Galo Naranjo, presidente de la Asesec y rector de la Universidad Técnica de Ambato.

Experiencia UNIR 

Galo Naranjo, presidente de la Asesec y rector de la UTA, indica que el aprendizaje continuo es importante para los docentes porque son formadores de líderes. Destaca que, en el contexto actual, aliarse con instituciones de basta experiencia como UNIR ha sido indispensable.

“Es necesario apoyarnos en la tecnología para no dejar vacíos en nuestros estudiantes. La educación en línea exige mejor información, mayor preparación y genera procesos de interacción”, agrega Naranjo. (AVV)

Futuros de la educación y modelos híbridos 

Durante las jornadas se realizó un análisis completo sobre ‘Los Futuros de la Educación’ y los modelos híbridos de formación. En dichos modelos, las nuevas tecnologías se convierten en una herramienta clave para la formación del capital humano, la actualización de las competencias y habilidades con mayor demanda en la actualidad, y la corrección de las desigualdades sociales.

“Caminamos hacia modelos mixtos que combinan lo presencial con lo digital y donde las nuevas tecnologías son la clave”, resalta Herrera.

Las asignaturas estuvieron a cargo de destacados expertos de UNIR, provenientes de varias facultades, quienes compartieron sus conocimientos y experiencia en metodologías en línea con los docentes universitarios ecuatorianos.

UNIR impartió también el curso de ‘Tutores en línea’ en alianza con la OEI, el Programa de Dirección y Gestión de Universidades.
UNIR tiene diversos planes de colaboración con universidades ecuatorianas, como el Plan de Movilidad Mejía Lequerica.

Aprendizaje del seminario 

‘Claves para una educación en línea de calidad’

  • Clases on-line
  • Experiencias prácticas
  • Diseño de actividades y evaluación
  • Comunicación eficaz: oratoria motivadora y telegenia
  • Entornos Virtuales de Aprendizaje
  •  Los exámenes online: evaluación final
  • Técnicas y habilidades para el director de TFG y TFM en entornos en línea
  • Futuros de la Educación Superior.

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102335180/unir-y-la-asamblea-de-educacion-superior-forman-a-profesores-universitarios-ecuatorianos-en-competencias-digitales

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Ecuador: altos niveles de violencia sexual en las escuelas

Urgen investigaciones, justicia y reparaciones.

Miles de niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia sexual en las instituciones educativas de Ecuador desde 2014, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Si bien Ecuador ha adoptado importantes medidas para abordar el problema y agilizar el acceso a la justicia desde 2017, muchas instituciones educativas, la Fiscalía General del Estado, y el poder judicial aún no cumplen adecuadamente con sus políticas y protocolos.

El informe de 82 páginas, “‘Es una lucha constante’: violencia sexual en instituciones educativas y la lucha por justicia para jóvenes sobrevivientes en Ecuador”, documenta la violencia sexual que sufren niñas, niños y adolescentes desde la educación preescolar hasta la educación secundaria superior (bachillerato, en Ecuador), y los serios obstáculos con los que se han encontrado las víctimas y sus familias en su búsqueda de justicia. Human Rights Watch concluyó que docentes, personal educativo, conserjes y conductores de transporte escolar han cometido violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de todas las edades, incluidos niños con discapacidades, en escuelas públicas y privadas (fiscales y particulares, respectivamente, por su denominación en Ecuador). Existen casos actuales que dejan en evidencia que la violencia sexual contra los y las estudiantes continúa.

“Ecuador ha fallado en su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual en las instituciones educativas, lo cual ha tenido un impacto significativo en sus vidas, y en sus derechos a la educación, a la reparación, y sus derechos sexuales y reproductivos”, dijo Elin Martínez, investigadora sénior en la división de Derechos del Niño de Human Rights Watch y autora del informe. “Graves fallas en los sistemas de educación y justicia de Ecuador dejan a muchos niños, niñas y adolescentes desprotegidos, expuestos a terribles abusos, y en riesgo de estigmatización y revictimización”.

Según datos gubernamentales analizados por Human Rights Watch, 4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual en instituciones educativas entre 2014 y mayo de 2020. Desde febrero de 2019 hasta septiembre de 2020, Human Rights Watch entrevistó a 83 personas, incluidos sobrevivientes y sus familias, abogados y fiscales, y analizó 38 casos y datos oficiales sobre violencia sexual en instituciones educativas.

En los casos documentados figuraban delitos de violación y abuso sexual, como por ejemplo, obligar a los niños a realizar actos sexuales en las instalaciones de la escuela o sus alrededores. Algunos estudiantes también abusaron sexualmente, acosaron y cometieron violencia sexual, incluso a través de medios electrónicos o digitales, contra sus compañeros y compañeras. Algunas sobrevivientes sufrieron hostigamiento, acoso escolar e intimidación después de denunciar abusos por docentes, directores (rectores), familias de los abusadores, y asociaciones de padres.

La violencia sexual ha sido un problema endémico de larga data en el sistema educativo ecuatoriano. Pero la escala de los abusos no se conoció públicamente hasta 2017, cuando la Asamblea Nacional estableció una comisión ocasional multipartidista para investigar los casos de violencia sexual en las instituciones educativas, tras una fuerte movilización por parte de familias afectadas.

La comisión, denominada AAMPETRA en referencia a un caso que implicó el abuso sexual de 41 niños y niñas en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, un colegio particular en el sur de Quito, evaluó las acciones tomadas por las instituciones estatales para prevenir y erradicar los abusos en las escuelas y brindar un acceso adecuado a la justicia, enfocándose en casos ocurridos entre 2013 y 2017. La Comisión concluyó que los ex ministros del gobierno del presidente Rafael Correa no tomaron medidas para abordar la violencia sexual.

En julio de 2017, el gobierno en funciones del presidente Lenín Moreno publicó datos que mostraban altos niveles de violencia sexual en las instituciones educativas y declaró una política de tolerancia cero. También adoptó un protocolo vinculante que obliga a los docentes, departamentos de consejería estudiantil y otro personal educativo a denunciar casos de violencia sexual en un plazo de 24 horas. Creó un registro integral de casos y una herramienta para hacer un seguimiento del registro de casos, investigaciones y juicios.

Sin embargo, Human Rights Watch encontró graves fallas en la aplicación de esta política y en garantizar el cumplimiento de sus protocolos vinculantes. El esfuerzo se ve significativamente afectado por la grave escasez de departamentos de consejería estudiantil, que son fundamentales en la detección y denuncia de casos. En algunas instituciones educativas o distritos, los psicólogos educativos cuentan con poco apoyo y los docentes, personal educativo y autoridades distritales los disuaden de presentar denuncias. El gobierno tampoco parece haber tomado las medidas adecuadas para velar por el cumplimiento de sus políticas en los colegios privados.

Muchas víctimas y sus familias también se encontraron con serios obstáculos en su búsqueda de justicia. Los procedimientos judiciales a menudo se retrasan y no siempre se llevan a cabo respetando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Los datos de la Fiscalía General del Estado analizados por Human Rights Watch muestran que solo el tres por ciento de los casos denunciados de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes fueron a juicio entre 2015 y 2019. La mayoría de las familias dijeron haber sentido que tenían que luchar para obtener justicia, en ocasiones empleando sus propios recursos económicos, lo cual, a su vez, afectó la salud mental y el bienestar de toda la familia.

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó por primera vez un caso sobre violencia sexual en instituciones educativas. En su sentencia determinó que Ecuador era responsable de los abusos contra Paola Guzmán Albarracín, una estudiante de secundario que fue violada por el vicerrector de su escuela durante más de un año. Paola se suicidó en 2002. La corte ordenó al gobierno de Ecuador que otorgase una reparación integral a la familia de Paola y que celebrase a más tardar en diciembre 2020 una ceremonia pública de alto nivel para reconocer su responsabilidad internacional.

Antes de dejar la presidencia en mayo de 2021, el presidente Moreno debería asegurarse que se cumplan todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana en junio, o que estén en proceso de ser implementadas dentro de los plazos establecidos por el tribunal, dijo Human Rights Watch. Moreno también debería ofrecer, sin demora, una disculpa pública a los y las sobrevivientes de violencia sexual en las instituciones educativas. El gobierno de Moreno debería establecer de manera expedita un fondo nacional de reparaciones para sobrevivientes de violencia sexual, con un sistema de monitoreo para garantizar que las instituciones gubernamentales cumplan plenamente con las órdenes judiciales de tribunales nacionales.

Ecuador debería adoptar una agenda estatal de tolerancia cero ejecutable a largo plazo, con un fuerte énfasis en la prevención de casos, y en una respuesta adecuada ante abusos, dijo Human Rights Watch. El gobierno debería aumentar los recursos para prevenir y responder a la violencia sexual en las instituciones educativas y restablecer los presupuestos para implementar sus políticas nacionales para prevenir la violencia de género y los embarazos de adolescentes.

También debería aumentar y garantizar el apoyo a los departamentos de consejería estudiantil y equipos de psicólogos educativos, asegurar que tanto las escuelas públicas como privadas cumplan con su obligación de denunciar los casos de violencia sexual, y garantizar que todas las denuncias se investiguen adecuadamente. Las instituciones judiciales deberían garantizar que los procesos se adapten adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes y apoyen a sus familias, defendiendo sus derechos a un juicio justo y a una justicia reparadora.

“Las acciones de Ecuador en los últimos años para reconocer y abordar la violencia sexual en sus instituciones educativas son importantes, pero también deberían enfocarse en prevenir estos abusos”, dijo Martínez. “Para que la tolerancia cero sea una realidad, es necesario que todos los docentes y personal educativo y gubernamental protejan a los y las estudiantes y garanticen que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros en las escuelas”.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/12/09/ecuador-altos-niveles-de-violencia-sexual-en-las-escuelas

 

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Ecuador: ldeas SOS Ecuador lanza campaña para niños en estado de vulnerabilidad

América del Sur/Ecuador/11-12-2020/Autor(a) y Fuente: ahora.com.ec

Esto es parte de la campaña de ‘Hagamos algo’ de Aldeas SOS Ecuador.

La Organización No Gubernamental (ONG) ‘Aldeas Infantiles SOS Ecuador’ lanzó la campaña ‘Hagamos algo’, que busca obtener aportes económicos para la atención de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad, a través de la venta de tarjetas navideñas hechas por niños en casas de acogida (muchos han llegado a estos espacios por negligencia en su cuidado).

No dar dinero en las calles

A través de la campaña, la organización hace un llamado a la ciudadanía a no dar dinero a los niños y los adolescentes que trabajan en las calles, pues esto incrementa el trabajo infantil, el círculo de la pobreza y la violencia a la que están sometidos.

Además, piden denunciar esta problemática para poder erradicarla. Las personas que desean colaborar en los programas lo pueden hacer con las compras de tarjetas navideñas, elaboradas por los menores que habitan en las casas de acogida o donaciones.

También existen programas permanentes, en los que un ciudadano se puede convertir en padrino o madrina de un pequeño.

Dentro de la organización se desarrollan programas de prevención de violencia intrafamiliar, acompañamiento a familias vulnerables e implementación de casas de acogida temporal. (Ver recuadro) (AVV)

Cifras que marcan la niñez ecuatoriana

6 de cada 10 víctimas de abuso sexual son niños y niñas.
3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes reciben castigo físico por parte de sus padres.
4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes que están en casas de acogida ingresaron a causa de negligencia en su cuidado.

*Fuente: Aldeas SOS Ecuador

Las donaciones pueden ser depositadas en la cuenta de Aldeas Infantiles SOS Ecuador: Banco Pichincha, cuenta de ahorros: 2205685548, RUC: 1790174417001.

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102334386/aldeas-sos-ecuador-lanza-campana-para-ninos-en-estado-de-vulnerabilidad

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Ecuador: Ferrocarril al cielo

Ferrocarril al cielo

Juan J. Paz y Miño Cepeda

La expansión de ferrocarriles en Europa y los EEUU durante el siglo XIX contribuyó a su desarrollo industrial y consolidó el capitalismo; pero no ocurrió así en América Latina.

Aunque se conoce que Robert Stephenson, hijo del inventor de la locomotora, propuso a Simón Bolívar la construcción de una línea férrea desde Bogotá hasta Río Magdalena, la idea nunca se concretó. Y si bien el ferrocarril fascinaba y era visto como signo de civilización y progreso de los “grandes países”, no aparecieron rápidamente inversionistas externos y tampoco internos que asumieran los costos de algún proyecto, que resultaba demasiado caro para territorios regionalizados en casi todas las nacientes repúblicas de América Latina.

Sin embargo, en Cuba se inauguró, tan temprano como en 1837, la primera línea férrea latinoamericana. Otros países avanzaron en la construcción ferrocarrilera desde mediados del siglo XIX, como ocurrió en Brasil (1850), Perú (1851), Chile (1851), Colombia (1871), Argentina (1857), Uruguay (1869) y México (1873), aunque aquí el auge se produjo bajo el porfiriato, a partir de la década de 1880. En unos casos, inversionistas locales se asociaron principalmente con británicos, pero también hubo norteamericanos. Hay numerosos trabajos sobre el tema y obras específicas en cada país; pero una síntesis recomendable, que da cuenta de la historia de los ferrocarriles en México, Antillas, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile es la obra La expansión ferroviaria en América Latina (2015), coordinada por la historiadora económica Sandra Kuntz Ficker.

Los ferrocarriles latinoamericanos no sirvieron para la promoción capitalista, aunque tuvieron un fin económico central: el transporte de los bienes exportables como minerales, nitratos, caña de azúcar, café, guano, hasta puertos de importancia. Respondieron, ante todo, a las necesidades de las oligarquías regionales. Su construcción empleó presidiarios, trabajadores bajo enganche, migrantes (como los chinos o “coolies” en Perú), jornaleros asalariados. Del negocio, cuando fue privado, aprovechó una elite de familias.

En Ecuador no hubo interés de inversionistas locales porque el cacao se transportó aprovechando la rica cuenca del río Guayas. Pero la primera línea (1872) fue obra estatal, durante el segundo gobierno del tirano conservador Gabriel García Moreno, admirador del progreso europeo (estudió en Francia) y solo avanzó pocos kilómetros, que en los años posteriores fueron totalmente descuidados por los sucesivos gobiernos. La reconstrucción y finalización de la única línea nacional, que conectó la ciudad portuaria de Guayaquil con la andina capital Quito (452 km.), fue obra del liberal radical Eloy Alfaro y concluyó en 1908. Un resumen de la historia de ese ferrocarril, con la transcripción de varios documentos originales como los contratos con el constructor Archer Harman, puede seguirse en mi libro Eloy Alfaro. Políticas económicas (https://bit.ly/3qb2aOM). Aquella obra, que fue bautizada como “ferrocarril al cielo” (ascendía desde el mar hasta las montañas) y cuya construcción fue considerada como la más difícil del mundo, contribuyó, sin duda, a la integración nacional, al menos entre costa y sierra, pues, aunque Alfaro tuvo la idea de construir un tramo para la amazonia, nunca se hizo.

En 1925 el ferrocarril, que estuvo en manos de la “Guayaquil & Quito Railway Company”, definitivamente pasó al Estado, pues no existía ningún interés privado en mantenerlo. El raquitismo económico de las décadas posteriores y la desatención de los sucesivos gobiernos, provocaron el declive progresivo del ferrocarril alfarista, aunque llegaron a construirse ciertos tramos de conexión con las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Azuay y Loja. En la segunda mitad del siglo XX la extensión de las redes de carreteras, así como el desarrollo del transporte en automóvil, bus y avión, literalmente condenaron al ferrocarril a su propia buena suerte. En adelante, la demagogia política repetía, sobre todo en las campañas electorales, la necesidad de “rehabilitar” el ferrocarril, románticamente visto como la obra magna de Eloy Alfaro y la Revolución Liberal Radical de 1895.

En América Latina los ferrocarriles de la segunda revolución industrial (sus fuentes de energía pasaron a ser la electricidad y el petróleo) reemplazaron a los de la primera generación (vapor), aunque no en todos los países. Esa modernización exigió nuevas obras de infraestructura, demasiado costosas en los países pequeños. De modo que los antiguos ferrocarriles quedaron para fines turísticos o comunicaciones regionales tradicionales, mientras otros realmente murieron con el tiempo.

De otra parte, en Ecuador, durante la vigencia del primer ciclo del modelo empresarial-neoliberal (1983-2006), no hubo interés alguno en la privatización del antiguo ferrocarril alfarista y tampoco en invertir en él. Sin embargo, el gobierno que asumió con alguna seriedad la rehabilitación y la atención postergadas por décadas, fue el del presidente Rodrigo Borja (1988-1992), quien adquirió varias locomotoras a electrodiesel, además de interrumpir, al menos temporalmente, el galope neoliberal. Después, continuó el descuido y el deterioro. Pero fue el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) el que asumió la definitiva “rehabilitación” del ferrocarril, que logró la reparación y readecuación de las vías, así como de todas las estaciones, modernizando el servicio. El ferrocarril recobró su antiguo esplendor, recuperó actividades económicas de las poblaciones unidas por la línea férrea y potenció el turismo. Para este gobierno fue un asunto de identidad con la Revolución Liberal Alfarista, así como una inversión estatal que se demostró viable y capaz de mantener locomotoras, vagones, instalaciones y otras infraestructuras consideradas como patrimonio histórico de la nación.

El giro que dio el gobierno de Lenín Moreno a la conducción económica edificada en el Ecuador durante la década anterior a su presidencia, y que ha implicado la reimplantación de un segundo ciclo de vigencia del modelo empresarial-neoliberal en la historia contemporánea, también ha tenido repercusiones sobre el ferrocarril. En 2018, Moreno ofreció, con desbordante entusiasmo y propaganda, un “tren playero” (https://bit.ly/3mjkgvy), que bordearía buena parte del litoral, pero la obra no se construyó. Al agudizarse la crisis económica, las políticas a favor del recorte de inversiones y “gastos innecesarios” del Estado, pero también por los compromisos asumidos con el FMI y finalmente debido a la expansión de la pandemia del Coronavirus, en mayo de 2020 se expidieron varios decretos y uno de ellos dispone “la extinción de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador. Empresa Pública – FEEP” (creada en 2010) y, además, de otras 7 empresas públicas, como los Correos y los Medios Públicos de Comunicación (https://bit.ly/3qbn4NG).

El asunto no quedó allí. De acuerdo con las informaciones de prensa, a fines de noviembre (2020) se supo que 6 vagones del tren habían sido chatarrizados y posteriormente fundidos. Intervino el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para señalar su preocupación, sostener que debían seguirse las recomendaciones técnicas y solicitar, por tanto, que se abstenga de continuar con los procesos de chatarrización, que pudieran «vulnerar o afectar tanto a los bienes del patrimonio cultural ecuatoriano o potenciales bienes de interés, dado que aún no se ha agotado el proceso de inventario de los bienes de Ferrocarriles del Ecuador» (https://bit.ly/2KEcy0X). En definitiva, así ha llegado a su fin el ferrocarril ecuatoriano que caracterizó una larga época de identidad nacional y significación histórica republicana.

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/ferrocarril-al-cielo/

 

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Ecuador asegura conectividad a internet para facilitar educación virtual en pandemia

América del sur/Ecuador/Diciembre 2020/http://spanish.peopledaily.com.cn/

El Gobierno de Ecuador lanzó hoy martes el programa «Canasta Digital», a través del cual se garantiza la conectividad a internet en todo el país con la instalación de 6.900 zonas wifi y la entrega de tabletas electrónicas para facilitar la educación virtual durante la pandemia del nuevo coronavirus.

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presentó el programa en un acto oficial en el que participó el presidente Lenín Moreno.

«El futuro apunta a ser virtual, habrá que acostumbrarse a esa realidad, y la única forma es tener instrumentos digitales», dijo el mandatario, tras destacar la necesidad de cerrar la brecha digital en Ecuador con un acceso equitativo a la tecnología.

«Es importante que nosotros tengamos equidad digital (…) más aún los pobres, porque sabemos que la brecha que se abre, por las condiciones socioeconómicas y por la brecha científica, puede ser inmensa», apuntó.

Como parte del programa «Canasta Digital», Moreno entregó simbólicamente dos tabletas de un total de 100.000 que el Ministerio de Telecomunicaciones entregará en una primera fase a estudiantes del sistema educativo público para facilitar la teleeducación durante la pandemia.

Por la emergencia sanitaria, Ecuador mantiene suspendidas las clases presenciales en todos sus niveles, y debido a la nueva normalidad se realizan de manera virtual a través de plataformas digitales.

La situación generó dificultades en el aprendizaje, sobre todo en los sectores más pobres del país, debido a la carencia de internet y de dispositivos para acceder a la educación virtual.

En esa línea, Moreno resaltó que «es enorme el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Telecomunicaciones y el Gobierno para poder equiparar oportunidades» con la entrega de tabletas y la instalación de zonas wifi.

El ministro Michelena detalló a su vez que 2.756 puntos wifi se instalarán en parques y plazas públicas, 2.535 en escuelas y 523 en edificios públicos, entre otros espacios.

Además, se implementará la «Van Móvil de Internet», vehículos que recorrerán las 24 provincias del país para llegar con servicio de internet donde no existe conectividad.

«Estos vehículos se han adaptado para tener varios usos, como educación y trámites digitales», apuntó.

De igual manera, indicó que durante este mes se distribuirán 100.000 tabletas a estudiantes de tercer año de bachillerato junto con 50.000 chips, cada uno con 5 GB (gigabytes) de datos móviles gratis.

Ecuador registró 988 nuevos casos de contagio del nuevo coronavirus (COVID-19) en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total se elevó a 193.673 desde el inicio de la pandemia, el pasado 29 de febrero, según el reporte diario del Ministerio de Salud.

Además, la nación andina, sumó 9.052 fallecidos confirmados por el virus y 169.804 pacientes recuperados de la enfermedad en nueve meses de pandemia.

Fuente: http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2020/1202/c31617-9794743.html

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Ecuador: La Democracia en América

La Democracia en América

Ecuador, lunes,  23 de Noviembre, 2020

Juan J. Paz y Miño Cepeda

En 1831 el francés Alexis de Tocqueville (1805-1859), junto con Gustave de Beaumont, fue enviado a los Estados Unidos de América, para informarse sobre el sistema penitenciario, que despertaba enorme interés. Tras nueve meses de recorrer el país, Tocqueville escribió Del sistema penitenciario de los Estados Unidos y de su aplicación en Francia (1832), que mereció el Premio Montyón, de la Academia Francesa; pero luego publicó el primer tomo de una voluminosa obra titulada La Democracia en América (1835), cuyo segundo tomo apareció cinco años más tarde (https://bit.ly/3kSn6Gj).

El éxito de La Democracia en América fue inmediato, además de haber sido premiado con 8.000 francos por la Academia Francesa. Se transformó en un “best seller” entre políticos y estudiosos, porque descubrió, para el mundo europeo de la época, un régimen republicano y presidencialista, con un tipo de “democracia” inédita. De hecho, Tocqueville inicia la obra señalando: “De las novedades que durante mi estancia en los Estados Unidos atrajeron mi atención, ninguna sobresale tanto entre mis recuerdos como la igualdad de clase, común á todos los ciudadanos. Descubrí allí sin trabajo la influencia provechosa que ejerce este hecho primordial en la sociedad. Él da al espíritu del pueblo una determinada dirección y cierto curso á las leyes; á los gobiernos máximas nuevas en que inspirarse, y particulares hábitos á los gobernados”.

La obra de Tocqueville ha pasado hasta el siglo XXI como un clásico de las ciencias sociales para la comprensión de las relaciones entre Estado y sociedad civil, sobre el valor de las libertades y la democracia, sobre el sentido de la “igualdad de clases” a la que alude su autor. Hay centenares de estudios sobre el tema. Esquematizando en algo las ideas, Tocqueville se refiere al tipo de “democracia” que encontró no solo en la institucionalidad y las leyes, sino, ante todo, en la “asociatividad” de los ciudadanos, para crear comunidades de base igualitarias, que garantizan su “libertad”. Desde luego, son conceptos con sentido propio del autor, porque Tocqueville encuentra, al mismo tiempo, sus límites en el dominio de las elites o en la existencia de la esclavitud. Pero advierte la tendencia a la “democratización” general, que la interpreta posible y deseable también para Europa: “Una gran revolución democrática se realiza entre nosotros”.

Si Tocqueville habría visitado la América Latina naciente de aquellos tiempos, sin duda habría tenido que escribir sobre la ausencia de toda democracia y el estrangulamiento de las libertades, a consecuencia del despegue de regímenes con dominación oligárquica y exclusión social. En 1831 gobernaba en Ecuador el general Juan José Flores, vinculado al conservadorismo de los hacendados serranos. Pero actuaba también un político de enorme formación intelectual: el millonario guayaquileño Vicente Rocafuerte (1783-1847), quien sería presidente del país entre 1835-1839. Por haber estudiado en Europa y haber vivido varios años en los EEUU, forjó una conciencia más adelantada que el común de sus connacionales, de modo que fue el primer mandatario ecuatoriano en preocuparse por el fortalecimiento del Estado y de la institucionalidad, la construcción de caminos y otras obras públicas (único presidente en la historia que puso su propio dinero para financiar algunas obras), el desarrollo de la educación, la implantación del laicismo (no lo logró), el crecimiento económico y la sujeción de los intereses privados al interés nacional, debiendo emplear una férrea autoridad para imponer la ley. Por cierto, Rocafuerte también escribió un folleto titulado “Ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles” (1830), en el que destacó el sistema penitenciario estadounidense, que admiraba tanto como a ese país.

A casi dos siglos de aquella época, la democracia en los EEUU sin duda cuenta con otro tipo de estudios, tanto como la que se ha cultivado en América Latina y, desde luego, en Ecuador. La igualdad ya no es el rasgo característico de la gran nación otrora admirada en Europa y en el propio continente. La obra Capitalismo Progresista (2020), de Joseph E. Stiglitz resulta demoledora, pues verifica que el crecimiento del PIB del país no acompañó necesariamente al mejoramiento social y que se alteró desde 1980: la economía se ralentizó, el nivel de vida decayó, la desigualdad se volvió creciente, incluyendo las desigualdades de raza, condición étnica, género y oportunidades, la desigualdad en sanidad y, desde luego, en riqueza, pues el 1% de la cima dispone de más del 40% de la riqueza total del país.

El panorama en América Latina es aún más desalentador, según todos los estudios sobre el tema realizados por CEPAL, FMI, BM o PNUD. En Ecuador, si bien la tendencia hacia una mayor equidad se estancó desde 2014, ha recuperado el camino de la concentración acelerada de la riqueza desde 2017, con la reimplantación del modelo empresarial de desarrollo, y se agravó radicalmente desde 2020 bajo la pandemia del coronavirus, que privilegió supuestas políticas de “empleo”, pero a costa de los derechos laborales. Las condiciones de vida y de trabajo en el país se deterioraron como nunca antes, conforme puede seguirse en los distintos estudios que realiza la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador (https://bit.ly/2UMM8Md), así como en los diversos informes internacionales de las mismas entidades antes citadas. Y a la economía acompañó el descalabro inevitable de la democracia.

Stiglitz comprobó que el ritmo de las desigualdades en los EEUU es fruto de la confianza desmedida en los supuestos del mercado libre. Cuestiona severamente la conducción presidencial de Donald Trump, demostrando los niveles aún mayores de concentración de la riqueza a los que se llegó durante este gobierno. Pero lo mismo que dice Stiglitz es posible encontrar en América Latina, región en la cual las ideas del “neoliberalismo” se ajustaron bien a los intereses y visiones de empresarios conservadores, atrasados y rentistas, que son responsables, junto a los gobiernos que los han representado, del derrumbe de las condiciones de vida y de trabajo en la mayoría de países.

A pesar de los datos económicos y sociales, la democracia en los EEUU sigue considerándose como un patrimonio histórico. Este rasgo, que es una especie de herencia ideológica de la valoración que realizara Tocqueville, se advierte de inmediato en A Promised Land (hay traducción al español), el reciente libro de Barack Obama, presidente de los EEUU entre 2009 y 2017. Se trata del primer tomo de sus memorias (1.129 páginas), que resulta importante para entender la historia inmediata de la potencia americana, escrito como un relato enganchador para quien lo sigue. Allí se inserta la idea de que la democracia, la libertad y la igualdad constituyen la esencia del sistema norteamericano. En ese marco, la “era Trump”, como lo ha destacado el mismo Obama en diversas entrevistas a propósito de su libro (por ejemplo, la que publicó “El País”: https://bit.ly/3ft3Ga5), evidentemente ha representado una especie de “ruptura” con la tradición histórica. Y ha resultado inédita su intemperante posición en torno a los resultados electorales, pues Trump proclamó, como si lo hubiera aprendido de algún otro político latinoamericano, que se había producido un escandaloso “fraude” en su contra.

Lo insólito es que el gran fraude, según Rudy Guliani (ex alcalde de New York y abogado de campaña de Trump) y Sydney Powell (otra abogada), habría sido orquestado desde Cuba, con máquinas de Venezuela y Hugo Chávez de por medio (https://bit.ly/35PTGEj). Esto demuestra no solo que América Latina tiene particular importancia estratégica para los EEUU, sino que la diplomacia Trump siempre ha estado muy clara que en la región resultan “enemigos” los gobiernos que no se alinean con sus políticas.

En América Latina, en cambio, el fantasma de Venezuela y de Cuba no llama la atención, porque lo han usado las derechas políticas y económicas cada vez que quieren evitar o paralizar caminos sociales que corten el poder que ha estado bajo su hegemonía. De modo que, aunque en los propios EEUU esa acusación suena ridícula y en el mundo ha provocado burlas, en nuestra región resulta convincente para quienes quieren defender un tipo de “democracia” puesta al servicio de las elites conservadoras.

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/la-democracia-en-america/

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