Por miles se cuentan los docentes que han sido asesinados en medio del conflicto armado colombiano. Cauca y Nariño siguen siendo departamentos críticos para quienes ejercen la enseñanza. Su llamado sigue siendo por una escuela como territorio de paz
Por: Nicolás Sánchez A. / @ANicolasSanchez
Al ejercicio de la docencia en Colombia se le ha atravesado la guerra. Hace menos de un mes, y durante varios días, los maestros que ejercen su profesión en la región del Catatumbo quedaron confinados por el paro armado que decretó el EPL. La imposibilidad de salir de la zona llevó a que padecieran la escasez de víveres y de medicinas. Ese hecho es apenas una muestra de las dificultades que la confrontación armada les ha impuesto a los profesores colombianos.
Los asesinatos se cuentan por miles. El primer reporte que tiene la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode, afiliada a la Internacional de la Educación América Latina IEAL) sobre el asesinato de un profesor data del 10 de enero de 1977. Ese día cayó muerto en Puerto Rico (Caquetá) Fabio Sánchez Malagón, quien era el secretario general de la Asociación de Institutores del Caquetá.
La violencia contra los educadores se extendió en el tiempo. Fecode tiene registros de años en los que fueron asesinados más de 50 profesores en Colombia. Por ejemplo, en 1988 fueron asesinados 60; en el 2000, 74, y en 2001, 60. El total de asesinatos, según esa organización sindical, es de 1.000 docentes, pero esa cifra no representa el total de los profesores asesinados, ya que la base de datos que tiene Fecode solamente registra los delitos en contra de docentes sindicalizados.
“Si usted cruza el mapa del conflicto armado con el de los asesinatos de los profesores, coinciden”, asegura Jorge Ramírez, secretario técnico de Derechos Humanos de Fecode. En esa medida, los reportes de esa organización indican que los departamentos que más asesinatos revelan son Antioquia, con 350 docentes; Córdoba, con 110, y Caldas, con 70.
Entre los crímenes de profesores que Colombia recuerda están, por ejemplo, los de Alfredo Correa de Andreis y de Luis Felipe Vélez. El de Correa se perpetró el 17 de septiembre de 2004. Por dicho crimen fue condenado el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de esa época, Jorge Noguera, quien era una ficha del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. En cuanto a Vélez, profesor y presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), fue asesinado el 25 de agosto de 1987 en Medellín. Cuando se dirigían a sus exequias, sicarios acabaron con las vidas de sus colegas Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur.
Docentes frente a la violencia
Los profesores han estado en la mira de los grupos armados por resistir a la violencia. “Han confrontado a los armados con las herramientas culturales que tienen”, asegura María Emma Wills, asesora de la dirección general del Centro Nacional de Memoria Histórica. La investigadora cuenta que recorriendo el país ha visto profesores que deciden ampliar la jornada escolar con el fin de reducir el riesgo de que los estudiantes sean reclutados por parte de los grupos armados.
Los armados han encontrado en los profesores un obstáculo para controlar algunos territorios. “Dominar una ruta del narcotráfico es imponer una orden. El actor armado tiene que confrontar a los maestros que no quieren que sus muchachos sean reclutados”, explica Wills. Por esos factores se explica que el cruce entre los mapas de asesinatos de maestros y de desarrollo del conflicto armado se superponen.
Pero la violencia contra los docentes no se ha limitado a los asesinatos. Entre los delitos que se han cometido en su contra están el desplazamiento forzado, las amenazas y otros. “Hay que recrear lo que significa para un maestro ver cómo llegan a un territorio, donde tienen que fungir como líderes, los actores armados. Estos de manera arbitraria intentan reclutar o refugiarse en las escuelas”, afirma Wills.
Amenazas y Acuerdo de Paz
Más de 10 mil amenazas han recibido los maestros en Colombia, según cifras de Fecode. Las violaciones a los derechos humanos de los profesores tienen efectos perversos en las comunidades. “Cuando un maestro es amenazado, es desplazado, es asesinado, la comunidad pierde un pedazo de su historia y de confianza en el Estado”, asegura Alejandra Londoño, coordinadora de la Red Nacional de Maestras y Maestros por la Memoria y la Paz.
“La firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) representó una leve mejoría en la situación de los maestros”, dice Ramírez. Los asesinatos se han reducido a un dígito. Así, Fecode registró seis casos en el 2017. Este año van dos casos de asesinatos de profesores, uno en Cauca y otro en Nariño.
Las amenazas también han disminuido. Según cifras entregadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), esta entidad halló que 118 maestros corrían un riesgo extraordinario (eso quiere decir que corren un riesgo mayor que el que tiene cualquier colombiano). En 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC, fueron amenazados 91. En 2017, sin embargo, la cifra volvió a subir a 91 casos.Sin que haya corrido la mitad del 2018, ya son 46 los profesores que han recibido amenazas.
Los casos de riesgo que reporta la UNP coinciden con la afirmación de Ramírez, la violencia contra los profesores se focaliza en las regiones donde la guerra ha continuado. Cauca reporta 14 casos de profesores con riesgos extraordinarios entre 2017 y lo que va corrido del 2018. Por su parte, en Nariño son 22 los casos.
Ricardo Ordóñez, secretario de derechos humanos del Sindicato del Magisterio de Nariño, dice que las amenazas contra docentes en ese departamento este año llegan a 58. “Lo que buscan los grupos armados es quedar libres en el territorio para hacer y deshacer”, explica. En esa región hacen presencia grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC. También hacen parte del panorama diferentes grupos delincuenciales.
La situación es más complicada en la costa nariñense. Tumaco y Samaniego son los municipios que más preocupación despiertan entre los docentes. Cuentan que muchas veces los grupos armados extorsionan a los maestros exigiéndoles sumas de hasta 20 millones de pesos. “Eso es todo lo que nos ganamos en un año”, afirma Ordóñez.
Según Jorge Ramírez, secretario técnico de Derechos Humanos de Fecode, los riesgos que se ciñen sobre los profesores en las ciudades tienen otras características. Por ejemplo, quienes más los amenazan son los grupos dedicados al microtráfico. La situación es preocupante: en Bogotá, 19 profesores han tenido riesgos inminentes contra su vida entre 2017 y 2018, según la UNP.
Resistir a la guerra
Los maestros no solo han sido víctimas de la guerra, también han sido resistentes a ella. Un ejemplo de eso es la Red Nacional de Maestras y Maestros por la Memoria y la Paz, una iniciativa que se fundó en el 2017 y que busca el diálogo de los maestros sobre su papel en la construcción de memoria y de paz.
La red cuenta con 30 educadores de diferentes departamentos que han padecido la guerra. Docentes de Nariño, Chocó, Meta, Medellín, Magdalena Medio, Antioquia, Huila, Cauca, Bogotá y Arauca comparten experiencias para construir metodologías que les permitan empezar a construir paz y memoria en las aulas.
Uno de esos ejemplos se encuentra en San Juan Nepomuceno (Bolívar), en los Montes de María. El profesor de una de las escuelas del municipio envía a sus estudiantes a hacerles entrevistas a sus familiares mayores como una forma de que aprendan la historia de la región. Con el trabajo de sus estudiantes el profesor creó un archivo sonoro que reposa en el colegio. La red está buscando ampliarse hacia otro municipio que vivió el terror paramilitar, Belén de los Andaquíes (Caquetá).
Los profesores se sienten comprometidos con la construcción de paz. Así lo expresa Ramírez, quien dice que “en cada rincón del país hay un profesor. Hay lugares adonde no llega la Fuerza Pública, pero hay un maestro”.
Los profesores han rescatado una consigna de los años 90: escuelas territorios de paz. Lo hicieron ante las afectaciones que la guerra les sigue generando a los establecimientos educativos. Un ejemplo de eso se vivió en el Catatumbo (Norte de Santander) cuando, en medio de un enfrentamiento entre actores armados, la escuela de la vereda Filo Gringo, de El Tarra, fue impactada por varios proyectiles.
Pero hay quienes creen que faltan condiciones para que los profesores puedan ejercer su profesión de manera digna y así multiplicar su aporte a la sociedad. “Colombia tiene una enorme deuda con sus maestros, hay que dignificar la profesión y eso pasa por tener mejores salarios, por tener un lugar digno donde ejercer”, opina María Emma Wills.
“Aunque todos hemos sido formados por maestros, esta sociedad no dimensiona el lugar de ellos ni les da el reconocimiento y la protección colectiva”, enfatiza Alejandra Londoño. “No hay derecho a que un país que se llama democrático deje en pie esas brechas entre unos ciudadanos y los otros”, concluye Wills.
El caso de Nadya Salguero
La vida de la profesora Nadya Salguero cambió tras recibir amenazas en Falan (Tolima), donde dictaba clases en la sede rural número 10 de la Institución Educativa Diego Fallón.“Vallase profesora sapa o la zacamos AUC”, decía un grafiti que desconocidos dejaron en las paredes de la institución educativa el 20 de noviembre de 2017. Salguero decidió volver al colegio en diciembre de ese año, pero encontró otro mensaje: “Pensó que era mentira AUC”. En marzo, Salguero fue trasladada hacia Casabianca (Tolima). “No ha sido fácil empezar de nuevo en otro sitio”, dice. Además, las autoridades no han dado con los autores de las amenazas.Sigue dictando clases, pero teme por su vida. Buscará asesoría para empezar a tramitar un asilo, debido a que no se siente segura. Ha sido tan crítica su situación que se encuentra en tratamiento psiquiátrico debido al desplazamiento y las amenazas que sufrió.
El texto forma parte de un especial por la memoria de los profesores. El portal web Colombia2020 de El Espectador publica entre el 14 y el 20 de mayo los perfiles de siete profesores que fueron asesinados en el marco del conflicto armado colombiano.
El especial es un homenaje a quienes han dado la vida ejerciendo la enseñanza y a quien en medio de todas las adversidades de la guerra se dedicaron a construir paz desde las aulas.
Asimismo, hacer memoria sobre el ejercicio docente y su legado en Colombia representa un homenaje para quienes trabajan en territorios que siguen padeciendo la confrontación armada.
*Fuente: https://colombia2020.elespectador.com/verdad-y-memoria/la-verdad-para-las-victimas-de-la-masacre-de-tacueyo
Alternativa Docente y el MST Nueva Izquierda, encabezados por Alejandro Bodart, Vilma Ripoll, Celeste Fierro y Vanesa Gagliardi participó en la Marcha desde las distintas provincias, acompañó con fuerza la movilización y recibió a las columnas en la 9 de Julio en puntos claves: la Avda. de Mayo y en Avda. Belgrano, por donde entró la columna principal de CTERA y también la de SUTEBA junto a Neuquén, Chubut y el resto de la Patagonia.
La adhesión al paro docente fue total en Neuquén, provincia que viene luchando a brazo partido, con 44 jornadas de paro en lo que va del año y una irrupción extraordinaria de la base. Incluso el miércoles 23, además de la importante presencia aportada en la Marcha Federal, realizaron una gran marcha en la provincia y corrieron a punteros de varias escuelas neuquinas cuando pretendían cubrir el lugar de docentes en huelga. También fue muy fuerte en Chubut, donde la medida en esta semana es por 96hs. Como parte de un plan de lucha que lleva más de 60 días y más de 20 jornadas de paro.
Como decimos en una nota previa a esta Marcha Federal, ante el ajuste global de Macri y los gobernadores del PJ, se da la mayor traición de la Celeste de CTERA y los gremios, al planchar la lucha nacional y aislar a las provincias. A diferencia de 2017, cuando debieron llamar a 14 paros nacionales y a la Marcha Federal en marzo, ahora no tienen empacho en actuar como la burocracia que garantiza la gobernabilidad del ajuste (ampliar aquí). Por eso aceptaron y acordaron, vergonzosamente con el macrismo y sus fuerzas represivas, liberar carriles para poder cruzar el puente, arriesgando el tránsito de una docencia custodiada a lo largo de la columna Sur.
Más allá de cortarse solos para aparecer mediáticamente, resulta particularmente grave el seguidismo a lo que haga o deje de hacer la Celeste por parte de la Marrón/PTS que se ha negado a participar de los Plenarios de Delegados y acciones impulsadas por la Multicolor. Lo mismo que el Encuentro Colectivo/Enriqueta Lucero. A lo que se suman oscilaciones de la Azul y Blanca/PCR.
Además de proponer la continuidad de las acciones de lucha con un nuevo paro y movilización docente para el 1 de junio, unificando con la llegada de la Marcha Federal al Congreso de organizaciones sociales, la CTA Autónoma, sectores de la CGT y el paro nacional que ATE convocaría para ese día.
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