El abandono universitario acarrea importantes problemas a la economía familiar y social del país.
Chile pretende tomar medidas ante las alarmantes cifras de abandono de la educación en la etapa universitaria.
Las instituciones educativas intentan detectar los motivos de este problema y poner fin a los altos costos que supone este problema en la educación superior.
Las medidas a tomar aún son difusas, pero por ahora se descarta que la gratuidad de la enseñanza superior tenga algún efecto en la reducción del abandono.
Chile se enfrenta a un importante problema, en relación al funcionamiento de su sistema de educación superior. Los datos de los últimos informes califican de preocupante la situación.
El estudio de la Catedra Unesco sobre Inclusión en la Educación Universitaria, realizado por la Universidad de Santiago, recoge que el país pierde anualmenteunos 565 mil millones de pesos en financiar los estudios superiores, de alumnos que acaban abandonando el sistema educativo.
Es un dato grave, ya que esta pérdida de dinero afecta a toda la sociedad chilena y en concreto a las economías familiares, que dedican un 67% de sus recursos en los gastos relacionados con la educación. Por su parte, el Estado se hace cargo de un 33%, por ello que sea un problema que afecta a todos, si el caso es que esa inversión no consigue su objetivo: conseguir una titulación universitaria.
Posibles motivos del abandono
El Servicio de Información de Educación Superior del Mineduc calcula que el promedio de deserción en el sistema de educación superior es de un 27,9%.
Las razones que se dan a esta preocupante cifra son varias, aunque ninguna de ellas concluyente.
Casi todo apunta a que este problema de deserción se debe achacar a la Prueba de Selección Universitaria, que no predice en buena medida el éxito académico de los estudiantes.
Paradójicamente, la PSU predice muy bien la evolución en la trayectoria de los alumnos que consiguen buenas puntuaciones, pero no consigue lo mismo con los que acceden con resultados más modestos. Por esto motivo que se estén planteando cambios en la ponderación de las pruebas de la PSU, como cambiar el puntaje de ciertas materias.
Otra de las posibles razones para esta alta tasa de abandono se cree que puede estar, en la antelación con la que los estudiantes deben elegir carrera y universidad. La mayoría de ellos cuenta con escaso asesoramiento, apoyo tutorizado o escasa implicación familiar y la mayoría deciden en relación a factores económicos, cosa que suele ser el mayor obstáculo en su acceso universitario.
Mientras unos y otros deciden qué motivo tiene más peso en el alto abandono, todos coinciden en la necesidad de profundizar en las bases de la educación y comprobar su calidad y eficacia, comenzando por la educación básica y media.
Muchos expertos insisten que, aunque se modifiquen las ponderaciones y sistemas de acceso a la universidad, muchos alumnos seguirán sin llegar a ser egresados, si existe una importante brecha en la educación que han recibido anteriormente.
Como si se tratara de una paradoja, mientras las instituciones de educación privadas utilizan para sus admisiones las pruebas de Estado, las públicas se valen de exámenes específicos. ¿Qué tan conveniente es esto?
Colombia posee el sistema de evaluación de la educación más sólido y sofisticado de América Latina. El trabajo del Icfes ha sido poco reconocido, pero es de muy alta calidad. A lo largo de las dos últimas décadas puso al país en la vanguardia de los sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad. Construyó evaluaciones de competencias que no tienen nada que envidiar a las pruebas Pisa; seleccionó muy acertadamente tres de las competencias esenciales a desarrollar en la educación básica y media, a saber: argumentar, interpretar y proponer.
Así mismo, construyó pruebas para los grados tercero, quinto, noveno y once, las cuales permiten evaluar el nivel de consolidación de algunas de las competencias esenciales en la vida. Hoy contamos con un completo sistema de seguimiento de la calidad, el cual, bien utilizado, podría tener un impacto positivo en la construcción de políticas de mejoramiento de la calidad educativa, a mediano y largo plazo en el país.
En los últimos años, el Icfes ha seguido cualificando el sistema al incorporar las pruebas Saber Pro, lo que permitió elaborar modelos de valor agregado, los cuales nos ayudarán a resolver una de las preguntas esenciales a nivel pedagógico en la educación. Si tenemos claro el nivel con el que llegan los estudiantes del colegio en competencias ciudadanas, lectura crítica, escritura y razonamiento numérico, podemos resolver hasta qué punto las universidades están consolidando las competencias esenciales.
En este sentido, debe ser claro que las pruebas Saber Pro no son un buen criterio para evaluar la calidad de las universidades, ya que no tienen en cuenta el nivel con el cual llegaron los estudiantes al culminar el bachillerato.
Aprovechando la experiencia de Minas Gerais en Brasil, el Icfes ha construido el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), el cual tiene la enorme ventaja de permitir comparar una institución consigo misma en los años inmediatamente anteriores, incorporar el criterio del clima del aula y diferenciar para los diversos ciclos el nivel alcanzado en cada uno de ellos.
Otro avance significativo, ha sido la inclusión de las competencias ciudadanas. Esto le da un carácter más integral al proceso evaluativo; si bien son pruebas que todavía requieren mayor consolidación y ajuste, van por muy buen camino al incluir aspectos ligados a los derechos y a las actitudes que han desarrollado los estudiantes con respecto a la discriminación de los mismos.
Sin embargo, vivimos en un país de paradojas y las excelentes pruebas de Estado fueron de tiempo atrás adoptadas como criterio de admisión por parte de las universidades privadas del país, mientras que la mayoría de las universidades públicas construyeron sus propias pruebas. Entre éstas, la Nacional y la de Antioquia. Es en extremo difícil explicar esta paradoja, ya que, económicamente, no es equitativo cobrarles a personas de estratos 1 y 2 por una evaluación, que, en la mayoría de los casos, terminan por no aprobar. Pero tampoco lo es desde el punto de vista pedagógico, ya que las pruebas Saber son más sólidas conceptualmente, están emparejadas con las pruebas internacionales y con las de egreso de las universidades colombianas.
Por el contrario, las pruebas de las universidades públicas siguen evaluando contenidos demasiado específicos, les falta enfatizar en lo general, caracterizar el desarrollo por niveles y poner en uso el conocimiento para resolver problemas e inferir ideas. Por ello, seguramente, tampoco por allí está la explicación. Así mismo, los criterios de seguridad que en ocasiones se aducen, parecen difíciles de sustentar y verificar. ¿Qué explica, entonces, el que las universidades públicas utilicen como criterio de admisión unas pruebas, que muy seguramente son de menor calidad? Muy posiblemente esto sea explicado por factores ligados con la tradición.
Resulta que veinte años atrás, las pruebas Icfes, como se les llamaba para aquel entonces, en realidad habían sido diseñadas para evaluar conocimientos particulares y fragmentados. En este contexto, muy posiblemente, las pruebas de las universidades públicas eran de mayor calidad que las del Estado. Sin embargo, hoy en día, y pese a los avances de los dos últimos años, esto seguramente no es cierto.
Parece necesario concluir que desde hace varios años las universidades públicas deberían haber abandonado las pruebas más específicas que han venido desarrollando hasta el momento y aceptar como criterio de admisión las mismas pruebas que aplican las universidades privadas. Si se aceptara esta propuesta, se obtendrían múltiples beneficios; entre ellos:
Las universidades públicas utilizarían una prueba que evalúa de manera pertinente la consolidación de algunas de las competencias esenciales que deberían haber sido trabajadas en la educación básica y media en Colombia. Son pruebas de competencias, ampliamente validadas, revisadas y ajustadas. Inicialmente abordaron trece tipos de competencias. El seguimiento riguroso permitió llegar a cinco competencias de carácter cada vez más general que se evalúan en la actualidad.
Todas las universidades del país utilizarían sistemas similares de admisión, lo cual es muy conveniente desde el punto de vista tanto pedagógico como administrativo.
Los aspirantes a ingresar a las universidades públicas dejarían de pagar sumas adicionales por una evaluación, que, en la mayoría de los casos, no aprueban.
Las universidades públicas dejarían de incurrir en diversos costos administrativos relacionados tanto con el diseño, como con la custodia, la aplicación, la calificación y la divulgación de los resultados. Siendo actualmente pruebas diversas en cada universidad pública, el ahorro social que se alcanzaría sería significativo.
Finalmente, esto ayudaría a que diversos programas que utilizan los resultados de las pruebas de Estado tuvieran en cuenta criterios y mecanismos comparables. Esto es válido, entre otras cosas, para créditos, admisiones y subsidios; pero, por tratarse del programa más importante de la actual administración del presidente Santos en materia de educación superior, quiero agregar un argumento adicional. Actualmente, el programa Ser Pilo Paga rige para todo el país con los resultados de las pruebas Saber.
Sin embargo, por la paradoja señalada anteriormente, en algunas universidades públicas, dichos resultados no son tenidos en cuenta y ellos tienen que presentar otra prueba diferente, que, como también se señaló previamente, no tiene el mismo nivel de pertinencia, solidez, ni de calidad. Algunos directivos han creído que lo que pasa es que la Nacional selecciona a los “súper pilos”. Esto, tampoco es cierto, ya que son dos pruebas tienden a correlacionar muy poco. Obviamente, las universidades públicas, atendiendo a criterios presupuestales, pedagógicos y administrativos, pueden establecer sus propios niveles de admisión para cada carrera, como hoy en día hacen las diversas universidades privadas del país, pero para ello, no es ni conveniente ni necesario, recurrir a una prueba diferente.
Como he sostenido en diversas columnas, el país debería aprovechar la histórica oportunidad del programa Ser Pilo Paga para fortalecer la educación pública; al hacerlo, consolidaría la democracia y el derecho a la educación, consagrado en la Constitución Nacional. Por ello, reitero mi invitación: Los próximos “pilos” deberían ingresar, sin excepción, a las mejores universidades públicas del país. Ojalá de muy alta calidad y de carácter regional, como ha demostrado la reciente experiencia ecuatoriana vivida durante la última década en educación superior.
La vinculación generalizada de los próximos “pilos” a las públicas sería mucho más fácil de aplicar, si todas las universidades del país reconocieran las pruebas Saber once como el criterio esencial de admisión. Si se logra, las universidades públicas se beneficiarían con el ingreso de algunos jóvenes de excelente balance y proyección (los llamados “pilos”), con los recursos que les giraría el Estado por ellos y con la adopción de una excelente prueba como criterio de admisión, la cual lleva dos décadas cualificándose y permite determinar el nivel alcanzado en el desarrollo del pensamiento, las competencias ciudadanas y las competencias comunicativas de los aspirantes.
Ojalá sigamos fortaleciendo y mejorando la calidad de la educación pública. Todavía nos falta mucho, especialmente en inversión, en calidad y en reflexión pedagógica, pero, al hacerlo, favorecemos la democracia y la equidad. De esta manera, será más difícil que nos dejemos quitar la esperanza de vivir en un país en paz.
Las escuelas públicas deben estar libres de adoctrinamiento religioso. Sin embargo, en varios países que son laicos, la religión como asignatura sigue ofreciéndose y usándose para adoctrinar menores.
Mientras que en países como Francia, Chile, Uruguay o México la educación religiosa no hace parte del currículo escolar de los colegios públicos de varios países de Latinoamérica y España se presenta. Y en algunos es de carácter obligatorio.
En el presente escrito veremos la situación de Colombia y Perú sobre el particular.
Colombia
En Colombia esta asignatura existe, a pesar que el Estado colombiano es laico desde la Constitución de 1991.
La Constitución Política de Colombia afirma en su artículo 68 que “en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa”. Sin embargo, en la Ley General de Educación de 1995 se incluyó a la religión como asignatura obligatoria. Y aunque hay directrices que piden que esta asignatura no sea usada para adoctrinar en un credo particular, la realidad en muchas partes del país es diferente.
Posteriormente, el Decreto 4500 de 2006 estableció la posibilidad que los padres de familia manifiesten la exoneración de la clase de religión para sus hijos en el momento de la matrícula. Para esto todos los colegios deben tener un plan alterno, bajo el cual se les evaluará.
Este plan alterno señala en el Artículo 4 del citado Decreto que: “al estudiante que opte por no tomar la educación religiosa ofrecida por el establecimiento educativo se le ofrecerá un programa alternativo el cual deberá estar previsto en el PEI con base en el cual se le evaluará”.
Sin embargo, estos planes alternos no existen en las instituciones públicas. De hecho, la inmensa mayoría de rectores y consejos académicos ignoran su existencia. Tampoco ha existido ninguna campaña informativa que dé a conocer a los padres de familia la posibilidad de exonerar a sus hijos.
Según el informe Estado de la laicidad en Colombia, 2010 – 2017, que realizó la Corporación Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo, se reportó que en muchos colegios públicos se usa la asignatura de religión para promover el catolicismo o el cristianismo en general. Lo anterior es más marcado en zonas rurales, pueblos y ciudades intermedias, así como en las básicas primarias en general. En la educación primaria se enseñan como realidades históricas la historia de Adán y Eva, el diluvio, o se han redactado en boletines de calificación descriptores de logro como “se le dificulta reconocer a Jesús como salvador del mundo”, como ocurrió en un colegio de Bello, Antioquia. Vale preguntarse si con un logro académico así podía aprobar entonces un estudiante judío, indígena o ateo.
También se reportó un caso, en el San Francisco de Sales en Cúcuta, en el que se pidió a cada curso hacer altares para la Virgen María en cada aula de clases, a pesar que existían allí —y aún existen— estudiantes evangélicos, que no adoran a la Virgen, como agnósticos y ateos. Uno de ellos, a manera de protesta simbólica, puso un ejemplar del libro El Mundo y sus Demonios de Carl Sagan junto a la imagen de la Virgen, lo que le valió al curso una reprimenda verbal por, según algunos docentes “profanar algo sagrado”.
La Corte Constitucional, tras una revisión de una tutela el año pasado, recordó la naturaleza laica del estado, en un caso en el que estuvo involucrada una docente cristiana no católica que pidió en reiteradas ocasiones no ser obligada a participar en las misas de la Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano, de Fusagasugá, Cundinamarca. La Honorable Corte no solo determinó que se le había violado su libertad de conciencia y de culto a la maestra al obligarla a participar de estos actos, sino que en los colegios oficiales, que por naturaleza deben ser neutrales ante todo credo religioso, los directivos escolares no deben realizar actos religiosos que liguen a una institución pública con un credo en particular.
En las redes sociales muchos padres y docentes comentaron la noticia de este fallo adjudicando la crisis de corrupción a la falta de enseñanza de la Biblia, el catecismo o la creencia en Jesús. Aquí es preciso señalar que la educación religiosa no es lo mismo que la enseñanza de la ética. Platón hablaba de ética siglos antes que cualquier humano se autodenominase cristiano. La ética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la moral. Se puede ser perfectamente un buen ser humano sin adherirse a un credo religioso, así como hay malas personas que creen en alguna divinidad o en presuntos libros revelados. ¿Qué tiene que ver con la moral el aceptar o no el dogma de la transubstanciación o qué la Biblia y no el Corán son la palabra de Dios?
Es cierto que como sociedad necesitamos enseñar, pero ante todo vivir los valores de honradez, honestidad, justicia, bondad, responsabilidad, cooperación y respeto. Pero esto es distinto a enseñar que hay un libro revelado, una iglesia a la cual asistir o dogmas que no se pueden cuestionar. Repito: ¡Ética y religión son dos cosas diferentes!
La ética también está señalada en la Ley General de Educación como asignatura obligatoria, aunque a veces se mezcla con la religión en su forma de presentarse o evaluarse. No es sobre esta asignatura que se estableció la posibilidad de exoneración de la que habla el decreto 4500 de 2006.Les dejamos el vídeo de Bogotá Atea en el que promueven la exoneración de la clase de religión.
Perú Texto de J. Leonardo Vivanco Enriquez
¿Por qué se enseña religión en la escuelas?
Sobre eso, el Marco Curricular Nacional, en su segunda versión, en la página 17, dice:
“En 1980 se firmó el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, más conocido como Concordato, donde el Estado peruano asume el compromiso de enseñar el curso de religión católica en los colegios públicos como materia ordinaria, aunque normas posteriores autorizan a los estudiantes que así lo deseen (con permiso o por pedido de sus padres) exonerarse de este curso sin afectar su promedio. Estas normas están vigentes y, en consecuencia, el curso se seguirá dictando en las mismas condiciones.”
El Currículo Nacional de Educación Básica, menciona que uno de los perfiles de egreso de la educación básica es que;
* El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades.
El estudiante comprende la trascendencia que tiene la dimensión espiritual y religiosa en la vida moral, cultural y social de las personas. Esto le permite reflexionar sobre el sentido de su vida, el compromiso ético y existencial en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. Asimismo, muestra respeto y tolerancia por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias de las personas. (p. 10 )
Además, una de la competencias que se muestran en el currículo, dice que el estudiante:
“Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas”, y que “Asume la experiencia el encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa”, además, agrega que; “Estas dos competencias se desarrollan en el área de Educación religiosa y se encontrarán explicadas en los programas curriculares de las modalidades educativas. Según la Ley 29635, ley de libertad religiosa, los padres de familia o estudiantes cuya confesión religiosa es distinta a la católica pueden solicitar exoneración del área, sin perjuicio alguno”. (p. 24)
Hasta aquí notamos la existe de todo un marco legal que ampara la existencia de la asignatura en cuestión, de su práctica en las escuelas y de su función según los documentos normativos, ahora bien, veamos que dice la constitución al respecto.
En el Capítulo I, sobre los derechos fundamentales de la persona, particularmente en el Artículo 2 dice que toda persona tiene derecho:
3.- A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.
Luego, en el Artículo 50 dice;
Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.
El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.
“Se define a Estado laico como aquel independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Así, el Estado peruano es laico como lo son la inmensa mayoría de los Estados del mundo. (…) Pero lo más curioso de todo es que la vigente Constitución de 1993 no menciona la palabra laico, sobre la cual se ha construido una falsa conclusión, que sin embargo ha calado a fuerza de la repetición”.
Para terminar;
“El 3 de julio de 1991, Alberto Fujimori firma el Decreto Supremo 145-91-DF, en el que se establecen las asignaciones de dinero del personal eclesiástico de manera escalonada, de tal forma que el cardenal obtiene el mismo sueldo que un ministro de Estado, el arzobispo el 80% del sueldo de un vice-ministro, el obispo, 50%, etc. Cabe recalcar que estas asignaciones no son consideradas como sueldos, puesto que no están sujetas a ningún descuento por tributación”.
Ahora bien, considero que con estos objetos es posible generar algún argumento o a favor o en contra o quizá generar algún tipo de concilio, sin embargo, la chamba compleja se encuentra en la trasmisión de las ideas y de la información. De tal forma que, no se engañe a través de un discurso fundamentalista o de odio.
Hoy, lamentablemente estamos llenos de tristeza el equipo del portal Otras Voces en Educación, por la partida física de otro de los grandes intelectuales latinoamericanos contemporáneos, Theotonio dos Santos Júnior, quien nació en Carangola, Minas Gerais, en Brasil, el 11 de noviembre de 1936 y falleció hoy 27 de febrero del corriente año en Río de Janeiro, a los 81 años, víctima de un cáncer en el páncreas.
Santos, fue uno de los principales formuladores de la teoría marxista de la dependencia. El economista fue uno de los más influyentes pensadores latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, con su decenas de obras publicadas. También ocupaba el puesto de coordinador de la cátedra UNESCO en Economía Global y Desarrollo Sostenible, era profesor emérito de la Universidad Federal Fluminense y profesor visitante de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad del Nrte de Illinois, de la Universidad de Estado de New York, de la Universidad Federal de Minas Gerais, del Instituto Bennett de Río de Janeiro, entre otros.
Además, recibió diversos Doctorados Honoris Causa, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Ricardo Palma y en la Universidad de Buenos Aires.
Siempre quedará su legado y siempre permanecerá en nuestros corazones.
Argentina/27 de febrero de 2018/Fuente: https://losandes.com.ar
La libreta LUITE está disponible en todas las librerías desde diciembre del año pasado.
La Dirección General de Escuelas, a través de la Dirección de Educación Inicial, a partir del ciclo lectivo 2018 implementará el Legajo Único de Inicio de Trayectoria Escolar (LUITE), que será utilizado de manera obligatoria en todas las escuelas de la provincia de nivel inicial, tanto estatales como privadas.
La libreta LUITE está disponible en todas las librerías desde diciembre de 2017 para que todas las familias cuenten con esta libreta para comenzar con la escolarización de los niños.
Desde la Dirección de Educación Inicial informaron que cada institución implementará esta importante acción de acuerdo a sus modos de organización y tiempos. Además, expresaron que es muy importante la colaboración y la participación de las familias en este registro sobre el inicio de las trayectorias escolares.
Esta iniciativa permitirá el seguimiento en el pasaje entre el nivel inicial y primario, contemplando todas las etapas del niño desde el jardín maternal y el jardín de infantes.
El objetivo de esta acción educativa es promover la participación de las familias en el desarrollo de acciones destinadas al cuidado y educación del niño en su primera trayectoria escolar, regulando y supervisando la formación integral del niño en el nivel inicial que va de 0 a 5 años.
Este Legajo Único se realizó en conjunto entre docentes del nivel y profesionales del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Los docentes durante diciembre pudieron acordar una entrevista con los responsables del cuidado de los niños y juntos podrán llenar este legajo que permitirá obtener datos muy sensibles sobre los niños para poder ayudarlos ante alguna problemática que se encuentre. Estos datos serán cruzados con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes para que, en conjunto, podamos realizar un seguimiento de los alumnos en uno de los períodos más importantes dentro de su trayectoria educativa.
La directora de Nivel Inicial, Adriana Rubio, explicó : “Los docentes tendrán tiempo del 11 al 22 de diciembre para acordar una entrevista con los responsables del cuidado de los niños y juntos podrán llenar este legajo que permitirá obtener datos muy sensibles sobre los niños para poder ayudarlos ante alguna problemática que se encuentre”, “Estos datos serán cruzados con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes para que, en conjunto, podamos realizar un seguimiento de los alumnos en uno de los períodos más importantes dentro de su trayectoria educativa”, agregó la directora de Nivel Inicial.
Esta iniciativa ayudará y aportará muchos datos sobre los niños y sobre todo poder detectar grados de vulnerabilidad, enfermedades, control alimentario y otras situaciones que podría estar pasando en la vida de un niño. El LUITE fortalecerá el vínculo entre familia, escuela y docente.
Chile/27 de febrero de 2018/Fuente: http://www.cooperativa.cl
Adriana Delpiano manifestó en Cooperativa que 97 mil 473 estudiantes se suman a la gratuidad durante este año.
«Tenemos más de un 50 por ciento de los alumnos nuevos están en institutos profesionales y en centros de formación técnica», afirmó.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, afirmó en El Diario de Cooperativa que durante este 2018 habrá entre más de 300 mil alumnos beneficiados con gratuidad en la educación superior.
«A esta altura del año podemos a hacer una proyección, los datos finales los tenemos realmente en abril cuando se matriculan todos los estudiantes que anteriormente tuvieron gratuidad», aclaró.
Teniendo eso en cuenta, Delpiano señaló que «las cifras que tenemos ahora (2018), los 97 mil 473 estudiantes corresponden a estudiantes de primer año y un porcentaje menor de estudiantes que tenía derecho a la gratuidad y no lo habían ejercido anteriormente«.
«Las estimaciones son dejan que vamos a tener entre 300 y 330 mil estudiantes en gratuidad este año, incluso podría ser un poco más, pero vamos a pasar ya a ser casi entre un cuarto y un tercio de todos los estudiantes», aseveró.
Delpiano destacó que la novedad de este año es que «tenemos más de un 50 por ciento de los alumnos nuevos están en institutos profesionales y en centros de formación técnica debidamente acreditados y que adhirieron a la gratuidad».
«Pero el grueso de los estudiantes con gratuidad que estuvieron los años anteriores, etcétera, empieza a correr desde que hacen su matrícula en los establecimientos, porque no podemos saber cuántos ya terminaron y salieron del sistema, cuántos se van a matricular en su universidad, en cuál universidad», sentenció.
Tanto el proyecto que consagra la gratuidad por ley como el proyecto de universidades estatales fueron despachados del Congreso a fines de enero y están en un trámite de control rutinario en el Tribunal Constitucional (TC), organismo que no funciona en febrero y podría significar que ninguno de los dos sea promulgado por la Administración Bachelet.
La ministra afirmó que febrero es un mes complejo y espera que la Presidenta Bachelet pueda promulgar estas leyes, ya que representan parte importante del trabajo del Gobierno saliente.
«Se está trabajando desde la Secretaría General de la Presidencia para que, como no hay ninguna impugnación a este tema, pueda pasar por el Tribunal (Constitucional) lo más rápido posible y ojalá lo pueda promulgar la Presidente porque creo que es parte importante del esfuerzo que ha hecho su Gobierno», dijo Delpiano.
«Si no se alcanzara por algún problema tampoco es un drama, ya la ley existe, se promulgará cuando tenga que hacerse», y descartó que signifique un fracaso no promulgar las iniciativas.
Colombia/ 27 de febrero de 2018/Por: Redacción VIVIR/Fuente: https://www.elespectador.com
De acuerdo con un informe sobre desigualdad en el acceso a la educación, realizado por la organización Niñez Ya, 40% de los niños que no asisten al colegio están en zonas de conflicto armado.
Según un informe presentado por la organización de la sociedad civil Niñez Ya el 62% de los jóvenes que terminaron el bachillerato no lograron acceder a educación superior, y el 40% de los niños y niñas que no asisten al colegio están en zonas de conflicto armado.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha planteado que concluir la enseñanza secundaria es el umbral educativo mínimo para reducir la posibilidad de vivir un futuro en situación de pobreza. Sin embargo, en Colombia, el promedio de años de escolaridad se situó en 7.3, como reporta Niñez Ya.
Conforme a cifras del Ministerio de Educación, Niñez Ya sostiene que en 2016, 280.562 niños y adolescentes desertaron de sus colegios y el grado sexto fue el que presentó mayor porcentaje de abandono con un indicador de 16%, y se estima que 135.000 personas con discapacidad están excluidas de las clases regulares.
La brecha entre lo urbano y lo rural
“70% de los establecimientos en zona rural no contaba con alcantarillado en el año 2016 y en zonas de periferia como lo son Amazonas, Guaviare, Vichada y La Guajira las distancias entre los niños y las instituciones educativas oscilaban entre los 8 y 13 kilómetros”, dice el diario La República.
Según datos de la Fundación Compartir y Fedesarrollo, en 2016, la tasa de permanencia escolar en la zona urbana es de 82%, mientras que este indicador presenta un fuerte rezago en la zona rural donde la tasa solo llega a 48%. Sumado a esto, aquellos que estudian en el campo lo hacen en colegios con infraestructura de 37 años (promedio) de antigüedad y que no dispone de red de gas, alcantarillado ni baños suficientes, según la Fundación Empresarios por la Educación.
Niñez Ya, que es una organización de la sociedad civil por la niñez y la adolescencia, presentará estos resultados al próximo Presidente de la República para que se considere en el próximo Plan Nacional de Desarrollo “y reconozca y garantice los derechos de los 15.448.285 ciudadanos colombianos menores de 18 años”, como dice el comunicado de Niñez Ya, que agrupa 100 organizaciones en torno a temas educativos, entre las que se cuentan Fundación Éxito, Fundación Alpina, Save The Children y otras tantas.
Este no es el único estudio preocupante sobre el acceso a la educación de niños, niñas y jóvenes en Colombia. En octubre de 2017, la Universidad Nacional publicó un informe con resultados similares, e igual de preocupantes, a diez años de la creación del Código de Infancia y Adolescencia. ¿El resultado? En 50 municipios aún no hay políticas para la protección de los menores de edad.
“No existe justificación alguna para que a pesar de todos los avances que ha tenido el país en los últimos años un solo niño se muera de hambre, y sin embargo continúan registrándose estos casos en La Guajira, Chocó, Norte de Santander, Meta e incluso en Bogotá”, dijo el profesor Ernesto Durán, parte del equipo que realizó el informe, a RCN Radio.
El informe se basa en estadísticas como las que reportan que en el 2016 al menos 35 menores murieron por causas asociadas a la desnutrición y el 47.3% de los 1.4 millones de niños indígenas de Colombia sufre desnutrición crónica. Sobre todo, el informe destaca la disparidad entre las zonas urbanas y rurales en materia de educación.
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