América del Sur

Por: James Petras

Introducción

Es evidente que en América Latina el péndulo se ha desplazado a la derecha en los últimos años. De esta observación surgen numerosas preguntas. ¿De qué tipo de derecha estamos hablando? ¿Por qué prospera? ¿Son sostenibles los regímenes derechistas? ¿Quiénes son sus aliados y sus adversarios internacionales? Una vez en el poder, ¿qué tal les ha ido y cuáles son los criterios por los que se mide su éxito o su fracaso?

Aunque la izquierda está en retroceso, retiene el poder en algunos estados. Surgen preguntas como: ¿Cuáles son las características de la izquierda actual? ¿Por qué algunos regímenes se mantienen mientras otros están en decadencia o han sido derrotados? ¿Podrá la izquierda recuperar su influencia? ¿Qué condiciones hacen falta para ello? ¿Qué programa deben llevar para atraer al electorado?

Empezaremos examinando el carácter y las políticas de la derecha y de la izquierda y hacia dónde se dirigen, para concluir analizando las dinámicas de sus programas, alianzas y perspectivas futuras.

La derecha radical: El rostro del poder

La pretensión de los regímenes de derechas es poner en marcha cambios estructurales: quieren reordenar la naturaleza del Estado, las relaciones sociales y económicas, la política exterior y las alianzas económicas. Regímenes de derecha radical gobiernan en Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú, Paraguay, Guatemala, Honduras y Chile.

Los regímenes de extrema derecha han acometido cambios bruscos algunos países, mientras en otros los van incorporando gradualmente. Las transformaciones sufridas por Brasil y Argentina son ejemplos de cambios extremadamente regresivos destinados a invertir la distribución de la renta, las relaciones de propiedad, las alianzas internacionales y las estrategias militares. El objetivo es redistribuir los ingresos de manera ascendente, volver a concentrar la riqueza y la propiedad en el extremo superior de la pirámide social y en elementos externos al país, y plegarse a la doctrina imperial. Estos regímenes están dirigidos por gobernantes que hablan abiertamente en favor de los inversores nacionales y extranjeros más poderosos y son generosos en la adjudicación de subsidios y recursos públicos: practican una especie de “populismo para plutócratas”.

La llegada al poder y la consolidación de regímenes de extrema derecha en Argentina y Brasil se ha basado en varias intervenciones decisivas, que combinan elecciones y violencia, ´purgas e incorporaciones, propaganda en los medios de comunicación de masas y profunda corrupción.

Mauricio Macri contó con el apoyo de los principales medios convencionales, encabezados por el grupo del diario Clarín, así como por la prensa internacional financiera (Financial Times, Wall Street Journal). Los especuladores de Wall Street y el aparato político de Washington en el extranjero subsidiaron su campaña electoral.

Macri, su familia, sus amigotes y sus cómplices financieros transfirieron recursos públicos a cuentas privadas. Los popes políticos de provincias y sus actividades clientelares se unieron a los sectores adinerados de Buenos Aires para asegurar el voto en la capital. Una vez elegido, el régimen de Macri transfirió 5.000 millones de dólares al conocido especulador de Wall Street, Paul Singer firmando un crédito multimillonario, con altos tipos de interés; multiplicó por seis el impuesto a algunos servicios; privatizó el petróleo, el gas y terrenos públicos; y despidió a decenas de miles de funcionarios.

Macri organizó una purga política y la detención de dirigentes de la oposición, incluyendo a la antigua presidenta Cristina Fernández Kirchner. Varios activistas de provincias fueron encarcelados o incluso asesinados.

Macri ejemplifica la figura del triunfador desde la perspectiva de Wall Street, Washington y la élite empresarial porteña. Los salarios de los trabajadores argentinos se han reducido. Las compañías de servicios se han asegurado los mayores beneficios de la historia. Los banqueros duplicaron el índice de beneficios. Los importadores se han convertido en millonarios. Los ingresos de la agroindustria se dispararon al reducirse sus impuestos. Pero para las pequeñas y medianas empresas argentinas, el régimen de Macri ha sido un auténtico desastre. Miles de ellas han quebrado a causa del elevado coste de algunos servicios y la feroz competencia de las importaciones baratas chinas. Además de la caída de los salarios, el desempleo y el subempleo se han duplicado y el índice de pobreza extrema se ha triplicado.

La economía lucha por mantenerse a flote. La financiación de la deuda no ha conseguido promover el crecimiento, la productividad, la innovación y las exportaciones. La inversión extranjera se ha visto favorecida, ha conseguido pingües beneficios y saca fuera del país sus ganancias. La promesa de prosperidad apenas ha beneficiado a un cuarto de la población. Para debilitar el descontento público fruto de estas medidas, el régimen ha acallado las voces de los medios independientes, ha dado rienda suelta a las pandillas de matones que actúan contra los críticos y ha cooptado a los jefes sindicales maleables para que rompieran las huelgas.

Las protestas públicas y las huelgas se han multiplicado, pero el gobierno ha hecho oídos sordos y multiplicado la represión. Los líderes populares y los activistas han sido estigmatizados por los gacetilleros financiados por el gobierno.

A menos que se produzca un gran levantamiento social o un colapso económico, Macri se aprovechará de la fragmentación de la oposición para asegurar la reelección que le permita seguir actuando como un gánster de Wall Street. Macri está dispuesto a firmar nuevas bases militares y acuerdos de libre comercio con EE.UU. así como a incrementar la colaboración con la siniestra policía secreta de Israel, el Mossad.

Brasil ha puesto en práctica las mismas políticas derechistas de Macri. Tras alzarse con el poder mediante una operación de destitución falsaria, el gran estafador Michel Temer procedió acto seguido a desmantelar la totalidad del sector público, congelar los salarios por veinte años y ampliar la edad de jubilación de cinco a diez años. Temer estuvo a la cabeza de un millar de cargos electos corruptos en el saqueo multimillonario de la compañía estatal de petróleo y múltiples grandes proyectos de infraestructuras.

Golpe, corrupción y desacato quedaron ocultos por un sistema que garantiza la impunidad de los congresistas hasta que algunos fiscales independientes investigaron, acusaron y metieron en prisión a varias docenas de políticos, pero sin llegar a Temer. A pesar de contar con el 95 por ciento de desaprobación popular, el presidente Temer se mantiene en el cargo con el respaldo absoluto de Wall Street, el Pentágono y los banqueros de Sao Paulo.

Por otra parte, en México, el narcoestado asesino, continúan alternándose en el poder los dos partidos ladrones, el PRI y el PAN. Miles de millones de dólares obtenidos de manera ilícita por banqueros y mineras canadienses y estadounidenses continúan viajando a paraísos fiscales para su conveniente lavado. Los fabricantes mexicanos e internacionales han amasado inmensos beneficios que exportan a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales . El país superó su triste record de evasión de impuestos al tiempo que ampliaba sus “zonas de libre comercio”, sinónimo de salarios bajos e impuestos reducidos a las empresas. Millones de mexicanos han cruzado la frontera para huir del capitalismo gansteril depredador. El flujo de cientos de millones de dólares de beneficios propiedad de multinacionales canadienses y estadounidenses son el resultado del “intercambio desigual” de capital estadounidense y mano de obra mexicana, que se mantiene en vigor gracias al fraudulento sistema electoral mexicano.

Al menos en dos ocasiones bien documentadas, las elecciones presidenciales de 1988 y 2006, los candidatos de izquierda Cuahtemoc Cárdenas y Manuel López Obrador ganaron con suficiente margen a sus contrincantes, para ver como posteriormente les robaba su triunfo un conteo fraudulento de los votos.

En Perú, los regímenes extractivistas de derechas han alternado entre la dictadura sangrienta de Fujimori y regímenes electorales corruptos. Lo que se mantiene sin cambios en la política peruana es la entrega de los recursos minerales del país al capital extranjero, la persistente corrupción y la explotación brutal de los recursos naturales por parte de corporaciones mineras de EE.UU. y Canadá, en regiones habitadas por comunidades indígenas.

La extrema derecha expulsó del poder a los gobiernos electos de centro izquierda de Fernando Lugo, en Paraguay (2008-2012) y Manuel Celaya en Honduras (2006-2009), con el apoyo activo y la aprobación del Departamento de Estado de EE.UU. Sus narcopresidentes ejercen ahora el poder mediante la represión contra los movimientos populares y el asesinato de decenas de campesinos y activistas urbanos. Este año, una elección burdamente amañada en Honduras ha asegurado la continuidad del régimen corrupto y las bases militares estadounidenses.

La difusión de la extrema derecha desde Centroamérica y México hasta el Cono Sur está preparando el terreno para la reimplantación de alianzas militares con Estados Unidos y acuerdos comerciales regionales.

El ascenso de la extrema derecha garantiza las privatizaciones más lucrativas y los mayores beneficios para los créditos otorgados por bancos extranjeros. La extrema derecha está preparada para aplastar el descontento popular y los desafíos electorales con violencia. Como mucho, permite que unas pocas élites con pretensiones nacionalistas se vayan alternando en el poder para ofrecer una fachada de democracia electoral.

El giro del centro-izquierda al centro-derecha

El desplazamiento político hacia la extrema derecha se ha extendido como una onda, y los gobiernos nominales de centro-izquierda se han desplazado hacia el centro-derecha.

El ejemplo más claro lo ofrece el Uruguay gobernado por el Frente Amplio de Tabare Vázquez, y Ecuador, con la reciente elección de Lenin Moreno de Alianza País. En ambos casos el terreno ya había sido preparado al reconciliarse estos partidos con los oligarcas de los partidos tradicionales derechistas. Los anteriores gobiernos de centro-izquierda de Rafael Correa, en Ecuador, y José Mújica en Uruguay consiguieron fomentar la inversión pública y las reformas sociales, usando una retórica izquierdista y capitalizando el aumento global de precios y la alta demanda de las exportaciones agrominerales para financiar sus reformas. Con la caída de los precios mundiales y la exposición pública de los casos de corrupción, los recién elegidos partidos de centro-izquierda nominaron a candidatos de centro-derecha que convirtieron las campañas anticorrupción en vehículos para la adopción de políticas económicas neoliberales.

Los nuevos presidentes de centro-derecha marginaron a los sectores más izquierdistas de sus respectivos partidos. En el caso de Ecuador, el partido se fraccionó y el nuevo presidente aprovechó para cambiar sus alianzas internacionales apartándose de la izquierda (Bolivia y Venezuela) y acercándose a Estados Unidos y la extrema derecha, al tiempo que abandonaba el legado de su predecesor en cuanto a programas sociales populares.

Con la caída de precios de los productos de exportación, los regímenes de centro-derecha ofrecieron generosos subsidios a los inversores extranjeros en agricultura y silvicultura en Uruguay y a los propietarios de minas y exportadores en Ecuador.

Los recién convertidos regímenes de centro-derecha se acercaron a sus homónimos ya asentados en Chile y se unieron al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), con las naciones asiáticas, Estados Unidos y la Unión Europea.

El centro-derecha ha intentado manipular la retórica social de los anteriores gobiernos de centro-izquierda con el fin de retener al electorado popular al tiempo que se aseguraba el apoyo de las élites empresariales.

La izquierda se desplaza hacia el centro-izquierda

El gobierno de Evo Morales en Bolivia ha demostrado una capacidad excepcional para mantener el crecimiento, asegurarse la reelección y neutralizar a la oposición combinando una política exterior de izquierda radical con una economía mixta público-privada de carácter moderado. A pesar de que Bolivia condena el imperialismo estadounidense, las principales multinacionales del petróleo, el gas, los metales y el litio han realizado fuertes inversiones en el país. Evo Morales ha moderado su postura ideológica pasando del socialismo revolucionario a una versión local de democracia liberal.

Al adoptar la economía mixta, Evo Morales ha conseguido neutralizar cualquier hostilidad abierta de Estados Unidos y los nuevos gobiernos de extrema derecha de la región.

Manteniendo su independencia política, Bolivia ha integrado sus exportaciones con los regímenes neoliberales de la región. Los programas económicos moderados de su presidente, la diversificación de las exportaciones minerales, la responsabilidad fiscal, las graduales reformas sociales y el apoyo de los movimientos sociales bien organizados han permitido la estabilidad política y la continuidad social, a pesar de la volatilidad de los precios de las materias primas.

Los gobiernos de izquierda de Venezuela, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro han llevado un curso divergente con duras consecuencias. Totalmente dependiente de los precios internacionales del petróleo, Venezuela procedió a financiar generosos programas asistenciales en el ámbito interno y en el exterior. Bajo el liderazgo del presidente Chávez, Venezuela adoptó una consecuente política antiimperialista y se opuso al acuerdo de libre comercio promovido por EE.UU. (ALCA) con una alternativa antiimperialista, la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).

Los programas sociales progresistas y las ayudas económicas a los aliados extranjeros, sin dedicar recursos a diversificar la economía y los mercados ni incrementar la producción, estaban basados en los ingresos elevados constantes procedentes de un único y volátil producto de exportación: el petróleo.

A diferencia de la Bolivia de Evo Morales, que edificó su poder con el respaldo de una base popular organizada, disciplinada y con conciencia de clase, Venezuela contaba con una alianza electoral amorfa compuesta por habitantes de los suburbios humildes, tránsfugas de los partidos tradicionales corruptos (de todo el espectro) y oportunistas en busca de un puesto y beneficios. La educación política se reducía a consignas para corear, vítores al presidente y la distribución de bienes de consumo.

Los tecnócratas y políticos venezolanos afines al régimen ocupaban posiciones muy lucrativas, sobre todo en el sector petrolero, y no tenían que rendir cuentas ante consejos de trabajadores o auditorías públicas competentes. La corrupción era generalizada y se robaron miles de millones de dólares procedentes de la riqueza petrolera. Este saqueo era tolerado por el flujo constante de petrodólares motivado por los elevados precios históricos y el auge de la demanda. Todo ello condujo a un extraño escenario en el que el gobierno hablaba de socialismo y financiaba enormes programas sociales mientras los principales bancos, la distribución de alimentos, la importación y el transporte eran controlados por oligarcas hostiles al régimen que se embolsaban enormes beneficios mientras fabricaban la escasez de artículos y promovían la inflación. A pesar de todos estos problemas, los votantes venezolanos avalaron al gobierno en una serie de victorias electorales, sin prestar atención a los agentes de EE.UU. y los políticos de la oligarquía. Esta dinámica de triunfos llevó al régimen a pensar que el modelo socialista bolivariano era irrevocable.

La precipitada caída de los precios del petróleo, de la demanda global y de los beneficios procedentes de las exportaciones llevó a un retroceso de las importaciones y del consumo. A diferencia de Bolivia, las reservas de divisas menguaron, el saqueo rampante de miles de millones fue finalmente sacado a la luz y la oposición derechista apoyada por EE.UU. recurrió a la “acción directa” violenta y al sabotaje, al tiempo que acaparaba alimentos, bienes esenciales de consumo y medicamentos. La escasez dio paso a un mercado negro generalizado. La corrupción del sector público y el control que ejerce la oposición hostil de la banca privada, el sector minorista y el industrial, con el respaldo de Estados Unidos, paralizó la economía. La economía entró en caída libre y el apoyo electoral se ha debilitado. A pesar de los graves problemas del régimen, la mayoría de votantes de renta baja comprendió que sus probabilidades de sobrevivir bajo la oposición oligárquica apoyada por EE.UU. serían todavía peores y la asediada izquierda ha continuado ganando las elecciones regionales y municipales celebradas durante 2017.

La vulnerabilidad económica de Venezuela y el índice de crecimiento negativo han provocado un aumento de la deuda pública. La animadversión de los regímenes de extrema derecha de la región y las sanciones económicas dictadas por Washington han acentuado la escasez de alimentos y el desempleo.

Bolivia, por el contrario, consiguió derrotar los intentos de golpe de Estado promovidos por las élites locales y EE.UU. entre 2008 y 2010. La oligarquía regional de Santa Cruz tuvo que decidir entre compartir sus beneficios y la estabilidad social sellando pactos sociales (con trabajadores y campesinos, la capital y el Estado) con el gobierno de Morales o hacer frente a una alianza del gobierno y el movimiento sindical dispuesto a expropiar sus posesiones. Las élites optaron por la colaboración económica manteniendo una discreta oposición electoral.

Conclusión

La izquierda ha perdido casi todo el poder estatal. Es probable que la oposición a la extrema derecha vaya en aumento dado el ataque grave e inflexible que están sufriendo los ingresos y las pensiones; el aumento del coste de la vida; las graves reducciones en los programas sociales y los ataques al empleo en el sector público y el privado. La extrema derecha tiene varias opciones y ninguna de ellas ofrece concesiones a la izquierda. Han elegido reforzar las medidas policiales (la “solución Macri”); intentan fragmentar a la oposición negociando con líderes sindicales y políticos oportunistas; y sustituyen a los gobernantes caídos en desgracia con nuevas caras que continúen sus mismas políticas (la solución brasileña).

Los antiguos partidos, movimientos y dirigentes revolucionarios de izquierda han evolucionado hacia la política electoral, las protestas y la acción sindical. Por el momento, no representan una alternativa política a nivel nacional.

El centro-izquierda, especialmente en Brasil y Ecuador, está en una posición fuerte y cuenta con líderes dinámicos (Lula Da Silva y Correa) pero tiene que enfrentarse a acusaciones falsas promovidas por fiscales derechistas que pretenden excluirlos de la contienda electoral. A menos que los reformistas de centro-izquierda tomen parte en acciones de masas prolongadas y a gran escala, la extrema derecha conseguirá debilitar su recuperación política.

El Estado imperial de EE.UU. ha recuperado temporalmente regímenes títere, aliados militares y recursos y mercados económicos. China y la Unión Europea se aprovechan de las óptimas condiciones económicas que les ofrecen los regímenes de extrema derecha. El programa militar estadounidense ha conseguido neutralizar la oposición radical en Colombia y el régimen de Trump ha impuesto nuevas sanciones a Cuba y Venezuela.

Pero la celebración triunfalista del régimen de Trump es prematura: no ha logrado ninguna victoria estratégica decisiva, a pesar de los progresos a corto plazo conseguidos en México, Brasil y Argentina. No obstante, las grandes fugas de beneficios, transferencias de propiedades a inversores extranjeros, tasas fiscales favorables, bajos aranceles y las políticas de comercio todavía no han generado nuevas infraestructuras productivas, crecimiento sostenible ni han asegurado las bases económicas. La maximización de los beneficios y el descuido de las inversiones en productividad e innovación para promover la demanda y los mercados internos han provocado la bancarrota de miles de pequeños y medianos locales comerciales e industrias. Esto se ha traducido en un aumento del desempleo crónico y del empleo de mala calidad. La marginación y la polarización social están creciendo a falta de liderazgo político. Esas condiciones provocaron levantamientos “espontáneos” en Argentina en 2001, en Ecuador en 2000 y en Bolivia en 2005.

Puede que la extrema derecha en el poder no provoque una rebelión de la extrema izquierda, pero sus políticas seguramente socavarán la estabilidad y la continuidad de los regímenes actuales. Como mínimo, pueden hacer surgir cierta versión del centro-izquierda que restaure los regímenes de bienestar y empleo actualmente hechos pedazos.

Mientras tanto, la extrema derecha seguirá presionando con su plan perverso que combina un profundo retroceso del bienestar social, la degradación de la soberanía nacional y el estancamiento económico con una formidable maximización de beneficios.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235687