América del Sur

Ya pasaron once años de la implementación del Programa de Educación Sexual Integral (ESI). El 4 de octubre de 2006 se sancionó la ley 26.510 que, en su primer artículo, estipula: «Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal».

Marcaba un antes y un después. Establecía un cambio de cosmovisión, un concepto de sexualidad superador que se inculcaría en todos los niveles de la educación pública y privada nacional. «Por parte del Estado, implicó una política tendiente a la promoción de una educación para una sexualidad responsable desde una perspectiva de género que incluye la diversidad sexual», sostuvo a Infobae Sonia Almada, directora de Aralma, instituto focalizado en infancia y adolescencia.

Por su parte, la presidenta y fundadora de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, señaló a este medio: «La ESI siempre se orientó a cumplir con lo que indica la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Por eso, también comprende lo social y cultural y no meramente lo biológico o la genitalidad».

La ley consigna incorporar la educación sexual en forma transversal en la currícula, no en una materia específica, sino en las distintas asignaturas. Entre sus objetivos, busca quebrar los estereotipos de género, fomentar el cuidado del cuerpo propio y el ajeno, promover actitudes responsables y el respeto por la diversidad sexual.

Once años después, según Almada, «la cultura social sostiene patrones hegemónicos y heteronormativos clásicos que se reproducen en los medios de comunicación» y el colegio no es la excepción: «En la escuela, muchas veces se estereotipa de la misma manera. Falta mucho para que la educación sea plural e inclusiva. Siguen arrasando los estereotipos y la discriminación por falta de conocimiento del sentir y vivir del otro y ello tiene como consecuencia la violencia en las relaciones».

Para Bianco, «los adolescentes tienen claro que la ESI no es la genitalidad ni tampoco solo los órganos y el sistema reproductor». No obstante, eso no quita que muchos reproduzcan estereotipos o mandatos sociales. «Por caso, las chicas que, ante la falta de perspectiva futura, buscan embarazarse y abandonan la escuela. Optan por la maternidad como la única salida que ven en sus vidas», ejemplificó.

Asimismo, Bianco aseguró que «en los pocos casos en los que la ley se cumplió» ayudó en la concientización y cuidado de la mujer. «El problema es que no llegó a las aulas. Es una ley incumplida. Por eso aún no se observan resultados», remarcó. «No hay estadísticas pero lo que sabemos de las provincias es que no se da. Incluso en CABA fue uno de los pedidos de los alumnos en las tomas. El Ministerio de Educación de la Nación elaboró materiales y capacitó docentes, pero no se enfrentó el problema político en el Consejo Federal de Educación donde los ministros provinciales deben asumir el compromiso», agregó.

En la misma línea, Almada considera que el programa entró en una decadencia y que no se aplica como debería: «Este año se despidieron a muchas de las personas que conformaban el programa de ESI a nivel nacional. Ya no se imprimen materiales y no se llevan a cabo las formaciones, registros y monitoreos que el programa desarrollaba desde el Ministerio para todo el país», advirtió. «El ambicioso proyecto quedó reducido a una o dos actividades, a jornadas aisladas en algunas provincias, sin secuencias de acciones de manera coordinada».

Consultada por Infobae, una fuente oficial del Ministerio de Educación de la Nación aseguró que «hay un seguimiento de las distintas acciones que se vienen implementando» pese a no contar con una estadística de su nivel de aplicación. «Al ser una ley vinculante, dentro de los diseños curriculares, aparece la educación sexual integral abordada de una forma transversal y muchas veces de enlace», afirmó.

Con su sanción, la ley también estableció la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, donde se imparten distintos cursos en los que «generalmente hay muchos inscriptos». Desde el Ministerio señalaron: «Los responsables de la supervisión de la ley somos todos. Cada jurisdicción planifica las distintas acciones y nosotros acompañamos y nos comunicamos con los referentes jurisdiccionales para trabajar con ellos en función de visibilizar. Nosotros respetamos la autonomía de cada jurisdicción, pero consideramos que hubo una mejora considerable en el nivel de información».