América del Sur

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Estados Unidos en Venezuela

Silvina Romano y Aníbal García

Por: Silvina Romano y Aníbal García

El Congreso estadounidense viene dedicando importantes energías y recursos a “resolver” la situación en Venezuela, como si se tratase de territorio soberano estadounidense. Solo en lo que va de 2017: se aprobó una ley (en enero) mediante la cual se asignan 7 millones de dólares para la “asistencia para la democracia y los derechos humanos de la sociedad civil de Venezuela”; una propuesta de ley para los refugiados venezolanos (abril), otra propuesta para la Asistencia Humanitaria y la defensa de la Gobernanza Democrática (mayo), además de una resolución para instar al presidente Trump a implementar sanciones (abril).[1] Sin dudas, el proyecto de ley más “integral”, fue el presentado por un grupo bipartidista de 15 senadores estadounidenses, encabezado por Ben Cardin (Demócrata) y Marco Rubio (Republicano) a principios de mayo (S. 1018).[2] El proyecto presenta al menos dos dimensiones interesantes y sugerentes para agregar a los análisis sobre el conflicto en Venezuela desde la perspectiva de los intereses estadounidenses: la relativa al texto del proyecto de Ley en sí mismo – que puede ser comprendido como una suerte de mapa a seguir por el gobierno-sector privado estadounidense en Venezuela- y la relativa al petróleo y la seguridad estadounidense.

Lineamientos para el retorno al neoliberalismo en Venezuela

La Ley Cardin “para proveer ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela, defender la gobernanza democrática y combatir la expansión de la corrupción pública en Venezuela” es presentada como una hoja de ruta para los organismos del gobierno estadounidense y sus funcionarios, así como para organismos internacionales, dando por sentado que finalmente se llegará a un escenario propicio para aplicar las medidas propuestas, muchas de las cuales han sido rechazadas de modo contundente por el gobierno venezolano –el cómo se logra este escenario, está asociado a las estrategias de desestabilización que han sido aplicadas sistemáticamente, cada vez con mayor insistencia y virulencia, panorama en el que se incluyen planes del Comando Sur como Operación Freedom 2[3].

Los aspectos que aborda el proyecto de ley son: asistencia humanitaria, apoyo a la OEA en la aplicación de la Carta Democrática; apoyo de organismos internacionales en el monitoreo de elecciones; apoyo a los países del Caribe. Como justificación de estas medidas se enuncia lo relativo a la corrupción y el narcotráfico (planteando sanciones concretas para funcionarios venezolanos), así como la relación de PDVSA con empresas rusas y la amenaza a la seguridad de EEUU.

Como asunto fundamental, se proporcionan una serie de datos sobre la crisis alimentaria y de acceso a medicinas en Venezuela, aduciendo que hay altos índices de malnutrición, especialmente en niños. Llama la atención que este tipo de atención solo vaya destinada para Venezuela, cuando en América Latina hay países como Guatemala donde uno de cada dos niños entre cero y seis años sufre de desnutrición;[4] o México, donde más del 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza.[5]

Desde un inicio, el documento presume que el gobierno venezolano es autoritario y que no representa los intereses o necesidades de los venezolanos y por eso el objetivo es que el Presidente Maduro acepte la ayuda para resolver la “crisis humanitaria”; restituya los poderes a la Asamblea Nacional; permita llevar a cabo elecciones “de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Sec.3). En particular esta última “sugerencia” da cuenta de un ánimo intervencionista, al poner en duda el propio conocimiento del gobierno de Venezuela sobre lo establecido en la Constitución, cuando el gobierno ya ha planteado una alternativa, la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, que por no responder a los cánones democráticos esperados por la comunidad internacional y la oposición, ha sido definida como “ilegítima” (a pesar de que es una alternativa que figura con claridad en la Constitución).

Pero el intervencionismo se exhibe con mayor claridad aún en lo referido al modo en que se implementará la “asistencia humanitaria”: fluirá por medio de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y ONGs, que además de proveer los alimentos y medicinas “necesarias”, gestionarán “asistencia técnica para garantizar su distribución además de procurar mejorar la transparencia y accountability de las instituciones públicas de Venezuela” (Sec 4, incisos 3 y 4). Se deriva de esta propuesta que los técnicos estadounidenses y de ONGs locales asociadas a la USAID serían los encargados de intervenir para reorganizar el funcionamiento correcto de los organismos estatales. A esto se suma además la actuación de la ONU, la Organización Panamericana para la Salud, el BID y el BM (Sec. 5, inciso 3). Se plantea entonces, sin reparo, el desembarco de las Instituciones Financieras y Organismos Internacionales coordinados por oficinas del gobierno estadounidense para “reorientar” al Estado venezolano. Trayectoria que no solo remite al recetario neoliberal (que probó ser fallido en Venezuela), sino que se trata de un modus operandi pos-Golpe aplicado en varias experiencias anteriores (especialmente sugerente es el caso de Guatemala en 1954).[6] Tal vez debido a estos antecedentes, el proyecto de Ley considera que estas sugerencias son prácticamente un hecho y solicita la asignación de un presupuesto de aproximadamente 10 millones de dólares para su ejecución (Sec. 7).

Como medida de presión complementaria de cara a lograr el escenario requerido para aplicar los lineamientos planteados, se propone trabajar con mayor énfasis en las sanciones para funcionarios venezolanos “corruptos”, responsabilizándolos por la erosión de la democracia (Sec 9 y 10). Una apuesta que ha tenido éxito en Brasil, con el Lava Jato y el corolario de cárcel de 9 años para Lula da Silva, todo un montaje dirigido a dirimir los conflictos políticos a través de la vía judicial, para eliminar las alternativas políticas posibles[7].

Pero no se trata solo de “limpiar” la burocracia Estatal venezolana y (re)construir un Estado a imagen y semejanza de la “democracia neoliberal”. Se propone para ello asfixiar la economía venezolana. Por un lado, se enfatiza en la necesidad y urgencia de que EEUU se acerque a los países del Caribe que estén vinculados a Venezuela por medio del petróleo –y que son los que vienen bloqueando en cierta medida la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela en las votaciones de la OEA. Se postula la necesidad de lograr un mayor acceso a las fuentes energéticas de esos países, incluido el desarrollo de proyectos de financiamiento de energías alternativas por medios público-privados (Sec. 8). Se pide la acción conjunta de Departamento de Estado, USAID y la Overseas Private Investment Corpororation (todos organismos que han estado implicados en procesos de desestabilización desde la Guerra Fría hasta la actualidad).[8] Por otro lado, se busca debilitar a PDVSA, aduciendo que se trataría de una empresa que pone en riesgo la “seguridad nacional” de Estados Unidos.

CITGO, la “amenaza” a la Seguridad Nacional de Estados Unidos

Uno de los rubros destacados de la Ley Cardin es el llamado de atención sobre PDVSA y su filial en Estados Unidos, PDVSA-CITGO. Según el texto S.1018, CITGO tiene una importancia crucial para la Seguridad Nacional estadounidense, con implicaciones geopolíticas preocupantes, más allá de la inestabilidad económica y política venezolana. Según las propias fuentes estadounidenses, PDVSA obtuvo un préstamo de la petrolera Rosneft -controlada por el gobierno ruso- utilizando 49.9% de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO Petroleum Corporation, incluyendo sus activos en Estados Unidos, como garantía”.[9] Se aduce de que se trata de un asunto vital para la seguridad nacional estadounidense, en términos estratégicos, pues se estima que CITGO posee y controla infraestructura en 19 estados estadounidenses, incluyendo tuberías, refinerías en Louisiana, Illinois y Texas, que procesan 749 mil barriles al día, más de 6 mil gasolineras en 27 estados, sobre todo de la Costa Este. La refinería de CITGO en Louisiana es la sexta refinería en tamaño en Estados Unidos. Aun tomando nota de estas características, CITGO no se compara con las grandes petroleras de EEUU, como Exxon, que ha sido catalogada como la empresa de hidrocarburos más grande del mundo[10]. De modo tal que las sanciones solicitadas estarían dirigidas a generar un embargo que disminuya considerablemente las finanzas venezolanas en un contexto de baja de los precios de petróleo a nivel mundial.

Por otra parte, la voz de alarma se enciende al asegurar que en caso de “default o incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado venezolano”, una filial de PDVSA como CITGO, podría quedar en manos de la rusa Rosneft y se desliza que eso permitiría la “penetración rusa” en EEUU (Sec 11, inciso 5). Esto que es presentado como una posible estrategia de injerencia ruso-venezolana es rápidamente desbaratado por los hechos: no se trata de la influencia de CITGO, sino del protagonismo de las petroleras en la política y la economía estadounidense en general (debido al modo en que opera el cabildeo y la puerta giratoria en esa democracia: baste recordar que el actual secretario de Estado, Rex Tillerson, es histórico CEO de Exxon). Un ejemplo es que CITGO cabildea desde hace meses en la Casa Blanca y aportó 500.000 dólares a la campaña de Trump, sumándose a acciones similares de Chevron, Exxon, BP, etc.[11] Así, es poco probable que CITGO constituya una verdadera amenaza para un gobierno como el estadounidense, respaldado por las grandes petroleras, que lejos de destinar energías a preocuparse por una intervención rusa, apuestan por un plan de expansión (America First Offshore Energy) que pretende hacer de Estados Unidos el “líder y principal proveedor de energéticos a nivel mundial y asegurar los principales mercados de energéticos del mundo”.[12]

Por todo lo anterior, para Estados Unidos es primordial que de un modo u otro se “reemplace” al gobierno actual por otro predispuesto a subordinarse política y económicamente. Por lo pronto, en las próximas semanas vencerán los plazos relativos a las sanciones y juicios a funcionarios venezolanos, de modo que habrá que estar atentos a nuevos capítulos del intento de intervención de Estados Unidos en América Latina. Veremos…

[1] Congressional Research Service, “Venezuela: Background and US Policy”, June 2017, pp 29-30.

[2] https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1018/text

[3] http://www.celag.org/el-comando-sur-en-america-latina-y-la-inestabilidad-en-venezuela-por-silvina-romano/

[4] http://www.hispantv.com/noticias/guatemala/327268/desnutricion-derechos-ninos-programas-jimmy-morales

[5] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/23/1082333

[6] http://www.journals.unam.mx/index.php/deraizdiversa/article/view/58498

[7] http://www.celag.org/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-america-latina/

[8] http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052012000300011

[9] “Venezuela Humanitarian Assistance and Defense of Democratic Governance Act of 2017” https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1018/text

[10] https://www.forbes.com/sites/laurengensler/2017/05/24/the-worlds-largest-oil-and-gas-companies-2017-exxon-mobil-reigns-supreme-chevron-slips/#29dc39974f87

[11] http://docquery.fec.gov/pdf/286/201704180300150286/201704180300150286.pdf en concreto véase la página 21. CITGO a su vez, contrató a la firma de Corey Lewandowski (ex asesor de campaña de Trump) para tener injerencia en las decisiones políticas estadounidenses respecto a restricciones y sanciones.

[12] https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/28/presidential-executive-order-implementing-america-first-offshore-energy

Fuente: http://www.celag.org/estados-unidos-en-venezuela/

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El pensamiento crítico latinoamericano hoy

Emir Sader Simon

Por:Emir Sader

Siempre habían coincidido períodos históricos importantes para el continente y auges del pensamiento crítico latinoamericano. El período vivido por varios países del continente en este siglo configura, sin ninguna duda, un período especial en que, a pesar de los efectos negativos vividos por el continente como resultado de las grandes trasformaciones regresivas vividas por el mundo en las últimas décadas y por las tendencias negativas predominantes en el mundo actualmente, tuvimos países que han reaccionado positivamente, a contramano de lo que pasa en el mundo.

No solo fue un período importante por ello, sino por el surgimiento, como una de sus expresiones, de una generación de líderes políticos excepcionales, como Hugo Chávez, Lula, Néstor y Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, entre otros. Bastaría ello para confirmar que es un período extraordinario.

Sin embargo, tampoco se puede negar que el pensamiento crítico no ha estado a la altura de los desafíos políticos enfrentados por esos gobiernos, no se ha generado un período de auge de nuevas construcciones teóricas muy importantes para el pensamiento latinoamericano. ¿A qué se debe ello?

Sin duda una de las dificultades es la misma complejidad de ese período, su carácter contradictorio. Globalmente es un período de retrocesos, con el paso de un mundo bipolar a un mundo unipolar bajo la hegemonía imperial norteamericana; con el paso de un ciclo largo expansivo del capitalismo a un ciclo largo recesivo; con el paso de la hegemonía de un modelo de bienestar social a la de un modelo de competencia libre en el mercado. América Latina vivió esos cambios de forma concentradamente negativa, marcados por la crisis de la deuda a finales de los años 1970; dictaduras militares en algunos de los países más importantes del continente; y por ser la región del mundo que tuvo más gobiernos neoliberales y en sus modalidades más radicales.

Las dificultades para comprender cómo, en un marco negativo como ese, fue posible el surgimiento de gobiernos progresistas, es un problema teórico que hay que descifrar, para poder enfrentar los dilemas del nuevo período, así como las herencias como Estados mínimos y economías desindustrializadas, con la soya y la extracción de productos primarios con un rol importante, con la mayor parte de los trabajadores sin contrato de trabajo, con profundas desigualdades sociales, entre otras.

Gobiernos antineoliberales

Comprender el carácter antineoliberal de las izquierdas en nuestro tiempo, así como el carácter de esos gobiernos, que han tenido como prioridad las políticas sociales y no los ajustes fiscales; los procesos de integración regional y el intercambio Sur-Sur y no los Tratados de Libre Comercio con los EEUU; el rescate del papel activo del Estado como inductor del crecimiento económico y como garante de las políticas sociales, en lugar de la centralidad del mercado, es condición para comprender la era neoliberal del capitalismo.

Las dificultades para esa comprensión han llevado a que algunos intelectuales y corrientes de pensamiento hayan sido llevados a rechazar el rol del Estado y a centrar su reflexión y las formas de acción en la “sociedad civil”, en contra del Estado, de la política, de los partidos. Han propuesto la “autonomía de los movimientos sociales” respecto a la política, recayendo en posiciones corporativas y que han relegado a los que han adoptado esa posición a la defensiva permanente, a la impotencia en la disputa política y finalmente a la intranscendencia e incluso a la desaparición de algunos movimientos, como fue, por ejemplo, el caso de los piqueteros.

Una vez surgidos gobiernos con los rasgos apuntados, esa dirección de pensamiento ha desconocido su importancia, empezando por disminuir profundamente las desigualdades sociales en el continente más desigual del mundo, el fortalecimiento de los Estados en la lucha por la superación del neoliberalismo, el fortalecimiento y expansión de procesos de integración regional independientes de los EEUU, como única región del mundo que tuvo un conjunto de gobiernos antineoliberales y procesos de integración con esos rasgos.

Reducir a gobiernos como los de Bolivia y Ecuador a “modelos extractivistas” es un reduccionismo economicista radical. Los gobiernos de Perú han sido eso. Los de Bolivia y Ecuador no pueden ser reducidos a eso, incluso porque sus rasgos fundamentales son otros –sociales, étnicos, políticos, culturales, económicos–, que van mucho más allá de una caracterización tan reductiva y simplista como esa.

Como resultado, una parte de la intelectualidad latinoamericana ha quedado aislada de los más importantes procesos políticos que sus países y Latinoamérica han vivido. El sectarismo, el intelectualismo, la falta de contacto con la realidad concreta de los países y de los pueblos de nuestro continente, los ha reducido a producir artículos críticos, a una incapacidad de pensar lo nuevo, impidiéndoles ir más allá de las teorías clásicas.

Pero una parte del pensamiento crítico ha sabido comprender los rasgos innovadores del nuevo período histórico, de la lucha por superar el neoliberalismo, a contramano de las tendencias dominantes del capitalismo en escala mundial. Han comprendido la naturaleza de esos gobiernos, sus particularidades y por ello, entre otras cosas, han hecho los mejores balances críticos de esos gobiernos. (Como se puede ver en el libro Las Vías Abiertas de América Latina, en sus ediciones ecuatoriana, argentina, venezolana y boliviana, y luego en la brasileña). La obra de Álvaro García Linera, el más importante intelectual latinoamericano contemporáneo, es la mejor expresión de esa capacidad de comprender esos fenómenos y de cómo ellos permiten la mayor creatividad teórica, los mejores balances y las mejores proyecciones del futuro posible del continente.

En el momento en que incluso los organismos que tradicionalmente habían representado el pensamiento crítico han perdido representatividad, capacidad de aglutinación y de convocatoria del pensamiento crítico, es hora de que nuevas generaciones de intelectuales críticos ocupen el lugar de destaque y produzcan, apoyados en lo mejor que se ha generado, un nuevo pensamiento crítico latinoamericano, a la altura de los desafíos que el continente enfrenta.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229274

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Chile: Educación superior; Cinco puntos críticos para el Senado

Raúl Figueroa Salas

Por: Raúl Figueroa Salas

El Senado tendrá la responsabilidad de enmendar en su esencia el proyecto de ley, lo que requiere tiempo, capacidad de escuchar y, sobre todo, una mirada de largo plazo que ponga el bien del país por sobre el cálculo político mezquino.

Luego de un año de discusión y ante el inminente despacho del proyecto de reforma a la educación superior desde la Cámara de Diputados al Senado, las críticas a su diseño se mantienen. La urgencia que plasmó el Gobierno en su discusión, que tuvo como símbolo una trasnochada sesión de la Comisión de Educación y un fugaz paso por la de Hacienda, no ayudó a despejar las dudas respecto de su alcance, tanto en lo que a responsabilidad fiscal se refiere como respecto del freno que puede significar para el desarrollo futuro del sistema de educación superior.

El Senado tendrá la responsabilidad de enmendar en su esencia el proyecto de ley, lo que requiere tiempo, capacidad de escuchar y, sobre todo, una mirada de largo plazo que ponga el bien del país por sobre el cálculo político mezquino.En un esfuerzo por sintetizar los aspectos más sensibles en los que debiese estar el foco del debate, a continuación se esbozan cinco puntos críticos que requieren ser abordados.

Lo primero es el déficit que la gratuidad, eje principal del proyecto, genera en las universidades. Durante el 2016 esta política, cuya implementación se inició mediante la Ley de Presupuesto, significó para 15 universidades un déficit de 20 mil millones de pesos, que sólo aumenta en la medida que la política se amplíe a jóvenes de familias con más ingresos. De hecho, de acuerdo a una estimación de Acción Educar ese déficit se incrementa en $4.000 millones si la gratuidad se amplía al sexto decil socioeconómico. El impacto en calidad de la pérdida que se genera es evidente y, aunque el Gobierno anunció recientemente cambios en la forma de calcular las transferencias de recursos a las universidades, nada permite señalar que el proyecto asegure una medida concreta para resolver esta situación adecuadamente.

Un segundo aspecto crítico dice relación con el excesivo costo fiscal que la gratuidad universal implica y el carácter regresivo de la política que se propone. De acuerdo a las estimaciones del Gobierno, esta política tiene en régimen un costo de US$ 3.600 millones al año, correspondiente a un 1,2% del PIB, lo que podría aumentar considerando que, como se dijo, genera por diseño un déficit en las instituciones de educación superior y, consecuencia de ello, una presión constante porque el Fisco se haga cargo de suplir con recursos esa falencia. Pero no sólo es una política cara, sino que además es injusta en cuanto a la distribución del gasto público; cuando la gratuidad universal esté en régimen, el Estado estará destinando prácticamente el doble de recursos en los estudiantes provenientes del 20% más rico de la población en comparación al 20% de menos recursos.

En tercer lugar, el proyecto que está por aprobarse en la Cámara de Diputados implica un control estatal excesivo que se contrapone a la necesaria autonomía que se le ha reconocido históricamente a las universidades. Este control se manifiesta en la atribución que se entrega al aparato estatal para fijar los precios y las vacantes del sistema que, paradójicamente, se traduce en restricción de cupos para los más vulnerables y, por ende, en estancar las mejoras en equidad en el acceso a la educación (materia en la que Chile tiene el mejor lugar de Latinoamérica). En la misma línea, la fijación de precios restringe la capacidad de las instituciones de desarrollar iniciativas complementarias y pone un límite a la calidad de sus proyectos.

Un cuarto punto dice relación con la homogenización del sistema y la pérdida de diversidad que ello implica. El nuevo sistema de aseguramiento de la calidad que se propone conlleva el riesgo de alterar la esencia de determinados proyectos educativos, forzando a todas las instituciones hacia un modelo de universidad compleja difícil de alcanzar. El desafío que tenemos es contar con proyectos de calidad, pero reconociendo la diversidad que facilita que cada joven, con inquietudes y capacidades distintas, encuentre un espacio de desarrollo. La tantas veces nombrada fijación de precios también influye en la inconveniente homogenización de los proyectos, ya que obliga a las instituciones a adecuarse a un modelo teórico de universidad que el Estado utiliza para asignar los escasos recursos disponibles.

Por último, el proyecto en comento tiene diversas disposiciones que entran en conflicto con la Constitución y que, de no resolverse, deberán zanjarse en el Tribunal Constitucional, tal como ya ocurrió con la glosa presupuestaria mediante la cual el Gobierno está impulsando la gratuidad. En términos generales, los aspectos del proyecto que chocan con la Constitución son los que limitan la autonomía de las instituciones de educación superior, tanto en la forma en que se pueden organizar como respecto de las operaciones que pueden llevar a cabo. Además, se aprecia un excesivo control estatal sobre ellas y una mirada restrictiva de la diversidad de los proyectos educativos, que no es compatible con el tratamiento que la Constitución le da a la libertad de enseñanza.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar

Fuente: http://ellibero.cl/opinion/educacion-superior-cinco-puntos-criticos-para-el-senado/

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España es el cuarto país de la OCDE con menor nivel de ocupación

Noticias

España / www.expansion.com / 19 de Julio de 2017

  • Junio se salda con 98.317 parados menos hasta los 3.362.811, su nivel más bajo en ocho años

  • La Seguridad Social gana 87.692 afiliados en junio

  • ¿Cuáles son las ciudades con más y menos renta y paro en España? Pozuelo y Linares, los extremos

El nivel de ocupación en España se situó en el 60,4% de la población en edad de trabajar en el primer trimestre de este año, con lo que ocupa el cuarto país con menor nivel de ocupación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En un informe, la organización internacional señala que en España hay 18,4 millones de ocupados, lo que representa el 60,4% de la población en edad de trabajar empleada.

La media en el 67,4%

Este porcentaje es inferior a la media de la OCDE, cuya ocupación ascendió al 67,4%, hasta emplear a 557 millones de personas, y también superior a la media de la UE (67,2% y 220,4 millones de personas empleadas).

Mientras, los tres últimos lugares los ocupan Turquía, con el 50,9% de ocupación, siendo el país con el menor nivel de toda la OCDE; Grecia (52,7%) e Italia (57,7%).

Frente a estos porcentajes se sitúan Islandia, con un 86,9% de ocupación, siendo el país con el mayor nivel. Le siguen Suiza (79,3%), Suecia (76,8%) y Nueva Zelanda (76,3%).

Subida de tres décimas en España

En el caso de España, la ocupación creció tres décimas con respecto al cuarto trimestre de 2016, y 1,4 puntos porcentuales en el último año, ya que de enero a marzo de 2016 se situó en el 59%.

Por género, en España hubo un 55% de mujeres ocupadas en el primer trimestre de 2017, y un 65,7% de hombres.

Estas cifras se sitúan lejos de la media de la OCDE, cuya ocupación fue del 59,7% en el caso de las mujeres, y del 75,1% entre los hombres; y alejadas de la media de la UE, con un 62% de mujeres y un 72,4% de hombres trabajando.

Según la edad

Por tramos de edad, el empleo entre los menores de 25 años en España se situó en el 19,4% de los jóvenes, el segundo país de la OCDE con la menor tasa. No obstante, la cifra aumentó en 1,3 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2016.

Por su parte, la ocupación de quienes tenían entre 25 y 54 años creció en 1,7 puntos en el último años, hasta abarcar al 72,5%, y en los más mayores (entre 55 y 64 años), el porcentaje fue del 49,8%. En todos los tramos de edad, España se situó por debajo de la media tanto de la OCDE como de la UE.

Fuente:http://www.expansion.com/economia/2017/07/17/596c947a46163fac2c8b4594.html

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Colombia analiza en EEUU avances para ingresar a OCDE y etapa laboral del TLC

Noticias

Colombia / www.globovision.com / 19 de Julio de 2017

Entre los días lunes y martes la ministra de Trabajo de Colombia, Griselda Restrepo, analizará con altos funcionarios de EEUU los avances para el acceso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), asimismo se hará seguimiento al capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países.

«Además de lo relacionado con el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), vamos a contar los diferentes avances que el Ministerio del Trabajo y que Colombia ha hecho en los diferentes compromisos internacionales que ha adquirido», dijo Restrepo en un comunicado.

La ministra destacó que hay cifras importantes que resaltar, lo que a su juicio demuestra el compromiso del país andino con «diferentes temas como el trabajo decente, la protección a sindicalistas, el reforzamiento de la inspección, vigilancia y control, y aumento de la formalidad laboral, entre otros».

Cabe destacar que Colombia ya obtuvo el visto bueno en 20 de los 23 comités que hacen parte de la hoja de ruta para acceder a la OCDE, un proceso que comenzó en 2013.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, Restrepo se reunirá con su par estadounidense Alexander Acosta, y la subsecretaria de Estado de Finanzas Internacionales y Desarrollo de la Oficina de Asuntos de Economía y Comerciales, Lisa Kubiske.

En su paso por Estados Unidos también sostendrá un encuentro con la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y con el director de WOLA, Matt Clausen.

Fuente:http://globovision.com/article/colombia-analiza-en-eeuu-avance-para-ingresar-a-ocde-y-tlc

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Venezuela: La oposición redobla la apuesta

Atilio Borón

Por: Atilio Boron

Sólo espíritus ingenuos pueden desconocer que la oposición venezolana está instrumentando una estrategia a dos puntas para derrocar al presidente constitucional de ese país. Un sector optó por desatar la violencia en sus variantes más aberrantes como forma de instalar la imagen de una “crisis humanitaria” -producto del desabastecimiento planificado de productos de primera necesidad y la orgía de ataques, saqueos, “guarimbas”, incendios a personas vivas y atentados con “bombas molotov” a escuelas y hospitales- que sirva como preludio a una invasión no menos “humanitaria” del Comando Sur y, aplicando la receta utilizada en Libia para derrocar y linchar a Gadafi, producir el ansiado “cambio de régimen” en Venezuela. Hay un sector de la oposición que no concuerda con esa metodología porque barrunta que el final puede ser una guerra civil en donde las masas chavistas, quietas por ahora, salgan a dar batalla y pongan fin al enfrentamiento infligiendo una aplastante derrota a los golpistas. Pero esta ala de la oposición, llamémosla institucional o dialoguista (aunque en realidad no sea ni lo uno ni lo otro) estuvo durante estos meses sometida a la intimidación o lisa y llana extorsión de la fracción violentista que juzgaba como una incalificable traición el sólo hecho de sentarse a negociar con el gobierno una salida no violenta a la crisis.

Pero ahora las cosas parecen cambiar, y para mal. ¿Por qué? Porque al parecer las estrategias de ambas fracciones se han unificado bajo la batuta que desde Estados Unidos lleva el Comando Sur (el binomio terrorista formado por el Almirante Kurt Tidd y la ex embajadora en Paraguay y Brasil en tiempos de golpe de estado Liliana Ayalde). Debido a ello los sectores “dialoguista” han convocado, para este próximo domingo 16 de Julio, a un plebiscito o «consulta soberana» que no es otra cosa que la antesala de un golpe de estado porque en dicho ejercicio se le preguntará a la ciudadanía si quiere o no un cambio total e inmediato de gobierno y, simultáneamente, decretar la ilegitimidad de la legal y legítima convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente programada para el día 30 de Julio y que ha registrado ya más de cincuenta y cinco mil candidaturas en todo el país. Pero la oposición no quiere esperar todo ese tiempo y mucho menos competir en una elección con todas las reglas. Por eso montó este ejercicio absolutamente informal, sin ningún tipo de garantías ni registros; ni padrones electorales ni normas de recuento y fiscalización pública, en un país en donde, según lo asegurara el ex presidente James Carter, el sistema electoral es más transparente y confiable que el de Estados Unidos. Es más, según lo afirmara Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, una vez que las improvisadas mesas receptoras de votos terminaran su recuento y se proclamara el resultado del plebiscito –que obviamente darían el triunfo a quienes votaron derogar de inmediato al gobierno de Maduro – las actas serían quemadas para evitar futuras represalias del chavismo y, de paso, cualquier tipo de verificación independiente. Además, dijo que “el único requisito para poder emitir su opinión en la consulta popular es presentar su cédula de identidad, vencida o no, en cualquiera de los puntos soberanos” y, sin decirlo, dejó entrever que los ciudadanos podrán votar cuántas veces quieran y donde deseen. [1] Va de suyo que el gobierno bolivariano, como cualquier otro, desconocerá esta patética pantomima lo cual provocará la furiosa protesta de los antichavistas que, atizados por la propaganda de la derecha golpista, se sentirán estafados en su voluntad escalando a nuevos niveles de violencia la confrontación que ya azota al país. [2] 

Los autoproclamados defensores de la democracia y la república en nuestros países (así como el impresentable Secretario General de la OEA) han expresado su simpatía ante este estallido anómico que celebran como si fuera un venturoso florecimiento del protagonismo de la sociedad civil en Venezuela siendo que no es más que una siniestra maniobra para desatar una crisis que abra la puerta a una invasión del Comando Sur, eventualidad que es reconocida explícitamente por algunos personajes más moderados de la MUD, como el ya mencionado Ochoa Antich. Habrá que ver qué sucede este próximo domingo [nota escrita antes del 16 de julio] en Venezuela, y también cuál podría ser la repercusión en nuestros países. Quienes han manifestado su complacencia con esta iniciativa golpista de la oposición antichavista –políticos del establishment latinoamericano y la “prensa corrupta”, como la designara el ex presidente Rafael Correa- harían bien en pensarlo dos veces. No vaya a ser que aparezcan quienes, inspirados en el ejemplo venezolano, decidan también ellos convocar a una “consulta soberana” para preguntarle a la ciudadanía, ante la grave crisis que afecta a nuestros países, si Mauricio Macri, Michel Temer o Enrique Peña Nieto deben o no continuar ejerciendo la presidencia.

Si los sempiternos custodios de la democracia y las instituciones republicanas en Argentina, Brasil o México convalidan –sea abiertamente o con su silencio cómplice- la payasada que se escenificará este próximo domingo en Venezuela no deberían sorprenderse si al cabo de un tiempo una iniciativa similar fuese propuesta para ser llevada a la práctica en estos países. Para nadie es un misterio que la legitimidad de sus gobiernos está profundamente cuestionada –la estafa post electoral del macrismo, el golpe de la cleptocracia en el Brasil, la abismal crisis política y social en México- y que la crisis económica y las políticas de ajuste han intensificado a tal extremo la explotación y los padecimientos de las masas populares que sería temerario descartar una violenta irrupción de rebeldía plebeya, misma que encontraría en una “consulta soberana” como la que próximamente se realizará en Venezuela, el pretexto ideal para tratar de poner fin, antes de tiempo, a gobiernos repudiados por la gran mayoría de sus ciudadanos.

Notas:

[1] Ver las declaraciones de Borges en http://www.notiminuto.com/noticia/cuadernos-electorales-seran-quemados/#

[2] Esto motivó la reacción de un dirigente de la MUD, Enrique Ochoa Antich, quien hizo pública su negativa a participar de la consulta porque, según sus palabras, desencadenaría “más fractura y más violencia, incluso una guerra civil, financiada desde el exterior e incluso con una intervención extranjera.” Ver su reveladora nota titulada “Por qué no votaré el 16” en http://puntodecorte.com/no-votare-16/

Fuente:https://www.rebelion.org/noticia.php?id=229210

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Colombia: Peligra vida de prisioneros de las FARC por «negligencia del sistema judicial»

Noticias

Colombia / www.laremap.com / 19 de Julio de 2017

Este viernes, ‘Jesús Santrich’, integrante del Estado Mayor Central de las FARC, fue hospitalizado en la clínica Shaio de Bogotá después de completar 19 días de huelga de hambre junto a más de 1.400 excombatientes que permanecen encarcelados, y que exigen al Gobierno cumplimiento de la Ley de Amnistía para más de 2.000 prisioneros políticos cobijados por el Acuerdo de Paz.

Aunque la Ley de Amnistía fue aprobaba en el Congreso de la República el 30 de diciembre de 2016, luego de más de seis meses, los jueces del país, salvo algunas excepciones, no la aplican a cabalidad, un hecho que las FARC califican como «negligencia del sistema judicial”.

“Lamentamos que las vidas de nuestros camaradas estén en graves riesgos de salud por causa de la negligencia del sistema judicial, estos casos, como el que ahora presenta nuestro compañero, no deberían estar ocurriendo”, declaró la dirección de las FARC este viernes.

La huelga de hambre fue declarada desde el 26 de junio. Problemas de salud como los que presenta ‘Santrich’, ponen en riesgo la vida de los prisioneros que completan 20 días en huelga de hambre y cuya responsabilidad recae en el Gobierno por no cumplir el Acuerdo de Paz. Esto constituye, señalan las FARC, “un mensaje negativo hacia el mundo de la falta de compromiso del Estado colombiano en el cumplimiento de lo acordado”.

Las FARC cumplieron con el Acuerdo de Paz dejando las armas el 27 de junio. La comunidad internacional ha sido testigo del cumplimiento de la guerrilla con sus compromisos; pero no ve el mismo compromiso en el Gobierno que incumple de manera reiterada. Para la ONU, por ejemplo, que en este momento integrantes de las FARC permanezcan encarcelados va en contravía de la paz, tal como lo afirmó en comunicado del 13 de julio.

“La detención de los miembros de las FARC-EP en las cárceles por más de seis meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía y dos semanas después de la finalización de la dejación de armas individuales, socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz”,indicó la ONU.

Fuente: http://www.laremap.com/2017/07/huelga-de-hambre-farc-negligencia-judicial.html

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