Nuevo triunfo de la lucha sindical: Los docentes podrán solicitar sus cesantías anualmente
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE- informa que el Consejo de Estado expidió el auto que resuelve la solicitud de incidente fiscal, en el cual resolvió “negar las pretensiones del incidente de impacto fiscal propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y en consecuencia se abstuvo de modular los efectos de la sentencia del 24 de octubre de 2019 que anuló la periodicidad de 3 años para que los directivos docentes y docentes solicitaran sus cesantías parciales”. Esto significa que una vez haya terminado el trámite de recolección de firmas de los magistrados que intervinieron en la expedición del auto, este haya sido notificado y quede en firme que el magisterio podrá reclamar sus cesantías anualmente.
En 2019, en respuesta a una demanda presentada por un docente, el Consejo de Estado emitió sentencia que ordenó a la Nación, al Ministerio de Educación y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio eliminar la barrera de los 3 años para la solicitud por parte de los docentes. Como consecuencia lógica de esta providencia, Fecode requirió a la Fiduprevisora la expedición de una directiva o circular para que se procediera a cumplir dicha sentencia.
Sin embargo, el gobierno, a través del Ministerio de Educación y avalado por el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en vez de acatar la justa decisión, recurrió a la solicitud de apertura de incidente de impacto fiscal a la sentencia proferida para que esta fuera negada, argumentando que las peticiones afectaban la economía nacional, por cuanto sostenían que los pagos anuales perjudicaban de manera considerable la sostenibilidad fiscal de la Nación.
Fecode viene en una lucha de muchos años porque se respete este derecho de los docentes. Las cesantías se cancelan con recursos que ya depositaron los maestros en el Fomag y deben estar allí. Por eso, ante la respuesta negativa del Gobierno inició la correspondiente defensa jurídica a través de un abogado externo. El Consejo de Estado citó a una audiencia pública en octubre del año pasado, donde participaron entre otros, la Federación, Procuraduría, abogados y economistas expertos, Gobierno y el abogado del proceso inicial. Allí, las partes argumentaron sus motivos y el Comité Ejecutivo defendió los derechos de los docentes.
Producto de esta defensa, el alto tribunal emitió el auto que resuelve la solicitud de incidente de impacto fiscal, el pasado 3 de febrero, donde ratifica en forma íntegra la sentencia. Ahora bien, se aclara que este auto todavía está para firmas de los magistrados y no se ha notificado a las partes. Una vez se cumpla esta diligencia y esté ejecutoriado, será de obligatorio cumplimiento; a partir de entonces, los docentes podrán gestionar efectivamente estas prestaciones de manera anualizada en las oficinas regionales y la Nación tiene la obligación de entregar los recursos.
El Comité Ejecutivo y los representantes de Fecode ante el Fomag exigen nuevamente que se cancelen las cesantías sin la barrera de los tres años y en los tiempos de ley, tal como lo dispuso la sentencia; así mismo, el efectivo funcionamiento de la plataforma Humano, que ha presentado múltiples problemas; y continuará en la firme defensa del Fondo de Prestaciones Sociales y de los derechos de los trabajadores de la educación.
Fuente de la Información: https://www.fecode.edu.co/index.php/nuevo-triunfo-de-la-lucha-sindical-los-docentes-podran-solicitar-sus-cesantias-anualmente.html
La Junta Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) rechaza la exigencia de la inclusión obligatoria de licencias de programas privativos y monopólicos en la licitación pública de equipamiento para el Programa Conectar Igualdad.
Así como celebramos la recuperación de un programa tan valioso para nuestras pibas y pibes -que durante el gobierno neoliberal de Macri se había desmantelado-, también lamentamos profundamente que este avance se opaque favoreciendo la injerencia de las grandes empresas y corporaciones privadas en el campo educativo. Esta discusión ya la considerábamos ampliamente saldada por lo que resulta imperioso retomar el camino iniciado por el Estado con el Programa Juana Manso, y no desandar los pasos que logramos dar en medio de tanta dificultad.
La CTERA está comprometida con la defensa de la Soberanía Tecnológica, así como con la promoción de la ciencia y el derecho de toda la ciudadanía a una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Pero entendemos no hay soberanía si miles de equipos quedan “obsoletos”, apilados en las escuelas, sin que nadie pueda actualizarlos porque no utilizan tecnologías libres. Tampoco hay soberanía si los dueños de las grandes plataformas vulneran la protección de privacidad y se apropian de los datos personales de docentes y estudiantes. Tampoco puede haber educación de calidad, si no podemos participar de los procesos que suceden en los equipos en los que aprendemos, enseñamos, trabajamos; o si el fruto de nuestro trabajo colectivo se enajena por el simple hecho de crearse con herramientas privativas.
Tal como se plantea en la licitación en cuestión, la inclusión de un sistema operativo y un paquete de oficina privativo terminará fomentando la lógica del marketing empresarial en las escuelas y legitimará abuso de la posición dominante que hoy existe en el mercado.
Asimismo, nosotros sabemos que el Software Libre funciona perfectamente y que no es necesario utilizar software privativo en las máquinas. Por ello aplaudimos el impulso al desarrollo de Huayra GNU/Linux, el primer sistema operativo libre desarrollado por el Estado Nacional, y defendemos la necesidad de formar a las comunidades educativas en el uso del mismo, como así también promover la amplia apropiación y participación en las futuras mejoras de este software libre, para responder las necesidades de todo el sistema educativo nacional, en clave de soberanía digital.
Por todo esto, y en defensa de la educación pública, adherimos públicamente al contenido del comunicado que muchas organizaciones difundieron bajo el nombre “Bienvenido de vuelta Conectar Igualdad – Microsoft y Estado, asunto separado”, e instamos a las Autoridades de la cartera educativa a modificar todas las cláusulas de la licitación que habiliten la injerencia de las grandes plataformas y corporaciones transnacionales que sostienen los valores del mercado por sobre los derechos sociales e impulsan la privatización y la mercantilización educativa.
Buenos Aires, lunes 24 de enero 2022
Sonia Alesso
Secretaria General
Roberto Baradel
Secretario General Adjunto
Fuente de la Información: https://www.ctera.org.ar/index.php/prensa/noticias-prensa/item/3922-conectar-igualdad-debe-ser-soberano#
Lourdes tiene 10 años y cambió sus cuadernos por la venta de granos que cultiva en su huerta de la comunidad de Gañil, cantón Saraguro, Loja. En las tardes cuida las siembras y los fines de semana hace venta ambulante. Nunca anda sola. El pasado domingo la acompañaron sus hermanos Stalin, de seis, y Lizbeth, de 14, en la feria libre. Cada uno llevaba fundas de melloco de dos libras por las que pedían USD 1 a las amas de casa que hacían sus compras.
La menor cuenta que desde la pandemia los ocho hermanos ayudan en la agricultura para cubrir lo que falta en la casa. Además, se les facilitó el trabajo porque –hasta hace un mes- tenían solo dos horas de clases virtuales diarias.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) había advertido que cuanto más tiempo permanezcan los niños fuera de las escuelas, mayor sería la posibilidad de que no regresen. Cuatro de los ocho hermanos de Lourdes abandonaron los estudios.
Ella continúa, pero dice que dedica más tiempo a trabajar que a estudiar. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, antes de la emergencia había 375 342 menores de entre cinco y 17 años trabajando. Unicef refiere que el cierre de las escuelas y el desempleo de los adultos aumentaron esta problemática. Un estudio de World Visión, organización internacional humanitaria, señala que en el 2020 unos 420 000 menores de edad empezaron a trabajar en el país, el 73% está en la agricultura.
En ese grupo está Lourdes. Su padre es albañil y tras el confinamiento estuvo sin trabajo un año. La familia se dedicó a la agricultura para conseguir algún ingreso. Siembran papas, mellocos y ocas y, los niños venden las cosechas los fines de semana.
La misma actividad realiza Wilmer, de 10 años, en Gañil. El pasado domingo caminaba lento por la calle Guayaquil, la principal de la feria, con su mochila repleta de fundas de choclo, fréjol y limones que ofrecía a USD 1. Era el mismo bolso en el que llevó los cuadernos antes de la pandemia.
Fuente de la Información: https://www.elcomercio.com/actualidad/trabajo-infantil-pandemia-ministerio-educacion.html
Se agudiza la división entre rectores de las universidades públicas
Conflictos. Casi 30 autoridades alistan elecciones en la Asamblea Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp) para reemplazar a la rectora de San Marcos, con mandato vencido. Otros 15 desconocen proceso. La contrarreforma universitaria que impulsa el Congreso también los divide.
Luego de que Ramón Ruffner respaldara la iniciativa legislativa que, con el argumento de restablecer la “autonomía” universitaria, cambia el rumbo de la reforma, varios rectores la han desconocido como presidenta de la Anupp, a pesar de que se presentaba así en el Congreso. Ellos, incluso, han denunciado que no cuenta con el aval legal para ocupar ese cargo, como lo informó este diario.
Es por eso que un sector de rectores –entre ellos los de la UNI, la UNSA, la Agraria La Molina o la Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas– respaldan una reciente convocatoria a nuevas elecciones en la Anupp. En tanto, otro –donde figuran La Cantuta, la del Callao y la Villarreal– desconoce este llamamiento y dice que se alinearán a lo que programe Ramón.
Es por eso que un sector de rectores –entre ellos los de la UNI, la UNSA, la Agraria La Molina o la Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas– respaldan una reciente convocatoria a nuevas elecciones en la Anupp. En tanto, otro –donde figuran La Cantuta, la del Callao y la Villarreal– desconoce este llamamiento y dice que se alinearán a lo que programe Ramón.
Esto último se dio a pedido de los rectores. Para ello se basan en el informe legal elaborado por un estudio de abogados, el cual refiere que los “elegidos” como consejo directivo en noviembre del 2019 siguen siéndolo y, por tanto, son los encargados de convocar a una asamblea eleccionaria. “En registros públicos (Sunarp), quienes continúan como directivos son el doctor Cachay y otros. La única forma era que él convoque. La doctora Ramón no es representante legal de la Anupp”, explica Policarpio Chauca, rector de la Toribio Rodríguez de Mendoza y saliente vocal de la asociación.
Por su parte, el rector de la UNI, Alfonso López Chau, dice que con esto se busca facilitar la institucionalidad de la Anupp, por ello se tiene previsto que para el próximo martes 1 o miércoles 2 se lleven a cabo las elecciones en la Agraria. Pueden participar los rectores de las 52 casas de estudios públicas.
Pese a ello, 15 rectores de universidades públicas como La Cantuta, la Villarreal, la del Callao, la del Santa y la San Antonio Abad del Cusco han decidido desconocer ese proceso electoral, argumentando que un “exrector no tiene atribución legal para convocar una asamblea”. Agregan que la única que puede hacer eso es Jeri Ramón, quien “ostenta el cargo de manera legítima”. “Atribuirse esta representación constituye una conducta delictiva (…) La ilegal convocatoria y sus adherentes tendrán que responder ante las instancias jurisdiccionales”, agregan. Así, califican como falsa e ilegal la convocatoria.
La rectora de la Universidad del Callao, Arcelia Rojas, dice que, por esa razón, no van a asistir a dicho evento y que Ramón hará una nueva convocatoria, la cual probablemente sería el viernes 4 de marzo. “Hay discrepancias quizá en las elecciones que deben hacerse. La doctora Jeri es quien asumió la Anupp cuando el doctor Cachay dejó el cargo. Ella está concluyendo para que asuma otra junta”, asegura. Confirma que respalda el dictamen sobre la “autonomía”. Este último se encuentra en medio de los conflictos internos.
La clave
Jeri Ramón también ha sido acusada por rectores de haber hecho uso de documentos falsos para ocupar el cargo de presidenta en la Anupp, según el portal Sudaca. Ella dice que no incurrió en irregularidades.
Fuente de la Información: https://larepublica.pe/sociedad/2022/02/25/reforma-universitaria-se-agudiza-la-division-entre-rectores-de-las-universidades-publicas-anupp/
Un estudio apunta a que la evaluación científica debe tener mirada de género
Un estudio de la Academia Brasileña de Ciencias concluye que, si no se considera al género como un factor importante al evaluar y calificar a los académicos, las disparidades de género en ciencias se profundizarán aún más
Un ránking publicado de forma reciente, que ha clasificado a los cien mil científicos/as más influyentes del mundo, basándose exclusivamente en criterios de citación, ha sido revisado en un artículo publicado por la Academia Brasileña de Ciencias. En este estudio se concluye que si no se considera al género como un factor importante al evaluar y calificar a los académicos, las disparidades de género en ciencias se profundizarán aún más.
El ranking consideró factores como el número total de citaciones y el número de citaciones de un artículo de autoría única, el primer y el último autor.
Fernanda Staniscuaski, profesora del Instituto de Biociencias de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil) y una de las autoras del estudio, ha manifestado a Scidev.Net que «La citación es una métrica extremadamente sesgada y debatir sobre estas clasificaciones es fundamental para evitar ampliar la brecha de género en la ciencia».
Aunque las mujeres siguen siendo una minoría entre los investigadores del mundo, el informe de la Unesco de 2019 América Latina y el Caribe señala que hay un índice de un 45,1% por ciento de participación femenina en la Región.
La fiesta es un tópico muy rico, porque concentra expectativas. Desde la dramaturgia y la dirección, Bruno Acevedo Quevedo (1997) utiliza un caso real y le da un formato de falso registro. ¿Todos los nombres fueron cambiados? ¿Qué hay de arquetípico, cuánto de específico en esta celebración malograda?
“La pregunta me remite a un pasado (no tan reciente), donde tomar casos reales y reconstruirlos a través del arte podría devenir en problemas no sólo legales, sino también éticos y morales”, responde el responsable de Castillo inflado, que estrena el miércoles. “Parte de mi escritura está atravesada por tristes cumpleaños o eventos condenados a terminar en un acto solemne (Otro cumpleaños, Ruido, ¿Cuál es tu veneno?). Para desarrollar esta narrativa tomo un disparador que no es mío y un dolor que no me pertenece. Un caso que fue mediatizado al extremo sensacionalista, que le da un cimbronazo a una familia que quería justicia, que quería ‘que se sepa la verdad’. Mi texto no trae ninguna verdad, brinda un abanico de matices a problematizar en torno a una sociedad globalizada y consumista, que reproduce actos de barbarie a través de sus celebraciones”.
A la vez, el artista desnuda su pasado como animador de fiestas (“trabajé sin seguridad social y comencé a hacerlo siendo menor”, reconoce). Allí no hay corrimiento. “Eso hay de específico. El esperpento de un ‘yo’ de 20 años queriendo revelar ‒cual rollo fotográfico‒ un negativo de prácticas y costumbres que ve pasar ante sus ojos todos los fines de semana (durante tres años). Un ‘yo’ con el que tal vez hoy en día no me sienta tan identificado, pero que sigue resonando como ese caso que no me sorprendió, porque me podría haber pasado a mí. De arquetípico está el padre borracho, la madre perfeccionista, las jefas avariciosas, la niña hiperactiva y el niño desplazado. Hay más personajes que sostienen la narrativa y los nombres son sólo una excusa tipográfica”.
Con base en la sinopsis se podría pensar en un vodevil, en un misterio al estilo Agatha Christie, hasta en grotesco criollo… pero lo definen como drama contemporáneo, como un sostén de varios géneros y signos. “Mientras que el código actoral escénico oscila entre el expresionismo y lo grotesco, el código audiovisual aborda un extremo naturalista. Este diálogo se pauta ya en el texto dramático, en cuya trama conviven tintes de comedia satírica y comedia lacrimosa con mojones de suspenso policial. Las didascalias [indicaciones escénicas] conciben un universo narrativo y se resuelven en la voz de un narrador omnipresente que pareciera estar contando un cuento para adultos antes de irse a dormir. El mismo narrador puede llegar a servir de perito judicial, de locutor publicitario o de ingeniero de alimentos. Este recurso es explotado por Rogelio Gracia, quien confió su trabajo en nuestro equipo creativo y en un punto de partida que tenía múltiples posibilidades de lectura. Uno de mis objetivos primarios al desarrollar este tipo de acotaciones fue crear un objeto literario que funcionara por fuera de una partitura escénica”, indicó el autor.
Ganador de una mención en los Premios Onetti 2019 por este texto, que además cierra una muestra de obras nacionales organizada por el Instituto Nacional de Artes Escénicas, es válido consultarle a Acevedo Quevedo cómo inscribiría este espectáculo dentro de la nueva dramaturgia uruguaya. “Los cimientos de este texto que hoy es espectáculo se desarrollaron en el marco del último semestre de la primera generación de la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia. Precisamente en un curso práctico a cargo de Gabriel Calderón. Si bien fue mutando a través de los años (comencé a escribirlo en 2018, justo después de estrenar Ruido) hay mucho de ese primer boceto. Para mí fue un espacio formativo fundamental dentro de mi desarrollo como escritor. Allí no sólo conocí voces autorales extranjeras y nacionales, textos clásicos y contemporáneos, mecanismos de producción y de resistencia, sino que también tuve la posibilidad de crear y compartir la escritura con compañeras y compañeros de generación a quienes admiraba y hoy puedo considerar colegas (Leonor Courtoisie, Sebastián Calderón, Lucía Trentini, Federico Puig, Vanesa Cánepa, entre otras y otros). Si bien manejamos estéticas bastante distintas, considero que, de una u otra manera, trabajamos aspectos performativos en torno a nuestra biografía y el diálogo que genera con la ficción. Intuyo que muchas veces escribimos desde una pulsión distinta a la que moviliza a otras generaciones (a pesar de que entre nosotras y nosotros compartamos una brecha generacional)”, aclara, citando también a Agustín Luque y Camila Diamant, “que transitan improntas fuertes y casi inexploradas”.
Foto: Difusión
Como compañía móvil, Implosivo tiende al cruce de disciplinas y en este caso se utilizó un doble casting, dos directores, con desafíos que van más allá de lo técnico. “A través de Ximena Echevarría y de mi formación en Implosivo Artes Escénicas, aprendí a usar el teatro como un lienzo más entre otros tantos lenguajes que puedan llegar a convivir en simultáneo. A su vez, cuento con estudios en comunicación, lo que genera en mí una pulsión innata hacia el desarrollo audiovisual. Sin embargo, le quise confiar este trabajo a Manso Films (el material es dirigido por Claudio Quijano), ya que desde hace años se dedican tanto al teatro como al cine. Entonces, en este cruce, sostienen una visión idónea entre el diálogo de la escena con la plataforma cinematográfica”, adelanta sobre este híbrido que buscan construir. “Los personajes que aparecen son desdoblados audiovisualmente. Es así que, como un reflejo deformado de la realidad, nos abocamos hacia un trabajo de investigación actoral que conecta a dos personas distintas en la búsqueda de una misma voz. Este lenguaje [cinematográfico] convive con un dispositivo de mapping, generado por María Victoria Parada, mediante el cual no sólo importa el producto audiovisual sino también los múltiples lienzos en donde se proyecta”.
El déficit crónico que vive la Ciudad cada año se profundizó en este ciclo lectivo, por más demanda de familias que venían del sector privado y la falta de construcción de nuevas escuelas. En nivel inicial, el 54% no obtuvo lugar.
En las próximas horas vuelven las clases en la Ciudad de Buenos Aires. En estos momentos hay familias angustiadas porque sus hijos o hijas aún no tienen un lugar asegurado. O porque lo que le ofrecen queda a 50 o 60 cuadras de su casa. Son más de 50 mil en esa situación.
Pero no se trata sólo de números. Detrás de cada cifra se encuentra una historia de lucha, reclamos, a veces resignación, y un futuro lleno de incertidumbre por el derecho a la educación que no es cumplido, y que la Constitución de la Ciudad lo contempla desde los 45 días de vida del bebé.
Este lunes, el nuevo ciclo lectivo comenzará sin 56.832 chicos que pidieron un lugar y no lo obtuvieron. Entre los tres niveles (Inicial, Primaria y Secundaria), hubo 118.169 solicitudes, y se asignaron 61.337. Esos datos relevó Tiempo a través de fuentes del Ministerio con acceso a la información del sistema online, porque el Ejecutivo porteño se niega a reconocer la carencia de vacantes. Esa falta de estadísticas oficiales suele ocasionar un desfase en la actualización de las cifras que se incrementan año tras año (ver recuadro), a la par de un déficit crónico en la construcción de nuevas escuelas. Y en muchos casos se sigue hablando de «20 mil pibes sin vacantes» cuando en la práctica es un número mayor. A su vez, con las crisis del macrismo y la pandemia, cada vez más gente sale de la privada en busca de un lugar en el sistema público. Pero a pesar de una mayor demanda, la oferta de sitios es la misma cada año. Y si no se lo reconoce, entonces no hay un problema.
El sector más crítico es el infantil. La falta de lactarios y jardines con salas de 3 a 5 años provoca un colapso en el nivel inicial, que es históricamente uno de los más castigados. De acuerdo a la información analizada en ese sector, este año se solicitaron 41.611 vacantes para niñas y niños de 45 días de vida a 5 años de edad, pero CABA asignó tan solo 19.416: el 53,4% de los inscriptos no obtuvo lugar en jardines públicos porteños.
“La falta de vacantes es un tema absolutamente invisibilizado, esta semana ningún medio concentrado le va a preguntar a Larreta por esto, todos van a decir cómo le interesa la educación al gobierno porteño y nada más”, advierte a Tiempo el secretario adjunto del gremio UTE, Eduardo López, y titular de la CTA porteña. “Larreta y Acuña lograron ocultar las vacantes que faltan al establecer un sistema de inscripción online donde solo ellos pueden saber qué cantidad de familias eligieron la escuela pública y cuántos se quedaron afuera –acota–. En vez de construir escuelas decidieron esconder los pibes y pibas que no tienen vacantes”.
Con los chicos no
La Constitución porteña en su artículo 24 ordena al Estado local otorgar vacantes desde los 45 días de vida en adelante, algo que la ministra de Educación, Soledad Acuña, niega regularmente al asegurar que ellos cumplen con la carta magna y que garantizan las vacantes a partir de los cuatro años. Pero de acuerdo a los números del sistema de inscripción on line, hay miles de pibes de primaria y secundaria que tampoco consiguen lugar. Para ambos niveles se solicitaron 76.558 lugares y el Ejecutivo porteño entregó hasta esta semana 41.921, por lo que un 45% del total de inscriptos permanece sin vacante.
“La falta de escuelas afecta principalmente a los sectores populares, haciendo que las familias deban responsabilizarse por sí mismas de ver cómo garantizar el acceso a la educación. Y muchas de las que consiguen una vacante, lo hacen en una escuela que queda lejos de sus hogares, y tienen que tomar uno o dos medios de transporte”, analiza en diálogo con este diario la diputada porteña Maru Bielli (FdT), integrante de la Comisión de Educación de la Legislatura. “Es necesario que se construyan escuelas también atendiendo a criterios de justicia, teniendo en cuenta las vacantes que hoy faltan, cuál es su distribución geográfica, y que se proyecte la necesidad de vacantes en los próximos años”.
Cada ciclo lectivo existe un incremento en la demanda de solicitudes pero, pese a esto, el distrito porteño se niega a construir de manera sostenida edificios escolares. Un informe elaborado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), afirma que creció casi un 20% la demanda en escuelas públicas y cayó un 40% en privadas: “Las subas de las cuotas trepan hasta un 40% en algunos establecimientos pagos y el éxodo hacia escuelas públicas rondaría el 20%”. Entre marzo de 2020 y mediados de 2021, el aislamiento total o parcial, como consecuencia de la pandemia, afectó los ingresos económicos de muchas familias que no pudieron cumplir con el pago de las cuotas mensuales. Cuando los colegios privados empezaron a aumentar las tarifas, se redujo la matrícula. Y creció la demanda en el sector público que, en el caso de CABA, no aprovechó los meses de aislamiento de los chicos para construir en ese momento más edificios, sabiendo el déficit crónico de vacantes que vive el distrito.
El Ministerio de Educación de la Ciudad implementa siempre la misma estrategia: dos o tres meses después de haber comenzado las clases, reacomoda en diferentes escuelas a miles de niños y niñas que quedaron en lista de espera (muchos de ellos en establecimientos que no eligieron y que les queda lejos de sus casas). Ese «reacomodamiento» ocasiona superpoblación en las aulas. Dónde tiene que haber 20 estudiantes termina habiendo 25, 30 o 35. Ya a mitad del ciclo lectivo, entre mediados o finales de junio, varias escuelas sufren la saturación de sus aulas. Aparecen estudiantes nuevos y baja la cantidad de pibes sin vacantes. Esta superpoblación de aulas también afecta gravemente la calidad educativa.
Lista de espera con ofrecimiento
Los 56.832 chicos y chicas sin lugar este año representan el 48,1% del total de solicitudes. De estos números surge una pregunta esencial: ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Están desescolarizados, pasaron a la educación privada, a Provincia, o en el caso de los más pequeños fueron derivados a los Centros de Primera Infancia (CPI) que no pertenecen a Educación sino a Desarrollo Social? Tiempo se lo consultó a la cartera que dirige Acuña y no supieron responder.
Pero el sistema online contiene «trucos» para que el número de familias sin vacantes parezca menor. No reconoce que esos casi 57 mil pibes carecen de lugar, y sostiene que son solo 11.804 quienes están en «lista de espera». Al resto que sigue sin vacantes los distribuye en diferentes categorías arbitrarias ubicadas dentro de su base de datos. Además de «Vacantes asignadas» y «Lista de espera», se suman ocho ítems: el más llamativo es “Lista de espera con ofrecimiento”: aquí figuran aquellas familias en lista de espera a quienes contacta el Ministerio de Educación porteño ofreciéndoles formalmente una vacante que ellas rechazan. Lo que no detalla esta categoría es porqué la decisión negativa de la familia. Son miles los casos en los que se les sugiere un lugar en escuelas muy alejadas, o de jornada simple cuando se pidió jornada completa, depositando la responsabilidad en las familias por su decisión. El resto de las categorías se dividen en: Documentación pendiente, Vacantes pendientes de validación, Deshabilitada, Validación completa, Validación parcial, Validación rechazada y pendiente con validación y Documentación parcial. Más allá de los rótulos, los chicos y chicas englobadas en esas categorías no empezarán mañana las clases en ninguna escuela porteña.
“Mientras éste lunes vamos a ver a funcionarios del Gobierno de la Ciudad en los medios diciendo que todos sus recursos están puestos en garantizar la educación de niñas y niños, ninguna autoridad se acercará a aquellas escuelas que no tienen docentes debido a los constantes errores técnicos que vienen sucediendo en el sistema de designación”, denuncia Florencia Rivero, docente y secretaria gremial de la Unión Argentina de Maestros y Profesores CAMYP. “Habrá miles de niñas y niños que verán los anuncios desde sus casas por no haber conseguido una vacante, debido a la baja constante del presupuesto educativo en CABA que denotan la falta de compromiso político para la construcción de escuelas”. «
«El destrato es terrible»
Brenda Calazanz hace dos años que intenta conseguir una vacante para su hija Azul. “En octubre de 2020 la inscribí para el ciclo lectivo del próximo año, y en 2021 para éste: no hubo caso, siempre quedé en lista de espera para sala de 1 y ahora para la de dos. En ambas oportunidades mandé correos, fui varias veces a la supervisión, a más 10 jardines y nada”. Como miles de familias, sufre el desgaste de seguir insistiendo con trámites posteriores luego de quedar en lista de espera. “No inicié amparo porque no tengo tiempo para ir al Distrito, hacer horas de fila y llevar y traer papeles. Además tengo una beba de 9 meses que me demanda otros tiempos y se me dificulta mucho estar de un lado a otro con ambas”.
El gobierno porteño no solo incumple con el acceso a la educación de miles de chicos, también viola la resolución 3571/15 firmada en 2015 y el Estatuto Docente, que establecen que los maestros de la Ciudad titulares e interinos con 2 años de antigüedad, y suplentes con 3, tienen prioridad en la asignación de vacantes. Es el caso de Florencia Cittadini (foto), docente de media en Lengua y Literatura, y su beba de 3 meses, Alma: “La inscribí ni bien nació para tener una vacante en algún lactario, soy único sostén de familia, no conseguí. Puse cinco opciones y en ninguna me fue otorgada una vacante. Fui a Supervisión y sólo me dieron un número de reclamo, a pesar de ser docente y demostrar la carga horaria que tengo”. Y agrega: “el destrato es terrible, no te dan bolilla y tratan de naturalizar el tema. Me dijeron que es algo que pasa todos los años, que el 70% de la plaza de vacantes en maternales se guarda para los trabajadores de la salud, dado que esos jardines sólo se encuentran en los hospitales. La verdad que no sé si esto es una realidad o no. Hasta les propuse que me venía bien cualquier distrito, porque a mí me es mucho más fácil conseguir a alguien que lleve y traiga a la gorda que conseguir una niñera que esté tantas horas en casa con ella, porque trabajo mucho en la escuela en los turnos tarde y noche. Y no puedo anotarla en privados porque arrancan desde los $ 18.000 para una jornada de tres horitas. Necesitaría una jornada completa, que cuesta hasta $ 37 mil.»
Una crisis crónica
Más allá de que desde el Gobierno de la Ciudad se relativice la falta de vacantes y no se entregue información oficial, se trata de una crisis educativa que crece año a año. Y que incluso está judicializada con amparos contra la administración macrista por parte de familias y organizaciones. Otro relevamiento de Tiempo de 2020 demuestra que hace dos años hubo 55.520 inscriptos en inicial y sólo se entregaron 19.950. La asignación de vacantes fue prácticamente la misma que la de 2022, con una gran demanda, seguramente alentada por la crisis económica de la gestión macrista. Al comparar la cantidad de vacantes entregadas en 2019 (19.950) con las de este año (19.416), se aprecia incluso que, más allá de una merma en la demanda de este año (41.611), el gobierno porteño asignó menos vacantes. A pesar de conocer la falta de lugares que tiene el distrito, no creció la oferta de vacantes. En este punto la cartera educativa porteña tampoco supo explicar a Tiempo la disminución de solicitudes: resignación de las familias, transferencia de vacantes a las privadas, o si los chicos fueron derivados a los CPI.
Donde se destaca un crecimiento del déficit es en el nivel inicial. Los datos relevados por este diario en 2021 muestran que la cantidad de solicitudes es menor a la de este año en jardines (37.945) y que sólo fueron asignadas 18.384, es decir, quedó excluido el 51,6% del total de inscriptos: casi dos puntos menos que los pibes sin vacante de éste año (53,4%).
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