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(Libro) Colombia. Entre la rebeldía y la esperanza. Reflexiones en torno a la Movilización social 28A 2021.

Por:  Editorial Kavilando

En Colombia palpitan marcas profundas en su historia, por un lado, el cruel y avasallador ejercicio de poder y dominación de las élites bajo múltiples formas de opresión, por otro, late con altisonante intensidad la rebeldía y resistencia desde los pueblos, desde abajo, exigiendo y provocando necesarios cambios. El 28A hace parte de este devenir de nuestra historia.

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Autores:

Raúl Zibechi / Alfonso Insuasty Rodríguez / Andrés Felipe Martínez Ángel / Yani Vallejo Duque / José Fernando Valencia / Daniela Barrera Machado / Jairo Montoya /  Edison Villa Holguín / Hector Alejandro Zuluaga Cometa / José Alonso Andrade Salazar

Introducción

El presente texto busca considerar las condiciones contextuales en las que emerge el fenómeno de la movilización de una gran parte de la población colombiana que,  según la manifestación de inconformidad acontecida entre abril y julio de 2021, se siente en descontento social, por condiciones de exclusión social, segregación clasista  y precarización de condiciones de vida en dignidad y justicia.

Esta reflexión analítica y etnográfica trata de entender como esas diversas iniciativas y expresiones de organización social, popular y comunitaria emergen generando un nuevo ámbito político, que desborda la cultura de la representatividad, potenciado por nuevas subjetividades y colectivos sociales, que avanzan en términos de  conciencia colectiva de bien común y en cultura política confrontativa como clase precarizada, hacia la transformación de la oficialidad opresiva secuestrada por las  agremiaciones económicas de beneficio privado, bajo el modelo neoliberal.

Este ejercicio de caracterización de la experiencia de la presente movilización colombiana, fue propuesto y articulado por personas dedicadas a la investigación social y por integrantes de colectividades y medios de comunicación alternativa y popular, que han estado haciendo seguimiento a las dinámicas y procesos de la “población  movilizada” a nivel regional y nacional en los últimos tiempos.

Se retoma dentro de este material a modo testimonial y documental, un enfoque de problematización de los hechos, a partir de los espacios de escucha y reflexión colectiva, logrando visualizar el reclamo social, pero sobre todo el reconocimiento de las situaciones de dificultad y posibilidad que se han  venido en la vivencia movilizadora del trabajo organizativo comunitario directo, desde lo territorial, que sortea las situaciones económicas de subsistencia, además del opresivo trámite de sobrevivencia con las instancias de la oficialidad y los grupos armados que hacen presencia en las zonas donde viven.

El texto tiene como hilo conductor, las búsquedas de los momentos en los qué liderazgos organizativos populares desbordaron el llamado a  Paro Nacional hecho por las centrales obreras, subiendo el tono político, hacia un perfil confrontativo desde las dinámicas de resistencia que las comunidades han construido, para ocuparse colectivamente de las situaciones problemáticas con las que se vive dentro de los territorios en perspectiva desde abajo, en su búsqueda legítima como sujetos políticos desde el accionar organizativo, haciendo uso del derecho a la protesta promulgado en la constitución colombiana, logrando fortalecer desde allí, herramientas de acción directa y de defensa popular, que favorece una subjetividad política, para incidir desde espacios de movilización, en el genuino ejercicio de participación directa como comunidad.

Se logra concretar este texto, a partir del acercamiento a las múltiples formas de movilización, y en interacción constante con los participantes de los diversos grupos y colectividades manifestantes, desde sus espacios de diálogo y concertación asamblearia como comunidad, en los barrios, comunas populares, veredas y pueblos en su extraordinario intento por la transformación social.

Esta compilación del accionar popular consolidado desde el acercamiento investigativo y reflexivo, nos permite metodológicamente hacer algunas consideraciones sobre las preguntas por ¿cómo es y en qué condiciones emerge el protagonismo organizativo comunitario movilizado en 2021 en aras de resistir a los embates de las reformas neoliberales? ¿Como estas contingencias históricas hacen que las comunidades y colectividades movilizadas consoliden acciones organizativas de defensa popular en un marco histórico de deslegitimación oficial?

Como ejercicio investigativo de consolidación de una memoria histórica del proceso, se enfatiza en la necesidad de la propia recuperación y configuración de la acción movilizadora como sujetos y colectivos de transformación. Relatos y testimonios que se van posicionando, en el intento de interpelación a la injusticia estatal, generando pistas en camino de construcción de propuestas alternativas de defensa social, territorial y política desde las comunidades.

Desde la investigación participante, este tipo de procesos reflexivos implica tener presente los desafíos sociales que se traducen en la consolidación de las propias posturas ético-criticas como sujetos sociales y políticos. Al pensar los escenarios históricos de la movilización en Colombia, se fue posicionando cualitativamente el sujeto orgánico comunitario, que además de reflexionar sus necesidades y problemáticas, avanza en la construcción de una agenda política emergente a partir del reconocimiento de la potencia de lo común y lo procomún

Ruta metodológica 

Como estrategia metodológica el presente texto se construyó a modo de sistematización a partir de conversatorios, talleres y entrevistas con la población movilizada como fuente primaria, según la información que fue emergiendo en las conversaciones y que ameritaba profundizar, además se accedió a otro tipo de fuentes desde la revisión documental, artículos de prensa y diversas publicaciones institucionales y alternativas. Las consideraciones de dichos conversatorios fueron la base para la búsqueda de preguntas e interpretaciones que fueron consolidándose como reflexión de la praxis de las experiencias situadas desde la organización emergente de la población manifestante.

En la dinámica de encuentro como equipo de trabajo y con las organizaciones en la calle y en los sitios de resistencia se fue configurando y consolidando información desde la observación participante, con la cual se construyeron y confrontaron datos de ese sujeto social movilizado.

Al realizar este seguimiento testimonial a los  procesos, como ejercicio de reconocimiento a la población participante en las multitudinarias manifestaciones de reivindicación popular, se llegó con preguntas iniciales como: ¿Quiénes se movilizan y cómo han logrado coordinar la acción conjunta?, estas se fueron contestando en la medida en que la apuesta sistematizadora logra interactuar de manera directa las personas participantes del proceso, propiciando conjuntamente visualizar algunos aspectos y consideraciones sobre lo que sucede con el contexto inmediato como población en descontento social.

Se propone una ruta de construcción del presente texto buscando compilar y validar información desde la perspectiva de la población participante, desde los ejercicios de socialización en los plenarios de la asamblea nacional popular y los diversos tipos de expresión organizativa, como las concentraciones, las velatones, las marchas carnavalescas y demás acciones en los que se ha apoyado la organización social, para sus propósitos movilizadores.

De esa manera surgen en las interlocuciones, variados aportes en la consolidación de posturas críticas frente a los diseños y las proyecciones de la mentalidad neoliberal oficial, que, a partir del poder hegemonizado, propone seguir condicionando la construcción comunitaria de la vida en el territorio.

Dichos ejercicios de sistematización buscaron metodológicamente propiciar un escenario de reflexión participativa, permitió al equipo de trabajo avanzar en el mapeo de actores y problemáticas a partir de la elaboración de cartografías sociales, donde se proyectan de acuerdo a los contextos, las identidades y los rasgos comunes que permiten nombrar al sujeto social, en términos de lo que les convoca y les impulsa frente a las situaciones de las que hay que ocuparse tratando de avanzar desde lo colectivo, dimensionando los modos en los que se construye movilización logrando llegar a la incidencia en las dinámicas políticas y económicas, y socio-culturales en términos del desmejoramiento de la calidad de vida, la desestabilización económica de los hogares y la pauperización de sus condiciones materiales, afectaciones que se busca sean asumidas como móviles de lo organizativos comunitarios en defensa de su construcción política y de identidad territorial.

La observación participante favoreció la identificación de situaciones contextuales, como condiciones de posibilidad para potenciar la movilización. De allí en medio del proceso de indagación se logró plantear cuestiones relativas a la historia de la organización movilizadora desde la construcción de lo identitario, local y nacional.

En tales escenarios, de dialogo con y desde la dinámica social y con las instancias organizativas del propio contexto, logrando establecer una panorámica reflexiva de categorías a partir de reagrupar las reflexiones y relatos recogidos desde los espacios asamblearios donde la decodificación contextual y conceptual desde el trabajo con la memoria histórica a partir de la valoración de la participación que se ha tenido en con lo organizativo comunitario.

De allí se focalizaron algunas luchas y sus acumulados en las últimas dos décadas, con casos emblemáticos en términos de las problemáticas, de hechos,  comportamientos, posturas y percepciones y la diversidad de formas de manifestación generadas que va develando líneas de acción en términos de intervención política neoliberal vía oficialidad versus enfoques de lucha y resistencia de los procesos populares acontecidos a partir de las situaciones de despojo, desalojo, desarraigo y fractura del tejido social. Asuntos que se logran recuperar y consolidar a partir del presente guion de sistematización, basados en lo contextual, coyuntural enfrentadas por dichos sujetos sociales.

Contenido

Introducción……………………………………………………………………………..8
Ruta metodológica…………………………………………………………………. 10

1. La construcción de una rabia colectiva………………………………….. 13

Del modelo de sustitución de importaciones (ISI)
al neoliberalismo………………………………………………………………. 20
Menos Estado, mayor mercado, más deuda
y precarización social………………………………………………………… 26
Constitución de 1991 y neoliberalismo…………………………………..32
Y llega la pandemia…………………………………………………………….40

2. De la desesperanza a la potencia de lo posible………………………43

Minga Nacional, Congreso de Los Pueblos, Tribunal
Permanente de los Pueblos y Marcha Patriótica……………………..45
La revolución de las ruanas…………………………………………………. 48
¡El pueblo no se rinde, carajo!……………………………………………….54
La defensa del medio ambiente……………………………………………55
Paro del 21 de noviembre de 2019 – 21N…………………………………56
Pandemia, hambre y trapos rojos………………………………………….58
La tragedia del 9 de septiembre de 2020 – 9S ……………………….. 62

3. Un pueblo humillado y excluido se levanta.

Paro Nacional del 28 de abril de 2021 – 28A………………………………64

Entre violencia estatal, negacionismo y la clara voluntad
de no negociar…………………………………………………………………… 70
Del bloqueo social a las convergencias
desde las movilizaciones populares………………………………………77
¿Quiénes y cómo se movilizan?…………………………………………….78
El pueblo cuida al pueblo: Primeras Líneas – APH – DDHH………83
Mujeres…………………………………………………………………………….. 88
Las nuevas formas de comunicar…………………………………………. 90

4. El Suroccidente colombiano, ejemplo de resistencia……………..96

Gobierno y “gente de bien” en contra de la Minga indígena ……104
Cali, “sucursal del cielo”………………………………………………………106
Juventud precarizada…………………………………………………………108
Corazones latiendo de imaginación y resistencia …………………109
Primeras Líneas ……………………………………………………………….. 114
Puerto Resistencia, escenario de libertad………………………………115
“Barrio adentro”………………………………………………………………… 118

5. Reflexiones finales, a modo de conclusiones abiertas…………. 122

Algunas características que marcan
este momento histórico de 2021………………………………………… 123

Referencias bibliográficas…………………………………………………….. 132

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Argentina/Marcha 1F: «Venimos por la democracia, porque creemos en un país mejor»

Organizaciones políticas, sociales y judiciales se movilizaron frente a Tribunales para exigir la democratización de la Justicia.

A las cuatro de la tarde el sol pega fuerte en la plaza Lavalle. Las banderas de agrupaciones políticas y sociales ya están atadas en las vallas que rodean al Palacio de Justicia y un puñado de trabajadores de saco y corbata miran desde el otro lado, parados en las escalinatas, cómo de a poco llega la gente de todas direcciones a manifestarse en contra de la Corte Suprema de Justicia.

En la plaza, Sergio se para a posar para las fotos con su obra: un cartel-caja que él lleva con un palo y que representa a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sentados sobre un estrado, cada uno con una corona sobre sus cabezas y el símbolo Clarín a un costado. Cuando Sergio tira de una cuerda, el estrado se abre y revela a un buitre gigante con sus alas extendidas que en una de sus garras tiene tres ramas, una para cada supremo. “Estuve tres días para hacerlo y no lo terminé. Me faltó ponerles al cuello una bolsa de dinero”, dice el creador.

Mientras tanto, en Twitter, dirigentes de Juntos por el Cambio critican la movilización y la tildan de inconstitucional. “Son siempre los mismos los que se quejan, son los dueños de la Argentina. Si se quejan está bien, significa que les molesta, el pueblo en la calle les duele”, opina Sergio.

“Lo antidemocrático es lo que hace la Corte Suprema, los últimos fallos que hemos visto son completamente anticonstitucionales”, dice a El Grito del Sur Sofía Corradini, secretaria general adjunta del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju). “Nosotros creemos en el sistema de justicia y creemos también en las instituciones. Lo cierto es que si las instituciones se deslegitiman nosotros estaremos acá marcando nuestra postura”, manifiesta.

Fotos: Pedro Palacios

La marcha convocada para las 18 horas frente a Tribunales -y que se replicó en distintos puntos del país- se organizó bajo la consigna “Democratizar la Justicia” para exigir “el fin del lawfare” y una reforma del Poder Judicial, en especial de los jueces de la Corte: Rosatti, Rosenkrantz -ambos designados por el expresidente Mauricio Macri-, Lorenzetti y Carlos Maqueda.

“Van a quedar en la historia como la peor Corte que hubo, los que más delitos cometieron y encubrieron», dice Juan María Ramos Padilla, el juez del Tribunal Oral Criminal 29 y uno de los convocantes, desde el escenario ubicado en la intersección de Talcahuano y Tucumán.

La lectura del documento está a cargo de las actrices Luisa Kuliok y Cristina Banegas. “Decimos que se tiene que ir porque esta Corte viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales de destrucción y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales”, leen y recuerdan que además de avalar “pericias fraudulentas, actividades de inteligencia interna”, la Corte “legitimó el abuso de prisiones preventivas, con decenas de presos políticos obscenamente exhibidos, muchos de los cuales siguen sufriendo esa prisión en la actualidad”.

Fotos: Pedro Palacios

Alrededor del Obelisco se concentran la mayoría de las organizaciones antes de marchar. Domingo, militante de la Tupac Amaru, reparte las banderas entre sus compañeros. “Cuando empezó el gobierno de Macri empezó la detención de los compañeros nuestros, de Milagro (Sala), compañeros de Jujuy, Mendoza y después políticos del Frente de Todos, les fueron armando causas injustificadas -dice a este medio-. Queremos una Corte independiente, que sea real, que no esté trabajando para un sector del macrismo que siempre hace lo que quiere”.

Eduardo López, secretario general de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires y secretario general adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), asegura que a los docentes “la Corte nunca nos responde”. “Solo nos responde para mandarnos a la presencialidad a los docentes cuando había que dar clases a distancia. Hoy hay 35 docentes fallecidos”, afirma.

Fotos: Pedro Palacios

“Ellos avalaron la Gestapo antisindical, la suba de tarifas, le sacaron Internet a nuestros pibes dándoles de baja un DNU, solo protegen a Clarín, nosotros queremos que protejan las leyes y la Constitución”, agrega.

Por su parte, Paula Pelayo, maestra inicial e integrante de UTE, recuerda que la Corte “decidió en una reunión por Zoom que los chicos no iban a usar barbijo”. “Y los mismos chicos te lo pedían porque tienen un poco más de conciencia y de criterio”, señala.

Walter Correa, exdiputado nacional y secretario general de la Federación del Cuero (Fatica), afirma que “nosotros hemos vivido la apertura democrática del ‘83 hasta la fecha, sin embargo la Justicia no se hace cargo del sistema democratico. Nosotros vivimos y padecemos la monarquia judicial que defiende los intereses de los poderes fácticos, de los ricos, de los poderosos, y no los intereses del pueblo”. “Por eso venimos acá”, explica.

Adolfo y Dina llegan a la plaza por Talcahuano, del lado de Lavalle. Los dos usan banderas argentinas como capas y se paran a mirar las consignas de las banderas. “Esto va más allá de lo partidario, hay que reforzar las instituciones, no se trata de cambiar a cuatro figuras y poner otras que respondan a intereses particulares como los de la oligarquía”, dice él mientras que ella señala que “si no cambiamos eso, estamos perdidos”.

Y Dina cierra: “Venimos por la democracia, porque creemos en un país mejor, porque apoyamos todo lo que sea a favor del pueblo”.

Fuente de la información e imagen: https://elgritodelsur.com.ar

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La «desescalada digital» y el complejo vínculo entre infancias y videojuegos

Por: Yair Cybel

🎮

Recuperar espacios de ocio no digital, proteger los datos personales y reducir el tiempo frente a la pantalla. ¿Qué estrategias se pueden tomar ante el consumo problemático de videojuegos?

En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe lapidario donde advertía sobre las consecuencias del creciente tiempo que los niños, niñas y adolescentes pasan frente a las pantallas. En el estudio se recomendaba no exponer a menores de un año al consumo de pantallas y que los niños y niñas de entre dos y cuatro años no tuvieran más de una hora diaria de «tiempo de pantalla sedentario». En enero de este año la cosa escaló: se incluyó al consumo excesivo de pantallas y videojuegos dentro de las patologías adictivas, instando a los estados a que tomen cartas en el asunto y generen políticas públicas preventivas orientadas a paliar esta situación.

Al calor de la pandemia, el Twich y las NFT (criptomonedas orientadas a videojuegos), surgen cada vez más preguntas sobre la relación entre infancias, adolescencias, videojuegos y pantallas. ¿Cuál es el tiempo adecuado para que une niñe juegue con una consola? ¿Qué sucede con la privacidad, el acceso a datos personales o el control parental? ¿Es posible adoptar conductas que mejoren la relación entre jugadores y dinámicas de juego? ¿Cómo saber si un videojuego es apto para niñes?

Estas mismas preguntas se realizó la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, que recientemente difundió un informe sobre el uso responsable de videojuegos y la desescalada digital. En el trabajo se analizan experiencias internacionales orientadas a mejorar la relación entre los usuarios y las pantallas, advertir consumos problemáticos y reconocer conductas que puedan derivar en trastornos.»Buscamos que se pueda distinguir entre uso y abuso para así evitar que se generen situaciones conflictictivas en el desarrollo de la personalidad de niños, jóvenes y adultos», explica en diálogo con este medio Walter Martello, Defensor del Pueblo de la PBA.

El informe presenta una serie de recomendaciones extraídas del programa «Pantallas amigas», implementado en España. Allí se sugiere que les usuaries puedan partir del reconocimiento del impacto que la pandemia ha generado sobre sus prácticas y su relación con las pantallas y los videojuegos. De cara a una «desescalada digital» se propone que se fijen objetivos realistas, se recuperen tiempos de ocio no digital y que, en caso de así desearlo, se informe a su entorno de la voluntad de reducir los tiempos frente a las pantallas.

El estudio también enfatiza en la necesidad de estar precavides frente al cyberdelito y advierte firmemente sobre la importancia de evitar introducir el número de tarjeta de crédito o los datos personales en las plataformas. Al mismo tiempo, también se ofrece un repositorio de herramientas para que los padres puedan conocer las características de cada videojuego que les niñes o adolescentes utilizan, entre ellos una plataforma que verifica el grado de violencia, sangre, apuetas o lenguaje agresivo de cada juego.

¿Hay margen para pensar políticas públicas que apunten a legislar sobre el abuso o el mal uso de las pantallas? «Hay dos proyectos presentados en la PBA, uno en el senado -que ha perdido estado parlamentario- y otro en diputados, en la Comisión de Adicciones», señala Martello y destaca la importancia de determinar las responsabilidades del Estado en la atención y el diseño de políticas públicas de caracter preventivo. «En ningún caso el camino es la prohibición», sentencia.

Huella digital o la memoria de nuestro paso por la web

Las advertencias sobre el uso de internet también hablan de la «huella digital», el registro que deja nuestro historial en línea y que genera una cantidad de datos que luego pueden consultar otras personas. El informe «Con vos en la web», del ministerio de Justicia de la Nación, señala la dificultad de borrar la huella digital ya que «en internet no hay olvido» . «Creemos que al borrar una publicación la estamos eliminando pero no es así. Otra persona puede haber descargado el contenido antes de que se borrara. Puede modificarlo, volver a subirlo y compartirlo. Si otra persona publica el contenido es difícil borrarlo e impedir que forme parte de nuestra reputación en línea», señala el informe y agrega que «cuando se aceptan los términos y condiciones para participar en las redes sociales, aplicaciones, videojuegos o en las cuentas de correo electrónico estamos dando autorizaciones y permisos para que usen nuestros datos personales».

Para cuidar la «reputación en línea», el manual sugiere confirgurar la privacidad y lectura de las publicaciones, monitorear el propio nombre y poner contraseñas seguras.

Los datos marcan con claridad la transformación de este escenario digital en el contexto de la pandemia: según el informe «El impacto de las pantallas en la vida familiar», realizado por la ONG Empantallados con la colaboración de la Unión Europea, los niños más pequeños utilizan un 76% más las pantallas que antes del confinamiento. De hecho, se producen fenómenos como la Nomofobia, el phubbing y Fomo, derivados de la adicción al celular. Pero eso es harina de otro costal, y si les interesa conocer más sobre el tema pueden escucharlo en nuestro podcast.

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Fiscalía brasileña denuncia por homofobia al ministro de Educación

Ultima Noticias

La Fiscalía de Brasil denunció este lunes por homofobia al ministro de Educación, el pastor evangélico Milton Ribeiro, por unas declaraciones de 2020 en las que afirmó que los adolescentes homosexuales provienen de «familias inadaptadas».

«Al afirmar que adolescentes homosexuales proceden de familias inadaptadas, el denunciado discrimina a jóvenes por su orientación sexual y prejuiciosamente descalifica a las familias en las que crecen, afirmando que son inadaptadas», indicó el vicefiscal general, Humberto Jacques de Medeiros, en su denuncia presentada ante el Supremo Tribunal Federal (STF), según una nota publicada en el sitio de la Fiscalía citada por AFP.

La homofobia es un delito en Brasil desde mediados de 2019, cuando el STF resolvió que prejuicios contra homosexuales y transexuales son un acto de racismo.

La denuncia se refiere a los dichos de Ribeiro en una entrevista con el diario «O Estado de S. Paulo» en septiembre de 2020, dos meses después de asumir al frente de la cartera de Educación, en la que habló de «homosexualismo», un término considerado despectivo por la comunidad gay.

«Creo que el adolescente, que muchas veces opta por transitar el camino de la homosexualismo, tiene un contexto familiar muy cercano, basta con hacer una encuesta. Algunas son familias inadaptadas», indicó Ribeiro en aquella ocasión.

«Falta atención del padre, falta atención de la madre. Un chico de 12, 13 años que opta por ser gay, nunca estuvo con una mujer realmente, con un hombre real, y va por ahí. Son cuestiones de valores y principios», señaló Ribeiro.

Tras la presentación, el STF tendrá que decidir si da lugar al pedido de la Fiscalía para abrir el proceso contra el funcionario.

En la misma entrevista, Ribeiro consideró que no veía necesario debatir cuestiones de género y sexualidad en el aula.

En el curso de la investigación por sus declaraciones, Ribeiro dijo ante la Policía Federal en marzo de 2021 que no quiso «faltar el respeto a nadie», y que «las familias de los gays, son familias» como la suya, según informó entonces el diario Estadao.

La AFP solicitó al ministerio de Educación una reacción a la denuncia, pero no obtuvo respuesta.

El ministro, de 63 años, asumió su cargo al frente de la cartera de Educación el 16 de julio de 2020, como el cuarto ministro de Educación del gobierno de Jair Bolsonaro. Es teólogo, abogado y pastor de la Iglesia Presbiteriana.

Fiscalía brasileña denuncia por homofobia al ministro de Educación

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Derrame de petróleo en Perú: ¿qué pasa en la Amazonía?

Fuentes: Servindi / Tierra Viva

La contaminación generada por Repsol en las costas limeñas pone la atención mediática en los peligros de la industria hidrocarburífera. Organizaciones indígenas de la Amazonía peruana denuncian que hace años vienen sufriendo el impacto del accionar de las petroleras. Entre 2000 y 2019, hubo 474 derrames en la Amazonía Norte y durante la pandemia se registraron otros 45 en un solo departamento.

Mientras el derrame de petróleo en Perú —en las costas de Lima, frente al distrito norteño de Ventanilla— ha producido la indignación general, cuatro derrames de crudo se han reportado desde fines de diciembre en los departamentos de Loreto y Amazonas, en el este peruano. Entre 2000 y 2019, la cantidad de derrames ocurridos en la Amazonía Norte peruana ascienden a 474, según un relevamiento de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt). En el departamento de Loreto se registraron 45 derrames entre marzo de 2020 y julio de 2021. Las comunidades indígenas de esas zonas cuestionan que «el Estado solo despliegue sus mayores esfuerzos para controlar y remediar un derrame cuando este ocurre en Lima y no cuando pasa en sus territorios».

El 15 de enero ocurrió un derrame de 6 mil barriles de petróleo ocasionado por la Refinería La Pampilla, de Repsol. El derrame recorrió los portales de los medios de comunicación a nivel global por su magnitud; el hecho fue considerado “el peor desastre ecológico en la historia reciente de Perú”. Además, este miércoles 26, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) inició el proceso de supervisión ante el aviso de un segundo derrame de hidrocarburos en la refinería La Pampilla de Repsol.

En junio del 2021, un estudio reveló los altos niveles de plomo en la sangre de grupos indígenas que habitaban en una región del norte de la Amazonía peruana, en las cuencas de los ríos Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre. “Se hicieron análisis de peces y otros tipos de alimentos, tanto en la cocina de las personas como en el río, y en esos productos se encontró presencia de metales pesados”, explican los investigadores y sentencian: “El petróleo se queda en el fondo del río”.

No ocurre solo en Lima

Horas después del primer derrame, el Observatorio Petrolero de Amazonía Norte denunció y reconoció el «terrible el daño cometido por la empresa Repsol a nivel ambiental (flora y fauna afectada) y social (impacto en economías locales, principalmente pescadores y esparcimiento y ocio para población afectada de Ventanilla y aledaños)». Además, el organismo añadió que se trata de «una expresión más de las malas prácticas empresariales» y que Repsol «no reportó la real dimensión de la afectación, falta de transparencia, falta de acciones a tiempo y de cobertura». Pero en el Amazonas peruano la situación es cotidiana.

Las organizaciones indígenas de la Amazonía lamentaron que el Estado solo despliegue sus mayores esfuerzos para controlar y remediar un derrame cuando este ocurre en Lima y no cuando pasa en sus territorios. Asimismo, recordaron que la crisis ecológica que hoy vive la capital, ellos la enfrentan desde hace 50 años por la contaminación de hidrocarburos.

En ese sentido, demandan con urgencia la restauración ambiental de las zonas impactadas, además de la imposición de multas ejemplares a las empresas responsables. Estudios científicos han demostrado las graves afectaciones a la salud de los pueblos indígenas del norte y oeste peruano.

El estudio «La sombra del petróleo» (Oxfam) estima que entre 2000 y 2019 la cantidad de derrames ocurridos en la Amazonía Norte asciende a 474. El estudió indicó que el 65 por ciento de los derrames se debieron a fallas operativas y a la corrosión de los ductos y el 28 por ciento a la intervención de terceros. Este dato evidencia que la mayoría de estos derrames fueron responsabilidad de las operadoras.

Además, se evidenció que el 94 por ciento de los barriles derramados en ese periodo fueron responsabilidad de la petrolera Pluspetrol, siendo esta la empresa más contaminante del país. El informe señaló la necesidad de cambiar la producción y consumo energético en el país, teniendo en cuenta las consecuencias en el cambio climático y los problemas que representaban los derrames para los pueblos indígenas de la Amazonía.

“Desde la plataforma Puinamudt sabemos lo que estos impactos conllevan y el perjuicio que generan”, indica la organización que representa a 98 comunidades indígenas ubicadas en ámbito petrolero y que agrupa a las federaciones indígenas de los ríos Corrientes, Marañon, Tigres y Pastaza.

Derrame de petróleo en el Amazona
Foto: Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP-Cuenca del Pastaza)

La empresa Pluspetrol es una de las principales causantes de esta contaminación. «Los derrames se producen de manera permanente en la Amazonía ante la mirada pasiva y permisiva del gobierno, así como la falta de reacción de la ciudadanía y lo medios de comunicación nacionales», lamentarion desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Desde Aisedep advierten que “el impacto de estos derrames en los territorios, los ríos, la vida y salud de los pueblos amazónicos es enorme”, por lo que no basta con sancionar a las empresas responsables. “En este escenario, la imposición de las multas a las empresas es una medida insuficiente, se necesita mayor contundencia del Estado frente a los crímenes ecológicos para que no queden impunes”, precisaron. La organización exige una restauración ambiental de las zonas impactadas por derrames petroleros, no solo en Lima, sino también en las comunidades indígenas de la Amazonía.

Sobre este tema también se manifestaron las cuatro federaciones de Loreto que integran la plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt). Al respecto, recordaron que desastres como el registrado recientemente en la capital peruana, «también ocurren en el Lote 182, Lote 8, el Oleoducto Norperuano y otros”. En efecto, desde fines de 2021 se reportaron cuatro derrames en dichos lotes.

El último 13 de enero, se reportó un derrame en el centro poblado de Pavayacu del Lote 8 (Loreto) y que se extendió hasta el río Huanganayacu. A este caso se suman otros tres que evidencian el incesante problema que representa la extracción petrolera en la Amazonía. El 27 de diciembre pasado se reportó un derrame en la cuenca del río Tigre, en el Lote 192 (Loreto). El 31 del mismo mes se reportaron otros dos: uno ocurrió en la cuenca del río Corrientes y otro en el Tramo II del Oleoducto Norperuano, en Santa María de Nieva (Condorcanqui, Amazonas).

Asimismo, como reportó el portal Ojo Público, se registraron 45 derrames de petróleo en Loreto desde el inicio de la pandemia (en marzo del 2020), hasta julio del 2021. Casi la mitad (22) de estos derrames ocurrieron en el Lote 8, administrado por Pluspetrol Norte. Esta petrolera busca abandonar la zona de explotación petrolera sin remediar los daños. A su vez, la empresa Frontera Energy, administradora del Lote 192, registró 15 derrames. Le siguen Petrotal Perú (4), Petroperú (3) y Perenco Perú Petroleum Limited (1).

Las huellas en la salud del derrame de petróleo en Perú

“Cuando hay un derrame de petróleo en los pueblos indígenas ni siquiera toman una decisión”, le dijo el apu de Pucacuro (Loreto), Emerson Mucushua, a la radio local RPP Noticias. Según Mucushua, pese a los pronunciamientos y las exigencias que hacen cuando un derrame impacta sus territorios, “el Estado no toma acciones legales” frente al hecho. “Hasta hoy no hay nada”, expresó el apu tras mostrarse sorprendido por como los ministerios se han movilizado para controlar el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.

En junio del 2021, un estudio reveló los altos niveles de plomo en la sangre de grupos indígenas que habitaban cerca de los lotes 8 y 192, en el norte de la Amazonía peruana. Además, se demostraba que los participantes del estudio que vivían en la cuenca del río Corrientes presentaban un mayor nivel de plomo. El estudio registró también las afectaciones de las cuencas de los ríos Marañón, Pastaza y Tigre.

Como señaló la antropóloga Federica Barclay, quien acompañó el proceso de esta investigación, el precario sistema de salud no permitió detectar que las enfermedades de los pacientes del lugar se debían a la contaminación por metales pesados. “La gente pasa los años teniendo tal vez niveles altos de arsénico, plomo, cadmio, que se manifiestan de diversas maneras. La contaminación por metales es el origen”, resaltó la profesional en su momento.

La investigación científica indicaba que la alimentación y las actividades ocupacionales de los pobladores (como la casa y pesca) eran las vías más probables de contaminación de las comunidades de los pueblos Achuar, Quechua, Kichwa y Kukama.

“Se hicieron análisis de peces y tipos de alimentos, tanto en la cocina de las personas como en el río, y en esos productos se encontró presencia de metales pesados”, explicó Barclay. “El petróleo se queda en el fondo del río. No se puede lavar el fondo del río y los peces siguen alimentándose de estas sustancias tóxicas”, agregó.

Derrame de petróleo en el Amazona
Foto: José Romero

Nota elaborada con publicaciones originales de: Servindi

Edición: Tierra Viva

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Colombia: En el 2022, el Magisterio Colombiano agitará con fuerza las banderas por la defensa de la vida, la paz, la democracia, la salud y la educación pública: Exigimos el respeto del derecho a la salud durante la prórroga de la contratación

En el 2022, el Magisterio Colombiano agitará con fuerza las banderas por la defensa de la vida, la paz, la democracia, la salud y la educación pública: Exigimos el respeto del derecho a la salud durante la prórroga de la contratación

El 2021 fue un año de lucha para el pueblo colombiano y para el magisterio nacional. Salimos a las calles masivamente a defender nuestros derechos ante un gobierno que se ha caracterizado por no escuchar a las comunidades, por no dialogar y por estigmatizar la protesta social. Es un compromiso con la democracia que debe persistir y fortalecerse en 2022 con nuestros votos en las urnas.

Producto de la lucha de FECODE, liderada por su Comité Ejecutivo, se firmaron los acuerdos con el Gobierno Nacional el pasado 6 de agosto. Nuevamente, por la firmeza de los maestros y maestras se cierra el 2021 con importantes logros:

-Inicio de la Comisión de Alto nivel para la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones.

-Decreto 1791 del 21 de diciembre de 2021: Cursos de formación de la ECDF III.

-Decreto del 21 de diciembre de 2021: Proporcionalidad de la prima de vacaciones.

-Decreto del 21 de diciembre de 2021: 19% bonificación pedagógica.

-Contribución a los docentes que presentaron problemas con créditos condonables otorgadas por el MEN-

-Avances en formación docente.

-Convocatoria al concurso docente.

La lucha no declina. Aún hay acuerdos pendientes por cumplir, como la materialización estatuto de la profesión docente, el proceso ascenso y reubicación para los docentes del estatuto 1278, avanzar en la discusión sobre financiación de la educación pública, lo relacionado con el derecho a la salud y seguridad y salud en el trabajo, entre otros.

La Federación manifiesta enfáticamente que la prórroga decretada por el Gobierno Nacional, a través del Consejo Directivo del FOMAG, no puede ser mirada como una patente de corso para seguir incumpliendo con las obligaciones emanadas de los contratos de salud, ejecutados con recursos públicos y que tienen una destinación específica: garantizar la salud y la vida.

El Consejo Directivo del FOMAG por mayoría prorrogó los contratos de salud del magisterio hasta el 31 de octubre de 2022, con tres votos del Gobierno a favor y dos votos en contra por parte de los representantes de FECODE. La posición de la Federación es una muestra de rechazo a las falencias sistemáticas, la inactividad de la Fiduciaria La Previsora y el Gobierno Nacional, en cabeza de la actual Ministra de Educación, de exigirles a los contratistas el cumplimiento cabal de los derechos en salud de los maestros y sus familias.

En este sentido, FECODE redoblará esfuerzos para que la vida y el bienestar del magisterio en su totalidad no se ve diezmado. Desplegará todas las acciones tendientes a defender la salud como un derecho y no una mercancía, para lo cual:

1. Exigirá al Gobierno Nacional, como quedó pactado en el acuerdo colectivo del pasado mes de agosto, la convocatoria de forma inmediata de la comisión nacional de seguimiento a la prestación del servicio de salud, para que desde este espacio se planteen los correctivos al deterioro que viene presentando el acceso con calidad y oportunidad al derecho a la salud en todas las regiones de país; 2. solicitará la actualización de los reportes y novedades en las bases de datos que maneja la Fiduciaria La Previsora, para evitar que los afiliados desaparezcan del sistema o que su vinculación se haga demasiado tardía; 3. reclamará que la red ofertada, contratada y la extraordinaria deberá seguir vigente y en operación; 4. estará atenta a que los prestadores garanticen el acceso a la salud con calidad y oportunidad. Por ello, debe desatarse el represamiento de cirugías, entrega de medicamentos, programación y realización de procedimientos entre otros; 5. exigirá celeridad en la construcción de los nuevos pliegos de condiciones y la convocatoria a la invitación pública, de tal forma que al terminar la actual prórroga se hayan adjudicado los contratos a los nuevos prestadores; y 6. participará en todas las sesiones de los comités regionales de prestaciones y/o eventos de los sindicatos regionales en aras de dar claridad sobre la postura de la Federación al interior del Consejo Directivo del FOMAG, al igual que coadyuvar en la denuncia y búsqueda de soluciones a la aguda problemática de la atención en salud del magisterio y sus familias.

FECODE reafirma su indeclinable compromiso ético y político para con los miles de maestros, maestras y sus familias, que hoy vienen siendo víctimas del mal servicio por parte de los prestadores de salud y requiere al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, el Consejo Directivo del FOMAG y la Fiduciaria La Previsora garantizar de forma inmediata los beneficios en salud contenidos en los contratos y exige que se dé apertura a los procesos por incumplimiento de los mismos.

Respecto al llamado a la presencialidad total en las instituciones educativas, nuevamente exigimos la debida inversión, dotación, adecuación de infraestructura educativa, personal de servicios generales y de vigilancia; y es sumamente importante el nombramiento de los docentes faltantes, porque hay un déficit significativo en todo el territorio nacional y los estudiantes no pueden regresar a aulas en el próximo año escolar sin contar con sus maestros y maestras.

Reafirmamos nuestro más contundente rechazo ante la situación de violencia, amenazas, estigmatización y calumnias contra el Magisterio Colombiano, que no cesa; así como, a la criminalización del derecho a la protesta social.

FECODE invita al magisterio y sus diferentes juntas directivas de los sindicatos departamentales, a permanecer en estado de alerta, desplegando las acciones necesarias para seguir denunciando los atropellos en salud.

FECODE les desea un nuevo año lleno de éxitos de logros y de éxitos. En 2022, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública, los derechos del magisterio y de los colombianos, unidos vamos con FECODE.

 

Fuente de la Información:https://www.fecode.edu.co/index.php/en-el-2022-el-magisterio-colombiano-agitara-con-fuerza-las-banderas-por-la-defensa-de-la-vida-la-paz-la-democracia-la-salud-y-la-educacion-publica.html

 

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Ecuador: Justicia rechaza pedido de Educación sobre clases presenciales en Guayaquil

Justicia rechaza pedido de Educación sobre clases presenciales en Guayaquil

Por ahora la medida del Municipio de Guayaquil de extender las clases virtuales hasta mediados de febrero se mantiene. Así lo resolvió el COE cantonal en un comunicado emitido el 14 de enero de 2022. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

El pedido de medidas cautelares presentado por la ministra de Educación, María Brown, fue negado. Mediante ese recurso el Gobierno esperaba que se cumpla el regreso voluntario a clases presenciales en Guayaquil, una disposición que ha sido frenada por el Cabildo debido al aumento de casos de covid-19.

La alcaldesa Cynthia Viteri publicó este sábado 29 de enero de 2021 la resolución en sus redes sociales. Allí indicó que “la justicia da la razón a Guayaquil en relación a clases presenciales. No se suspendió la educación, solo se protegió el derecho a la salud”.

Sin embargo, en el fallo la jueza Lilian Ponce, de la Unidad Judicial 4 de Adolescentes Infractores, expone que el recurso planteado por el Ministerio de Educación no es procedente porque no se puede reconocer al Estado como titular de derechos que son propios de las personas.

LA JUSTICIA DA LA RAZÓN AL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL EN RELACIÓN A CLASES PRESENCIALES. NO SE SUSPENDIÓ LA EDUCACIÓN, SOLO SE PROTEGIÓ EL DERECHO A LA SALUD

 

Fuente de la Información: https://www.elcomercio.com/actualidad/guayaquil/justicia-rechaza-pedido-clases-presenciales-guayaquil.html

 

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