Justicia rechaza pedido de Educación sobre clases presenciales en Guayaquil
Por ahora la medida del Municipio de Guayaquil de extender las clases virtuales hasta mediados de febrero se mantiene. Así lo resolvió el COE cantonal en un comunicado emitido el 14 de enero de 2022. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
El pedido de medidas cautelares presentado por la ministra de Educación, María Brown, fue negado. Mediante ese recurso el Gobierno esperaba que se cumpla el regreso voluntario a clases presenciales en Guayaquil, una disposición que ha sido frenada por el Cabildo debido al aumento de casos de covid-19.
La alcaldesa Cynthia Viteri publicó este sábado 29 de enero de 2021 la resolución en sus redes sociales. Allí indicó que “la justicia da la razón a Guayaquil en relación a clases presenciales. No se suspendió la educación, solo se protegió el derecho a la salud”.
Sin embargo, en el fallo la jueza Lilian Ponce, de la Unidad Judicial 4 de Adolescentes Infractores, expone que el recurso planteado por el Ministerio de Educación no es procedente porque no se puede reconocer al Estado como titular de derechos que son propios de las personas.
LA JUSTICIA DA LA RAZÓN AL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL EN RELACIÓN A CLASES PRESENCIALES. NO SE SUSPENDIÓ LA EDUCACIÓN, SOLO SE PROTEGIÓ EL DERECHO A LA SALUD
Fuente de la Información: https://www.elcomercio.com/actualidad/guayaquil/justicia-rechaza-pedido-clases-presenciales-guayaquil.html
Moot Court de Propiedad Intelectual de UTP y ASIPI reunió a más de 100 estudiantes y 58 especialistas de 11 países
El equipo ganador del Moot Court recibió un premio de US$ 2,000.
La tercera edición del Moot Court de Propiedad Intelectual, organizada por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), congregó a más de 100 estudiantes y 50 especialistas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, entre otros países. Los concursantes participaron en la simulación de un juicio, resolvieron un caso hipotético de controversia legal en materia de propiedad intelectual y lo defendieron ante un tribunal.
En el evento, desarrollado en dos etapas de manera virtual, se realizaron 19 juicios simulados. Los equipos participantes fueron evaluados por 58 jurados de 11 países, pertenecientes a reconocidas instituciones como el Indecopi, la Sociedad Peruana de Propiedad Intelectual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Junta Nacional de Justicia del Perú, así como especialistas de estudios de abogados y empresas.
El equipo ganador del Moot Court recibió un premio de US$ 2 000 y sesiones de mentoría a cargo de especialistas de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la UTP.
“Con esta competencia, tanto la UTP como ASIPI, contribuyen a mejorar el entendimiento de la propiedad intelectual. Agradezco a los 58 jurados de diversos países que nos han acompañado y, finalmente, a los equipos que se inscribieron por su compromiso, ganas de aprender y proactividad”, indicó Luis Diez Canseco, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la UTP.
Por su parte, Juli Gutiérrez Zanelli, directora ejecutiva de ASIPI, destacó la importancia de esta iniciativa en la que también participaron 15 representantes de ASIPI como miembros del jurado.
“A lo largo de estos tres días, de la etapa final, hemos sido testigos del desarrollo de audiencias orales en las que se ha podido constatar la preparación, la responsabilidad, la versatilidad y el entusiasmo de jóvenes universitarios que han hecho un despliegue de conocimientos en el campo de la propiedad intelectual”, señaló.
Fuente de la Información: https://larepublica.pe/sociedad/2022/01/27/moot-court-de-propiedad-intelectual-de-utp-y-asipi-reunio-a-mas-de-100-estudiantes-y-58-especialistas-de-11-paises/
Un estudio apunta a que la evaluación científica debe tener mirada de género
Un estudio de la Academia Brasileña de Ciencias concluye que, si no se considera al género como un factor importante al evaluar y calificar a los académicos, las disparidades de género en ciencias se profundizarán aún más
Un ránking publicado de forma reciente, que ha clasificado a los cien mil científicos/as más influyentes del mundo, basándose exclusivamente en criterios de citación, ha sido revisado en un artículo publicado por la Academia Brasileña de Ciencias. En este estudio se concluye que si no se considera al género como un factor importante al evaluar y calificar a los académicos, las disparidades de género en ciencias se profundizarán aún más.
El ranking consideró factores como el número total de citaciones y el número de citaciones de un artículo de autoría única, el primer y el último autor.
Fernanda Staniscuaski, profesora del Instituto de Biociencias de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil) y una de las autoras del estudio, ha manifestado a Scidev.Net que «La citación es una métrica extremadamente sesgada y debatir sobre estas clasificaciones es fundamental para evitar ampliar la brecha de género en la ciencia».
Aunque las mujeres siguen siendo una minoría entre los investigadores del mundo, el informe de la Unesco de 2019 América Latina y el Caribe señala que hay un índice de un 45,1% por ciento de participación femenina en la Región.
Venezuela denuncia informe tendencioso de Acnur como parte de una agenda oculta para justificar su intervención
La Vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que el informe que realizó la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en 2021 tiene “una falla aritmética con una agenda oculta que denuncia hoy Venezuela, subrepticiamente es la creación artificiosa de la guerra de crisis humanitaria de la que tanto ha anhelado el Gobierno de los EE.UU. ocurra en Venezuela para intervenir”.
La denuncia la realizó vía remota, durante el examen periódico universal correspondiente a Venezuela, durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde explicó que en el 2020 la Acnur certificó que Colombia, como primer país en número de desplazados internos producto del conflicto armado con 8,3 millones y los que llegaron a Venezuela como país receptor.
“Donde no los hemos considerado ni etiquetados como refugiados, sino que los hemos acogido como hermanos en nuestros sistemas generosos de Derechos Humanos”, dijo.
Posteriormente en 2021, continuó la vicepresidenta que “un informe tendencioso, con fallas metodológicas, convierte a Colombia de primer país en número de desplazados internos a un país segundo en número receptor de migrantes”.
Consideró contradictoria la avenencia de agresores y víctimas de políticas hegemónicas de dominio en un mismo lugar y solicitó evitar la instrumentalización política del sistema de los derechos humanos.
Venezuela denuncia que informe tendencioso de Acnur es parte de una agenda oculta para justificar su intervención
Venezuela denuncia que informe tendencioso de Acnur es parte de una agenda oculta para justificar su intervención
Enfrenta 512 medidas coercitivas y unilaterales
Luego de que el presidente norteamericano Barack Obama declarara a Venezuela como una «amenaza» a la seguridad de su país, fue un entramado con el que se emitieron medidas coercitivas y unilaterales; así como medidas restrictivas y punitivas sin ningún asidero ni basamento en el Derecho Internacional.
Destacó que contra Venezuela le mantienen una lucha constante; amenazas que atentan contra la seguridad ciudadana y violación de sus derechos: «512 medidas, para ser precisos y exactos, que violentan al país».
Condenó la indiferencia y complacencia existente ante estas violaciones de los derechos humanos y afirmó que Venezuela alza la voz para que se estudie y se tomen las medidas necesarias para resolver las problemáticas que padece, de violación del Derecho Internacional Público.
Menor índice de desigualdad
La vicepresidenta resaltó el compromiso del Estado venezolano de garantizar al pueblo venezolano el disfrute de los derechos civiles y políticos al realizar en 20 años 29 procesos electorales; además garantiza los derechos sociales y económicos “basta solamente referirse al Índice de Gini que mide la desigualdad para saber que Venezuela está dentro de uno de los pocos países menos desiguales de América Latina».
También resaltó la atención oportuna en materia de viviendas, educación, servicios públicos, la consolidación y reforma del sistema de justicia, siempre con garantía de los derechos humanos; y la realización de procesos electorales.
Denunció a Reino Unido, país que se apoderó del oro del pueblo venezolano, incluso en momentos de pandemia, y «Venezuela no pudo responder a la pandemia porque nuestros recursos fueron bloqueados”.
Sin embargo, afirmó que “supimos atender a nuestra población. Venezuela ha mostrado números significativos y alentadores en el control de la pandemia”, y fue gracias al sistema público de salud que el país pudo enfrentar de manera ejemplar la COVID-19.
Del mismo modo, indicó que Venezuela cerró su último trimestre del 2021 con un crecimiento del 7.6% en su producto interior bruto (PIB).
También, Rodríguez anunció que Venezuela ha establecido líneas de asistencia y cooperación con la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. “Aceptamos las 193 recomendaciones y adoptamos 24 compromisos voluntarios” del segundo examen periódico universal de Derechos Humanos.
La Vicepresidenta Ejecutiva hizo un llamado al Consejo de los DD.HH., ”este consejo debe reflexionar. El sistema de los derechos humanos debe ponerse al servicio de los pueblos, acabar con los desequilibrios”.
Este fue el tercer examen que enfrenta Venezuela después del primero que ocurrió en 2011 y el segundo en 2016.
Fuente de la Información: https://www.farodiroma.it/venezuela-denuncia-informe-tendencioso-de-acnur-como-parte-de-una-agenda-oculta-para-justificar-su-intervencion/
Más de 30 iniciativas ya han superado las 15 mil firmas necesarias para su discusión en la Convención Constitucional. Todas las personas podrán respaldar un máximo de siete normas constitucionales hasta el próximo martes. Conoce el detalle a continuación.
El próximo 1 de febrero vence el plazo para respaldar las iniciativas populares de normas constitucionales presentadas por la ciudadanía ante la Convención Constitucional.
Hasta la fecha hay 2.496 propuestas publicadas en laPlataforma Digital de Participación Ciudadana que ha dispuesto el órgano redactor de la nueva Carta Magna que dirigirá el futuro de nuestro país.
Las iniciativas que consigan 15 mil patrocinios en al menos cuatro regiones distintas podrán ser discutidas en las comisiones correspondientes, donde deberán alcanzar un quórum de mayoría simple para llevar el debate al pleno de la Convención Constituyente que deberá aprobarla por dos tercios, dando su paso a su inclusión en la nueva Constitución.
Actualmente, las propuestas publicadas en el sitio web de la Convención han sumado más de 1.700.000 firmas, las que provienen desde más de 720 mil personas.
Al momento de ingresar a una de las iniciativas, debes presionar el botón “Apoyar”.
Ahí deberás identificarte con la Clave Única o con la Cédula de Identidad y su número de serie.
Todas las personas podrán respaldar un máximo de siete normas constitucionales hasta el martes 1 de febrero de 2022 a las 23:59 horas.
¿Cuáles son las iniciativas con más firmas?
Hasta ahora, 37 iniciativas han superado las 15 mil firmas requeridas para su discusión en la Convención Constitucional. Estas son:
“Con mi plata no: Defiende tus ahorros previsonales”
“Cannabis a la Constitución ahora: Por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, soberanía personal y el bienestar”
“Será Ley: Iniciativa popular de apoyo al aborto”
“Banco Central Autónomo”
“Confesiones religiosas quieren contribuir con la CC: Texto sobre la libertad religiosa y de conciencia en la nueva Constitución”
“Derecho a la vida”
“Primero las víctimas”
“Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza”
“Iniciativa popular por una educación libre y diversa”
“Nacionalización de las empresas de la gran minería, del cobre, del litio y del oro”
“Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares”
“#NoSonMuebles: Incorporación de los animales en la Constitución”
“Libre derecho sobre la propiedad privada”
“Nuevas regiones de Chiloé y Aconcagua”
“Una educación feminista para Chile: laica, pública y no sexista”
“Normativa por el respeto y la dignidad de Bomberos de Chile”
“Inhabilidad para ejercer cargos públicos para personas condenadas por corrupción”
“Por el derecho a la educación. construyendo un sistema plurinacional de educación pública estatal-comunitaria”
“Protección de los animales. reconocimiento de la existencia y respeto de las culturas rurales, tribal afrodescendientes y pueblos originarios”
“Sujetos, no objetos”
“Los primeros mil días: por el derecho a la protección de la primera infancia, la maternidad y la coparentalidad”
“Salud mental gratuita y de calidad como derecho”
“Mapa de las tradiciones de Chile”
“Derecho de toda persona autista a recibir terapias. El Estado debe de garantizar su acceso continuo en el sector público y privado”
“Por unas fuerzas armadas y de orden que sean el orgullo de todos los chilenos y garanticen la democracia, la seguridad nacional y la defensa de la patria”
“Sistema Único de salud, universal, plurinacional e integrado para el nuevo Chile que estamos construyendo democráticamente”
“Una constitución política para las y los trabajadores de Chile”
“Transformación de zonas de sacrificio a zonas de restauración ambiental”
“Derecho a ser club e hincha”
“Derechos de niños, niñas y adolescentes, reconocidos y consagrados en la nueva constitución política de la República”
“Cárcel para Sebastián Piñera”
“Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medioambiente y los desafíos del cambio climático”
“Protección del medio ambiente, cambio climático y fin a zonas de sacrificio”
“Consentimiento médico informado. Aceptar o rechazar un determinado tratamiento médico o vacunación debe ser un opción libre e individual”
“Derecho a la educación: pública, gratuita, laica y de calidad”
El encuentro se da desde este mediodía en la Secretaría de Trabajo, delegación Comodoro Rivadavia. Asisten representantes de sindicatos educativos y referentes del Gobierno.
De la reunión participan los representantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación (Atech), Unión Docentes de Argentina (UDA), Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed), según comunicó el Gobierno de la provincia.
En representación del Gobierno del Chubut, están presentes los ministros de Educación, Economía, Infraestructura, Gobierno y Justicia; Florencia Perata, Oscar Antonena, Gustavo Aguilera y Cristian Ayala, respectivamente.
Además de la cuestión de la recomposición salarial, también se tratarán temas de infraestructura escolar, licencias gremiales, el Programa «Volvé a la Escuela», la Ley de Concurso de Ascenso y Concurso de Ingreso Secundaria.
El ministro de Gobierno, Cristian Ayala, confirmó que en el encuentro se realizará una propuesta ante el planteo del «aumento de emergencia» solicitado, que es adelantar las dos cuotas pendientes del aumento del 30% resuelto por el Gobierno provincial.
Organizaciones indígenas de Ecuador entregaron a la Corte Constitucional más de 365.500 firmas de respaldo recogidas en todo el mundo, para que se les garantice el derecho a una consulta previa, libre e informada a las comunidades sobre los planes de actividades extractivas –sobre todo en minería y petróleo- en sus territorios en la Amazonía.
Representantes de las nacionalidades Cofán y Waorani, entre otras, llegaron a la Corte para mostrar el respaldo internacional a su reclamo de consulta sobre las concesiones mineras y petroleras que el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso pretenda celebrar en la Amazonía.
Lasso, emitió en julio pasado un decreto para intentar duplicar la producción petrolera del país, acción calificada de «inconstitucional» por organizaciones sociales, que le acusan de hacerlo sin mediar la obligatoria consulta a las comunidades que podían ser afectadas. Se espera que la Corte Constitucional se pronuncie en los próximos días sobre la demanda, apoyada por organizaciones sociales ecuatorianas e internacionales.
«No queremos explotar nuestro bosque, ni mineros, ni maquinaria pesada. Queremos que sea como antes, que el río y bosque estén sin contaminación», declaró Víctor Quenamá, presidente de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que acompañó a las bases amazónicas, dijo que esta acción forma parte de una lucha contra el cambio climático que se produce por los excesos «del sistema de explotación capitalista». Isa exigió detener esta «forma de desarrollo criminal» que atenta sobre la forma de vida de los pueblos indígenas de la selva amazónica.
Iniciativas como «Quienes Deben Decidir», «Wao Resistencia» y «Stand With Sinangoe» recogieron cientos de miles de firmas de apoyo que fueron entregadas a la Corte Constitucional junto a una carta en la que se pide escuchar a los pueblos indígenas y que se «garantice» su derecho a decidir sobre sus territorios.
«Nos sentimos respaldados de todo el mundo por nuestra lucha y resistencia», aseguró Silvana Nihua, presidenta de una organización Waorani, y dijo confiar en que la Corte Constitucional dará el paso «histórico» en beneficio de las comunidades que habitan en la región amazónica y en el país entero.
“El mundo tiene sus ojos sobre Ecuador debido a los históricos casos de la comunidad A’i Kofán de Sinangoe y Waorani de Pastaza, que vencieron al poder empresarial y al Estado ecuatoriano que entregó concesiones mineras y petroleras en sus territorios ancestrales, sin la debida consulta”, expresa la petición.
Por su parte, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), Marlon Vargas se refirió al precedente que sentó la comunidad del A’i Kofán y subrayó que la corte tiene “la oportunidad histórica” de emitir un fallo favorable que garantice el derecho de las comunidades autóctonas a la consulta y “el consentimiento previo, libre e informado”.
Como parte de esta iniciativa, las comunidades que habitan junto a los ríos Coca y Napo presentaron un centenar de pedidos de medidas cautelares ante el Consejo de Judicatura de Puerto Francisco de Orellana, en el corazón de la región amazónica del país, ante el avance acelerado de la erosión regresiva del río Coca, catalogada como un peligro inminente a los derechos de estas comunidades a vivir en un ambiente sano, a la salud, la alimentación, el acceso a la información y la justicia.
A inicios de abril pasado se produjo en esta región la rotura de los principales oleoductos ecuatorianos: el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el Poliducto Shushufindi–Quito. La avería y posterior derrame de miles de barriles de crudo al suelo y cauces de los ríos afectó a más de 100 comunidades kitchwa con una población de al menos 27.000 personas.
Las comunidades denunciaron que detrás de la rotura estaba la negligencia de las empresas y otras entidades públicas, que no adoptaron medidas preventivas pese a que alertaron sobre las consecuencias de la erosión regresiva, unido a la inestabilidad geológica, la actividad sísmica y volcánica de la región.
Para evitar futuras averías y derrames, las comunidades demandan la inmediata suspensión del bombeo, el establecimiento de planes efectivos de respuesta inmediata, la reparación ante posibles inundaciones y otros daños, y la provisión de agua y proteína animal de manera estable hasta que los cauces del Coca y el Napo recuperen su normalidad.
El Ejecutivo ecuatoriano ha afirmado que las políticas aprobadas por el Gobierno de Lasso, que buscan intensificar la producción petrolera y minera en el país, tienen como objetivo impulsar la economía y reducir la pobreza que afecta, entre otros grupos sociales, a los indígenas.
Pero las organizaciones indígenas aseguran que su experiencia, a lo largo de décadas de extracción petrolera en el Amazonía, pone de manifiesto que los beneficios de dichas actividades extractivistas no llegan a las comunidades y que, además, entrañan el alto riesgo de desastres irreparables para la naturaleza y la vida de los pueblos originarios.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica); la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos respaldan la campaña “Detén la Extracción en la Amazonía”.
Eloy Osvaldo Proaño. Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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