América del Sur/Ecuador/13 Agosto 2016/Fuente: Prensa Latina
La Comisión de Fiscalización de Ecuador determinó de archivar la petición de juicio político contra el ministro de Educación Augusto Espinosa por falta de elementos suficientes que sustenten el proceso.
«No existen méritos, ni elementos de convicción suficientes para la determinación de una responsabilidad política», resolvió la instancia sobre la supuesta infracción de normativas, denunciadas en el pedido.
La decisión, descrita como seria y responsable por el legislador Víctor Medina, se tomó con nueve votos a favor.
«No estamos para complacer a nadie, sino para hacer cumplir la Constitución y la ley», afirmó el asambleísta.
De acuerdo con el pleno, los parlamentarios acusadores actuaron con irresponsabilidad y no entregaron pruebas suficientes para determinar la procedencia del juicio.
Sus argumentos se basaron en que Espinosa incumplió los artículos 212, 227 y 348 de la Constitución, así como el Cinco del Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de Bienes y Existencias del Sector Público.
Al respecto, la comisión concluyó que en el caso de la presunta violación al artículo 212 de la Carta Magna, el Secretario de Estado no tiene competencia sobre la expedición de la normativa para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría General del Estado, según una nota emitida por la Asamblea Nacional.
En cuanto al artículo 227, «no se ha presentado pruebas que demuestren que el imputado ha incumplido los 11 principios que rigen la administración pública en su conjunto o individualmente», indica la información.
Por otra parte, sobre la presunta infracción al apartado 348 de la Constitución, la comisión también consideró insuficientes las evidencias que demuestren falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas por el mandato.
Con relación al incumplimiento del reglamento, la mesa recordó la existencia de una Disposición Transitoria Única cuyo plazo vence en diciembre de este año, lo cual establece un plazo en vigencia para que las instituciones actualicen sus inventarios y el valor de sus bienes.
En el informe la Comisión incluyó antecedentes de la solicitud de enjuiciamiento político como la resolución del Consejo de Administración Legislativa, el conocimiento y verificación del cumplimiento de requisitos por parte de la Comisión de Fiscalización, las comparecencias y documentación entregada por las partes acusadora y acusado y la improcedencia de algunas solicitudes enviadas al organismo parlamentario.
La valoración integral de la prueba y debate jurídico, documentación y pruebas presentadas, fundamentos de derecho, valoración de los elementos de convicción, doctrina y definiciones fueron otros elementos tomados en consideración.
El informe se remitirá a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=5139061&Itemid=11
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