Por: Manuel Novik
Un informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos recopiló más de 600 denuncias a nivel mundial por abusos de derechos humanos en empresas chinas en el globo entre 2013 y 2018. Una importante cantidad de esas denuncias ha sido documentada en Ecuador en sectores como la minería, el petróleo o la pesca.
En 1999 el gobierno chino inició una política pública para promover sus inversiones en el exterior. Desde entonces su impacto en el mundo ha crecido notablemente. Algo que se reforzó aún más con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), conocida como la nueva ruta de seda. La iniciativa es la principal estrategia de cooperación internacional en términos económicos y políticos, que la integra con 140 países a largo y ancho del globo.
En la última década, la inversión directa de China en los países del BRI superó los $ 90.000 millones de dólares, alcanzando un volumen de negocio de $ 400.000 millones de dólares en proyectos contratados en el extranjero en estos países.
La política exterior china ha facilitado una expansión masiva de la inversión directa, en especial a los países en desarrollo que la necesitan para impulsar sus economías. Los mercados chinos se desenvuelven principalmente en energía, construcción, minería y metal. A pesar de la pandemia, los bancos chinos adelantaron préstamos a diversos sectores de sus empresas en todo el mundo.
Ecuador entre los más afectados por abusos de empresas chinas
Entre 2013 y 2020 el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos registró 679 denuncias de abusos de derechos humanos vinculadas a empresas chinas funcionando en todo el mundo. Solo un 24% de las empresas respondió ante las denuncias.
Los países con gobiernos débiles presentaron un mayor número de denuncias. Ecuador se posicionó en tercer lugar con 39 casos, solo detrás de Myanmar con 97 y Perú con 60. Las regiones más afectadas fueron Asia, África y América Latina.
En el proyecto Mirador, mujeres protestaron tras los desalojos de 2015. Foto: Cascomi
La mayoría de las denuncias vinieron de la industria del metal, la minería y la construcción. Los conflictos sociales relacionados con los pueblos indígenas y el consentimiento informado, la pérdida de medios de vida, los derechos sobre la tierra, las palizas a activistas y las protestas fueron los temas más citados en las alegaciones.
Algunos de los 39 casos ecuatorianos presentan varias denuncias a una misma empresa. En total se registraron 63 alegatos dentro de los casos. Las áreas más afectadas fueron las comunidades indígenas con 12, divulgación de impactos ambientales (EIA) con 10, palizas y violencia con 6, pérdida de medios de vida con 6 y derechos de tierras con 5 denuncias. La amplia mayoría de los casos (28) vienen del sector de la metálica y minería.
Explotación petrolera
En 2016 el gobierno ecuatoriano firmó un contrato de explotación petrolera con el consorcio chino Petroandes en la provincia de Pastaza. Los bloques 79 y 83 pasaban por las jurisdicciones de las comunidades indígenas Sápara y Quichua. El gobierno dijo haber consultado a las comunidades, pero estas declaraciones fueron desmentidas por los representantes amazónicos.
La comunidad Sápara envió una carta ante el embajador chino de la ONU donde argumentaba que el 40% de su territorio se veía afectado en las concesiones y que su idioma, patrimonio intangible declarado por la UNESCO, estaría en peligro. Petroandes se dirigió al Ministerio de Energía con una solicitud de fuerza mayor debido a la resistencia y oposición social de los pueblos indígenas. Luego de años de lucha, en 2019 llegó una victoria histórica para los derechos indígenas. Se detuvieron más de 158.000 hectáreas para la explotación petrolera.
A pesar del gran triunfo, éste se limitó solo al bloque 79. Mientras que el bloque 83 quedó abierto a la explotación. Son instancias difíciles, y más tomando en cuenta que el país debe entregar el 90% de su producción de petróleo a China hasta 2024.
El Estado ha perdido varias instancias judiciales por las falencias en los procesos de consulta previa.
Constan casos como los de los indígenas cofán en Sinangoe que demostraron que empresas mineras avanzaron en sus tierras sin una consulta, los indígenas waorani en Pastaza que demostraron explotación y exploración petrolera en sus territorios sin previa consulta o los indígenas kichwa de Santa Clara que lograron la suspención de la construcción de una hidroeléctrica ya que tampoco hubo una consulta. En este último caso se investiga una supuesta red de corrupción que vincula a un juez que habría sobornado a uno de los magistrados del caso.
Minería
En 2012 el gobierno firmó el primer contrato de minería a gran escala del país. El proyecto Mirador está ubicado en Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Es propiedad de Ecuacorriente, que fue adquirido por el consorcio chino CRCC – Tongling. El consorcio también adquirió todos los activos que poseía la empresa canadiense Corriente Resources, pero mantenía filiales en Canadá.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y MiningWatch Canadá presentaron una denuncia en el Punto Nacional de Contacto de ese país por el desplazamiento forzoso y afectaciones al medio ambiente de poblaciones indígenas.
El líder shuar José Tendetza que se oponía al proyecto minero fue hallado muerto días antes de una protesta relacionada con el tema. Según el portal británico The Guardian, el líder tenía previsto condenar el proyecto minero en un Tribunal de Derechos de las Naciones Unidas en Lima.
No hay evidencias concretas que esclarezcan el asesinato de Tendetza, sin embargo, la INREDH declaró que habías sospechas de que su asesinato estaba ligado a sus acciones como defensor de la tierra.
Un grupo de activistas ecuatorianos que viajaban en autobús a la misma convención fueron detenidos varias veces y finalmente retenidos por la Policía en su camino a Lima. El portal asegura que el entonces presidente Correa quería evitar una mala imagen internacional ya que tenía en la mira la explotación del Yasuní.
La ONG Front Line Defenders reportó que en 2015 fuerzas policiales y empresas de seguridad privada habrían demolido las casas de comunidades en Tundayme. Según la organización los desalojos habrían sido contratados por Ecuacorriente y tampoco se habría realizado la consulta a la comunidad.
La Comunidad Amazónica de Acción Social (CASCOMI) interpuso una acción de protección contra el Estado y Ecuacorriente sobre la omisión de la consulta previa, libre e informada y los desalojos forzados a 36 familias campesinas e indígenas desalojadas de Tundayme.
La empresa pidió que se desestime el recurso y argumentaron que las tierras en cuestión no eran ancestrales. Además, dijeron que los desalojos respondieron a la obligatoriedad minera y que sí habían informado a la comunidad sobre esta acción.
Pesca ilegal
En 2020 la Armada ecuatoriana descubrió una flota pesquera china de 340 embarcaciones frente a las islas Galápagos. Una investigación del Instituto de Desarrollo de Ultramar encontró que 183 embarcaciones estarían envueltas en pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR). El gobierno ecuatoriano declaró su rechazo a estos eventos, pero su relación comercial con China y su capacidad de control dificultan acciones eficientes.
Muchas unidades han permanecido cercanas a las islas. Su mecanismo es el de apagar intermitentemente sus radares y entrar casi siempre en las noches a zonas donde la pesca es prohibida. Según la agencia de pesca de la ONU, China acumuló un 15% de las capturas pesqueras globales. La flota china es la más grande del mundo.
Otro informe de Oceana hizo un monitoreo en asociación con Google y Global Fishing Watch y encontraron que el 99% de la pesca en las afueras de la reserva venía de flotas chinas. Principalmente extraían calamares y peces, indispensables en el equilibrio de la biodiversidad de las islas. La reserva marina del archipiélago cubre 133.000 kilómetros cuadrados y es patrimonio mundial de la UNESCO.
Energía renovable
En 2014 un derrumbe en el pozo del proyecto chino Coca Codo Sinclair ocasionó la muerte de 13 obreros, 10 ecuatorianos y 3 chinos. Además, 12 resultaron heridos. Uno de los heridos declaró que las condiciones del túnel podían ser peligrosas por las intensas lluvias.
En la hidroeléctrica Sopladora murieron también 4 técnicos chinos a causa de una explosión. Se estaba realizando la ampliación de un pozo subterráneo al momento de los hechos.
En Azuay se sentó un precedente histórico para la energía renovable del país en 2018 cuando un juez ordenó a la empresa china Ecuagoldmining detener sus actividades mineras en Cuenca. Un mes antes la CONAIE reportó que el campamento de ese proyecto minero (Río Blanco) “sufrió un incendio por represión ejercida por la seguridad de la empresa transnacional y la policía nacional”.
La organización detalló que la Policía lanzó bombas lacrimógenas a niñas, mujeres y hombres que se manifestaban en contra de la empresa. El ataque de bombas lacrimógenas y molotov habría impactado con un material químico que luego ocasionó el incendio en el campamento.
Todos los 39 casos ecuatorianos, compuestos por 63 denuncias a empresas chinas se encuentran en el reporte del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Las industrias con mayor riesgo a la vulneración a los derechos humanos son la minería con 35% y la construcción con 22%. Ambas representan el mayor número de denuncias del Ecuador.
Fuente de la información e imagen: PLANV
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