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INFORME DE COYUNTURA OVE: INVERSIÓN, SALARIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS Y LAS DOCENTES EN AMÉRICA (PDF)

OVE / CII-OVE / 11 de junio de 2021

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han construido un conjunto de recomendaciones relativas a la situación del personal docente de inicial, primaria y secundaria (1966) y sobre la condición del personal docente de la enseñanza superior e investigadores (1997).

Estos instrumentos definen derechos y responsabilidades de los y las educadoras(es), los cuales sirven de marco de referencia para gobiernos, empleadores, sindicatos y gremios docentes e instancias de investigación. Al ser generadas por dos organismos multilaterales, estas recomendaciones se constituyen en una guía para los gobiernos que forman parte del sistema de naciones unidas. Estos multilaterales son las instancias encargadas de su seguimiento y desde el 2015 se informó la conformación de una comisión mixta de actualización de sus contenidos, siendo la Comisión de Expertos OIT/UNESCO sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART), la encargada de coordinar este trabajo.

La pandemia del COVID-19 ha significado un nuevo deterioro en las condiciones de trabajo del personal docente en América, golpeado en las últimas décadas por la ofensiva neoliberal de privatización, mercantilización y estandarización de los sistemas escolares, así como por la precarización laboral.

Uno de los mayores problemas epistemológicos que enfrentan los gremios y sindicatos docentes en cada país, es la falta de información comparada regional y de análisis de tendencias. Esto limita la acción reivindicativa y la unidad de los y las trabajadores(as) de la educación, en medio de una ofensiva corporativa del gran capital.

Este trabajo de Otras Voces en Educación procura contribuir a la construcción de una mirada sistémica, con análisis dialécticos entre lo global y lo local en materia de inversión en educación, salarios y condiciones de trabajo del personal docente, desde una clara perspectiva del mundo del trabajo.

Hemos cruzado datos oficiales de los gobiernos reportadas a UNESCO, con la que facilitaron gremios y sindicatos docentes de América, así como investigadores(as) y académicos(as) plasmada en un instrumento de recolección de información. Posterior a la publicación de este Informe de Coyuntura, comenzaremos a dar a conocer las fichas por país que sirvieron de base para este trabajo, las cuales iremos alimentando de manera periódica. Los aportes de la Red Global/Glocal por la calidad educativa y del Grupo de Contacto Internacional (GCI) han sido fundamentales para poderles presentar este estudio.

Esperamos que este informe aliente a los y las investigadores(as) nacionales, gremios y sindicatos docentes, para fortalecer o iniciar estudios en profundidad sobre cada una de las realidades que abordamos.

Puede acceder al informe completo en el siguiente enlace:

Informe de Coyuntura

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La huelga nacional en Colombia: perspectiva sindical

Por: Daniel Hawkins

Traducido del inglés para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Durante el pasado mes y medio Colombia ha vivido presa de una agitación social y política sin parangón en el último medio siglo. El 28 de abril comenzó una huelga nacional que ha ocupado las calles y avenidas de más de 600 ciudades de todo el país, una agradable aunque inesperada sorpresa para los dirigentes del comité de huelga y que ha pillado totalmente desprevenido al gobierno nacional, que no esperaba el alcance de la misma y su enorme apoyo popular.

Aunque en sus inicios la huelga estaba relacionada con el descontento popular producido por el proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno, también supuso el resurgir de las grandes manifestaciones que inundaron Colombia desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020. Pero más que un reflejo espontáneo de la amplia crisis social instalada en Colombia desde hace décadas, el contexto actual presagia una explosión social mucho más profunda, general y trascendental.

Contexto nacional previo a la huelga

La aparición de la pandemia de covid-19 en Colombia al comienzo de marzo de 2020 fue una bendición para el gobierno. Tras cuatro meses de revuelta popular y las mayores manifestaciones de protesta desde la huelga nacional de 1977, la oportunidad de centrar la atención en un “enemigo común” permitió al presidente Iván Duque reforzar su menguante popularidad y fabricar la imagen de un dirigente fuerte y asertivo.

La pandemia y las políticas puestas en marcha para limitar la actividad social y económica sirvieron para que las protestas ya debilitadas perdieran fuelle sin alcanzar victorias políticas concretas, y para que el presidente y su gobierno se sintieran relativamente a salvo. En realidad, el cierre institucional del país abrió la puerta a un golpe de estilo ejecutivo a la democracia, permitiendo gobernar por decreto durante la mayor parte de 2020 sin que el sistema judicial mostrara disconformidad al respecto, y menos aún un Congreso plagado de parlamentarios procedentes de familias dinásticas envueltos en escándalos de corrupción y otros delitos (Reyes Ramírez, 2017).

A medida que el covid-19 acababa con el ya mermado sistema de salud privatizado, dejando a su paso casi 96.000 muertes a 14 de junio de 2021, las iniciativas del gobierno para mitigar el impacto socioeconómico de un año de políticas destinadas a contener la difusión del covid-19 fueron poco entusiastas, por decir algo. Mientras en gran parte del mundo se ponían en marcha paquetes de ayuda a los ciudadanos afectados por las políticas destinadas a contener la pandemia, en Colombia se decidió la estrategia fracasada de antemano de ofrecer ayuda a un pequeño porcentaje de los hogares más afectados mientras se pretendía proteger a las empresas mediante préstamos controlados y diluidos por el sistema bancario. Mientras los niveles de pobreza se disparaban en todo el país, hasta afectar a 21 millones de personas a inicios de 2021, el sistema de mitigación de la pobreza del gobierno, el Fondo de Solidaridad –con una ayuda de apenas 43 dólares al mes– llegaba solo a 2,6 millones de personas.

Cambio de horizonte para la acción política

A inicios de 2021, según los datos del Departamento Nacional de Estadística, el desempleo general llegó al 15%, estando el juvenil mucho más alto, al 23,9% y el desempleo femenino juvenil por encima del 31% –todo ello en un país en el que el trabajo informal supera el 63%, donde solo el 15% de la mano de obra alcanza el salario mensual mínimo legal, y donde el 48% gana incluso menos (Ortiz-Quevedo, 2021: 45). Al final de 2020, la pobreza monetaria había llegado a afectar al 42% de la población y, según un sondeo a escala nacional, cerca del 66% de los encuestados tuvo dificultades para cubrir los gastos de la familia en junio de ese año, mientras el 74% afirmaba que para mejorar la economía era necesario aumentar los impuestos a los ricos.

La respuesta del gobierno fue dar prioridad a la prudencia fiscal y anteponer los intereses de los acreedores internacionales y las agencias de calificación. Como consecuencia de la reforma fiscal aprobada por el Congreso por vía rápida en el auge de las protestas de 2019, así como de la reforma de 2016, que incrementó el impuesto de valor añadido (IVA) del 16% al 19%, el gobierno apoyó en 2019un proyecto de reforma fiscal que mantenía las exenciones y los beneficios a las grandes empresas y a los ciudadanos más ricos. Al mismo tiempo intentó financiar el coste de la respuesta a la pandemia mediante impuestos indirectos, que recaen desproporcionalmente sobre las clases media y trabajadora.

Pero en esta ocasión los colombianos, tan acostumbrados a soportar las adversidades, dijeron no. El presidente, que confiaba en que dicho proyecto de ley fuera aprobado con relativa facilidad por el Congreso, prometió no ceder frente a la presión pública. Pero desde el acuerdo de paz con el grupo guerrillero de las FARC Colombia es una sociedad muy diferente y, a pesar de las reticencias gubernamentales a aplicar  dichos acuerdos, la gente ha salido a las calles en masa para mostrar su oposición a las políticas impopulares, con una energía no vista en decenios. Como último recurso para silenciar la resistencia popular, Duque apareció en la televisión nacional la víspera de las protestas, para pedir a los ciudadanos que se quedaran en casa durante la tercera ola de covid-19. Hubo incluso un tribunal que se atrevió a prohibir las manifestaciones debido al daño que pudieran causar a la salud pública, todo ello en vano.

La primera semana de la huelga nacional superó a cualquiera cosa que el país hubiera visto anteriormente: las calles de todas las ciudades estaban animadas con marchas, bailes, conciertos improvisados y expresiones artísticas de masas como gigantescos murales. También surgieron actos esporádicos de saqueo y vandalismo ante la decisión del gobierno de militarizar todas las ciudades grandes y pequeñas en las que las marchas y actividades de protesta habían mostrado fuerza y persistencia. Esta estrategia de contención seguía pautas bien conocidas: excesiva violencia del Estado frente a manifestantes desarmados, y una aparente colusión de la policía con grupos de civiles armados. Según diversos informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo murieron 45 personas relacionadas con las protestas y otros 187 civiles fueron heridos, entre un total de 1.248 víctimas de violencia física, incluyendo agresiones sexuales contra mujeres por parte de miembros de las fuerzas armadas, así como 409 desapariciones forzosas (de las cuales 328 han sido “encontradas”).

Frente a tan severa represión, los manifestantes se atrincheraron y ampliaron sus esferas de influencia, levantando cientos de bloqueos por todo el país que lograron ralentizar el comercio y el transporte. Y a pesar de las tácticas violentas del gobierno, a comienzos de junio más de un 74% de la población seguía apoyando la huelga nacional.

Énfasis en la crisis institucional y política

No solo ha fracasado la respuesta del gobierno en forma de militarización del conflicto sino también sus iniciativas para sofocar el descontento mediante vagas promesas. Las actuales protestas han puesto de manifiesto la futilidad del poder político del presidente y de su gobierno, y la respuesta violenta del Estado es el mejor ejemplo de su debilidad y su crisis de legitimidad (Valencia, 2021: 37). A los pocos días del inicio de las protestas se hizo evidente la magnitud de su fuerza. Las manifestaciones obligaron al presidente a retirar del Congreso la propuesta de reforma fiscal y a aceptar la dimisión del tremendamente impopular ministro de finanzas. También sirvieron para abortar la propuesta de reforma sanitaria en el Congreso y, posteriormente, para forzar la dimisión de la canciller de Colombia, coincidiendo con el aumento de la condena internacional al modo en que el gobierno estaba gestionando la huelga.

La lucha en las calles continuó hasta el 11 de junio, encabezada por la juventud del país y por miles de comunidades marginadas y discriminadas, unidas en su oposición a la clase política y gobernante, pero también aparentemente desconectadas de la gestión institucional del movimiento de protesta de manos del Comité Nacional de Huelga. Este comité está compuesto por 20 miembros, principalmente sindicalistas, y una minoría de representantes de diversas asociaciones de transportistas, estudiantes y de la comunidad LGTBI. No obstante, aunque la preparación y lanzamiento de la huelga nacional del 28 de abril tuvo un tremendo éxito, la heterogeneidad, descentralización territorial y liderazgo de la juventud de los subsecuentes movimientos y actos de protesta han demostrado que la huelga ya no está bajo el control de dicho comité. Además, tras el progreso inicial, las negociaciones con el gobierno se atascaron cuando, justo después de la aprobación de un borrador de acuerdo sobre las garantías para las protestas sociales el 26 de mayo, el gobierno se retractó de dicho acuerdo, exigió el levantamiento inmediato de todos los bloqueos y comunicó que no firmaría ningún acuerdo hasta que hubiera un acuerdo global.

El 8 de junio, ante la intransigencia del gobierno, el comité de huelga abandonó formalmente la mesa de negociación, al encontrarse en una posición insostenible, en la tesitura de aceptar el farol de un gobierno carente de capital político y sin autoridad suficiente para poder convencer a los manifestantes discrepantes de todo el país de que pusieran fin a los bloqueos. Las iniciativas del comité para ampliar su base invitando a nuevas voces a unirse a su asamblea han sido notables pero insuficientes, y activistas de vanguardia en diversas ciudades han declarado que este comité no les representa. Según parece, el problema no son tanto las demandas como quiénes son las personas que les representan y cómo lo hacen. Lo que se ha puesto de manifiesto es la brecha generacional entre los manifestantes, principalmente jóvenes que se enfrentan al desempleo, el trabajo informal y la exclusión, y los líderes sindicales de mayor edad que, aunque se oponen con vehemencia a las políticas estatales regresivas y represivas, forman parte del tejido institucional existente, que ha demostrado ser anacrónico en el momento actual de revuelta social.

Tras casi 45 días de protestas y bloqueos la huelga parece haber llegado a su fin, pero el año que tenemos por delante promete estar pleno de agitación política y social. El gobierno, que había intentado aprovechar la pandemia para impulsar más leyes impopulares, especialmente la reforma de las pensiones y la reforma laboral, ha cambiado de planes. No obstante, el presidente Duque está buscando inútilmente recuperar cierta legitimidad al presentar proyectos tomados directamente de la lista de demandas del comité de huelga, especialmente un subsidio de renta básica para familias golpeadas por la pobreza.

El país está expectante, cada vez más dividido por la polarización política fomentada por la necesidad de crear miedo para vender programas de seguridad. Pero las protestas de 2019 y la huelga más reciente han mostrado claramente que en Colombia, tras los acuerdos de paz de 2016, cuando aumentaron la desigualdad extrema y las deficiencias estructurales, sembrar el miedo no basta para sofocar el deseo y la demanda de políticas más concertadas y cambio institucional.

Bibliografía:

  • Ortiz-Quevedo, CH (2021) ‘Another twist: the greed of the elites in the pandemic’ [en español], Pensar la Resistencia: Mayo del 2021 en Cali y Colombia, Documentos Especiales CIDSE 6.
  • Reyes Ramírez, E. (2017) ‘Corruption and the Colombian state’, [en español], Dictamen Libre, 21.
  • Valencia, AG (2021)¿Qué está pasando en Colombia? Power, legitimacy and the social crisis’ [en español], Pensar la Resistencia. Mayo del 2021 en Cali y Colombia. Documentos Especiales CIDSE 6.

Daniel Hawkins es coordinador regional para la construcción sindical de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) en América Latina y el Caribe.

Fuente: https://rebelion.org/la-huelga-nacional-en-colombia-perspectiva-sindical/

Fuente original: https://socialistproject.ca/2021/07/national-strike-in-colombia-trade-union-perspective/#more

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Perú: Municipio de Chorrillos implementó programa que permitirá acceso a Internet a escolares de zonas vulnerables

América del Sur/Perú/11-07-2021/Autor(a) y Fuente: rpp.pe

El programa funcionará de forma progresiva en 20 locales comunales con capacidad para albergar a 10 alumnos con problemas de conectividad a Internet en sus hogares. Los módulos contarán con tablets e impresoras, además una tutora apoyará a los alumnos en lo que requieran.

El municipio de Chorrillos implementó un servicio de apoyo para la educación de niños y adolescentes de menores recursos económicos mediante el cual se les brindará acceso a internet gratuito en dispositivos electrónicos, a fin de que puedan seguir sus clases virtuales durante la pandemia por la COVID-19.

Se trata del programa denominado ‘EDUCACHORRILLOS’ el cual funcionará progresivamente en 20 locales comunales con capacidad para albergar, cada uno, a un promedio de 10 alumnos que tengan problemas de conectividad a Internet en sus hogares.

Cada uno de estos módulos está equipado con tablets e impresoras con conexión permanente a Internet. La conexión es viable a través del WiFi gratuito instalado en cada ambiente donde los estudiantes reciben sus clases virtuales a cargo de una tutora encargada de apoyar a los alumnos en sus requerimientos educativos y les brindarán material pedagógico.

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Chile: Discurso de Elisa Loncón al asumir la presidencia de la convención constitucional

América del Sur/Chile/11-07-2021/Autor(a) y Fuente: www.colegiodeprofesores.cl

Aquí las palabras íntegras de la profesora mapuche Elisa Loncón al asumir el cargo de Presidenta de la Convención Constitucional que redactará una Nueva Constitución para Chile.

¡MARI MARI PU LAMNGEN!

(Un saludo hermanos y hermanas)

¡MARI MARI KOM PU CHE!

(Un saludo a todas las personas)

¡MARI MARI CHILE MAPU!

(Un saludo al país de Chile)

¡MARI MARI PU CHE TA TUWÜLU TA PIKUN MAPU PÜLE!

(Un saludo a las personas que viven en las tierras del norte)

¡MARI MARI PU CHE TA TUWÜLU TA PATAGONIA PÜLE!

(Un saludo a las personas que viven en la Patagonia)

¡MARI MARI PU CHE TA TUWÜLU TA DEWÜN PÜLE!

(Un saludo a las personas que viven en las islas)

¡MARI MARI PU CHE TA TUWÜLU LAFKEN PÜLE!

(Un saludo a las personas que viven en la costa)

¡MARI MARI KOM PU LAMNGEN!

(Un saludo a todas y todos, hermanos y hermanas)

Un saludo grande al pueblo de Chile desde el norte hasta la Patagonia, desde el lafken, el mar, hasta la cordillera; en las islas, a todo el pueblo de Chile que nos está viendo y escuchando. Aquí estamos pu lamngen, agradecer el apoyo de las diferentes coaliciones que nos entregaron su confianza, que depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la Nación Mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de este país.

Nosotros muy felices por esta fuerza que nos dan pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y naciones originarias que nos acompañan, para sus organizaciones, para todos y todas. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual, este saludo es también para las mujeres que caminaron contra todo sistema de dominación, agradecer que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democráticos, una manera de ser participativos.

Esta Convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la Madre Tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación. Un saludo especial a los lamngen mapuche del Wallmapu, este es un sueño de nuestros antepasados, este sueño hoy se hace realidad.

Es posible hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo Mapuche y todas las naciones que conforman este país. En ese contexto, pu lamngen, esta es la primera muestra de que esta Convención va a ser participativa. Nosotros, como pueblos originarios, establecimos que iba a ser una dirección rotativa, una dirección colectiva, que de espacio a todos los sectores de la sociedad aquí representados. Todos juntos, pu lamngen, vamos a refundar este Chile.

Tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile a ser parte de este proceso. La Convención debe ser un proceso participativo y transparente, que puedan vernos desde el último rincón de nuestro territorio y oírnos en nuestras lenguas originarias que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado-Nación chileno. Por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos de la Madre Tierra, por el derecho al agua, por los derechos de las mujeres y por los derechos de nuestros niños y niñas.

Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren. Hemos escuchado por la televisión lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá, es vergonzoso cómo el colonialismo ha atentado y atacado el futuro de las naciones originarias. Nosotros, hermanos y hermanas, somos un pueblo solidario.

Quiero agradecer aquí a la autoridad originaria del pueblo mapuche, a la Machi Francisca Linconao, por su apoyo. También tengo una madre que me está mirando desde mi comunidad de Lefweluan, una madre que hizo que esta mujer pudiera estar acá. Agradecimiento a todas las mujeres que luchan por el futuro de sus hijos e hijas. Finalmente, mandarle un saludo a los niños y niñas que nos están escuchando, que nos están viendo.

Hoy se funda un nuevo Chile plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres y con los territorios, ese es nuestro sueño para escribir una Nueva Constitución.

¡Mañum pu lamngen!

(Gracias hermanos y hermanas)

¡Marichiweu! ¡Marichiweu! ¡Marichiweu!

(Diez veces venceremos, diez veces venceremos, diez veces venceremos)

ELISA LONCON ANTILEO

Presidenta
Convención Constitucional

Fuente e Imagen: https://www.colegiodeprofesores.cl/2021/07/05/discurso-de-elisa-loncon-al-asumir-la-presidencia-de-la-convencion-constitucional/

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Perú: Aprueban la “Estrategia para el buen retorno del año escolar y la consolidación de aprendizajes 2021 – 2022: BRAE-CA 2021-2022”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

N° 245-2021-MINEDU

Lima, 7 de julio de 2021

VISTOS, el Expediente Nº 0084175-2021, el Informe N° 00321-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, el Informe N° 00752-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, el Informe Nº 00800-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 16 de la Constitución Política del Perú, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana; correspondiéndole al Estado coordinar la política educativa y formular los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos;

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, establece que el Sector Educación se encuentra bajo la conducción y rectoría del Ministerio de Educación; asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 1 y el literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, son funciones rectoras y técnico-normativas del Ministerio de Educación, formular, planear, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; así como aprobar las disposiciones normativas vinculadas con sus ámbitos de competencia, respectivamente;

Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir, y articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado;

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 28044 establece que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad; y que el Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica;

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el literal a) del artículo 21 de la Ley Nº 28044, el Estado tiene como función ejercer un rol normativo, promotor, compensador, concertador, articulador, garante, planificador, regulador y financiador de la educación nacional;

Que, el artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 28044, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED, establece, entre otros aspectos, que la educación como derecho fundamental de la persona y la sociedad es garantizada por el Estado, en el marco de la Constitución Política del Perú y la Ley y que el Ministerio de Educación determina el conjunto de factores, procesos e insumos que garantizan el derecho a la educación;

Que, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud califica el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en varios países del mundo de manera simultánea;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19; la misma que ha sido prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, este último, que prorroga la Emergencia Sanitaria a nivel nacional a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, a través del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia del COVID-19, el mismo que ha sido prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, Nº 058-2021-PCM, Nº 076-2021-PCM, Nº 105-2021-PCM y Nº 123-2021-PCM, este último, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional a partir del 01 de julio de 2021, por un plazo de treinta (31) días calendario;

Que, adicionalmente, con el artículo 21 del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, se autoriza al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria por el COVID -19, a establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad;

Que, el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU, dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en Casa”, a partir del 6 de abril de 2020 como medida del Ministerio de Educación para garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19; asimismo, dicho artículo señala que la referida estrategia se regulará conforme a las disposiciones que para tal fin se emitan y que funcionará de manera complementaria una vez que se inicie la prestación presencial del servicio educativo;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 184-2020-MINEDU, se dispone que el inicio de la prestación presencial del servicio educativo a nivel nacional en las instituciones educativas públicas y de gestión privada de Educación Básica, se encuentra suspendido mientras esté vigente el estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, y hasta que se disponga dicho inicio con base a las disposiciones y recomendaciones de las instancias correspondientes según el estado de avance de la emergencia sanitaria;

Que, con Resolución Viceministerial N° 273-2020-MINEDU, se aprueba el Documento Normativo denominado “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, cuyo numeral 5.4.1.3 establece que el servicio educativo en el año 2021 se brindará de manera flexible, de acuerdo con las condiciones vinculadas a la emergencia sanitaria y las características de cada población, buscando atender la diversidad y necesidades de los estudiantes; asimismo, dicho numeral señala que el servicio educativo puede brindarse de acuerdo con las siguientes modalidades: a) educación presencial; b) educación semipresencial y c) educación a distancia o educación no presencial;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 121-2021-MINEDU, se aprueba el Documento Normativo denominado “Disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones y programas educativos públicos y privados de la Educación Básica de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19”;

Que, en el marco de las disposiciones legales antes señaladas, mediante el Oficio N° 00261-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA, la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural remite al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe N° 00321-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA, elaborado por la referida Dirección General y suscrito de manera conjunta por la Dirección General de Educación Básica Regular, la Dirección General de Servicios Educativos Especializados, la Dirección General de Educación Técnico – Productiva y Superior Tecnológica y Artística, la Dirección General de Desarrollo Docente, la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, la Dirección General de Gestión Descentralizada, la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, la Dirección de Gestión de Recursos Educativos y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa; a través del cual se propone y sustenta la necesidad de aprobar la “Estrategia para el buen retorno del año escolar y la consolidación de aprendizajes 2021 – 2022: BRAE-CA 2021-2022” (en adelante, la estrategia), la misma que tiene como objetivo lograr que los estudiantes de la educación básica en todos sus niveles y modalidades consoliden y continúen con sus aprendizajes en las mejores condiciones, y garantizar que el servicio educativo sea oportuno y de calidad;

Que, a través del Informe N° 00752-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica, considera que es técnicamente factible continuar con el trámite de aprobación de la estrategia, por cuanto se encuentra alineada con los documentos de planificación estratégica e institucional del Sector Educación, y su implementación se financiará durante el Año Fiscal 2021, con cargo al presupuesto institucional del Pliego 010: Ministerio de Educación y de las Unidades Ejecutoras de Lima Metropolitana y de los Gobiernos Regionales, según corresponda; y durante el Año Fiscal 2022, con cargo a los recursos que sean asignados en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022;

Que, asimismo, con Informe Nº 00800-2021-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el marco del análisis legal realizado y teniendo en cuenta la opinión técnica emitida, opina que la aprobación de la estrategia resulta legalmente viable, sugiriendo proseguir el trámite correspondiente para su aprobación;

De conformidad con la Ley Nº 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación; la Ley N° 28044, Ley General de Educación; el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la “Estrategia para el buen retorno del año escolar y la consolidación de aprendizajes 2021 – 2022: BRAE-CA 2021-2022”, la misma que, como anexo, forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo, en el Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), el mismo día de la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO DAVID CUENCA PAREJA

Ministro de Educación

1970395-1

Fuente: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-estrategia-para-el-buen-retorno-del-ano-escolar-resolucion-ministerial-n-245-2021-minedu-1970395-1/

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Sindicato Venezolano de Maestros: El 80% de los estudiantes «no está preparado para un nivel superior»

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, región Caracas, Edgar Machado, señaló que «el 80% de nuestros estudiantes no está preparado para un nivel superior».

Asimismo, indicó en una entrevista a Radio Fe y Alegría que de cada 10 estudiantes, 8 no habrían podido aprobar todos los contenidos enseñados bajo la modalidad de educación a distancia, implementada en Venezuela por la pandemia.

Sostuvo que en «años anteriores, nosotros veníamos haciendo críticas sobre los muchachos que no tenían el nivel para haber pasado al grado superior».

«Esto trae como consecuencia que tengamos una educación mediocre, los docentes no estamos preparados para esas clases a distancia y el Ministerio de Educación hace algunos años eliminó el Departamento de Tecnología Educativa que tenía especialistas que pudieron haber orientado a los docentes», acotó.

Fuente: https://www.finanzasdigital.com/2021/07/sindicato-venezolano-de-maestros-el-80-de-los-estudiantes-no-esta-preparado-para-un-nivel-superior/

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Quién es Elisa Loncon, la profesora mapuche elegida presidenta de la Convención Constituyente de Chile

Se tituló como profesora de inglés de la Universidad de La Frontera, en La Araucanía, y cuenta con estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y en la Universidad de Regina en Canadá. También posee un doctorado en Humanidades por la Universidad de Leiden y un doctorado en literatura en la Universidad Católica. Nacida en Traiguén en la región de La Araucanía, en el sur de Chile, bastión mapuche, vivió su infancia en la comunidad Lefweluan. Con mayoría absoluta, Loncon, profesora indígena mapuche y lingüista, fue elegida para presidir una asamblea que planteará el reconocimiento de los pueblos originarios en Chile.

En una decisión cargada de simbolismo y reflejo del espíritu de la nueva Convención Constituyente inaugurada este domingo en Chile, Elisa Loncon fue elegida presidenta del órgano que debe redactar una nueva Constitución.

Los 155 miembros de la Constituyente que harán la nueva Constitución de Chile eligieron este domingo a Loncon, una mujer indígena de 58 años, para presidir el órgano que creará la nueva Carta Magna, la que debe sustituir a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Loncon, una profesora, lingüista y activista mapuche -la etnia indígena mayoritaria en Chile-, fue elegida por mayoría absoluta (96 votos) en segunda vuelta en la sesión inaugural de la Convención, que se detuvo durante casi una hora por la protesta de un grupo de constituyentes tras los enfrentamientos en el centro de Santiago entre policía y manifestantes.

«En estos momentos en los que todos los pueblos esperan lo mejor de nosotros agradezco los apoyos otorgados hasta ahora. Juntos podremos construir el Chile plurinacional que soñamos», expresó Loncon en su cuenta de twitter este domingo.

Loncon Antileo, de 58 años, es madre, profesora, defensora de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, nació en la comunidad mapuche Lefweluan, comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, en la Araucanía. Su lengua materna es el mapudungun, habla, además, castellano e inglés.

Durante la dictadura cursó sus estudios primarios y secundarios en Traiguén, ingresó a la Universidad de la Frontera en Temuco graduándose de Profesora de Estado mención en inglés, vivió en el hogar universitario mientras trabajaba para aportar en su mantención durante las vacaciones como asesora del hogar.

Nació en la comunidad mapuche Lefweluan, comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía.

Posee un magíster en Lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y Doctora en Humanidades en la Universidad de Leiden, Holanda, así como el Doctora en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, cursó postítulos en el Instituto de Estudios Sociales de la Haya (Holanda) y en la Universidad de Regina (Canadá).

Actualmente se desempeña como académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, como profesora externa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile.

Ha dedicado su vida profesional al rescate de las lenguas indígenas, al sistema lingüístico del mapudungun, las metodologías de enseñanza, así como el diseño curricular de la asignatura de lengua mapuche. Además, ha publicado libros y artículos académicos referidos a la filosofía y las lenguas indígenas, fundamentalmente del mapudungun.

Participó de diversas organizaciones sociales mapuche desde su infancia, en la universidad lo hizo en grupos de estudiantes indígenas y del Teatro Mapuche Admapu, fue miembro activo del Consejo de Todas las Tierras destacando en la creación de la Bandera Mapuche y la recuperación de tierras indígenas.

El compromiso social de Elisa Loncon Antileo fue heredado de su familia y comunidad. Su bisabuelo, de apellido Loncomil luchó contra la ocupación militar del wallmapu y fue aliado de José Santos Quilapan (1840-1878) reconocido como el último lonko que resistió la ocupación de La Araucanía y derrotó al ejército chileno, en Quechereguas (1868) entre otras múltiples aportes a la defensa del pueblo y territorio mapuche.

Es la cuarta de siete hermanos y hermanas, su bisabuelo paterno, como líder de su comunidad, participó en las recuperaciones de tierras previo a la reforma agraria de los años 60.

Su madre, Margarita Antileo Reiman, en la década del 70 participó de la experiencia de autogestión territorial en Lumaco-Quetrahue. Por los mismos años, su padre, Juan Loncon, fue militante socialista y candidato a diputado por la USOPO. La agricultura y la construcción de muebles, son algunos de los oficios que la madre y el padre de Elisa cultivaron durante su vida. Después del Golpe de Estado su familia fue perseguida y su abuelo materno, Ricardo Antileo, líder de la zona Lumaco-Quetrahue fue encarcelado por la dictadura cívico militar por dirigir la recuperación de tierras a fines de los años 60 y comienzos de los años 70.

Elisa tiene siete hermanas y hermanos, uno de ellos abogado y militante del PPD, otra hermana es hablante e intérprete de mapudungun y trabaja en literatura mapuche, con todos hay colaboración en el rescate de la lengua y la reivindicación de los derechos de las naciones originarias.

*En su época universitaria, Loncon participó de la lucha contra la dictadura en diversas organizaciones estudiantiles de izquierda y mapuche. El año 1983 por participar en las movilizaciones estudiantiles, junto a un centenar de compañeros universitarios quedaron como estudiantes condicionales en la universidad. En su labor como lingüista y defensora de los derechos de los pueblos originarios abraza las luchas de otros pueblos de América Latina donde se le reconoce su contribución sobre los derechos lingüísticos de las naciones originarias del continente.

Elisa Loncon, desde su rol de mujer y educadora mapuche, ha promovido la educación intercultural bilingüe en la Ley General de Educación y presentó el proyecto de ley de Derechos Lingüísticos para los pueblos indígenas. Lidera actualmente la reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas desde la filosofía mapuche, los derechos colectivos en clave feminista y desde la descolonización.

Sus primeros pasos como profesora los realizó en la enseñanza del inglés y mapudungun fundamentalmente en la región de la Araucanía, colaborando con el Ministerio de Educación, la UNESCO, las universidades del Bío-Bío, La Frontera, Católica de Temuco, entre otras.

En el extranjero asesoró la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública SEP México, incorporando el enfoque de la educación intercultural en el currículo nacional de la Educación Secundaria en México.

Desarrolló múltiples investigaciones sobre la morfología y aspectos del mapudungun, metodologías de enseñanza del mapudungun, el uso de la tradición oral en los procesos de enseñanza de la lengua y la reivindicación de los derechos de los pueblos a la lengua, la autodeterminación, la interculturalidad, la plurinacionalidad y el goce pleno de los derechos como naciones originarias.

Cabe mencionar que el acuerdo entre partidos es que la presidencia de la Convención vaya rotando, aunque aún no está definido cuánto duraría cada período al frente de la asamblea.

Elección simbólica

Su elección es simbólica debido a que uno de los principales debates para redactar la nueva Carta Magna es el reconocimiento de los pueblos indígenas

La definición de los derechos para las comunidades originarias y el debate sobre un Estado plurinacional es uno de los temas fundamentales de la Convención.

La Convención Constitucional instalada este domingo incorpora a 17 representantes indígenas pertenecientes a los diez pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado, entre ellos, los mapuches, aimaras, quechuas y diaguitas.

Entre las demandas de estas comunidades está la de crear un Estado plurinacional, con el que se acepte su autonomía y sus derechos. Además, plantean la necesidad de contar con garantías en términos territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua, entre otras cosas.

«Este es un tema grande, que va a costar, donde habrá que hacer mucha reparación histórica. Y obviamente es complicado, porque toca derechos de propiedad. Pero es fundamental. Los modelos de Nueva Zelanda y Canadá son los más interesantes», propuso hace unas semanas en conversación con BBC Mundo Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política y profesor en la Universidad Católica de Chile.

Chile y Uruguay son de los pocos países de América Latina que carecen de un reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en su Carta Fundamental.

En la otra vereda están Bolivia y Ecuador, dos naciones que no sólo reconocen a estos pueblos, sino que han optado por consagrar el carácter plurinacional del Estado en sus Constituciones.

Gráfico de la conformación política de la Convención Constituyente

Luna dice que el resultado sobre la inclusión de derechos garantizados y reconocidos en la Constitución para las comunidades indígenas no representa sólo un fuerte efecto simbólico.

«Hay varios países de América Latina que incorporaron esos derechos y que hoy se hacen justiciables como ocurre en Brasil o Colombia, donde la salud se empieza a litigar en cortes a partir de su reconocimiento como un derecho constitucional», recuerda.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2021/07/04/quien-es-elisa-loncon-la-profesora-mapuche-elegida-presidenta-de-la-convencion-constituyente-de-chile/

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