* La elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil en el año 2018, más allá de indicar un proceso amplio de desregulación de la economía, marcado ya por políticas de socavamiento del papel del Estado en todas las esferas de la vida social y por un programa contundente de privatizaciones, trajo consigo también una nueva agenda educativa al país. Aunque ya presentes de forma difusa antes de su elección, con la llegada de Bolsonaro al poder los abanderados de lo que en Brasil se conoce como movimiento Escuela sin Partido, de la militarización de las escuelas y de la educación adquirieron fuerza y coordinación política nacional.

El movimiento Escuela sin Partido protesta contra lo que se llamó adoctrinamiento político, ideológico y religioso, supuestamente practicado en el marco de nuestros centros educativos por los profesores brasileños. Firmemente enraizado en una visión negacionista de la Historia, ese movimiento pasa a acusar y perseguir a los profesionales de magisterio de nuestro país, acusándolos de comunistas, difusores del ateísmo y de lo que convinieron en llamar ideología de género, término creado por movimientos neoconservadores que intentan, cueste lo que cueste, prohibir cualquier tipo de debate sobre los estudios de género y asuntos relacionados, como el feminismo. Los defensores de ese movimiento conservador y reaccionario atacan la libertad de cátedra de esos profesionales y, en un esfuerzo por reescribir la historia de Brasil, comienzan a adoptar un absoluto revisionismo de nuestra propia historiografía oficial, elogiando y defendiendo la sanguinaria dictadura civil-militar que se instaló en Brasil en 1964 y perduró hasta mediados de los 80.

Ese movimiento sufrió un duro revés en agosto de 2020, ya durante el gobierno Bolsonaro, cuando la Corte Suprema brasileña juzgó inconstitucional una ley de los estados que prohibía que las escuelas discutieran temas relacionados con el género y la sexualidad en sus aulas. Esa victoria judicial de los sectores democráticos de la educación brasileña creó una importante jurisprudencia en el marco de la mayor corte judicial de Brasil, cohibiendo, al menos momentáneamente, la presentación de proyectos legislativos similares en el marco de los estados subnacionales. Se produjo, así, un reordenamiento de las prioridades educativas de Bolsonaro. Resultado del mismo fenómeno social, el proyecto de militarización de las escuelas brasileñas pasa, actualmente, a ser prioridad central del programa educativo y de su gobierno.

Antecedentes y situación actual de la militarización de las escuelas brasileñas

El proyecto de lo que llamamos aquí militarización de las escuelas, en el marco de la agenda educativa del gobierno Bolsonaro, difiere del fenómeno que ya existe en Brasil en los consorcios educativos conocidos como colegios militares, instituciones sumamente antiguas. El primer colegio militar de Brasil se constituyó a finales del siglo XIX, en la época de la proclamación de la República brasileña. Vinculados a corporaciones brasileñas, esos colegios militares tienen vínculo institucional con las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aeronáutica), por lo cual son estructuras funcionales de la esfera nacional de nuestro sistema federado, o bien con las policías militares y el Cuerpo de Bomberos de los estados, instituciones vinculadas a los estados de la Federación.

Esa estructura de enseñanza militar, anterior al gobierno Bolsonaro, se dedica a atender, básicamente, la educación de los hijos de los funcionarios públicos de esas corporaciones y, a pesar de ofrecer la enseñanza en el marco de la educación básica brasileña, cuenta con una normativa propia y representatividad residual en el conjunto del sistema de enseñanza de Brasil: toda esa estructura abarca menos de 200 escuelas de un universo de más de 182.000 escuelas de educación básica.

Por otra parte, el proceso de militarización de las escuelas representa un esfuerzo gubernamental del actual mandatario brasileño por transferir la gestión administrativa y pedagógica de las escuelas civiles de Brasil, de ese universo de más de 180.000 escuelas, a las fuerzas militares. La llegada de Bolsonaro al poder instituyó esa orientación nacional en las políticas públicas educativas, por primera vez de forma coordinada en el marco del gobierno federal, lo que impulsó la cantidad de escuelas afectadas por esa política de militarización.

Desde su primer día de gobierno, Bolsonaro instituyó la Subsecretaría de Fomento a las Escuelas Cívico-Militares en el marco del Ministerio de Educación (MEC), para cuya dirección fue nombrada una militar, teniente coronel del Ejército brasileño. El proceso de militarización de las escuelas brasileñas, ya en curso por medio de la iniciativa de varios estados y municipios, recobra un especial impulso con esa señal política de la nueva arquitectura organizacional del Ministerio de Educación de Brasil. La propia nomenclatura escuelas cívico-militares, acuñada por la nueva estructura organizativa del MEC, pasa a ser usada por otras iniciativas de militarización educativa. Su crecimiento en varias ciudades brasileñas se constató de forma muy fuerte desde el primer semestre de 2019, primer año de gestión del gobierno Bolsonaro. En julio de ese mismo año, el MEC lanzó el Compromiso Nacional por la Educación Básica, una carta de intenciones de los proyectos del nuevo gobierno brasileño para la educación básica de Brasil. Este documento indica claramente como una de las prioridades del gobierno brasileño el fomento a la militarización de la educación, asumiendo como meta la implantación de 108 escuelas cívico-militares hasta el año 2023, con la proyección de probar ese modelo escolar en todos los estados de la Federación.

Ante las reacciones contrarias del sector educativo brasileño a su proyecto de militarización de escuelas, el gobierno creó, en septiembre de 2019, por medio de la Secretaría General de la Presidencia de la República, el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares (Pecim) para la adhesión voluntaria de los entes federados subnacionales. La intención política del gobierno federal fue la de compartir la decisión de la militarización de las escuelas con los gobernadores del Estado, usando como punto de atracción la oferta de recursos financieros extra para la implantación de esos proyectos piloto en las ciudades. La oferta de apoyo financiero a los estados y municipios, por medio del Ministerio de Defensa y ante un escenario de escasez de recursos públicos de los estados y municipios para la educación, hizo que varios gobernadores e intendentes se adhirieran a la propuesta de Bolsonaro. Una mayoría de quince de los estados de la Federación se adhirieron, en ese momento, a la política propuesta por el gobierno.

De esa manera, en el marco de sus sistemas de enseñanza de los estados, los resultados obtenidos en 2019 respecto a la ejecución de esa política de fomento a la militarización de las escuelas civiles brasileñas se desarrollaron, como proyecto de gobierno, para el año 2020. Ese año, tan solo tres de los veintisiete estados de la Federación brasileña no participaron en el programa de escuelas cívico-militares de Bolsonaro: cincuenta y cuatro escuelas de todo el país, en veintitrés estados de la Federación, pasaron a formar parte del proyecto piloto, lo que constituye un verdadero secuestro de nuestras escuelas públicas por parte de la gestión administrativa y pedagógica de los militares brasileños. La promesa del gobierno Bolsonaro de poner en marcha 216 de esas escuelas hasta el final de su mandato trajo consigo el compromiso de que el gobierno federal destinara una suma de casi 152.000 euros 1/ a cada una de las unidades que se adhirieran a su proyecto educativo de militarización, así como proponer a los funcionarios públicos de las Fuerzas Armadas de Brasil para que ejercieran cargos administrativos en los centros educativos de Brasil.

Toda esa política nacional del gobierno Bolsonaro autorizó a varios estados de la Federación brasileña a ejecutar, en el marco de los estados, procesos de militarización de las escuelas en los propios sistemas públicos de enseñanza. A través de convenios y otras modalidades, los gobiernos de los estados transfirieron la gestión de varias escuelas de sus redes educativas públicas, por medio de asociaciones, mecanismos y acuerdos legales diversos, a sus fuerzas militares, que básicamente son corporaciones de policía con las que cada Estado cuenta en su estructura de gobierno. Se trata de un proceso avasallador, que se fortaleció y se desarrolló más con el gobierno Bolsonaro, pero que varios gobernantes de los entes subnacionales en Brasil lo posicionan también como proyecto político.

Cabe señalar que este proyecto tiene cierto apoyo social en sectores significativos de la sociedad brasileña, que ven en la militarización de las escuelas una posible solución a los problemas de seguridad y disciplina escolar. La adhesión social a este proyecto político avanza incluso en la oferta del sector de la educación privada en Brasil, con un silencioso y vertiginoso crecimiento de la creación de escuelas militares. Administradas por expolicías, agentes de la reserva del Ejército brasileño e incluso por civiles que nutren la necesidad de imponer más disciplina en los procesos pedagógicos para, así, poder vender sus negocios, esas instituciones privadas de enseñanza con disciplina militar se están creando y proliferando por varios estados de Brasil a partir de diferentes motivaciones: desde la oportunidad de negocio enfocada a un mercado abierto de clientes que valoran la disciplina para la educación de sus hijos hasta aquellas imbuidas de valores que nutren los principios cristianos, el patriotismo y el civismo, por ejemplo. Muchas de esas escuelas, abiertas durante el gobierno Bolsonaro, encontraron dificultad de supervivencia ante el aislamiento social que la pandemia de la covid-19 impuso al sector de la educación. Sin clases e inactivas, muchas de esas instituciones ya cerraron sus puertas y, solo así, se descubrió que algunas de ellas ni siquiera estaban acreditadas por ley para funcionar ante las Secretarías de Educación de los estados.

Ofensas a la legislación nacional y desarrollos en los procesos pedagógicos

El marco jurídico brasileño, en la figura de su principal ordenamiento legal que regula el sector educativo en Brasil, ni da cabida ni contempla ese proceso reciente de militarización de las escuelas. La Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB), instituida durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (Ley Federal 9.394/1996), remite la enseñanza militar a la regulación por ley específica, lo que nunca ocurrió, a no ser mediante la edición de resoluciones ministeriales y dictámenes del Consejo Nacional de Educación. Ese proceso de militarización de las escuelas civiles en Brasil carece, así, de base normativa legal, tanto en el texto de la LDB como en los propios preceptos constitucionales.

A pesar de la prohibición legal a la implementación de la militarización escolar en Brasil, los gobiernos subnacionales de este país usan como principal argumento para proseguir con ese proyecto una reciente enmienda constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Durante el gobierno Bolsonaro, en 2019, el Congreso Nacional aprobó la Enmienda Constitucional (EC) 101, que permitió a los militares brasileños el derecho a la acumulación de cargos públicos, hasta entonces prohibida en nuestro país. En su artículo 37, la Constitución brasileña permitía la acumulación remunerada de cargos públicos solo a los profesores y a los profesionales del área de la salud. Con esa enmienda constitucional, los militares pasan ahora a contar con esa prerrogativa legal. Como resultado de esa modificación en la ley brasileña, Bolsonaro cuenta con un equipo ministerial compuesto en su mayoría por militares en puestos civiles y cargos importantes de la gestión del Estado, que supera incluso a los de los presidentes brasileños de la época del régimen militar en Brasil (1964-1985), que eran generales del Ejército nacional. Actualmente, Brasil cuenta con un Estado absolutamente militarizado, con más de 6.000 militares, en actividad o de la reserva, que ocupan cargos públicos civiles en las más diversas áreas gubernamentales, incluso en el sector de la educación.

A pesar de que actualmente el militar tiene la posibilidad de acumular más de un cargo público, incluso en el área educativa, a partir de la autorización concedida por la EC 101/2020, eso no quiere decir que sea apto para ejercer las funciones propias del profesional de la educación. A menos que ese funcionario obtenga una licenciatura e ingrese en las carreras públicas de la educación de su Estado a través de concurso público, el militar no está preparado para ejercer los cargos de magisterio, así como tampoco los del profesional de apoyo de la educación. La Ley Federal 12.014/2009, instituida durante el gobierno del expresidente Lula da Silva, reguló en Brasil la formación en servicio de los profesionales de la educación básica pública brasileña al crear un programa llamado Profuncionario, mediante el cual pasó a exigirse que los funcionarios de apoyo de los sistemas públicos de enseñanza brasileña tuvieran formación compatible con las actividades desempeñadas en el universo escolar. Esa legislación, según la normativa de la propia LDB, indicó las áreas de gestión escolar, alimentación escolar, multimedios didácticos e infraestructura escolar para la formación y la capacitación de los profesionales de apoyo en los centros educativos brasileños. No compete al militar ocupar esos cargos en las escuelas ni desempeñar las funciones asignadas a esos profesionales si no cuenta con la debida capacitación que la ley exige.

De esta manera, el proceso de militarización de las escuelas en Brasil, que alcanzó notoriedad y compromiso político en el actual gobierno, no tiene respaldo legal en el ordenamiento jurídico patrio. La legislación educativa brasileña, así como todas las relativas a la educación básica pública de este país, no permiten ese fenómeno que se está produciendo, de verdadero secuestro y captura de nuestras escuelas y centros educativos, por parte de las fuerzas militares. En el país de Paulo Freire, la subversión de la educación, realizada mediante la apropiación militar de la enseñanza, avanza a un ritmo vertiginoso con el gobierno fascista de Jair Bolsonaro, que pasa por encima del propio ordenamiento jurídico que regula el sistema educativo en Brasil.

En lo que respecta a los principios constitucionales relativos al derecho social de la educación pública, la Constitución brasileña también desautoriza el proceso de militarización que se está produciendo en el país. Su recurrente incumplimiento por parte del gobierno Bolsonaro ocasiona un enorme daño a la propia práctica pedagógica inspirada por ellos. El artículo 206 de la Constitución brasileña destaca siete principios para el cumplimiento obligatorio de la enseñanza pública que el Estado ofrece, a saber:

“(…) I – Igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela; II – Libertad para aprender, enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el conocimiento; III – Pluralismo de ideas y de concepciones pedagógicas y coexistencia de instituciones públicas y privadas de enseñanza; IV – Gratuidad de la enseñanza pública en establecimientos oficiales; V – Valorización de los profesionales de la enseñanza, asegurando, según la ley, los planes de carrera, con ingreso exclusivamente por concurso público de pruebas y títulos; VI – Administración democrática de la enseñanza pública, según la ley; VII – Garantía de nivel de calidad (…)”.

La realidad vivida en los estados brasileños de una avalancha de esos procesos de militarización de las escuelas, experimentada por la sociedad del país, señala una absoluta falta de respeto por esos principios y será menester, en breve, que la Corte Suprema de Justicia brasileña analice esta materia, a instancias del propio sector educativo de Brasil. Eso aún no ocurrió en virtud de la lectura política que se hace de esa corte, también contaminada políticamente en función del actual momento de conservadurismo que Brasil atraviesa. Sería mucho esperar que los juicios que la Corte Suprema de Justicia brasileña realiza pasaran ahora a apoyarse solo en los procedimientos técnicos que deberían servirles como única guía para la apreciación de esta materia. La estrategia política del sector educativo en Brasil, por medio de sus movimientos sindicales, asociaciones de representación social y entidades científicas del campo educativo, consideró que, en un primer momento, sería mejor abordar esos temas legales en el marco de los tribunales de justicia de cada estado subnacional. Ocurrió que varias de esas instancias del poder judicial brasileño refrendaron ese proceso en el marco de sus jurisdicciones. Ante esas derrotas recurrentes, nuestro último recurso es llevar ese debate a la Corte Suprema brasileña.

En lo que respecta a los principios constitucionales que emanan del texto de la Constitución brasileña, el que propugna la igualdad de condiciones para el acceso y la permanencia en la escuela ha sido descaradamente irrespetado por esas instituciones militarizadas. Incluso se encuentran casos de privilegios en la matrícula de los hijos de los militares que dirigen esas escuelas, en perjuicio del carácter universal que el derecho a la educación asegura para la matrícula de todo brasileño. La permanencia en la escuela también ha sido objeto de muchas denuncias ante los órganos competentes del gobierno, ya que para alcanzar buenos resultados en las evaluaciones estandarizadas impuestas a todo el sistema educativo brasileño, los llamados alumnos problemáticos o que presentan bajo rendimiento escolar son expulsados de la escuela. Muchas veces, esas instituciones presentan motivos prosaicos como excusa: los estudiantes que no se adaptan a las imposiciones relativas a la vestimenta o a la disciplina militar que se exigen en el marco de la escuela reciben la sugerencia de buscar otro centro educativo para continuar sus estudios. Sin ningún tipo de enfoque pedagógico, esas instituciones militarizadas terminan transformándose en verdaderas prisiones, en las que impera el autoritarismo en las relaciones, todo lo contrario de lo que se espera de una institución escolar.

Con respecto al principio de la igualdad de aprender, enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el saber, la militarización de las escuelas también ha constituido un obstáculo para su cumplimiento pleno e incluso parcial. Las normas rígidas y jerárquicas del militarismo impuesto a las escuelas desacreditan cualquier posibilidad de cumplirlo. El compromiso asegurado a la libertad de enseñar del educador y de aprender del educando ha sufrido frecuentes faltas de respeto y ha sido denunciado ante los sindicatos en los estados, llegando al punto culminante de que una escuela militarizada colocó paredes de cristal en las aulas para que los militares de la unidad pudieran supervisar la actuación del profesor y la disciplina de los estudiantes. Las denuncias también sacan a la luz prohibiciones impuestas a los estudiantes de presentar en clase seminarios sobre temas que no agraden a los militares. Un horror solo vivido en la época de nuestra más terrible dictadura militar en Brasil. Eso termina comprometiendo el tercer principio dispuesto en el texto de nuestra Constitución, que asegura la pluralidad de ideas en el entorno escolar.

La gratuidad constitucionalmente asegurada en los centros de enseñanza oficiales también es un derecho amenazado. Muchas de esas escuelas militarizadas pasan, por cuenta propia, a cobrar tasas de matrícula, contribuciones mensuales voluntarias y el pago, por parte de la familia, de uniformes propios para los estudiantes, que suelen ser más caros que los que las redes de enseñanza ofrecen gratuitamente. La laxitud en cuanto al pago de esas tasas extra ha contribuido al abandono escolar de los estudiantes cuyas familias son más pobres, y estas, expuestas

públicamente ante su propia comunidad escolar, se sienten incluso avergonzadas de no poder asumir y cumplir el pago de dichas tasas. La valorización de los profesionales de la enseñanza, con la exigencia de formación compatible e ingreso solo por medio de concurso público, se ha subvertido y violado sistemáticamente, por un lado, con la llegada de profesores militares para impartir algunas asignaturas y, por otro, con la imposición de militares en los cargos de dirección y de gestión de la escuela, lo que termina por afectar también a la garantía de una gestión democrática.

Mucho se ha hablado acerca de los resultados educativos alcanzados por esas instituciones que, frecuentemente, obtuvieron mejores resultados en las evaluaciones educativas estandarizadas que se aplican en Brasil. Esa mejora se debe, principalmente, al mayor aporte de recursos con los que esas escuelas cuentan, así como a la selección impuesta en esos centros educativos militarizados a los estudiantes que se desvían del estándar que se desea alcanzar, lo que produce mucha rotación de estudiantes en ese espacio, por iniciativa deliberada de los propios miembros militares de la gestión escolar. No hay espacio, en un ambiente militarizado, para una educación libertadora que emancipe al educando como ser humano. En ese modelo educativo interesa solo la disciplina y la clasificación generada por las evaluaciones educativas.

La militarización de las escuelas representa exclusión, ataque a los más pobres y a la propia democracia

Análisis llevados a cabo por el sociólogo y educador Miguel Arroyo definen ese proceso de militarización de las escuelas principalmente como un proyecto de criminalización de las infancias populares. Arroyo destaca una tendencia general a que ese proceso incidirá con más fuerza en las áreas populares y periféricas de nuestras ciudades. De hecho, el experimento de militarización de las escuelas brasileñas se ha impuesto de forma casi prioritaria en las áreas periféricas en las que viven niños negros más pobres y poblaciones más vulnerables. Las escuelas militarizadas pasaron a ocupar en Brasil, prioritariamente, las áreas más pobres y desprovistas de cualquier tipo de amparo asistencial por parte del Estado y forman parte de la escena de las periferias y favelas de nuestras ciudades.

Con el pretexto de mitigar la violencia en las escuelas, mal que afecta de forma trágica a nuestra sociedad marcada por tanta desigualdad social y económica, la ideología de la militarización ha conquistado adhesión social, en particular en ese segmento de la población. Ese proceso, de acuerdo con Arroyo, representa un ataque sin precedentes a la escuela pública y a los propios profesores, mensaje claramente dado cuando los cargos de dirección escolar dejan de ser ocupados por esos profesionales cualificados para destinarse a los militares, ahora repentinamente interesados en la educación de nuestro pueblo. La escuela militarizada pasa a ser un espacio de control de esos jóvenes negros y periféricos que, por absoluta falta de oportunidades, encuentran muchas veces en los pequeños delitos una estrategia de supervivencia en esas comunidades empobrecidas del país.

La ideología compartida por algunas familias de esas áreas más periféricas de que una escuela militarizada ofrecerá más seguridad a sus hijos, representa solo la victoria de una política de Estado que impone miedo y amenaza. Y toda política pública adquiere notable efectividad cuando se alcanza ese nivel de adhesión social.

La gravedad de la experiencia de las escuelas militarizadas aumenta mucho cuando percibimos que esa política generará más exclusión y prejuicios en el entorno escolar que, si ya presentaba deficiencia en el manejo de esos temas en el espacio escolar, tenderá a agravarse drásticamente en el marco de los centros educativos militarizados. La tendencia a uniformizar el comportamiento y la identidad de los estudiantes en un espacio como ese generará más prejuicios y exclusión contra todo tipo diferente, lo que terminará afectando a nuestros estudiantes más pobres, así como a las mujeres, a los negros, a los extranjeros, a los homosexuales y a los transexuales.

La lucha del sector educativo brasileño vislumbra muchos enfrentamientos en ese debate que, de forma abrumadora, se impone trágicamente en el país tras la elección de Bolsonaro, principal difusor de este modelo de educación. Y, más allá del mismo presidente fascista, el enfrentamiento deberá establecerse también contra la ideología difundida y asimilada por algunas familias de que ese modelo de escuela puede ser una opción válida para la educación de sus hijos. Definitivamente, el lugar del militar no es la escuela pública y esa bandera se levanta en el debate social brasileño y en los espacios académicos que estudian e investigan las repercusiones de ese modelo en los procesos pedagógicos. Ante tantas transgresiones explícitas practicadas contra nuestro ordenamiento jurídico, inevitablemente ese debate terminará siendo llevado ante los tribunales superiores de nuestro país. Pero principalmente, y lo más fundamental, es que la defensa de una escuela pública pasará ahora a adquirir el carácter de una lucha política por la recuperación de la propia democracia en nuestro país, hoy por hoy tan amenazada en estos tiempos trágicos del gobierno Bolsonaro.

*Entre las actividades organizadas por la confederación de STES para el Foro Social Mundial, tuvimos conocimiento de los hechos que se exponen a continuación, por lo que pedimos a Fátima da Silva el presente artículo para viento sur.

Fuente: https://kaosenlared.net/militarizacion-de-las-escuelas-en-brasil-una-amenaza-a-la-educacion-y-a-la-democracia/