En un contexto de crisis, pensar y luchar por una nueva Reforma Universitaria es la tarea
En un contexto de crisis, pensar y luchar por una nueva Reforma Universitaria es la tarea
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Organizaciones civiles colombianas exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita de trabajo en este país, que incorpore en sus conclusiones que la policía ha utilizado la violencia sexual, detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra las mujeres como una forma de represión y control del Paro Nacional, lo que les niega ejercer su libertad de expresión y asociación, y gozar de espacios seguros.
Estas demandas fueron descritas por las organizaciones civiles en el informe “Violencia sexuales y otras violencias contra mujeres en el contexto del Paro Nacional de Colombia 2021”, el cual entregaron a la CIDH durante su visita a este país del 8 al 10 de junio con el fin que registre los casos de violencia contra las mujeres y recomiende a su gobierno la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con enfoque de género y así las víctimas puedan acceder a la justicia.
De acuerdo con el documento, desde el 28 de abril (fecha de inicio del Paro Nacional) al 2 de junio de 2021, la policía ha cometido contra las mujeres, 307 detenciones arbitrarias e ilegales, 48 casos de violencia sexual, 32 de violencia de género, y 491 de uso excesivo de la fuerza. Agresiones que tienen diversos impactos psicosociales en la vida de las víctimas, desde episodios de ansiedad, sensación de indefensión, entre otros.
En suma, explicaron, la policía y los funcionarios públicos de este país se han dedicado en encubrir todas estas agresiones, en particular la de violencia sexual al enfocarse en criminalizar a las personas e informar sobre los daños a bienes y comercios en medios de comunicación, en lugar de publicar el reporte sobre el Grupo de Género que según creó la policía colombiana.
Los 48 casos de violencia sexual, dijeron, se refieren a violaciones, tocamientos indebidos, amenazas de violación, hostigamiento y acoso sexual, donde además las víctimas son golpeadas, privadas de su libertad e insultadas de forma sexista. Son tantas las agresiones contra las mujeres que a pesar de contar con un total aproximado de casos, gracias a la labor de las organizaciones civiles, prevén que los números sean mayores porque no todas denuncian o no viven para hacerlo.
Resaltaron que existen 9 casos representativos que evidencian la violencia extrema contra las colombianas por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la policía, que fueron documentados por Human Rights Watch y por la Campaña Defender la Libertad en el mes y medio del Paro Nacional.
Algunos de ellos, agregaron, son los dos casos ocurridos el 28 de abril de una joven afrodescendiente detenida arbitrariamente y violentada sexualmente dentro de un vehículo del ESMAD en el municipio de Soacha, Cundinamarca y de otra joven acosada por miembros de la policía cuando salía de una manifestación en Bogotá; el caso de abuso sexual y agresión contra una mujer dentro de las instalaciones de la unidad de Reacción Inmediata (URI) en la localidad de Kennedy en Bogotá el 2 de mayo.
Otro caso, dijeron, es el de la joven de 17 años detenida arbitrariamente y agredida sexualmente en Popayán Cauca el 12 de mayo de 2021, quien como consecuencia, se suicidó. Estos hechos evidencian que la policía y el ESMAD aíslan a las víctimas en lugares escondidos o las llevan a los recintos resguardados por ellos para cometer estos hechos.
En las detenciones arbitrarias, agregaron, además de ejercer violencia sexual, la policía roba las pertenencias de las mujeres como sus celulares o documentos de identidad y las amenazan de procesarlas bajo delitos graves.
Evidenciaron que la policía de este país no cuenta con protocolos con enfoque de género para saber cómo actuar en las protestas, ni en la detención de mujeres, ni mucho menos en cómo atender las denuncias hacia integrantes de su propio cuerpo de seguridad, del ESMAD o de paramilitares, por lo que las denuncias no son investigadas y todos los casos siguen en la total impunidad hasta el momento.
Detallan que las colombianas han tenido un papel importante en el Paro Nacional, ya que muchas de ellas se mantienen en la primera línea de lucha, ejemplo de ello son el grupo conocido como “Mamás en primera línea”, quienes salieron con escudos a proteger a las y los jóvenes en las protestas y realizan vigilias feministas, reuniones , crean espacios seguros y acompañan a otras mujeres en sus casos.
Ante este contexto, exigieron que la CIDH siga recibiendo los testimonios de las víctimas posterior a su visita y recomiende la creación del (GIEI) con enfoque de género para así garantizar el acceso de las mujeres a la verdad, la reparación del daño y la no repetición del hecho y comparta su informe con la Relatora sobre los Derechos Humanos de las Mujeres.
Demandaron que la CIDH exija al gobierno colombiano, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo de este país, cifras del número total de hechos de violencia sexual y agresiones contra las mujeres en el Paro Nacional y sobre los avances en las denuncias ya presentadas en estas instituciones.
Asimismo, solicitaron que recomiende al gobierno colombiano la realización de una reforma profunda a la policía para que sus acciones se orienten a un enfoque de seguridad ciudadana y no de represión y sean capacitados en género y Derechos Humanos, así como definir protocolos de actuación e impulse la eliminación de la presencia del ESMAD en el país.
Fuente e imagen: CIMAC Noticias
Por: Eliana Soza Martínez
Las noticias cada día nos dejan más alarmados, especialmente por los crímenes cometidos hacia los grupos vulnerables, en este caso las niñas y niños, quienes se ven afectados por todo tipo de violencia. La peor es el infanticidio, cometido dentro del seno de los hogares en la mayoría de los casos.
Estos hechos los vemos todos los años y los casos que se presentan en Bolivia cada vez son más espantosos. Pensemos en los niños que fueron ahogados por sus propios padres en Sucre, hace unos días. Parece ser que la situación se agravó en el tiempo de pandemia, cuando la educación se realiza desde casa.
Esto puede llevarnos a una amplia reflexión, empezando por la necesidad de mejores políticas de protección a este grupo etario; o por otra parte, la premura de castigos más duros a los victimarios. Sin embargo, creo que como sociedad y ciudadanos de a pie tenemos que ir a un nivel más profundo de meditación. Por ejemplo, preguntarnos: ¿cuáles son las características de la educación que damos a niños y niñas?
¿Por qué hablo de la educación? Pienso que venimos reproduciendo un modelo “adultocentrista” en nuestro estilo de vida. Lo que hacemos y todo lo importante se centra en los adultos; por tanto son ellos quienes detentan el poder sobre los demás, en este caso los menores. Al tener esta potestad, creen poseer vía libre de cometer cualquier abuso. Ven eso como algo natural, ya que cuando fueron niños es probable que hayan sufrido la misma violencia, y ahora al ser mayores es como si hubieran ascendido de rango, teniendo el derecho de abusar de los pequeños.
Me parece también que los victimarios son personas que no aprendieron a gestionar sus emociones ni sentimientos; que se caracterizan por un comportamiento impulsivo. Así mismo, la falta de comunicación e interacción con los menores, mezcladas muchas veces con el alcohol y otras enfermedades, son las que llevan a que se ejerza violencia contra los infantes. Otro aspecto que demuestra lo “adultocentrista” de la sociedad es que no se cree a un niño o niña al informar sobre un abuso. Sólo cuando estos traen consecuencias físicas se hace una denuncia. Finalmente, lo alarmante es que las vejaciones se den en el ámbito familiar, lo que se traduce en que uno de los lugares más peligrosos es el propio hogar.
¿A qué se debe esto? ¿Por qué los que tendrían que proteger, cuidar y dar amor llegan a hacer tanto daño? No soy una especialista ni una científica para responder estas preguntas desde la ciencia; sin embargo quiero compartir con ustedes lo que yo pienso. Lamentablemente muchos conceptos son enseñados, aprendidos y vividos de forma errada en nuestras familias, por ejemplo los del amor, la pertenencia y la sexualidad.
El amor no es un valor que se lo enseñe de manera sana, ya que como lo hemos desdibujado en chistes y otros, todavía muchas mujeres entienden que la violencia es una manera de demostrarlo, por eso es tan común escuchar “me pega porque me quiere” y eso es lo que estamos transmitiendo a los pequeños. De la misma forma la pertenencia. ¿El ser amado nos pertenece? Pienso que muchos responderían “sí”; por lo tanto, se puede hacer cualquier cosa con esa persona porque es de nuestra propiedad. Finalmente, la sexualidad. Existen tantas instancias públicas y privadas preocupadas por una educación de este tipo que se centra solo en el uso de preservativos para evitar embarazos no deseados. Cuando los problemas dentro de los hogares van mucho más allá, pues los adultos sienten que pueden ejercer su dominio sobre los infantes a través de su sexualidad. Por lo que en realidad se necesitaría una educación sexual enlazada con la gestión de emociones para así controlar impulsos y darse cuenta de que no los hace fuertes lastimar a los débiles.
En conclusión, pienso que el tema de violencia en contra de los niños y niñas tiene aristas de las cuales no se está hablando, por lo que es más difícil encontrar soluciones estructurales de fondo, y de prevención. Insisto que necesariamente pasa por la educación a todo nivel. Cada uno de nosotros puede contribuir a aquello, informándonos, deteniéndonos a pensar y analizar qué estamos enseñando a nuestros hijos y qué están aprendiendo, ellos dentro y fuera de los hogares. En especial concentrarnos en transmitir que el amor, por sobre todas las cosas, nunca causa daño ni es sinónimo de dolor.
Fuente e imagen: http://blogs.e-consulta.com
El Colegio de La Presentación de Piedecuesta logro la recertificación en la norma ISO 9001 y el otorgamiento de la norma ISO 21001, siendo el primer colegio en el nororiente colombiano en recibir la certificación de esta normativa, específica para instituciones educativas de alta calidad.
El pasado jueves 10 de junio, la institución celebró un paso más al servicio de la educación, siendo los únicos en certificarse con la norma ISO 21001, otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec.
Este avance se enfoca en el desempeño y desarrollo del estudiante como uno de los principales actores de las instituciones educativas, lo que resalta que la educación debe contener indicadores de alta calidad.
Entre estos indicadores se destacan el currículo pertinente al contexto, la consistencia en la propuesta pedagógica, el impacto en los procesos de inclusión, la ética en las relaciones, los procesos de bioseguridad, el mejoramiento de la infraestructura y los ambientes virtuales de aprendizaje; también el monitoreo de índices de deserción y promoción, la empleabilidad de egresados, los avances en investigación y la responsabilidad social en las acciones.
¿Cómo se logró la certificación?
La hermana Yanira Carrillo Figueroa rectora de la institución, le contó a Vanguardia que el proceso inició en el 2017 cuando el colegio tomó la decisión de certificarse con la norma ISO 9001, que es de carácter netamente empresarial, esta tiene como requisito renovarse cada 3 años y debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, esta renovación se aplazó para marzo del año 2021.
Debido a la cercanía y el conocimiento con los procesos de certificación conocieron la existencia de la norma ISO 21001, y como gestores en la educación, en ella vieron la respuesta a sus inquietudes acerca de la mejoría del proceso de desarrollo de los estudiantes.
La hermana asumió la rectoría el año pasado y junto a un equipo de calidad lograron «comprender la naturaleza de esta norma y asumir el reto de mejorar sus procesos para alcanzar la certificación». De esta manera, le solicitaron Icontec realizar las auditorías externas y los estudios reglamentarios obligatorios.
En este momento el plantel educativo cuenta con 895 estudiantes matriculados, que se verían totalmente beneficiados por esta certificación, que como la hermana rectora resaltó “no solo es una certificación, es un proyecto de vida, de cotidianidad y mejoras permanentes en calidad. Es un compromiso no solo por motivar a otros, también es un proyecto de sostenibilidad y mejoría constante con todos”.
El colegio se proyecta con un objetivo fundamental que se basa en dignificar a los seres humanos acorde a las normas legales y coherentes bajo la responsabilidad social, desarrollar el servicio educativo, la participación de padres y continuar con el diseño educativo en acción y pedagogía estudiantil.
“La calidad es una condición de vida, nos lleva a mejorar relaciones y conectar con el momento en el que vivimos. Los colegios que nos visibilizamos con los entes calificadores, estamos haciendo un llamado para lograr relaciones armoniosas y de valor, el respeto y la diferencia deben ser motivos para lograr objetivos comunes” lo expresó la hermana Yanira para definir lo aprendido durante esta experiencia.
Fuente de la Información: https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/piedecuesta/colegio-de-piedecuesta-el-primero-en-el-nororiente-colombiano-en-recibir-la-certificacion-iso-21001-EA3893125
Por: Izquierda Diario/ Yazmín Muñoz Sad. Agrupación Negra en ATEN
La realidad de la entrega de módulos alimentarios en las escuelas de Neuquén es muy distinta a lo que pintan los discursos del gobernador Omar Gutiérrez
El 14 de mayo el gobernador Omar Gutiérrez anunció una serie de medidas de restricción relacionadas con la situación de colapso sanitario causado por la falta de políticas presupuestarias y sanitarias integrales, frente a la pandemia de Covid.
Entre esas medidas estaba el cierre de las escuelas que habían abierto a la presencialidad en pésimas condiciones un mes antes, obedeciendo los mandatos del ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta.
Esa vuelta a la presencialidad en burbujas que podría haber servido para tener un censo real de la situación de los estudiantes y sus familias, en relación con sus condiciones de vida y el acceso a la conectividad; se hizo una vez más sin un plan serio de parte del gobierno y resultó en que cada institución hizo malabares para organizarse y tratar de restablecer el contacto con les niñes y jóvenes.
Durante el 2020 el 70% del estudiantado quedó por fuera de la conectividad. Este año a pesar de la proyección que se hacía y las exigencias planteadas desde las escuelas y la base de los sindicatos, los gobiernos llegaron al pico de la segunda ola de la pandemia sin haber invertido el presupuesto necesario para una respuesta sanitaria y educativa acordes.
No hubo inversión de ningún tipo en salud y mucho menos para garantizar la educación pública y gratuita que pregonan en leyes y tratados. Pero no solo eso, sino que, como dice Fernando Rosso en esta nota, el gobierno del Frente de Todos decidió recortar las prestaciones sociales de $230.469 millones en abril de 2020 a $25.602 millones en el mismo mes de este año, momento que preveían sería el peor de la segunda ola de esta pandemia.
Esto significa que mientras se restringe la posibilidad de circulación y trabajo se recortan las ayudas del estado a las familias que viven con trabajos precarios o que han pasado a engrosar la lista de desocupación. Y esa realidad es la que golpea la puerta de los hospitales y escuelas públicas.
La situación económica de la clase trabajadora empeoró tan brutalmente que unas semanas antes del cierre de la presencialidad ya había estudiantes en los colegios preguntando por algún tipo de ayuda alimentaria para su familia. Una realidad que hace tiempo no se veía y que en principio se empezó a responder, como siempre, con campañas solidarias organizadas entre les trabajadores de las escuelas, colegios y jardines de infantes.
En las escuelas durante el breve lapso de presencialidad tardaron en llegar las partidas para refrigerio que además no aumentaron desde el año anterior y no había ni noticias de la posibilidad de entregar módulos alimentarios.
Sin embargo el gobernador Omar Gutiérrez en su anuncio del 14 de mayo se encargó de recalcar que si bien se interrumpía el ciclo lectivo presencial, las instituciones educativas seguirían abiertas con guardias docentes y de auxiliares de servicio, garantizando la continuidad de partidas de refrigerio y los módulos alimentarios, lo mismo que plantea en la resolución 440 de vuelta a la presencialidad administrada. Un anuncio sin respaldo material que produjo cataratas de mensajes y memes en los grupos de trabajadores de la educación que llegó al desafío de estar presentes el lunes 17 en las escuelas esperando los módulos para entregar a los estudiantes que obviamente no llegaron.
Dos semanas más tarde, cuando desde el gobierno ya se habían suspendido también las guardias en las escuelas y como respuesta a la insistencia de algunas instituciones, aparecieron 30 módulos por institución, sin consultar desde el Consejo Provincial de Educación, o alguna otra oficina del gobierno, cuál es la necesidad real de cada comunidad educativa.
Un ejemplo de esta situación es el cpem 40 de Neuquén capital donde Mauro, preceptor del colegio, relataba que “desde la escuela hicimos un listado con familias que necesitaban bolsones de comida (lo cual el gobierno larga a cuentagotas) y nos sorprendió la cantidad de familias anotadas, lo que nos lleva a pensar cómo las comunidad se apoya en las escuelas ante el vacío y abandono por parte de los gobiernos de turno”.
Luciana, por su cuenta, le decía a La Izquierda Diario: “Este 2021 se vino disfrazado de presencialidad. Y lo peor es que luego de 2 o 3 semanas de estar en las escuelas se vio la gran necesidad que están padeciendo nuestros estudiantes, tanto económicas como sociales. En los primeros encuentros vimos en sus ojos tristeza, miedo. Luego del encierro comenzamos a hacer un relevamiento de familias que necesitaban módulos alimentarios (módulos miserables, pobres, sin carne, sin verduras, sin lácteos) y que «supuestamente» estarían garantizados por el gobierno.
A la hora de hacer el relevamiento, por medio de un mensaje por WhatsApp, detrás de cada respuesta había una historia familiar muy angustiante. Nos decían: “Lo necesitamos; Estoy sin trabajo ; Tengo 5 hijos y no nos alcanza…” Y así se puede seguir enumerando. Obviamente cuando mandaron los módulos, no alcanzaron para todas las familias.
Pero el CPEM 40 es sólo una de las cientos de instituciones escolares con la misma situación, la diferencia quizás es que allí se realizó un relevamiento de la necesidad real y eso arrojó que de un total de alrededor de 500 estudiantes, 116 solicitaron la entrega del módulo alimentario. Pero llegaron 30 y a partir de un reclamo por escrito se logró que aparecieran otros 17 módulos, es decir que a un mes del anuncio del gobernador, no se entregó ni siquiera la mitad de los módulos alimentarios que se necesitan. Y que no se necesitan por única vez ya que el contenido es muy escaso y de bajo nivel nutricional.
Desde las escuelas las trabajadoras de la educación nos preguntamos ¿Qué hace el gobierno con el presupuesto que se ahorra con la virtualidad? ¿Por qué no hay un censo serio para saber las condiciones de vida y estudio de las familias trabajadoras de la provincia? Exigimos saber cuántos son les estudiantes que no pueden acceder a la virtualidad, cuántas de sus familias están sin trabajo, sin vivienda y con necesidades elementales insatisfechas. ¿Por qué como denuncian desde La imaginación al poder en bellas Artes, lasbecas Progresar son negadasa cientos de estudiantes?
Quienes integramos la Agrupación Negra junto al frente Bermellón, estamos impulsando la organización desde las escuelas, con votación de delegados en las jornadas institucionales para imponerle a la conducción TEP (FdT) de aten la convocatoria a espacios democráticos de discusión sobre nuestras condiciones laborales y salariales. Pero también para que nuestro sindicato impulse una campaña en toda la provincia para denunciar estas situaciones en los medios de comunicación, los diarios, radios y otras plataformas, que permitan dejar en claro ante la comunidad que no somos les docentes los responsables de esta situación sino los gobiernos nacional y provincial. Que se usen los recursos del sindicato para que cada habitante de la provincia sepa que no hay un censo serio de parte del MPN, que no hay conectividad y mas del 50% de les estudiantes queda excluido del derecho a la educación pública, que sin vivienda ni trabajo es imposible cuidarse, llevando adelante el “Quedate en casa”. Que aten ponga nuestros recursos en función de denunciar que ni el gobierno nacional ni el provincial garantizan la salud, la educación ni una alimentación digna para les niñes, jóvenes y adolescentes, al revés de la actual política de la conducción de subordinar el sindicato al gobierno nacional y provincial.
https://www.laizquierdadiario.com/Con-hambre-no-se-puede-pensar?
| Óscar Pérez Sayago secretario general de la CIEC
La Confederación Interamericana de Educación – CIEC consciente de las múltiples dificultades por las que atraviesa la Escuela Católica en el Continente americano y en el marco del pacto educativo mundial recibe la invitación de la Congregación de Educación Católica del Vaticano a seguir profundizando sobre su identidad y protagonismo en el contexto de la pandemia.
Reconstruir el pacto educativo desde América es la invitación que hace el Vaticano a la CIEC y desde la cual se viene trabajando para lanzar próximamente el V Encuentro Interamericano de Pastoral Educativa.
Esta es la carta:

Redacción BLU Radio
El retorno definitivo a las aulas, de acuerdo con las directrices del Gobierno nacional, será el próximo 15 de julio
Este martes 15 de junio se dará el retorno presencial de maestros afiliados a Fecode a planteles públicos del país . El sindicato de educadores, a través de un comunicado, instó a los maestros afiliados para que asistan a las diversas actividades académicas y pedagógicas en todo el territorio nacional.
Sin embargo, el objeto principal del regreso a las aulas será la “verificación conjunta de las mismas, con el acompañamiento de las personerías municipales, secretarías de salud y educación, directivos docentes y sindicatos regionales, así como la emisión de la certificación del cumplimiento, requisitos y condiciones, además valorar la ocupación de las camas UCIS”.
El regreso de los profesores públicos a los salones, no obstante, se da a falta de una semana o dos de que termine el primer semestre del año.
«Ratificamos que las maestras y maestros estamos dispuestos y preparados para el regreso a la presencialidad, siempre y cuando estén listas las adecuaciones y las condiciones de las escuelas y colegios en materia de bioseguridad”, indicó Fecode a través de un comunicado.
El regreso definitivo a las aulas, de acuerdo con las órdenes del Gobierno nacional, será el próximo 15 de julio, teniendo en cuenta que para esa fecha todos los docentes del país hayan recibido las dosis completas de vacunas contra el COVID-19.
Esto genera las condiciones de tranquilidad y confianza para maestros, familias y en general la comunidad educativa para el retorno a la presencialidad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes», comunicó el Ministerio de Educación.
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