Este jueves, 12 de marzo, las calles de Caracas, así como en el oriente de Venezuela, los Andes y los estados Zulia, Miranda, Lara y Aragua, se llenaron de trabajadores de distintos gremios que exigen un sueldo mayor a 500 dólares que tenga incidencia en sus prestaciones sociales. Aseguran que están cansados de vivir en pobreza
El clamor de los venezolanos por un sueldo digno se escuchó una vez más en las calles de todo el territorio nacional, pero en esta oportunidad, con un hecho histórico para el país: la llegada de trabajadores, jubilados y pensionados de distintos gremios a la sede de la Asamblea Nacional en Caracas, en donde un grupo de dirigentes gremiales logró entrar al órgano legislativo para consignar un documento con una serie de peticiones; en especial, la exigencia de un salario que les permita cubrir sus necesidades básicas.
En Caracas, la concentración comenzó en la plaza Morelos y se tenía previsto que la movilización continuara por la avenida México para luego incorporarse a la avenida Universidad y llegar a la Asamblea Nacional, pero piquetes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y tarimas instaladas por el oficialismo obstaculizaron los accesos hacia el Parlamento. Sin embargo, los manifestantes lograron vencer las trabas y llegar a la sede legislativa.
Orlando Alzuru, expresidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), calificó de histórica la movilización de este jueves 12 de marzo y afirmó que es el presagio de lo que va a ocurrir el próximo 1 de mayo, fecha en la que se celebra el Día del Trabajador. Aseguró que la clase trabajadora no tiene miedo y está dispuesta a continuar en las calles exigiendo mejoras de las condiciones laborales y salariales.
«A pesar de que nos trancaron el paso, llegamos a la Asamblea Nacional y eso es un hecho histórico porque teníamos años que no pasaba. Se siente la satisfacción del deber cumplido haber llegado hasta aquí hoy», afirmó el profesor Alzuru.
César José Perales, obrero jubilado, también mostró su satisfacción al llegar a la sede de la Asamblea Nacional y aseguró que, salió a la calle a exigir una mejor calidad de vida, pues lo que recibe de sueldo «es una miseria con la que no se puede comprar ni una galleta».
«A veces me pongo a llorar cuando veo lo que cobro. Eso no es justo, por eso le pido al Gobierno que ayude a los trabajadores. Yo no dediqué 30 años de servicio para vivir en miseria», comentó Perales desde las afueras del Parlamento venezolano en Caracas.
El gremio de enfermería también participó en la movilización y aseguró que un sueldo digno se debe ubicar en 1.200 dólares para cubrir las necesidades básicas, mientras que otros gremios aseguraron que aspiran devengar entre 600 y 800 dólares mensuales.
Irma Madris, docente y enfermera jubilada, aseguró que su sueldo mensual es de 1.500 bolívares, por lo que depende de sus hijos para poder cubrir gastos de alimentación y medicina.
«Es una decepción total que estemos como indigentes cuando vivimos en un país tan rico», expresó Madris.
Las regiones se hicieron escuchar
En el estado Zulia, decenas de maestros, profesores universitarios, trabajadores, pensionados y jubilados marcharon hasta la Inspectoría del Trabajo en Maracaibo para exigir un aumento de salario.
Entre el grupo estuvo María Paz, una maestra con 19 años de servicio, cuyo salario es de Bs. 140 quincenal y le ha tocado hacer otras actividades para tener mejores ingresos. “Me toca hacer otras cosas. Vendo hielo y desinfectantes. Gano más vendiendo hielo en mi casa que con el salario que tengo. Hoy no dejamos las aulas solas por capricho, sino por dignidad salarial”, remarcó la docente.
A la lucha de Paz se unió el profesor de la Universidad del Zulia, José Huerta Castillo. A sus 84 años, decidió protestar para exigir su derecho a un salario digno. “Tengo el salario de 130 bolívares y como profesor es de 1.000 bolívares. El bono es una traición a los derechos de las prestaciones sociales, el bono es una burla, es una manipulación de las necesidades humanas”, denunció el profesor activo.
“Aunque no te gusta o te caiga mal, aquí está de nuevo el movimiento sindical”, corearon los sindicalistas frente a la sede de la Inspectoría del Trabajo, a cuyos representantes entregaron un documento en el que piden un aumento de salario y se reinicien las convenciones colectivas.
La manifestación fue pacífica. Pocos funcionarios policiales se mantuvieron en las adyacencias de la marcha y posterior concentración para mantener el orden en el tráfico.
Los sindicalistas aseguraron que se mantendrán en lucha hasta conseguir sus derechos. Gualberto Más y Rubí, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio zuliano (Suma), resaltó que la lucha debe ser de todos los trabajadores y de todo el país. “El país no soporta más el empobrecimiento que hay en Venezuela, el país no puede seguir soportando una devaluación infinita diaria del bolívar, mientras nuestros ingresos cada día disminuyen”.
Un sueldo mayor a 500 dólares
En el oriente del país también salieron a manifestar este jueves, 12 de marzo. Desde Maturín, estado Monagas, se concentraron en la plaza El Estudiante, en el casco central de la ciudad, para exigir un ajuste salarial digno que cumpla con lo establecido en la Constitución.
El presidente del Sindicato Único Magisterial (SUMA) en Monagas, José Darío Lima, dijo a El Pitazo que esperan un salario mínimo no menor a 500 dólares. “Queremos exhortar al gobierno nacional a agilizar la firma del decreto del ajuste de un salario mínimo que sea de entre 500 a 600 dólares en vista de que la situación económica nos está afectando a todos los trabajadores”, demandó.
Otras exigencias son la discusión de la contratación colectiva, la paralización de la Constituyente Laboral a la que acusó de querer eliminar las prestaciones sociales, las vacaciones y el salario para crear bonificaciones.
“Exhortamos al ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, a reflexionar para que den un salario mínimo que llene las expectativas de los trabajadores de Venezuela, especialmente de los maestros, administrativos y obreros del Ministerio de Educación”, agregó.
En Barcelona, estado Anzoátegui, también hubo una concentración en la plaza Bombón para reclamar mejores condiciones de trabajo. Mientras que, desde Nueva Esparta, representantes del Colegio de Enfermería pidieron frenar la judicialización de los trabajadores que exigen un empleo digno y seguro en el sector público.
Trabajadores de Los Andes quieren sus prestaciones sociales de regreso
En la protesta realizada en el estado Táchira para exigir mejores sueldos, Marina Galvis, enfermera jubilada, denunció que desde el Estado no hay información sobre el incremento salarial, pero caso contrario en San Cristóbal se han observado vallas con textos en solidaridad con Nicolás Maduro y Cilia Flores.
“La señora Delcy Eloína y su tren ejecutivo dicen que no hay dinero para el sueldo de los trabajadores de Venezuela, pero con qué dinero pone tantas vallas que dicen: ‘devuélvannos a Maduro’. Señora, devuélvanos las prestaciones sociales a los trabajadores, especialmente a quienes nos jubilaron desde 2012 en adelante”, precisó.
Los trabajadores de la administración pública marcharon desde el Viaducto Viejo hasta el Seguro Social. En todo el recorrido hubo presencia de la Policía del Táchira, quienes sólo prestaron apoyo en facilitar la movilidad por las calles de la ciudad.
De igual manera en el estado Mérida hubo una concentración con el lema: “amnistía para el salario”. Los docentes, trabajadores administrativos y obreros estuvieron con pitos, banderas y pancartas en unión a la manifestación nacional.
“Nos están matando de hambre”
Bajo la consigna, “No a los bonos, queremos un salario digno” trabajadores del estado Aragua se movilizaron desde los alrededores de la plaza Bicentenaria de Maracay hasta la sede del Ministerio Público para entregar un pliego con 14 peticiones.
“Estamos empobrecidos. La comida sube todos los días y el salario sigue igual. No queremos más bonos, sino un sueldo que nos permita cubrir nuestras necesidades”, señaló la trabajadora Olivia Cáceres.
En el estado Miranda, empleados activos y jubilados de la administración pública, así como pensionados, se concentraron en la sede de la Federación Venezolana de Maestros en Los Teques, realizaron una asamblea y marcharon hasta la sede de la gobernación de Miranda. Allí consignaron un escrito con exigencias salariales que fue recibido por Raiza Bastardo, directora adjunta del despacho del gobernador Elio Serrano.
“El sueldo que tenemos no alcanza ni para comprar un kilo de harina Pan; nos están matando de hambre”, denunció la docente María González.
Alcalde se une a la protesta
En Ciudad Guayana, estado Bolívar, los trabajadores de las industrias básicas marcharon por las calles de Puerto Ordaz, en el marco de la jornada de protesta nacional convocada para este jueves, 12 de marzo.
«Le hacemos un llamado a Delcy Rodríguez. Usted tiene el poder de devolvernos todo lo que nos arrebataron. Tiene que derogar el decreto 2792. Tiene que aumentarnos los salarios.» declaró Alejandro Álvarez, secretario del sindicato del Complejo Siderúrgico Nacional.
La marcha partió desde la sede de la Corporación Venezolana de Guayan, recorrió las calles de Alta Vista, en Puerto Ordaz, y llegó hasta el Palacio de Justicia.
El alcalde de El Callao, Jesús Coromoto Lugo, también participó en la manifestación. «Vengo aquí a apoyar a los trabajadores, pero dolido con lo que pasa en El Callao. Exigimos que la Ley de Minas establezca regalías para los municipios mineros», declaró.
En Lara consignaron documento en el IVSS
En el marco de la jornada nacional de este 12 de marzo, en el estado Lara el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores exigió respuesta al documento consignado originalmente ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) el 9 de marzo de 2022. El texto contiene ocho exigencias fundamentales, entre las que destacan el ajuste de las pensiones al costo de la canasta básica, la reactivación del suministro de medicinas y el pago a venezolanos en el exterior.
Los representantes marcharon desde la plaza Altagracia de la capital larense hasta la sede del IVSS para denunciar que han transcurrido más de cuatro años sin respuesta oficial, lo que viola el derecho constitucional de los ciudadanos a ser atendidos por las instituciones. Alertaron que el estancamiento de la pensión en 130 bolívares (0,30 dólares) es insuficiente para cubrir alimentación y salud, sumiendo a los adultos mayores en una situación de «extrema precariedad» o «muerte lenta».
El Comité calificó estas condiciones de vida como un «exterminio» según el Estatuto de Roma. Ante la falta de soluciones, el sector informó que continuará desarrollando acciones públicas y movilizaciones hasta obtener respuestas concretas que detengan el deterioro de sus condiciones de vida.
El clamor de venezolanos unió a varias ciudades del país: marcharon por sueldos justos
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